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Los ciclos políticos

Joaquín Aguilar

Bukele ha dejado en claro con sus acciones que no se sujetará a los contrapesos de poder establecidos en la Constitución vigente, la cual ha propiciado el más largo período de la historia con elecciones sin mayores cuestionamientos.
ElFaro.net / Publicado el 7 de Septiembre de 2020

En casi 200 años, El Salvador ha sido gobernado por 81 presidentes y siete Juntas de Gobierno, y ha estado regido por 14 constituciones. 24 presidentes y una Junta de Gobierno fueron derrocados, cinco presidentes depusieron el cargo y uno fue asesinado; 13 constituciones se definieron desde la Presidencia y una fue concertada con la oposición, para luego ser reformada con la insurgencia. El saldo resultante es aproximadamente de una presidencia inconclusa por cada tres de ellas, y de una constitución por cada 13 años. 

Las luchas por el control de la economía y el Estado definieron ciclos políticos con gobernantes de paso y constituciones sin peso, excepto cinco de ellas: la de 1824 que definió al Estado, la de 1841 que proclamó a la República, la de 1886 que le dio su carácter liberal, la de 1950 que la dotó de un perfil social, y la de 1983 que limitó el poder, mismo que reguló con su reforma en 1992. El resto fueron redactadas, fundamentalmente, para permitir la reelección del presidente de turno.

En los últimos 100 años, El Salvador ha vivido ocho ciclos políticos: la dinastía Meléndez Quiñónez, la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez, el modernismo del Partido Revolucionario de Unificación Democrática (PRUD), el asistencialismo del PCN, el reformismo del PDC, el neoliberalismo de Arena, el progresismo del FMLN, y el recién iniciado intento autoritario de Bukele. Todos los ciclos -con excepción del que está en curso- duraron de una a dos décadas, y en todos -salvo en el primero y en el último- se institucionalizaron políticas compensatorias, que si bien pesaron menos que sus desaciertos, tenían la intencionalidad sistémica de palearlos.

Entre otras, Martínez creó el Banco Central de Reserva y el Banco Hipotecario; el PRUD creó el ISSS y el Instituto de Vivienda Urbana; el PCN creó el INPEP y el Instituto Regulador de Abastecimientos; el PDC decretó la reforma agraria y bancaria, Arena creó la Defensoría del consumidor y la Red solidaria; y el FMLN, el programa de apoyo temporal al ingreso (Pati) y la pensión básica universal. Ninguna, salvo la reforma agraria y bancaria, tocó a la oligarquía, y a pesar de todas ellas, cada uno de estos seis ciclos finalizó. Los tres primeros en las calles, por una ingobernabilidad derivada de la concentración de poder y el uso desmedido de la fuerza. Y los tres últimos en las urnas por el desencanto de sus electores y el mal manejo de las expectativas.

En comparación a lo vivido por sus antecesores, Bukele no tendrá hoy por hoy a una oligarquía con la fortaleza política requerida para conspirar en su contra, pero si a un Ejército cada día más empoderado que podría llegar a hacerlo como en el pasado. No hay una resistencia social organizada, pero tampoco recursos para anticiparla; ni una insurgencia armada, pero tampoco dinero para enfrentarla; ni divisas, pero sí aval para gestionarlas por la emergencia sanitaria; ni un gobierno norteamericano presionando por la institucionalidad, pero sí la posibilidad de que pronto lo halla. Todo ello sobre la base de un innegable apoyo ciudadano y de un inigualable manejo de la agenda nacional, sin precedentes en la historia.

Este ciclo durará tanto como Bukele sea capaz de conjugar exitosamente esas dicotomías. A poco más de un año desde que llegó al poder, parece contar con todo para lograrlo, aunque ya presenta síntomas prematuros que lo ponen en duda, como el descenso del crecimiento económico y el ascenso de la deuda. La falta de acuerdos políticos para abordar ambos problemas se ha agravado en el contexto de una pandemia, cuyo abordaje sanitario pretende prolongar insosteniblemente. Económicamente ya se le desbordó y políticamente se le empieza a revertir.

Bukele ha dejado en claro con sus acciones que no se sujetará a los contrapesos de poder establecidos en la Constitución vigente, la cual, a pesar de no haber resuelto los problemas estructurales de fondo, ha propiciado el más largo período de la historia con elecciones sin mayores cuestionamientos, alternancias en el poder con la oposición sin grandes sobresaltos, mandatos presidenciales sin interrupción alguna y, hasta hace un año, la administración de las diferencias entre el oficialismo y la oposición menos traumática desde 1821.

Aprobar una nueva Constitución -tal cual la insinúa el círculo cercano y lo claman sus seguidores más absortos- difícilmente se orientará a una refundación del Estado, modificación del modelo económico o mantenimiento de los contrapesos de los últimos 37 años, sino -a juzgar por lo actuado en el último año, y lo valorado por algunos analistas- a dotar de un poder absoluto al presidente, facultarlo para la reelección, como en el ciclo de Martínez, o, en su defecto, posibilitar el traspaso de poder entre el clan Bukele, como en el ciclo de los Meléndez Quiñónez.

‪Si Bukele no logra mayoría en la Asamblea para reformar la Constitución o para gobernar sin límites, perderá legitimidad, dejará en entredicho su popularidad, y se verá obligado a concertar o condenado a la ingobernabilidad. Si la logra, perderá también, ya que se incrementará la conflictividad con su consecuente inestabilidad, lo cual puede llevar su presidencia a un desenlace similar al padecido por sus 30 antecesores, cuyos períodos quedaron inconclusos, o al de otros más que lo concluyeron con mucho desgaste.

El fin de cada uno de los ciclos parecía impensable a un año de iniciados, y no lo decidieron los gobiernos de turno por decreto ni por redes sociales, sino los ciudadanos en las urnas o en las calles. En 2021 los salvadoreños decidirán si le dan o no el poder absoluto a Bukele y a partir de ello, cuál será el escenario donde se escribirá el epílogo de este nuevo ciclo.

Joaquín Aguilar es sociólogo graduado de la UCA, con estudios de posgrado en cooperación internacional por la Universidad del País Vasco de España, y de Administración de empresas y mercadeo en ISEADE-FEPADE. Egresado de Ciencias políticas de la UCA. Fue gobernador departamental de La Libertad.
 
Joaquín Aguilar es sociólogo graduado de la UCA, con estudios de posgrado en cooperación internacional por la Universidad del País Vasco de España, y de Administración de empresas y mercadeo en ISEADE-FEPADE. Egresado de Ciencias políticas de la UCA. Fue gobernador departamental de La Libertad.