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¿Hasta dónde estirará Estados Unidos la frontera final con Bukele?

Ricardo Valencia

Todo apunta a que Bukele ya no solo se está convirtiendo en un dolor de cabeza para el Departamento de Estado, sino para muchas agencias de seguridad nacional.
ElFaro.net / Publicado el 27 de Septiembre de 2021

A principios de junio pasado, cuando el Gobierno de Bukele hacía gala de sus primeros dos años en el poder, desde los pasillos del Congreso estadounidense me comentaban –fuentes cercanas a la agenda de relaciones exteriores de la Casa Blanca– que Estados Unidos no contemplaba –aún– la imposición de medidas “extremas” contra la deriva autoritaria del presidente salvadoreño. Entre esas medidas “extremas” se contemplaba la revisión del acuerdo de libre comercio o negarse a votar por préstamos en el Fondo Monetario Internacional y otros organismos multilaterales. Esas medidas –me dijeron– solo se tomarían en caso de que Bukele decidiera cruzar el límite que Washington había trazado para el mandatario salvadoreño: el deterioramiento del sistema democrático por medio de reformas a la Constitución, la instauración de un referéndum o una reelección presidencial.

Tres meses después, el mandatario salvadoreño está parado sobre esa supuesta frontera que tanto se ha platicado desde la Casa Blanca y el Congreso. ¿Mantendrá Washington esa expectativa? ¿O acaso esa frontera política se corre estratégicamente por el interés de Estados Unidos de reducir la migración a su frontera sur?

El 1 de mayo, un mes antes de que los comentarios de las medidas extremas llegaran a mis oídos, Bukele y sus diputados ya habían impuesto ilegalmente a su Sala de lo Constitucional y había removido al fiscal Raúl Melara. Estaba claro para Washington, pues, que no había ninguna intención del presidente de evitar la colisión diplomática con Washington. Desde el Congreso de EE. UU. se buscaba un consenso bipartidista de cara a la deriva autoritaria de Bukele y la estrategia de Washington se convirtió en una combinación de listados de funcionarios salvadoreños ligados a la corrupción, un mayor involucramiento del Departamento de Justicia en temas de lavado de dinero y comunicados públicos a favor de mantener la democracia salvadoreña.

En aquel entonces, la posibilidad de reelección del líder salvadoreño se veía lejana y era considerada como demasiada controversia hasta para el mismo Bukele. Cualquier plan de reelección –se pensaba en el Congreso estadounidense– se ejecutaría por medio de la reforma constitucional que encabezaba el vicepresidente Félix Ulloa. Es más, el mismo Ulloa había intensificado su contacto con congresistas, tanques de pensamiento y académicos, a quienes aclaraba que su propuesta no permitiría la reelección de Bukele. El mismo Ulloa aseguró que batallaba contra su mismo Gobierno y hasta se consideraba a sí mismo como intermediario entre sus audiencias estadounidenses en caso de vulneración del Estado de derecho.

El 3 de septiembre de 2021, los límites de Washington con Bukele se pusieron de nuevo a prueba. La Sala de Bukele abrió la puerta a la reelección presidencial a pesar de la prohibición expresa en la Constitución. Un día después de emitir la resolución, la encargada de negocios de EE. UU. en El Salvador Jean Manes, comparó la situación del país con Venezuela y Nicaragua. No solo eso, Manes aseguró que la representación diplomática tiene pruebas de actos corruptos en la esfera cercana de Bukele. A eso se sumó la inclusión de los cinco magistrados nombrados por la Asamblea de Bukele a la Lista Engel el 20 de septiembre de 2021, lo que revoca sus visas y los pone en el radar de sanciones económicas.

Por el momento, Bukele se encuentra en el limbo. Todavía no se ha pronunciado sobre si cruzará la frontera de la reelección. Sus diputados, sus asesores y algunos correligionarios, sin embargo, celebran a todo pulmón la sola posibilidad de un segundo período de Bukele. A lo mejor, él sabe que, de aceptar este regalo, muy probablemente las elecciones en las que participe para un segundo término podrían ser tildadas por la comunidad internacional como fraudulentas, en la misma dirección que se ha hecho con las elecciones de Nicaragua este año.

A diferencia de junio, cuando Washington incluyó a parte del círculo cercano de Bukele en la lista Engel, la actualización del listado llega en un momento en el que el presidente pierde aire y Washington se muestra menos paciente. Su popularidad ha bajado de 8.37 a 7.64 en el último año, carga con el lastre de una bancada legislativa que tiene calificaciones mediocres y, sobre todo, ha encabezado la adopción de una medida altamente impopular: el Bitcoin como moneda de curso legal. Sumado a eso, el 15 de septiembre de 2021 convocó a una de las más grandes marchas en los últimos años en El Salvador.

Existen, por ahora, al menos tres factores que facilitan el recrudecimiento de las acciones de Estados Unidos. La animadversión de Bukele en el Congreso, la presión de organizaciones de sociedad civil ante el gobierno de Estados Unidos para imponer sanciones contra Bukele y la negación de la Corte Suprema de Justicia para extraditar a un pandillero acusado de terrorismo.

Todo ello apunta a que Bukele ya no solo se está convirtiendo en un dolor de cabeza para el Departamento de Estado, sino para muchas agencias de seguridad nacional. Estados Unidos ha entendido que las acciones de presión que más han funcionado con El Salvador son las económicas y, a largo plazo, probablemente se podrían incluir las legales en Estados Unidos, como el juicio que podría enfrentar el presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, por su supuesta relación con el narcotráfico. 

En todo caso, la pregunta persiste: ocurrido lo ocurrido hasta ahora, ¿mantendrá Estados Unidos su postura de que el punto de no retorno es la reelección ilegal de Bukele? O, ¿sus ansiedades por controlar la migración Latinoamericana y mantener la hegemonía militar en el hemisferio lo hará retroceder y aceptar la consolidación de un “dictador” cool? Washington está en una contradicción en la que, por un lado, habla de un declive democrático al estilo Nicaragua y, al mismo tiempo, dona equipo militar al Ejército salvadoreño que ha participado en tareas de hostigamiento de disidentes políticos.

Lo que está claro es que si se decide por la convivencia “armoniosa” con Bukele, Washigton podría colocarse en el peor de los mundos: un gobierno hostil, mayor migración a su frontera sur, flujo intenso de exiliados y refugiados salvadoreños y un Ejército aliado que se podría convertir en instrumento de represión como en los setenta y ochenta.

Ricardo Valencia es profesor asociado de Comunicaciones en Fullerton, la universidad estatal de California. Twitter: @ricardovalp.
 
Ricardo Valencia es profesor asociado de Comunicaciones en Fullerton, la universidad estatal de California. Twitter: @ricardovalp.