¿Qué es legítimo y qué no? ¿Los gobiernos deberían negociar con estructuras terroristas y criminales para reducir el crimen y los homicidios? En materia de seguridad y de negociaciones hay una constelación amplia de casos entre Estados, grupos insurgentes y guerrillas, pero menos con terroristas o bandas de narcotraficantes.
Desde la cruzada internacional en contra del terrorismo global iniciada en septiembre de 2001, el adagio entre los gobiernos ha sido que con el terrorismo no se negocia. El argumento, un poco oxidado y anacrónico, responde a una lógica de legitimidad y de no dejar ver a las instituciones estatales como unidades débiles en las democracias. Una visión bastante reduccionista que minimiza incluso el papel del Estado en las relaciones sociales.
De tal manera que la única receta viable, y al parecer legítima, estaba centrada en generar fórmulas de inteligencia, operaciones militares, alianzas estratégicas de coaliciones multilaterales y acciones policiales que anticiparan o neutralizaran las estructuras terroristas y criminales. Fórmulas que tan solo atacaban las consecuencias del terrorismo y no sus causas. Evitar el estallido de una bomba en el metro o en un aeropuerto es simplemente intentar curar el cáncer con un analgésico.
De hecho, tal como mencionó el IRA en 1984, tras el atentado en el Grand Hotel de Brighton, mientras los terroristas necesitan tener suerte una vez, los Estados la necesitan siempre. Los problemas de seguridad no convencional contemporáneos son una carrera por reducir los márgenes de error y evitar que el factor tiempo sea el principal enemigo de los bandos encontrados.
Contra todos los pronósticos, Donald Trump construyó un puente de negociación con el talibán en febrero de 2020. El acuerdo estuvo guiado por incentivos, el centro de gravedad de toda negociación. Según lo acordado, el talibán se comprometió en no permitir que Al Qaeda, ISIS o ningún otro grupo extremista opere dentro de las áreas que ellos controlan. A cambio, la OTAN y Washington retiraron su presencia del lugar.
Se trata de una ecuación básica y de madurez de conflicto en el que las partes saben que el estancamiento mutuo es la inviabilidad de éxito de alguna de las partes y el deterioro de sus objetivos. La ecuación está en la noción de victoria y esta ya no se traduce en los territorios conquistados o en el número de bajas del adversario, se determina por la construcción de legitimidades en los espacios geográficos, en la gobernanza y capacidad de agencia ante los problemas sociales. Situaciones que, a pesar de su naturaleza bárbara, los grupos terroristas de la zona empezaban a construir en la población afgana.
En El Salvador, Nayib Bukele lleva aproximadamente un año tejiendo escenarios de negociación desde las cárceles con la MS-13, una de las pandillas más peligrosas del mundo. Con su plan logró reducir los homicidios drásticamente luego del posconflicto producto de 30 años de guerra civil. Pero ¿por qué negociar con terroristas y criminales? Esta es, sin duda, una pregunta compleja, pero con amplias razones estratégicas.
Mientras las clásicas insurgencias tienen en el radar suplantar al Estado, tomar el poder y administrar a su manera el establecimiento; los grupos criminales y terroristas suelen tener como objetivo el control de recursos subterráneos, disputas territoriales con el Estado y las economías ilegales. En últimas, estos tienen, por un lado la idea de ser invisibles a los ojos del Estado y, por el otro, usar la violencia como un método para llegar a un fin político.
Entonces, frente a la anterior pregunta, la negociación con estos actores puede ser altamente costosa si no se alcanza, en un corto tiempo, la desarticulación de la organización y la reducción de sus operaciones. La respuesta está en que la negociación es una ventana de oportunidad, ya que los actores irregulares han construido órdenes paralelas y gobernanzas criminales en los territorios que operan.
Está demostrado que con exclusivos métodos militares y policiales el narcotráfico no se elimina, el terrorismo persiste y los grupos criminales se hacen cada vez más ricos y fungen como Estados subalternos. Entonces, la ecuación para mitigar dichos flagelos está en dos elementos. Por un lado, la metodología, y, por el otro, los incentivos. El método requiere, en principio, de los siguientes pasos: primero la mediación del Estado para poner un alto al fuego entre bandas, grupos armados y terroristas; y, segundo, una transformación de lo legítimo, en donde el Estado debe construir una contralegitimidad sobre los grupos ilegales.
Los incentivos recaen en calcular que las negociaciones solo podrán ser efectivas si el proceso se centra en los intereses de las partes, no en los efectos de sus actividades criminales o terroristas. En sociedades donde la violencia y el crimen son generados por pandillas, bandas y grupos de distintas naturalezas, las redes criminales suelen estar tan arraigadas que la negociación puede, de hecho, ofrecer la única solución viable. Por eso, en el momento en el que se descifren los códigos y patrones de engranajes del crimen y terrorismo, el Estado puede entrar a proponer una negociación sostenible. Negociar con terroristas y criminales puede ser el futuro del antiterrorismo y de la política criminal.
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