Trabajo cierra oficinas de Corte de Cuentas que fiscalizan $500 millones en gastos por Covid-19

El 30 de octubre, al mediodía, inspectores del Ministerio de Trabajo ordenaron el cierre temporal de dos -de siete- direcciones de auditoría de la Corte de Cuentas por supuestos incumplimientos en las medidas de bioseguridad para proteger a los empleados de contagios de Covid-19, según confirmó a El Faro el presidente de la Corte de Cuentas, Roberto Anzora, y tres empleados de la institución. El cierre afecta a las direcciones que auditan al Ministerio de Hacienda y a Presidencia de la República: la dirección uno y la dos. La uno está por concluir una autoría a las donaciones nacionales e internacionales recibidas por el Órgano Ejecutivo durante la emergencia por el Covid-19 y la dos está terminando el examen especial al manejo de 450 millones de dólares para la entrega de $300 a hogares vulnerables a inicios de marzo.

El cierre sucede dos días después de que la Corte de Cuentas anunció dos auditorías más al Ministerio de Hacienda. El miércoles 28 de octubre, la Corte de Cuentas compartió avances, durante una conferencia de prensa, de dos auditorías, una sobre los 5 meses de fondos adeudados a las alcaldías y la segunda sobre la negativa del gobierno a transferir 75 millones de 250 millones de un préstamo suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Ese día los alcaldes organizaron una masiva protesta dirigida hacia las oficinas de Hacienda para exigir que el gobierno haga los desembolsos.

Consultado sobre si el cierre de las direcciones de auditoría puede tener motivaciones políticas, el presidente de la Corte de Cuentas respondió con prudencia, pero abrió la puerta a la sospecha. “No podría asegurar eso, pero es curioso que se trate de esas dos direcciones que están a cargo de esas acciones de control”, contestó. El Faro le preguntó si los auditores que concluyeron la recolección de información iban a poder trabajar la redacción de los borradores de informes y los informes finales de auditoría desde sus casas o si (por protección de la información que consta en el archivo de la CCR) están poniendo pausa a esas actividades. "Ya habilitamos un espacio que reúne las condiciones para que continúen sus labores. No obstante (hemos pedido) que ellos trabajen en las sedes donde están auditando", comentó Anzora quien además dice que las oficinas cerradas, a su criterio, sí reúnen las condiciones adecuadas.

La auditoría al Ministerio de Hacienda surgió tras una denuncia de la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (Comures) a la falta de pago del Fodes (Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador) y tras la negativa del Ejecutivo a desembolsar fondos de préstamos. Los auditores están en la fase de planificación, pero ya compartieron algunos hallazgos con los magistrados tras revisar los decretos legislativos con las asignaciones presupuestarias para las municipalidades. Además ya pidieron información al Banco Central de Reserva sobre si los fondos están en las cuentas correspondientes y también trasladaron consultas al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que respondió que desde agosto están disponibles los fondos.

“Los auditores han pedido documentación de la disponibilidad presupuestaria de los fondos al BID y ya nos contestó que los fondos están disponibles desde agosto del presente año. La dirección de auditoría correspondiente ha pedido algunas opiniones jurídicas de cuáles son las posibles conductas que la CCR puede ir estableciendo a partir de estos hechos”, dijo Anzora durante una conferencia de prensa del miércoles 28 de octubre.

Dos días después, el viernes -al mediodía- circuló un audio del secretario del Sindicato de Trabajadores de la Corte de Cuentas (Sitcorr), Francisco Ayala, en el que anunciaba el cierre. "Este día hemos visto que clausuraron la dirección uno y dos por parte del Ministerio de Trabajo. Los empleados de las dos direcciones guarden bien sus cosas porque es un cierre temporal. El sindicato los estará vigilando y denunciando", dice Ayala en el audio.

El presidente de la Corte de Cuentas, Roberto Anzora, confirmó a El Faro que el Ministerio de Trabajo llevó a cabo una inspección para verificar las condiciones de seguridad y salud ocupacional de la institución: iluminación, señalización de seguridad, peligros de alto voltaje, lámparas de emergencia, extintores de incendio, limpieza y desinfección de las instalaciones. Dijo que el informe arrojó algunas condiciones que deben mejorar y que un equipo ya está trabajando para establecer acciones correctivas, pero mientras tanto la dirección de auditoría uno y dos van a estar cerradas.

“La dirección uno, que lleva la auditoría al Ministerio de Hacienda, y la dos, que ejecuta la relacionada a la distribución de los $300, están cerradas mientras hacemos las correcciones”, dijo Anzora. El magistrado presidente dijo que la dirección administrativa está haciendo los procedimientos para solventar hoy los problemas detectados, aunque no precisó cuándo va a normalizarse la jornada laboral de esas dos direcciones. “Tenemos aprobado un plan de bioseguridad para la protección del talento humano. Debo aclarar que no se suspenden ni afectan las labores de fiscalización que están realizando en dichas instituciones, porque los equipo de auditores están instalados en las entidades sujetas de control”.

Anzora adelantó que la auditoría a las donaciones nacionales e internacionales, por $45 millones de dólares, lleva un avance del 85% y que para el caso de la auditoría de los $300 llevan un avance de 80%. "En este momento se está elaborando un borrador de informe que será presentado posteriormente", dijo.

La dirección dos, que fiscaliza el uso del Fondo de Mitigación y Prevención de Desastres (Fopromid) para la entrega de $300 a hogares vulnerables, había adelantado el 26 de mayo información sobre algunos hallazgos en proceso de construcción: los auditores no encontraron una justificación a cómo el gobierno seleccionó a 100,000 hogares, una asignación de 30 millones de dólares. Ese programa nació el 27 de marzo cuando el presidente Nayib Bukele anunció en cadena nacional la creación de un programa de subsidios para 1.5 millones de familias afectadas por la cuarentena, 450 millones de dólares. El informe, del 26 de mayo, concluyó de manera preliminar que a la fecha habían sido beneficiarios del bono 1,200,000 personas y habían sido desembolsados $350 millones de dólares.

La donaciones están bajo revisión por la dirección uno, que realiza el "Examen Especial al proceso de recepción, administración y distribución de las donaciones nacionales e internacionales para atender la emergencia generada por la pandemia del Covid-19, ejecutado por la Secretaría de Proyectos Estratégicos de la Presidencia de la República, el Ministerio de la Defensa, el Ministerio de Salud, Obras Públicas y por la Dirección Nacional de Medicamentos del 1 de enero al 30 de abril de 2020”.

Obras Públicas ha manejado donaciones por equipo de protección para los empleados, combustible, materiales y servicios de construcción por un monto de $208,785.12, los cuales fueron entregados por parte de donantes nacionales. La Embajada de China donó material e instrumental médico de manera directa al Ministerio de Salud y el control de lo donado lo llevó la Dirección Nacional de Medicamentos, que autorizó su ingreso al país. La DNM ha reportado donaciones de medicamentos y productos afines por $662,458.81.

Los auditores también están verificado información del Comité Técnico Sectorial-Logísticos, en el almacén CEL, donde el gobierno ha llevado el inventario de los productos recibidos y distribuidos a los Centros de Contención: productos de limpieza, higiene personal, alimentos, agua embotellada, colchonetas, algunos equipos electrodomésticos e insumos médicos, que al 30 de abril tenían un valor de $1,126,844.10. Relaciones Exteriores recibió $43,000,990 que fueron canalizados al Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid) y el detalle del gasto está siendo revisado en coordinación con la dirección de auditoría tres.

Una fuente interna del área jurisdiccional que habló bajo condición de anonimato, porque el Reglamento de la CCR les prohíbe dar declaraciones, advirtió que las caducidades pueden generar problemas al personal de la CCR, porque hay casos que pueden estar por cumplir los 5 años de plazo que tienen los auditores para suscribir un informe final. Son las auditorías que iniciaron en noviembre y diciembre de 2015 las próximas a prescribir. "El cierre puede beneficiar a los auditados y puede generar responsabilidades administrativas y hasta penales para los auditores si los casos prescriben", advirtió.

El viernes 30 de octubre, El Faro buscó la versión del ministro de Trabajo, Rolando Castro, a través de llamadas a la oficina de comunicaciones y correos al jefe de prensa de la institución. También se buscó la versión de la oficina de prensa del Ministerio de Salud, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.