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La imagen como estrategia central de la Presidencia

Héctor Dada Hirezi

No importa que la gran mayoría de los ciudadanos no hayan visto al presidente nunca, que comparta pocas veces con el pueblo, que nunca exprese una idea orientadora o una política definida; la propaganda lo presentará trabajando incansablemente.
ElFaro.net / Publicado el 30 de Noviembre de 2020

La política ya no es así una discusión sana sobre proyectos a largo plazo
para el desarrollo de todos y el bien común,
sino sólo recetas inmediatistas de marketing que encuentran
en la destrucción del otro el recurso más eficaz. 

Walmor Oliveira de Azevedo, Presidente de la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil

En mis lejanas niñez y adolescencia corría un dicho que he recordado estos últimos días: "El ladrón juzga por su condición". Esto le decían a uno los allegados o los parientes cuando hacía acusaciones infundadas contra otra persona, que no era más que la versión coloquial de una famosa frase del Evangelio: "No veas la paja en el ojo ajeno mientras tienes una viga en el propio".

Recientemente, el presidente de la República Nayib Bukele arremetió contra el fiscal general acusándolo de estar en campaña electoral por haber iniciado procesos legales contra funcionarios de gobierno, dadas las fundadas sospechas de haber cometido defraudación al fisco o haber violado normas legales y constitucionales. 

En verdad, quien está en campaña electoral permanente es el Órgano Ejecutivo. No es extraño que, mientras eliminaba la Secretaría Técnica y de Planificación, encargada de los planes de gobierno y la coordinación de la acción del Ejecutivo para implementar políticas públicas, adicionó una Secretaría de Prensa a la ya existente Secretaría de Comunicaciones, y se ha llenado de nuevos funcionarios encargados de controlar la presencia pública de ministros y jefes de autónomas, así como de mantener una miríada de supuestos medios de comunicación y cuentas de redes sociales para elevar la imagen del presidente, y difamar y calumniar a quienes discrepan con la línea de acción del Gobierno o señalan sus carencias. Violentan así lo que es un derecho natural de los ciudadanos y desconocen que las diferencias son buena parte de la riqueza de la vida política y social. 

La única área de este Gobierno en la que hay programación es en la de la comunicación. De lo que se trata es de debilitar la capacidad de la oposición política y los grupos sociales para contrarrestar la marcha hacia la toma completa del poder del Estado por una familia y sus adláteres, a la vez que se obtiene la adhesión de la población. Así, mientras se utiliza patrimonialmente el poder sin los controles institucionales de una democracia, se pretende “legitimar” su poder con un elemento necesario pero no suficiente de la democracia: la adhesión de la mayoría. Lo que se comunica, lo mucho que se deja de comunicar, cómo se comunica, el ataque del día, la distracción indispensable para desviar la atención de errores notables, los insultos – que a veces rayan en la más chocante vulgaridad – que se dirigen a los críticos o a personas e instituciones que se considera necesario destruir, etcétera, todo es programado, pensado por un equipo bien remunerado y con todos los recursos que requiera, y ,además, apoyado por un ejército de profesionales venezolanos que conducen las líneas matrices de esta acción contra la institucionalidad y el estado de derecho en el país.

Es obvio que, para que esta estrategia funcione, es indispensable acallar al periodismo libre que puede cuestionar los desmanes del clan gobernante o controlar instituciones como el Instituto de Acceso a la Información Pública para poder negar la información que pueda descubrir sus malos manejos. Y no puede ignorarse el papel que hacen jugar a la PNC y a la Fuerza Armada en sus planes de control del poder.

No es nueva esta manera de actuar del clan gobernante. Ya desde que lograron utilizar como instrumento al FMLN, con el acompañamiento de Cambio Democrático, para ganar el gobierno del pequeño municipio de Nuevo Cuscatlán – en buena parte el mismo grupo que ahora ocupa los cargos decisivos – su línea básica fue el privilegio de la propaganda, de la presentación real o supuesta de obras “nunca vistas” en la localidad, pero que no responden ni a una programación de desarrollo ni a una visión de sostenibilidad en el mediano plazo. Esa misma política fue llevada a San Salvador. 

No puede decirse que alguna de las obras no sea positiva para el municipio en cuestión, sino sólo que más que responder a una visión de desarrollo responde a una visión de los efectos mediáticos que pueda tener lo que se hace, y la base que puedan dar para utilizar la reacción positiva de una buena parte de la población para tener la “justificación” de arremeter con fuerza contra cualquier crítica. Como dice la cita de las palabras de monseñor Oliveira de Azevedo que encabezan estas líneas, estamos en presencia de “recetas inmediatistas de marketing que encuentran en la destrucción del otro el recurso más eficaz”. Y hay que agregar, como dice el reconocido chileno José Joaquín Bruner, que “los intelectuales arrimados al líder populista (yo prefiero la palabra demagogo, pero dejo la de Bruner) juegan un papel esencial usando su imaginación para transformar al jefe en una figura extraordinaria”. No importa que la gran mayoría de los ciudadanos no lo hayan visto nunca, que salga pocas veces a compartir con el pueblo, que nunca exprese una idea orientadora o una política definida, pues la propaganda lo presentará como trabajando incansablemente por servir al pueblo y como si condujera al país en un derrotero de bienestar y felicidad nunca visto. 

El método no se ha inventado en El Salvador ni es nuevo, aunque los instrumentos mediáticos con los que se ejecuta hayan sido transformados; y la experiencia de varios países hermanos puede mostrarnos cómo, al final, la mayoría de la población sufre por el empeoramiento de sus condiciones de vida y por la falta de libertad y de seguridad jurídica que se crea.      

En este contexto es poco adecuado atribuir a la carencia de asesores capaces, o a la inexperiencia, muchas de las “fallas” que se atribuyen al Gobierno. Pueden tener ministros que no tengan idea del campo en el que deben actuar, pero en esta administración eso no es problema. Los ministros no tienen nada sobre lo que reflexionar o proponer – las excepciones confirman la regla – dado que no se les permite ejercer el carácter deliberante y corresponsable de las decisiones del Ejecutivo que les atribuye la vilipendiada y violada Constitución política de la República. Como dijo uno de ellos: son ministros de terreno 24/7; no son funcionarios responsables de programar y coordinar políticas públicas, sino simples ejecutores de órdenes decididas en tanto cuanto puedan dar réditos de imagen. Es más importante salir enlodado en la fotografía que toman los numerosos camarógrafos acompañantes que dedicarse a coordinar la acción de la organización compleja de protección civil que costó tanto construir, y que tan buenos resultados tuvo en el pasado; esto no solo es contrario a la lógica mediática - ¡otros pueden salir en la foto y les quitan la exclusividad de la escena! – sino que consolidaría la institucionalidad (gobernaciones, municipalidades, organizaciones territoriales) que este Gobierno desprecia. 

La imagen a proyectar es la del líder mesiánico y sus servidores incondicionales, que saben cómo resolver los problemas de la gente, que son la encarnación de sus demandas e intereses. Además, permitir la participación de los “otros” obstaculizaría la generación de seguidores que, como dice Bruner, “son reclutados clientelarmente (mientras conforman) nuevas redes de poder que pueden ser de carácter familiar o nepótico, (…) patrimonial, basado en negocios y favores (…)”.

La última muestra de que esto es así la tenemos a la mano. En los últimos días el objetivo ha sido desprestigiar al Tribunal Supremo Electoral. Se presentan planillas de candidatos que no llenan los requisitos legales, o se elaboran mal los documentos a presentar, de manera que al ser observados y dar el espacio legal para su revisión al partido oficial, se obtiene como respuesta la acusación de que se hace fraude contra “el pueblo”, de que se quiere obstaculizar la participación electoral de ciudadanos que van a salvar al país siendo obedientes al dirigente mesiánico. O sea, se obliga a las autoridades electorales a que rechacen documentos inaceptables jurídicamente para poder mostrarse como víctimas de un complot de los “mismos de siempre”. Cuesta aceptar que un partido que cuenta entre sus personajes notables a un expresidente del TSE y a un exmagistrado de ese tribunal, que lo hicieron en representación de “los mismos de siempre”, presente candidatos que no cumplen con los requisitos de ley o que cometa “errores” tan gruesos en documentos tan importantes; y esos dirigentes también saben que el partido tiene plazo legal para repararlos. 

Este es el panorama que vive el país. La apariencia es privilegiada sobre la realidad, la difamación, la diatriba y la generación de odio se imponen sobre el diálogo de ideas y el respeto elemental entre seres humanos, la descalificación de las instituciones del Estado - o su control - sustituye al acatamiento del estado de derecho. La opacidad en el manejo de los fondos públicos impide el ejercicio del derecho que los ciudadanos tienen de estar informados del manejo de los fondos públicos que ellos aportan con sus impuestos, en especial los pobres. No solo la institucionalidad democrática está en riesgo, sino también la misma convivencia armónica en la sociedad con respeto a las enriquecedoras diferencias de opinión entre sus componentes.

Héctor Dada Hirezi es economista. Fue ministro de Economía durante el gobierno de Mauricio Funes y diputado en los periodos 1966-1970 y 2003-2012. También fue canciller de la República después del golpe de Estado de 1979 y miembro de la Junta Revolucionaria de Gobierno entre enero y marzo de 1980.
 
Héctor Dada Hirezi es economista. Fue ministro de Economía durante el gobierno de Mauricio Funes y diputado en los periodos 1966-1970 y 2003-2012. También fue canciller de la República después del golpe de Estado de 1979 y miembro de la Junta Revolucionaria de Gobierno entre enero y marzo de 1980.