No bastan las vacunas si se excluye a migrantes y refugiados

Desde diciembre 2020 hasta la fecha, los Estados mesoamericanos han puesto en marcha sus planes de vacunación contra la covid-19. Como sabemos, es urgente vacunar a todas las personas posibles para lograr detener la propagación del virus y, con ello, regresar a una relativa normalidad. Sin embargo, frente a los planes de vacunación en ejecución, hay un grupo de la población que comúnmente no ha sido considerado en las etapas de priorización: las personas en condición de movilidad humana.

Las personas migrantes en situación regular e irregular, personas refugiadas, solicitantes de asilo, apátridas y víctimas de trata de personas, representan a uno de los grupos poblacionales más afectados por la pandemia. Este grupo, además de una crisis sanitaria, enfrenta graves dificultades relacionadas con la falta de protección en los países receptores, así como limitaciones económicas. Su exclusión de los planes de vacunación no solo vulnera sus derechos humanos, sino que limita el éxito de todo el proceso.

Como lo ha explicado la OMS, los beneficios de la vacunación dependen de su cobertura. En este sentido, tanto personas expertas en derechos humanos como en salud pública han recalcado que ninguna persona estará segura hasta que todos y todas lo estemos. Por eso, las personas en condición de movilidad humana deben ser incluidas. Es claro que no vacunar a esta población limita los beneficios de la inmunización y evita que se llegue a la tan ansiada inmunidad de rebaño.

Al respecto, la Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y el Relator Especial sobre los derechos humanos de las personas migrantes de Naciones Unidas afirmaron que todos los Estados deberían garantizar la vacunación equitativa de las personas más vulnerables, incluidas las que pertenecen a grupos socialmente desfavorecidos, como las personas en condición de movilidad humana. Justamente esta situación de vulnerabilidad se agrava en los casos de las personas migrantes en situación irregular. Por un lado, temen acudir a los centros de salud por el riesgo de ser deportadas, y por el otro, están particularmente expuestas a la enfermedad como consecuencia de su estatus migratorio, ya que suelen dedicarse a trabajos informales.

En la región de México y Centroamérica, tan solo México y Panamá contempla explícitamente la vacunación de todas las personas en su territorio sin importar su estatus migratorio, mientras que, Guatemala y Honduras no mencionan a esta población en sus planes de vacunación. Por su parte, Costa Rica limitó la aplicación de vacunas a las personas migrantes en situación regular en la última versión pública de su manual de vacunación.

A pesar de esto, existen algunos esfuerzos en América Latina para abordar la vacunación desde un enfoque de equidad y salud pública, aunque estos son limitados y todavía no se conoce su efectividad. Por ejemplo, el gobierno de Colombia anunció que adquirirá 2 millones de dosis adicionales de las vacunas contra la covid-19 para inmunizar a las personas venezolanas migrantes y refugiadas, una vez que estas regularicen su condición migratoria a través de la obtención del Estatuto Temporal de Protección. Así también, Perú anunció que vacunará a todas las personas extranjeras residentes en el país, y Argentina especificó que vacunará a todas las personas migrantes en su territorio. Ambos países, sin embargo, no han clarificado por medio de cuáles mecanismos operativizarán los procesos de vacunación. 

En medio de estos avances, aún se registran barreras de facto a las vacunas contra covid-19. En la mayoría de los países, solo las personas residentes o con algún estatus migratorio regular pueden vacunarse. En algunos se han incluido como requisito para la vacunación documentos de identidad como un pasaporte, una cédula nacional, una clave única de Registro de Población (en el caso de México) o una verificación de domicilio para agendar una cita. También se han registrado casos de discriminación de parte de miembros del personal de salud que se han negado a vacunar a personas migrantes y refugiadas. A esto hay que agregar que las campañas de vacunación han padecido, en general, de la falta de información precisa y actualizada en los idiomas de las personas en condición de movilidad humana, y el proceso de registro en línea excluye a aquellas que no tienen acceso a una computadora o a internet.

El recelo hacia las personas migrantes ha generado, además, temores fundados entre ellos a la hora de compartir sus datos personales con las autoridades estatales ante la posibilidad de represalias.

Es importante recordar que negar el acceso a la inmunización por motivos de nacionalidad o de estatus migratorio es contrario al principio de igualdad y no discriminación. Sobre esto, justamente, la Corte IDH y la CIDH han señalado que en el contexto de la pandemia los Estados tienen la obligación de garantizar de manera oportuna y apropiada los derechos a la vida y salud de todas las personas bajo la jurisdicción del Estado, sin discriminación alguna. Asimismo, otros organismos internacionales de protección de derechos humanos de Naciones Unidas, así como Relatores Especiales y Expertos de Naciones Unidas, han subrayado en sus pronunciamientos que el acceso equitativo a la atención médica, incluyendo las vacunas, debe garantizarse a todas las personas que la necesiten.

Expertos de Naciones Unidas, la CIDH y otros órganos regionales de protección de derechos humanos publicaron una nota conjunta con seis medidas que deben adoptar los Estados para garantizar el acceso equitativo a las vacunas de la población migrante. Destacan entre estas la creación de protocolos o mecanismos para garantizar el acceso equitativo; el otorgamiento de protección frente a posible deportación u otras sanciones; la publicación y difusión de información en diferentes idiomas y formatos; y la prevención de discursos y narrativas xenófobas que limiten el acceso a las personas migrantes a los servicios de salud.

Los países que han primado la salud pública en sus procesos de vacunación ya empezaron a adoptar estas medidas. Por ejemplo, EE. UU. afirmó que apoyará la instalación de centros móviles de vacunación para llegar a más personas, y estipuló que las autoridades migratorias no ejercerán controles migratorios cerca de los centros de vacunación.

Por su parte, Reino Unido prohibió que los médicos locales verificaran el estatus migratorio de las personas migrantes en situación irregular cuando se registraran para obtener la vacuna, y generó información sobre las vacunas en varios idiomas. Portugal creó un portal especial para la inscripción de personas migrantes en situación irregular, y aclaró que la información recolectada no será compartida con las autoridades migratorias. Finalmente, Ruanda declaró públicamente que vacunar a las personas refugiadas y solicitantes de asilo ayudaría a proteger a sus 13.2 millones de habitantes.

En conclusión, limitar el acceso a la vacunación por motivos de nacionalidad o estatus migratorio, no solo viola los derechos humanos de las personas en condición de movilidad humana, sino que nos afecta a todas y todos al no permitir mitigar los riesgos a la salud y vida frente a la covid-19. Por eso, es necesario que los Estados incluyan a todas las personas, sin distinción de ningún tipo, en los planes nacionales de vacunación y adopten las medidas pertinentes para garantizar su acceso a las vacunas. En la lucha contra la pandemia por covid-19, nadie puede quedarse atrás.

*María Alejandra Vega es abogada, y Aileen Ford, investigadora. Ambas son pasantes en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) para temas de movilidad humana en Mesoamérica.