El expresidente del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), José Antonio Salaverría Borja, declaró ante una juez que el expresidente Francisco Flores (1999-2004) lo citó a una reunión en Casa Presidencial para firmar documentos de la cuenta bancaria de una fundación que ese partido usó para desviar $10 millones donados por Taiwán para el combate a la pobreza y la mitigación en zonas de riesgo tras los terremotos de 2001. “Paco Flores me dice: tenés que firmar. Entonces, como una cortesía, firmé, pero nunca conocí ni conozco la fundación Rodríguez Porth”.
Salaverría es uno de los primeros exdirigentes de Arena que revela detalles sobre la cuenta que el Centro de Estudios Políticos Dr. José Antonio Rodríguez Porth (CEP) abrió en el Cuscatlan International Bank and Trust Ltd., un banco offshore domiciliado en Nassau, Bahamas. En esa cuenta se depositaron cuatro cheques, por un monto de $10 millones, que la Embajada de Taiwán en El Salvador libró a nombre del expresidente Flores, entre octubre y diciembre de 2003.
Arena utilizó el dinero de Taiwán para financiar la campaña del expresidente Elías Antonio Saca. Dieciséis años después, la Fiscalía acusó al expresidente Saca, al director de asuntos económicos de Arena, Juan Tenant Wright, y al presidente del CEP, Gerardo Balzaretti, por lavado de dinero. El caso fracasó penalmente por prescripción del delito, pero el Juzgado Segundo de Instrucción mantiene abierta la causa para determinar si ellos deben pagar $10 millones de responsabilidad civil. Ante este juzgado, Salaverría declaró como testigo el 8 de septiembre de 2021.
Veinte días después, el 28 de septiembre, durante una entrevista telefónica con El Faro, Salaverría contó más detalles sobre su reunión con el expresidente Flores. Él se desmarca de la administración del CEP y dice que tuvo firma autorizada porque era una tradición del partido. Reconoce que firmó los documentos, pero matiza que desconocía que se trataba de una cuenta en un banco offshore en Bahamas, país con bajos controles financieros y fiscales, propenso al lavado de dinero y reconocido como uno de los principales paraísos fiscales del mundo. “La fundación Rodríguez Porth no fue creada por Arena, partamos de esa base. Esa fue una cosa de Paco Flores y su grupito'.
El expresidente Flores confesó en la Asamblea Legislativa que recibió donaciones “no tradicionales” de Taiwán y que el dinero lo entregó a sus destinatarios en “saquitos” de dinero. El expresidente del CEP, Balzaretti, ha mantenido silencio sobre el caso, mientras que otros dirigentes de Arena dicen que desconocían que el dinero provenía de Taiwán. Arena, incluso, destruyó documentación interna alegando que no tenía espacio donde guardarla, y así desapareció información de la campaña de 2004 que hubiera podido ayudar a esclarecer el manejo de esos fondos.
La historia, según Salaverría
Flores era un presidente que no concertaba. Al tener mayoría en la Asamblea Legislativa, prescindió del consenso, evitó rendir cuentas y aprobó leyes sin mayor consulta, como la dolarización. En Arena también lo acusaban de “privatizar” el partido porque marginó a dirigentes históricos y promovió que grandes empresarios estuvieran al frente del Consejo Ejecutivo Nacional (Coena), en ese momento dirigido por el banquero Archie Baldocchii. Los detractores de Flores se referían a esa dirigencia como “el COENA SA de CV” o “el COENA de los helicópteros”, en alusión a que algunos de sus integrantes eran de la cúpula económica del país.
Baldocchii renunció tras la derrota electoral de marzo 2003 y tres meses después falleció en Miami. El 30 de abril de ese año, Salaverría fue electo presidente del Coena, un puesto clave porque al año siguiente había elección presidencial. Aunque el cambio de dirigencia erosionó la influencia de Flores en el partido, Salaverría considera que el expresidente ya tenía otra vía alterna para mantener el poder: la creación de una fundación para manejar el financiamiento de la campaña.
Por tradición, la cuenta de Arena para recibir donaciones estaba registrada a nombre de la Fundación Democracia, Paz, Progreso y Libertad (FUNDEPAL). “En tiempos de Alfredo Cristiani (1989-1994), nos reunimos un grupo como de ochenta y fundamos FUNDEPAL, que era la fundación de Arena, creada por Arena y con los principios del partido. Cuando abrieron las primeras cuentas, la Junta Directiva (de FUNDEPAL) por cortesía daba la firma al presidente y al tesorero del partido. Cortesía, porque nunca firmaban nada”, dijo Salaverría en entrevista con este periódico.
Durante el período de Flores (1999-2004), la presidenta de FUNDEPAL fue Gloria Salguero Gross (fallecida en 2015), quien renunció temporalmente a Arena por diferencias con la dirigencia en 2001. Cuando Salaverría tomó las riendas del Coena, en abril de 2003, la FUNDEPAL era un cadáver. El nuevo presidente del partido creó un instituto para recibir las donaciones de campaña. “El día que me eligen, creo el Instituto Mayor Roberto d’Aubuisson y pongo a Ricardo “El Gringo” Valdivieso de presidente, como diciendo este es el marco. Se abre la cuenta y el presidente del partido tiene firma por cortesía”, explicó Salaverría.
Pero el expresidente Flores ya estaba un paso adelante. Un año antes, el 9 de mayo de 2002, junto a 12 empresarios y dirigentes areneros, había creado el CEP, fundación para recibir donaciones de campaña. Aunque Salaverría creó una fundación para tal fin, no objetó firmar los documentos bancarios a favor del CEP, creado por el expresidente Flores. “Como sabía esa posición (pro Instituto Mayor Roberto d´Aubuisson), Paco Flores, muy hábil, me llama, nos sentamos por las donaciones y me dice: tenés que firmar (la cuenta del CEP). Y yo firmé por cortesía”.
―¿Dónde se reunió con el expresidente Flores? -preguntó El Faro.
―Con él creo que fue en Casa Presidencial. Yo no sabía nada de eso.
―¿Quién lo acompañaba en esa reunión?
―No me acuerdo quiénes más estaban en esa reunión, creo que solo yo. Ya son tantos años.
―¿Usted fue al banco a firmar la hoja de registro de firmas?
―No.
―¿Y cómo es que su firma aparece en los documentos de la cuenta bancaria?
―Ah, bueno, porque ahí en Casa Presidencial me la tenían para firmarla. Sí, ahí firmé, en Casa Presidencial.
―¿Usted sabía que estaba firmando la cuenta de una fundación en un banco offshore en Bahamas?
―No, no, no… Yo no sabía que era cuenta de un banco offshore. Vuelvo y repito, esto era una cortesía de la fundación y del instituto, porque el presidente y el tesorero (de Arena) siempre han tenido firma registrada, aunque no firmen.
―¿Por qué firmó documentos de una fundación que no era la oficial del partido?
―Te voy a ser muy franco, sin nada de ganas: porque Paco Flores aniquiló y cerró la fundación, la ahogó. FUNDEPAL ahí desaparece ¿Por qué? Porque todas las ayudas internacionales se las quitaron y se las pasaron, me refiero a todos los tanques de pensamiento. Yo nunca hablé con él de esa fundación (del CEP). Lo único que me merece respeto es el señor Rodríguez Porth, lástima que le pusieron el nombre y la manejaron de esa manera. Esa es más o menos la historia.
―Usted tenía firma registrada cuando ingresaron los primeros $5 millones de Taiwán a la cuenta del CEP. He cubierto el cierre de la audiencia y tres defensores dicen que usted debería estar procesado. ¿Qué opina de eso?
―Ah, bueno, pero, pero, no sé de esa historia, contámela, porque no la sabía…
El silencio de Balzaretti
El expediente por lavado de dinero tiene 168 cajas repletas de documentos, pero lo que la Fiscalía recrimina a cinco hombres se puede resumir así: uno recibió cuatro cheques de Taiwán por $10 millones; otro facilitó los trámites bancarios; los últimos tres tenían firma registrada en la cuenta para mover el dinero a otras cuentas y emitir cheques para pagar el proselitismo de Arena en 2004.
Dos de los protagonistas de este entramado financiero ya murieron. Mauricio Samayoa, un banquero del Grupo Financiero Cuscatlán, donde se movió el dinero, falleció en junio de 2015; mientras que el expresidente Flores, titular de los cheques, murió en enero de 2016. Sin embargo, el lío de Taiwán los persigue hasta después de la muerte porque una Cámara ordenó procesarlos. “Se tiene que iniciar un caso en los juzgados de lo civil. Aún no se ha hecho porque la encargada es otra unidad fiscal”, dice Sergio Paredes, uno de los tres fiscales del caso.
Contra los otros tres procesados la audiencia en el Juzgado Segundo de Instrucción finalizó el 24 de septiembre de 2021 y aún no ha definido una fecha para condenarlos o absolverlos. El juzgado prepara su fallo.
Uno de los principales procesados es Balzaretti, el expresidente del CEP. La Fiscalía lo acusa de abrir y tener firma autorizada en la cuenta del banco offshore Cuscatlan International Bank and Trust Ltd. Lo procesa, además, por ordenar las transferencias de dinero desde el extranjero hacia el partido Arena, operaciones que no registró en la contabilidad del CEP, pese a que la ley se lo exigía.
Uno de los documentos que la Fiscalía ha ofrecido como prueba contra Balzaretti es el contrato de apertura de la cuenta corriente que firmó con el banco offshore el 28 de octubre de 2003. Al contrato están anexados dos páginas que contienen los datos personales (número de pasaporte, dirección y datos laborales) de Balzaretti y otras tres personas registradas como “firmantes autorizados”. En una tercera página está el “registro de firmas” con rúbricas que, según el documento, corresponden a Balzaretti, Salaverría, Eduardo Zablah y Guillermo Ávila.
El “registro de firmas” consigna que son necesarias dos firmas mancomunadas para el manejo de la cuenta. Estos documentos fueron incautados por la Fiscalía de Costa Rica en el Banco Cuscatlán de Costa Rica, agencia Uruca, donde el banco offshore (Cuscatlán International Bank and Trust Ltd.) tenía una cuenta para las operaciones de sus clientes. El Faro tiene una copia de ese informe, elaborado por la Oficina de Asesoría Técnica y de Relaciones Internacionales de Costa Rica.
La prueba que la Fiscalía usa contra Balzaretti (Registro de firmas) es la misma que los defensores ocupan para señalar vacíos en la investigación. “Los que deberían estar sentados frente a este tribunal son otros. Los que tenían firma autorizada son el señor (Eduardo) Zablah y el señor Salaverría, presidente del COENA. Están acusando a alguien que nunca ha sido de la dirección ni ha tenido cargo influyente en Arena. No se podía mover ni un centavo sin dos de las cuatro firmas autorizadas ¿Por qué solo han acusado al señor Balzaretti? Esas son las incoherencias de la Fiscalía, han hecho una acusación selectiva', dice Arturo Muyshondt, defensor de Balzaretti.
El caso judicial por el desvío de los fondos de Taiwán comenzó hace siete años, pero todo este tiempo no ha sido suficiente para aclarar cuestiones básicas como quién depositó los cheques en la cuenta del Cuscatlan International Bank and Trust Ltd., o quién firmó las transferencias desde Costa Rica hacia El Salvador. El contrato establecía que el dinero se podía mover de dos formas: por medio de una carta del representante legal del CEP o por medio de dos de las cuatro firmas autorizadas. La Fiscalía de Costa Rica, sin embargo, no encontró ningún documento de cómo se movió el dinero.
Balzaretti, el presidente del CEP, es una de las personas que podría aclarar quién depositó los cheques y cómo se hizo la transferencia del primer millón de dólares desde Costa Rica hacia El Salvador, el 18 de noviembre de 2003, pero ha preferido mantenerse en silencio. “No, gracias, señoría, muy amable”, dijo a la jueza Edelmira Flores cuando en la audiencia en su contra le ofreció su derecho a la última palabra. No es la primera vez que se rehusa a hablar del tema. En julio de 2014, declaró ante una comisión de la Asamblea Legislativa que investigaba el caso.
—¿Quién le pidió que abriera la cuenta?
—Alguien del partido. No recuerdo el nombre.
—¿Quién tenía la potestad dentro del partido para pedirle que abriera la cuenta?
—No sé, nunca he estado en el partido, respondió Balzaretti a los diputados.
El expresidente de Arena, Salaverría, aseguragura que tuvo firma autorizada en la cuenta solo por cortesía y que la responsabilidad del manejo de los fondos correspondía a Balzaretti y Ávila, el expresidente y exsecretario del CEP, respectivamente. “Bueno, los otros tenían cargo, uno era el presidente; y otro, secretario del CEP. No puedes esconder eso, es bien difícil, es imposible, porque un banco no te va hacer transferencias sino tiene la instrucción para dónde, cómo y cuándo, ¿vea? Yo, cinco veces he ido a declarar a la Fiscalía, a mí me quisieron meter que yo me había robado pisto”.
El Faro llamó Ávila Quelh para concederle su derecho de respuesta. Ávila no contestó las llamadas ni mensajes telefónicos. También se llamó a Zablah, quien proporcionó unas actas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que demuestran que él ya no formaba parte del Coena cuando los cheques fueron depositados en la cuenta del CEP. Él fue director de asuntos económicos del partido desde el 30 de abril hasta el 16 de octubre de 2003. Es decir, dejó el cargo dos semanas antes de que los primeros cinco millones de Taiwán llegaran a la cuenta del CEP en el Cuscatlan International Bank and Trust Ltd.
El informe de la Fiscalía de Costa Rica consigna que el contrato de apertura de la cuenta del CEP y el registro de las cuatro firmas autorizadas data del 28 de octubre de 2003. Zablah, ciertamente, ya había renunciado al Coena para esa fecha. El Faro preguntó al empresario por qué entonces su firma aparece en el documento bancario si él ya no era parte del Coena, pero dijo que no daría declaraciones.
Tanto Ávila como Zablah son testigos de la Fiscalía. En agosto pasado, Ávila dijo ante la juez que desconocía que el dinero depositado en la cuenta del CEP provenía de Taiwán. En el caso de Zablah, la Fiscalía desistió de llamarlo a declarar el 11 de agosto pasado porque sus aportes serían establecidos por medio de otras pruebas, dijeron los fiscales.
Costa Rica no encontró a Saca
El 26 de noviembre de 2003, Balzaretti envió una carta al banco offshore Cuscatlan International Bank and Trust Ltd., en la que solicitaba incorporar como firma registrada al expresidente Saca y al exdirector de asuntos económicos de Arena, Wright. “Adjunto a la presente entrarán Tarjetas de Registro de Firmas (…) Siempre serán necesarias dos firmas mancomunadas de cualquiera de los cuatro firmantes”.
La Oficina de Asesoría Técnica y de Relaciones Internacionales de Costa Rica no encontró el registro de firmas de Saca y Wright. Lo único que encontraron fue la carta en la que Balzaretti pedía el cambio. Wright dice que esa carta no tiene ningún valor: “Es como que yo haga una carta y diga que usted me debe 100,000 dólares. Ahí pueden poner cualquier cosa”, dijo Wright, al referirse escuetamente a que no hay un Registro de Firmas anexado al expediente bancario.
La cuenta del CEP fue abierta en octubre de 2003 y cerrada en abril de 2004. En sus alegatos de cierre, los defensores insistieron en que al no existir evidencia de que Saca y Wright firmaron, entonces, los responsables de los movimientos de la cuenta fueron las cuatro personas que inicialmente firmaron el contrato de apertura de la cuenta corriente (Balzaretti, Salaverría, Zablah y Ávila). El expresidente de Arena, Salaverría, dijo que su partido nunca le entregó un documento que hiciera constar que él ya no tenía firma autorizada en la cuenta y confiesa que él tampoco lo solicitó.
La Fiscalía reconoce que no hay registro de firma, pero consideran que la nota enviada por Balzaretti es suficiente para acusarlos de lavado de dinero. “El señor Balzaretti incorpora al señor Saca y al señor Wright como firmantes de la cuenta. Es de ver también lo inusual al momento de la apertura que fue facilitada por el presidente del Banco Cuscatlán de El Salvador, es el que ayudó a que se obviaran los mecanismos y controles para la apertura y manejo de la cuenta”, dice Carlos Mira, otro de los fiscales del caso.
“¿Cómo es posible que el señor Wright que no fue miembro del CEP, que no tenía firma autorizada (en la cuenta del CEP), porque así lo dice un perito, esté procesado, y el señor Salaverría, que fue firmante de la cuenta del CEP sin ser miembro y presidente del COENA y, por tanto, tenía las dos funciones, y la Fiscalía decide no procesarlo? ¿Por qué?”, cuestiona Baulenas, el defensor de Wright.
Wright fue nombrado director de asuntos económicos de Arena el 16 de octubre de 2003, tras la renuncia de Zablah. La Fiscalía lo acusa de tener firma registrada en el Cuscatlan International Bank and Trust Ltd.; y por firmar 488 cheques emitidos desde la cuenta que Arena tenía en el banco Cuscatlán de El Salvador. Los fiscales reconocen que para emitir esos cheques eran necesarias las firmas de dos personas, pero dan una explicación de por qué no han acusado al otro firmante: Eduardo Ernesto Berdugo, el encargado de finanzas del partido desde finales de los años 90.
“En el caso de él (Berdugo) es bastante particular, porque él ejercía como gerente financiero, él no tenía poder de decisión sino que el poder de decisión le correspondía tanto al presidente como al director de asuntos económicos (del Coena). Prácticamente, él solo era un empleado”, dice el fiscal Mira.
“¿Cómo pueden decir que si hay dos personas que han firmado cheques una tiene más o menos responsabilidad que la otra? ¿En base a qué? Lo que podemos ver aquí es que la Fiscalía no tiene ningún tipo de pudor en mentir. Ellos establecen que la actitud delictiva es firmar cheques sabiendo que el dinero era ilícito porque tenía firma en el CEP. El señor Wright no tenía firma. ¿Por qué no se ha procesado al señor Salaverría? ¿Por qué no han procesado al señor Zablah?”, insiste Baulenas.
El fiscal Mira reconoce que hay otras personas mencionadas en el proceso, pero dice que señalar a los otros firmantes de los documentos bancarios “es un criterio bastante personal que tiene la defensa”. El fiscal no explica por qué, en su teoría, hay firmantes de la cuenta que sabían que el dinero provenía de Taiwán y por qué otros que firmaron el mismo documento no sabían nada al respecto.
“Llego a la Presidencia de Arena en medio de una campaña en la que estoy sumamente ocupado, recorriendo todos los municipios, y de lo que menos estaba preocupado es de la parte administrativa. Estamos en un juicio que no nos corresponde, esto le corresponde a mi antecesor que, lamentablemente, falleció (Flores). No hemos sacado ningún provecho de esos $10 millones”, dijo Saca, durante su derecho a la última palabra. El expresidente declaró el 24 de septiembre pasado, por videoconferencia desde Mariona, donde cumple una condena por corrupción.
Wright, por su parte, usó su derecho a la última palabra para apuntar contra el exfiscal general Raúl Melara. “No soy la persona indicada para decir si este ha sido un juicio político o no. Tengo clarísimo que el fiscal Melara es un fiscal que lo eligió Arena y no lo digo porque he leído en los medios que era afín al candidato Callejas o por fotografías, lo digo porque fui testigo presencial de un abogado, de un bufete muy importante, que me dijo en mi cara que él había conseguido los votos para elegirlo. Me quedó clarísimo que el fiscal Melara representaba los intereses de Arena. En ese sentido, me da la impresión de que él construyó un caso única y exclusivamente para defender a Arena de toda la posible responsabilidad que pudo haber tenido en este caso”.
El exfiscal Melara presentó el caso por lavado de dinero en marzo de 2019, pero los defensores dicen que excluyó del caso al partido Arena. Cuatro meses después, en julio, la Cámara Segunda de lo Penal determinó que el delito había prescrito, pero ordenó continuar el caso por responsabilidad civil contra los procesados y pidió incluir al partido. La Fiscalía falló de nuevo, dicen los abogados.
“La instrucción termina el 20 de julio de 2020 y no procesa a Arena. Cinco días después de haber terminado la instrucción, el 27 de julio, hace el gran show y dice: demando a Arena. Cualquier estudiante de derecho de primer año sabe que el responsable civil no se le puede demandar con el dictamen de acusación. Tiene que ser, máximo, 15 días antes de que termine la instrucción”, dice Baulenas. “La petición contra Arena no fue presentada en el momento procesal oportuno”, insistió el defensor del expresidente Saca, Miguel Bonilla.
El exfiscal Melara rechazó los señalamientos por medio de su cuenta de Twitter. Dijo que la Cámara determinó que el delito prescribió en 2014, pero que la omisión de no investigar el lavado de dinero no se le puede recriminar a su administración. En 2014, la Fiscalía era dirigida por Luis Martínez, condenado por uso ilegal de escuchas telefónicas y quien aún tiene pendientes procesos por corrupción.
Aunque el fiscal Paredes dijo que los procesos civiles contra Flores y Samayoa aún no han iniciado, el exfiscal general asegura que embargó a los procesados, al partido Arena y una cuenta del banco involucrado, “llegando a la totalidad de lo defraudado”. “Vi las declaraciones del Sr. Baulenas y son bastante penosas. Su defensa es: ¿por qué han procesado a mi defendido y no a otros? Si no son condenados, es únicamente porque la cámara dictamino que el delito prescribió allá por el 2014, no porque hayan participado en el mismo”, respondió Melara por medio de Twitter.
