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El Mozote: 39 diciembres esperando justicia

Eduardo Guerrero

Que se haga justicia en el caso de El Mozote no solo es de interés para las salvadoreñas y salvadoreños, es también un emblema de la justicia transicional y la deuda histórica en Latinoamérica.
ElFaro.net / Publicado el 11 de Diciembre de 2020

EL SALVADOR. Rufina Amaya. 1982. Sobreviente de la masacre de El Mozote . Foto Cortesía: Susan Meiselas / Magnum Photos
 
EL SALVADOR. Rufina Amaya. 1982. Sobreviente de la masacre de El Mozote . Foto Cortesía: Susan Meiselas / Magnum Photos

Decía Eduardo Galeano que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. En este momento, gente grande, en un lugar pequeño, está haciendo cosas enormes para cambiar este mundo. Son las víctimas sobrevivientes de una masacre luchando por verdad, justicia y reparación.

En esta región de venas abiertas por heridas comunes, sanarlas y honrar las cicatrices es un acto solidario. Aquí, donde nuestra historia cuenta dictaduras, conflictos armados y Estados criminales, hablar de la más grande masacre del pasado reciente es interpelarnos para cuestionar qué futuro anhelamos como colectivo y qué estamos haciendo para construirlo.

Entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, en el marco del conflicto armado interno, el Ejército salvadoreño ejecutó el asesinato masivo de hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes en la comunidad de El Mozote y lugares aledaños, como parte de una estrategia militar de “tierra arrasada”, una táctica que implica destruir comunidades enteras. A 39 años de los hechos en donde alrededor de 1000 personas perdieron la vida, entre ellas cerca de 500 menores de edad, tenemos una nueva ocasión para reflexionar.

En América Latina, tierra fértil, rica y diversa, paradójicamente la justicia no suele florecer, y la impunidad y la corrupción son una plaga que carcome desde la raíz. El Salvador no es la excepción, como lo demuestra el caso de El Mozote en el que este 11 de diciembre habrán transcurrido 14 245 días desde que ocurrieron los hechos sin que las víctimas hayan recibido justicia. Esto a pesar de la denuncia interpuesta ante las autoridades locales en el año 1990 y aun cuando en 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció al Estado salvadoreño como responsable internacionalmente por la masacre y le ordenó investigar lo sucedido y juzgar y sancionar a los responsables de los hechos.

Durante este tiempo muchas de las personas sobrevivientes a las masacres murieron esperando que el Estado saldara su deuda. Tan solo en 2020 han fallecido cuatro de ellas, pero también uno de los exmilitares imputados, el general Rafael Flores Lima, sin haber sido llevado a juicio. La búsqueda de justicia es entonces una dramática carrera contra reloj en la que las víctimas mantienen el paso con la convicción de llegar a la meta. Por eso también es una carrera de relevos en la que las generaciones que heredaron la indignación de sus madres, padres, abuelas y abuelos han tomado la estafeta con conciencia.

Superando obstáculos como la falta de voluntad de las autoridades, la debilidad institucional del aparato judicial, la Ley de Amnistía y hasta una pandemia, actualmente el proceso penal avanza en contra de un grupo de militares en el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera. Esta vez, aunque se derogó la amnistía, hay nuevas trabas que amenazan la justicia: una Asamblea Legislativa obstinada en perpetuar la impunidad disfrazada de reconciliación, y un presidente de la República y un Ministerio de Defensa que se rehúsan a permitir el acceso a los archivos militares que ayudarían a develar la verdad y reconstruir lo sucedido.

Que se haga justicia en el caso de El Mozote -que también incluye las ejecuciones cometidas en Ranchería, Los Toriles, Jocote Amarillo, La Joya y Cerro Pando- no solo es de interés para las salvadoreñas y salvadoreños. Es también un emblema de la justicia transicional y la deuda histórica en Latinoamérica por las graves violaciones a los derechos humanos, en especial las perpetradas por fuerzas armadas, como ocurrió en los conflictos armados en Guatemala y Perú, o las dictaduras en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. La deuda es con la sociedad en conjunto, porque tenemos derecho a saber qué y cómo ocurrió, porque los Estados tienen la obligación de garantizar que nunca más vuelvan a suceder estas atrocidades y cuando hay impunidad hay un peligroso incentivo para su repetición.

La corrupción y el poder político de las élites castrenses latinoamericanas han garantizado su blindaje ante la rendición de cuentas por los casos del pasado a través de amnistías, obstaculización de procesos judiciales y otras estrategias. En este contexto, las violaciones a derechos humanos por parte de militares persisten en países como México o Colombia, donde la tortura, la violencia sexual, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales son parte de la cotidianeidad.

Esto demuestra que aún quedan lecciones por aprender de nuestra historia para la construcción del Estado de derecho y la garantía de derechos. El Salvador mucho podría aportar en esta materia si se hiciera cargo del legado del conflicto armado. El caso de El Mozote es una oportunidad única para romper el ciclo de impunidad y abrir camino a otros casos de la época en el país, pero también para fortalecer los procesos de justicia transicional en todo el continente y afirmar que la justicia es alcanzable y que no importa el rango o la institución a la que pertenezcan, las personas responsables por este tipo de crímenes serán juzgadas y sancionadas. De ese tamaño es la responsabilidad que el Estado salvadoreño tiene en sus manos.

Por su parte, las víctimas de este emblemático caso se han convertido en aliento para quienes en otras latitudes y desde otras trincheras también libran la batalla por la dignidad frente a la violencia estatal. Con su valor y convicción son un faro en medio de la oscuridad del olvido y el mar del tiempo para quienes resisten desde la memoria. Es por eso que la indignación es colectiva cuando otra víctima muere sin reparación, cuando las diputadas y diputados aprueban una ley de impunidad para los perpetradores, cuando el presidente Bukele dice estar del lado de las víctimas pero obstaculiza las diligencias de investigación, o cuando por negligencia las autoridades pierden muestras de ADN y siguen sin identificar los restos de todas las víctimas ejecutadas.

Suman ya 39 diciembres. El tiempo pasará y seguirá la cuenta, pero con la firme esperanza de que el próximo diciembre la justicia habrá florecido por quienes se convirtieron en eco y por las que siguen alzando la voz; por las hijas, hijos y nietos que resguardan la memoria, porque su causa reivindica la historia latinoamericana, porque otro mundo es posible.

*Eduardo Guerrero Lomelí es abogado del programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organización correpresentante de las víctimas del caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Twitter: @CEJIL @ElTuiterDeLalo
 
*Eduardo Guerrero Lomelí es abogado del programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organización correpresentante de las víctimas del caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Twitter: @CEJIL @ElTuiterDeLalo