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“La que fiscaliza al Ejecutivo es la Corte de Cuentas, no la Asamblea Legislativa”

Nelson Rauda Zablah

El presidente Nayib Bukele defendió la postura de su gobierno de no entregar a la Asamblea los informes detallados de gastos, tal como exige una ley especial durante la emergencia. Bukele aduce que esa competencia es de la Corte de Cuentas y no de los diputados. El presidente también confirmó la “plaza aparte” del secretario jurídico Conan Castro, una plaza por la que cobra un salario a la fecha desconocido.

ElFaro.net / Publicado el 21 de Mayo de 2020

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, explicó este 20 de mayo por qué su gobierno no ha cumplido con una ley que lo obliga a dar a la Asamblea Legislativa “un informe detallado y completo” de los gastos durante la emergencia por covid-19. Según Bukele, esa fiscalización corresponde solo a la Corte de Cuentas y no a la Asamblea, pese a lo que establece una ley aprobada solo dos días después de la entrada en vigencia de la cuarentena domiciliaria obligatoria.

“Nosotros tenemos que presentar un informe a la Asamblea de todo lo que se ha hecho. Y se está haciendo. (Pero) a la Asamblea no se le presenta un informe de gastos con proveedores. No sé quién te dijo eso. Eso se le presenta a la Corte de Cuentas”, contestó Bukele a una pregunta de El Faro, en conferencia de prensa en Casa Presidencial.

El artículo 2 del decreto 606, obliga al Ejecutivo a "enviar un informe detallado y completo de cada liquidación a la Asamblea Legislativa dentro del plazo de 30 días". Esto es parte un acuerdo entre los diputados y el presidente para agilizar la compra de medicinas y equipos médicos urgentes para la atención de la pandemia. Las modificaciones que aprobó la Asamblea permiten al gobierno saltarse los procedimientos normales de compra, con algunos requisitos como los informes periódicos. Sin embargo, a casi tres meses del inicio de la cuarentena, la Presidencia y 12 ministerios no habían cumplido su parte del trato.

“¿Que tengo que informar a la Asamblea? Sí, pero no tengo que decirle 'fíjese que estas ocho aspirinas se las compramos a la farmacia tal, esta se las compramos directo a Bayer, estas...' porque ellos no son la Corte de Cuentas”, dijo el presidente. “O se hacen o son, pero la Asamblea Legislativa no es la que fiscaliza al Ejecutivo. La que fiscaliza las cuentas del Ejecutivo es la Corte de Cuentas”, agregó. 

Bukele aseguró que están colaborando con la Corte de Cuentas con toda la información que les requieren en una auditoría especial. “La realidad es que nosotros presentamos informes a la Asamblea, como dice la ley, y factura por factura, ítem por ítem, no se lo vamos a ir a enseñar al Chato Vargas (diputado de Arena). Eso se le presenta a la Corte de Cuentas”, dijo. 

El presidente además dijo que, como una garantía adicional, han pedido a la Cicíes que haga auditorías de esos gastos. “El primero que no quiere que vaya a haber un caso de corrupción allá abajo soy yo. Y que después me vaya a reventar diez años después”, dijo Bukele. La Cicíes no funciona como una comisión investigadora, según los acuerdos firmados por el gobierno con la Organización de Estados Americanos, sino como una oficina que da asesorías técnicas a la Fiscalía General de la República. 

Presidente confirma la “plaza aparte” del Secretario Jurídico

En la misma conferencia, el presidente Bukele confirmó que su secretario jurídico, Conan Castro, nombrado en el cargo el 1 de junio de 2019 y de manera ad honorem, en realidad sí devenga un salario que Presidencia no ha divulgado en su portal de Transparencia. 

“En el caso de él (Conan Castro), como siempre se ha hecho, es uno de los asesores jurídicos de Casa Presidencial, y  a él se le da el cargo especial de Secretario Jurídico”,  dijo Bukele para explicar la polémica que surgió el 20 de mayo, cuando Castro admitió, en una entrevista televisiva, que cobra un salario en una plaza, pese a que solo se había presentado como secretario jurídico “ad honorem”, es decir, sin remuneración.

Que Castro cobre un salario que no ha sido transparentado por el Gobierno se conoció en la noche del 18 de mayo. Después de una conferencia de prensa en la que el presidente se quejó de los obstáculos que la Asamblea le impone para obtener financiamiento para la emergencia. El presidente había amenazado esa noche con no desembolsar los salarios del Órgano Judicial y de la Asamblea Legislativa si el gobierno no disponía de liquidez.  Tras la conferencia y ese mensaje, decenas de funcionarios publicaron tuits a través de sus cuentas oficiales en los que ofrecían al presidente poner a disposición sus salarios para atender la emergencia. 

Al igual que sus compañeros de gabinete, Conan Castro se sumó a la tendencia a las 9:35 de la noche. “Señor presidente,  pongo a disposición mi salario a fin de afrontar esta emergencia nacional. nuestros hermanos salvadoreños lo necesitan!”, escribió. Diferentes usuarios en Twitter le preguntaron a Castro por la contradicción entre su nombramiento ad honorem y este ofrecimiento de un salario que, antes de su admisión, no se sabía que existía.

Castro abordó estas dudas la mañana siguiente, en una entrevista en el Canal 21. “Ejerzo el cargo de secretario jurídico ad honorem, pero este cargo tiene un salario designado. Esa cantidad de dinero la puse a disposición desde un principio porque es ad honorem”, dijo Castro. “Yo tengo una plaza aparte que es de donde se me paga y ese es el salario que (ahora) yo pongo a disposición”, dijo Castro. Es decir, el secretario jurídico admitió que tiene dos plazas.

La explicación de Bukele fue un poco distinta. “La secretaría jurídica de la presidencia ha sido ad honorem por lo menos en la última década”, dijo, contrario a lo que dijo Castro de que hay un salario para esa plaza. En la ley de salarios 2020, no hay una plaza para secretario jurídico. “Lo que se hace es que uno de los asesores jurídicos de la presidencia se le da el cargo de secretaría jurídica de la presidencia”, dijo. Bukele agregó que esto no es solo cierto para Conan Castro sino también para “los secretarios jurídicos anteriores”, en gobiernos de sus rivales políticos.

En su respuesta, Bukele incluso minimizó el trabajo del secretario jurídico. “No es que el hombre no gane dinero, es que el hombre, ese cargo, no recibe nada porque es un cargo de mucha relevancia formal pero el trabajo real lo hacen los asesores jurídicos, no lo hace el secretario jurídico. Él lo que hace es estampar la firma”, dijo el presidente.

La doble plaza de Conan Castro no es una excepción en el gobierno de Bukele. En julio del año pasado, el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, aceptó que la administración actual le mantuvo un mecanismo que le permite cobrar el doble de lo establecido por la ley de salarios para su cargo. El Faro reveló que esa práctica empezó en el gobierno de Salvador Sánchez Cerén.

Más recientemente,  en febrero de 2020, este periódico publicó que también la viceministra de Trabajo, Maritza Calderón, y el viceministro de transporte, Saúl Castelar tenían dos cargos. En el primero, el ministro de Trabajo Rolando Castro, asegura que la plaza como asesora que ostentaba la actual viceministra acabó cuando fue juramentada como la segunda al mando en esa cartera. En Transporte,  el caso es muy parecido al de Conan Castro: Castelar fue nombrado viceministro de Transporte “ad honorem”, aunque 11 días antes de ese nombramiento fue contratado como director ejecutivo del viceministerio, lo que le permite cobrar el doble de la cantidad asignada al viceministro en la ley de salarios.

No hay certezas de cuánto gana Conan Castro como secretario jurídico. Castro se negó a responder cuánto ganaba, a la salida de la entrevista en Canal 21, y dijo que se puede solicitar ese monto vía ley de acceso a la información. Pero las solicitudes con esa ley están suspendidas durante la emergencia, por disposiciones del propio Ejecutivo.

El cargo del secretario jurídico tampoco aparece en la Ley de salarios 2020. Bukele dijo que “no tiene en la cabeza” el salario de todos los empleados públicos, pero que la información está disponible en el Portal de Transparencia de Casa Presidencial. En ese portal está disponible una lista de remuneraciones por contrato, sin nombre de los funcionarios.  Ese listado tiene a 28 empleados en la oficina de Asuntos Legislativos y Jurídicos, incluidos seis asesores jurídicos cuyos salarios están entre 2,500 y 8,000 dólares.