Imprimir

El Salvador y la transición del escándalo a los estudios LGBTI+

Amaral Arévalo, Cristina García, Carlos Cortez y Ricardo Menjívar

Según la prensa de los años 60, el descubrimiento de un "carnavalito" de prácticas "sodomitas" en Santa Tecla revelaba una amenaza a la moral y las buenas costumbres del pueblo salvadoreño. Organizador y participantes estuvieron a punto de ir a la cárcel por, supuestamente, ser un "riesgo inminente para la sociedad o para los individuos", pero la legislación vigente los exculpó. Han pasado los años y, aunque la moral salvadoreña poco ha evolucionado, sí lo hizo la academia, desde donde ahora se debate la incursión en política de la población LGBTI+. 

ElFaro.net / Publicado el 18 de Septiembre de 2020

El Salvador de los años sesenta fue marcado por el continuismo militar, así como por la injerencia estadounidense por medio de su Alianza para el Progreso, con la que pretendía promover un cambio social y económico, garantizando la continuidad del sistema de control y represión social. Todo esto con miras a palear el avance comunista en la región. Como parte del programa de la Alianza para el Progreso, se reformó la legislación laboral y la del salario. Posteriormente, se impulsó una profunda reforma educativa desde 1968, con el objetivo explícito de formar los mandos medios y la mano de obra calificada necesaria para echar a andar el utópico proceso de industrialización.

Cabe señalar que en la jurisprudencia nacional de aquella época se tenía en vigencia la Ley de Estado Peligroso (o Ley de Peligrosidad), creada “por razones de defensa social”, aplicable a “los sujetos que, por su actividad antisocial, inmoral o dañosa, revelen un estado peligroso y ofrezcan riesgo inminente para la sociedad o para los individuos”. Dicha ley colocaba a la “identidad pederasta” como una categoría de peligrosidad. Paralelo a lo anterior, un conflicto bélico contra Honduras estaba gestándose, conflicto que marcaría el final de una época caracterizada por un crecimiento económico, la modernización social de sectores reducidos y el inicio de la década de gestación de la guerra civil. Al año siguiente se fundaron las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí.

Es en este escenario donde se publicó una nota periodística que se presentó como un escándalo de proporciones mayores contra la moral y las buenas costumbres de la sociedad salvadoreña. El lunes 5 de mayo se dio a conocer la noticia en los principales periódicos del país: ¡Policía desmantela un antro de vicio! La noche del sábado 3 de mayo de 1969, la Policía Nacional desmanteló un recinto en Santa Tecla, en donde varios jóvenes se encontraban simulando casamientos, unos cuantos, con indumentaria femenina, cuya edad no llegaba a los 23 años. Esta noticia revivió el "club de afeminados" de 1957 y se denunció de la siguiente forma.

La policía de Santa Tecla descubre un antro de vicio

Santa Tecla, mayo 5. – Rotundo éxito contra el vicio se anotó la noche del sábado la Policía Nacional de esta ciudad al descubrir y desmantelar un antro del vicio. Sodomitas de 18 años arriba gozaban de placeres invertidos cuando irrumpió la Policía sorpresivamente para aprehender a varios de los jóvenes degenerados, pero algunos de los pederastas lograron escapar.

Todos los jóvenes viciosos – incluyendo un profesor de primario de la vecina población de Colón – vestían trajes femeninos, usaban gafas y pelucas y estaban maquillados como impúdicas mujerzuelas. Según informes policíacos funcionan otros centros de sodomitas en ésta como en otras ciudades de la República y especialmente en la capital.

Lo descubierto por la Policía Nacional de Nueva San Salvador debería alarmar a la confiada sociedad salvadoreña que parece no percatarse que está siendo minada por toda clase de vicios que parecieran dirigido por entidades tenebrosas. “Muchos padres de familia ignoran las actividades de sus hijos – afirmó el Director de Policía de Santa Tecla – y cuando menos lo imaginan se encuentran con que tienen hijos degenerados”.

“Debemos ponerle para a esta inmoralidad” terminó declarando el Director de Policía tecleño. Luego explicó que los homosexuales gozaban por parejas semejando matrimonios. Todos los jóvenes nuevaoleros son ampliamente conocidos en Santa Tecla y fuman cigarros de marihuana. Entre los fugitivos se encuentra el profesor de instrucción pirmario Raúl Joya de Colón, a quien busca con toda diligencia la policía para que responda de sus desviaciones – (Corresponsal).

Fuente: Corresponsal. “La policía de Santa Tecla descubre un antro de vicio”. Diario Latino, 5 de mayo de 1969, p. 3.

 

Fuente: Aldana, “Capturados en antro”, La Prensa Gráfica, San Salvador, 5 de mayo de 1969.
 
Fuente: Aldana, “Capturados en antro”, La Prensa Gráfica, San Salvador, 5 de mayo de 1969.

Posteriormente, los jóvenes capturados pasaron por un itinerario judicial, bajo el escrutinio y el escándalo público que eso representaba. Raúl Joya, supuesto organizador de dicho “carnavalito”, se había dado a la fuga. Tenían una orden de captura. Fue removido de su puesto de profesor, al no presentarse a su trabajo, posiblemente por el temor de ser capturado allí.

Un nuevo pánico moral se apoderó de los medios de comunicación escritos, los cuales dedicaron varias publicaciones a este hecho, enumerando las causantes de esta debacle de valores. La literatura pornográfica, las novelas radiofónicas, las películas –de cine y televisión–, así como el clandestino uso de drogas, formaban parte del decálogo de vicios juveniles, según algunos columnistas de la prensa salvadoreña que relacionó este hecho a la influencia del movimiento hippie en el país.

Para dar un tratamiento jurídico, se estudió la posibilidad de aplicar la Ley de Peligrosidad a los jóvenes. Esta ley determinaba que era potestad del juez “retener a una persona cuando haya incurrido en un vicio moralmente sensurable [sic]”. Por otra parte, algunos de los detenidos confesaron que fueron invitados personalmente por Joya, a lo que él llamó “un carnavalito”. Existieron una serie de posiciones a favor de la judicialización de esos jóvenes y algunas voces discordantes durante todo el mes de mayo, como quedó registrado en los principales periódicos de la época. Al inicio de junio, por intercesión de la Corte Suprema de Justicia, se resolvió que los jóvenes no habían cometido ningún delito, según el marco jurídico de la época. 

La decisión de la Corte fue rebatida en los periódicos, acusando a la Corte de “promover” la homosexualidad. Ante esta situación, la Corte hizo una declaración pública, que sentó un precedente en la jurisprudencia nacional puesto que, en las consideraciones sobre la liberación de los jóvenes, se estimó que la Ley de Peligrosidad no gozaba de fundamento jurídico para su detención, dado que el hecho sucedido no tenía cabida dentro de los alcances de dicha ley. Lo anterior, pese a que uno de los detenidos había declarado que era homosexual. La Corte Suprema de Justicia convino en que la Ley de Peligrosidad sólo tenía jurisdicción en “pederastas reconocidos, pervertidores de menores o bien que explotaran o ejercieran conocidamente vicios moralmente reprochables”.

Por otro lado, la detención no procedía según la ley ya referida, porque los detenidos se deberían de colocar en establecimientos apropiados a dicho estado peligroso. Por el contrario, se carecía de establecimientos adecuados en el interior del país. En cuanto a los jóvenes, se dijo que precisaban “tratamiento psiquiátrico, médico, educacional” y no la sobreexposición mediática que se hizo en su momento. Al final del mes de junio de 1969 sobrevino la guerra con Honduras, lo cual dejó en el olvido todo este caso.

La Prensa Gráfica, San Salvador, 5 de mayo de 1969.
 
La Prensa Gráfica, San Salvador, 5 de mayo de 1969.

Estudios LGBTI+ contra la invisibilización de las poblaciones

La disidencia sexual y de género siempre ha estado presente en El Salvador y los demás países centroamericanos. No obstante, las temáticas referentes a orientación sexual, identidad y expresión de género han sido borradas, silenciadas y olvidadas por ser disidentes al sistema heteropatriarcal hegemónico. La institucionalidad, en muchas ocasiones, se ha transformado en una maquinaria mortal que extermina personas, identidades y memorias. Las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y otras identidades sexuales y de género (LGBTI+) no han escapado a este fenómeno.

En una región altamente discriminatoria e intolerante a cuestiones de orientación sexual, identidad y expresión de género, la revista de Ciencias Sociales y Humanidades, Identidades 15, con la colaboración del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, crearon el espacio académico Estudios de población LGBTI+ en El Salvador y Centroamérica, en el cual logra rescatar memorias, narrativas y subjetividades de personas LGBTI+ como las del “carnavalito” de Santa Tecla.

Los textos que contiene Identidades 15 procedieron principalmente de estudiantes en formación, investigadores iniciantes y la participación de la destacada historiadora Patricia Alvarenga. La participación mayoritaria de estudiantes e investigadores iniciantes es una clara muestra del proceso de inicio de los Estudios LGBTI+ en la región centroamericana. Destacamos la participación de tres estudiantes de posgrados en universidades fuera de la región centroamericana, lo cual demuestra el interés en este campo de estudio iniciante en otras latitudes y de los cuales podríamos aprovechar la experiencia de más de 50 o 40 años de reflexión e investigación sobre este tipo de temáticas.

Esta publicación busca llenar un vacío historiográfico en el país, mismo que ha empezado a superarse hasta hace muy poco, y sobre el que falta mucho por trabajar. Asímismo, pretende contribuir y enriquecer las historiografías salvadoreña y centroamericana a través de la divulgación de las investigaciones académicas más recientes sobre la población LGBTI+. Busca ser, además, un espacio que visibilice las luchas, logros y retos que aún tiene esta población en El Salvador y en la región centroamericana. Somos conscientes, no obstante, de que si bien publicaciones como esta son importantes, es necesario que se lleven a la práctica por medio de la instauración de políticas públicas más justas e igualitarias que abonen a la construcción de sociedades inclusivas, tolerantes y libres de discriminación, donde los crímenes de odio no sean una constante.