Quienes solo conducen por las carreteras que atraviesan las plantaciones de caña de azúcar en El Salvador o apenas ven estas zonas en la televisión pueden ignorar fácilmente los impactos sociales y medioambientales de esta actividad económica. Sin embargo, los trabajadores responsables de su cultivo no tienen cómo olvidar esos daños. Según la Asociación para el Desarrollo de El Salvador, muchos de los casi 10 000 casos de insuficiencia renal crónica registrados en el país entre 2009 y 2018 afectan a los agricultores de los monocultivos de caña de azúcar, y probablemente están relacionados con el uso indiscriminado de agrotóxicos, la fumigación aérea y las intensas jornadas de trabajo. La expansión de este modelo de cultivo, que tiene un alto potencial de contaminación de las fuentes de agua, también tiende a agravar la escasez de agua en un país donde más del 70 % del territorio es susceptible de sufrir sequías, según la Alianza por la Solidaridad, y en un momento en que el cambio climático amenaza con agravar aún más la situación.
Encontrar soluciones duraderas a estos problemas, que perjudican especialmente a las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, sería más efectivo si El Salvador se adhiere al Acuerdo de Escazú. Este tratado regional prevé el acceso a la información, la participación y la justicia en materia medioambiental y está en vigor en 12 países de América Latina y el Caribe desde abril de 2021. El acuerdo establece que después de que un país lo apruebe en su congreso, el gobierno tomará medidas concretas para la justicia ambiental, como la puesta a disposición de información clara sobre los impactos ambientales de determinadas actividades económicas o empresas, en las lenguas de las personas directamente afectadas, y el compromiso del Estado de facilitar la producción de pruebas de los daños ambientales.
En el caso de la caña de azúcar en El Salvador, la adhesión al tratado podría reflejarse, por ejemplo, en acciones más efectivas para demostrar la conexión entre el mal uso de agroquímicos y la contaminación de los acuíferos y la incidencia desproporcionada de problemas renales entre los trabajadores del campo.
En este sentido, el caso del municipio de Jiquilisco es muy emblemático. El monocultivo en esta zona ha invadido la Reserva de Biósfera Xirihualtique Jiquilisco, un sitio Ramsar y área natural protegida. Además, la industria ha talado el bosque salado y afectado las cuencas, cauces y caudales de ríos, como el río Aguacayo, que es un altar sagrado del pueblo lenca en ese territorio. Todas esas prácticas nocivas ocurren con total complicidad y negligencia del Estado.
Ratificar un acuerdo como el de Escazú otorgaría a las ONG que vienen denunciando esos problemas un argumento de peso para presionar por soluciones. También se impulsaría la campaña por la aprobación en la Asamblea de la Ley de Prohibición de Aspersión Aérea con Agroquímicos y por la regulación de los permisos y concesiones para el monocultivo en todo el país.
También en Costa Rica, a menudo puesta como ejemplo de nación que protege su patrimonio natural, es posible ver la importancia que tendría la ratificación del tratado. El acuerdo nunca fue aprobado por el Congreso Nacional, a pesar de la fuerte movilización de varias partes de la sociedad civil y de que el nombre del acuerdo proviene de la ciudad costarricense donde se firmó, Escazú. En el interior del país, las plantaciones de piña se han expandido tan rápidamente que ya han entrado en al menos cuatro áreas protegidas de humedales, según muestra un análisis de imágenes satelitales realizado por el sitio web Mongabay Latam, junto con el programa Monitoreo de Cambio de Uso en Paisajes Productivos (Moccup). En la mayoría de los casos, estos cultivos se realizan sin el debido análisis de impacto ambiental, lo que expone a estas regiones a daños en la biodiversidad y a la pérdida de la protección que la vegetación original aportaba a las comunidades.
Un estudio del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (Catie) señaló que el drenaje de los humedales para el cultivo agrícola puede haber propiciado las condiciones para un aumento de los incendios forestales en estas zonas. Además, Catie también encontró evidencia de que cuando el huracán Otto tocó tierra en el norte del país en 2016, los daños en los pueblos de esa región se vieron aminorados por la presencia de humedales, lo que indica que la destrucción de estas áreas podría debilitar, en el futuro próximo, a las familias de las zonas rurales ante nuevos huracanes.
En caso de que Costa Rica ratifique el Acuerdo de Escazú, no es ilógico pensar que las movilizaciones de estas comunidades que exigen al gobierno que mejore los controles sobre la expansión del monocultivo de la piña tendrían mayores posibilidades de éxito, ya que el Estado estaría obligado a generar información sobre los daños ambientales de las plantaciones y facilitar el acceso a las instituciones de justicia a los ciudadanos afectados.
Lo que el ejemplo de Costa Rica también nos muestra es que los retos medioambientales suelen estar relacionados con cuestiones de justicia social y vulnerabilidad de la comunidad. En este sentido, el Acuerdo de Escazú se destaca a nivel mundial por ser el primer acuerdo regional en el mundo que prevé medidas de protección para las personas defensoras del medioambiente y de los derechos humanos, determina acciones concretas para facilitar el ejercicio de dichos derechos y establece mecanismos para hacerlos valer.
Un escudo para las personas defensoras
Obviamente, siempre es imprudente hacer conjeturas históricas, pero es difícil no lamentar que si Escazú hubiera estado vigente y Honduras hubiese sido un Estado parte del Acuerdo, el caso de Berta Cáceres probablemente se hubiera trabajado de una manera diferente.
Berta fue asesinada en 2016 tras denunciar durante años la corrupción la destrucción del medio ambiente y el desplazamiento de las comunidades indígenas de su país. Berta informó a las autoridades y a la prensa de las numerosas amenazas de muerte que recibía, pero la ayuda que recibió del Estado para garantizar su seguridad fue insuficiente para protegerla, según los activistas locales. El presunto autor intelectual del crimen, que era el director de una empresa hidroeléctrica denunciada por Cáceres, fue condenado a prisión solo más de cinco años después del asesinato.
En el artículo 9, el Acuerdo de Escazú mandata a los Estados a proteger a las personas defensoras, a crear un entorno seguro para ejercer su labor y a tomar medidas para prevenir y sancionar ataques. El Estado hondureño hubiera tenido una obligación extra de actuar para proteger a Berta y salvaguardar su vida.
El caso de Berta Cáceres está lejos de ser una excepción, por desgracia. Según el informe Análisis Global, publicado en febrero de 2021 por la ONG Frontline Defenders (FLD), tres de cada cuatro muertes de personas defensoras de derechos humanos registradas en el mundo en 2020, se produjeron en América Latina, con Honduras (3º) y Guatemala (7º) entre los 10 países del mundo con más asesinatos.
El informe 2020 de otra organización líder en el tema, Global Witness, confirma la aterradora situación de América Latina como epicentro global de ataques a personas que defienden el medio ambiente y las tierras de las comunidades. En el ranking de asesinatos per cápita de personas que asumieron este rol, los primeros cuatro lugares los ocupan Honduras, Colombia, Nicaragua y Guatemala.
En ese contexto, el Acuerdo de Escazú es evidentemente necesario, porque exige a los Estados que tomen 'medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir'. Al tratarse de un acuerdo vinculante, es decir, que los países que lo ratifican o se adhieren están obligados a cumplirlo, su implementación representa una referencia jurídica regional a la que puedan acogerse los grupos que se sientan amenazados o perseguidos.
La presión ciudadana es fundamental
Incluso con los ejemplos que hemos mencionado, es obvio que conviene recordar que el Acuerdo de Escazú no es la panacea para los problemas que América Latina ha enfrentado durante siglos. Corremos el riesgo, en diferentes situaciones, de que el tratado se convierta en papel mojado si no seguimos presionando a los gobiernos e instituciones para que construyan una cultura de paz, justicia y equidad. Sin embargo, no nos cabe duda de que el acuerdo ya ha representado un logro histórico para los movimientos sociales que participaron en su construcción durante casi una década y contribuirá a consolidar una serie de transformaciones, desde las específicas hasta las más estructurales.
Vemos que los activistas medioambientales y los propios gobiernos ya están incorporando gradualmente el tratado a su caja de herramientas. En julio de 2021, tuvimos un ejemplo interesante en Argentina, el décimo país en ratificar el tratado. En audiencia pública sobre los desastrosos proyectos para la exploración de petróleo en el mar argentino, no solo los representantes de las ONG contrarias a los combustibles fósiles invocaron el acuerdo, sino también el mismo Ministerio de Ambiente, lo que ayudó a mantener la costa argentina protegida, al menos hasta este momento.
Además, los grupos y la ciudadanía organizada en Comités o Equipos Impulsores del Acuerdo de Escazú, como el de El Salvador, que está llevando Escazú a la gente en sus comunidades y territorios, se han multiplicado por toda la región y ya están realizando una relevante labor de movilización de la población para la ratificación y adhesión del tratado en los países que aún no se han convertido en Estados parte. Otra acción impactante y complementaria a la de los comités impulsores fue la inclusión de la ratificación y adhesión del acuerdo como tema prioritario para Legisladores X el Medio Ambiente, un espacio de participación creado por la ONG ambientalista global 350.org para promover el intercambio de experiencias entre congresistas y ambientalistas de países latinoamericanos y caribeños. Aprendiendo los unos de los otros, los legisladores y activistas están desarrollando mejores habilidades y estrategias para avanzar en la agenda de ratificación en varios Estados.
La ampliación y fortalecimiento de la participación ciudadana en la aplicación del tratado, involucrando y apoyando a grupos y colectivos de la sociedad civil y el activismo ciudadano, es un compromiso ineludible, urgente y necesario que deben asumir los Estados, el sistema de Naciones Unidas y los organismos multilaterales. Cualquier persona puede contribuir buscando información y llevando el debate sobre el Acuerdo de Escazú a los espacios educativos, profesionales, cívicos y políticos que frecuenta. Nuestra actitud ante este tema puede marcar la diferencia entre seguir atrapados en una larga historia de masacres y extractivismo medioambiental o dar un salto cualitativo hacia la creación de sociedades sustentables con responsabilidad global, como un legado para las generaciones actuales y venideras.
*Ignacio Zavaleta es activista por el ambiente y coordinador de campañas de 350.org en América Latina y el Caribe. César Artiga es coordinador del Equipo Impulsor Nacional del Acuerdo de Escazú en El Salvador.
