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De la locura pandémica a la pandémica locura

Ruth Eleonora López

La fragilidad del sistema democrático no solo es evidente, sino que además está a prueba: o los órganos de control asumen su rol o atenderemos a la destrucción de la poca y desvalorada democracia que existe.
ElFaro.net / Publicado el 9 de Octubre de 2020

En El Salvador la pandemia se ha caracterizado por el uso de la fuerza. La primera demostración la vimos en los centros de contención, algunos en condiciones infrahumanas, a los que fueron a parar miles de salvadoreños a su llegada al país. No podemos olvidar, o al menos quienes estuvieron en esos lugares no lo harán, la limitación de sus derechos sin diagnósticos, sin pruebas, sin razones.

Además, hubo uso de la fuerza al enviar a miles a los centros de contagio por no poder “justificar” la razón de la salida de su domicilio. Los relatos recogidos en redes sociales y medios de comunicación dieron cuenta de hombres y mujeres que fueron detenidos al salir de un banco, de un mercado y hasta de un baño al que habían llevado a un hijo, ubicado en el exterior de la vivienda.

La fuerza igualmente estuvo presente en los cercos sanitarios, en los que sin criterios técnicos se militarizaron municipios. El caso del puerto de La Libertad fue tan emblemático que fue recogido por decenas de medios internacionales.

Esas demostraciones de fuerza también han significado abandono. Por un lado tenemos a los salvadoreños varados en el exterior y las vicisitudes que tuvieron que enfrentar por meses fuera de su hogar. Por el otro, el que vivieron miles de empleados del sector salud a los que no se les proveyeron los implementos necesarios de protección, lo que implicó que más de 50 médicos y más de 100 trabajadores del sector salud murieran contagiados con covid-19.

Asimismo, el gobierno del presidente que prometió no abandonar las personas de la tercera edad, fue el mismo que permitió que bajo su protección residentes del asilo Sara Zaldívar, que viven bajo una estricta cuarentena (porque nunca salen), resultaran contagiadas y fallecieran.

Los efectos de la covid-19 y la pandemia de la fuerza, según información del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, dejaron a 72 173 empleados del sector privado sin empleo formal (y muy probablemente tampoco informal), entre febrero y julio de 2020. Aunque sí hubo un incremento en el sector público en 856 trabajadores. Hasta ahora, los sectores más afectados han sido la industria manufacturera y otras actividades industriales con 19 006 empleos menos (10 %), construcción con 6081 (22.4 %) y comercio, restaurantes y hoteles 24 527 (-11.8 %).

Estos trabajadores que dejaron de ser reportados impactan en que el ISSS deje de recaudar alrededor de 5 millones de dólares mensuales. Pero lo peor en tiempos como estos es que cada uno de esos empleados usualmente tiene beneficiarios (padres, cónyuges o hijos hasta de 12 años) que tampoco recibirán servicios de salud.

En medio de este panorama, la respuesta gubernamental ha sido otra demostración de fuerza para imponer la opacidad. Durante el periodo de la pandemia se generó un vacío de acceso a la información pública, especialmente ante la suspensión de plazos, lo que ha tenido graves consecuencias para la contraloría ciudadana. La sociedad civil organizada y los medios de comunicación han tenido un papel relevante, impidiendo que tales limitaciones le ganen a la transparencia.

Además, de manera paralela ha habido reiterados intentos por parte del Ejecutivo para intervenir en el control que desde el Instituto de Acceso a la información se ejerce. El IAIP es una de las instituciones de control horizontal sobre el Ejecutivo (entre otros órganos del Estado). Es decir esta institución vigila el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información y tiene capacidad de sanción sobre aquellos funcionarios que deciden violentarla.

Esa incómoda vigilancia sobre información que por ley debe estar disponible ha llevado a que el Ejecutivo pretenda, forzando los procesos de elección, desembarazarse de la herramienta que permita a la ciudadanía conocerle las entrañas. En ese sentido no deben extrañar los tres procesos (hasta ahora uno fallido y dos bajo revisión judicial) para lograr el control en la toma de decisiones del pleno del IAIP.

Otro elemento que evidencia la imposición y abuso del aparato gubernamental es el excesivo uso de la propaganda como mecanismo de posicionamiento y de la búsqueda permanente de ejes de ataques y descrédito contra instituciones que la Presidencia considera adversarios, que en no pocas ocasiones funcionan únicamente como “llamarada de tusa” para llenar de humo el ambiente.

 

Sin embargo, la debilidad institucional nos pasa factura. Nada de esto sería lo suficientemente grave para trastocar el sistema político si no fuera por la pasividad y el incumplimiento de funciones de casi todas las instituciones de control (Corte de Cuentas, Fiscalía, Tribunal Supremo Electoral, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos), y hasta la misma Sala de lo Constitucional, que no están preparadas para hacer frente al irrespeto sistemático a las reglas que hacen el presidente y sus funcionarios.

 

Estamos ante un gobierno que abusa de manera permanente de la fuerza pública y ha desnaturalizado del rol del Ejército fijado en los Acuerdos de Paz; un país donde el control territorial sigue estando en manos de las pandillas, mediado nuevamente a través de un pacto gubernamental con estas.

En adición a todas las expresiones de fuerza expuestas, hay una muy singular por el silencio con el que actúa: el alto nivel de despliegue mediático y la pauta pagada con fondos públicos, aun cuando en sentencia dictada por la Sala los magistrados consideraron que el rubro de publicidad no es un servicio esencial para la población, sino que es superfluo y oneroso y que, en todo caso, podría canalizarse a través de los medios de comunicación oficial existentes.

Además, en la sentencia pronunciada en proceso de Amparo 713-2015, la Sala consideró que los gastos de publicidad debían limitarse a lo estrictamente necesario. La gran paradoja gubernamental es que, aun regodeándose de ser una de las gestiones con mayores niveles de aprobación, son los que parecen más necesitados de campañas propagandísticas. 

El presupuesto para 2021 incluye millones de dólares para publicidad, mientras que las asignaciones presupuestarias de las instituciones que ejercen el control (CCR, IAIP, TEG, PGR, PDDH y TSE) han sido disminuidas entre $100 000 y $600 000. Esta contradicción podría hacer fácilmente cuestionable el presupuesto en sede constitucional.

Este gobierno nos ha devuelto al período de Antonio Saca (ahora condenado por corrupción) cuando la comunicación gubernamental era el centro del ejercicio público. Esto ha permitido que por años se utilice la pauta gubernamental como extorsión para controlar los contenidos de los medios. A esto hay que sumar el manejo gubernamental de muchos medios de comunicación que están bajo el régimen de administración de bienes cautelados de conformidad con la Ley de Extinción de Dominio, y el financiamiento irregular y la promoción de las publicaciones de decenas de páginas en Facebook y de perfiles que amenazan, incluso, la vida de periodistas y de defensores de derechos humanos.

También ha habido espacio para imponer una nueva moda: la desobediencia del Ejecutivo a las órdenes de las instituciones de control. Entre los ejemplos más recientes tenemos al director de la PNC que desobedece a la Fiscalía General de la República y a la Asamblea Legislativa; el ministro de Defensa al Órgano Judicial; y el ministro de Hacienda y el de Salud a la misma Constitución y a la ley.

La fragilidad del sistema democrático no solo es evidente, sino que además está a prueba: o los órganos de control asumen su rol o atenderemos a la destrucción de la poca y desvalorada democracia que existe.

Dicen que el hubiera no existe, pero no puedo evitar preguntarme qué hubiera pasado sin pandemia. ¿Habría el Ejecutivo dado un golpe violento a las instituciones del Estado como continuación de su primer gran demostración de fuerza el 9F? ¿Nos salvó, acaso, la locura pandémica de la pandémica locura?

Ruth Eleonora López es abogada, máster en Derecho Electoral por las Universidades de Castilla La Mancha y Valencia y en Derecho Societario por la Universidad de Barcelona. Cursó sus estudios de pregrado y una  especialización en Asesoría Jurídica  en la Universidad de La Habana. Fue asesora jurídica de la presidencia del TSE y de la Dirección General del ISSS. Actualmente es consultora y parte del cuerpo docente de la UCA. 
 
Ruth Eleonora López es abogada, máster en Derecho Electoral por las Universidades de Castilla La Mancha y Valencia y en Derecho Societario por la Universidad de Barcelona. Cursó sus estudios de pregrado y una  especialización en Asesoría Jurídica  en la Universidad de La Habana. Fue asesora jurídica de la presidencia del TSE y de la Dirección General del ISSS. Actualmente es consultora y parte del cuerpo docente de la UCA.