Las noches de los domingos suelen representar una tensa calma, pero la del 15 de agosto no lo fue. «@FGR_SV ordena detención por el delito de Evasión de Impuestos por más de $293 millones» señalaba un tuit de la cuenta de la Fiscalía General de la República. Minutos después, en la misma red social, el presidente de la República indicaba «$293 millones de dólares de evasión fiscal, de una empresa propiedad 100 % de la familia Simán. Sí, $293 MILLONES DE DÓLARES» y el Ministro de Hacienda remataba: «Vamos a ser fuertes con este tipo de casos, son $293 millones en tan solo un año».
Fácilmente este anuncio se podría haber convertido en una de las noticias del año –y vaya que 2020 ha dado titulares–, no solo por el monto evadido, sino porque lo había hecho una sola empresa, ¡en un año! Sin embargo, la aseveración era mentira, pues en realidad los $293 millones eran el valor total de las rentas gravables y el monto evadido ascendía solo a $5.3 millones. Este monto de evasión de una sola empresa en un año igual es altísimo, ya que con esos fondos se podría triplicar, por ejemplo, el presupuesto destinado para el programa de Atención a Educación de la Primera Infancia. El problema de este tipo de mentiras intencionales (dudo que sea por ignorancia), es que la lucha contra la evasión se tiñe de campaña electoral y se instrumentaliza, restando legitimidad a un esfuerzo que debería ser acompañado por toda la sociedad.
Durante décadas, a la administración pública no le había interesado combatir de manera frontal la evasión. Era más fácil ver ganar a la selección nacional de fútbol que ver la condena a un gran evasor. Que el Ministerio de Hacienda presente ahora diversos casos de evasión es plausible, pero debe de hacerse con toda la seriedad posible.
La evasión de impuestos también es corrupción. El hecho de que una persona o empresa no pague los impuestos que le corresponden, tiene los mismos efectos que el accionar de un funcionario que comete un acto de corrupción, como realizar compras sobrevaloradas. En estos casos, la gravedad es por partida doble, ya que ese dinero que deja de percibir el Estado son oportunidades de inversión perdidas por la ausencia de esos recursos, lo que se traduce en escuelas con infraestructura deficiente para una educación de calidad u hospitales que no contarán con insumos médicos necesarios para garantizarle la vida a las personas.
De acuerdo a las últimas estimaciones del Ministerio de Hacienda, en 2018 la evasión del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios (conocido como IVA) fue de alrededor de $500 millones. Del impuesto sobre la renta (ISR), en cambio, aunque no hay estimaciones oficiales, esta pudo rondar los $700 millones. Quiere decir que en un solo año el país dejó de percibir unos $1200 millones a causa de la evasión.
Tomando esto como base, la cantidad evadida en 2018 representó más de la quinta parte del Presupuesto General de la Nación de ese año. Los montos evadidos son más altos que lo que como sociedad destinamos para financiar el Ministerio de Educación o el de Salud. Incluso en el caso hipotético en el que no existiera evasión, el país no hubiera necesitado endeudarse para financiar sus presupuestos en las últimas décadas, considerando que los niveles de evasión no han variado significativamente.
Siendo honestos, la evasión es una forma elegante de llamarle al hurto descarado y consciente de recursos al Estado. Al no declarar IVA, quien funge como agente retenedor comete un hurto, porque cuando una persona llega a la tienda o a un supermercado y compra café, azúcar, gaseosa o cualquier otro producto, no le preguntan si quiere o no pagar el IVA, porque ya va cobrado el 13 %. Es importante recalcar esto, ya que se ha construido e instalado la narrativa de que quienes pagan impuestos solo son unos cuantos, y por lo tanto son ellos quienes deben de tomar las decisiones más importantes en el país, obviando que en realidad todas las personas pagamos impuestos, particularmente el IVA. La falta de autorreconocimiento como contribuyentes, pagadores de impuestos, ha provocado que para muchas personas la evasión no sea un problema, porque por desconocimiento no saben que son víctimas de este delito.
En el caso de la evasión del Impuesto Sobre la Renta, esta se da cuando una empresa le retiene al trabajador su impuesto (los conocidos “descuentos de renta”) y no lo traslada al fisco; cuando una empresa traslada sus ganancias a un paraíso fiscal; cuando una empresa presenta, adrede, estados financieros falsos para pagar menos impuestos; cuando un profesional no declara ingresos que percibió. También son culpables de este delito aquellas personas y empresas del sector informal que tienen altas ganancias sin tributar por ello.
Esto es resultado directo del marco legal vigente que favorece a los evasores. En caso extremo que se compruebe que una persona evadió el pago de impuestos (eso implica varios años, en la mayoría de los casos) bastará con que pague el monto evadido más la mora, pero no recibirá una sanción penal, como si sucede en la mayoría de países desarrollados. También es consecuencia de una administración tributaria diseñada para ir a pescar a la pecera, pero temerosa de ir al mar a cazar a los grandes tiburones.
Por ello, si en realidad quiere lucharse de manera frontal contra la evasión, la apuesta del Ejecutivo debería de ser la aprobación de una Política Antievasión, donde se incluyan mediciones anuales y certeras de la evasión del ISR y el IVA, para saber si se está avanzando o retrocediendo. Es fundamental hacer una serie de cambios legales para aplicar el régimen penal tributario, además de la regulación de los precios de transferencia – este es uno de los mecanismos que utilizan evasores para declarar pedidas en el país, para luego trasladar sus ganancias a paraísos fiscales–, así como el establecimiento del principio de renta mundial en el ISR.
Se debe, además, concretar la facturación electrónica y poner en línea las cajas registradoras y los terminales punto de venta (POS) con el Ministerio de Hacienda. Adicionalmente, El Salvador debe acompañar los esfuerzos internacionales indispensables para tener mejor resultados en la reducción de los delitos fiscales.
Todo esto se verá fortalecido en la medida en la que también exista un cambio cultural. Hasta ahora, la evasión ha sido parte de la normalidad, tolerada y aceptada por la sociedad, e incluso aplaudida y defendida. Pero esa evasión es una de las causas que ha provocado tener un Estado sin recursos suficientes, particularmente, para contar con un sistema de salud que garantice la vida a todas las personas. Ahora que la pandemia ha mostrado, de la forma más cruda y dolorosa, los problemas que se tienen como sociedad, no se puede seguir aceptando el hurto a través de la evasión.
En un contexto donde la situación fiscal es muy crítica, donde algunos ya empiezan a plantear la necesidad de la reducción del gasto público, que incluye el gasto social y la inversión pública, para cuadrar las cifras fiscales. Lo mejor que el Estado puede empezar a hacer es garantizar que todas las personas y empresas cumplan con sus obligaciones tributarias. El show y las mentiras montadas hasta ahora serán apenas de beneficio electoral para unos pocos.
