Un TSE dudoso no supo enfrentar al fantasma del fraude

Después de un año de tropiezos, algunos más graves que otros, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) cerró el escrutinio definitivo de las elecciones del 28 de febrero este viernes 19 de marzo. La victoria de Nuevas Ideas (NI) es inobjetable, no tanto así el desempeño del TSE que, como árbitro, enfrentó desde boicots internos, errores técnicos, retraso en apertura de urnas, hasta una campaña de ataques del Gobierno. En términos formales, el TSE completó el proceso electoral, pero su credibilidad sufrió un duro golpe y sus problemas internos impidieron disipar con contundencia la retórica de fraude impuesta por el bukelismo.

El TSE actuó en ocasiones con negligencia o lentitud, y otras veces sufrió de parálisis porque su cerebro, el organismo colegiado de magistrados, se trabó en discusiones que no llegaban a consensos y que ralentizaron la marcha. Ningún desliz o error del TSE se asemeja a un fraude electoral, como lo aseguraron el presidente Bukele y otros dirigentes de NI. La presidenta del TSE, la magistrada Dora Martínez de Barahona, que también hizo eco de la retórica del fraude, en los días previos al 28F, fue la primera en decir que las elecciones habían sido un éxito, en las horas siguientes al cierre de urnas.

Aunque lejos del fraude, lo que sí abundó fue la polémica, de principio a fin, incluida la última decisión de los magistrados. Este viernes, cuando dieron por concluido el escrutinio definitivo, el TSE anunció que había cambiado las reglas del juego e ignorado un artículo del Código Electoral que reglamenta cómo se reparten los regidores en las 262 alcaldías municipales, así como otro que prohíbe los cambios de reglas electorales hasta un año antes de la elección. Con esa decisión, Nuevas Ideas obtuvo 22 nuevos concejales que no tenía, según los resultados preliminares. Los más afectados por esta interpretación son Arena, Gana y FMLN, que pierden 15, 10 y 8 concejales respectivamente en diversas alcaldías, según el análisis de expertos. Cuatro magistrados aprobaron esta interpretación porque argumentaron que la Constitución lo permite, mientras que un magistrado votó en contra, con el argumento de que las reglas electorales no pueden cambiarse a último minuto para favorecer a un partido político en particular. Los argumentos de unos y otro están consignados en el acta de cierre de escrutinio definitivo de los resultados de concejos municipales. El comportamiento del TSE en estas elecciones ha sido desconcertante en muchas ocasiones, incluida esta última donde salió beneficiado el partido político que desde hace meses acusa al organismo de preparar un fraude electoral. 

Las fallas del TSE no fueron pocas. Incumplió con el calendario electoral oficial, compró de manera tardía el equipo informático para las mesas receptoras de votos, sufrió el boicot de personal técnico que debía crear el software usado el día de la votación, cometió errores en las pruebas y simulacros en los días previos a la votación, permitió que personal sin capacitación formara parte de las mesas de votos el día mismo de los comicios, y falló en la rendición de cuentas a los partidos políticos en la Junta de Vigilancia Electoral (JVE). Todo estos tropezones sirvieron solamente para una cosa: avivar la retórica de que el TSE propiciaría un fraude.

Pese a la marcha forzada, el TSE completó la elección y los logros también existieron: pudo mostrar tendencias de resultados en tiempos relativamente más breves que en 2015 o 2018, e implementó un software diseñado en El Salvador y que no tiene precedentes en Centroamérica para el procesamiento y transmisión de actas de resultados, la noche de elección. Sin embargo, NI logró minar la credibilidad de la institución ante la opinión pública, a través de un ataque constante de desinformación. Para diciembre de 2020, una encuesta de la UCA mostraba que la confianza de la población en el TSE se había reducido a la mitad. Ahora, desde el gabinete de Gobierno, y con una mayoría en ciernes en la Asamblea, hay voces que hablande “profunda reforma” del TSE, sin entrar en detalles. 

Para algunos observadores electorales, es muy probable que el TSE comience a sufrir transformaciones a partir de mayo. "Las quejas de NI lo que buscan es generar el estado de ánimo y las condiciones para proceder a la destitución de los magistrados del TSE (nombrados hasta 2024), y lo digo porque ya hay mensajes del presidente y de otras personas de NI hacia los magistrados de que no deberían cometer prevaricato, por ejemplo", dice Eduardo Escobar, director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana. Escobar explica que Nuevas Ideas utiliza las encuestas donde se muestra la disminución en la credibilidad del TSE para justificar la necesidad de cambios.  

“Las instituciones de control son las primeras víctimas de los gobiernos autoritarios. El TSE no ha sido un órgano incómodo para el Ejecutivo porque no ha ejercido un control intenso sobre los actos irregulares de la propaganda. Sin embargo, creo que hay interés [de NI] en tener un TSE que les permita tener una composición propia y no depender de Gana”, opina Ruth López Alfaro, abogada con especialización en derecho electoral. López se refiere a que la presidenta del TSE, Dora Martínez, fue nombrada en ese cargo en representación de Gana, debido a que ese partido llevó a Bukele a la presidencia, en febrero de 2019. Gana y Nuevas Ideas son partidos aliados, pero eso no implica que el bukelismo tenga confianza en la presidencia del TSE. 

El ataque al TSE por parte del bukelismo ha sido constante desde antes de la elección presidencial de 2019, cuando simpatizantes de Nuevas Ideas irrumpieron en las oficinas del TSE aupados por dirigentes del partido. También en diciembre pasado, otra turba bloqueó los accesos de las oficinas y mantuvo encerrado al personal por varias horas. El Tribunal reaccionó muy lento para defenderse e incluso los magistrados, esa misma noche, no lograron ponerse de acuerdo para condenar esos hechos a través de un comunicado. 

Las denuncias de fraude se mantuvieron incluso después de la elección. El martes 16 de marzo, cuando el TSE estaba por declarar cerrado el escrutinio definitivo, el presidente de NI, Xavier Zablah, denunció en redes sociales que el TSE pretendía alterar los resultados para quitarle un regidor a su partido en 83 alcaldías. Zablah pedía a los magistrados "cumplan la ley" cuando, paradójicamente, si se cumplía la ley electoral, los resultados preliminares solo debían confirmarse. Zablah, en el fondo, lo que exigía era que el TSE cambiara las reglas del juego para favorecerle de manera particular. La presión de NI provocó que el propio TSE decidiera incumplir el artículo 219 del Código Electoral y cambió la manera en la que, desde 2012, se han repartido los espacios en los concejos municipales. Ese artículo dice que cuando un partido gana una alcaldía con más del 50 % de los votos, obtiene automáticamente el puesto de alcalde, síndico y la cantidad de regidores que alcanza con un cociente, quedándose fuera de la repartición por residuo. Zablah lo que quería era que se obviara ese artículo y que, al ganar con más del 50 % de los votos en algún municipio, NI también entrara en la repartición de sillas por residuo.

Esa interpretación fue validada por el TSE que, para hacerlo, canceló la declaratoria de cierre de escrutinio definitivo que se haría mediante cadena nacional de radio y televisión el 16 de marzo. Suspendieron el acto porque, según dijo la magistrada presidenta, Dora Martínez, debían evaluar la petición del partido NI. Tres días más tarde, el viernes 19, el TSE informó de los resultados en una cadena nacional y sin permitir preguntas de la prensa. Con el cambio de criterio del TSE, Zablah y su partido ganaron 22 concejales más en todo el país. Julio Olivo, magistrado del Tribunal, señala que eso es una violación a la ley: "El cambio de reglas del proceso electoral a última hora está terminantemente prohibido por el artículo 291-A del Código Electoral", escribió, en su voto razonado contra la decisión de sus colegas. Hasta el último momento, el TSE no logró ponerse de acuerdo.

En general, el TSE hizo muy poco para contrarrestar los ataques a su imagen y, por el contrario, cedió ante la presión de NI. En ocasiones, el TSE facilitó convertirse en blanco de críticas. Cometió errores, como no haber capacitado a todas las personas que iban a estar en las mesas receptoras de votos el 28F, y tomó decisiones cuestionadas, como ceder a caprichos de NI durante el escrutinio definitivo. 

Este escrutinio estaba previsto para que comenzara el miércoles 3 de marzo, pero se interrumpió con la abrupta llegada de una docena de altos funcionarios del Ejecutivo que dijeron haber pedido permiso sin goce de sueldo para defender “los votos del pueblo” en las mesas. De la defensa, los funcionarios pasaron a la intromisión, irrumpiendo en las mesas de escrutinio final sin credencial alguna y exigiendo que se suspendiera el trabajo. Y de la intromisión, al espectáculo: la noche del jueves 4 de marzo, el director general de Migración y Extranjería, Ricardo Cucalón, fingió una caída para aparentar que un partidario de Arena lo había golpeado en una de las salas del conteo. El objetivo de NI era mostrarse como el partido víctima al que los partidos más viejos no dejaban participar en las mesas. Pero muy pronto un video que circulo en redes sociales demostró que Cucalón se dejó caer en el suelo. 

Lo que los funcionarios de NI buscaban al presentarse en el conteo final es que se les abriera un espacio en todas las 49 mesas de escrutinio, porque las reglas electorales solo otorgan ese privilegio a partidos que han participado en elecciones anteriores. Eso explicaba el miedo de NI: como partido más joven, no confiaban en que la Fiscalía, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Junta de Vigilancia Electoral, los observadores internacionales y nacionales garantizarían los resultados en las mesas de escrutinio. NI quería tener manos y ojos en esa etapa. 

El miércoles 3, el TSE cedió ante la presión de NI y dio otro paso en falso: modificó el instructivo de escrutinio final para complacer al partido cian y permitió que funcionarios de Gobierno y gente sin acreditar se incorporara a las mesas con el cargo de “agregados”. Modificar así la normativa requería una aprobación por mayoría calificada del TSE, cuatro de cinco votos. Pero el TSE lo hizo con tres, y lo que aprobó fue una medida que fácilmente fue rechazada por las Juntas Electorales Departamentales, que normalmente son las que ejecutan esta etapa del escrutinio.

NI siguió con la presión, en privado y en público, y surtió efecto. El jueves 4, el TSE modificó por segunda ocasión el instructivo y emitió una directriz jamás vista en los casi 30 años de vida del TSE: las JED fueron desplazadas y los partidos políticos hicieron las veces de árbitro en las 49 mesas de escrutinio, lo que habilitaba la correlación de fuerzas para tomar decisiones sobre cualquier inconsistencia que apareciera en la revisión de las 8,541 actas de escrutinio. En cada mesa, NI logró imponer un integrante. El TSE, para evitar la imagen de árbitro sesgado, le dio la misma oportunidad a todos los partidos. Pero estaba claro que el único en exigir esa medida fue el partido que estaba en desventaja: NI. 

Dos magistrados propietarios criticaron abiertamente las modificaciones que se hicieron al instructivo. Guillermo Wellman y Julio Olivo, magistrados propuestos por Arena y FMLN, respectivamente, no estuvieron de acuerdo, pero no bloquearon la iniciativa para permitir que el accidentado escrutinio definitivo avanzara y que la imagen del TSE no se desgastara más. El magistrado Wellman llegó a decir que sus colegas habían violado la ley al dejarse doblar el brazo por NI. "No voté a favor de esa decisión, no porque no quisiera que el escrutinio termine lo más pronto posible, no voté porque simplemente yo como funcionario público he establecido  (...) la norma de que no puedo violentar la ley", dijo durante una entrevista televisiva.

El miércoles 16, la Junta de Vigilancia Electoral, con presencia de todos los partidos, dijo en una conferencia que estaban evaluando y analizando esa decisión del TSE, porque les parecía que podía reñir con la legalidad.

Un año de tropiezos

De las 190 actividades del calendario electoral del TSE muchas sufrieron retraso o, sencillamente, se incumplieron. Lo confirmó la Junta de Vigilancia Electoral (JVE), la instancia desde la que los partidos fiscalizaron todo el proceso electoral, y que al finalizar reclamó al TSE su falta de transparencia, pues muchas veces pidieron información sobre las distintas etapas del calendario y no recibieron respuesta. "Recomendamos al TSE mejorar la comunicación con la JVE tal como lo establece la ley en su artículo 135 del Código Electoral", dijo Sofía Vaquerano, directora de la JVE, al leer un informe de evaluación, el martes 16.

De todas las fases, la relacionada a la creación del nuevo sistema informático que procesó y transmitió los resultados fue la más convulsionada. Basta decir, por ejemplo, que las pruebas y simulacros para poner a prueba el sistema se hicieron el 7 y 14 de febrero con equipos informáticos viejos que el TSE tenía en su poder desde elecciones anteriores, según confirmó a El Faro un alto ejecutivo del TSE. Las nuevas laptops que se iban a usar el 28F fueron adquiridas de manera tardía por el Tribunal y el día de los simulacros aún no tenían instalado el software. Aunque hubo fallas logísticas con el personal o con algunas computadoras, el punto más sensible, la transmisión de las actas de resultados, ambos simulacros se completaron con relativo éxito, pero las dudas y quejas no lograron disipar la retórica del supuesto fraude que se fraguaba.

El TSE tampoco pudo garantizar que el día de la votación todas las personas en las Juntas Receptoras de Votos tuvieran los conocimientos suficientes para llevar a cabo el trabajo. Por eso es que en ocasiones los integrantes tuvieron que rotar en sus cargos porque, por ejemplo, los secretarios de la JRV no sabían cómo usar las laptops. Por la noche, cuando a cada mesa le tocó usar el sistema informático volvieron a surgir las mismas fallas que habían sido evidentes en de enero y febrero durante las capacitaciones. Hubo mesas que terminaron el trabajo hasta el amanecer del 1 de marzo debido a las complicaciones técnicas. “Hubo deficiencia en la capacitación en cuanto al uso de la tecnología en mesa”, sentenció la Junta de Vigilancia, en un informe de evaluación, del 16 marzo.

La creación del software también fue accidentada. Los magistrados nombraron una comisión de técnicos donde Dennis Stanley Osegueda, el delegado de la presidenta Dora Martínez, fue acusado por los magistrados de Arena y FMLN de entorpecer el trabajo. Osegueda fue removido como coordinador de la comisión en enero y, según los magistrados Olivo y Wellman, la Fiscalía electoral tuvo que intervenir para que entregara las contraseñas del sistema. "Un ingeniero nombrado por la presidenta y quien coordinaba la comisión técnica, además de otras cosas que había hecho, presentó una nota diciendo que no se hacía responsable de lo que podía pasar. Lo que hicimos fue removerlo y después el simulacro funcionó, como por arte de magia", dijo Olivo, en una entrevista televisiva el 22 de febrero. "Tuvo que llegar la fiscal electoral para que él entregara las contraseñas del sistema al TSE. Eso fue un día antes del simulacro, o sea que estamos trabajando bajo fuego", agregó. 

Al final, el sistema funcionó el 28F y permitió que los resultados preliminares se conocieran en la misma noche de la votación. Lo dicho por NI no se cumplió, porque en la antesala de la votación ese partido había asegurado que el sistema fallaría e incluso pautó spots publicitarios que auguraban fraude.

El día de la votación, sin embargo, el TSE también se tropezó consigo mismo. El atraso en la apertura de centros, que estaba previsto para las 7 de la mañana, es un ejemplo de ello. Hubo lugares donde el atraso fue de dos o tres horas. En la mayoría de lugares, lo que falló fue que las JRV no tenían el personal mínimo para comenzar a operar. Sin eso, no podían recibir los paquetes electorales con las papeletas, los crayones, la tinta, el padrón, etcétera. Entre las razones de por qué el personal de las JRV no estaba listo está que cientos de miembros de mesa propuestos por NI y Cambio Democrático (CD) no portaban ninguna credencial que los autorizara como miembros de JRV. Las autoridades electorales en los centros de votación no admitieron a nadie sin credencial y NI reclamó que se le estaba bloqueando.

¿Por qué los miembros de mesa de NI y CD no tenían credencial? En la madrugada del 28F, esos partidos sustituyeron al personal que tenían acreditado y fue entonces que solicitaron nuevas credenciales al TSE, pero logísticamente fue imposible extenderlas. "Sustituyeron a última hora a las personas y llegaron personas que no estaban capacitadas, que no sabían como usar el escáner", declaró el magistrado Olivo el 1 de marzo. Fue la presidenta del TSE, Dora Martínez, quien autorizó, a último minuto y a espaldas de sus colegas magistrados, la sustitución de personal de JRV. "No tuvimos conocimiento como organismo colegiado de esa decisión", dijo el 1 de marzo el magistrado Noel Orellana, en una rueda de prensa.

Todo parecía un plan para entorpecer la instalación de las JRV y desgastar aun más la maltrecha imagen del TSE. No fue casual que, a las 3 de la mañana del 28 de febrero, el presidente Bukele reclamara a través de Twitter que los miembros de NI no tenían sus credenciales. Lo que no dijo es que eso era así porque su partido pidió a última hora la sustitución de personal y por eso el TSE no les extendió las acreditaciones.

Presionada por su propia autorización, la presidenta Martínez trató de enmendar la situación y publicó en la madrugada del 28, en su red personal de Twitter, un comunicado explicando los artículos de la ley electoral que, bajo su interpretación, permitían la integración de mesas cuando no hay credenciales.

Cuando la Sala de lo Constitucional bloqueó la participación en las elecciones del candidato de Nuevas Ideas Walter Araujo, la decisión causó un debate sobre los filtros que usó el TSE para inscribir candidatos. Sin embargo, el TSE fue opaco a la hora de explicar los criterios que había utilizado para inscribir ciertas candidaturas. Lo que ocurría en el TSE más parecía una mesa de negociaciones donde unos magistrados buscaban bloquear a Araujo siempre y cuando también se bloqueara la candidatura de Margarita Escobar, candidata a diputada de Arena a la que periodísticamente se ha vinculado, al igual que a otros funcionarios, con pagos en efectivo fuera del control de la ley mientras fue funcionaria.

El TSE también falló a la hora de sancionar propaganda electoral de los partidos. En ocasiones, el Tribunal sancionó al Gobierno central y al presidente por emitir campaña negativa contra el resto de partidos, pero cada vez que un spot publicitario era bloqueado en la programación televisiva o radial, a los pocos días volvía a aparecer.

El TSE tampoco pudo fiscalizar las finanzas de los partidos, lo cual ha sido una deuda reiterada desde ya varias elecciones. El Tribunal no tiene una unidad robusta que fiscalice y audite los ingresos y los gastos de campaña. Un sondeo de la organización Acción Ciudadana encontró que, solo en enero, Nuevas Ideas gastó un aproximado de 3.5 millones de dólares en propaganda en medios, una cantidad considerablemente mayor que el resto de partidos.

Pese a las fallas, el TSE salió avante con la elección. El siguiente proceso electoral será en 2024 y le tocará administrarlo a estos mismos magistrados, quienes están nombrados en el cargo hasta mediados de ese año.

Las voces de reforma ya han comenzado a surgir, justo en medio de un panorama donde el partido que habló de fraude ahora tiene todo el poder legislativo. “No confiamos en todo lo que se ha venido haciendo con este TSE”, dijo Ernesto Castro, diputado electo de NI y hombre de confianza del presidente Bukele. Castro también ha prometido una reingeniería en la Asamblea Legislativa a partir del 1 de mayo.