La aeronave de la DEA en la que viajaba Juan Orlando Hernández aterrizó en Nueva York a las 12:50 AM de este viernes. En la primera audiencia, el juez Stewart D. Aaron hizo sentir al expresidente hondureño la importancia que ha tenido su caso para los Estados Unidos: “un Gran Jurado emitió una acusación en su contra por importación de cocaína, posesión de ametralladoras y conspiración. Desde 2004 hasta 2022 presuntamente participó en una organización de narcotraficantes y recibió millones de dólares”.
Un Gran Jurado tiene mucho poder en el sistema judicial de Estados Unidos. Su trabajo, en ese caso, fue determinar si existían o no suficientes evidencias para procesar a Juan Orlando Hernández por cargos relacionados con el tráfico de cocaína. Ninguno de sus integrantes tuvo dudas sobre las pruebas presentadas por los fiscales. El fallo fue unánime.
La defensa del exmandatario respondió pidiendo acceso inmediato y completo a todas esas pruebas. Además, adelantaron que próximamente solicitarán la libertad bajo fianza para su cliente. Los abogados pertenecen a la firma Raymond L Colón. La siguiente audiencia será el martes 10 de mayo.
A las 14:27 horas de este jueves 20 de abril del 2022, una avioneta de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) despegó una base militar en Tegucigalpa con el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández abordo en calidad de extraditado, por haber sido uno de los principales cabecillas de una organización que llevó a suelo estadounidense alrededor de 185,000 kilogramos de cocaína a lo largo de 15 años, de acuerdo con los cargos presentados en una Corte de Nueva York.
JOH, como lo llaman en Honduras, enfrentará un largo juicio en el cual escuchará las acusaciones en su contra por haber recibido presuntamente sobornos y proteger a los carteles de Sinaloa y de los Cachiros.
Juan Orlando Hernández grabó un video cuando fue sacado de su celda. Sereno, sin reclamos dijo: “(…) Soy inocente, he sido y estoy siendo sometido a un proceso de manera injusta (…)”. “(…) Ustedes saben que trabajé incansablemente con el propósito de recuperar la paz de Honduras. Dimos nuestro máximo esfuerzo por nuestra nación. Es lamentable que aquellos que convirtieron a Honduras en uno de los países más violentos en la faz de la tierra, esos villanos, ahora quieran ser héroes (…)”.
Las autoridades policíacas y militares, hasta el momento, no han explicado porqué permitieron al exmandatario dejar un registro de sus últimas palabras antes de ser trasladado a una base militar. “Operación Liberación”, fue el nombre del operativo planeado por el actual gobierno encabezado por Xiomara Castro, en un hecho inédito en la historia de este país centroamericano.
JOH accederá a los testimonios de algunos de los testigos que pesaron en la condena a cadena perpetua de su hermano, el exdiputado Juan Antonio “Tony” Hernández por su involucramiento en el trasiego de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.
Uno de ellos aseguró que los narcotraficantes pagaron sobornos a políticos de alto rango, entre los que estaban el propio Juan Orlando Hernández para asegurar el paso de la droga, mantener los laboratorios protegidos y, sobre todo, asegurarse que no serían extraditados a Estados Unidos en caso de que, el algún momento, la DEA o cualquier otra agencia lograra ubicarlos.
Otro de los políticos presuntamente sobornados con el mismo propósito fue el expresidente hondureño: Porfirio “Pepe” Lobo (2010-2014). De hecho, uno de sus hijos Fabio Lobo fue ya fue condenado a 24 años de prisión.
Las pruebas y las declaraciones de testigos -algunos de ellos protegidos- han revelado que, para las elecciones del 2009, los narcotraficantes pagaron 2 millones de dólares a Alexander Ardón Soriano -quien buscaba ser alcalde de Paraíso, Copán- para apoyar la campaña presidencial de “Pepe Lobo” y también para la reelección de JOH en el Congreso.
De acuerdo con los documentos públicos sobre el juicio en una Corte de Nueva York (caso 1:15-cr-00379-PKC) “Tony Hernández” así como el mismo Ardón Soriano junto con otros cómplices, como el policía como Mauricio Hernández Pineda (primo de JOH), aprovecharon la protección política para seguir transportando cocaína hacia Estados Unidos.
En las elecciones del 2013, JOH pidió 1.6 millones de dólares de las ganancias del trasiego de drogas a Ardón Sánchez quien se mantenía como enlace con los carteles, sobre todo con el de Sinaloa, para apuntalar las campañas del Partido Nacional, entre ellas, la suya para llegar a la presidencia de Honduras por vez primera.
“Tony” Hernández, protegido por su hermano JOH, traficó con su cocaína que producía en su propia fábrica, un laboratorio en la comunidad de Aceitico, Colombia. Una fotografía, que forma parte de las pruebas, muestra envoltorios con el sello “TH”, se indica en el expediente. Según los documentos hubo un segundo pago de 1 millón de dólares hecho por Joaquín “El Chapo” Guzmán a cambio de que, una vez en el poder, JOH ampliara la protección a todos los integrantes del Cartel de Sinaloa en Honduras y también para que la policía o las fuerzas armadas ayudaran a proteger los cargamentos de cocaína, en su mayoría enviados desde Colombia.
El 26 de octubre del 2019, apenas ocho días después de que “Tony” Hernández fue condenado a cadena perpetua, López Sanabria un narcotraficante a quien le decomisaron libros de contabilidad en los que aparecían las iniciales de Juan Orlando Hernández, fue asesinado en una prisión de máxima seguridad en Honduras.
Los abogados de López Sanabria dijeron ante los medios de comunicación que un miembro de la familia Hernández y otra persona a quien sólo identificaron como “un investigador privado” visitaron sin autorización al referido narcotraficante antes del juicio de extradición.
López Sanabria, de acuerdo con sus abogados, planeaba cooperar con la DEA para declarar contra Juan Orlando Hernández. Según el expediente, en el video de vigilancia se observa a López Sanabria hablando con el director de la cárcel, cuando un hombre enmascarado pasa por detrás de ellos y abre una puerta cercana. Luego, otros prisioneros entran por ahí y disparan armas de fuego contra el posible testigo de la agencia estadounidense.
El 9 de diciembre de 2019, un grupo de desconocidos asesinó a José Luis Pinto, abogado que representaba a López Sanabria. Tres días después, el 12 de diciembre de 2019, otros sujetos armados en motocicletas mataron a Ildefonso Armas, director de la prisión en que fue asesinado López Sanabria, en Tegucigalpa.
Antes de este asesinato, el 18 de octubre de 2019, Audrey Strauss la fiscal encargada del caso de “Tony” Hernández dijo: “El excongresista Juan Antonio Hernández Alvarado estuvo involucrado en todas las etapas del tráfico de drogas. Para que los cargamentos pudieran moverse sin restricciones por Honduras, negoció grandes sobornos para figuras políticas incluidos el presidente anterior (Porfirio “Pepe” Lobo) y el actual (Juan Orlando Hernández)”.
