Muchachas, las olvidadas en la cuarentena

Daysi Quintanilla ha cuidado a otros desde que tiene 15 años. Es empleada doméstica y, desde que empezó a trabajar en casas ajenas, han pasado 43 años. Tras toda una vida de cuidar a niños que no parió y de limpiar cuartos donde no duerme, Daysi ahora no tiene dinero para que su gente coma. Nunca tuvo mucho, la pobreza ha sido su constante. Cuando más dinero tuvo fue una temporada que trabajó como ordenanza de una empresa y ganó el salario mínimo. Ahora, en medio de la crisis por la pandemia, ya no tiene nada. Tras casi medio siglo de barrer, trapear, sacudir, lavar y cocinar en casas ajenas, sus ingresos ahora mismo son cero dólares.

Antes de que el coronavirus cambiara y paralizara el mundo, Daysi trabajaba en dos casas. Al mes, calcula, juntaba un promedio de $100. Desde el 21 de marzo, cuando el gobierno decretó la cuarentena nacional, sus patrones dejaron de llamarle para que se presente a trabajar. 

Ella cobraba $10 o $15 por jornadas de nueve horas. En una buena semana, laboraba dos o tres días y con ese pequeño ingreso mantenía a su familia de cinco hijos y una nieta. Trabajando en las casas de otros, nunca ha tenido contrato, seguro social, ni aguinaldo. Si alguien le pide que demuestre con un papel su experiencia como trabajadora del hogar, no podría. Ser empleada doméstica es ser trabajadora informal. Si trabaja, come. No trabaja, y ocurre lo opuesto.

El Salvador ya superó los 550 casos confirmados de Covid-19 y, de acuerdo con el último decreto Ejecutivo, la cuarentena domiciliar llegará hasta el 16 de mayo, aunque todo apunta a que luego se buscará otra prórroga. A pesar de que el Gobierno pidió a los empleadores seguir pagando a sus empleados aunque no trabajen durante la cuarentena, las mujeres como Daysi quedan en un limbo, dependen de la buena fe de sus pagadores. Encontrar a una empleada con contrato es tan raro como encontrar a un paletero con recibos. 

Sin dinero, Daysi ha tenido que aceptar que algunos días debe pasar hambre. Durante el último mes, su familia ha comido gracias a donaciones de los vecinos. “Ahorita me acaban de regalar unos frijoles licuados y una señora me ha dado tortillas congeladas”, cuenta un lunes a mediados de abril desde su champa en Cuscatancingo. Su hogar está construido con láminas, pedazos de tela y palos de bambú. Daysi no tiene agua ni luz eléctrica ni televisor ni refrigerador. El único aparato grande que funciona en su casa es una cocina en la que solo sirve un quemador. 

Daysi está sola. Sus patrones la despacharon. No la han llamado ni una vez desde aquel 21 de marzo. El gobierno está tan ausente en la vida de ella como aquellos a quienes sirvió. El mismo día que Bukele anunció la cuarentena, dijo que las familias más afectadas por la pandemia recibirían un subsidio de $300. Daysi ingresó el número de su DUI a la base de datos del gobierno en internet y encontró que ni ella ni sus hijos fueron beneficiados. “Nada me salió. Deberían de andar censando a la gente que tiene necesidad”, se queja.

Durante las dos últimas semanas de abril, El Faro habló con cinco empleadas domésticas contactadas a través de dos sindicatos de trabajadoras del hogar. Las organizaciones, con sede en San Salvador y Tacuba (Ahuachapán), reúnen a 300 y 60 afiliadas, respectivamente. Cuatro de esas mujeres han guardado la cuarentena en sus hogares sin pago y sin certeza de cuándo volverán a tener uno. Solo una de ellas ha seguido trabajando, pero bajo las condiciones de los patrones: sin descanso y sin permiso de visitar a su propia familia. Ninguna tiene contrato laboral y ninguno de los más de sesenta decretos emitidos por el Gobierno en la emergencia habla de ellas. 

El 47% de todas las mujeres trabajadoras en zonas urbanas no tiene un empleo formal, de acuerdo con estadísticas oficiales. No tienen seguridad salarial, prestaciones y ni siquiera la garantía de un salario mínimo. Las trabajadoras domésticas son el claro ejemplo de ello. Incluso sin pandemia, son las empleadas con los sueldos más bajos en todo el país, de acuerdo con el Ministerio de Economía. No son pocas las que atraviesan estas condiciones de trabajo. Son más de 100,000 mujeres las que se dedican al trabajo doméstico remunerado, de acuerdo con la Encuesta de Hogares con Propósitos Múltiples de 2018.

La pandemia de Covid-19 agravó los problemas de este maltratado sector de la población. 

Daysi vive en un terreno donde le han dado permiso de construir su champa. Ahí hay varios árboles de mango ciruela y, con la ayuda de sus hijos, recoge los menos reventados e intenta venderlos entre los vecinos de una colonia cercana. El último domingo de abril fue un buen día para la venta. Logró vender $3 y con eso pudo comprar un dólar de huevos, un dólar de tortillas y cincuenta centavos de café para alimentar a sus cinco hijos y su nieta. Cinco adultos y dos menores. Un dólar de huevos son seis huevos. 

Un mes después de que el presidente Nayib Bukele declarara al país en cuarentena nacional, Daysi se sienta a platicar en una silla plástica afuera de su casa. Desde ahí, el lunes 20 de abril, empieza contar sobre los lugares en los que ha trabajado. Mientras platica, su nieta de dos años no deja de interrumpirla para pedir comida: “Abuela, abuela.. Ñam, ñam”, le dice y se lleva la mano vacía a la boca. 

La importancia de diez centavos

En El Salvador, el salario mínimo para el sector comercial y de servicios es de $300. Pero el sueldo de una trabajadora del hogar puede ser tan poco como el empleador quiera pagar. El Ministerio de Economía calcula que, en promedio, una persona dedicada a estas labores gana $159.41 mensuales. 

Hasta marzo de 2020, la canasta básica de alimentos para una familia en la zona urbana era de $198.90, de acuerdo con la Dirección General de Estadísticas y Censos. En ese monto, no se incluye la renta, los artículos de limpieza ni ropa. Haciendo matemáticas simples, se puede concluir que, en la zona urbana, una empleada doméstica no gana ni siquiera para comprar suficiente comida para su familia. 

Esa es la normalidad. Y en esta cuarentena, muchas han perdido este ingreso. 

Una de ellas es Gesselle Mariona. Vive en Mejicanos y tiene 22 años.  El año pasado se graduó del bachillerato a distancia, pero no logró conseguir ningún empleo formal. Por ello, antes de la pandemia trabajaba en dos casas donde era empleada dos o tres días a la semana. Lavaba ropa, planchaba y hacía limpieza. Dependiendo de lo que hacía, le pagaban entre $8 y $12 por jornada. 

Gesselle es madre soltera y vive con sus dos hijos, de uno y cinco años. Algunos días, cuenta, el menú está compuesto por mangos de un árbol cercano. Pero a veces no hay fruta para calmar el hambre. El peor día de esta crisis, cuenta Gesselle, fue el viernes 17 de abril, cuando no tenía nada para que sus hijos comieran. El de un año aún toma pecho. Para el mayor, ese día, nada. Geselle salió de su casa y fue a la tortillería. Pidió diez centavos de masa de maíz. Cuando regresó a su casa, mezcló la masa con lo único que tenía: agua.  Así, explica, hizo un atol para calmar el hambre de sus niños. 

Una investigación de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas concluyó que las condiciones en que laboran las trabajadoras domésticas “son precarias y no cumplen con los estándares de respeto a los derechos humanos, incluidos los laborales. Se desarrolla  fuera de la mirada del mundo exterior, inclusive de la inspección laboral”, dice la UCA. Cuando ellas sufren, también lo hacen en las sombras. 

El 18 de marzo, Bukele tuiteó su plan de alivio económico para personas enviadas a sus casas sin sueldo. El plan hablaba del congelamiento de cobros de servicios básicos y rentas para los afectados por la pandemia. No hablaba de comida. Tres días más tarde, anunció la entrega del subsidio de $300 para alimentación.

Pero Gesselle no fue beneficiada. “Nos hemos estado viendo a palitos”, dice. Por ello, diez centavos son la oportunidad de que sus hijos duerman con algo en la panza. Con diez centavos se puede pagar la mitad de un pasaje de bus. Con diez centavos se compran dos tortillas. 

Un lunes de mediados de abril, Aracely Coto contesta el teléfono. Ella tiene 48 años, vive en Cuscatancingo y, antes de la cuarentena, trabajaba haciendo el oficio en dos casas. Tiene dos hijos. El mayor, de 20 años, no tiene trabajo. El menor estudia cuarto grado. Desde que el país entró en cuarentena, no ha tenido dinero para comer. 

Cuando ya llevaba casi un mes sin trabajo, salario ni respuestas del gobierno, Aracely pidió ayuda a una amiga. Ella le llevó pan francés, frijoles, arroz y aguacate. “Con eso tengo para comer hasta mañana”, dice. Tras diez minutos al teléfono, hace un pausa y llora. Sus sollozos son inconfundibles: “Mi hijo me pide comida. Y yo, ¿qué le digo?”.

Al día siguiente, el martes 14 de abril, el augurio de Aracely se hizo real: Ella y sus dos hijos se quedaron sin comida. En su desesperación, a Aracely le empezó a doler la cabeza. “No tengo nada ahorita, estoy mal”, dice. Los últimos diez centavos que guardaba los gastó en una acetaminofén. “Lo poquito que tenía se fue ahí”, dice -otra vez- desde el llanto. 

“Ellas saben que les están violando sus derechos”

Aída Rosales es la secretaria general del Sindicato de Mujeres Trabajadoras del Hogar. Esa organización agrupa a unas 300 empleadas domésticas. Las tres mujeres de las historias anteriores -Daysi, Aracely y Gesselle- están afiliadas al sindicato, que organiza actividades sobre derechos laborales. 

“Esto ha pegado fuerte. Hay compañeras que están enfermas de pensar cómo van a hacer para comer”, dice Rosales. El sindicato que ella dirige está compuesto en partes similares por trabajadoras de dos modalidades: Unas son empleadas domésticas “por día”; y otras, “casa adentro”. 

En Tacuba (Ahuachapán) existe otro sindicato de trabajadoras del hogar, pero la mayoría de las afiliadas trabaja y duerme en las casas de sus empleadores, porque provienen de la zona rural. Su líder, Guadalupe Díaz, sostiene que el sindicato está conformado por alrededor de 60 mujeres. “A algunas las despidieron nomás empezó la cuarentena. A otras compañeras no las han dejado salir. La crisis desde ya se está sintiendo… En el futuro (mejor), ni ponernos a pensar”, dice Díaz.

Las sindicalistas temen que, con la excusa del Covid-19, sus derechos laborales se vean afectados. “Si antes no querían aprobar nuestro salario mínimo porque decían que le iba a afectar el bolsillo a la clase media, ahora peor. Quienes vamos a perder siempre somos la gente pobre”, sostiene Rosales

El Código de Trabajo actual dedica ocho artículos al trabajo doméstico. Se regula que el contrato entre empleador y trabajadora puede ser verbal, que no es necesario ningún papel. El salario no está regulado. Los sindicatos tienen registros de mujeres que reciben la mínima cantidad de $2.50 por jornada. Una jornada puede ser de seis, ocho, 15 horas, depende, otra vez, de los patrones. El Código también indica que las empleadas domésticas están obligadas a trabajar en días de asueto cuando sus patrones se lo pidan. Y, a pesar de que bajo su responsabilidad está el cuido de una casa, su trabajo se mantiene dentro del sector informal. 

En el artículo 83 del Código de Trabajo se enlistan razones por las cuales una trabajadora puede ser despedida sin ninguna responsabilidad para el empleador. Una de ellas es la insubordinación “contra el patrono, su cónyuge, ascendientes, descendientes u otras personas que habiten permanentemente en el hogar”. 

Muchas empleadas domésticas no conocen la ley, pero la mayoría entiende que su trabajo depende de la sumisión en el servicio. “Ese es el trabajo de uno, cumplir con las órdenes del patrón. Dejar de hacer para cumplirle a los otros”, reconoce Daysi. “Trabajo, ni modo, de lo que me salga, porque mis hijos dependen de mí”, dice Gesselle. 

Cuando a Aracely se le pregunta sobre el irrespeto a sus derechos laborales, tiene varias historias que contar. Por ejemplo, hace tres meses, mientras limpiaba la cocina de un abogado, botó al suelo una olla con sobras de carne guisada. “Ese recalentado iba a ser mi comida, así que ese día no comí. Por eso, me descontó diez dólares, aunque fue un accidente. Ese día, solo salí con dos dólares”, recuerda. 

“Ellas saben que les están violentando sus derechos, pero trabajan por necesidad porque la mayoría de ellas tiene, lo más, hasta quinto grado”, explica Guadalupe Díaz, la secretaria general del sindicato de Tacuba. 

Empleada retenida 

A Lucía, sus patrones la obligaron a trabajar durante 35 días seguidos en esta cuarentena. Por cinco semanas consecutivas, se dedicó a cuidar a sus jefes y a los dos hijos de la pareja. Con la pandemia como excusa, no le dieron ningún día de descanso y no le permitieron volver a su casa durante ese tiempo. “Yo ya no aguantaba. Me levanto a las seis de la mañana y me acuesto a las nueve de la noche. Les preparo desayuno, les doy cena, lavo los platos, los guardo y dejo todo limpio y ordenado. En cinco semanas no tuve descanso”, denuncia.

Ella se llama de otra forma, pero ha pedido que su nombre real no aparezca, para evitar problemas con la familia con la que trabaja. 

Lucía suele susurrar cuando hablamos por teléfono celular. Platica bajito para que sus empleadores no la escuchen. Sigue encerrada en casa ajena. Su momento de libertad es cuando sale a la tienda. Desde la calle, habla fuerte y tendido. “Hubo un día que hasta el pelo me arranqué de puros nervios y estrés”, dice. Luego, la mujer cuenta de sus jefes: “Por una parte, son buenas personas, no he tenido ningún maltrato. Pero son algo fregados porque, cuando quiero ir a mi casa, para comprarle cosas a mi mamá, no me dejan ir”.

Su madre tiene 77 años. Hace un par de años le dio la fiebre chikungunya y, desde entonces, su columna cedió ante los dolores y quedó débil. Tanto que ahora no puede caminar sola. Lucía es su responsable directa y, normalmente, tiene permiso para salir de su trabajo cada quince días. En su fin de semana libre, aprovecha para comprar leche y artículos de limpieza para su madre. El problema que le hizo arrancarse pelos fue que le quitaron sus días libres a finales de marzo, cuando la cuarentena nacional inició. “Este fin de semana no va a salir, hasta el otro”, recuerda que le dijo su patrón. A la siguiente semana, obtuvo la misma respuesta. “Después, él me dijo que hasta el 30 de abril iba a ir yo a mi casa. Me sentí molesta, sentí un nudo en la garganta y le dije ‘no puedo más’”, narra Lucía. 

Y es que en la cuarta semana de cuarentena, Lucía recibió una llamada. Su mamá estaba mal de salud. Esa plática que tuvo al teléfono, la hizo rebelarse ante su jefe. “Le dije: ‘ya no hago esta semana. Se va a morir mi mamá y yo voy a estar aquí”, cuenta. Después de 35 soles, Lucía tuvo su primer día de descanso. Llegó a su cantón y su madre se echó a llorar.  

-Mami, ¿y por qué está llorando?- preguntó.

-Porque no te había visto. 

-Pero si aquí estoy, si yo no estoy muerta.

-Puesí, pero mirá hasta cuando venís- respondió la anciana.  

Antes de este encuentro, a finales de marzo, la Sala de lo Constitucional ordenó a la Asamblea Legislativa que regule cuál es el salario mínimo para quienes realizan trabajos domésticos. Cuando al fin pudo salir, Lucía recibió un pago de $200 por los 35 días completados. Es decir, ganó $5.71 por día; $0.38, por hora. 

La Sala dio a la Asamblea 12 meses para regular los salarios de las empleadas domésticas. Pero la cuenta regresiva empieza hasta que la emergencia del Covid-19 termine. Mientras tanto, después de un fin de semana con su madre, Lucía ya está de vuelta en casa de sus patrones. Sigue cocinando, barriendo, doblando su ropa, cuidando a sus hijos y limpiando sus baños. Vale la pena recalcar: por cada hora que hace todo eso, $0.38.

Empleada suspendida

Después de 17 años de trabajar con la misma familia, los jefes de Marta Castañeda la enviaron a descansar sin pago. No le preguntaron si tenía ahorros o si tendría suficiente dinero para comer durante la pandemia. La suspendieron a ella y a las otras dos empleadas domésticas de la casa, cuenta. Trabaja en el mismo lugar desde que tenía 21 años. La pandemia ha complicado su situación. Ahora mismo no sabe decir si está despedida o no. Su única certeza es que lleva más de un mes sin recibir salario. Vale recalcar: tras 17 años sirviendo a la misma gente. 

“Yo tengo a mi cargo a mi mamá, a mi prima discapacitada, una sobrina de 13 años y a mi hija de cinco años”, narra desde su casa en un cantón cercano a Tacuba. Después de que Bukele anunció la cuarentena domiciliar, su jefe le marcó: “Me dijo que no me presentara a trabajar por el toque de queda que estaba en San Salvador. Yo pregunté ‘¿vuelvo hasta nuevo aviso?’. ‘Sí’, me dijo”. Treinta y siete días después, ese aviso no ha llegado y los ahorros se le están terminando. 

“Creo que me están violando mis derechos porque nos hubieran extendido un papel de permiso”, explica. Su patrón le ha dicho que, si vuelve, no podrá salir más. “Yo te mando a traer en un Uber, pero ya no tenés que salir de mi casa para la tuya”, recuerda que le dijo su jefe. La mujer tuvo que elegir entre cuidar a su familia y su sueldo: “Decidí mejor no irme a trabajar, porque allá no voy a saber si mi hija está comiendo o si se enferma. En cambio, aquí estamos en la misma situación”, sostiene. 

Los empleados con permiso para trasladarse a sus trabajos en la emergencia sanitaria son el personal de salud, los repartidores de comida, los conductores, policías, periodistas, entre otros. Como es usual, el rol de las trabajadoras domésticas no ha sido parte del discurso público. La invisibilidad con la que es abordado este trabajo es el que permite que algunos empleadores actúen arbitrariamente. Les ofrecen dos opciones: quedarse en el trabajo indefinidamente o irse a sus casas, al hambre. 

Es lunes 20 de abril, y Daysi, la empleada doméstica que ahora vende mangos, indica el camino hacia el hogar de Aracely Coto, la trabajadora del hogar que gastó sus últimos diez centavos en una acetaminofén. Camina entre el polvo y luego entre las calles de una colonia de pasajes custodiados por pandilleros adolescentes.

Tras un recorrido de diez minutos, Daysi llega a la casa de Aracely. Ella vive en una pequeña casa de concreto en un pasaje. Y, aunque vive mejor que Daysi, en los últimos tres días ni siquiera ha tenido agua potable, porque no ha sido suministrada en la colonia. 

Las mujeres platican entre ellas y se cuentan las penas. Aracely habla de la falta de víveres y de los problemas de salud que tiene. Es hipertensa y tiene un cuadro depresivo. La cuarentena, el desempleo y el hambre la tienen más ansiosa y triste. Los ojos se le ponen vidriosos. “Vos te ponés mal, te tenés que controlar”, le riñe su amiga. La esperanza de las dos es que el Covid-19 pase pronto y puedan volver a su normalidad. Esa vida normal que hoy añoran consiste en hacer jornadas de hasta 15 horas por un salario que no alcanza para la canasta básica. 

A pesar de tener muy poco, las mujeres ofrecen mangos y jugo a quien las visita. Así han logrado comer el último mes: compartiendo lo que tienen. La semana pasada, por ejemplo, Aracely dio a Daysi un paquete de macarrones, la comida favorita de su nieta. La visita dura veinte minutos y las mujeres se despiden.

Por ahora, ninguna tiene salario ni tampoco la certeza de que su familia comerá mañana.