Imprimir

Orteguismo crea aparato censor que perseguirá con cárcel las "noticias falsas"

AFP/Confidencial

El Congreso de Nicaragua, dominado por el FSLN, aprobó una ley que faculta al Ministerio de Gobernación, a la Policía y a la estatal Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (TELCOR) para que investiguen y persigan "noticias falsas" en medios de comunicación y aplicaciones informáticas que producen, reproducen y transmiten gráficos y textos. Legisladores oficialistas justificaron la "Ley mordaza" señalando a los medios de comunicación críticos e independientes: "se les acabó el negocio a los mentirosos", dijeron.

ElFaro.net / Publicado el 28 de Octubre de 2020

El congreso de Nicaragua aprobó este martes una ley de ciberdelitos, bautizada por la oposición como ley "mordaza", que castiga con cárcel a las personas y entidades que el Gobierno considere difundan "noticias falsas" en las redes sociales o medios de comunicación.

La cuestionada iniciativa fue aprobada con 70 votos a favor, todos de diputados del gobernante Frente Sandinista (FSLN, izquierda), y 16 en contra de la oposición, que denunció una intención de perseguir a los adversarios del presidente Daniel Ortega con la ley.

"Se les acabó el negocio a los mentirosos, a los que son parte de la industria de las mentiras en la redes sociales, a los que crean y difundan falsas noticias creando alarma, temor y zozobra, afectando la estabilidad económica, el orden público", sentenció en el debate el diputado oficialista Emilio López.

El texto señala que la "propagación de noticias falsas" será sancionada con dos a cuatro años de prisión. Si la "información tergiversada" perjudica el honor de una persona y su familia, la pena será de uno a tres años de cárcel.

Mientras que las publicaciones que "incitan al odio y la violencia" recibirán de tres a cinco años de prisión.

La ley aprobada este martes faculta al Ministerio de Gobernación, la policía y a la estatal Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (TELCOR) a investigar y perseguir los delitos que sean cometidos por medios de comunicación y aplicaciones informáticas que producen, reproducen y transmiten gráficos y textos.

Los jueces aplicarán las sanciones que oscilan entre uno y ocho años de prisión para una amplia gama de delitos informáticos que el Estado estime afecten la seguridad nacional.

En el caso del delito de espionaje informático, la pena máxima es de 10 años.

Además de las noticias falsas, la ley también castiga el acoso en las redes sociales, la interferencia de datos, el fraude informático, la filtración de información pública reservada y la revelación de información personal sensible, entre otros.

Los jueces podrán autorizar a la policía intervenir y acceder el sistema de informático de los sospechosos y ordenar a los proveedores del servicio de internet grabar y facilitar datos del usuario que es investigado.

La ley se aplicará a quienes transgredan las normas dentro y fuera de Nicaragua, lo que según la oposición incluye a los exiliados que hacen campaña contra el gobierno, para lo cual el Estado recurriría a convenios de asistencia mutua.

"Ya nunca más al odio en redes sociales", dijo López, quien adelantó que "ya no se va a permitir que desde un programa de comunicación se llame al odio" o al "caos".

Advirtió que la ley se aplicaría, por ejemplo, en casos como los de quienes dijeron que se adelantarían las elecciones de 2021, en alusión a una de las demandas que hizo la oposición durante las protestas de 2018 para anticipar la salida de Ortega del gobierno y que nunca fue satisfecha.

López citó también el caso de quienes "dijeron que miles y miles de nicaragüenses estaban contagiados y miles habían muerto por causa del covid-19", en referencia a las cifras de organismos independientes que cuestionaron con datos la falta de transparencia sobre la pandemia en Nicaragua.

Un ciudano se manifiesta contra la retención de presos políticos en Nicaragua. Diciembre 12 de 2019. Foto de INTI OCON / AFP.
 
Un ciudano se manifiesta contra la retención de presos políticos en Nicaragua. Diciembre 12 de 2019. Foto de INTI OCON / AFP.

Contra la disidencia

La diputada Azucena Castillo, del derechista Partido Liberal Constitucionalista (PLC), denunció que la ley está "orientada a la oposición" y "viene a encender el clima de represión" que existe en el país desde las protestas antigubernamentales de 2018.

"Esta iniciativa tiene nombre y apellido: es para reprimir a quienes consideren que el gobierno está yendo por el camino equivocado", protestó también el jefe de la bancada del PLC, Maximino Rodríguez.

Según la oposición, la ley de ciberdelito, así como la ley de "agentes extranjeros", aprobada el pasado 15 de octubre por el parlamento, forman parte de un paquete de leyes que impulsa el gobierno de Ortega para controlar a sus adversarios políticos.

El martes 27, el medio Confidencial reveló que la Ley fue “consultada” únicamente con sectores afines al régimen orteguista, "principalmente los medios de propaganda, cajas de resonancia de los mensajes de Ortega y Murillo". La ley fue consultada con los magistrados Alba Luz Ramos y Marvin Aguilar, así como con la fiscal Ana Julia Guido, y la Procuradora General de la República, Wendy Carolina Morales Urbina, según dijeron fuentes afines al orteguismo a Confidencial. 

También "se consultó con miembros de la Policía Nacional, el Ejército de Nicaragua y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), aunque a ninguna de estas consultas se permitió el ingreso de los medios de comunicación independientes. En la lista de medios consultados sí figuran todos los de la propaganda orteguista: Canal 2, 4, 6, 8, 13, La Nueva Radio Ya, Radio La Primerísima, e incluyen en esta lista a la Red de Jóvenes Comunicadores y el Ministerio de Gobernación", reseña el medio.

Previo a la aprobación, un grupo de periodistas independientes citados por Confidencial cuestionaron la normativa y denunciaron que es atentatoria contra la libertad de prensa. “Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. El régimen apuesta a que nos callemos y hacer eso sería como aceptar que hemos cometimos alguna falta”, dijo a Confidencial Álvaro Navarro, director de Artículo 66.

La Ley entraría en vigencia 60 días después que sea publicada en La Gaceta, Diario Oficial, según lo que establecieron los diputados orteguistas en el artículo 48 de la misma.

Este artículo fue elaborado con información retomada de AFP y Confidencial.