Columnas / Impunidad

Los Josefinos triunfaron en la Corte Interamericana

Esta es la primera vez, en los 16 años transcurridos desde que se interpuso la denuncia, que un tribunal imparcial se pronuncia sobre lo ocurrido en Los Josefinos.

Viernes, 25 de marzo de 2022
Gisela De León

A casi cuarenta años de la destrucción de la aldea de Los Josefinos, en el departamento de Petén en Guatemala, los sobrevivientes por fin obtuvieron justicia en un fallo histórico. Por primera vez un tribunal imparcial reconoció la verdad que, por casi 40 años, las víctimas sobrevivientes de Los Josefinos habían venido sosteniendo y, con ello, dieron un paso firme en su camino hacia la justicia.

La madrugada entre el 29 y el 30 de abril de 1982 miembros del ejército guatemalteco sitiaron la aldea de Los Josefinos, ingresaron a ella y ejecutaron a decenas de personas. Algunas mujeres y niñas también fueron violadas sexualmente. En su afán de destruir la aldea, los miembros del ejército mataron animales y quemaron casas y propiedades. A la fecha, no existe certeza absoluta de la cantidad de personas ejecutadas durante la masacre, pero se estima que fueron al menos 29 personas adultas y 16 menores de edad.

Estos hechos, que permanecieron en impunidad por casi 40 años, fueron juzgados en 2021 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos –el más alto tribunal de derechos humanos de la región– y, en un fallo histórico, el Estado guatemalteco fue declarado como responsable por la violación de los derechos de las víctimas a raíz de estos graves hechos. En palabras del señor Francisco Batres, sobreviviente de la masacre de la Aldea de Los Josefinos, esta era una aldea muy ordenada, muy fructífera, donde sus habitantes eran muy trabajadores y se dedicaban principalmente a la agricultura y la ganadería.

Proceso de exhumación en la comunidad de Los Josefinos. Foto cortesía de la Asociación de Familiares Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA)
Proceso de exhumación en la comunidad de Los Josefinos. Foto cortesía de la Asociación de Familiares Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA)

El nivel de destrucción provocado por el ejército, así como el temor de ser asesinados, obligó a las personas sobrevivientes a desplazarse y a vivir en condiciones muy difíciles por meses e incluso años, pues habían sido despojados de todos sus medios de subsistencia. Algunos de ellos nunca pudieron regresar a Los Josefinos.

El desplazamiento forzado generó la separación de familias, incluyendo niños y niñas de sus padres, y al menos 14 personas fueron desaparecidas forzadamente. Estos hechos no fueron aislados, se dieron como parte de la aplicación de la “Doctrina de Seguridad Nacional” por parte del Estado guatemalteco, que consideraba a parte de la población civil como el “enemigo interno”, lo que generó la comisión masiva de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo masacres como la cometida en Los Josefinos.

El 16 de enero de 1996, la Asociación de Familiares Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA) denunció estos graves hechos ante las autoridades judiciales. Sin embargo, con el paso del tiempo, los mismos continuaron en una situación de absoluta impunidad. Ello llevó a que FAMDEGUA, en el 2004, en conjunto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), presentaran el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el fin de que el Estado de Guatemala fuera declarado responsable de la violación de los derechos de las víctimas.

El 21 de diciembre de 2022 fue notificada la sentencia de la Corte Interamericana con relación al caso. Esta es la primera vez, en los 16 años transcurridos desde que se interpuso la denuncia y en cuatro décadas de completa impunidad, que un tribunal imparcial se pronuncia sobre lo ocurrido en Los Josefinos. Si bien la Corte no pudo pronunciarse sobre las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en la masacre, debido a que Guatemala no reconoció la competencia del tribunal para pronunciarse sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en su territorio sino hasta 1987, sí lo hizo en relación con aquellos hechos que continuaron ocurriendo después de esa fecha, es decir, el desplazamiento forzado, las desapariciones forzadas y la separación familiar de algunas de las víctimas.

Además de reconocer la responsabilidad del Estado guatemalteco por los graves hechos, la Corte estableció la responsabilidad internacional del Estado de Guatemala por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial de las víctimas sobrevivientes. Ello debido a que las investigaciones no se han realizado con la debida diligencia, con el fin de establecer la verdad de lo ocurrido; a la obstaculización en el acceso a la información en manos del Ministerio de Defensa; al incumplimiento del deber de proteger a los actores del proceso y a la existencia de un retardo injustificado de las investigaciones, entre otros factores.

La situación de impunidad en que han permanecido este tipo de casos no es nueva para la Corte Interamericana. Con anterioridad al caso de la Masacre de Los Josefinos, la Corte ya había conocido 14 casos de graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado guatemalteco.

Ya desde el 2009, la Corte Interamericana señalaba en el marco de la supervisión del cumplimiento de las sentencias que se referían hechos ocurridos en aquella época, que Guatemala “t[enía] un problema grave con respecto a la impunidad que impera en el país, específicamente con relación a las violaciones sistemáticas a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado”.

Es necesario reconocer que desde ese momento se dieron importantes avances en la investigación de este tipo de casos, gracias al impulso de las víctimas y al comprometido trabajo de diversos fiscales y jueces a través del cual fue posible superar aquella situación de impunidad generalizada y lograr diversas condenas en casos como la Masacre de Las Dos Erres, la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen, entre otros.

En la sentencia de 2021 del Caso de la Masacre de Los Josefinos, la Corte ordenó al Estado que, como medida de reparación por el daño causado a las víctimas, debía “remover todos los obstáculos […] que mantienen la impunidad en este caso” y llevar a cabo las investigaciones que sean necesarias para individualizar, juzgar y sancionar a los responsables. Entre otras cosas, prohibió expresamente la aplicación de disposiciones de amnistía, prescripción u otros excluyentes de responsabilidad, estableció que todas las autoridades estatales deberán brindar al juez de la causa toda la información que requiera y señaló que los operadores de justicia a cargo de las investigaciones deben contar con todos los recursos necesarios para ello, así como con las debidas garantías de seguridad.

La Corte también ordenó, entre otros, la identificación y entrega de los restos de las personas asesinadas durante la masacre y la investigación del paradero de las personas desaparecidas o sus restos; implementar las medidas necesarias para que las personas desplazadas puedan volver a sus comunidades de origen si así lo desean y la realización de un documental audiovisual sobre los hechos de la masacre.

Sin embargo, en todo el país las víctimas de graves violaciones de derechos humanos siguen encontrando importantes obstáculos para la obtención de justicia a nivel interno. Un ejemplo de ello fue la discusión en 2019 de una iniciativa que pretendía reformar la Ley de Reconciliación Nacional para otorgar amnistía a las personas procesadas o condenadas por este tipo de hechos. A ello se suman los distintos ataques en contra de fiscales y jueces independientes a cargo de estos casos, incluyendo la presentación y procesamiento de denuncias espurias –que se han intensificado en las últimas semanas–, que ya la Corte Interamericana ha señalado como formas de obstaculizar los procesos penales y entorpecer el esclarecimiento de los hechos.

En este contexto, la sentencia en el caso de Los Josefinos y la lucha de esta comunidad ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos devuelve la esperanza en un contexto desolador y representa un paso firme para continuar rompiendo con la impunidad que pretende reinstalarse en Guatemala. Desde CEJIL nos sentimos horados de haber acompañado la lucha de FAMDEGUA y de las víctimas en el logro de este importante avance para la obtención de justicia y esperamos que el Estado honre sus obligaciones internacionales cumpliendo a cabalidad con lo ordenado por la Corte Interamericana.


*Gisela De León es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, y especialista en derecho internacional de los derechos humanos. Actualmente es la directora jurídica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). 

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