No hay personas más interesadas en que en El salvador exista una Ley de Agua como las que por más de 15 años han hecho propuestas para una Ley General de Agua justa y elaborada desde las necesidades de la población. La nueva clase política, entre ellos la nueva Asamblea Legislativa, que se precia de trabajar para el pueblo han dejado claro con este proyecto de Ley General de Recursos Hídricos que no les interesa trabajar junto al pueblo, que están en el parlamento para obedecer sin objetar al presidente del Ejecutivo, los intereses de aquel y su grupo de poder. Ya que a fin de respetar el mandato de aquel han ignorado propuestas técnicas bien fundamentadas y la opinión de grandes sectores de la población, dejando como grandes ganadores del proceso de estudio de la ley de agua a los que se lucran de explotar y vender el agua, los privados.
En junio, el presidente de la República anunció que su gobierno y sus diputados elaborarían una Ley de Agua. Esto generó sorpresa y preocupación. El anuncio llegó tras dos años de ejercicio en el gobierno en donde la crisis del agua se ha agravado y las entidades públicas vinculadas al abastecimiento y la calidad del agua han cometido crasos errores. Entre ellos la crisis en enero del 2020 cuando se envió agua sucia a los usuarios de ANDA en el gran San Salvador, o el anuncio en 2019 del entonces presidente de ANDA, Frederick Benítez, de potabilizar el agua del lago de Ilopango para beneficiar a Soyapango, Ilopango y San Martín. Todo esto sin tomar en cuenta que ello podía desembocar en una grave crisis sanitaria, pues ni con las mejores tecnologías es posible potabilizar el lago de Ilopango.
La iniciativa no se puede divorciar, desde luego, de la caída en picada de la popularidad de Bukele, debido a las inconstitucionalidades aprobadas en la Asamblea que, violentando la institucionalidad, concentra en las manos del presidente todo el poder del Estado, los crecientes señalamientos de corrupción hacia varios funcionarios de gobierno, y los cuestionamientos de actores internacionales que ven con preocupación la deriva autoritaria que va tomando el país. Por esto es que creo, sin temor a equivocarme, que el tema agua, como en otros momentos de la historia de este país –al estilo de los mismos de siempre–ha sido instrumentalizado para sacar réditos políticos.
La propuesta de Ley enviada por Casa presidencial resultó incompleta, tendenciosa y ajena a la realidad del país de cara al deterioro de los ecosistemas, el cambio climático y la, cada vez más, profunda injusticia hídrica. Todos estos factores normalizan y permite el despojo del agua de las poblaciones, sobre todo las rurales, frente al desarrollo económico de grupos reducidos provenientes de la vieja, rancia y podrida oligarquía tradicional de este país, a la que ahora se le suma la nueva oligarquía emergente.
La denuncia de las organizaciones sociales fue inmediata en señalar las deficiencias de la propuesta y los vicios que pretendía legalizar. En un intento por no afectar más el índice de popularidad del Gobierno, Capres ordenó a la Asamblea Legislativa que iniciara un proceso expedito para obtener una Ley de Agua en 90 días, advirtiendo, cínicamente, que se admitirán cambios en el proyecto, siempre y cuando se respetara el espíritu de la ley. Dicho espíritu, a juicio de los expertos y expertas, lo que siempre buscó fue facilitar la mercantilización del agua y despojar a la población de cualquier mecanismo que le permita participación en las decisiones vinculadas al agua y a las cuencas, sin tener enfoque de derechos humanos e ignorando los estándares internacionales que determinan el goce y disfrute del derecho humano al agua y al saneamiento.
Por esto, no extraña que la comisión ad hoc formada para el análisis de la Ley se limitara a invitar y oír a las más de 65 organizaciones, entre las que figuraron pueblos indígenas, mujeres, iglesias y ambientalistas, sin la intención real de tomar en cuenta las opiniones y sugerencias de todos los sectores. Al contrario, lo que terminó ocurriendo fue el confeccionamiento de una Ley a la medida que garantice a las empresas certidumbre legal para dejar sin agua a la población. Aunque esto será legal una vez se apruebe el articulado, no está enmarcado en la ética y mucho menos fundamentado en un enfoque de derechos humanos.
Aquella consulta en la que participamos de buena fe resultó ser una puesta en escena, donde al final se discutió el articulado con discursos preelaborados y con un guion teatral para el goce de la audiencia, actuando frente a cámaras y levantando la mano como autómatas.
Las decisiones importantes que podrían cambiar la esencia de la ley y volverla una ley en favor de la población no se discutieron. Las exigencias mínimas de las comunidades y la población en general quedaron de lado: el agua no se reconoce como bien común, no existe en la ley un enfoque de cuenca, no habrá régimen económico y financiero justo y equitativo, la participación de la ciudadanía en el ente rector será nula, y el enfoque vital del derecho humano al agua fue solo un discurso.
Christian Guevara, autodenominado empresario y jefe de la Bancada Cyan, lejos de actuar como legislador en representación del pueblo, tuvo siempre una tendencia en favor de los intereses privados. Una vez que la diputada Sandra Martínez, presidenta de la comisión, abandonó la comisión ad hoc, él asumió la presidencia y desde allí lanzó una serie de modificaciones que legalizan la privatización de los bienes hídricos. Promovió legislar para ceder permisos de explotación para los grandes usuarios del agua por periodos de 15 a 30 años; eliminó cualquier aspiración de la ciudadanía activa de tener opinión en aquellas decisiones que les afectan, al crear una Dirección Ejecutiva en la que la gente no participa; legisla para no reconocer el derecho comunitario de abastecimiento de agua a través de las juntas de agua; y, finalmente, fue gracias a su iniciativa que se dejó sin efecto el artículo 1 de la misma ley que reconoce el derecho humano al agua. Esta nueva Ley impondrá pagos a cualquier forma de uso del agua, así sea la subsistencia de la gente. Quiere decir que a las poblaciones que se abastecen por cañería se les venderá el agua con permisos limitado de uso. Por tanto, lo del carácter público y derecho humano, aunque quedará escrito, no tendrá bases para desarrollarse.
La discusión de una verdadera Ley de Agua debería solucionar la crisis administrativa y de escasez de agua que sufre la población salvadoreña. La nueva Ley debería garantizar que el agua que la gente bebe no la mate, que todos y todas tengamos esos 50 litros diarios que la ONU establece como mínimo para cada persona a diario, sin tener que sacrificar la comida u otro bien que satisfaga necesidades que deben ser cubiertas, y sin tener que gastar el tiempo en ir a buscar el cantarito de agua, esperar la pipa o desvelarse por esperar que el chorrito que cae llene al menos medio barril para el uso del hogar.
Bukele se salió con la suya: durmió a la gente y se hizo de una Ley del Agua que le permitirá obtener recursos para seguir financiando su esquema neoliberal, patriarcal, extractivista y corrupto. Ahora juzgue usted si el discurso presidencial pega con su realidad.
*Amalia López es licenciada en Administración de Empresas de la Universidad de El Salvador, miembro de la Asociación Movimiento de Mujeres de Santo Tomás, activista feminista y ambientalista y defensora del agua a través de la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua.
