Por órdenes de unc Cámara, el Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria de San Salvador modificó el cómputo de la pena del expresidente Elías Antonio Saca, condenado a 10 años de cárcel por el desvío de $301 millones de dólares en 2018. El nuevo cálculo abrió las puertas para que el 31 octubre de 2021 Saca pueda solicitar una libertad anticipada bajo el argumento de haber concluido la media pena de su condena. La titular del juzgado se había rehusado a realizar el cambio porque el expresidente había sido condenado a dos delitos por corrupción que suman 12 años de cárcel.
A su juicio, Saca no podía cumplir penas simultáneas. Es decir que el tiempo de una condena no debe estar vinculada con la otra. Sin embargo, el lunes 28 de septiembre, la jueza acató la orden de la Cámara Mixta de Tránsito y Vigilancia Penitenciaria que la obligó a cambiar de opinión.
La trama de este caso comienza el 13 de septiembre de 2018, cuando Saca fue condenado a 10 años de prisión, luego de que confesara su participación en la trama de desvío de más de $300 millones. Al año siguiente fue sentenciado a dos años por el delito de soborno, porque confesó haber pagado $10 mil a una empleada de la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador para beneficiar a Élmer Charlaix, exsecretario Privado, en un caso por enriquecimiento ilícito en su contra. En la teoría, Saca, recluido en el Sector 9 del penal La Esperanza, cumpliría una pena total de 12 años (al sumar las condenas de ambos delitos).
El Juzgado Tercero de Vigilancia Penitenciaria de San Salvador se encargó de velar por el cumplimiento de los dos años de pena (por el caso de la empleada judicial), que comenzó a contar desde que Saca fue intimado en el penal de Mariona: del 14 de agosto de 2017 hasta 14 de agosto de 2019. Este proceso ya quedó extinguido.
Tres fuentes judiciales explicaron que el tiempo de la pena puede comenzar a correr desde la fecha que se decreta la detención provisional o cuando los jueces realizan la intimación.
La pena de 10 años por lavado y peculado fue monitoreada por el Juzgado de Segundo Vigilancia. El 15 de junio de 2020, la defensa solicitó una revisión a este tribunal porque creían que a Saca le hacía falta poco tiempo para cumplir cuatro años de condena, amén de que su captura había sido realizada el 30 de octubre de 2016.
Sin embargo, el tribunal les notificó que la jueza había suspendido por dos años el conteo de la pena de 10 años, y había comenzado a contarla, de nuevo, a partir del 15 de agosto de 2019, un día después de haber cumplido la sentencia de dos años por soborno. Para la jueza, las “penas no se pueden cumplir de forma simultánea”. Es decir, la funcionaria no estaba de acuerdo en que el tiempo corriera de manera simultánea y contara igual para ambas condenas.
Según la jueza, debido a que el Juzgado de Tercero de Vigilancia ignoró los nueve meses y 14 días desde que Saca había sido capturado en su cómputo, en el caso de lavado y peculado la cuenta de su condena se retomaría a partir 15 de agosto de 2019. “El interno Elías Antonio Saca González debe cumplir nueve años, dos meses y quince días para completar el resto del tiempo que le falta para cumplir la pena total de días de prisión”. Según este primer fallo, la fecha de caducidad de la condena por 10 años se corría hasta el 27 de octubre de 2028.
Mario Machado, uno de los abogados de Saca, había detallado en su petición que la jueza no quería realizar la revisión de la condena porque estaba “incorporando procesos fenecidos”. Para la defensa, la jueza no estaba descontando los dos años de cárcel que su cliente ya había cumplido por el delito de soborno (contados por otro juzgado en el mismo tiempo en el que se desarrollaba el juicio y la condena por el delito de corrupción) y en su lugar estaba agregando dicho tiempo. La funcionaria, sin embargo, alegó que el caso de soborno ya estaba vencido, e insistió en que lo correcto era proceder a la interrupción de la pena por lavado y peculado y correr los plazos a futuro, porque no es permitido realizar un solo conteo cuando hay dos condenas.
Ante esta decisión, los abogados de Saca acudieron a la Cámara Mixta de Tránsito y Vigilancia Penitenciaria de San Salvador, que revocó el cómputo de la jueza y, además, ordenó que se hiciera un nuevo cálculo, que terminó siendo uno favorable a la defensa. “La jueza dice que se interrumpió la pena de 10 años prisión, no obstante, tal argumento, no resulta razonable, legal, ni justo tampoco, puesto que esos dos años incidieron en el proceso de ejecución que tramita el juzgado a su cargo, debido a que nunca figuró como una pena que haya sido acumulada”, dice la resolución de la Cámara.
2021 en la mira
La mañana del lunes 28 de septiembre, la jueza realizó una audiencia donde hizo revisión de la pena por los 10 años de cárcel. Antes de dar su pronunciamiento, la jueza dijo “sentirse inconforme”, sin embargo, acató. Este fallo abre la puerta para que Saca alcance una media pena en 2021 y, a partir de ahí, solicite la libertad anticipada. Mario Machado dijo que es probable que el próximo año la soliciten, pero que esta no es una decisión definitiva porque la “presión política, la presión de los medios y presión electoral” influyen en las decisiones judiciales.
El triunfo alcanzado este día por la defensa del expresidente ha sido cuestionado por la Fiscalía. “De un solo plumazo le borran una pena de dos años. Y ahora lo habilitan para que quede libre el próximo año, después de haber malversado más de 300 millones', escribió Raúl Melara, fiscal general, en su cuenta de Twitter. Fuentes fiscales explicaron a El Faro que apelarán la decisión, pero también presentarán una recusación a los magistrados de la Cámara que ordenó el nuevo cómputo, porque estos ya dictaron una resolución que no es favorable.
Al igual que Saca, otros otros dos condenados en la trama de corrupción de su Gobierno recibieron beneficios del órgano judicial. El exsecretario de Comunicaciones Julio Rank; y el ex presidente de ANDA, César Funes, obtuvieron una libertad condicional anticipada cuando cumplieron cinco años de cárcel por lavado de dinero.
