La decisión del pueblo salvadoreño de darle más poder al poder que ya detenta Nayib Bukele multiplica los recursos que el presidente tiene para imponer la narrativa oficial como la única y ahogar los temas que le afecten o le molesten. El derecho del acceso a información empeorará a partir de mayo y el discurso presidencial tendrá más altavoces y más grandes. Esa es una de las consecuencias previsibles tras la victoria electoral de Nuevas Ideas, el partido que dominará la política salvadoreña, al menos, durante los próximos tres años. Aunque el discurso diga lo contrario, eso beneficia a los políticos, no al “pueblo”.
Hay cuestiones que seguirían ocultas si no fuera por revelaciones periodísticas, y para esto el acceso a los funcionarios y fuentes oficiales es muy importante. Algunos reportajes sobre la pandemia solo fueron posibles por la información de los alcaldes, miembros de partidos de oposición, como los que revelaban que el número de fallecidos por covid-19 era mucho mayor de lo que el gobierno estaba diciendo, algo que después confirmó el propio Ministerio de Salud. Tras el 28F, 14 de las 16 alcaldías del Área Metropolitana de San Salvador pasaron a manos de Nuevas Ideas, igual que todas las cabeceras departamentales (menos una que la obtuvo el aliado gubernamental GANA) y, en total, más de un centenar de alcaldías según los resultados preliminares.
Estas informaciones fuera del guion no gustan en el universo del presidente Bukele que solo distingue entre dos tipos de periodistas: los que lo alaban y los enemigos. Y eso crea desconfianza hacia los medios y aumenta el riesgo de ser periodista en este país.
La narrativa para crear desconfianza hacia los medios es metódica. El oficialismo se niega a dar su versión o cualquier explicación mínima a las preguntas que los periodistas formulan sobre cualquier tema. Lean la cantidad de veces que escribimos o decimos “se pidió la versión a tal institución y no contestó” en las notas. Lo que debería de ser un proceso normal de presentar interrogantes al Gobierno, recibir respuestas y publicar notas que incluyan esa versión, se convierte en una batalla dialéctica. Cuando se publica, el gobierno expone su propia versión y sentencia: “ya ven que los periodistas mienten”. Cuando estábamos por publicar la investigación sobre la empresa del entonces candidato Christian Guevara, por ejemplo, quien ganó un millón de dólares en contratos gubernamentales de la pandemia, Guevara me dijo que solo contestaría preguntas por teléfono. Cuatro días antes de publicar, le envié un cuestionario de 31 preguntas. No contestó ninguna, pero publicó un video en sus redes atacando a El Faro.
No es un caso aislado. Por siete meses busqué una entrevista con algún candidato, cualquiera, del partido Nuevas Ideas. No lo logré. A menos que ocurra un cambio radical respecto a la campaña, los flamantes nuevos puestos solo empoderarán a los funcionarios a mantener su negativa a atender a algunos medios, y a aumentar su hostilidad.
El 21 de agosto de 2020, Ernesto Castro, el rostro con más marcas de preferencia por Nuevas Ideas en San Salvador, me dijo en la Asamblea Legislativa que me daría una entrevista cuando ya fuera oficialmente candidato. Cuando le pregunté con quién tenía que coordinar esa entrevista, se rió y me respondió que ya sabía con quién, mientras caminaba con prisa a su camioneta. El 8 de febrero de 2021, Idalia Lobo, quien ganó una curul por La Libertad, me contestó un mensaje en Facebook: “Muchas gracias por la invitación, ya escribiré a su número y nos coordinamos”. No ocurrió. Henry Flores, alcalde electo de Santa Tecla, me contestó dos tuits el 10 de febrero, pero ignoró una petición de entrevista que le hice ese mismo día en mensaje privado.
Lissette Zepeda, quien dijo ser parte del equipo de Antonio Zelaya, el desconocido candidato a alcalde de Antiguo Cuscatlán, me contactó en Twitter para ofrecerme una entrevista. Zelaya tuvo un papel anecdótico en la carrera, apenas puso pequeños carteles de publicidad, paupérrimos frente al despliegue de otros candidatos, pero acepté. Quedamos el 19 de febrero a las 10 de la mañana. A las 9:49 de la noche del 18 de febrero me escribió para informarme que les surgió “un compromiso de último momento” y que me avisaría “si retomamos lo de la entrevista después”.
El más cínico fue Giovanny Zaldaña, diputado electo por Santa Ana, que solo me respondió: “gracias, muy amable”, en un intercambio de mensajes de Twitter, el 29 de enero de 2021.
En julio de 2020 le pedimos oficialmente a Nuevas Ideas la información de sus candidatos. La primera vez que fui a la sede en San Salvador, la persona que me atendió dijo que el partido todavía estaba recopilando la información de los candidatos y que la compartiría en sus redes oficiales después. La segunda vez, llevé una carta pidiendo información. No la quisieron recibir. El 12 de agosto, le mandé un correo a José Navarro, el director de comunicaciones de Nuevas Ideas. No contestó. Sofía Medina, la secretaria de Comunicaciones, nunca me ha contestado un mensaje o una llamada. Ernesto Sanabria, el secretario de Prensa —un cargo ad hoc creado en este Gobierno— solía dejar mis mensajes en visto hasta que me bloqueó de Whatsapp. Lo hizo después de que publicamos que una cuenta de la Secretaría de Prensa, que ahora difunde propaganda de Nuevas Ideas, se recicló durante unos días como el trol “Brozo”. Sigo esperando respuesta de una carta solicitando entrevistas que le dejé a Sanabria en Casa Presidencial el 12 de julio de 2019.
En total, durante la campaña, contactamos a 42 personas de Nuevas Ideas: 36 candidatos a diputados, dos candidatos a alcaldes, dos dirigentes del partido y dos funcionarios públicos. Ninguno aceptó darnos una entrevista o enviarnos documentos o información que solicitamos.
No es que estuvieran escondidos. Los candidatos de Nuevas Ideas desfilaron en entrevistas en grandes medios, como TCS y Megavisión, en decenas de páginas locales que transmiten en Facebook o en Youtube y, por supuesto, en los medios del Gobierno, el nuevo diario y el remozado noticiero, y todos los que manejan a través del Consejo Nacional de la Administración de Bienes (Conab). Un político en campaña usualmente busca darse a conocer cuando y como sea. No le contesté mensajes a tres candidatos al Parlacen de Arena y una candidata a diputada del PDC que me contactaron para buscar una entrevista.
Pero ningún candidato del bando oficialista ha dado entrevista a los medios “incómodos”. Los sospechosos usuales en esa lista son El Faro, Factum, Focos y Gato Encerrado, pero los candidatos también limitaron y condicionaron su aparición en espacios como el programa de radio de Diana Verónica y Tony o las entrevistas de Canal 33 a no compartir con candidatos de otros partidos, según dos personas que trabajan en la producción de esos medios. Pese a un número mayor de gestiones, solo dos candidatos a alcalde acudieron a la entrevista del programa radiofónico Pencho y Aída.
No solo es cuestión de vetar medios, sino de declararlos no gratos. El precio de ser periodista en El Salvador ha aumentado. Todo el personal de El Faro tiene ahora medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por riesgo de daño irreparable a nuestra vida e integridad, y ya en 2017, dos años antes de la llegada de Bukele al poder, el personal de Revista Factum también recibió medidas cautelares tras recibir amenazas de grupos cercanos a la Policía Nacional Civil.
Los tuits que no le gustan al Ejecutivo se penalizan con acoso y campañas de desprestigio, impulsadas desde la Presidencia de la República y espoleadas por personajes cercanos, como el excandidato a diputado de Nuevas Ideas, Walter Araujo. Ya es un patrón en el que parece que los periodistas solo nos turnamos en la picota. Un ejemplo reciente ocurrió el 18 de febrero, cuando la periodista Cecibel Romero reveló en Twitter que algunas cajas mostradas como contenedoras de vacunas contra la covid entraron al país dos semanas antes del anuncio oficial. El gobierno respondió que se trataba de cajas recicladas y empezó una campaña de desprestigio contra Romero. No pasó lo mismo en junio de 2020, cuando Bukele removió al director del Fondo Ambiental, Koky Aguilar, después de que un reportaje de la misma periodista revelara que Aguilar vendió caretas faciales al Ministerio de Salud.
Cuando un medio publica algo que les beneficia, merece toda credibilidad. Cuando no, se trata de un panfleto vendido a los intereses de los opositores políticos. Solo siete días después de decir que la agencia AP, fundada en 1846, y en general los medios internacionales, no era confiable porque había revelado su fallido viaje a Washington, Bukele citó una nota de AP como respaldo de que todo estaba en orden con el inicio del plan de vacunación en El Salvador.
Acabada la campaña, una promesa y una petición. La promesa es que el periodismo no dejará de hacer su trabajo de fiscalización del poder. Pese al bloqueo, logramos rastrear información pública de los 84 candidatos a diputados del partido, y descubrimos procesos judiciales, mentiras en los currículos y hasta apologías a la violencia que obligaron a un candidato de San Miguel a cerrar, primero, y luego a volver privada su cuenta de Twitter.
No es que las Asambleas anteriores hayan sido ejemplo de rendición de cuentas. Pero ahora que la decisión de transparentar las actuaciones del Ejecutivo, el Legislativo y quizá próximamente del Judicial recaen en una sola persona, entraremos en terreno pantanoso. Este es el mismo Ejecutivo que se ha negado a entregar información de pacientes y fallecidos por covid-19 y que ha obstaculizado las auditorías de la Corte de Cuentas y las investigaciones de la Fiscalía sobre gastos de la pandemia.
Vista la cooptación del Instituto de Acceso a la Información, solo queda la petición: que la sociedad civil y —ojalá— también los electores de Nuevas Ideas acompañen la exigencia de honradez y la vigilancia de la nueva camada de poderosos, antes de que emprendan el mismo camino de aquellos a quienes con tanta fuerza se castigó el 28 de febrero.
