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El gran asalto a nuestras libertades

José Marinero Cortés

Si la libertad depende del capricho del funcionario de turno, la libertad deja de ser tal y se convierte en un favor, en una concesión del poderoso.
ElFaro.net / Publicado el 1 de Junio de 2021

A dos años de su toma de posesión, Bukele tiene razones para alardear. Inclinado a exagerar cualquiera de sus acciones, por modesta que sea, esta vez sí ha logrado un hito “como nunca antes”. En sus primeros dos años de presidencia ha emprendido, y con bastante éxito, el mayor asalto a nuestros derechos y a nuestras libertades desde la firma de los Acuerdos de Paz. 

Desde sus primeros meses en el cargo el presidente –tal como lo hizo en sus años como alcalde– cerró todo espacio de diálogo con la oposición, descalificó a la prensa que le incomoda y cuestionó la autoridad de la ley y los jueces. Aprendiz aventajado de ese mal que recorre el mundo y que llamamos populismo, encontró pronto una fórmula de inventar enemigos y amenazas por todas partes, de convertirse en el infatigable salvador, de enredar los hechos para que siempre fueran otros los culpables y para que siempre fueran él y sus adeptos quienes pudieran saltarse las reglas. Por supuesto, la Constitución y las leyes estuvieron siempre entre sus enemigos, obstáculos frente a sus ambiguas promesas de reforma.

Ya desde su primer año de mandato -particularmente desde el 9 de febrero del 2020-, Bukele dejó de ocultar que quiere todo el poder y que está dispuesto a todo para lograrlo. Casi al final de su segundo año, y envalentonado por la mayoría calificada ganada en las elecciones legislativas, se tomó la Sala de lo Constitucional y la Fiscalía General de la República (FGR), instituciones clave para controlar sus abusos de poder y proteger los derechos de todos, hayan o no votado por él y su bancada. 

Por otro lado, los señalamientos de corrupción en el manejo de los recursos públicos del primer año de gestión han crecido durante el segundo. El Gobierno opera bajo una regla tácita de opacidad, negando a la ciudadanía información sobre cómo utiliza los recursos del Estado y negándose a rendir cuentas de sus decisiones o acciones. Ha sido en el transcurso de este segundo año que se completó la toma del Instituto de Acceso a la Información Pública frente al cual podía reclamarse la falta de transparencia gubernamental.

En contradicción a su promesa electoral de luchar contra la corrupción, el Gobierno también tomó distancia de la Cicíes que él mismo había solicitado, desconoció las reformas anticorrupción que esta le presentó y ha sido complaciente con sus funcionarios señalados por corrupción. Más recientemente, sus diputados aprobaron una ley de impunidad que otorgó amnistía por cualquier irregularidad en las compras públicas en el marco de la pandemia. 

Bukele prometió mucho, pero a la luz de su trabajo hasta la fecha, es difícil que los caprichos presidenciales lleguen a coincidir con las expectativas de la mayoría de sus electores, hastiada de la corrupción y de la incapacidad de gobiernos anteriores para llevarles soluciones a sus problemas. Pero por ahora eso poco importa; por ahora el presidente está utilizando el apoyo popular confirmado en las urnas para consolidar el gran asalto a nuestras libertades. El 1 de mayo 2021 abrió un nuevo escenario autoritario luego de que sus nuevos diputados en la Asamblea Legislativa destituyeron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General de la República, colocando en su lugar a agentes útiles del oficialismo. 

Al margen del abrumador rechazo de la comunidad internacional y de los enfáticos reclamos de una parte de la ciudadanía, podría parecer que no cambió nada. En la calle, la gente sigue con su vida como siempre, yendo a sus trabajos, abriendo sus negocios, buscando su sustento y lidiando como mejor puede con los viejos males que aquejan al país y a sus vidas. Embriagado con su popularidad, el presidente incluso ha logrado presentar el descabezamiento del máximo intérprete de la Constitución como la reivindicación de un reclamo ciudadano.

Bajo la superficie, sin embargo, algo ha cambiado sustantivamente y no para mejor. El asalto a las libertades no siempre utiliza tanquetas o fusiles ­–aunque al presidente le encante rodearse de ellos– ni siempre se manifiesta de la noche a la mañana. 

La independencia judicial, la separación de poderes, los frenos y contrapesos e incluso la democracia son conceptos que poco dicen a la mayoría de los salvadoreños. Y con razón: nos hemos desentendido de la política, del servicio público y hasta de los retos que son de todos. Lo público nos parece lo de nadie y la política el oficio de quienes no tienen escrúpulos o capacidad para ninguna otra cosa. Además, a muchos la política solo les ha ofrecido promesas vacías y rotas.

Y, sin embargo, el país parecía haber superado un pasado en que los derechos humanos eran perseguidos y, por el contrario, habían empezado a entrar gradualmente a la actividad estatal y a la conciencia ciudadana. Pero de nada sirve tener derechos si estos no pueden ser protegidos, especialmente frente al propio poder público. La protección más importante de los derechos debería provenir de los jueces independientes, es decir, de aquellos cuyas decisiones no responden a los designios del poderoso de turno. Eso en El Salvador ya no existe.

Al privar al más alto tribunal del país de su independencia no perdimos una abstracción, sino la misma posibilidad de proteger nuestras libertades. Y lo perdimos todos, incluso aquellos que aún no se dan cuenta de ello.

El trabajador que pierde sin justa razón su empleo en una oficina pública, el joven que es detenido arbitrariamente por la Policía, el periodista a quien se niega información sobre el uso de los recursos en una institución, la madre de familia que pide justicia por su hijo desaparecido, el empresario a quien se aplica arbitrariamente una ley o la adolescente que es víctima de violencia por agentes gubernamentales, son solo algunos ejemplos de quienes, como usted o como yo, hemos perdido la posibilidad de defendernos cuando el Estado pisotee nuestros derechos.

Para efectos prácticos, hoy en El Salvador la misma persona hace las leyes, las aplica y decide si las leyes y sus propias decisiones son o no constitucionales. Aunque sus manifestaciones no sean inmediatas, es fácil comprender que al descabezar a la Sala de lo Constitucional lo que Bukele ha hecho es tomarse enteramente el poder judicial.

Con el asalto a la Sala de lo Constitucional, el presidente también se ha llevado de encuentro a una inexplicablemente dócil Corte Suprema de Justicia, la cual a su vez tiene un enorme poder administrativo sobre el nombramiento y funcionamiento de los demás jueces y tribunales. Y, sobre todo, podrá eventualmente conocer si las decisiones de esos jueces –y de cualquier otro poder público– son o no constitucionales.

Para quienes creen que todo sigue igual, hay que reconocer que las reglas de siempre funcionarán hasta cierto punto, pero en cuanto se encuentren con los intereses del Gobierno o de quienes tienen su favor, esas reglas desaparecerán y serán reemplazadas por las del amiguismo, de la influencia y de la arbitrariedad.

Estos “logros” también repercuten en cómo el resto del mundo nos mira. Las acciones de Bukele están convirtiendo al país en un marginado de la comunidad internacional, disminuyendo las posibilidades del país para convertirse en destino de inversiones, de cooperación y hasta del financiamiento internacional.

El 21 de mayo vimos las primeras consecuencias: USAID anunció la reorientación de su cooperación para las instituciones capturadas el 1 de mayo, además de la Policía Nacional Civil y el IAIP, hacia la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos. Cerrarse a la posibilidad de la mano amiga de la comunidad internacional daña directamente a los millones de salvadoreños cuyo gobierno tendrá escasos recursos para buscar soluciones a los problemas de la inseguridad, del desempleo, de la falta de oportunidades económicas, educativas o de salud. No habrá propaganda ni popularidad que pueda ocultar el hambre o las víctimas de la delincuencia. 

Y luego, en la esfera de lo privado, está la invasión silenciosa a nuestra tranquilidad. He escuchado a demasiados reconocer el temor de volverse víctimas de uno de los rabiosos ataques de alguno de los voceros del presidente o de las hordas de delincuentes digitales que denigran, calumnian y difaman desde la cobardía del anonimato. Al callar las voces ciudadanas también perdemos todos: perdemos la posibilidad de un debate ciudadano de altura, perdemos la posibilidad de contribuir a hacer país, de expresar lo que somos y enfrentar lo que no queremos ser.

Por eso es que lo ocurrido hasta la fecha es tan relevante. Cuando desaparece el derecho de acudir a un tercero independiente –los jueces– frente al que se pueda pedir justicia cuando nuestros derechos son pisoteados, en la práctica también desaparecen esos derechos. Si la libertad depende del capricho del funcionario de turno, la libertad deja de ser tal y se convierte en un favor, en una concesión del poderoso.

El de Bukele no es un asalto solo a las instituciones, a los principios democráticos o al Estado de derecho. El de Bukele es un asalto a nuestras libertades. El autoritarismo del que el presidente hace gala no es enemigo solo de los jueces, sino de nuestros derechos, de la posibilidad de ser quien podemos ser, de soñar en un mejor futuro para nosotros y nuestros hijos, de la siempre elusiva posibilidad de hacer un país más justo, más inclusivo, más próspero en el que quepamos todos. Paradójicamente, solo ejerciendo nuestras libertades podremos enfrentar este gran asalto.

José Marinero Cortés es abogado especialista en derecho administrativo y políticas públicas. Graduado de la UCA, hizo estudios de posgrado en derecho constitucional en la Universidad de Salamanca y tiene una maestría en políticas públicas de la Universidad de California en Berkeley y otra en administración pública de la Universidad de Harvard. Se dedica a la práctica privada y a la docencia universitaria.
 
José Marinero Cortés es abogado especialista en derecho administrativo y políticas públicas. Graduado de la UCA, hizo estudios de posgrado en derecho constitucional en la Universidad de Salamanca y tiene una maestría en políticas públicas de la Universidad de California en Berkeley y otra en administración pública de la Universidad de Harvard. Se dedica a la práctica privada y a la docencia universitaria.