Los peligros del poder sin barreras

La concentración del poder abre la puerta a la corrupción, al uso de los recursos del Estado para premiar a amigos y castigar enemigos, al control de la prensa para ensalzar a los gobernantes y suprimir las noticias inconvenientes. A esto se puede añadir que cuando no se permite la discusión abierta de los problemas nacionales los gobiernos toman malas decisiones e incluso las buenas ideas se implementan de forma contraproducente.

Los últimos días se ha dicho repetidamente que es peligroso que los tres poderes del Estado estén bajo el control de una sola persona. Cada grupo de comentaristas añade un sesgo especial a la temática. Los politólogos hablan del sistema de contrapesos, los abogados del Estado de derecho y los periodistas de los peligros para la libertad de expresión. Todo esto suena muy abstracto, unos cuantos ejemplos concretos nos ayudarán a comprender cómo funciona esto.

Desafortunadamente es fácil encontrar ejemplos en nuestra historia. Estos abundan en un país donde la cultura democrática está tan poco arraigada que estamos dispuestos a tirarla por la borda a la primera ocasión. Presentaré a continuación unos pocos ejemplos del poder sin barreras en acción. Me limitaré a tres temas: corrupción, mala toma de decisiones y ejecución contraproducente de políticas beneficiosas. Aunque estos ejemplos vienen de una investigación que estoy haciendo sobre 1921, es fácil encontrar instancias similares a lo largo del siglo XX.

Corrupción

Es fácil encontrar ejemplos de corrupción en El Salvador porque nuestros políticos se las arreglan para enriquecerse a costa de las arcas del Estado, incluso cuando corren el riesgo de que los descubran. Cuando no perciben ese riesgo, la corrupción puede ser épica. Hablaré de un ejemplo que no resalta por las cantidades involucradas, sino más bien por la crueldad de la historia, crueldad que fue posible gracias a la inexistencia de recursos legales y entidades fiscalizadoras.

En 1921 las arcas del Estado estaban vacías. En años anteriores el Gobierno había tenido gastos extraordinarios debido al uso de fondos públicos para fines electorales. El presidente era Carlos Meléndez y el candidato a la presidencia su hermano Jorge. Los gastos electorales eran para que el control del Ejecutivo quedara en manos de la familia. Ya en el poder, Jorge tuvo que aumentar considerablemente los gastos militares para defender la dudosa legitimidad de su cargo.

El fisco ya estaba muy limitado de fondos cuando la crisis económica en Estados Unidos tuvo repercusiones en El Salvador. Las exportaciones de café y los ingresos por impuestos de aduana disminuyeron precipitadamente. El Gobierno dejó de pagar los salarios de los empleados públicos por meses.

En marzo de 1921, la Tesorería General de la República anunció que iba a pagar los sueldos correspondientes a noviembre de 1920 y listó las fechas en que se podía pasar a cobrar. Un día estaba dedicado a pagar a maestros, el siguiente a jueces y secretarios de juzgados, luego telegrafistas, carteros, y así sucesivamente. Detrás de este listado impersonal había cientos, miles de historias de penuria y desesperación. Semana tras semana los empleados públicos empezaban el día sin saber de dónde vendría el dinero para alimentar a la familia, pagar la renta o comprar medicinas urgentes.

La tragedia de muchos creaba oportunidades para la rapacidad de pocos. Individuos inescrupulosos cercanos a funcionarios del Gobierno e inclusive a la familia del presidente merodeaban cerca de las oficinas gubernamentales. Se acercaban a las maestras o a los empleados de juzgados o correos para comprarles los “vales” o pagarés de tesorería. Desesperados por alimentar a sus hijos, ellos aceptaban vender los vales con gran descuento, a veces recibían solamente la mitad del valor nominal. Estos intermediarios luego cobraban el valor total. En un Gobierno en el que el poder legislativo no podía hacer preguntas y el poder judicial estaba postrado, esta crueldad era posible sin temor a consecuencias. La impunidad era total.

No es necesario recordar a los lectores de El Faro que la corrupción también es posible en casos en que los gobernantes se sienten impunes porque pueden comprar votos para obtener la mayoría de la Asamblea, nombrar a títeres en la Corte de Cuentas o escapar el escrutinio de la prensa con medidas que impiden la transparencia. La mayoría de los partidos políticos en la escena política salvadoreña han participado en este juego en mayor o menor medida.

Malas decisiones

Los gobernantes que no tienen que dar cuentas a nadie, que están rodeados por funcionarios entrenados a asentir y se las arreglan para escapar el escrutinio de la prensa, crean condiciones que prácticamente garantizan las malas decisiones. No hay nadie que se atreva a decir que la idea es mala, que no beneficiará a las mayorías, que será un despilfarro de fondos, que las generaciones futuras terminarán pagando el desaguisado.

En esta categoría tenemos un ejemplo que tuvo consecuencias de largo plazo, la desastrosa negociación de un empréstito para solucionar el problema fiscal. El presidente Jorge Meléndez, desesperado por obtener un préstamo para consolidar las deudas del Estado y contar con fondos de inversión, cayó bajo la influencia de Minor Keith, el dueño de la compañía de ferrocarriles y condueño de la United Fruit Company, la infame bananera que ejercía enorme poder en Centroamérica. Keith persuadió a Meléndez de que él podría conseguir que bancos estadounidenses extendieran un préstamo considerable. Luego lo persuadió de que nombrara a René Keilhauer, que era empleado de Keith, como representante de El Salvador ante los banqueros. Finalmente, consiguió la representación de los bancos. A fin de cuentas, la negociación del contrato fue una conversación entre Keith y su empleado Keilhauer. Los términos del acuerdo redundaron en beneficio de Keith sin que le importaran los intereses de El Salvador.

El magnate estadounidense ganó millones en la transacción, mientras que El Salvador comprometió el 70 % de los impuestos de aduana para pagar el crédito. Además, el país quedó comprometido a aceptar que un representante de los bancos de Wall Street administrara los ingresos de aduana y en la práctica supervisara las finanzas públicas. De esta manera, por casi dos décadas, el pago del empréstito siempre tuvo prioridad sobre temas cruciales para los salvadoreños como la inversión en hospitales o escuelas.

No hay que retroceder un siglo para encontrar malas decisiones. Para mí, la peor decisión del siglo XX fue una que se utilizó de manera recurrente. Me refiero al uso sistemático de las fuerzas armadas para solucionar todos los problemas del país. Las disputas de propiedad o de salarios que se debían dirimir en los juzgados terminaban silenciadas por acciones del Ejército o la Policía. Debates sobre métodos educativos o condiciones de trabajo terminaban con tropas disparando en la calle hasta que la población sintió que no le quedaba otra opción que tomar las armas.

Buenas decisiones mal ejecutadas

La falta de contrapesos y de debate abierto también crea condiciones para que la ejecución de proyectos necesarios sea tan torpe e impetuosa que termine produciendo resultados contraproducentes. Para este caso tenemos otro ejemplo de 1921, la adopción del régimen monetario del patrón oro puro. De acuerdo con el cronograma que establecía la ley monetaria de 1919, el último paso en la adopción del nuevo sistema era dejar de usar las moneditas de plata de cuño antiguo (reales, cuartillos) y sustituirlas con las monedas de níquel de cinco, diez, o 25 centavos de colón. Sin pensarlo dos veces, en medio de una grave crisis económica en la que ni los soldados podían cobrar el sueldo, las autoridades avisaron que el 25 de febrero todas las monedas de plata perderían valor monetario.

El día siguiente del anuncio de la desmonetización de la plata circuló un llamado de señoras del mercado y obreros para una manifestación pública de protesta. Más de 5000 personas respondieron a la convocatoria. Llamaba la atención el número de ancianos que se presentaron angustiados al ver que sus ahorros desaparecían. Los discursos se quejaban de que la nueva medida aumentaba el hambre y la miseria del pueblo. Los gritos de la multitud exigían la renuncia del ministro de Hacienda. Las crónicas hablaban de un “torrente humano” que circulaba desordenadamente por la ciudad buscando quien los escuchara.

El 28 de febrero de 1919 hubo una segunda manifestación convocada por las señoras del mercado. Se desplazaron dos cuadras al oriente para rodear el Palacio Nacional donde se encontraban reunidos los diputados de la Asamblea Nacional. Esa mañana tocaba sesión. El Salón Azul y los corredores del Palacio terminaron abarrotados con mujeres y hombres indignados que, con gritos y abucheos, forzaron a los diputados a suspender los efectos del artículo de la Ley Monetaria que desmonetizaba la moneda fraccionaria.

Fuera del Palacio la situación se deterioró rápidamente. Un grupo enardecido se dirigió a la casa del ministro de Hacienda y, en medio de gritos e insultos, la atacó a pedradas. Soldados y policías salieron a la calle. El centro de la ciudad se convirtió en un campo de batalla en el que ambos lados lucharon ferozmente. Las bien armadas fuerzas del Gobierno encontraron tal resistencia que algunos policías, amedrentados, se quitaron los uniformes, vistieron de civil y corrieron despavoridos. Hubo muertos y heridos en ambos bandos, no se sabe cuántos.

Más adelante, en el siglo XX, hubo muchas otras decisiones que, aunque convenientes, se ejecutaron de tal forma que provocaron hostilidad e inclusive violencia. La reforma educativa de 1968 se impuso de forma autoritaria, lo que antagonizó al gremio magisterial al grado que la gremial de maestros fue uno de los grupos que más combatió a los gobiernos militares antes y durante el conflicto armado. El torpe e implacable reasentamiento de la población desplazada por el embalse del Cerrón Grande empujó a numerosos pobladores de la zona a unirse al movimiento guerrillero.

Algunos lectores dirán que estas son páginas olvidadas de la historia, que no importan. Pero cabe preguntarnos por qué se han olvidado. La razón tiene que ver con el monopolio de la memoria de parte de los poderosos, el control de prensa, y la voluntad del olvidar lo molesto y tergiversar la historia en lo que conviene. La realidad manipulada y el olvido orquestado desde el Estado son los grandes instrumentos de las dictaduras.

Esto se puede ilustrar con la añoranza de tiempos en que no había corrupción en El Salvador. Curiosamente, hay una correlación exacta en este sentido. Los años de ilusoria honradez de políticos y empleados del Estado coinciden con gobiernos autoritarios que imponían restricciones estrictas a la libertad de prensa. Cuando no hay prensa libre y se controlan todos los instrumentos de poder ¿cómo sabremos si hay corrupción?

Los mejores aliados de un Gobierno que quiere hacer las cosas bien son las instituciones, entidades e individuos que aportan ideas, cuestionan, debaten propuestas, comprueban que se cumplen los requisitos legales, fiscalizan los fondos, evitan precipitaciones y arrojan luz sobre posibles problemas.

Los líderes están en una posición privilegiada para manipular la historia. Pero también pueden aprender del pasado para construir un futuro mejor. Es aquí donde está la gran oportunidad. Una persona en posición de liderazgo y con talento para obtener el apoyo de la población puede aprovechar el poder de forma constructiva rodeándose de la gente más talentosa del país, escuchando, promoviendo el debate informado de los temas más importantes antes de llegar a una decisión, corrigiendo el rumbo cuando sea necesario, contribuyendo a la consolidación de las instituciones de la democracia. Dentro de 20 años una muchacha que habrá recibido la mejor educación posible podría leer sobre su padre que fue sabio, que apreció la confianza que el pueblo depositó en él y no la utilizó para engrandecerse, sino para comprender y ayudar a los pobres, para crear oportunidades y corregir injusticias. Y en eso consistió su grandeza.