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El gobierno mexicano debe proteger a la prensa, no vulnerarla

Duncan Tucker

Funcionarios públicos fueron responsables en México por 199 de las 406 agresiones contra periodistas y medios registrados durante el primer semestre de 2020; la política y la corrupción resultaron los temas más peligrosos para cubrir.
ElFaro.net / Publicado el 16 de Noviembre de 2020

El lunes 9 de noviembre fue un día triste para el periodismo en México.

Esa mañana, el reportero Israel Vázquez Rangel estaba investigando una escena de crimen en Salamanca, una pequeña ciudad industrial en el estado central de Guanajuato, cuando hombres armados llegaron y le dispararon al menos cinco veces. Falleció en un hospital horas después.

Luego, esa noche, policías en la ciudad turística de Cancún abrieron fuego para dispersar una manifestación contra los altos índices de feminicidios que asolan el país. Dos periodistas sufrieron heridas de bala y los policías golpearon a otros dos durante la represión de la protesta.

El periodismo en México ha vivido demasiados días tristes. Tan solo en los 11 días antes de la muerte de Israel, otros dos periodistas fueron asesinados. La noche de 29 de octubre, Arturo Alba Medina, conductor de un noticiero en Ciudad Juárez, murió luego de que le dispararan al menos 10 veces mientras conducía a su casa. Cinco días después, al reportero Jesús Alfonso Piñuelas le dispararon mientras iba a bordo de una motocicleta en el estado norteño de Sonora y murió al instante. 

Los tres periodistas fallecidos se suman a otros 135 colegas suyos que han sido asesinados en México desde el año 2000, según la organización no gubernamental Artículo 19. Las autoridades mexicanas han logrado algunas condenas este año en los casos emblemáticos de Javier Valdez y Miroslava Breach, quienes fueron asesinados en 2017, pero la gran mayoría siguen impunes. Este círculo vicioso de impunidad y violencia ha convertido a México en uno de los países más letales del mundo para quienes ejercen el periodismo.

Por supuesto este problema ha existido desde mucho antes del mandato del gobierno actual, pero esto no lo absuelve de su obligación de proteger a las y los periodistas y garantizar sus derechos a la vida y la libertad de expresión. Sin embargo, en vez de tomar medidas urgentes y contundentes para que puedan realizar sus labores en un ambiente libre de violencia, el gobierno les coloca en contextos de mayor vulneración. Con el fin de destinar más recursos a combatir la pandemia de covid-19, el 21 de octubre el Congreso mexicano aprobó la eliminación de 109 fideicomisos independientes que distribuían recursos públicos para una amplia gama de causas, desde investigación científica hasta apoyo en caso de desastres naturales. Entre los fideicomisos extintos está el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Este fondo financiaba las medidas de protección para más de 400 periodistas y casi 900 personas defensoras, quienes se encuentran bajo amenaza, permitiéndoles tener acceso a escoltas, teléfonos satelitales, botones de pánico, autos blindados y casa seguras. Si bien desde Amnistía Internacional hemos documentado que estas medidas son imperfectas y a veces insuficientes, el gobierno debe tener mucho cuidado en no debilitar aún más las que ya existen. Al contrario, debe fortalecerlas en consulta con las personas defensoras y periodistas que necesitan protección.

Ahora, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas enfrenta un futuro incierto. Dependerá directamente de la Secretaría de Gobernación para financiar las medidas de protección, pero, como ha advertido Jan-Albert Hootsen, representante del Comité para la Protección de Periodistas en México, sin la supervisión de un fideicomiso autónomo e independiente, los fondos para estas medidas “pueden ser susceptibles a los caprichos políticos y el tráfico de influencias”.

Además del riesgo que conlleva la desaparición de los fideicomisos, varios altos mandatarios de México han agredido verbalmente a la prensa. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha atacado a ciertos medios de manera consistente durante sus conferencias de prensa mañaneras, estigmatizando a periodistas y exponiéndoles al acoso y amenazas. Estos actos los hemos visto también de los gobernadores en estados como Jalisco, Puebla y Baja California.

De acuerdo con un estudio de Artículo 19, funcionarios públicos fueron responsables por 199 de las 406 agresiones contra periodistas y medios registrados durante el primer semestre del año, y la política y la corrupción resultaron los temas más peligrosos para cubrir. Estas agresiones han variado desde hostigamiento y ataques cibernéticos hasta desplazamientos y asesinatos. De enero a junio se registró un 45 % más de agresiones que en el mismo período de 2019, equivalente a un ataque contra la prensa cada 11 horas. De seguir así, 2020 será el año con más agresiones contra la prensa en la última década. Este panorama perturbador fomenta la autocensura y tiene graves implicaciones para la libertad de prensa, el derecho a la información y la rendición de cuentas en México.

El gobierno debe dejar de tratar a la prensa como un enemigo. Si de verdad le importan los derechos humanos, reconocerá la importancia y legitimidad de la labor de las y los periodistas y tomará acciones prontas, concretas y efectivas para que puedan trabajar sin temor a represalias.

Duncan Tucker es el jefe de prensa para las Américas de Amnistía Internacional.
 
Duncan Tucker es el jefe de prensa para las Américas de Amnistía Internacional.