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Ley Bitcoin: puro orgullo y mucho perjuicio

Luis Vargas

La situación que se vislumbra con el bitcóin como moneda de curso legal es, cuando menos, complicada tomando en cuenta la incertidumbre sobre el único activo de la mayoría de la gente: su dinero.
ElFaro.net / Publicado el 2 de Septiembre de 2021

Hace unos años escuché por primera vez sobre el principio precautorio y desde entonces permanece como un elemento fundamental en mi toma de decisiones. Con aplicación a diversos campos del conocimiento, este principio establece que frente a insuficiente evidencia sobre efectos positivos que puedan superar la sospecha de efectos negativos de una decisión, es preferible tomar una posición conservadora, optar por la cautela y retrasar la decisión.

A cinco días de la entrada en vigencia de la Ley Bitcoin, el Gobierno no da luces de querer retroceder formalmente en ningún elemento de lo que a la fecha es la decisión más cuestionada del presidente. Las dudas y cuestionamientos aparecen en todo el espectro de opiniones, desde las más técnicas y elaboradas hasta las más sencillas que, de hecho, quizás sean las más importantes desde la óptica política. La expectativa de racionalidad depositada en el Reglamento de la Ley, como expresaron abiertamente ABANSA o la Cámara de Comercio, fue destruida por los anémicos ocho artículos ya publicados en el Diario Oficial, que solo han reafirmado que la improvisación permanece como el sello de esta administración.

La situación que se vislumbra con el bitcóin como moneda de cursos legal es, cuando menos, complicada tomando en cuenta las variadas brechas sociales no cubiertas –específicamente en educación y acceso a la tecnología–, la frágil capacidad de la recuperación de la economía, la inestabilidad política e incertidumbre sobre, precisamente, el único activo de la mayoría de la gente: su dinero.

Todo esto con el agravante de estar usando abundantes fondos públicos solo para su introducción, que bien podrían ser destinados a mejorar la red de hospitales, centros escolares, contratación de más docentes o algún otro programa que fortalezca la economía real. A pesar de eso, la información que se ha brindado desde el Ejecutivo ha sido tan poco efectiva que, según la última encuesta del Instituto de Opinión Pública de la UCA (Iudop), apenas una de cada diez personas tienen una “idea correcta” del bitcóin y solo dos conocen con relativa precisión su valor actual. No es de extrañarse entonces que casi el 70 % considere que conviene derogar la ley.

Este es solo un nuevo ejemplo de una administración que ya en demasiados casos ha optado por la ignorancia revestida de audacia –receta de la negligencia–haciendo orgullosos oídos sordos al conocimiento y las advertencias sobre lo delicado de jugar con fuego en una economía de papel. A diferencia de casos anteriores, como el cierre generalizado de la actividad económica en 2020 que acabó con más de 70 mil empleos o la emisión continua de deuda de corto plazo que ha erosionado las finanzas públicas, en que los efectos pueden etiquetarse como puntuales, de corto plazo o sectorialmente más localizados, el bitcóin tiene todo el potencial de afectar a toda la economía mientras la Ley mantenga su redacción actual: remesas, pago de deudas, pago de impuestos, compras del día a día y las tasas de interés de los bancos. La apuesta no tiene nada de precaución y mucho de imprudencia.

La ligereza con que se han tomado las decisiones en materia económica refleja alguno de los siguientes elementos: la novatada de quien está tomando las decisiones o la baja importancia que se le otorga al tema económico frente a otros. Como resultado, la economía no recupera el nivel de empleos privados previo a la pandemia (salvo el empleo público), los hogares hacen malabares con el incremento del costo de la vida y alimentos, las finanzas públicas están rebasadas, la deuda en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) ha crecido aceleradamente sin generar un nuevo músculo productivo, el riesgo soberano (que el país no pueda pagar sus deudas) está rozando niveles máximos lo que dificulta y encarece obtener más financiamiento y que contagia a otros agentes: las alcaldías aguantan en silencio sus propias crisis y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se convirtió en la zanahoria ignorada del burro que decidió ya ni caminar. Encima, la pandemia parece no ceder y el Gobierno ha anunciado el sospechoso interés en impulsar una “reforma profunda” al sistema de pensiones, lo que sea que eso signifique, cuando está necesitado de liquidez.

Hace un par de días la Comisión Económica para América Latina (Cepal) publicó nuevas estimaciones de crecimiento económico para los países latinoamericanos. A pesar de lo insuficiente del crecimiento del PIB como medida de bienestar, el presidente ha hecho una lectura optimista de la estimación para el caso de El Salvador, que se sitúa en 7.5 %. De cerrar así, sería la más alta en muchos años, pero venimos de un PIB que cayó 7.9 % en 2020. Para efectos prácticos, lo que revela el informe de la Cepal es que de cumplirse la proyección volveríamos a estar como a finales de 2019, solo que con un mayor nivel de pobreza, mucha más deuda y menor margen de maniobra. Es claro que una pandemia afecta de gran manera, ¿pero es posible asegurar que se han tomado las mejores decisiones? ¿Puede realizarse un uso más estratégico de los escasos fondos públicos? ¿Cómo piensa ejecutar las grandes apuestas de las más de mil páginas del Plan Cuscatlán con un margen tan bajo de maniobra?

Como siempre, pocas palabras sobre lo importante, pero muchos caracteres y píxeles para lo ruidoso.

En camino hacia la mitad del mandato presidencial de Bukele, lo mínimo que debería ofrecerse como administración es sensatez y sinceridad. Un primer paso debería ser renunciar a la vigencia de la Ley Bitcoin, al menos tal cual está redactada. Un segundo paso podría priorizar el grave problema fiscal y pensar en una reforma integral de corte progresivo, aunque en realidad, quizás, bastaría con ofrecer sensatez, un bien tan escaso como despreciado por el presidente. Sensatez y precaución para intentar rodear siquiera las peores nubes de lo que se avecina.

Luis Varga es economista salvadoreño por la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”. Cuenta  con una maestría en Economía de los Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, por la Universidad Nacional Autónoma de México y es parte del colectivo Economistas para la Vida.
 
Luis Varga es economista salvadoreño por la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”. Cuenta  con una maestría en Economía de los Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, por la Universidad Nacional Autónoma de México y es parte del colectivo Economistas para la Vida.