La Corte Suprema de Justicia (CSJ) cedió a la Fiscalía General de la República (FGR) la representación del Estado cuando este deba responder solicitudes de cooperación judicial de otros países. Eso incluye pedidos de información sobre personas a las que investigan por crímenes cometidos en sus jurisdicciones y que, eventualmente, podrían pedir en extradición. Hasta ahora, las asistencias judiciales pedidas por otros Gobiernos se centralizaban en la Corte, cuyo rol podía asemejarse al de un intermediario entre el Estado solicitante y la institución salvadoreña a cargo de la información o el expediente.
Un comunicado del presidente del Órgano Judicial del jueves 23 de junio detalla que la Fiscalía recibirá, “directamente”, cualquier petición o respuesta de cooperación en materia penal a partir de una resolución de fecha 21 de junio. “Las solicitudes de asistencia judicial internacional en materia penal tanto activas como pasivas, con el fin de ser incorporadas oportunamente a las investigaciones administrativas (…) y también las que se originen de una causa penal procuradas por la Fiscalía (….) deben ser remitidas directamente a la citada institución para su curso respectivo (…)”, dice el comunicado, atribuido al presidente del Órgano Judicial, Óscar López Jerez. La institución a la que se refiere es la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía.
Tanto el actual Fiscal General, Rodolfo Delgado, como diez de los magistrados de la Corte fueron impuestos por la Asamblea Legislativa controlada por el presidente Nayib Bukele en dos tandas: la primera, el 1 de mayo; y la segunda, el 30 de junio, ambas de 2021. Delgado era ya cercano al bukelismo antes de su nombramiento. En diciembre de 2020, actuando como abogado privado, estuvo a cargo de la defensa de Mauricio Arriaza Chicas, jefe de la Policía, cuando era acusado de haber incumplido su deber de llevar por apremio a funcionarios de Bukele a declarar ante la Asamblea Legislativa.
Según dos fuentes de la Corte, que pidieron anonimato por miedo a represalias, este es un paso que abre la puerta para que sea la Fiscalía quien dirima en un primer momento si continuar o no con un pedido de extradición. Según las fuentes, si bien es la Corte quien debe dar el aval final para extraditar a alguien, la Fiscalía puede detener ese proceso en la fase que ahora le compete. Por ejemplo, podría argumentar que los requisitos formales de una solicitud de extradición no se cumplen y que por tanto esta debe denegarse. Otro escenario, confirmó una de las fuentes, es que cuando la Fiscalía valore que una extradición no deba aprobarse, la Corte podría adoptar esa misma postura denegándola, obedeciendo el criterio fiscal.
El fiscal actual, impuesto por el oficialismo, está nombrado en el cargo hasta al menos enero de 2025, tras las elecciones presidenciales de principios de 2024, en las que, gracias a una resolución de la Corte, Bukele puede competir y convertirse, de ganar, en el primer presidente electo para dos periodos continuos.
La Corte, compuesta por 15 magistrados y sus suplentes, es un organismo más difícil de controlar que la Fiscalía, dirigida por un solo hombre. Además, quienes reeligieron en el cargo a Delgado son los diputados de Bukele y sus aliados. Esta cesión de poder a la Fiscalía ocurre en medio de un intenso cabildeo de parte de Estados Unidos para que El Salvador extradite a líderes pandilleros de la Mara Salvatrucha-13. Entre ellos, a Crook, quien, según audios publicados por este medio, fue sacado de prisión y llevado hasta Guatemala por Carlos Marroquín, funcionario del Gobierno del presidente Bukele.
“En síntesis, se le pasa a la FGR la función de que le dé trámite a las solicitudes de extradición, al reconocerle la calidad de autoridad central a la que se refieren algunos tratados de cooperación mutua en materia penal”, explicó una de las fuentes. Hasta ahora, la CSJ recibía las solicitudes de extradición y delegaba en un juzgado los trámites iniciales tras la captura de la persona. Estos trámites pasarán a manos de la Fiscalía, bajo completo control del oficialismo, cuando el convenio bilateral de El Salvador con el país que pide la extradición así lo indique.
Un caso en el que eso podría ocurrir es en las extradiciones que pida Estados Unidos. El convenio bilateral firmado por ese país y El Salvador, vigente desde 1911, menciona que la Fiscalía (“el ministerio fiscal”, dice el convenio) puede ser la contraparte salvadoreña del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) para coordinar cualquier extradición.
El comunicado de la Corte también menciona que la Fiscalía será la autoridad central salvadoreña para enviar o recibir información en causas penales abiertas, pero también investigaciones que aún estén en fase “administrativa”, es decir, que no hayan sido presentadas a un juzgado. Una investigación así es la que el DOJ de Estados Unidos prepara en aquel país contra dos funcionarios salvadoreños acusados de haber negociado con las pandillas para que estas mantuvieran bajos los homicidios en El Salvador. Según una nota de Reuters de diciembre del año pasado la acusación será contra Osiris Luna, Director de Centros Penales y Viceministro de Justicia, y Carlos Marroquín, Director de Tejido Social. En el marco de esas indagaciones, la Corte ya no será la responsable de canalizar las solicitudes de información de la administración Biden, sino que la Fiscalía de Delgado.
Lo que no cambia, según el comunicado, es que la decisión final de extraditar a alguien quedará en manos de la CSJ, como lo ordena la Constitución de la República vigente desde 1983. La Fiscalía, en todo caso, puede evitar que se llegue a la necesidad de tomar esa decisión, deteniendo el proceso previamente.
Estados Unidos ha reiniciado su ofensiva diplomática para presionar al Gobierno de Bukele para que conceda la extradición de los líderes de la MS-13 que una Corte de Nueva York procesa. Patrick Ventrell, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, fue explícito el viernes 24 de junio en una conferencia de prensa desde la sede estadounidense en el país: “Ahora más que nunca es esencial extraditar a líderes de pandillas para que enfrenten a la justicia en Estados Unidos. Hacemos un llamado a las autoridades aquí en El Salvador para que extraditen inmediatamente a esos criminales, pandilleros, y especialmente a esos que están bajo su custodia', dijo.
En agosto pasado, el acuerdo de la Corte para extraditar a Estados Unidos a un mando medio de la MS-13, Armando Eliú Melgar, alias Blue, que podría ser condenado a tres cadenas perpetuas en el país del Norte, fue revocado por la mayoría de magistrados, y el caso sigue en estudio. Ventrell hizo alusión a ese caso el viernes. 'La justicia para las víctimas de Blue no se debe alargar un día más. Ningún líder de pandilla debe sentirse a salvo de la justicia, no importa dónde haya cometido sus crímenes', dijo.
Otro de los líderes de la MS-13 al queEstados Unidos pide es Borromeo Enrique Henríquez, conocido como Diablito de Hollywood, el más reconocido líder de la ranfla de la Mara que está recluido en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca y que ha dirigido las negociaciones con los Gobiernos del FMLN y Bukele, así como con Arena y el FMLN, desde al menos 2012. Henríquez tuvo como abogado defensor al actual magistrado de la Corte, Miguel Ángel Flores Durel, quien en marzo se apartó de conocer todos los trámites de su antiguo cliente para evitar el conflicto de interés.
Una práctica desde 2021
El comunicado de la Corte dice, explícitamente, que la FGR será la nueva autoridad central cuando el convenio bilateral así lo diga. Eso quiere decir que hay cooperaciones judiciales con ciertos países que se mantendrán tal cual ha sido hasta ahora, es decir, canalizando la información a través de la Corte. Eso será así, por ejemplo, en el caso de las cooperaciones judiciales entre El Salvador y el resto de Centroamérica, pero también con México, Uruguay, Argentina, Perú, Ecuador. En todos ellos, la autoridad central identificada por El Salvador es la Corte, o Cancillería o el Ministerio de Seguridad.
Hay países con los que El Salvador no tiene un tratado bilateral amplio en materia judicial, como en el caso de Estados Unidos. Hasta la fecha, no obstante, ambos países han utilizado la Convención interamericana de Cooperación en Materia Penal para intercambiar solicitudes e información en materia penal, tal como consta en distintas resoluciones de Corte Plena de los años 2019, 2020, 2021 y 2022 revisadas por El Faro.
A partir de la revisión de esas resoluciones, es evidente que el bukelismo ha querido darle más poder a la Fiscalía en detrimento de la Corte. Fue a partir del 1 de mayo de 2021 que la Fiscalía comenzó a centralizar la información que se enviaría a otros países. Es decir, el cambio hecho público este 23 de junio por el presidente de la Corte solo oficializó algo que ya era una práctica común desde mayo de 2021. En este tiempo, la oficina fiscal encargada de tramitar la información dejó de ser una unidad y ha sido renombrada Dirección de Asuntos Internacionales.
Antes del 1 de mayo de 2021, cuando un país requería información a El Salvador sobre un crimen o sobre ciertas personas de interés, la solicitud se canalizaba a través de la Corte, que luego delegaba la responsabilidad del envío al Ministerio de Relaciones Exteriores o el Ministerio de Seguridad y Justicia. A partir de la imposición de los funcionarios del bukelismo, en mayo de 2021, la Fiscalía comenzó a ser la institución responsable, según se desprende de las resoluciones consultadas por este periódico. Pero fue hasta la semana pasada que se informó acerca de ese cambio, con el comunicado de la Corte.
La primera resolución en la que se identificó a la Fiscalía como nueva autoridad central tiene fecha del 6 de mayo de 2021, disponible en el sitio web de la Corte. En ella ya no se menciona ni a la Cancillería salvadoreña ni al Ministerio de Seguridad como la autoridad central responsable en El Salvador, como sí se hacía en las últimas resoluciones de abril, cuando faltaban solo unos días para el descabezamiento del Órgano Judicial.
El 18 de mayo, en resoluciones de peticiones de cooperación a países como Nicaragua y Guatemala, la Corte ya nombra con todas sus letras a la Fiscalía como la autoridad central responsable.
El comunicado de la Corte dice que la decisión de nombrar nueva autoridad central a la Fiscalía se tomó resolviendo una solicitud de cooperación que la misma Fiscalía hizo a Honduras por un caso de falsedad ideológica que investiga.
El Faro intentó obtener una explicación de la Fiscalía, el viernes 24 de junio, para comprender los alcances de este cambio anunciado por la Corte, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
