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Arena se suma a Nuevas Ideas y aprueba 730 millones en deuda

Jimmy Alvarado Roxana Lazo

FMLN también votó por cuatro de los préstamos que suman 330 millones. Por primera vez, el bloque oficialista de Nuevas Ideas  logró un consenso con sus principales adversarios políticos. Con lo aprobado ayer, la deuda pública de El Salvador ya supera los 23,000 millones de dólares, una cifra que representa más del 90% del PIB. 

ElFaro.net / Publicado el 12 de Mayo de 2021

En la tercera sesión plenaria de esta legislatura, el partido de Nayib Bukele logró sumar los votos de sus principales adversarios políticos en una jornada donde la Asamblea aprobó siete préstamos que suman $730 millones. Al menos $310 millones de esos ya habían sido pre-aprobados por la Asamblea anterior, para financiar el déficit del Presupuesto 2021. Los $420 millones de deuda restantes fueron aprobados con apenas unos instantes de discusión previa y sin claridad de su destino: solo se conoce el plan de compras de uno de los préstamos por $109 millones.

Arena se sumó a la votación de todos los préstamos, incluso los destinados al Plan Control Territorial. Tras dos horas de discusión, Arena acompañó con sus votos el préstamo por el que el presidente Bukele justificó su irrupción con militares a la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020, lo que generó una crisis internacional para esta administración.

El FMLN votó a favor de cuatro de los préstamos, que suman $330 millones, en una jornada en la que los dos principales partidos opositores acompañaron a la bancada Cyan, compuesta por Nuevas Ideas y acuerpada por Gana, PCN y PDC). Los cuatro decretos apoyados por la izquierda formaron parte de la discusión del Presupuesto 2021, que ocurrió en diciembre de 2020.

El FMLN justificó que había votado porque el año pasado ya había sucedido una primera ronda de votación. “Votamos por esos préstamos porque ya iban incluidos en el presupuesto del 2021”, justificó la jefa de bancada del FMLN, Anabel Belloso. Marleni Funes, diputada por Usulután, también argumentó su voto al paquete de préstamos: “voy a dar mi voto para seguir fortaleciendo el sistema de salud porque he perdido familiares y amigos".

Arena, con solo un diputado dentro de la Comisión de Hacienda, respaldó por completo el paquete de préstamos. Donato Vaquerano, de San Vicente, apenas explicó los votos de su bancada. “¿Cómo nos vamos a oponer a programas de salud y educación?”, dijo. Sin embargo, el mismo Vaquerano manifestó dudas sobre lo aprobado. “Nos interesa saber cuáles son los indicadores que se han creado para estos programas, como una especie de contraloría", dijo.

Durante la tercera plenaria de la legislatura 2021-2024, también ingresaron a la agenda de la Comisión de Hacienda cuatro iniciativas que suman $800 millones. Esto seguirá en discusión y no fue sometido a votación en el pleno, aunque todo apunta a que ocurrirá pronto: $500 millones de esta nueva deuda serían para financiar proyectos de Bienestar Social, instancia creada y dirigida por la primera dama, Gabriela de Bukele; $100 millones justifican la mejora de la infraestructura de las escuelas y también se incluye un programa de acceso a crédito por $200 millones administrado por Bandesal, banco estatal que ha abierto una línea de créditos para ayudar a empresas afectadas por la pandemia.

La plenaria de este martes 11 de mayo comenzó después de una visita sorpresa de Ricardo Zuñiga, enviado especial de Estados Unidos para el triángulo norte. Se reunió con el bloque de diputados que destituyó a la Sala Constitucional y al fiscal general, Raúl Melara, en la primera sesión del 1 de mayo. “Mostró su preocupación”, dijo Numan Salgado, diputado de Gana, que confirmó en términos muy generales el motivo de la visita. El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, negó que hayan conversado con Zúñiga sobre los préstamos con los organismos internacionales. “Ese tema no se tocó”, dijo Castro. Este miércoles 5 de mayo, al salir de una entrevista televisiva matinal, Zúniga dio declaraciones muy generales a los medios salvadoreños, donde aseguró que se reunió con diversos actores de la sociedad y que Estados Unidos aún está "inconforme" con la destitución de la Sala de lo Constitucional y el fiscal general, hechos ocurridos el 1 de mayo. El enviado estadounidense confirmó también que se reunió con el presidente Nayib Bukele

El especialista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Ricardo Castaneda, criticó la forma bajo la que se aprobó el paquete de préstamos en la última plenaria de este martes: "En terminos formales, el proceso se hizo, pero no creo que el tiempo dio para un verdadero debate, ni para hacer los estudios técnicos".

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, presentó este 11 de mayo 11 piezas con solicitudes de préstamos por $1,530 millones, de los que $730 fueron aprobados y el resto sigue en estudio. Foto de El Faro: Víctor Peña. 
 
El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, presentó este 11 de mayo 11 piezas con solicitudes de préstamos por $1,530 millones, de los que $730 fueron aprobados y el resto sigue en estudio. Foto de El Faro: Víctor Peña. 

La deuda supera los $23,000 millones

Entre el 23 y el 24 de diciembre de 2020, la Asamblea aprobó el Presupuesto 2021 y autorizó al Ejecutivo para que usara $1,041 millones, de un paquete de préstamos de $2,000 millones aprobados como “Fondo de Emergencia” para la pandemia en marzo, que todavía no habían sido ejecutados. En la jornada de este martes 11 de mayo de 2021, el Gobierno pidió la ratificación de $310 millones para financiar el Presupuesto 2021.

En ese primer paquete de préstamos para cubrir el déficit del Presupuesto 2021, está el préstamo “Operación de Desarrollo (OPD) para apoyar acciones de política pública" por $250 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). También está la ratificación del préstamo “Fortalecimiento de la Resiliencia Climática de los Bosques Cafetaleros”, por $45 millones, con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); y el “Proyecto de Respuesta de El Salvador ante el Covid-19”, por $15 millones, con fondos del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional.

Según ese último contrato, por $15 millones, solo el Ministerio de Salud puede ejecutar estos fondos y no pueden ser transferidos a otras instituciones. Los recursos son para la compra de insumos y equipo médico. El préstamo de $45 millones solo puede ser ejecutado por el Ministerio de Agricultura y tampoco puede ser transferido a otra institución.

En cambio, los $420 millones restantes son de cuatro préstamos que fueron aprobados sin análisis ni discusión de la Asamblea. El procedimiento normal es que el Ejecutivo, a través del ministro de Hacienda, pida permiso a la Asamblea para negociar con un acreedor un empréstito. Una vez obtenida la aprobación, el titular de Hacienda suscribe el contrato y regresa a la Asamblea a pedir la ratificación. Por último, solicitan la incorporación de los fondos al presupuesto.

De los siete préstamos aprobados por $730 millones, $710 millones se debe sumar a la deuda pública del país de $22,971 millones (hasta marzo de 2020), que ya representaba el 90% del PIB. Solo un préstamo de $20 millones, autorizado ayer, no cuenta como nueva deuda, porque fue el Banco de Fomento Agropecuario quien adquirió la deuda, y el Estado dio una "Garantía Soberana", que equivale a que es fiador y asume la obligación de pagar sólo si el BFA incumple su compromiso.

El especialista en temas macroeconómicos de la Fundación para el Desarrollo (Funde), Rommel Rodríguez, dijo que aunque estos más de $710 millones representan una deuda considerable, hace falta información sobre su uso para medir su impacto en las finanzas públicas, debido a que la Asamblea no discutió ni debatió las propuestas del Ejecutivo. "Puede que parte de la deuda suscrita ayer sirva para pagar Letes y Cetes, es decir cambiar deuda cara por nueva deuda barata. Esta nueva deuda puede no afectar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, si el Gobierno ya la tenía programada y si la acompaña de medidas de ajuste fiscal: nuevos impuestos y recortes en gastos".

Cuando el FMLN asumió el Ejecutivo en 2009, la deuda como porcentaje del PIB era del 49%. Cuando entregaron el poder en 2019, esa deuda llegó al 72%. Entre junio de 2019 y marzo de 2021, durante la administración Bukele, la deuda pasó del 72% a cerca del 92%, con los desembolsos de los nuevos préstamos que se aprobaron ayer. En menos de dos años, la administración Bukele incrementó la deuda, incluyendo las pensiones, en una proporción similar a la que el FMLN la incrementó en diez años de Gobierno. 

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, de Nuevas Ideas, durante una conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa. Foto de El Faro: Víctor Peña. 
 
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, de Nuevas Ideas, durante una conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa. Foto de El Faro: Víctor Peña. 

El Plan Control Territorial

El Plan Control Territorial (PCT) es el nombre de un plan que nunca ha sido revelado a la sociedad salvadoreña y con el que el Gobierno justifica la reducción de homicidios, a pesar de que en 2020 El Faro reveló que la administración Bukele también había negociado con la Mara Salvatrucha-13 la reducción de homicidios. Este plan secreto, tras la plenaria de este martes, recibirá $200 millones a través de dos préstamos.

De los cuatro préstamos aprobados sin estudio por la nueva Asamblea, la mitad corresponde a los préstamos de la Fase II y III del Plan Control Territorial: el primero, por $91 millones; y el segundo, por $109 millones. En diciembre de 2019, la anterior Asamblea autorizó al Gobierno a negociar el primer préstamo con el BCIE, pero el Ejecutivo no había regresado con el contrato del préstamo. El contrato establece como propósito de los $91 millones facilitar que haya “mayor presencia policial y de la Fuerza Armada en todo el territorio”, “la dotación de servicios básicos en las comunidades vulnerables” y “la construcción de infraestructura social y espacios públicos”.

En el caso del préstamo de $109 millones, aún hace falta que el Gobierno negocie con el BCIE los términos del contrato. Este préstamo establece que $50 millones son para Defensa y $59 millones para el Ministerio de Seguridad. El Plan de Compras del préstamo incluye los siguientes propósitos: movilidad estratégica, 46.89 millones; videovigilancia, $25.89 millones; equipo táctico, $15.49 millones y otros gastos, $3,31 millones.

En marzo de 2020, la responsable de la Dirección de Derechos Humanos de la oenegé Servicio Social Pasionista, Verónica Reyna, advirtió sobre los riesgos de abusos contra la privacidad y la libertad de expresión de algunos ítems del plan de compra de ese préstamo. “Hay presión del Ejército para obtener fondos para tecnología cuando no sabemos para qué la van a usar. Preocupa que esta tecnología pueda ser usada con fines de vigilancia y que no se regule, porque puede tener un uso inadecuado, es decir que se comparta información personal para fines político-partidarios”, dijo Reyna.

Este 11 de mayo, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, restó importancia a los cuestionamientos de la diputada del FMLN, Anabel Belloso, sobre la falta de normativa para regular el uso de equipo de videovigilancia que van a comprar con el préstamo. “Yo no tengo interés en espiar a nadie. Claro que puede haber desviaciones. Sí, como en todo el mundo”, respondió.