El Salvador / política

Hacienda retrasa pago de salarios de más de 13 mil empleados públicos

Dos Órganos de Estado se han quejado del retraso en la tranferencia de fondos fundamentales de su gasto corriente: los salarios de más de 13,000 empleados públicos. Expertos en asuntos fiscales dicen que no hay información fidedigna para concluir que es por una decisión política del gobierno o, como lo afirma el ministro de Hacienda, por falta de recursos. El ministro de Hacienda dice que el depósito para los empleados del Órgano Judicial se realizará este 28 de septiembre, pero aún no tiene fecha para las tranferencia al Órgano Legislativo.


Lunes, 28 de septiembre de 2020
Gabriela Cáceres y Roxana Lazo

El Ministerio de Hacienda ha retenido los salarios del mes de septiembre de 2,507 empleados de la Asamblea Legislativa y 10,715 trabajadores de la Corte Suprema de Justicia, de los Juzgados de todo el país y del Instituto de Medicina Legal. El pago de planillas en esas instancias del Estado se realiza, normalmente, entre el 18 y 24 de cada mes, pero la falta de transferencias de fondos ha provocado que miles de empleados no reciban sus salarios.

Mientras los partidos de oposición señalan que no hay argumentos técnicos que justifiquen el no pago, y que en realidad el retraso apunta a un ataque político del Gobierno Bukele, la explicación del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, es que las arcas del fisco no tienen fondos suficientes para realizar el depósito del mes de septiembre. Además, el funcionario culpa del atraso en las tranferencias, único en la historia reciente del país, a la Asamblea. “No es nuestra culpa. Es culpa de ellos (diputados) que no asignan fondos”, dijo el jueves 24. Al siguiente día, el viernes 25, el ministro Zelaya aclaró que ya había ordenado la transferencia para que el pago en el Órgano Judicial sea efectivo a partir del 28 de septiembre. Sobre los empleados del Órgano Legislativo no dio fecha estimada: “para pagos para la Asamblea Legislativa no tenemos fondos, vamos a seguir esperando hasta recaudarlo”, dijo en declaraciones publicadas por el noticiero TVX.  

Ricardo Castaneda, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), sostiene que ante el desconocimiento de los flujos de caja del Estado  “no podemos  aseverar si no hay recursos o es una decisión política”. Sin embargo, con la colocación de los 645 millones en CETES -Certificados del Tesoro-  que el gobierno acaba de hacer este lunes, Castaneda afirma que “ya podrían transferir esos recursos y hacer los pagos a empleados”.

Este año, la Asamblea incluyó  214.07 millones de dólares para cubrir el pago de salarios de los 13,222 empleados: 174.8  millones para la CSJ y 39.27 millones para la Asamblea, según la Ley de Presupuesto 2020 publicada en Diario Oficial. Según la ley vigente, cada mes, deben destinarse 17.8 millones de dólares para el pago de planillas. 

El diputado de Arena, Julio Fabian,  miembro de la Comisión de Hacienda, explica que el pago de salario de 2020 fue aprobado el año pasado y cree que es una  “excusa” del Ministro de Hacienda para justificarse. “El salario se aprobó el año pasado es una excusa para no pagarlo”, dijo Fabian a El Faro. Alberto Romero, de Arena, que ha estado en el órgano Legislativo desde el 2000, afirma que “nunca había habido atraso en el pago de salarios” 

El ministro de Hacienda ha sido llamado en dos ocasiones a explicar el uso de fondos de la emergencia y mantiene una abierta disputa con los diputados. Para el ministro de Hacienda, la prioridad son los empleados del Ejecutivo y ha llegado afirmar que el resto de empleados de los otros dos Órganos deben tener paciencia porque “están en sus oficinas cómodamente sentados”.  La prioridad, insiste, serán los trabajadores de la Policía, Fuerza Armada y del Ministerio de Salud. 

En la Asamblea Legislativa sigue la incertidumbre sobre cuándo Hacienda hará el depósito, que debió estar listo entre el 18 y 20 de septiembre y que afecta a más de 2,500 empleados. Diputados y asesores de diferentes partidos políticos, que hablaron bajo condición de anonimato,  coinciden en que, antes que saliera el ex ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, los pagos se hacían en las fechas establecidas. 

Sin embargo, con el cambio de gestión,  Alejandro Zelaya comenzó a retrasar los pagos. Rafael Lemus, asesor de Arena, afirma que “antes la fecha exacta era 18 de cada mes, cuando estaba Nelson Fuentes. Desde que asumió el nuevo ministro los pagos han cambiado”. Otra fuente que pidió que su nombre no sea mencionado en este artículo dijo que “el otro ministro (Fuentes) por más conflictuado que estuviera con la Asamblea Legislativa, al menos pagaba a tiempo.”, dice.

Para Yanci Urbina, del FMLN, que pertenece a la Comisión de Hacienda, afirma que los préstamos que están pendientes por aprobarse no tienen relación con el pago de salarios. “Los préstamos son destinados para Agricultura, Salud y Fomoprid, y no considera el pago de salarios”. Urbina agrega que si el gobierno ha hecho uso de los fondos de los salarios de los empleados para otros fines “estamos frente al cometimiento de un delito”. 

En el Órgano Judicial la situación es igual. El miércoles 23 debía ser depositado el salario a los 10,715 empleados, pero por medio de un cartel que estaba colocado en la pagaduría (y el que circuló en redes sociales) se enteraron que el Ministerio de Hacienda “no ha señalado fecha del desembolso, para hacer efectivo el pago de los salarios correspondientes al mes de septiembre de 2020”.

Algunos trabajadores del Órgano Judicial, ligados al Sindicato de Empleadas y Empleados Judiciales de El Salvador (SEJES 30 de Junio), se manifestaron pacíficamente en las instalaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez en San Salvador, el viernes 25 de septiembre. Le pidieron al presidente Nayib Bukele que autoriza el pago del mes  y  dejara “el revanchismo político a un lado, porque los platos rotos no tenemos porqué pagarlos los trabajadores que vivimos día a día con nuestro salario', dijo el secretario general del Sindicato Estanley Quinteros.

En mayo de este año, cuando la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional el  decreto ejecutivo 18,  con el cual el Gobierno aplicaba un estado de emergencia sin aval del legislativo para poder saltarse la Ley de Adquisiciones y Contrataciones (LACAP) para compras durante la pandemia, el Gobierno amenazó con recortar los salarios en el Estado para compensar una supuesta falta de recursos. Los magistrados informaron en la resolución que era improcedente porque un ley de emergencia necesita aval de la Asamblea Legislativa. Esa decisión hizo que Bukele amenazara con dejar de pagar salarios a los empleados cuando no tuvieran dinero para atender las necesidades de la población. 'No vamos a hacer transferencias al Órganos Judicial, no vamos a hacer transferencias a la Sala”, amenazó Bukele el 18 de mayo.

El Diario de Hoy reveló que el entonces ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, contrarió el discurso del Ejecutivo de que no había recursos para pagar salarios de la Asamblea y llevó a cabo la transferencia. El cargo de Fuentes estuvo en vilo desde entonces hasta que el 28 de julio renunció y fue sustituido por Alejandro Zelaya, fundador del partido Nuevas Ideas, funcionario que está bajo investigación de la Fiscalía por su nexos con la empresa SYGM Asesores, S. A. de C. V., que vendió al Ministerio de Salud protectores faciales en $750,000 durante la emergencia por Covid-19.

El Ministerio de Hacienda también adeuda, desde hace cuatro meses, el Fondo de desarrollo económico y social de los municipios (FODES). Empleados de diferentes alcaldías marcharon hacia las instalaciones de Hacienda, el jueves 24 de septiembre.

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