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Mi último día en la Asamblea de Nuevas Ideas

Carmen Tatiana Marroquín

 
 

El 1 de mayo 2021 llegué a la Asamblea cerca de las 6:00 a.m., y entré con la naturalidad que lo hacía a diario. Admito que me dio un poco de paz. Aunque vi que la Policía tenía rodeada la Asamblea, no estaban impidiendo la entrada. Esa paz solo me duró 45 minutos, luego de enterarnos de que la prensa independiente al Ejecutivo no podía entrar. A eso le siguió  enterarme de que el portal legislativo estaba deshabilitado, lo cual me trajo profunda tristeza. No solo porque era una de mis grandes herramientas de trabajo, sino que permitía a la población conocer el trabajo legislativo al detalle.

Para pesar del Ejecutivo y sus falsas acusaciones, mi plaza nunca ha sido fantasma, y domino particularmente bien el trabajo legislativo en temas hacendarios. Me sé de memoria los decretos, los artículos y las cifras. Conozco cada ley y documento que pasó por la Asamblea Legislativa en temas hacendarios los últimos tres años. Más allá de la incertidumbre de si mi plaza se renovará, este 4 de mayo presentaré mi renuncia a un contrato que vencía en diciembre 2021.

Trabajé en la Asamblea Legislativa para la fracción del FMLN en la legislatura 2018-2021. Desde hace meses, muchos trabajadores de la Asamblea Legislativa preveíamos el fin de nuestro contrato. Quienes más rápido lo asumieron, más fácilmente se prepararon mental, emocional y materialmente. Yo me preparé lo suficiente como para vivir los últimos meses de mi trabajo legislativo con la certeza de que algo se estaba terminando, pero también con la preocupación de que probablemente el cambio en la Asamblea Legislativa sería más trascendental que lo meramente administrativo, que sería un cambio en el cual la Asamblea dejaría de ser un órgano independiente del Ejecutivo.

A diferencia de mis anteriores trabajos, en donde uno puede desconectarse de lo político y de sus aspiraciones de que la sociedad se transforme, para navegar en dinámicas monótonas llenas de tecnicismos propios de la profesión, mi trabajo en la Asamblea lo juntaba todo. Mi visión del Estado, de la política, de la sociedad, de la izquierda, de la economía, todas estas ideas navegaron en un constante mar de contradicciones.

En ese trabajo, no estar de acuerdo con el planteamiento de compañeros puede significar no estar de acuerdo con la fracción legislativa con la que se trabaja, lo cual es un conflicto ideológico; no estar de acuerdo con el resto de las fracciones es un enfrentamiento político de consecuencias nacionales. Pero con esta experiencia he logrado identificar coincidencias más profundas que las partidarias y diferencias más radicales que las de los colores de las banderas.

La incertidumbre es grande en cuanto al funcionamiento institucional de la Asamblea. Desde hace meses han sido evidentes los alineamientos al poder de parte de gente que, en afán de quedar bien con los nuevos jefes, han sido capaces de ir contra sus propios compañeros de fracción. La forma en que la gente actúa en estas circunstancias es la muestra clara de lo que en verdad son; muchos demostraron grandes niveles de nobleza, otros mucho miedo y otros, mucha mezquindad.

Desde el jueves se comenzó a rumorar que la nueva Asamblea aprobaría préstamos y ya se tenía conocimiento de la intención de modificar leyes como la del FODES. Por lo que, sabedora del fin de mi relación laboral con la institución, pero ante la incertidumbre de si las y los diputados de oposición tendrían la posibilidad de contar con personal de apoyo, me hice presente el sábado a la Asamblea Legislativa para apoyar técnicamente como lo hice entre mayo 2018 y abril 2021.

El 1M llegué preparada con un cuadro de los préstamos en procesos distintos de aprobación, preparé mi análisis de la reducción del FODES y me imaginé medianamente qué artículos podíamos sugerir para que, frente a la seguridad de que aprobarían lo que quisieran, pudiéramos incidir en alguna forma en el tema de transparencia o contraloría ciudadana de los fondos públicos.

Ser minoría en la Asamblea Legislativa es algo que ya he vivido. En la legislatura recién pasada, el FMLN solo tenía 23 diputados; aprobar cualquier cosa pasaba por buscar consensos con los demás partidos. La aprobación de muchos préstamos y leyes en el marco de la pandemia, por ejemplo, se lograron de la mano de Arena y los partidos que ahora son afines al Ejecutivo, sin participación del FMLN. Por lo cual, desde el trabajo en equipo, fuimos descubriendo cómo meter al menos un artículo que les exigiera rendir cuentas o quitar palabras para restar arbitrariedad al uso de fondos. Uno se rebusca desde la técnica, el manejo político ya les corresponde a otros.

Otra cosa valiosa que aprendí estos años es la importancia de los procesos. Como persona de izquierda tengo fuertes tendencias a cuestionar ordenamientos tradicionales. Desde el pensamiento de izquierda sé que ningún proceso involucra independencia de intereses u objetividad, pero también he aprendido la importancia de los procesos consensuados y transparentes, de que lo político se juegue con reglas claras, en donde por todos sea conocido cómo se ocupa y se ocupará el poder. Así como entiendo con claridad que el poder económico oprime y que la liberación de la actividad económica privada –en este sistema económico­– concluye en pobreza, bajos salarios, marginación; entiendo que la liberación y la desregulación del poder del Estado es un gran peligro para los derechos políticos individuales. También he aprendido que no hay democracia sin pluralidad y que inclusive con las profundas carencias y limitantes de la Constitución y el Estado de derecho, concentrar el poder en manos de pocos, por muy nobles que sean sus intenciones, es antidemocrático.

El inicio de la sesión plenaria del 1 de mayo 2021 transcurrió sin mayor novedad. Nuevas Ideas, sabiéndose invencible por ocupar tres cuartos de los escaños legislativos, eligió al Comité de Instalación de la nueva Asamblea, en donde, para sorpresa de nadie, eligió personajes bastante predecibles. Una vez que se reanudó la sesión después del receso, procedieron a elegir la Junta Directiva. Esta fue la primera decisión que se tomó con fuertes vicios de forma y fondo. Incumpliendo, específicamente, el artículo 11 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, una ley que establece que debe de conformarse con la participación de todos los grupos parlamentarios con base en “criterios de pluralidad y proporcionalidad”.

Fue obvio para todos que el Gobierno, por medio de Nuevas Ideas, había hecho un acuerdo con Gana, PCN y PDC para repartirse la Junta Directiva. Estas fracciones apenas suman ocho diputados, respecto de los 14 de Arena, que es la segunda bancada con mayor cantidad de diputados. Esto tampoco cayó como sorpresa, menos para el FMLN, a quien en la legislatura anterior Arena y esos mismos partidos dejaron fuera del protocolo de entendimiento.

No pude evitar reírme un poco ante la ironía de ver a toda la bancada de Nuevas Ideas aplaudiendo la elección de gente que claramente es de “los mismos de siempre”. Pero hace rato aterricé la idea que la coherencia no es algo que se le pueda exigir a este grupo de personas.

Una vez finalizada la sesión de instalación, estaba preparada para iniciativas de ley en función de aprobar préstamos o dar algún alivio de liquidez al Gobierno. Me paré al final del Salón Azul, en el espacio de invitados, y desde ahí veía con recelo a todos los presentes: ministros y personas del círculo más cercano del presidente, y algunos rostros desconocidos para la opinión pública. Me paré ahí con total incertidumbre sobre lo que pasaría, pero lista para trabajar en lo que fuera necesario.

La primera gran sorpresa me la llevé cuando Suecy Callejas, recién electa primera vicepresidenta, pidió dispensa de trámite, una herramienta para saltarse procesos de formación de ley dentro de la Asamblea Legislativa. Sabíamos que esta sería una herramienta que utilizarían, valiéndose de la falta de Comisiones Legislativas instaladas (que son las que primero deben conocer una iniciativa de ley, luego las conoce el pleno) y a pesar de que en reiteradas ocasiones se ha señalado que ese proceso puede concluir en inconstitucionalidad. Sabíamos que lo que querían era saltarse el debate. El contenido de la pieza, no obstante –y esto lo digo con mucha honestidad–, no lo veía venir. Ni siquiera pese a que Walter Araujo lo anunció en su cuenta de Twitter la noche del viernes 30 de abril. No tomé enserio la amenaza, me pareció un disparate. Me refiero a la pieza con la que se solicitó la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional.

No sé si por protección mental o por ausencia de conocimiento profundo de la técnica en relación con ese tipo de procesos, pero mi cerebro nunca asimiló la posibilidad de que llegaran hasta ahí el primer día. Sabíamos que querían tener a gente de su confianza en todas las instituciones, pero no que lo harían de manera ilegal. Nunca me imaginé respondiendo ante esa coyuntura.

Mientras la mayoría en el Salón Azul se levantaba a aplaudir la propuesta, quienes conformamos la oposición nos volvimos a ver con sorpresa. Mi cerebro rápidamente identificó que me tendría que enfrentar políticamente a quienes estaban aplaudiendo. Los asustados comenzamos a juntarnos y a comentar con timidez nuestra posición. Estuve al lado de un abogado, no sé su nombre ni a qué fracción pertenecía o si era invitado, pero estaba indignado con la situación y me comenzó a explicar todos los procesos que se estaban saltando y la gravedad del asunto.

Mientras él me explicaba, la diputada Elisa Marcela Rosales, de Nuevas Ideas, leía y leía desde su puesto en Junta Directiva, argumentos para destituir a la Sala. Tratamos de encontrar uno legalmente válido, pero todo lo que leía era que básicamente la Sala de lo Constitucional había cometido “el delito” de contradecir a Bukele.

Ya para entonces mi cerebro estaba buscando auxilio, porque lo que estaba presenciando era tan distópico como una película de terror. Cualquier demócrata que haya visto la sesión plenaria del 1 de mayo 2021 sabía que estaba presenciando algo histórico, sí, pero nefasto. Por unos cuántos minutos me aferré a la esperanza de que lo anunciado fuera algún giro comunicacional, una de esas tantas tretas que utilizan desde Capres para manejar la narrativa.

Pregunté a los técnicos constitucionalistas y legales de la Asamblea sobre los vacíos de lo que se estaba haciendo y el listado era grandísimo. No había espacio para afirmar que era un procedimiento legal ni constitucional, ni mucho menos un avance democrático. Pero pronto mis dudas de lo que estaba pasando se disiparían. Al terminar la votación de destitución, se solicitó otra dispensa de trámite, esta vez para nombrar a los sustitutos de la Sala recién destituida.

Hace años decidí investigar el papel de la Sala de lo Constitucional, su forma de elección y su participación política. Lo investigué motivada por mi profundo desdén a sus actuaciones. Hasta la fecha, sigo en contra de muchas de sus decisiones, pero si algo tengo claro es que el conflicto existente entre la Sala y el Ejecutivo era una molestia necesaria, no solo para este Gobierno, sino también para los del FMLN. Sé que técnicamente ninguna legislatura, en sus tres años, puede elegir a todos los miembros de la Sala, que se tiene que seguir un proceso, que por ley los y las magistradas de la Sala se deben escogen de listas propuestas por su gremio, y no por el “mérito” de trabajar en Casa Presidencial, como es el caso de José Pérez Chacón, uno de los elegidos ilegalmente. También sé que aunque estos procesos no garantizan independencia o neutralidad ideológica de los seleccionados, sí asegura discusión entre fuerzas políticas diversas e incluso debate público.

En los recesos del proceso, muchos de los diputados de Nuevas Ideas se paraban a tomarse fotos en el Salón Azul, a saludarse, a tomarse fotos en conjunto. No tengo ninguna duda de que muchos de ellos no tienen claridad de qué fue lo que hicieron, solo entendieron la parte de “hacer historia” y eso sin duda pasó.

Pronto llegaron los rumores de que lo siguiente sería la destitución del fiscal general y otras instituciones. El ambiente al interior se radicalizó, muchos agarramos valor frente a una abrumadora mayoría, rodeados de policías y mucha gente poderosa del Ejecutivo. Y así como las y los diputados votaban “no”, muchos de los que estábamos en el área de invitados empezamos a expresar abiertamente nuestro descontento y oposición a lo que estaba pasando. Una señora, que sigo sin saber quién es, incluso llegó a decirles: “¿En qué universidad les enseñaron leyes?”, mientras un diputado de Nuevas Ideas intentaba justificar la destitución.

Frente a mí, familiares de algunos de los magistrados arbitrariamente electos sacaban fotos para documentar la situación, mientras muchos les decíamos que no había nada de qué sentirse orgullosos. Después la destitución inconstitucional de cada magistrado, en el salón resonaba una ronda de aplausos. En mis tres años de presenciar semanalmente las plenarias, nunca vi una con tantos aplausos. Las pocas veces que se aplaudía tenían que ver con el otorgamiento de títulos a personalidades del quehacer nacional y cuando se aprobaba el Presupuesto General de la Nación.

Cuando Nuevas Ideas introdujo la iniciativa para destituir al fiscal general Raúl Melara, a quien no guardo ninguna simpatía política y de quien me he quejado constantemente por su trabajo (y ausencia de este), ya existía un ambiente de resignación en la oposición, pero también una claridad de que lo que estaba sucediendo con la Sala de lo Constitucional y la Fiscalía marcaba un retroceso gigantesco para la democracia de este país.

Estábamos próximos a la media noche y ya para entonces la adrenalina se nos había agotado, también la valentía de decirles de frente que lo que estaban haciendo era incorrecto. La racionalidad me regresó de golpe al recordar que estábamos rodeados de policías, y comencé a enumerar las cosas que esas instituciones, más allá de los desacuerdos que haya tenido con ellas en el pasado, me garantizaban. Esas libertades y derechos que, entre la fiscalía y la Sala, de alguna u otra forma daba por sentados.

Concluí rápidamente que muchos como yo, por nuestras ideas, a partir del 1M quedamos totalmente desprotegidos de abusos estatales. Y sentí miedo, tristeza, desolación.

Ya desde el 28F había concluido que la población le había cedido al Gobierno el poder suficiente como para ya no necesitar de su simpatía; es grande y probablemente quiera mantenerla, pero es un hecho que ya no la necesita. Después del 1M concluí, tras la finalización de la plenaria, que entre quienes aplaudían en el Salón Azul no se dieron cuenta de que también le habían cedido el poder suficiente como para no necesitar de la gran mayoría de ellos.

Además de los abusos de poder a los que debemos de acostumbrarnos de ahora en adelante, la forma en que se consolidó la toma de estas instituciones deja claro que a quienes sí continúa necesitando el Gobierno es a la Policía y a la Fuerza Armada. Ninguna de las decisiones de esa noche se pudo haber logrado sin su ayuda. La narrativa se seguirá alimentando de los que quieren matizar el hecho de que el 1M se comenzó a consolidar una dictadura.

Esa noche me di cuenta de que había pecado de ingenua al prepararme para aprobaciones de préstamos, al subestimar los planes del Gobierno. Pero también confirmé que no me equivoqué al asumir mi posición como oposición y que no podría estar de ningún otro lado más que en contra de sus planes para la democracia y para el país, ya sea fuera o dentro del Salón Azul y la Asamblea.

Carmen Tatiana Marroquín es feminista. Licenciada en economía, con estudios de posgrado en finanzas. Posee experiencia  profesional en supervisión del sistema financiero. Se desempeñó como analista técnica  en temas fiscales para el Órgano Legislativo, con la fracción del FMLN en la legislatura 2018-2021.
 
Carmen Tatiana Marroquín es feminista. Licenciada en economía, con estudios de posgrado en finanzas. Posee experiencia  profesional en supervisión del sistema financiero. Se desempeñó como analista técnica  en temas fiscales para el Órgano Legislativo, con la fracción del FMLN en la legislatura 2018-2021.


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