Presiones y documentos alterados en Salud para pagar $12.6 millones a una empresa de autopartes

Esta es una historia llena de irregularidades. Las primeras fueron protagonizadas por la doctora Karla Marina Díaz de Naves, graduada en 2013 de la Universidad Evangélica y catapultada por la pandemia a la coordinación Nacional de Hospitales. Obtuvo la plaza a finales de marzo, cuando su jefe, Francisco Alabí, fue ascendido a ministro de Salud.

El Salvador arrancaba una cuarentena nacional y el presidente Nayib Bukele acababa de ordenar el cierre de fronteras. El personal médico necesitaba equipos para protegerse del virus y Díaz de Naves solicitó de urgencia, el 13 de abril, una millonaria compra de insumos a una empresa radicada en Madrid, España, y dedicada a la venta de repuestos para autos. Según un memorando y dos solicitudes de compra en poder de El Faro, fechadas ese día y dirigidas a la Unidad de Adquisiciones (UACI) del Ministerio de Salud, al hacer la orden la funcionaria insistió, de hecho, en que que se firmara con esta empresa, Javi Performance Parts, un contrato por 5.7 millones de dólares a pesar de que la oferta original presentada ese mismo lunes 13 por la empresa española, era de $5,085,000.

Al final, pocas horas después de las instrucciones escritas de Díaz de Naves, Salud adjudicó el contrato a la empresa española, aunque rectificó sus intenciones de pagar por el cargamento de mascarillas, caretas acrílicas, y gabachas médicas $615,000 más de lo que la empresa pedía.

Ese mismo día, el Ministerio de Salud adjudicó a Javi Performance Parts otros tres contratos y pagó por adelantado a la empresa española más de $8 millones. En total, durante la emergencia Salud firmó con la esta compañía de repuestos de vehículos siete contratos que suman $12,639,500 y la convierten en la principal proveedora de insumos médicos en la pandemia. Esos siete contratos están actualmente bajo investigación por parte de la Fiscalía General de la República.

Documentos oficiales del Ministerio de Salud conseguidos por El Faro ilustran cómo se asignaron, pagaron y ejecutaron esos contratos. Prueban la insistencia de altos cargos de Salud para que se contratara a Javi Performance Parts tan solo unas horas después de recibir su oferta; documentan denuncias internas de trabajadores del Minsal por la alteración de fechas en documentos legales; revelan que los pagos millonarios a esta empresa sin experiencia previa en insumos médicos se hicieron sin garantía de cumplimiento; describen un cúmulo de irregularidades en la entrega de los cargamentos; constatan que los contratos incluyen más de un millón de dólares en precios inflados de gabachas médicas y termómetros; y confirman además que muchos de los productos no estaba certificados para uso médico.

El Faro logró revisar y tener copias públicas de más de 600 folios de la carpeta de contrataciones a favor de Javi Performance Parts a través de una consulta directa realizada entre el 23 de junio y el 7 de julio en las oficinas de la UACI del Minsal, una de las sedes allanadas por la Fiscalía entre el lunes 9 y el miércoles 10 de noviembre. Esa carpeta incluye órdenes de compra, resoluciones, transferencias cablegráficas, facturas, correos internos, correspondencia con el proveedor y documentos de la Unidad de Abastecimiento del Minsal. También fueron consultadas actas de Sesión Ordinaria de la Dirección Nacional de Medicamentos y una parte de la correspondencia intercambiada por esta institución con el Minsal entre marzo y julio, en la que constan autorizaciones especiales para el ingreso al país de los cargamentos de Javi Performance Parts.

En los documentos también hay constancia de intercambios de correo desde mayo pasado entre los funcionarios del Minsal a cargo de la ejecución de estos contratos e investigadores de la Comisión de Investigación contra la Corrupción y la Impunidad (Cicíes), en las que los primeros confirman irregularidades. Meses después, según ha confirmado el Fiscal General, Raúl Melara, la Cicíes presentó este caso ante la Fiscalía, que ahora investiga al ministro Alabí y a Díaz de Naves por negociaciones ilícitas. 

El Faro ha comprobado que Salud pagó a Javi Performance Parts $8 por cada unidad en un pedido de 150 mil gabachas médicas, cinco veces más de lo que en esas mismas fechas pagó por un producto similar ($1.5 la unidad) el Instituto de Bienestar Magisterial, la instancia de Gobierno que administra las prestaciones en el sistema de salud para los maestros públicos, en un contrato por 13,000 gabachas. En total, el Minsal pagó $1,200,000 por esas gabachas, el 533 % de lo que hubiera pagado al precio que lo hizo Bienestar Magisterial, pese a que el volumen de compra era más de diez veces mayor. Dicho en otras palabras: el Ministerio pagó a una empresa española $975,000 de más por un producto que otra institución del sistema de salud compró cinco veces más barato con una proveedora local, que no fue incluida en la lista de proveedores al que el Minsal solicitó cotizaciones. 

Meses más tarde, el 13 de agosto, la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM) no pudo certificar que las gabachas garantizaran protección contra el coronavirus. Para ese momento, el ministerio ya las había distribuido en la red de hospitales nacionales. A pesar del enorme riesgo de contagio al que estarían expuestos los empleados sanitarios que combatían la pandemia, a los que el Ejecutivo bautizó como “héroes de primera línea”, el Gobierno autorizó que se recibieran también del proveedor español mascarillas “non medical” y trajes clasificados como “no dispositivo médico”, para luego distribuirlos en la red de hospitales. 

Los permisos de importación tramitados por Salud ante la DNM, instancia que autoriza y clasifica el ingreso de insumos médicos al país, indican expresamente que el tipo de traje de protección comprado a Javi performance Parts “no es dispositivo médico”. Lo mismo sucedió con al menos la mitad del total de 1.5 millones de mascarillas KN95. De la otra mitad, la DNM no encontró información básica para corroborar quién las fabricó y sus estándares.

Estas y otras irregularidades están contenidas en la orden de compra 148/2020 del Minsal, que cobija uno de siete contratos que Salud otorgó a la empresa española. La carpeta que incluye el resto de contratos revela que Javi Performance Parts también entregó termómetros infrarrojos con un sobreprecio total de alrededor de medio millón de dólares. El 13 de abril Salud pagó a la empresa española $1,300,000 por 20,000 termómetros a un precio de $65 la unidad, cuando en esa misma semana había conseguido, en otro contrato, una mejor oferta. El 21 de abril, Lasca Design vendió al Minsal mil termómetros a $41.5; es decir, $23.5 menos por cada unidad. La diferencia de precio es del 56 %. En otras palabras, con una diferencia de siete días Salud pagó $470 mil dólares más a una empresa que a otra por el mismo producto. La diferencia es más llamativa aún si se toma en cuenta que ambos proveedores compraron los  termómetros a la misma compañía china: Hunan Honggao Electronic Technology Co, según correos intercambiados entre Salud y la DNM.

El 11 de noviembre El Faro pidió una entrevista al ministro Francisco Alabí y a Karla Marina Díaz de Naves, hoy viceministra de Operaciones de Salud ad-honorem. Alabí y Díaz de Naves son los principales responsables de estas compras y están ahora investigados por la Fiscalía General de la República como sospechosos de una serie de negociaciones ilícitas de contratos durante la pandemia. Se les contactó a través de mensajes a su asistente de comunicaciones y mediante solicitudes enviadas a sus correos institucionales el 13 de noviembre. Al cierre de esta publicación los funcionarios no habían dado respuesta. También se buscaron reacciones del ex jefe de la UACI y de una administradora de contratos que dejó constancia de algunas de las irregularidades en documentos oficiales, pero tampoco hubo respuesta. 

El Faro también buscó comentarios del representante legal de Javi Performance Parts, Javier Sánchez Brunete, con quien se logró hablar por teléfono dos veces, la última el 12 de noviembre. Sánchez Brunete enfatizó que no hablaría con este medio y, antes de colgar la última llamada, dijo: “no tengo conocimiento de una investigación (de la Fiscalía)”. 

Cuando el Minsal denuncia al Minsal

Los cientos de páginas de documentos oficiales revisados por El Faro incluyen correspondencia dirigida al entonces jefe de la UACI del Minsal, Manuel de Jesús Corea Barahona, y confirman que 8.6 de los más de $12 millones adjudicados a Javi Performance Parts fueron asignados a la empresa española a través de procesos anómalos. Los documentos de las compras a Javi Performance Parts fueron obtenidos por El Faro gracias a la Ley de acceso a la información.

La correspondencia interna de la UACI revela la preocupación de funcionarios del Minsal por potenciales ilegalidades cometidas por el mismo ministerio, especialmente tras saber que la Cicíes estaba investigando los contratos con la empresa española. Una de las administradoras de los contratos, a quien se asignó la tarea de llevar control del proceso cuando este ya había iniciado y tenía decidido proveedor, documentó irregularidades e informó en mayo de sus preocupaciones a los jefes de la UACI, al tiempo que les hacía saber que había sido citada por la Cicíes a una entrevista y que los investigadores de ese organismo le habían pedido informes sobre las entregas de insumos médicos pactadas en los contratos.

Los documentos también permiten identificar la incomodidad en algunos empleados del equipo de la UACI frente a algunas anomalías que sucedieron durante la ejecución de los contratos a Javi Performance Parts, y que quedaron consignadas en memorandos e informes de monitoreo. “Como administradora he informado cómo ha ocurrido la recepción de los productos, ya que son procesos de carácter legal y no quiero verme expuesta a reparos administrativos o peor aún patrimoniales por parte de la Corte de Cuentas”, notificó el 20 de mayo a Corea Barahona la administradora de tres de los contratos con Javi Performance Parts. 

También están documentadas las consecuencias de esas denuncias internas: mientras que un mes después de las adjudicaciones, el 8 de mayo, la carrera de Díaz de Naves cobró un segundo impulso cuando el presidente Nayib Bukele la nombró viceministra de Operaciones en Salud, cargo que también había ocupado anteriormente Alabí, Manuel de Jesús Corea Barahona, el jefe de la UACI que permitió que subalternos dejaran constancia de las anomalías, fue separado de su cargo en agosto pasado. Su puesto lo ocupa ahora Walter Elenilson Coto Monterrosa.

El lunes 9 de noviembre, la Fiscalía allanó 22 oficinas ministeriales para incautar documentos sobre las compras del Ministerio de Salud durante la emergencia sanitaria por Covid-19. El miércoles 11, en el programa de entrevistas Frente a Frente, el fiscal Melara confirmó que la investigación inicial había contado con la colaboración de la Cicíes. 

El caso de Javi Performance Parts es uno de los investigados. En total, los montos adjudicados de manera irregular a la empresa española representan el 60 % de todos los pagos de Salud a proveedores que están bajo sospecha de negociaciones ilícitas (más de 20 millones de dólares). 

El mismo 11 de noviembre, a la salida de una entrevista en Canal 12, el ministro Francisco Alabí intentó matizar el papel de la Cicíes, un organismo promovido y publicitado por el Bukele desde la campaña presidencial, en las investigaciones, y restó importancia a estas. Aseguró que la Cicies sólo identificó en los contratos "errores de forma, no de fondo" y dijo que esos errores pueden explicarse "por la premura con la que se llevaron a cabo las compras". 

“Es un miembro de la CICIES y no la CICIES como tal quien puso la denuncia”, insistió el ministro, en un extraño esfuerzo por desvincular del caso al organismo, encabezado por el funcionario de la OEA Ronald Ochaeta. Los fiscales anticorrupción a cargo del caso le contradicen: el jueves 12 de noviembre afirmaron en conferencia de prensa que fue el mismo comisionado Ochaeta, en cumplimiento del convenio suscrito entre la Cicíes y la Fiscalía, quien les trasladó tres avisos formales sobre compras irregulares en el Ministerio de Salud. En los expedientes de las compras a Javi Performance Parts también está claramente documentada la intervención de la Cicíes en la investigación de esos procesos, al menos desde mayo, con visitas in situ a las bodegas en las que se recibían y almacenaban los insumos, constantes e intercambios de correspondencia con técnicos del Minsal, además de entrevistas presenciales con algunos de los empleados públicos a cargo de los contratos.

Consultada por este caso, la Cicíes, que ha mantenido total hermetismo desde que comenzó a operar, respondió a través de su oficial de prensa que la Comisión “está abocada en continuar trabajando técnicamente en todas las responsabilidades que se le han encomendado”.

Documentos alterados

Según un memorando que la administradora de tres de los contratos con Javi Performance Parts, encargada de verificar las entregas de insumos médicos, envió el 20 de mayo al entonces jefe de la UACI, Corea Barahona, auditores de la Cicíes acudieron el 15 de mayo al Aeropuerto Internacional Monseñor Romero para supervisar los insumos médicos que habían arribado a El Salvador. A través de un correo, cinco días después, pidieron al Minsal informes de las entregas de Javi Performance Parts correspondientes a tres de los siete contratos de compra con ellos.

La administradora del contrato notificó al jefe de la UACI que las órdenes de compra “auditadas por la Cicíes de la OEA” sumaban $8,605,000. Los auditores pidieron “los memorandos en los que yo notifico de los productos recibidos. Ellos estuvieron como observadores de la recepción de los productos que vinieron el 15 de mayo por vía aérea”, informó la funcionaria. La solicitud de la Cicies preocupó a la administradora, que había comenzado a ejercer funciones el 18 de mayo, tres días después de que el primer lote de mascarillas chinas KN95 ya hubiera sido dado por recibido en la Unidad de Abastecimiento. 

En un proceso de contratación pública normal, el mismo día que son suscritas la órdenes de compra la institución nombra un administrador de contrato, encargado de verificar que la institución reciba el producto con las características que fueron acordadas y en  en los tiempos convenidos. En el caso de Javi Performance Parts, sin embargo la administradora de los contratos había sido nombrada un mes después de la firma, y en dos de sus primeros informes, enviados a la UACI el 20 y el 21 de mayo, ya denunciaba alteraciones de documentos en la Dirección Nacional de Hospitales (DNH) y en la Unidad de Abastecimiento y en la Comisión Ejecutiva Aeroportuaria Autónoma (Cepa).

"En memorándums he reflejado que recibí las órdenes de compra el 18 de mayo del 2020 ya que así fue. Sin embargo, la Dirección Nacional de Hospitales colocó como fecha de recepción de dichas órdenes de compra 16/04/2020”, dice la administradora en un memorando del 20 de mayo titulado “Irregularidades detectadas por la Cicies sobre órdenes de compra”, que fue entregado al jefe de la unidad financiera, Samuel Trillos Ortiz, y al jefe de la UACI, Corea Barahona. Y sigue: “el día 15/05/2020 que vinieron los productos yo no contaba con las órdenes de compra firmadas ni con fecha de  distribución, los documentos llegaron a mis manos el día 18/05/2020”.

Según la administradora, la Dirección de Hospitales consignó en documentos oficiales que le había entregado las órdenes de compra el 16 de abril, cuando en realidad ella las había recibido el 18 de mayo. Sin esos documentos, la administradora no tenía herramientas para comprobar que la entrega de los productos se ajustaba al contrato. 

El primer envío de Javi Performance Parts, un millón de mascarillas KN95 por un costo de 2.04 millones de dólares, debía suceder el 15 de mayo. La unidad de abastecimiento del Minsal contaba para esa fecha con una guía aérea emitida por Cepa (la guía aérea No. 38100001061, control de carga Cepa No. 3.200521367) que daba constancia del envío. En las guías, el proveedor extranjero hace constar que pagó todos los costes para el envío de los productos, declara la fecha de arribo y una descripción del contenido. 

Pero el 20 de mayo la administradora descubrió que, a pesar de la documentación entregada por la empresa española, ninguna mascarilla había arribado. Así lo hizo constar en su informe a la UACI: "De acuerdo a documentación enviada a Importaciones de la Unidad de Abastecimiento por parte del proveedor, debió haber enviado el 15 de mayo 1,000,000 de mascarillas KN95, contenidas en 817 bultos. Sin embargo se realizó inspección, identificando que no fueron enviados los 817 bultos con las 1,000,000 mascarillas que reflejaba la factura".

El 20 de mayo, la Cicies citó a la administradora a una reunión el día siguiente, el 21 de mayo, en la sala 6 de la UACI. Ella pidió instrucciones a sus superiores sobre la respuestas que debía dar. "Solicito audiencia para ampliar los conceptos vertidos en esta nota e instrucciones por escrito del alcance de la información con el organismo que está auditando es decir la Cicies", escribió en el memorando a sus jefes. En la correspondencia interna que pudo leer El Faro no está documentada la respuesta que le dieron Trillos y Corea Barahona.

 “No es equipo médico”

El 23 de mayo la administradora se puso en contacto con el proveedor y el representante legal de la empresa española Sánchez Brunete le confirmó, a través de una carta, que las mascarillas no habían sido enviadas. Prometió la entrega para el 24 de mayo. "Como administrador de la empresa Javi Performance Parts aclarar lo siguiente. El envío debió haber volado en el vuelo que aterrizó en su país el 15 de mayo. La totalidad de los bultos no voló en la fecha prevista. La llegada de los bultos será efectiva en el vuelo que aterrizará mañana en su país, el 24 de mayo", dice la carta.

Roberto César Silva Ramos, como delegado de Javi Performance Parts, en El Salvador, entregó el primer lote el 24 de mayo en la bodega del Barrio San Esteban. En el acta de recepción, Salud observó que el cargamento venía incompleto y parcialmente dañado, mojado: en el lote solo venían 984,000 mascarillas (26 mil menos del millón que reflejaba la factura) y Salud solo aceptó y pagó 977,450 de ellas, por un monto de $1,993,998.

Las cajas de las 977,450 mascarillas recibidas el 24 de mayo hacían énfasis en las características del producto: “Non medical KN-95 Disposable Protective Mask”, mascarillas desechables KN95 no recomendadas para uso médico. A pesar de ello, el 29 de mayo la Unidad de Abastecimiento del Ministerio de Salud etiquetó los paquetes con el siguiente propósito: “para distribución hospitalaria”. 

La DNM es la encargada de autorizar la introducción al país de medicinas e insumos médicos, previa solicitud del interesado en importar el producto. El permiso de entrada del cargamento de Javi Performance Parts, solicitado por Salud, fue discutido por la DNM en una sesión en la que se acordó otorgar un permiso especial para el ingreso de mascarillas, caretas acrílicas y gabachones comprados a la empresa española. La deliberación está, sin embargo, documentada en el acta 17 de la DNM, fechada el 13 de agosto, dos meses después del ingreso de los insumos médicos a las bodegas de la Unidad de Abastecimientos del Minsal y de que la unidad de abastecimiento los destinara a “distribución hospitalaria”, según el documento de entrega de las mascarillas al almacén del Ministerio en el Barrio San Esteban, fechado el 24 de mayo.

También la recepción de 100 mil trajes de protección comprados a Javi Performance Parts incluye anomalías. Fueron fabricados por Shanghai C&G Safety Co y el 13 de abril, el ministro Alabí autorizó su pago, un total de $1,775,000. 50 mil debían ser trajes de protección bacteriológica ($18.5 cada uno) y otros 50 mil de protección riesgo bajo/ medio ($17 cada uno), modelos CG500B y CG 400B. 

El Ministerio de Salud cuenta con 10 actas de recepción en las que consta la entrega de 37,572 trajes de protección hasta la primera semana de julio. En las actas de la DNM, sin embargo, solo hay registro de un trámite para solicitar el ingreso de 4,800 trajes de protección riesgo bajo/medio a través de cinco facturas. El 13 de agosto, la DNM escribió esta observación en el permiso solicitado para el ingreso de los trajes: “No es dispositivo médico. En atención a las características y el uso declarado del producto, se concluyó que no es objeto de competencia de esta dirección”, dice el acta. Como uso declarado por Salud para esos trajes quedó consignado lo siguiente: “uso institucional”.

Durante la pandemia, una de las principales denuncias del personal médico fue la falta de equipo de protección. El Movimiento por la Salud Dr. Salvador Allende registró 142 muertes de personal médico desde que inició la pandemia, la letalidad más alta de Centroamérica, según una publicación de El Diario de Hoy del 27 de octubre. Ese mismo periódico reveló que mientras en la región la tasa de muertes de personal médico durante la pandemia ronda un 2.7%, El Salvador registró hasta julio una tasa del 9%.

Sin rastros 

Todos los insumos médicos mencionados en el acta 17 de la DNM y provistos por la empresa española fueron fabricados por empresas chinas, según los anexos entregados por Sánchez Brunete junto con las cotizaciones de los productos. Guangzhou Meizu Industrial Co, Ltd fabricó 1.5 millones de mascarillas KN95; Hunan Yunjie Medical Equipment, 1 millón de mascarillas KN95; Shenzhen Xingamei Packing Co, 300 mil caretas de resina PET/PVC; Chongqing Senxin Clothing Co, 150 mil gabachones. 

En el caso de los insumos de estos cuatro fabricantes, la DNM no encontró información suficiente para verificar que eran aptos para uso médico. “No fue posible identificar facturas definitivas, cantidades (de productos) por factura, nombre comercial, número de lote, nombre del fabricante, marca, código o modelo, aplicaciones, usos y dirección de la planta de manufactura descritos en el empaque e inscrito en los productos”, dice el acta del 13 de agosto. Aun así, la DNM permitió el ingreso al país bajo un permiso especial.

Chongqing Senxin Clothing Co, la empresa a la que, según las cotizaciones entregadas a Salud, Javi Performance Parts compró las gabachas hospitalarias, no está inscrita en la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), y tampoco figura en registros internacionales de empresas en línea como Open Corporates, Export Hub, Panjiva o Import Genius, ni en los catálogos de venta de Alibaba o Amazon.

El resto de las mascarillas entregadas por Javi Performance Parts, en cumplimiento de otro contrato con Misal por medio millón de KN95 y un millón de mascarillas quirúrgicas, fueron fabricados por Hunan Yunjie Medical Equipment y por Hebei Kanji Medical Instrument, según los documentos entregados por Sánchez Brunete. La DNM tampoco pudo confirmar esa información.

En otra de sus actas, la 14, del 16 de julio, la DNM hace constar que Salud tramitó otro permiso de importación para ingresar 180,000 mascarillas KN95 (de un lote de 500 mil KN95 incluido en la orden de compra 120/2020), pero en el acta no hay explicaciones sobre el faltante de 320 mil unidades o el millón de mascarillas quirúrgicas que la empresa española se había comprometido a enviar. “No fue posible identificar los usos previstos por el fabricante y toda la información detallada en el empaque. Por ello se autoriza el desaduanaje y se ordena la remisión de fotografías de los empaques y de los insertos incluidos en los mismos”, dice el acta.

El 24 de mayo, la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia informó en su cuenta de Twitter de la llegada al país de un lote de mascarillas KN95 y anunció su distribución a 30 hospitales nacionales. En una de las fotografías incluidas en el tuit se aprecia que una de las cajas tiene la siguiente etiqueta: “Hospital Santiago de María” y se lee “Hebei Kanji Medical Instrument”. Se trata de una empresa a la que Javi Performance Parts identificó como su fabricante en la cotización de la orden de compra 120/2020, que derivó en  un contrato para proveer mascarillas quirúrgicas y KN95 por $1,422,000, del que hay actas de recepción con fechas del 30 de abril, 8,12, 19 y 26 de mayo.

Este ese contrato a favor de Javi Performance Parts, el 120/2020, hay otras fallas que aparentemente no fueron observadas al Minsal por la Cicies y que tampoco se detallan en los memorándums de la administradora del contrato: los documentos de bodega de la Unidad de Abastecimiento del Minsal revelan que, aunque la orden de compra es del 30 de marzo, cuando las mascarillas fueron recibidas según las guías aéreas el 30 de abril, en el aeropuerto no había una administradora del contrato que, con el documento en su poder, verificara que los insumos entregados por la empresa española correspondían a lo acordado. Las actas de recepción del 30 de abril, que fueron ingresadas al archivo de la unidad de abastecimientos el 5 de mayo, afirman: “Insumos ingresados con guía aérea ya que no hay contrato y por la premura en el despacho se ingresó de esta forma con el aval de la licenciada Patricia Gutiérrez (jefa de abastecimiento) para ser distribuidos en los hospitales”. Se trataba de un cargamento de 138,850 mascarillas KN95. 

Según el Reglamento de la Lacap, en este tipo de contratos las actas de recepción deben siempre ser firmadas por un representante de la bodega del Minsal, que recibe los productos; por el delegado de la empresa que los entrega; y por la administradora de contrato que verifica que todo esté en orden. Personal de bodega dio por recibidas las mascarillas de la orden de compra 120/2020 en un total de seis actas que no cuentan, ninguna de ellas, con la firma de la administradora de contrato.

Las respuestas vagas de Alabí

Aunque la Cicíes investigaba los contratos a Javi Performance Parts desde mayo, El Salvador no conoció el caso sino hasta junio, cuando El Diario de Hoy reveló la existencia de seis contratos a favor de la empresa de autopartes. A la Asamblea el ministro de Salud le explicó el gasto a esta y otras empresas el 19 de octubre, cuando fue cuestionado por una comisión especial legislativa que investiga los gastos de la pandemia.

En esa comparecencia, Alabí admitió que lo usual es que el Ministerio de Salud compre insumos de protección a un proveedor que fabrica equipo de protección, pero explicó que habían decidido no hacerlo durante la pandemia. “En la pandemia, no podíamos pensar de la misma manera por la evidencia científica de otros países, que sus equipo de protección se estaban quedando retenidos en otros países”, respondió Alabí. “Se dio un canibalismo del equipo de protección. Siempre que fue adquirido equipo de protección no solo se hizo por parte de una institución que se dedicara a la venta, sino también a la empresa que se dedicara al transporte y eso garantizaba que el insumo llegara”.

Pero Javi Performance Parts no era un proveedor que se dedicara a la fabricación de insumos médicos y tampoco al transporte. No cumplía ninguna de las características expuestas por Alabí a los diputados el 19 de octubre. El 14 de abril, Sánchez Brunete escribió una carta en la que manifestó que no contaba con un medio de transporte propio para enviar las mascarillas y los trajes de protección: “Existe una alta probabilidad de que puedan extraviarse (los insumos médicos) durante el transcurso de la entrega al realizar el envío en su totalidad. Por estas razones y a pesar del sobrecoste se ha coordinado con la empresa DHL que es la empresa encargada de transportar la mercadería hasta el punto de entrega", escribió el 14 de abril a la UACI de Salud. 

El 23 de julio se consultó a Javier Sánchez Brunete sobre el rol que cumplía su compañía, dado que no fabrica insumos médicos ni tampoco es una empresa de transporte. También se le pidió más detalles sobre las empresas chinas que fabricaron los insumos médicos. "Por la ley de protección de datos no te puedo informar de nada. No haré declaraciones", dijo por teléfono y luego colgó. El Faro logró hablar con Sánchez Brunete de nuevo el 12 de noviembre. Otra vez, no quiso responder preguntas sobre sus contratos con el Gobierno de El Salvador. “Como había dicho antes, no puedo dar declaraciones por la ley de protección de datos”, repitió. Dijo además que no estaba al tanto de la investigación que tres días antes había hecho pública la Fiscalía Salvadoreña y que afectaba a sus contratos. Después, colgó la llamada.

Javi Performance Parts fue fundada el 12 de marzo de 2012. Ese año reportó un capital social de 3 mil euros, según información financiera que presentó en registros mercantiles de Madrid. En su página web reporta la venta minorista de partes de vehículos. En la correspondencia con el Ministerio de Salud dejó constancia de que los productos que iba a vender a Salud eran de ocho fábricas chinas. 

El 13 de abril, el mismo día en el que la ahora viceministra Díaz de Naves intentó otorgarle $615 mil de más en uno de los contratos; el mismo día en que se presentó la oferta, el mismo día en que se aprobó, el mismo día en que se gestaron las primeras irregularidades en este contrato, Salud hizo un primer pago por $8,285,000 a Javi Performance Parts a través de una transferencia cablegráfica que fue cargada de la cuenta del Banco Agrícola “MH-MSPAS Atención de Emergencias Ocasionadas por Desastres”.

Los fondos fueron enviados a la cuenta de Javi Performance Part SL, en Bankinter, sucursal de Calle de Stuart, 151, 28300, Aranjuez, en Madrid, España. La dirección de finanzas del Ministerio declaró como motivo de la transacción al Banco Agrícola: "adquisición de traje de protección bacteriológico, traje de protección riesgo bajo/medio, termómetros láser, medios de transporte para virus, mascarillas KN95, careta acrílica, gabachones médicos no estériles".

En los expedientes consultados no hay constancia de otra transferencia cablegráfica por los $4,354,000 restantes a las cuentas de la empresa española, pero correspondencia entre la unidad financiera y el ministro Alabí sugiere que la institución pagó por adelantado, en total, $12,639,500. La Fiscalía también tasa en más de 12 millones los contratos a favor de esta empresa.

Sin garantía de reclamo

El Reglamento de la Lacap define las garantías como seguros o fianzas que el proveedor suscribe para que, en un caso fortuito en el que la empresa incumpla la entrega de los productos, la institución estatal pueda recuperar a través de ese seguro y esa fianza una parte de los recursos públicos invertidos. Los contratos con Javi Performance Parts no están sometidos a la LACAP por haber sido suscritos durante la emergencia legalmente declarada el 16 de marzo de 2020 por la Asamblea legislativa, pero también los lineamientos especiales para compras durante la pandemia, aprobados el 24 de marzo, ordenan a las UACI, en el momento de distribuir una orden de compra, solicitar “cartas de crédito, títulos valores, fianzas, seguros, entre otros que puedan ser obtenidos de forma expedita, siempre y cuando aseguren que las obligaciones serán cumplidas o que se haya señalado para el pago anticipado”.

En el caso de Javi performance Parts no solo no se cumplieron de inicio estos requisitos, sino que el ministro Francisco Alabí despojó posteriormente al Ministerio de Salud de cualquier garantía ante el proveedor, al suscribir el 11 de junio, con una parte de los insumos ya entregados y la totalidad de los pagos millonarios hechos, una adenda con la que libraba a la empresa española de responsabilidad y renunciaba a garantías.

"En las seis órdenes de compra no se relaciona que el pago se requirió por anticipado, excepcionalmente no se requiere de la presentación de Garantía de Buena Inversión de Anticipo. Remito a usted para su consideración y firma si lo estima pendiente la respectiva adenda", comunicó el entonces jefe de la UACI Corea Barahona a Alabí el 11 de junio.

El jefe de la UACI recomendó firmar una adenda y explicó a Alabí que, con ello, la institución justificaba el pago por adelantado. Alabí aceptó las condiciones expuestas y la adenda se firmó ese mismo día.

"Siendo que se realizaría pago anticipado y de manera ‘excepcional’ no se exigirá Garantía de Buena Inversión de Anticipo (...) por lo que debe relacionarse que el suministrante por ser proveedor extranjero, Javi Performance Parts SL, por ser persona jurídica española está exento de presentar garantías", dice la Adenda Uno, del 11 de junio, suscrita por el ministro de Salud. Para finales de ese mes, personal médico de varios hospitales nacionales ya habían protestado por la mala calidad de parte de los equipos entregados por el Ministerio de Salud y por la falta de insumos médicos. Cuando se firmó esa adenda, el sistema de salud pública ya reportaba 23 héroes de primera línea fallecidos por coronavirus.

 

Con reportes de Antonio M. Vélez, de Diario.es