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Juez revisará documentos, ropa y proyectiles de la masacre del Mozote en archivos de la Iglesia

Nelson Rauda

Jorge Guzmán, juez de Instrucción de San Francisco Gotera, presidirá una inspección que comienza este 25 de enero en el Arzobispado de San Salvador. La diligencia busca examinar documentos como partidas de nacimiento, certificados de bautismo o cartillas de vacunación que fueron recolectadas en los sitios de la masacre de El Mozote y que la iglesia conserva. La iglesia también tiene otros objetos que "describen las condiciones de vida" antes del crimen, según un informe de 2018. La inspección se realizará tras un intento de impedirla por parte del arzobispo José Luis Escobar.

ElFaro.net / Publicado el 22 de Enero de 2021

El Arzobispado de San Salvador almacena decenas de “documentos de notable valor probatorio” para el caso judicial por la masacre de El Mozote, que se tramita en el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera. Se trata de documentos que permiten establecer la identidad de algunas víctimas como “certificaciones de partidas de nacimiento, tarjetas de control de vacunación y de vitaminas, tarjetas de control de entrega de alimentos, carnets, tarjetas y cédulas de identidad personal, testimonios de escrituras públicas, recibos de ingresos a las municipalidades de Arambala y Meanguera, recibos de fondo de vialidad, tarjetas de citas médicas, y certificados de bautismo”, según un informe que la propia Iglesia Católica entregó al juzgado en noviembre de 2018. La Iglesia además dijo que cuenta con “ropa, vainillas de proyectiles y otros” recolectados en la zona.

Los documentos y objetos pertenecen a “distintas personas, incluidos niños y niñas de corta edad”, residentes de los lugares donde el Ejército salvadoreño masacró a unas 1,000 personas, en diciembre de 1981. Así consta en el “Informe técnico archivístico acerca de documentos, libros, publicaciones, y objetos encontrados en la zona de la masacre El Mozote y lugares aledaños”, del  Centro de Documentación y Archivo Monseñor Rivera y Damas. El informe dice que “muchos de los documentos y demás objetos relacionados podrían ser útiles para evidenciar las condiciones materiales de vida” de los habitantes del caserío El Mozote y cantones cercanos, cuando se perpetró la masacre.

Orlando Marquez muestra el vestido de su hermana. Yesenia Janet Márquez García, quien fue asesinada a los 18 meses de vida durante la masacre de El Mozote, perpetrada el 11 de diciembre de 1981. Foto de El Faro: Víctor Peña. 
 
Orlando Marquez muestra el vestido de su hermana. Yesenia Janet Márquez García, quien fue asesinada a los 18 meses de vida durante la masacre de El Mozote, perpetrada el 11 de diciembre de 1981. Foto de El Faro: Víctor Peña. 

El documento fue remitido al Juzgado de Instrucción de Gotera el 7 de noviembre de 2018, por Esteban Turcios, director de Tutela de Derechos Humanos del Arzobispado de San Salvador. 

El 17 de enero de este año, el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, dijo que se negaría a una inspección judicial de archivos ordenada para este 25 de enero. “Sentimos mucho que alguien quiera invadir los archivos y llevarse la información que él quiera llevarse. No puede ser”, dijo Escobar. “Los archivos se han clasificado, tenemos un protocolo a cumplir y tenemos la sentencia de la Corte, que es la que debemos acatar. No es así que cualquiera puede decir yo voy a ir allá y yo voy a inspeccionar, a tomar fotografías y me voy a llevar lo que yo quiera”, agregó. 

Sin embargo, Escobar dio marcha atrás a su intención. En un mensaje grabado y difundido en 20 de enero por la propia Iglesia, Escobar dijo: “al darnos cuenta cuál es la intención del señor juez de San Francisco Gotera y por qué quiere hacer esta diligencia, no tenemos ninguna objeción. Al contrario, lo esperamos para que lleve a cabo la inspección que quiere hacer y vamos a apoyarle con la copia certificada de los documentos que requiera”. 

El anuncio inicial de Escobar contradecía la propia sentencia de la Sala de lo Constitucional que usó para justificar su negativa, y la historia de cómo llegó la Iglesia Católica a custodiar estas evidencias.  El Faro tuvo acceso al oficio del 4 de enero de 2021 en que el juez de instrucción, Jorge Guzmán, ordena una inspección en el Arzobispado. Ese oficio reconstruye parte del proceso que se ha seguido para incorporar en la causa judicial las evidencias que resguarda la Iglesia. 

La oficina de monseñor Romero que comenzó el caso El Mozote

Sin Tutela Legal no habría caso penal de El Mozote. En 1989, Tutela Legal, dirigido por María Julia Hernández, empezó la labor de recolectar testimonios al norte de Morazán para estructurar la denuncia que se presentó en octubre de 1990, con un país aún en guerra. Dos de los abogados que participaron en ese proceso de recolectar información son hoy los representantes de las víctimas: Wilfredo Medrano y David Morales. 

Esa oficina nació en marzo de 1977, cuando el recién nombrado arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero, creó Socorro Jurídico del Arzobispado para que prestara apoyo legal a la población que no encontraba respuesta estatal, en años de dictadura militar. Cinco años más tarde, monseñor Arturo Rivera Damas (sucesor de Romero, quien fue asesinado en 1980) decidió fortalecer esa entidad, que se renombró como Tutela Legal el 3 de mayo de 1982. 

Vestigios de Yesenia Jane Márquez García, de 18 meses de edad, asesinada durante la masacre de El Mozote, perpetrada el 11 de diciembre de 1981. Junto a Yesenia también fueron asesinados sus padres, Santos Socorro Márquez y María Agustina García. Y sus hermanos: José René, de 10 años y Edith Elizabeth, de seis años. Estos vestigios fueron encontrados en el año 2013, durante las excavaciones para construir una vivienda en el caserío El Mozote. Foto de El Faro: Víctor Peña.
 
Vestigios de Yesenia Jane Márquez García, de 18 meses de edad, asesinada durante la masacre de El Mozote, perpetrada el 11 de diciembre de 1981. Junto a Yesenia también fueron asesinados sus padres, Santos Socorro Márquez y María Agustina García. Y sus hermanos: José René, de 10 años y Edith Elizabeth, de seis años. Estos vestigios fueron encontrados en el año 2013, durante las excavaciones para construir una vivienda en el caserío El Mozote. Foto de El Faro: Víctor Peña.

Medrano dice que lo que está en custodia de la iglesia es “un maletín” que ya estaba en poder de Tutela Legal antes de que empezaran a entrevistar víctimas en 1989. “Ahí hay fichas clínicas, documentos de identidad que ya estaban cuando Tutela Legal llega en el 90 a sacar testimonios. Pero no era el momento procesal oportuno para entregarlo”, dijo Medrano.

Uno de los puntos importantes de la pericia será determinar la cadena de custodia, es decir, los requisitos legales para “demostrar la autenticidad de los objetos y documentos relacionados con un hecho delictivo”, como dice el Código Procesal Penal. 

Hay al menos tres testimonios publicados de personas que entraron a la escena del crimen en los días posteriores. Dos de ellos son las notas periodísticas publicadas sobre la masacre en el New York Times y el Washington Post. El tercero es un relato en el libro “La terquedad del izote”, de Carlos Henríquez Consalvi,  fundador del Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI). Consalvi relata en el libro que ingresó a El Mozote el 27 de diciembre y que empezaron a entrevistar sobrevivientes para la Radio Venceremos, la emisora de la guerrilla. “Entramos a la iglesia, micrófono en mano voy describiendo la escena —relata Consalvi— (...) esparcidos por el suelo: zapatos, cédulas de identidad, muñecas, novenarios, un daguerrotipo, peinetas…”. 

El querellante Medrano dice que desconoce las circunstancias exactas en que esos documentos llegaron a manos de Tutela Legal: “Solo María Julia sabía de eso”. 

Medrano siguió trabajando en Tutela Legal hasta septiembre de 2013, cuando el arzobispo Escobar Alas decidió el cierre de la oficina. Como ha ocurrido en el caso de la inspección, Escobar no supo explicar las razones del cierre y recibió tantas críticas que tuvo que anunciar, solo dos semanas después, la creación de otra oficina: Tutela de Derechos Humanos del Arzobispado de San Salvador.

Solo diez días después de ese cierre intempestivo, la Secretaría de Cultura de la Presidencia empezó el proceso para declarar el archivo de la Iglesia como “Bien Cultural”, ordenó al Arzobispado de San Salvador que realizara un inventario del archivo, y que garantizara “el derecho de acceso y consulta al archivo documental” de Tutela Legal. A raíz de esa orden, el abogado José Mario Machado Calderón, como apoderado de la Iglesia Católica, interpuso un amparo ante la Sala Constitucional. Machado expuso que la orden de Cultura violaba la autonomía de la Iglesia y el derecho a la autodeterminación informativa de las víctimas, cuyos testimonios están en ese archivo. La Sala concedió una medida cautelar en noviembre de ese año y emitió una resolución dos años más tarde.

La Sala determinó que los documentos son privados, “equiparables al legajo documental que un abogado a quien se ha conferido un mandato”. Pese a ello, la Sala dijo que la propiedad de la Iglesia sobre los archivos está limitada por el derecho que las víctimas y la sociedad tienen a disponer de la información y a conocer la verdad sobre vulneraciones a derechos fundamentales. 

La sentencia ordenó a la Iglesia que hiciera un inventario, que custodiara el archivo y que colaborara con las instituciones estatales u organizaciones que busquen el esclarecimiento de casos de violaciones a derechos humanos.

Pertenencias de una víctima de la masacre de El Mozote. Foto de El Faro: Fred Ramos
 
Pertenencias de una víctima de la masacre de El Mozote. Foto de El Faro: Fred Ramos

El amago del arzobispo contradecía la posición de la Iglesia

La Sala decidió sobre el amparo de la Iglesia Católica cuatro meses antes de sentenciar la inconstitucionalidad de la Amnistía, en julio de 2016. Ese mismo año, el juez Jorge Guzmán reabrió el caso de El Mozote. Dos años después, con el caso en trámite, la unidad fiscal de crímenes de guerra pidió a la Iglesia “que ponga a disposición del tribunal las cajas que contienen restos de objetos encontrados en la zona de la masacre de El Mozote”, además de un informe de su origen y custodia. La iglesia se negó.

El 5 de noviembre de 2018, el sacerdote Esteban Turcios y el abogado Luciano Reyes García contestaron en nombre de la Iglesia que los objetos y documentos “no pueden ser extraídos de su lugar de conservación y resguardo porque sería una grave puesta en peligro de los mismos y afectaría los intereses de la sociedad en general”. En esa fecha, remitieron al juzgado un “inventario y un informe detallado del origen y custodia” de los “restos de objetos encontrados en la zona de la masacre de El Mozote”. Además, dice que los documentos están a disposición del juzgado en copias literales simples y copias certificadas.

Esa posición oficial de la Iglesia, de hace más de dos años, es contradictoria con la negativa inicial de Escobar Alas.  La interpretación del arzobispo el domingo era que, al permitir la inspección de archivos, “violaríamos la sentencia” de la Sala. Cuando un reportero de Canal 33 le preguntó si el juez estaba violando la sentencia de la Sala, dijo “esa es cosa de él, no voy a juzgarlo”.

Las palabras del arzobispo le ganaron críticas en redes sociales y en medios de comunicación desde el 18 de enero. Era una actitud similar a la del Ejército y el presidente Bukele, que bloquearon la inspección de archivos militares. Una encuesta de la UCA reveló que el 50.9 % de la población desaprueba la decisión de impedir el acceso a los archivos militares.

El 19, el arzobispo contactó al juez Guzmán. “El martes 19 de enero platicamos con el señor juez para darnos cuenta que era lo que él en verdad quería con su visita al archivo”, dijo Escobar en un mensaje grabado. “Debo decir que él fue muy atento, amable, cortés y dejó muy en claro que su intención es recabar aquella información útil y necesaria para apoyar a las víctimas de la masacre de El Mozote y que en ningún momento él pretende llevarse ningún documento”, añadió en un video publicado el 20 de enero.

“Enhorabuena que venga el señor juez de San Francisco Gotera a hacer la inspección que nos ha indicado”, cerró Escobar Alas. La pericia, que está programada para empezar el 25 de enero, busca establecer “la permanencia de objetos y documentos citados en el informe de noviembre 2018”, identificar los que son de interés judicial, fotografiar y obtener copias certificadas de algunos documentos y realizar un análisis de la información. En la orden de inspección, el juez dice que “la aplicación de la medida de secuestro judicial es excepcional, por el valor y trascendencia del documento u objeto para el caso”. 

El caso se encamina al cierre de la fase de Instrucción. Ya hay dos declaraciones de peritos programadas para la segunda mitad de febrero. Además, el 11 de enero, el juez volvió a requerir información a Casa Presidencial, después de las sucesivas denegatorias de 2020. Esta vez, solicita informes de los que el Gobierno ya ha admitido su existencia, porque están citados en documentos ya entregados al juzgado o que han sido entregados parcialmente. Entre la información solicitada se encuentra, por ejemplo, el “libro de órdenes generales y de cuerpo” del Batallón Atlacatl, seis órdenes generales de la Fuerza Armada emitidas entre 1979 y 1981 y los cuadros de clasificación e inventarios de siete archivos del Ejército.