La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de la defensora de derechos humanos Bertha María Deleón por considerar que se encuentra en una situación de “gravedad y urgencia” debido a ser una voz crítica del Gobierno del presidente Nayib Bukele.
En un documento de 12 páginas, publicado la tarde de este martes, la Comisión solicitó a El Salvador que “adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Deleón”, de forma que ella pueda seguir desempeñando su labor sin ser objeto de amenazas ni intimidación o de actos de violencia.
El 27 de mayo de este año se hizo de conocimiento de la CIDH una solicitud de medidas cautelares de la Red de Defensoras de Derechos Humanos y que fue acompañada por otras organizaciones, como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Entre la información aportada, “que da cuenta de una situación de animadversión” contra Deleón, se tomó en cuenta los ataques que ha recibido en redes sociales y en YouTube y que solo buscarían llamar e incitar a su violación sexual y a su muerte: “Para la CIDH, la campaña anterior buscaría intimidar a la propuesta beneficiaria en el marco de sus labores como defensora de derechos humanos para que las limite o cese completamente”. La denuncia interpuesta también describe seguimientos por parte de automóviles y motocicletas sin placas, vigilancia a través de drones y el robo de una computadora que tenía en su vehículo.
Si bien la CIDH sostiene que el riesgo de Deleón aumentó en 2020 por sentar un “posicionamiento crítico al gobierno de El Salvador”, también considera que su vulnerabilidad se agudizó desde que la nueva Asamblea Legislativa, dominada por el partido de Bukele, tomó posesión el 1 de mayo pasado y destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general de la República. “Hay ‘ciberacoso’ en su contra’”, establece el escrito.
Morena Herrera, coordinadora de la Colectiva Feminista, celebra las medidas otorgadas a Deleón. “Es el reconocimiento a la persecución, al riesgo grave al que ella ha estado sometida”, agregó. Para ella, que ha estado de cerca junto a la Red de Defensoras, el caso de Deleón evidencia la persecución directa que ha vivido como parte de “una amenaza de privarla de libertad”. Sin embargo, que la CIDH haga este pronunciamiento, dice, también representa un mensaje de respaldo a otras personas que defienden los derechos humanos y que están siendo criminalizadas por el Estado.
El cambio de la cabeza de la Fiscalía General de la República es una de las situaciones que llevó a Deleón a sentirse perseguida y acosada por el gobierno de Bukele. En una entrevista concedida a El Faro días antes de que la solicitud de medidas cautelares llegara a la CIDH, Deleón dijo haber confirmado cuatro acusaciones activas en su contra, entre estas, una interpuesta por Walter Araujo, un personaje aliado del bukelismo, a quien ella había denunciado por expresiones de violencia en su contra lo que impidió que él no corriera como diputado del partido Nuevas Ideas.
“La denuncia que ella hizo a Walter Araujo, que no fuera diputado, se la han estado cobrando muy alto”, comentó Herrera a El Faro.
Celia Medrano, especialista en derechos humanos, no tiene dudas de las denuncias que Bertha Deleón ha hecho en cuanto a la visualización de drones o el robo de su laptop. “No debe ser visto de manera superficial. En su conjunto, responde a un modus operandi”, aseguró Medrano sobre el hecho de que desde un gobierno se instrumentalice al Ministerio Público en contra de una defensora, además de que se haya colocado como titular a una persona que obedece al oficialismo. “En su conjunto responde a un patrón de agresión”, dijo la exfinalista a la Secretaría Ejecutiva de la CIDH.
Aunque el Estado alegó que la solicitud 'carece de fundamento' y negó que “bajo ningún concepto ejerce una persecución, hostigamiento o estigmatización hacia personas o entidades que son críticas a la gestión del Gobierno”, la Comisión dio un plazo de 15 días para que el Estado informe sobre la adopción de las medidas cautelares requeridas para salvaguardar la integridad de Deleón, quien en las últimas semanas ha mantenido un bajo perfil tanto en redes sociales como mediáticamente. Una de sus últimas apariciones fue en Twitter a finales de agosto pasado cuando escribió estar “desde algún lugar de California”. La Red de Defensoras de Derechos Humanos dijo a El Faro que hasta no entrar en contacto con ella, evitarían dar un pronunciamiento público sobre su estado.
Tanto Medrano como Herrera esperan que las recomendaciones dadas por la CIDH sean de obligatorio cumplimiento por parte del Estado salvadoreño y no esperar a que sea una sentencia de una instancia supranacional como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Algunos analistas, como juristas de Casa Presidencial, dirán que no están en la obligación de acatar las medidas dadas por la CIDH. Pero una medida cautelar de la CIDH es de obligatorio cumplimiento”, comentó Medrano.
