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Estados Unidos incluye a Carolina Recinos en una lista de funcionarios corruptos

José Luis Sanz / Washington

La jefa de Gabinete y el exministro de Seguridad del gobierno de Nayib Bukele, el dirigente de Gana y diputado Guillermo Gallegos, y dos exfuncionarios del FMLN aparecen en una lista oficial del Departamento de Estado que señala a funcionarios salvadoreños ligados a corrupción o narcotráfico. Sus nombres, inicialmente clasificados como secretos, fueron desclasificados y enviados este lunes al Congreso, en respuesta a una solicitud de la congresista Norma Torres. Aunque la lista no tiene efectos legales, sirve de anticipo a la difusión, en junio, de la Lista Engel, que tiene mayor alcance.    

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ElFaro.net / Publicado el 17 de Mayo de 2021

“Carolina Recinos, actual jefa de gabinete en el Gobierno del presidente Nayib Bukele, ha participado en significativos actos de corrupción durante su tiempo en el cargo”. Así se refiere, literalmente, el Departamento de Estado de Estados Unidos a una de las funcionarias de mayor peso en el actual Gobierno de El Salvador, miembro del pequeño círculo de confianza del presidente desde que éste comenzó su carrera política hace nueve años como alcalde del pequeño municipio de Nuevo Cuscatlán.

Recinos aparece, junto a otras cuatro personas, en un reporte de funcionarios o exfuncionarios salvadoreños corruptos o sospechosos de corrupción que el Departamento de Estado envió este lunes 17 de mayo al Congreso y el Senado estadounidenses. En la lista aparecen también, en este orden, el exdirigente del FMLN y de Alba Petróleos, José Luis Merino; el exministro de Seguridad de la administración Bukele, Rogelio Rivas; el diputado de Gana y expresidente de la Asamblea, Guillermo Gallegos; y el exdirigente del Frente y también expresidente de la Asamblea, Sigfrido Reyes.

Se trata de parte de una lista mayor enviada a inicios de abril al despacho de la congresista californiana Norma Torres, y que incluye también a funcionarios de Honduras y Guatemala. Los nombres conocidos este lunes aparecían como clasificados en la primera versión del documento, lo que frenó su difusión. En las últimas semanas Torres había solicitado, en reuniones directas con representantes de la administración de Joe Biden, que el contenido se desclasificara.

José Luis Merino (centro) junto al gabinete de gobierno del FMLN, durante la toma de psosesión de Guillermo Gallegos como presidente de la Asamblea Legislativa el 10 de noviembre de 2016. Foto: El Faro/Víctor Peña
 
José Luis Merino (centro) junto al gabinete de gobierno del FMLN, durante la toma de psosesión de Guillermo Gallegos como presidente de la Asamblea Legislativa el 10 de noviembre de 2016. Foto: El Faro/Víctor Peña

Según el documento oficial al que tuvo acceso El Faro, el Departamento de Estado accedió el pasado 4 de mayo a desclasificar la sección dedicada a El Salvador, aunque no se lo notificó hasta este lunes a Torres y a los Comités de Apropiaciones y de Relaciones del Congreso y el Senado. Los nombres correspondientes a Honduras y Guatemala aún no se han dado a conocer.

El documento involucra al exministro Rogelio Rivas en “actos de corrupción por premiar a su propia empresa privada de construcción con varios contratos no sometidos a competencia e inadvertidos, para la construcción de estaciones de policía y otros edificios que caían bajo sus atribuciones oficiales, e inflar los costos de los materiales”. En julio de 2020, El Faro reveló que una empresa de la que Rivas había sido ejecutivo ganó 212 contratos sin licitación con la Alcaldía capitalina dirigida por Bukele, mientras Rivas era su asesor de despacho.

En cuanto a Merino y de Gallegos, el documento dice que han estado involucrados “en significativos actos de corrupción” a lo largo de su tiempo en cargos públicos. José Luis Merino es desde hace décadas uno de los principales dirigentes del FMLN y entre 2016 y 2019 fue viceministro de Inversión Extranjera y Financiamiento para el Desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores en el gobierno efemelenista de Salvador Sánchez Cerén. Por años estuvo al frente de las operaciones en El Salvador de la empresa de economía mixta Alba Petroleos de El Salvador, vinculada a diversos casos de corrupción y de la que el presidente Bukele recibió préstamos por 1.9 millones de dólares en 2013. Merino ya ha aparecido anteriormente en listas estadounidenses de funcionarios bajo investigación por corrupción. La Fiscalía salvadoreña allanó sus oficinas el 1 de junio de 2019 por sospechas de lavado de dinero.

En diciembre de 2014, una subsidiaria de Alba Petróleos, la empresa con capital venezolano dirigida por líderes efemelenistas, demandó a Carolina Recinos y a su esposo y actual embajador en Rusia, Arnoldo Bernal, por una deuda de $227,000. Tras la demanda, dos propiedades de la pareja fueron embargadas en aquel entonces. Diferentes voces dentro del FMLN han denunciado que los préstamos se otorgaban por cercanía a los líderes involucrados en el manejo de las empresas y sin garantías suficientes de que quienes los recibían podían pagarlos. Uno de los dirigentes efemelenistas que estuvo vinculado a las empresas Alba es justamente José Luis Merino, también incluido en la lista estadounidense. Una investigación de 2014 de El Faro identificó 16 compañías vinculadas con Alba Petróleos cuyos directivos o representantes legales se relacionaban con Merino y eran los responsables de haber otorgado millones de dólares en préstamos a particulares.

La carta enviada este lunes 17 por el departamento de Estado al Congreso de Estados Unidos, y la lista desclasificada que señala a Carlonia Recinos, José Luis merino, Rogelio Rivas, Guillermo Gallegos y Sigfrifo Reyes como funcionarios bajo sospecha creíble de corrupción.
 
La carta enviada este lunes 17 por el departamento de Estado al Congreso de Estados Unidos, y la lista desclasificada que señala a Carlonia Recinos, José Luis merino, Rogelio Rivas, Guillermo Gallegos y Sigfrifo Reyes como funcionarios bajo sospecha creíble de corrupción.

Los préstamos de Alba Petróleos también alcanzaron a personas que luego formarían parte del gabinete de Bukele. En septiembre de 2019, este medio reveló que el actual viceministro de Agricultura, Pablo Anliker, y el exministro de Hacienda, Nelson Fuentes, recibieron préstamos de esa corporación. Una empresa de granos básicos propiedad de Anliker recibió $13.9 millones entre 2012 y 2016. Fuentes recibió un préstamo de $75,360. Ninguno de los dos está mencionado en la reciente lista estadounidense.

Gallegos fue un destacado miembro de Arena antes de su escisión en Gana, y que desde su nuevo partido ha sido estrecho colaborador de los gobiernos del FMLN y aliado incondicional de la administración Bukele, es diputado desde el año 2000. Uno de los funcionarios más cuestionados del país, acumula un amplio prontuario de irregularidades que van desde haber pedido viáticos legislativos para viajes que no realizó hasta haber entregado desde la presidencia de la Asamblea más de medio millón de dólares a una oenegé dirigida por su esposa cuyas actividades no pudieron corroborarse. En 2017, la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia detectó más de $3 millones injustificados en el patrimonio del político.

A Sigfrido Reyes, el Departamento de Estado le señala por “apropiarse de fondos públicos para beneficio personal” a través de gastos fraudulentos en viajes. El expresidente de la Asamblea tiene orden de captura desde el 9 de enero de 2020 por los delitos de peculado, lavado de dinero y estafa, por $6 millones. Reyes obtuvo asilo en México en 2020 y no ha vuelto al país.

Funcionarios del departamento de Estado no quisieron pronunciarse este lunes sobre el contenido de la lista por tratarse de un documento “no público” enviado al Capitolio. El presidente Bukele sí se apresuró a responder nada más conocerse el documento: “Dicen los ʻamigosʼ que ya revisaron bien todos los archivos e información que tienen, y que en Arena no hay corruptos”, se burló.

Un mensaje político

La aparición en esta lista no tiene consecuencias legales inmediatas para las personas señaladas, pero el hecho de que se haya desclasificado la sección dedicada a El Salvador constituye un fuerte mensaje político, en un momento en que las relaciones entre el Gobierno de Bukele y la administración Biden son muy tensas. El diálogo bilateral se ha complicado especialmente después de que la noche del 1 de mayo la Asamblea Legislativa de El Salvador, bajo control absoluto del partido oficial, Nuevas Ideas, destituyera de forma ilegal a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General, en lo que ha sido considerado un golpe de Estado Técnico condenado por la comunidad internacional.

Funcionarios estadounidenses condenaron los hechos la misma noche del 1 de mayo, y el martes, en una aparición pública, la vicepresidenta Kamala Harris afirmó que Estados Unidos “debía responder” a lo sucedido. “El Parlamento de El Salvador actuó para socavar al más alto tribunal de la nación, la independencia judicial es crítica para la salud de una democracia”, dijo. La lista fue desclasificada ese mismo día.

La semana pasada el enviado especial del departamento de Estado visitó El Salvador y se reunión con el presidente Bukele, que en una visita anterior se había negado a recibir a Zúñiga. Al día siguiente, el diplomático estadounidense declaró en público que a criterio de Estados Unidos “lo mejor sería restaurar la situación que existía al 30 de abril”. Bukele le respondió por Twitter: “Los cambios que estamos realizando son IRREVERSIBLES. (...) Quisiéramos que nos acompañaran, pero si no lo desean, los comprenderemos”

La Comisionada Presidencial Martha Carolina Recinos, vocera y negociadora del Ejecutivo (centro), junto al entonces Secretario Privado de la Presidencia, Ernesto Castro (izquierda), hoy presidente de la Asamblea Legislativa controlada por Nayib Bukele, el 15 de febrero de 2020 durante una sesión de la Asamblea Legislativa. Foto El Faro/Carlos Barrera.
 
La Comisionada Presidencial Martha Carolina Recinos, vocera y negociadora del Ejecutivo (centro), junto al entonces Secretario Privado de la Presidencia, Ernesto Castro (izquierda), hoy presidente de la Asamblea Legislativa controlada por Nayib Bukele, el 15 de febrero de 2020 durante una sesión de la Asamblea Legislativa. Foto El Faro/Carlos Barrera.

A la espera de que el próximo junio se dé a conocer la esperada lista Engel, que por resolución del Congreso deberá incluir a funcionarios y personas privadas de los tres países involucradas en corrupción o responsables de obstaculizar la democracia en la región, a las que se aplicarán sanciones inmediatas, el documento conocido ayer hace las veces de adelanto. Esta lista de funcionarios salvadoreños fue enviada al Congreso el mismo día en que la Vicepresidenta Harris se reunió con cinco representantes del caucus Hispano en el Congreso, del que forma parte Norma Torres, para discutir propuestas de acción para el combate de la migración desde el Triángulo Norte. Desde la llegada de la administración Biden en enero, Estados Unidos ha insistido en señalar la corrupción gubernamental como uno de los principales factores estructurales que impulsan la migración en Centroamérica.

El Gobierno Biden ha repetido en que la política de lucha contra la corrupción en Centroamérica es parte de una agenda bipartidista con la que no solo está comprometida la Casa Blanca sino también el Congreso, y en él tanto demócratas como republicanos. El nivel apoyo de la oposición republicana a la política de Biden para Centroamérica, y especialmente a su confrontación con el gobierno de El Salvador, es sin embargo incierto, especialmente en medio de una aguda crisis política por el flujo migratorio en la frontera Sur estadounidense, que se ha convertido en arma arrojadiza contra el nuevo presidente.

Este miércoles 19 se someterá en el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara una propuesta de resolución sobre El Salvador que, si bien reconoce la reducción de homicidios en El Salvador durante la administración Bukele y aplaude la creación de la CICIES, condena la destitución de magistrados de la sala de lo Constitucional, le exige garantizar la independencia de la PDDH, la Corte de Cuentas y el Tribunal Supremo Electoral, y expresa su interés en que la Fiscalía continúe con las investigaciones en curso contra funcionarios del gobierno de Bukele por sospechas de corrupción. Fuentes de la cámara de representantes aseguran que esta resolución sí espera contar con el respaldo de congresistas de ambos partidos.