Amenazas constantes, asesinatos, acoso, agresiones y desacreditación, ese es el escenario que atraviesa hoy en día la prensa de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. Así lo describió el último reporte de Reporteros sin Fronteras “Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2021” con respecto al ambiente “hostil” que atraviesan los periodistas de la región por el simple hecho de cuestionar, de investigar la corrupción y la administración de las finanzas por parte de los gobernantes.
El Faro consultó los resultados de este informe de Reporteros Sin Fronteras con una organización dedicada a la defensa de los derechos humanos, Human Rights Watch (HRW), y con otra especializada en la libertad de prensa, el Comité de Protección para Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). Ambas coinciden en que existe un patrón en los gobiernos de la región en desacreditar a los periodistas para desacreditar y que estos pierdan la credibilidad.
El informe, publicado el 20 de abril, y que detalla el panorama de la libertad de expresión en el mundo, pone a Honduras, Guatemala y El Salvador en una escenario complejo para los periodistas; sin embargo, Nicaragua ha entrado en una situación crítica. Según el reporte, en Nicaragua, que se encuentra en el número 121 del ranking en cuanto a libertad de prensa, el periodismo independiente “vive una auténtica pesadilla” desde la reelección de un tercer mandato consecutivo del presidente Daniel Ortega, en noviembre de 2016.
La estigmatización, las campañas de odio levantadas por el gobierno de Ortega, como las amenazas de muerte, han llevado a que los periodistas no tengan de otra más que exiliarse. Mientras tanto, muchos otros, por ejercer la labor, han terminado encarcelados, acusados de terrorismo. En Nicaragua, leyes como la “Ley de Agentes Extranjeros”, aprobada en octubre de 2020, ha llevado a que cualquier persona o entidad que reciba financiación de fuera del país deba registrarse en el Ministerio del Interior.
De acuerdo con José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), con esta ley el gobierno nicaragüense busca “silenciar a sus críticos” y permite a Ortega “controlar las actividades de prácticamente cualquier persona que reciba fondos o apoyo del exterior, incluidos los medios de comunicación independiente”.
Aunque en una situación menos crítica que Nicaragua, RSF catalogó a El Salvador en un país donde la prensa se enfrenta a la “violencia estructural y deriva autoritaria” del presidente Nayib Bukele.
Desde la toma de posesión de Bukele en 2019, según el reporte, los ataques y las amenazas contra periodistas que investigan su gestión han aumentado. “(Bukele) ha tratado de crear la imagen de la prensa enemiga del pueblo: un juego extremadamente peligroso”, mencionó el reporte de RSF, en el que El Salvador de estar en el puesto 72 pasó al número 82, cayendo ocho lugares en la Clasificación mundial.
La organización destacó, también, que muchas de estas amenazas contra los periodistas salvadoreños provienen de funcionarios. Un ejemplo de ello ocurrió el 16 de abril de 2021, cuando El Faro pidió una entrevista, vía llamada telefónica, al exministro de Seguridad, Rogelio Rivas, por una investigación que dejaba en evidencia que fue removido del cargo por buscar una aspiración presidencial. Al pedir su versión, Rivas reaccionó con una amenaza contra el periodista Efrén Lemus: “Ay, Dios, papá, más lo que te puedo verguiar en persona. ¡No! ¿Para qué?”.
Vivanco consideró que con el gane de Bukele en las pasadas elecciones legislativas y municipales los ataques a la prensa pueden agudizarse, por lo que “se vuelve fundamental el rol de la comunidad internacional para defender la independencia del poder judicial y la libertad de expresión en el país”.
Guatemala y Honduras sufren, de igual manera, intimidación, campañas de acoso y de acusaciones falsas como ataques verbales. La situación de la prensa, en el caso de Guatemala, pasa por “padecer amenazas, detenciones arbitrarias, intimidaciones y agresiones si denuncian casos de corrupción en los que están implicados políticos y gobernantes”.
Para RSF, esa ha sido la particularidad del presidente guatemalteco Alejandro Giammattei: orquestar humillaciones públicas contra periodistas. En Guatemala, situado en el lugar 116, cada vez son más frecuentes los asesinatos de periodistas. Por el otro lado, Honduras, que se ubica en el puesto 151, la situación de la prensa se agudiza y presenta “un lento deterioro” desde el golpe de Estado de 2009, en donde se registran cada vez más amenazas de muerte y periodistas buscando exilio.
Natalie Southwick, directora del programa para Las Américas del Comité de Protección para Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), existen hilos parecidos en los cuatro países, pero con sus particularidades. El CPJ ha podido documentar denuncias que van desde la retórica anti prensa, las amenazas online, al acoso tanto de periodistas como sus fuentes, el cierre de espacios, como los bloqueos de las instituciones de gobierno a la información pública.
“Lo que muestran es que esos líderes se ven molestos por el hecho de hacer preguntas por parte de los periodistas, que es como el hecho más básico del periodismo: hacer preguntas”, recalcó.
Southwick añadió que existe un patrón cuando se busca desacreditar a la prensa: el atacar a individuos. No solo se trata de poner en cuestión la labor periodística, sino que se convierte al periodista en blanco y con ello se desvía la atención de su trabajo, una estrategia muy bien aprovechada por mandatarios como el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, o por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, así como por el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, o por el mismo Daniel Ortega.
“Es una herramienta de líderes autoritarios para quitar la confianza de la gente en la prensa”, opinó. Para ella, quitar la confianza se traduce en una manera de silenciar a los medios de comunicación para que “el Estado sea la única fuente confiable de información y así controlar la narrativa”. Como lo que sucede en el caso de El Salvador, mencionó, con respecto al manejo de los mensajes que hacen los medios oficialistas.
Para Southwick, que líderes como Bukele, con muchos seguidores, adopten esa retórica de enfrentamientos directos con periodistas, es peligroso. “No es como cualquier otra conversación”, aseguró. Aunque la retórica sea en el ámbito digital, Southwick no duda en que puede saltar a amenazas en espacios físicos, sobre todo, desde una población que se adhiere al discurso antiprensa. “Puede convertirse en una señal para actuar”, concluyó.
