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Rogelio Rivas fue despedido porque el OIE informó que construía una candidatura presidencial

Efren Lemus Roxana Lazo

Un informe del Organismo de Inteligencia del Estado que asegura que Rivas construía un plan para ser presidenciable y utilizaba recursos públicos fue el argumento principal tras la decisión de destituirlo del cargo. El presidente Nayib Bukele anunció el cambio de ministro de Justicia y Seguridad en un momento en que el flujo de comunicación y debate disminuyó en el país: a las seis de la tarde del 26 de marzo, un día antes de las vacaciones de Semana Santa. Cuando se le pidió su versión de los hechos, Rivas respondió amenazando a un periodista de El Faro.

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ElFaro.net / Publicado el 18 de Abril de 2021

Eduardo Rogelio Rivas Polanco, bajo cuyo ejercicio ocurrió una reducción histórica de los homicidios, fue destituido del cargo de ministro de Justicia y Seguridad Pública a finales de marzo debido a que, según información de Inteligencia, construía un plan político: convertirse en candidato presidencial del partido Nuevas Ideas (NI) para las elecciones de 2024. La aspiración de Rivas terminó en una destitución porque Casa Presidencial recibió reportes oficiales del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) que afirmaban que Rivas usó recursos públicos para tal fin, pero en especial porque el ministro no contaba con la autorización del presidente Nayib Bukele ni de alguno de los familiares del mandatario que toman esas decisiones.

El 11 de enero de 2021, el OIE entregó a Casa Presidencial (CAPRES) un documento que iniciaba con la siguiente advertencia: “Se ha venido conformando una situación que, al ser expuesta al conocimiento público, puede tener serio impacto en el gobierno del presidente Bukele, no solo por el uso y destino que se está haciendo de los fondos públicos”. El informe de 19 páginas, titulado “Análisis de la situación registrada al interior del Ministerio de Justicia y Seguridad”, el cual solicita “la máxima secretividad” por las interioridades descritas sobre esa cartera de Estado, fue elaborado por un empleado al que Rivas despidió del Ministerio, pero que terminó trabajando para el OIE.

Rogelio Rivas, ministro de Justicia y Seguridad, durante su rendición de cuentas del primer año de gestión. Realizado el 23 de julio de 2020, en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa. Foto de El Faro: Víctor Peña. 
 
Rogelio Rivas, ministro de Justicia y Seguridad, durante su rendición de cuentas del primer año de gestión. Realizado el 23 de julio de 2020, en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa. Foto de El Faro: Víctor Peña. 

El Faro obtuvo una copia de ese informe el 9 de marzo de 2021, dos semanas antes de que Rivas fuera destituido. Alrededor de esas fechas, el documento fue entregado por un agente del OIE que tuvo acceso al informe. En los siguientes días, este periódico confirmó que el informe coincide con otros documentos obtenidos posteriormente: licitaciones, fichas laborales, memorandos y hasta recibos de energía eléctrica. Además, El Faro entrevistó por separado a tres fuentes de alto nivel con acceso a información de Casa Presidencial. Los testimonios confirman y se complementan en detalles sobre la destitución: Rivas tenía aspiraciones políticas que no había consultado con el clan Bukele. Ese informe, dicen las fuentes, llegó a manos de Karim e Ibrajim Bukele, hermanos y asesores del presidente, y fue uno de los insumos principales que usó el Gobierno para separar del cargo a Rivas, la tarde del 26 de marzo de 2021.

El Faro decidió no publicar imágenes del informe, pues contiene varios nombres de empleados públicos y empresas que este periódico sigue investigando. 

El documento del OIE asegura que Rivas cambió cuatro veces el organigrama institucional para crear direcciones y contratar personal de confianza que le garantizara captar recursos para una cuenta llamada “Conformación del Fondo Presidencial”, para financiar su eventual campaña. “Ha diseñado un mecanismo de captación de recursos (…) La conformación de dicho fondo, sería utilizada en su campaña como candidato a la presidencia por parte de NI, ya que él se asume como el candidato idóneo para ser designado por el partido, para tal cargo”, se lee. Al final de la tarde del 16 de abril de 2021, El Faro pidió, vía llamada telefónica, una entrevista al exministro Rivas para conocer su versión. Estas fueron sus breves respuestas.

—Le llamo porque necesito una entrevista con usted.

—No, papá. Yo ya estoy fuera de la función pública.

—Me gustaría mostrarle unos documentos.

—Ay, Dios, papá, más lo que te puedo verguiar en persona. ¡No! ¿Para qué?

—Le aclaro que yo no he elaborado esos documentos. Son documentos oficiales.

—No, pues sí, pero ya no me interesa.

—Le llamo porque la otra semana vamos a publicar un reportaje sobre su salida del Ministerio.

—Ahí vean qué publican. La cosa es que hoy ya no soy funcionario y, como cualquier ciudadano, si me siento ofendido, te demando, cabrón, tenelo por seguro.

—Usted tiene todo el derecho de demandar. Yo solo le llamo por su derecho de respuesta.

—Va. Ok. Salú.

El exministro colgó.

Según el informe del OIE, los fondos que llegaban a la cuenta para una eventual campaña de Rivas provenían, principalmente, de partidas gubernamentales destinadas para la construcción de infraestructura y de procesos de compras realizados durante la pandemia. El Faro documentó la existencia de esa cuenta, “Conformación del Fondo Presidencial”, por medio del Ministerio de Hacienda. En 2020, esa cartera de Estado inició una auditoría sobre las finanzas del Ministerio de Seguridad, y una de las cosas que encontró fue la cuenta. Paradójicamente, la auditoría fue solicitada por el exministro Rivas.

Un exfuncionario de alto nivel del Gobierno aseguró que “Rogelio pidió que Hacienda auditara al Ministerio porque decía que había muchas cosas torcidas en el Ministerio”. Sin embargo, el exfuncionario no vio sentido a la petición. “Se hizo la investigación que él pidió y nos vamos dando la sorpresa de que él era parte de un fondo. Si no mal recuerdo ese fondo empezó en noviembre de 2019”, explicó la fuente.

Según el documento de Inteligencia, hay dos hechos que hicieron posible que el dinero llegara a la cuenta “Conformación del Fondo Presidencial”. El primero fue que el exministro Rivas centralizó el manejo presupuestario de dos dependencias importantes: la Policía Nacional Civil y la Dirección General de Migración y Extranjería; y la segunda es que colocó en direcciones clave en la ejecución presupuestaria, así como de los procesos de compras, a personas relacionadas con su pasado laboral: su exjefe, el empresario Rudel Jesús Antonio Franco Duarte, y exempleados del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM), institución que Rivas presidió a propuesta del entonces alcalde capitalino, Nayib Bukele, en el período 2015-2018.

El OIE también informó al Gobierno que el exministro Rivas usó equipo institucional para montar un “trollcenter” en la colonia San Francisco, en San Salvador. Trollcenter es la forma en que se designa a un equipo encargado de crear y operar cuentas falsas para aplaudir o atacar a personas desde internet. Ese trollcenter, según el informe del OIE, era manejado por Herbert Alexander Lobato Elías, un asesor de Rivas y representante de Diario La Huella, una empresa contratada por Casa Presidencial para promocionar el Plan Control Territorial. El montaje del trollcenter era parte del plan para potenciar la imagen del ministro Rivas en redes sociales como una antesala en su carrera hacia la candidatura.

El primer contacto con el agente del OIE que entregó el informe ocurrió el 9 de marzo de 2021, un día después de que este periódico publicara que Rivas incumplió el pago de impuestos durante ocho años. La fuente escribió el siguiente mensaje por una aplicación de mensajería electrónica: “Todavía hay trapos sucios”. El agente del OIE se refería a las intenciones del exministro para candidatearse para los comicios de 2024 y al mal uso de fondos públicos. La fuente aseguró que el exempleado del Ministerio que elaboró el informe “pasó un buen rato quejándose de que Rogelio estaba usando recursos para su futura campaña, pero nadie le hacía caso, hasta que decidió recabar todo lo que pudo. Hizo el informe y lo entregó a uno de los hermanos (Bukele), Hasta ahí le pusieron atención y empezaron a averiguar más y armar el caso”.

Un funcionario de Gobierno, que habló con El Faro bajo condición de anonimato por temor a perder su trabajo, coincide en que ese fue el motivo de la destitución de Rivas: “A él lo echaron porque pensó que tenía todo para ser el próximo candidato presidencial”. La fuente explicó que Rivas tenía a su favor la histórica reducción de homicidios, algo que intentó capitalizar para sus fines políticos. Aseguró, además, que desde noviembre de 2020, parte del gabinete sabía que Rivas usó dependencias del Ministerio para promover candidaturas de alcaldes y diputados de Nuevas Ideas en las pasadas elecciones para ganar apoyo y peso dentro del partido en un futuro cercano. “Ese Ministerio te da mucho poder y te puede enfermar la cabeza. Es como que tengas un minigobierno dentro del Gobierno”, dijo la fuente.

El ministro expulsado del olimpo

En junio de 2019, cuando Rivas fue juramentado como ministro no tenía ninguna experiencia en asuntos de seguridad pública. Había trabajado como ingeniero para empresas del constructor Rudel Franco y tenía experiencia en asuntos municipales. ¿Por qué el presidente Bukele nombró a ese ingeniero civil para lidiar con problemas crónicos que aquejan a los salvadoreños, como las pandillas, los homicidios o las extorsiones? Parte de esa respuesta se remonta a 2013. “Cuando todavía era gobernador de San Salvador, él fue convocado a una reunión con Nayib por parte de Peter Dumas. Lo convocaron y rápido entró, cayó bien con la gente de Nayib, con el primo y con Karim (hermano de Bukele), que son los mazuchos. Rogelio tenía un Mazda 3, e íbamos a las reuniones allá en Nuevo Cuscatlán, donde estaba el Brozo Sanabria (Ernesto Sanabria, secretario de Prensa de Casa presidencial), estaba Karim, Peter Dumas y toda esa mara”, cuenta una persona que trabajó de cerca con Rivas en el ISDEM, y que habló bajo condición de no mencionar su nombre.

En 2015, cuando Bukele dejó la Alcaldía de Nuevo Cuscatlán, Rivas fue una de las personas que lo acompañó en su ascenso al poder. Ese año, cuando Bukele fue alcalde de San Salvador, Rivas fue contratado como asesor del alcalde y presidente del ISDEM, institución donde tuvo un choque con dirigentes del FMLN que lo acusaban de valerse de su cargo para promover su imagen. En 2019, cuando Bukele tomó las riendas del Gobierno, Rivas fue nombrado ministro de Justicia y Seguridad, cargo que desempeñó durante 21 meses.

Rogelio Rivas, ministro de Justicia y Seguridad, junto a Nayib Bukele durante conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad, el 15 de julio de 2019. Foto de El Faro: Víctor Peña.
 
Rogelio Rivas, ministro de Justicia y Seguridad, junto a Nayib Bukele durante conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad, el 15 de julio de 2019. Foto de El Faro: Víctor Peña.

Durante su gestión, el exministro contrató como “asesor de infraestructura” a su antiguo jefe: el constructor Rudel Franco. El informe dice que Franco no firmaba ningún documento, pero tenía el control de las comisiones de selección de ofertas de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (DACI). “Adecua los términos de referencia de las licitaciones públicas, para que las empresas que forman parte del mecanismo sean las que ganen. También modifica las estructuras presupuestarias para dar entrada a dichas empresas. Por ejemplo, en las remodelaciones a las delegaciones y subdelegaciones (de la Policía), incorporó como rubro la supervisión o elaboración de carpetas, cuando eso no era procedente”. El Faro llamó a la empresa Rivas Franco Consultores, pero no logró contactar con el exasesor del ministerio mencionado en el informe.

Otras contrataciones importantes de personal fueron asignadas a exempleados del ISDEM: Juan Henríquez, exgerente del ISDEM, fue nombrado director de la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA, por sus siglas en inglés); Silvia Leticia Portillo, exjefa de la UACI del ISDEM, fue contratada como directora de la DACI; Luis Alberto Saravia Ramírez, exjefe de tesorería del ISDEM, fue contratado como director de Finanzas; mientras que a William Arévalo, persona de confianza del exministro, lo contrataron como director de Logística del Ministerio de Seguridad.

Según el informe de Inteligencia que derivó en el despido de Rivas, los empleados de confianza eran las piezas necesarias en un engranaje para acelerar o entorpecer las licitaciones, los contratos de consultorías, y los pagos por el suministro de bienes y servicios. Eran empleados de confianza y, por eso, nunca cuestionaron que se asignara computadoras, celulares y fondos para el funcionamiento del trollcenter.

Desde finales de 2020, la administración Rivas se había convertido en una piedra en el zapato del Gobierno. El círculo íntimo de Bukele tenía detalles sobre las intenciones políticas de Rivas, pero cualquier cambio en el gabinete se hubiera convertido en una desventaja de cara a las elecciones municipales y legislativas de febrero 2021, en las cuales el partido Nuevas Ideas participó por primera vez y en las que ganó la mayoría en la Asamblea Legislativa y en las alcaldías. “El olimpo lo traía en la mira, pero como la popularidad (del exministro Rivas) era alta y el tema de seguridad estaba funcionando no querían jugársela, así que esperaron a hacer esos cambios hasta después de elecciones”, cuenta el agente del OIE.

Aquel 26 de marzo de 2021, apenas un mes después del triunfo arrollador de Nuevas Ideas en las elecciones, el presidente Bukele juramentó a Gustavo Villatoro, exfiscal y exfuncionario del Gobierno de Antonio Saca (2004-2009), como nuevo ministro de Justicia y Seguridad. El mandatario no explicó el motivo del cambio y se limitó a decir, en una sorpresiva conferencia de prensa, que su Gobierno buscaba “una nueva visión” en el combate a la delincuencia. El cambio de ministro ocurrió en un momento en que cualquier tema era opacado por el inicio de las vacaciones de Semana Santa.

La destitución de Rivas —y el nombramiento de Villatoro— ocurrió a las 6 de la tarde del 26 de marzo de 2021, el último viernes laboral antes de las vacaciones, cuando el flujo de información y debate disminuye en el país. Al regreso de la Semana Santa, los salvadoreños tenían a un nuevo ministro de Seguridad, pero los cuestionamientos de por qué ocurrió ese cambio ya eran cosa del pasado. Un segundo cambio en el gabinete ocurrió el 7 de abril de 2021. Ese día, el presidente Bukele juramentó a David Martínez como nuevo ministro de Agricultura, en sustitución de Pablo Anlíker, funcionario a quien la Corte de Cuentas cuestiona por anomalías en compras millonarias de alimentos a empresas mexicanas durante la pandemia.

La sombra de la corrupción persigue por igual a los dos exministros. Sin embargo, es Anliker quien, por el momento, ha salido mejor librado, porque fue nombrado viceministro de Agricultura, cargo que le permite mantener un fuero que lo blinda ante una eventual acusación de la Fiscalía; mientras que Rivas, dicen las fuentes, ha sido expulsado de la estructura gubernamental. El exministro Rivas lo dice a su manera: “estoy fuera de la función pública”. Eso permite inferir que hay algo que parece imperdonable en el círculo de confianza de Bukele: intentar tener más poder sin la venia del clan Bukele. Una de las fuentes consultadas para este reportaje lo dijo de manera más llana: “hacer tramafases (estrategias ocultas) a espaldas del olimpo”.

El trollcenter de Rivas

El 14 de octubre de 2016, el entonces jefe de Comunicaciones del Ministerio de Trabajo durante el Gobierno del efemelenista Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), Herbert Alexander Lobato Elías, fundó Diario La Huella, una empresa dedicada a la comercialización de publicidad, a difundir información y a la “orientación de la opinión pública”, entre otras cosas. Aunque el fundador de esta empresa estaba contratado a tiempo completo en el Ministerio de Trabajo, en 2017 también trabajó para el ISDEM que dirigía Rivas.

“A Rogelio siempre le ha gustado que los medios hablen bien de él y Lobato llegaba a cubrir notas y a entrevistarlo”, cuenta una persona que trabajó de cerca con Rivas en el ISDEM y que habló bajo condición de no mencionar su nombre. El 16 de febrero de 2017, el ISDEM contrató a Lobato para el “servicio de capacitación con especialidad en manejo de redes sociales, como herramienta fundamental para la comunicación de empleados del ISDEM”, según el contrato de libre gestión 24/2017, por un monto de 2,000 dólares.

En 2019, Rivas contrató a Lobato en el Ministerio de Seguridad. Entonces, Lobato y su empresa tuvieron ingresos por el tema la seguridad por partida doble. El 18 de julio de 2019, Presidencia pagó 2,260 dólares a Diario La Huella por un contrato de libre gestión para el “servicio de pautas en periódicos digitales Plan Control Territorial fase 2”. Cuatro días después, el 22 de julio de 2019, Lobato salió hacia Washington para participar en la VI reunión de ministros y secretarios de seguridad del triángulo norte de Centroamérica y del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Según el portal de Transparencia, participó en su calidad de “director”, pero no especifica de qué área.

El 30 de agosto de 2019, la empresa de Lobato también ganó un contrato de 1,000 dólares con el Fondo Social para la Vivienda (FSV) por una publicidad web, así como publicaciones en redes sociales para “divulgar los resultados de los primeros 100 días del Gobierno (de Bukele)”. Al siguiente año, en abril de 2020, en plena pandemia, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) pagó otros 6,000 dólares por publicidad a Diario La Huella.

El informe dice que Lobato fue contratado en 2019 para dirigir la unidad de comunicaciones, pero que fue despedido. Meses después, sin especificar fecha, fue recontratado para “conformar la oficina que funciona fuera del ministerio”. Esa oficina, ubicada en la calle Durazno de la colonia San Francisco, era un trollcenter para potenciar la imagen del exministro Rivas, y que operaba de manera independiente a la Dirección de Comunicaciones del Ministerio.

En septiembre de 2020, el consumo de energía eléctrica en la casa de la colonia San Francisco fue de 599.99 dólares, monto que fue pagado con dinero público. El Faro tiene una copia de ese recibo y el informe del OIE explica cómo se ejecutaban los desembolsos: “El director de logística (William Arévalo) es la persona de confianza para dotar de recursos a la oficina de troles del ministro y es el encargado del fondo circulante, con el que paga no solo la casa de la oficina de troles, sino que también otros gastos superfluos del despacho”.

 

El Faro pudo constatar que el trollcenter se mudó de la colonia San Francisco hacia una casa ubicada en la colonia Cumbres de Cuscatlán, en Antiguo Cuscatlán. Entre las cosas de la mudanza había una decena de computadoras que tenían el número de serie del inventario del Ministerio. Lobato confirma que el equipo pertenece al Ministerio de seguridad. “Sí, el equipo era del Ministerio de Seguridad y había como unas 10 o 15 personas trabajando ahí”, dijo Lobato, entrevistado por El Faro el día sábado 17 de abril.

Aunque Lobato insiste que esa oficina manejaba asuntos del Plan Control Territorial, hay documentos donde se advierte que esa oficina no está relacionada oficialmente con el Ministerio. Así está consignado en un memorándum del 20 de noviembre de 2020. Ese día, a las 11:15 de la mañana, William Arévalo, el director de Logística del Ministerio, recibió un memorándum del director general ejecutivo, Ricardo Evert Santamaría, quien le informa que la asistente de Lobato entregó una factura por consumo de energía eléctrica, por un monto de $575.24, correspondiente al mes de noviembre de 2020. El recibo de la compañía CAESS fue remitido a la Dirección Financiera Institucional para su respectiva cancelación.

El pago no se realizó porque el recibo tenía un cobro de mora por $2.16, situación que, según las normas internas, requería de una resolución ministerial para hacer efectivo el pago. Santamaría dejó plasmado en el memorándum que el problema era más grande. “El punto es que en esta dirección no se conoce el uso que como Ministerio se está haciendo de dicho inmueble, pues no está dentro de la estructura institucional que desde acá se coordina y no podríamos dar la información necesaria para elaborar dicha resolución, es por esto que le estoy trasladando dicha factura (original), a ver si usted dispone de la información necesaria y se pueda resolver la situación”.

El contenido de ese documento sorprende a Lobato. "¿En serio? Eso es incorrecto, pero no sé cómo demostrártelo. A mí me dijeron: ahí hay unas oficinas, porque en el Ministerio no había espacio. Yo me moví para donde me mandaron. No tengo nada que ver con las contrataciones, no tengo nada que ver con el pago de cualquier cosa. Yo solo cumplí mi misión: el seguimiento al Plan Control Territorial", respondió.

El organigrama oficial del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública tiene una Dirección de Comunicaciones. ¿Por qué el exministro Rivas necesitaba otra oficina para el Plan Control Territorial? Juan Hernández, director de Comunicaciones del Ministerio, dice desconocer esos motivos. “Él (Lobato) estaba de asesor y el asesor se entiende con el ministro”, dijo.

El Faro intentó, a través de correo institucional, obtener una versión de los empleados del Ministerio mencionados en el informe del OIE. También se solicitó la declaración de algún funcionario del Ministerio sobre la información de este reportaje. "¿Y esa información de dónde surge?", preguntó Hernández, jefe de Comunicaciones del Ministerio. Se le explicó, pero al cierre de esta nota, no hubo respuesta.