El Salvador / Política

Magaña concilió con víctimas e intentó frenar solicitud de antejuicio

La Policía y la Fiscalía concluyeron que el diputado Arturo Magaña fue el responsable del choque que provocó la muerte de Francisco Moya y lesiones en otros cuatro jóvenes. Cuatro días después del accidente, el diputado indemnizó a los padres de Moya y a dos de las afectadas. Luego su defensa intentó que la Fiscalía frenara la solicitud de antejuicio, pero esta fue presentada el 9 de septiembre pasado. 


Viernes, 11 de septiembre de 2020
Gabriela Cáceres

Un día después de que la Fiscalía presentó una solicitud de antejuicio en la Asamblea Legislativa contra Arturo Magaña, involucrado en un aparatoso choque automovilístico en el que falleció una persona, el diputado escribió en su cuenta de Twitter que renunciaría al fuero porque quiere someterse a la justicia como cualquier persona. Sin embargo, no dijo que para ese momento ya había conciliado con tres de las cinco víctimas del choque ocurrido en la madrugada del sábado 29 de agosto de 2020, y que su defensa intentó convencer a la Fiscalía de que la solicitud de antejuicio ya no era procedente. 

Una de las conciliaciones fue con los padres del joven fallecido, José Moya, quien junto a otra joven iba a bordo del auto deportivo que conducía Magaña. Moya era uno de sus mejores amigos. Magaña también concilió con dos pasajeras que iban a bordo de la camioneta conducida por un tercer joven de 24 años, según tres documentos notariales que El Faro tiene en su poder y que han sido validados por el abogado defensor del legislador. La conciliación ocurrió el 2 de septiembre de 2020, cuatro días después del accidente y dos días después que la Policía Nacional Civil (PNC) concluyera que Magaña había sido el responsable porque no respetó la señal del semáforo ubicado entre la 79 avenida norte y la 9a calle poniente.

La Fiscalía pide el retiro del fuero contra Magaña para poder procesarlo por homicidio culposo. El día del accidente, la Policía no llegó a la escena con celeridad ni buscó a Magaña, que se movilizó a un hospital ubicado a 100 kilómetros de la escena, para practicarle exámenes toxicológicos. De hecho, mientras la Fiscalía tenía una batalla legal con la jueza de Ahuachapán para que ordenara la realización de estos exámenes, el diputado ya había conciliado con tres de las víctimas.

Con los padres de José Moya, el  diputado se comprometió a pagar los gastos fúnebres e indemnización “que cubre en su totalidad la responsabilidad civil derivada del homicidio culposo”, según el acta notarial del “acuerdo conciliatorio extrajudicial”. De hecho, en ese mismo documento, dice que su abogado entregó ese día la cantidad de dinero que acordaron. La defensa no quiso revelar los montos 'para proteger a la familia'. Dos días después,  Mario Machado, abogado de Magaña, presentó un escrito dirigido al fiscal general, Raúl Melara, donde le dice que no es necesario promover una causa penal porque ya hay un acuerdo legal con los padres de la víctima. “De promoverse el proceso de antejuicio sería con el objeto de pedir en sede judicial una homologación del acuerdo conciliatorio que ha sido relacionado, y consecuentemente, para solicitar un sobreseimiento definitivo en relación al único delito grave que se le atribuye”, se lee en el documento.

Este periódico consultó a Machado si su cliente concilió con las víctimas porque se considera responsable del hecho. “En términos legales una conciliación no es sinónimo de admisión de culpa ni de responsabilidad. Es un arreglo moral que Arturo tomó la decisión de realizar y no darle lugar a un pleito judicial”, dijo el abogado. La Fiscalía está al tanto del arreglo extrajudicial, pero considera que no es procedente porque para que sea legal debe ser presentado ante un juzgado, por eso es que ha promovido el antejuicio. El Código Procesal Penal, en su artículo 38, establece que el homicidio culposo es conciliable. Fuentes judiciales explicaron a El Faro que un acuerdo de este tipo es válido para evitar llegar a los juzgados “y el acta de conciliación debe realizarse frente a un notario que da fe y ahí termina todo”. 

PNC y Fiscalía: Magaña provocó el accidente

En la madrugada del sábado 29 de agosto, el diputado y sus dos amigos habían pasado a una gasolinera a comprar dos cervezas, según relató una de las víctimas del accidente. Inmediatamente después se condujeron con rumbo hacia la 79 avenida norte y la 9a calle poniente. La testigo no recuerda qué pasó “porque tenía mucho sueño”, está reseñado en uno de los partes policiales del caso.

El relato de esta testigo apunta a una presunta ingesta de bebidas alcohólicas. De hecho, la misma Fiscalía menciona en la acusación que adentro del carro de Magaña fueron encontradas dos botellas de licor de jengibre, pero el examen practicado por las autoridades a Magaña, 10 días después del incidente, dio negativo. 

El conductor de la camioneta impactada por el deportivo conducido por Magaña aseguró que “al llegar a la intersección con la 9a calle poniente por precaución disminuyó velocidad, aunque el semáforo para él se encontraba en verde, luego él siguió despacio y no observó a ningún vehículo cuando de repente sintió el golpe en la parte delantera de su vehículo provocando que volcara”, se lee en la hoja de daños personales del afectado que la PNC elaboró el 29 de agosto a las 5 de la tarde. La Policía concluyó que “él por la imprudencia de no respetar la luz roja del semáforo y no tomar en cuenta todas las medidas seguridad necesarias, infringiendo así lo establecido en el artículo 124 del Reglamento General de Tránsito y Seguridad Vial, causa por la cual fue a colisionar”, se lee en el parte policial.

La Fiscalía acusa al diputado de lesiones culposas en perjuicio de los jóvenes que iban a bordo de la camioneta color gris, pero el requerimiento será presentado cuando su periodo como diputado termine porque la pena del delito es menor. Es decir, la Fiscalía no pide que se le quite el fuero por ese delito, sino únicamente por el homicidio culposo.

Sin embargo, Magaña también concilió con dos de los ocupantes de la camioneta. En el acta notarial “de no autorización de previa instancia particular” a la que este periódico tuvo acceso,  se establece que dos jóvenes recibieron dinero por las lesiones que ocasionó el accidente y “por medio del escrito señala que no tienen nada que reclamar al señor Magaña”. Con el conductor de la camioneta, el diputado no logró llegar a ningún acuerdo conciliatorio.

La otra ocupante del vehículo deportivo, amiga de Magaña, decidió no presentar cargos en su contra, según los escritos: “manifiesta que es de su voluntad no considerarse ofendida por las lesiones sufridas en su integridad física por lo que manifiesta no autoriza a la Fiscalía el inicio del ejercicio de la acción penal”, se lee en el acta policial que El Faro tiene en su poder

Fiscalía cuestiona a una Policía que actuó con falencias

El accidente de tránsito ocurrió a las 5:00 a.m., pero el reporte policial indica que fue reportado al sistema 911 a las 7:13 minutos de la mañana del sábado y dos policías llegaron a la escena a las 8:10 a.m. A esa hora los agentes no encontraron a Magaña ni al resto de lesionados. Sin embargo, en el lugar estaba el padre del joven quien conducía la camioneta, que informó que su hijo se encontraba ingresado en el Hospital Merliot. 

Luego enviaron a otros policías “para que fueran a verificar a diferentes hospitales a tratar de encontrar a los otros lesionados” y fue de esta manera que a las 3:00 de la tarde, en el hospital Rosales, ubicaron a la joven que viajaba junto con Magaña y también dieron con el paradero de José Moya, que falleció a las 8:00 de la noche de ese mismo sábado. Para ese momento la Policía ya había informado en su cuenta de Twitter que el funcionario sería presentado a la Asamblea Legislativa, cuando en realidad estaba internado en un  hospital en Ahuachapán.

La Fiscalía ya había denunciado la falta de colaboración de la Policía y por ello ordenó una investigación de oficio para obligar a la institución que colabore con el caso. De hecho, en documento de ante juicio, la Fiscalía denuncia que la falta de compromiso por parte de la PNC se perdieron elementos probatorios para acusar a Magaña de los delitos de conducción peligrosa de vehículos automotores y tenencia portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego. “Dentro de las falencias más relevantes del actuar de la Policía encontramos que se recibieron varias llamadas desde las 5:00 de la mañana y hasta las 7:19 enviaron a un equipo para que se haga presente en el lugar de los hechos. La falta de fijación del arma de fuego propiedad del diputado y dos botellas de licor de jengibre que se encontraban en el vehículo”.

A pesar que la Policía ubicó a Magaña, no le practicaron un examen toxicológico para determinar si manejaba bajo los efectos del alcohol o drogas. Incluso, la Fiscalía pidió al día siguiente que le practicarán los exámenes pero la jueza de Paz de Ahuachapán se opuso a realizarlo porque se trata de un diputado. Fue hasta diez días después que, por orden de la Cámara de lo Penal Occidente, el Instituto de Medicina Legal realizó esos exámenes. Según una nota de La Prensa Gráfica, el resultado dio negativo.

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