El último informe de Transparencia Internacional, sobre percepciones de corrupción en el sector público, coloca a Nicaragua entre los países con mayor corrupción en el mundo, en el número 159 entre 180 países, mientras en el ranking de las Américas somos el tercer país más corrupto y solamente Haití y Venezuela se encuentran en una peor situación.
Esta es una de las herencias más costosas y dolorosas de catorce años de desgobierno de la dictadura de Daniel Ortega. En el robo y despilfarro de millonarios recursos estatales, que estaban destinados al combate a la pobreza y el desarrollo nacional, hay inmensos costos económicos. Pero, además, hay pérdidas intangibles que resultan aún más difíciles de reponer a largo plazo. Ortega no solo desmanteló todas las instituciones públicas de control y rendición de cuentas que existían en el Estado y las convirtió en apañadores del ilícito, sino que hizo de la confusión entre lo público y lo privado un leit motiv para hacer negocios e invertir, no con el visto bueno de la ley, la competencia, y la transparencia, sino con el aval del caudillo.
Ciertamente, la corrupción en el sector público es de larga data y no empezó con Ortega. Pero bajo su mandato se perfeccionó como un eslabón estructural del “modelo” para gobernar entre el poder público y el privado, y diseñar desde los fallidos megaproyectos hasta los programas asistencialistas, pasando por las coimas millonarias del Poder Judicial, la Policía, y los operadores políticos del Estado. El aporte original de Ortega consiste en haber institucionalizado la corrupción. Desmantelarla, y reconstruir los órganos de control, será una tarea titánica que demandará la continuidad de varios gobiernos y una genuina revolución institucional, que empieza por el cambio político para salir de la dictadura.
El índice de Transparencia Internacional se basa en las percepciones recabadas por expertos en gobernabilidad y encuestas realizadas con empresarios internacionales y, por lo tanto, es también un indicador del clima de negocios que prevalece en Nicaragua. Un sistema que ofrece incentivos a corto plazo para el “capitalismo de compadres”, pero desalienta la inversión sostenible por la falta de reglas del juego transparentes, y la discrecionalidad del sistema estado-partido-familia.
En una escala de 1 a 100, donde 100 significa cero corrupción y 0 más corrupción, en el índice de Transparencia Internacional los países con menor corrupción en el continente, como Canadá y Uruguay, obtienen 77 y 71 puntos, respectivamente, mientras que Nicaragua lidera la corrupción en la región centroamericana con 22 puntos.
Bajo el régimen orteguista la corrupción ha formado parte de un sistema de poder, político y económico, que castiga a los empresarios que promueven la competencia, y premia a los cómplices, que se aprovechan de la corrupción para obtener ventajas económicas. Pero los mayores perjudicados han sido siempre los más pobres. La corrupción equivale a un robo masivo de recursos a los pobres, para beneficio de la ineficiencia de las élites, como ocurrió con el desvío de más de 4000 millones de dólares de la cooperación estatal venezolana, para financiar los negocios privados de la familia presidencial y sus socios.
La corrupción ha florecido ante la falta de democracia y transparencia pública y se extiende en todas las áreas de la economía: en el “negociado” de la energía y su sobreprecio, en las obras de infraestructura, en las inversiones inmobiliarias con los fondos de la Seguridad Social, y mucho más. Nunca ha sido castigada por el Estado, y lo poco que conocemos de la corrupción y el efecto que ha producido sobre la desigualdad, es el resultado de las investigaciones periodísticas de la prensa independiente con el apoyo de expertos de la sociedad civil.
Afortunadamente, soplan vientos de cambio a favor del combate a la corrupción y la impunidad en Centroamérica. El tema está siendo puesto en la agenda internacional por la nueva administración demócrata del presidente Joe Biden. En su programa de Gobierno, Biden propuso crear una comisión regional para investigar y castigar la corrupción en Centroamérica, enfocada en el Triángulo Norte de la región, donde existe una herencia institucional de las reformas promovidas por las Comisiones Internacionales contra la Impunidad (Cicig en Guatemala, y Maccih en Honduras), y el Ministerio Público tiene autonomía para investigar y judicializar la corrupción. En una entrevista con El Faro, Juan González, asesor del presidente Biden para América Latina en el Consejo Nacional de Seguridad, precisó que el objetivo no es crear una nueva institución regional, sino una “fuerza de tarea” con el apoyo del Departamento de Justicia, para apoyar la labor de los fiscales de El Salvador, Honduras y Guatemala, y advirtió que “el líder que no esté listo para combatir la corrupción no será un aliado para Estados Unidos”.
En Nicaragua, bajo la protección de la dictadura, la corrupción es mucho más grave que en estos tres países, mientras la Fiscalía y el poder Judicial más bien actúan como un sicariato oficial al servicio de la impunidad. En ausencia de un Estado democrático, le corresponde a la sociedad civil y a los nuevos liderazgos de la oposición poner el tema de la corrupción y la impunidad en las prioridades de la agenda del cambio político.
Bajo un nuevo gobierno democrático, en Nicaragua será imperativa la creación de una Comisión de la Verdad, una Fiscalía Especial, y una profunda reforma judicial, para investigar los crímenes de lesa humanidad y simultáneamente investigar y castigar la corrupción. Estas nuevas instituciones de control político es posible crearlas, si Nicaragua obtiene una asistencia internacional extraordinaria, como ocurrió en los últimos años en Guatemala y Honduras. Y la única manera de lograr ese apoyo internacional, es eligiendo un nuevo gobierno democrático, con el voto de una mayoría calificada que le otorgue el mandato inequívoco de desmantelar las estructuras de la dictadura, combatir la corrupción y la impunidad, y hacer justicia.
Por el contrario, si no hay elecciones creíbles, si se divide la oposición y se dispersa la mayoría política del voto azul y blanco, bajo el continuismo de Ortega o con un gobierno débil y Ortega “gobernando desde abajo”, la corrupción y la impunidad se perpetuarán y los pobres seguirán siendo los grandes perdedores.
