Al colocar su ambición personal delante de la salud pública, las acciones de Gerardo Barrios pusieron en riesgo miles de vidas. El documento que se discute a continuación se refiere a acontecimientos que ocurrieron en mayo y junio de 1857, durante una grave epidemia de cólera morbus. Barrios quiso aprovechar el final de la guerra en Nicaragua contra los filibusteros de William Walker para derrocar al presidente Rafael Campo (1856-1858). El grave peligro de la epidemia requería poner en cuarentena a las tropas de Barrios, pero esta medida sanitaria representaba un obstáculo para sus ambiciones y decidió ignorarla. Marchó con sus hombres a San Salvador para exigir que el presidente Campo “se retire a la vida privada”, como dice el documento reproducido. Existe abundante información documental, incluyendo manifiestos y cartas de los implicados, para reconstruir el proceso y comprender el trasfondo del documento. El saldo de lo ocurrido fue la muerte de miles de habitantes contagiados por el desplazamiento de las tropas de Barrios a través del país.
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El 8 de abril de 1857 se nombró a Gerardo Barrios “General en jefe del Ejército salvadoreño”, que desde hacía un año combatía en Nicaragua contra los filibusteros de William Walker, comandado por el general Ramón Belloso. Barrios debía marchar a la cabeza de una división de mil efectivos. Al llegar a León, Belloso le entregó el mando de las fuerzas que había dirigido en la parte más dura de la guerra. Unos días antes, los filibusteros habían perdido la plaza de Rivas que era su último bastión en Nicaragua. Desaparecida la amenaza de Walker, Barrios quedó al mando de una fuerza militar superior a la existente en El Salvador, e inmediatamente comenzó a conspirar para regresar al país y hacerse del poder.
El 2 de mayo, el general José Joaquín Mora, jefe de las tropas aliadas, ordenó a Barrios regresar con su tropa a El Salvador, por lo que este se movió hacia León, adonde llegó el día 5. Allí se encontró con Ramón Belloso, Ciriaco Choto, José Chica, Francisco Iraheta y otros jefes, a quienes intentó atraer a su proyecto en contra del presidente Rafael Campo. Estos fingieron apoyarlo, mientras encontraban la forma de enfrentarlo. El 28 de mayo, Barrios salió de León rumbo al puerto del Realejo, con miras a su retorno a El Salvador. Por su parte, Belloso y sus oficiales escaparon de Nicaragua para alertar a Campo sobre la conjura.
Barrios zarpó del puerto de El Realejo el 2 de junio, contraviniendo las órdenes del gobierno de El Salvador, que había decidido poner al Ejército en cuarentena en las islas del Golfo de Fonseca, con el fin de prevenir la diseminación del cólera morbus y la fiebre amarilla. La peste había ocasionado estragos en Nicaragua y Costa Rica, por lo que decretar la cuarentena era una medida totalmente lógica. Cuando Barrios llegó al puerto de La Libertad el día 7, el presidente le ordenó poner sus tropas en cuarentena, lo cual implicaba que no se adentrara en tierra hasta ser autorizado. Había razones de peso en esta medida: en la travesía del Realejo a La Libertad murieron por el cólera nueve soldados.
Seis días más tarde, el 8 de junio, Belloso y sus aliados llegaron a Cojutepeque y alertaron al presidente. Ese mismo día, Barrios había llegado con su tropa a San Salvador. La cuarentena ya no era posible y el presidente Campo ordenó al ministro de Guerra, Juan José Bonilla, enviar a Barrios la siguiente comunicación: “En el momento de recibir la presente, licencie toda la fuerza venida de Nicaragua, entregando al Sr Gobernador y Comandante general de ese departamento, las armas, artillería, parque y demás elementos de guerra, bajo formal inventario”.
Esta orden no fue acatada. El 10 de junio, Bonilla envió otra nota, esta vez en términos de abierta advertencia. Además, Bonilla envió circular a los gobernadores departamentales informando de lo acaecido para que “no presten ninguna clase de cooperación a los traidores y para que rodeen al poder constitucional”. Por su parte, Campo emitió otro decreto asumiendo el mando del Ejército expedicionario y ordenando a Barrios presentarse a dar cuenta de la misión encomendada.
En lugar de acatar el decreto, Barrios envió un ultimátum al presidente, en el cual manifestaba que se sentía “Herido en su honor y delicadeza por el crédito que el presidente ha dado a los desertores del Ejército, Belloso y Choto, en la especie que verificaron su deserción, porque el General Barrios quería sobreponerse y derrocar al Gobierno”. Barrios argumentaba que “la justicia, la razón y la ley” demandaban que aquellos fueran juzgados para vindicar su honor herido. Pero seguidamente añadía que “los pasos tortuosos, injustos y violentos” del presidente no lo hacían merecedor de confianza; demandaba la destitución de Juan J. Bonilla como ministro de Guerra y que se nombrara en su lugar al coronel José María San Martín, y que se designara Comandante General del Ejército al mismo Barrios o en su defecto al General Trinidad Cabañas (cuñado de Barrios).
Egocéntrico y megalómano, Barrios insistía en que se reparase su honor, permitiendo que sus tropas fueran a Cojutepeque. “Rehusar la entrada del Ejército para que reciba las gracias del Gobierno y disolverlo, es dejar en pie la presunción de la desconfianza que el Gobierno tiene del general y del mismo Ejército”. También decía que si no le nombraba Comandante del Estado, marcharía con su fuerza a San Miguel para ponerla a las órdenes del Coronel Joaquín Eufrasio Guzmán (suegro de Barrios) y que si el Gobierno lo declaraba faccioso debía atenerse a las consecuencias.
Una lectura atenta de ese documento deja ver lo tortuosa y contradictoria que era la conducta de Barrios. Demandaba “honores” sin haber hecho méritos para ello, pues el peso de la campaña contra los filibusteros lo llevó Belloso; cuando Barrios llegó a Nicaragua, la guerra había finalizado. Resentía la “desconfianza” del Gobierno, aunque había dado suficientes indicios para poner en duda su lealtad. El documento en realidad esconde la debilidad en la cual Barrios se encontraba y lo injustificable de su actuación, pues para entonces era claro que no contaba con los apoyos que supuso tener cuando inició su maniobra.
El día 11, Barrios y los jefes que lo apoyaban dieron a luz pública otro pronunciamiento en el que manifestaban que era imposible un entendimiento con Campo, por lo que “es necesario tomar el camino legal proclamando a la autoridad designada por ley”, una medida que, según ellos, era apoyada por la opinión pública. El camino legal que proponían era desconocer a Campo y reconocer al vicepresidente Francisco Dueñas. Una copia del acta fue enviada al presidente para que “en obsequio de la paz” se retirase a la vida privada. Ese mismo día, los militares leales a Campo levantaron un acta en Cojutepeque en la cual rechazaban las pretensiones de Barrios y reafirmaban su disposición a defender el orden constitucional. “Los jefes y oficiales que suscriben protestan defender al presidente legítimo don Rafael Campo hasta el último trance; y no reconocen ni consienten que se reconozca a ninguna otra persona que intente usurpar sus atribuciones”. En términos parecidos se pronunció la municipalidad de Cojutepeque, para entonces sede de la capital.
Ciudadanos principales se trasladaron de San Salvador a Cojutepeque para sostener al gobierno. Fortalecido por esas muestras de apoyo, el 11 de junio el presidente Campo dio el mando de sus fuerzas al general Belloso, quien las posicionó en Michapa para atacar las de Barrios si este se decidía marchar sobre Cojutepeque. Al mismo tiempo, declaró faccioso y traidor a Barrios, estableciendo estado de sitio en los departamentos en que este estuviera y dando cinco días a los oficiales bajo el mando del rebelde para presentarse ante Campo y someterse a su autoridad.
En tal estado de cosas, la posición de Barrios se complicaba sobremanera. Sus pronunciamientos no habían recibido apoyo de los pueblos y las deserciones, y el cólera menguaban sus fuerzas rápidamente. La negativa de Campo a acceder a sus exigencias, la decidida actitud del ministro Bonilla, más las muestras de apoyo que el Gobierno recibía de las municipalidades, cuerpos militares y ciudadanos principales, pusieron a Barrios en la necesidad de buscar salida.
La situación se complicó más para Barrios cuando Dueñas llegó a Cojutepeque la mañana del 13 de junio y dio su apoyo a Campo. Dueñas publicó en Cojutepeque una hoja suelta en la que reconocía haber recibido propuestas de Barrios, pero afirmaba tajantemente: “No acepté el pronunciamiento: no di contestación ninguna oficial, ni menos ejercí un solo acto de autoridad, porque sé muy bien que sólo por los medios legales se haciende al poder, y jamás me habría prestado a la usurpación de la suprema autoridad, ni a pertenecer a facción alguna.” Bonilla informó a Barrios de lo actuado por Dueñas, conminándole a someterse al imperio de la ley.
Barrios fue a Cojutepeque el día 15 de junio y conferenció con Campo en presencia del general Mariano Hernández, el coronel San Martín, y el licenciado Hoyos. Luego de algunas deliberaciones “entregó su espada al presidente don Rafael Campo, doblando la rodilla, como lo establecía la ordenanza en casos de traición”. Al día siguiente entraron a Cojutepeque los remanentes de las tropas de Barrios (513 hombres) que fueron desarmados y licenciados. El 16 de junio, luego de recibir el público agradecimiento del Gobierno por su fidelidad, el general Ramón Belloso y el coronel Ciriaco Choto se retiraron del servicio activo, concediéndoseles la mitad de su sueldo.
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Políticamente, el motín de Barrios no tuvo mayores consecuencias; afortunadamente no se disparó un tiro y se resolvió con gestos, amenazas y pronunciamientos. Sin embargo, el desorden en el que las tropas venidas de Nicaragua ingresaron al país y fueron licenciadas, favoreció la dispersión del cólera. El 20 de junio, 13 días después de que ingresó junto con sus tropas por La Libertad, La Gaceta informaba que la peste se expandía con fuerza en San Salvador y todos los pueblos por donde pasó el Ejército, al grado que los cadáveres debieron ser incinerados. Dos días después se establecieron Juntas de Sanidad en todo el país, que velarían por la salubridad de las poblaciones. Los alcaldes eran encargados de hacer cumplir la cuarentena que, entre otras medidas, mandaba que no se vendiera carne de cerdo, bebidas fermentadas, carnes saladas, pescado, etc. También prohibía las reuniones, los dobles de campana y la velación de cadáveres.
No obstante, la peste se propagó y causó gran mortandad. Para julio, el Gobierno se vio obligado a convocar a elecciones para “reponer a los Jueces de paz, alcaldes, regidores, y síndicos que hubiesen fallecido a resultas del cólera”. El gobernador de Sonsonate informó que, del 18 de junio al 31 de julio, en su departamento habían fallecido 2399 personas, mientras que 846 se habían curado. En Zacatecoluca y la zona de los nonualcos el cólera atacó de manera aterradora. Los indígenas creyeron que los ladinos habían envenenado las aguas, “se sublevan y en hordas furiosas” atacaron la cabecera. En San Salvador el impacto fue mayor, al punto que se ordenó quemar los cadáveres. Entre los muertos figuraban personajes importantes, como el coronel José María San Martín, el general Domingo Asturias, el presbítero Ignacio Zaldaña y el mismo general Ramón Belloso. Final poco digno para un militar que afrontó la parte más dura de la lucha contra los filibusteros y además fue relegado a un oscuro lugar en la historia de bronce salvadoreña.
Acta de pronunciamiento contra el Gobierno de la República de El Salvador
El General en Jefe y demás señores Generales Jefes y Oficiales del Ejército Salvadoreño y guarniciones de esta ciudad que suscribimos, con vista de las presentes y apremiantes circunstancias en que se encuentra el Estado, tomando en consideración, 1º. Que el señor presidente don Rafael Campo ha recibido al Ejército de nuestro mando como enemigo, hostilizando lo de todas maneras, y aún preparándose para un rompimiento, según los aprestos que hace en Cojutepeque: 2º. Qué habiéndose dado aviso de nuestro arribo al puerto de La Libertad y ocupación de esta plaza y pedido lo sus órdenes, no se ha dignado a dar contestación: 3º. Qué sin llegar el Ejército a su destino ordena que se disuelva sin llenar previamente sus más perentorias necesidades, ni darle siquiera las gracias por sus servicios: 4º. que en la imposibilidad de podernos entender con el señor campo por el estado de hostilidad en que se encuentra aquella autoridad con el Ejército, es necesario tomar el camino legal proclamado a la autoridad designada por la ley: 5º. que la opinión pública y particularmente la parte sensata e ilustrada del Estado que ve la manera tortuosa irregular con que se manejan los negocios, ansía vivamente la sensación de tal régimen: 6º. Que por todas partes se teme que prolongándose este desorden administrativo, el estado se hunda en un abismo con perjuicio de todos sus habitantes, y deseando evitar tan angustiosa situación resolvemos hacer la declaración siguiente:
Artículo 1º. El Ejército y guarnición De esta plaza, el número de 1500 hombres, desconoce la autoridad del señor Presidente don Rafael Campo y protesta no continuar un día más bajo sus órdenes.
Artículo 2º. El Ejército de nuestro mando no reconoce más autoridad ejecutiva en el Estado que la del señor Vice-Presidente Licenciado don Francisco Dueñas a cuyas órdenes se pone desde esta fecha.
Artículo 3º. Una comisión nombrada por el señor General en Jefe pasará a casa del señor Vice-Presidente a poner esta acta en sus manos y encabezar le qué bien del Estado y para evitar desgracias, se sirva tomar inmediatamente las del Gobierno a que la ley lo llama en estas circunstancias.
Artículo 4º. Esta acta se pondrá en conocimiento del señor Presidente Campo, para qué, en obsequio de la paz, se retire a la vida privada mientras las circunstancias le permiten volver al mando, sin las dificultades que hoy se presentan.
Dado en San Salvador, a 11 de junio de 1857.
Gerardo Barrios, General en Jefe. Domingo Asturia, General. El General Indalecio Cordero. José Luzarraga, Coronel. Miguel Rodríguez, Teniente Coronel de Artillería. Louis Shlesinger, Coronel. Eusebio Bracamonte, Teniente Coronel. David Benavides, Capitán. El Mayor de la 2ª. Sección de la 2ª. División Capitán efectivo, Prudencio Rivas. Carlos Vijil, Teniente. Pedro Godoy, Subeteniente efectivo.
*Carlos Gregorio López es docente e investigador de la Licenciatura de Historia de la Universidad de El Salvador y autor de numerosos libros sobre la historia del país.
