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Un año de retroceso hacia el clóset

Amaral Arévalo

Después de haber experimentado la visibilidad durante la década pasada, las poblaciones LGBTI+ no estamos dispuestos a volver a los armarios del silencio y el tabú.
ElFaro.net / Publicado el 1 de Junio de 2020

Después de diez años en los que gozamos de una institucionalidad que, aunque a veces de manera tímida, hizo esfuerzos para visibilizar a las poblaciones LGBTI+, la administración de Nayib Bukele prácticamente limitó el compromiso del Estado salvadoreño en la garantía y respeto a los derechos de estas poblaciones históricamente vulnerables. Este escenario ha significado una especie de metida al clóset, ya que promueve derechos que aún no se atreven a decir su nombre, en concordancia con la frase utilizada por Óscar Wilde para referirse, a finales del siglo XIX, a la homosexualidad.

Desde el 1 de junio 2019 que tomó posesión el nuevo Gobierno, se ha institucionalizado el retroceso en la lucha de los derechos humanos en general y en específico de las personas LGBTI+ al suprimir la Secretaría de Inclusión Social, única instancia que velaba por esta población en la administración pública. Durante la década de 2009-2019, sobre todo entre 2009-2014, asistimos a un proceso de diálogo entre las personas LGBTI+ con el Ejecutivo, teniendo como producto principal la emisión del Decreto Ejecutivo N° 56, que impulsó una agenda política de no discriminación prohibiendo cualquier expresión de discriminación por orientación sexual e identidad de género al interior de la administración pública, la cual sería monitoreada por la Dirección de Diversidad Sexual. A pesar de que una medida como esta era insuficiente, esto fue un hito, porque mostró el interés del Ejecutivo en fomentar la ciudadanía de las personas LGBTI+ en el país.

Todo lo anterior fue borrado al momento en que Bukele decidió eliminar la Secretaria de Inclusión Social, sepultando así el cúmulo de experiencias, acciones y proyectos de inclusión y ciudadanía limitada de las poblaciones LGBTI+ en el país gestados en una década de trabajo. 

Recordemos, además, que la supervivencia del “espíritu” de la Dirección de Diversidad Sexual en la actual administración fue producto de un intercambio en Twitter, en donde activistas preguntaron al presidente qué instancia del Ejecutivo se encargaría de velar por los derechos humanos de las personas LGBTI+. “Tengan paciencia, solo llevamos 36 horas de Gobierno”, respondió el presidente el 3 de junio. Luego de 8,784 horas (tuvimos un año bisiesto) la paciencia se ha ido agotando frente a un gobernante que, aunque dijo estar “del lado correcto de la historia”, ha demostrado poco interés en lo que a la protección de nuestros derechos concierne.

Traspasar las acciones institucionales de la extinta Dirección de Diversidad Sexual al Ministerio de Cultura conllevó una reestructuración de los “armarios institucionales”. Entre 2010 y 2019, la Dirección de Diversidad Sexual tuvo un reconocimiento por sí misma. Si bien no era autónoma, el margen de acción que tenía le permitía articular acciones de incidencia y velar por el cumplimiento de los Derechos Humanos específicamente para las personas LGBTI+, al menos desde las instituciones del Ejecutivo. Mientras que ahora, al ser reducida a la Unidad de Género y Diversidad del MiCultura, se adscribe a una agenda de acciones y actividades de índole sociocultural que abarcan una amplia gama de poblaciones históricamente excluidas, como pueblos originarios, personas con discapacidades físicas, niñez, mujeres, población rural y personas LGBTI+. 

“Diversidad”, en este caso, comprende a una serie de identidades sociales y esta abundancia puede llegar a incidir en una jerarquización de las acciones institucionales. Las cuales, recordando las palabras de la antropóloga Gayle Rubin en, Thinking about sex, puede generar que las personas LGBTI+ queden en el último peldaño de importancia de identidades a ser atendidas por esta Unidad. Esto supone, por tanto, que las personas LGBTI+ entraron al armario institucional de la “diversidad”.

El nombre de la Unidad y el marco teórico que evoca también puede representar una amenaza para las reivindicaciones de Derechos de las personas LGBTI+. Si bien le debemos a la Teoría del Género abrir espacios para la discusión de temáticas de cuerpo, sexualidad, poder, deseo y placer, fuera de la órbita del mandato de la reproducción heterosexual; combinar las áreas de género y diversidad en una sola unidad técnica puede hacer que las necesidades de las personas LGBTI+ sean absorbidas en el desarrollo de actividades y acciones institucionales sobre género. Esto conllevaría a que las personas LGBTI+ entren en el armario institucional del “género”.

Por mandato institucional, la Unidad de Género y Diversidad del MiCultura debe de difundir temáticas y enfoques sobre respeto, no discriminación y tolerancia hacia las personas LGBTI+ al interior de la administración pública y al interior de la sociedad en general. Si bien esto será una acción de reconocimiento social, posiblemente no incida en la transformación de las realidades concretas de las personas LGBTI+. No existe entre las funciones de esta oficina nada sobre la creación de iniciativas de ley para la no discriminación contra las personas LGBTI+ o el apoyo a la aprobación de la Ley de Identidad de Género que sigue en discusión en la Asamblea Legislativa. 

En mi análisis de los primeros 100 días de gobierno de Bukele declaré su alineación a estar del lado correcto del poder, la cual se ha ido corroborando con la proximidad y utilización de estrategias políticas neoconservadoras y neopentecostales beligerantes. Ejemplo de ello fue la declaración del pasado 23 de mayo como Día Nacional de la Oración. En cuestión de temáticas LGBTI+, ha sido el mismo Nayib Bukele quien se ha encargado de hacer explícito su desinterés, al reafirmar en una entrevista con el cantante René Pérez que para él “El matrimonio únicamente es entre un hombre y una mujer”. El matrimonio no es ni siquiera la bandera principal en la lucha LGBTI+ en un país en donde la discriminación y el odio resultó en una ola de asesinatos de mujeres trans entre septiembre y octubre 2019. Pero el presidente ni siquiera se molestó en pronunciarse al respecto.

Si bien la administración actual creó un marco institucional con la publicación del Decreto Ejecutivo N° 20, de nada servirá si este no es utilizado por el propio presidente para promover y fomentar una cultura de igualdad, inclusión, equidad de género y respeto por la diversidad. Seguirá siendo letra muerta así se repita hasta el cansancio en el Plan Operativo Quinquenal de la Unidad de Género y Diversidad.

Con suerte este marco institucional se traducirá únicamente en llenarse de papeles y repetir discursos, todo por cumplir requisitos ante organismos internacionales y por esta situación obtener fondos y de cultivar una “imagen positiva” de la gestión del Ejecutivo; pero al interior del país y con los problemas individuales, con nombres propios, poco o nada se hace. 

Tomando en consideración lo vivido y experimentado en la década pasada, con sus aciertos y faltas, su mayor resultado fue la visibilidad de las vivencias y experiencias de vida de las personas LGBTI+ en la sociedad salvadoreña. De una forma u otra se obtuvo un progreso, muchos armarios fueron rotos. Después de haber experimentado la visibilidad, no estamos dispuestos a volver a los armarios del silencio y el tabú. Es por ello que demandaremos que las políticas públicas acompañen un proceso civilizador y de ciudadanización de las personas LGBTI+, aunque tengamos como obstáculo, posiblemente, las declaraciones y acciones de la presidencia que solicita “cerrar los ojos” ante la realidad y la vulneración de derechos humanos.

Ante un contexto nuevamente adverso, vale la pena recordar a Foucault, quien asegura que en el lugar donde se ejerce el “poder” siempre existe la “resistencia”. Aunque el modelo desee ser incólume, siempre hay fracturas, grietas y rendijas que la propia administración pública ha abierto, así que debemos entrar por ellas y difundir nuestro mensaje de respeto, igualdad y equidad. De igual manera, hay que tomar en cuenta que dentro de las instituciones aún hay funcionarios sensibles a este tipo de temáticas, con los cuales debemos de entablar diálogos, alianzas y apoyos mutuos. Por ejemplo, participaré en la coedición del Número 15 de la Revista Identidades del MiCultura que abordará la temática “Estudios de Población LGBTI+ en El Salvador y Centroamérica”. Aunque reciba críticas de todos los sectores.

La institucionalidad también debe ser nuestro marco de reivindicaciones políticas. Creo que lo que nos toca es apoyar las iniciativas que realizará esta administración, pero no como un seguidor ciego o fanático, sino como ciudadanos comprometidos con el estado de derecho y el avance de los derechos humanos. Si bien esto es una acción limitada, hay que tener en cuenta que, en el contexto del extermino en el cual nos encontramos, si no apoyamos, corremos el riesgo de que lo poco que se va a promover, pueda desaparecer o diluirse en los “armarios institucionales” antes de que finalice esta administración. 

Apoyar las acciones gubernamentales actuales no debe hacernos perder la criticidad hacia ellas. Reconocer su importancia no implica silenciar la denuncia de que no son suficientes para la transformación de la vida de las personas LGBTI+. Debemos tener claro el objetivo de promover leyes que puedan traspasar administraciones presidenciales y que no dependan de las “buenas intenciones” de cada administración pública para ejecutarlas.

*Amaral Arévalo es salvadoreño y tiene un Postdoctorado Instituto de Medicina Social de la Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Además, es doctor y máster Internacional en Estudios de Paz, Conflictos y Desarrollo por la Universitat Jaume I, Especialista en Género y Sexualidad por la Universidade do Estado de Rio de Janeiro y Licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad de El Salvador. Sus líneas principales de investigación son Cultura para la Paz, Violencias y Estudios LGBTI+ en el Istmo Centroamericano.
 
*Amaral Arévalo es salvadoreño y tiene un Postdoctorado Instituto de Medicina Social de la Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Además, es doctor y máster Internacional en Estudios de Paz, Conflictos y Desarrollo por la Universitat Jaume I, Especialista en Género y Sexualidad por la Universidade do Estado de Rio de Janeiro y Licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad de El Salvador. Sus líneas principales de investigación son Cultura para la Paz, Violencias y Estudios LGBTI+ en el Istmo Centroamericano.