El martes 1 de noviembre la fotografía del juez Miguel Ángel Gálvez apareció en un macabro cartón de lotería junto a la de siete fiscales, jueces y periodistas independientes de la treintena que han sido encarcelados o forzados al exilio en el último año por el Estado guatemalteco. Todos tenían el rostro tachado con una equis roja. También Gálvez.
El cartón de amenaza, publicado en las redes sociales de la conocida Fundación Contra el Terrorismo (FCT), un grupo de operadores vinculado a exmilitares y las élites de Guatemala, está calzado por la frase “Así trabajan los francotiradores legales de la @FCTGuatemala: un disparo judicial, un muerto civil”.
Es una denuncia de la FCT la que tiene a Gálvez enfrentando un antejuicio que puede retirarle la inmunidad y probablemente llevarlo a la cárcel. Fue la FCT la que, con demandas similares, dio excusa para el encarcelamiento de las exfuncionarias de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) Virginia Laparra y Siomara Sosa y la exmandataria de la CICIG Leily Santizo. Su presidente, Ricardo Méndez Ruiz, sancionado por Estados Unidos por obstrucción a la justicia, publicó ese martes: “4 días faltan para que el prevaricador Miguel Ángel Gálvez huya de Guatemala”.
La tarde del viernes 4, el día en que se cumplía el ultimátum, el diario La Hora anunció que el juez había salido de Guatemala a primera hora de la mañana según información del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM). Extraño que el gobierno diera por vía oficial a la prensa información de viaje de un particular. Más extraño aún que Gálvez negara la noticia y desmintiera inicialmente a La Hora, para poco después admitir que, efectivamente, se encuentra en Costa Rica.
Dice que no está exiliado aún, que volverá en unos días para agotar las pocas opciones que le quedan para demostrar su inocencia ante un sistema de justicia cooptado. Es probable que ni él mismo sepa si es cierto que regresará.
Gálvez confirmó a El Faro que salió de su país en avión comercial a las seis de la mañana del día 4. “Iba con mascarilla, gorra y un abrigo con capucha, y cuando llegué al kiosko de migración, que atendía una mujer bastante ocupada haciendo varios trámites, apenas me miró”, dice, pero al entregarle el pasaporte la agente dijo “buen día, juez Gálvez”. Él, aunque su nombre y rostro son conocidos por todos, porque no desaparece de las noticias desde hace días, admite que eso lo sobresaltó. En Guatemala, ser juez hoy implica tener miedo.
“¿Qué es lo que queda?”
Pocos días antes de su salida del país, El Faro entrevistó a Miguel Ángel Gálvez en su casa a las afueras de Ciudad de Guatemala. “Se está instalando un terror muy fuerte en Guatemala”, denunció en esa conversación.
―¿Cuántos fiscales y jueces están en Washington, México, Costa Rica y Suecia? Hay mucho miedo ―dijo.― Hace 20 días (la primera semana de octubre pasado), me dieron un reconocimiento en San Pedro La Laguna [en Sololá, a 175 kilómetros al noroeste de la capital] y me reuní con todos los alcaldes indígenas. Me contaron que allí han ido a dar conferencias los militares, se ha reunido la FCT, incluso estaban pidiendo el listado de la gente que llegó a declarar con el tema de genocidio.
El “tema” del genocidio es el juicio por el genocidio contra la población Ixil perpetrado por el ejército de Guatemala en los primeros años de los 80. Los dos juicios contra el exdictador Efraín Ríos Montt y uno de sus oficiales, en 2013 y 2017 desataron un contraataque de la élite financiera y el ejército contra un sistema de Justicia que por primera vez en la historia no controlaban. Desde entonces, los espacios para la ciudadanía en Guatemala se han ido cerrando.
El año 2022 no es 2015, cuando cayó por corrupción el presidente y ex militar Otto Pérez Molina. Ahora, según Gálvez, la coyuntura incluye cada vez más violaciones a la libertad de expresión y prensa, “particularmente contra periodistas en medios comunitarios, que ya no están en sus casas; la mayoría se resguardan en iglesias”.
―Y pregúnteles por qué. Le dirán que no sé quien está preso, que fulano está afuera del país. ¿Qué da a entender eso? Que las garantías constitucionales y procesales se están perdiendo ―afirma el juez.― Por ejemplo, el caso de Juan Francisco Sandoval, donde usan información privilegiada de conversaciones con su abogado, como medio de investigación contra él; o el caso de una periodista que entrevistó a Virginia Laparra, y se tuvo que ir del país porque la amenazaron y usaron la entrevista como supuesta evidencia de obstrucción de justicia.
―Entonces, ¿lo único que queda es salir del país?
―Es lo que va a ir quedando, porque no se puede quedar uno en estas condiciones. Esto es muy fuerte pues. Si el proceso se está tramitando con vicios ―a Gálvez le han impedido acceso al expediente, y se ha descalificado a su abogado defensor―, ¿qué es lo que queda? Lamentablemente así es.
21 años recibiendo amenazas
Gálvez es de baja estatura, tiene el cabello tupido, lleno de canas que recientemente ha empezado a teñirse, y gafas de profesor. Como la mayoría de jueces y fiscales perseguidos de Guatemala por sus actuaciones contra el poder que se creía intocable, Gálvez proyecta una engañosa imagen de fragilidad física. Pero lleva dos décadas viendo casos de alto impacto, de graves violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y corrupción. Y lleva dos décadas bajo amenaza.
Asegura, eso sí, que en mayo, cuando dictó sentencia en el caso Diario Militar y envió a prisión a nueve de los exmilitares culpables de 196 desapariciones forzadas y asesinatos de disidentes políticos entre 1983 y 1986, se desató un intenso acoso cibernético y lo empezaron a seguir con mayor frecuencia vehículos desconocidos. Nada que no le hubiera sucedido antes.
En 2001, Gálvez llegó a un juzgado de competencia ampliada en Chiquimula, al nororiente del país. Allí llevaba procesos de estructuras criminales, narcotráfico, secuestro, y las amenazas comenzaron, constantes y directas. “No tanto de las estructuras, sino de personas relacionadas con el gobierno e involucradas con el narcotráfico”, aclara. “Cuando salía de Chiquimula, por ejemplo, íbamos en el carro con mi equipo de seguridad y nos alcanzaban carros grandes, bajaban los vidrios y nos enseñaban los fusiles”.
Uno de aquellos casos involucraba el trasiego de cocaína en camiones blindados de bancos. Gálvez dice que los custodiaban agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), pero la amenaza más directa la recibió del Estado Mayor Presidencial (EMP), la unidad militar que estaba encargada de proteger al presidente y su familia.
“Un día llegaron tres personas, de traje y plaquetas con sus nombres en la solapa; yo los quise apuntar, y me dijeron, ‘no, no tenga pena, le vamos a dejar una tarjeta’”, relata el juez. Dice que se identificaron como miembros del EMP. “‘De usted depende: si nos puede denunciar, denúncienos, pero por lo más que nos van a detener es por amenazas, y le exterminamos a su familia’, y me enseñaron la foto de mi hijo y la foto de mi esposa”, cuenta Gálvez. “‘Entonces, de usted depende, aquí no ha pasado nada’, continuó. ‘Mucho gusto, con permiso’, dijo, y me dio la mano. Otro hasta pasó a darme un abrazo”.
El caso fue cerrado por falta de garantías de seguridad para la fiscalía y para él. Diversos reportes vinculan al EMP de aquellos años con actividades ilícitas. Años después, en un juicio por narcotráfico en Estados Unidos, se reveló que era usual que agentes de la PNC custodiaran cargamentos de cocaína a principios de los años 2000. El presidente de Guatemala era en aquellos días Alfonso Portillo (2000-2004), extraditado en 2013 a Estados Unidos y procesado por lavado de dinero.
En Chiquimula, en la misma época, el juez también llevó un proceso contra el exalcalde de Puerto Barrios, Izabal, Jorge Mario Chigua González, procesado por la ejecución extrajudicial de un periodista. Chigua era del partido oficial, el Frente Republicano Guatemalteco (FRG). El día de la audiencia de primera declaración por el caso, el juez recibió una llamada.
“Era el presidente del Congreso, Efraín Ríos Montt”. El dictador de los 80 era, ya en democracia, presidente del poder legislativo y principal líder del FRG. “No me dijo qué quería”, dice Gálvez. “Lo único que me preguntó fue, ‘¿usted tiene aspiraciones para mejorar en el Organismo Judicial? Si las tiene, podemos incluirlo en la lista para magistrados elegibles. Si no, no tenga pena’, me dijo, ‘Va a aparecer en una lista de los no elegibles’, y cortó”.
Ya en 2010, Miguel Ángel Gálvez fue trasladado al Juzgado Séptimo de la capital, como Juez Contralor. Comenzó a llevar procesos de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), instalada tres años antes y las amenazas volvieron. Después, cuando se crearon los juzgados de competencia ampliada (o Mayor Riesgo), lo llamaron para integrar uno de ellos como vocal. La presidenta de ese tribunal era Yassmin Barrios, la mujer que acabaría condenando por genocidio a Ríos Montt.
Juntos llevaron casos emblemáticos como el de Rosemberg. el empresario que planificó su propio asesinato y quiso con ello derrocar a un presidente; el del asesinato de tres diputados salvadoreños del Parlacen, su chofer, y cuatro policías; y contra el cartel de los Zetas en Guatemala. En 2012 se creó otro juzgado de competencia ampliada con Barrios como presidenta y Gálvez como juez contralor. Vieron casos como el de la quema de la Embajada de España, la violación sistemática de mujeres indígenas Ixiles por parte del ejército y el caso genocidio.
El proceso contra el exgeneral Ríos Montt arrancó en 2013 y fue tenso. Guatemala entera pareció pender del hilo de aquel juicio. Fue Gálvez quien envió el caso a debate. Zury Ríos, la hija del general retirado y hoy aspirante a la presidencia, asistió a todas las audiencias, acompañada en la mayoría de ellas por Méndez Ruiz, el hombre que nueve años después quiere acabar con la carrera judicial de Gálvez.
Un día de audiencia, el juez estaba en su despacho, con la puerta abierta como acostumbraba, y cuando levantó la vista se topó con el general retirado de pie, frente a su escritorio. “Me paré, lo saludé y le pedí que se sentara, y él me comentó que yo actuaba como si todavía estuviera en un juzgado de primera instancia. ‘Fíjese que en el Congreso estoy en una lista de personas no elegibles para magistraturas’, le dije. Cuando oyó eso, se volteó rápido y se quedó viéndome. Creo que recordó que fue él quien me dijo que yo iba a aparecer en esa lista, porque terminó la conversación, me dijo ‘mucho gusto’ y se fue”, cuenta.
Aquella fue la primera vez que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares a favor de Miguel Ángel Gálvez, para protegerlo. Al final, Ríos Montt fue condenado por genocidio por la jueza Barrios, aunque luego se ordenó la repetición del juicio. Reinició en 2017, pero el general retirado murió en 2018, antes de que el proceso concluyera, de nuevo, que hubo genocidio y pudiera condenarlo.
Gálvez ha seguido viendo casos de crímenes de guerra en Guatemala, como otro por genocidio contra el general retirado Benedicto Lucas, o el de Sepur Zarco por la violación de mujeres q’eqchi’es perpetradas por militares en los 80. En este último caso, Gálvez afirma que está involucrado el padre de Ricardo Méndez Ruiz, el comandante del destacamento de Cobán, Alta Verapaz entre 1978 y 1982 Ricardo Méndez Ruiz Rohrmoser, fallecido en 2016.
Ricardo Méndez Ruiz padre fue nombrado ministro de Gobernación después del golpe de estado de Ríos Montt en marzo de 1982. Un estudio de la Universidad San Carlos de 2018 lo vincula a un caso de genocidio. El hijo asegura que su padre no fue un asesino.
En la mira de la Fundación
La primera denuncia de la FCT contra Gálvez llegó en 2012, a inicios del proceso contra Ríos Montt. Por esos días se le sumaron denuncias de otras cinco asociaciones como Guatemala Inmortal y la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), similares a la FCT.
Casos posteriores, como el de La Línea o el de Cooptación del Estado, que en 2016 implicó a casi todo el gabinete del partido Patriota, del presidente Otto Pérez Molina (2012-2015), y a decenas de empresarios contratistas del estado, le hicieron ganar nuevos enemigos. Hoy acumula 78 denuncias en contra, la tercera parte de ellas presentada por la FCT.
Por esa razón, acudió al Ministerio Público (MP) en 2021 junto a otros jueces de Mayor Riesgo: Yassmin Barrios, Erika Aifán (que también acumula un centenar de denuncias y se exilió en marzo a Estados Unidos), y Pablo Xitumul (suspendido del cargo en marzo pasado tras una denuncia por abuso de autoridad). Los cuatro solicitaron a la fiscal general, Consuelo Porras, que cesaran las acusaciones sin fundamento contra ellos.
“A raíz de aquella solicitud a la fiscal general, recibimos tres denuncias más”, apunta Gálvez.
“Primero se enfocaron más en Erika [Aifán], pero conmigo se aglutinan los militares y el poder económico relacionado con Cementos Progreso, Cementos Novella… Especialmente por la captura de Toribio Acevedo como parte del caso Diario Militar”, dice el juez. Acevedo perteneció al EMP, es abogado y al menos hasta mayo pasado trabajó para Cementos Progreso, una de las principales empresas de Guatemala, vinculada a financiamiento de diversas campañas políticas y ampliamente cuestionada. Otros dos procesados por el Diario Militar son Jacobo Salán Sánchez (exjefe del Archivo del EMP , descrito como un escuadrón de la muerte y una unidad de inteligencia militar), y Marco Antonio González Taracena (ministro de la Defensa durante el gobierno de facto del general Óscar Humberto Mejía Víctores, 1983-1986, y también jefe del Archivo en el de Ríos Montt, 1982-1983).
“Hay tanta impunidad que se juntaron estructuras criminales del poder económico y militar, que ahora están manejando toda esa cuestión”, afirma Gálvez. Eso incluye la ofensiva en su contra.
“El tema de La Línea les generó mucho problema, pero ellos como que pausaron; incluso alguien me dijo ‘qué tranquilo está todo’, pero era porque estaban tomando todas las instituciones”, reflexiona ahora. “Cuando ya se dan el lujo de controlarlas aparecen las investigaciones que inició Juan Francisco Sandoval [jefe de la FECI, hasta julio de 2021], y el caso de José Luis Benito [ministro de Comunicaciones del gobierno de Jimmy Morales 2016-2020, implicado en supuestos sobornos a Alejandro Giammattei ], y toda la relación con los rusos [sus extractoras de níquel en Izabal, y nuevos sobornos que supuestamente recibió Giammattei]. Entonces, sacan a Juan Francisco , se da la reelección de la fiscal general y sigue la reconfiguración”.
El ataque final arrancó, cuenta Gálvez, el 6 de mayo pasado. Ricardo Méndez Ruiz escribió en su cuenta de Twitter a las 9:35 am: “El día de mañana, al aparecer listados de mareros desaparecidos por las vendettas y ajustes de cuentas entre ellos, los mismos vividores de hoy culparán al estado y pedirán resarcimiento [por] el Diario Militar. Eso sí, no será Gálvez el juez, quien estará preso por prevaricador”.
Luego, a las 12:53 de la tarde, publicó, “El juez Miguel Ángel Gálvez en el caso Diario Militar aseguró que no es necesario cumplir con la sagrada premisa de modo, tiempo y lugar para proceder contra los sindicados. Así que se ganó una nueva solicitud de antejuicio el prevaricador”.
Menos de diez minutos después, la cuenta del tuitero Yes Master, conocido en Guatemala por su liderazgo en el acoso cibernético a operadores de justicia, escribió: “Hay que pegar al poste a ese prevaricador. Él es el que sigue. Debemos limpiar nuestro sistema de justicia de estas lacras”.
Méndez Ruiz llegó a la audiencia del caso Diario Militar al final de esa misma tarde y se sentó entre el público. “Yo dictaba la resolución. Estaba llena la sala”, recuerda Gálvez. El juez lo observó intranquilo, pero leyó la orden de prisión preventiva contra nueve exmilitares . Minutos después, Méndez Ruiz publicó en Twitter “Es turno de Miguel Ángel Gálvez, la FCT Guatemala se hace cargo”.
“Cuando salí a las 7:30 de la noche de la Torre de Tribunales, me empezaron a seguir”, dice el juez. “Una camioneta nos venía siguiendo. Las placas no las vimos. Yo iba muy cansado, y al llegar a casa, como paso mucho tiempo sentado, salí a caminar, algo que nunca hago. Eran como a las ocho de la noche. Cuando levanté la vista, vi a una persona con camiseta en la esquina, como a tres metros de distancia, que sólo movió la mano”. El juez hace el ademán de darse un par de palmadas a un lado de la cintura, como dice que hizo el sujeto. Gálvez entendió que le estaba diciendo que llevaba una pistola.
“No le quise dar la espalda. Pensé que me iba a disparar, pero no me podía quedar parado allí”, cuenta. “Entonces, me di la vuelta y comencé a caminar hasta la casa, todo el tiempo pensando que me iba a disparar. Pero no lo hizo”.
La instalación del terror
“La denuncia actual de Méndez Ruiz es igual a otra de 2013”, afirma Gálvez. “El problema ahora es que tienen reconfiguradas todas las instituciones”.
El 6 de mayo, tras dictar prisión provisional para los acusados por el Diario Militar, el juez pidió a la Fiscalía que extendiera la investigación y procediera a capturar a otras personas vinculadas al caso con orden de aprehensión pendientes. “Y la captura de Toribio Acevedo levantó todo”, reflexiona ahora
Acevedo fue capturado en Panamá , de donde pretendía huir a España, el 11 de mayo. Ese mismo día, Méndez Ruiz presentó la denuncia contra Gálvez que llevó al antejuicio actual.
Otros dos intentos de antejuicio contra Gálvez habían sido rechazados por la Corte Suprema de Justicia en julio, pero esos mismos magistrados ―un tercio de los cuales, tres, están en la lista Engel― dieron trámite inmediato a esta nueva denuncia, pese a que había al menos otros 40 antejuicios pendientes de resolver contra otros funcionarios.
El juez asegura que la configuración actual del poder en las diferentes entidades del estado determinará su futuro y el del resto de jueces del país. “El problema es que se dieron el lujo de ordenar a todas las instituciones. Por ejemplo, el Ejecutivo, un presidente con poco respaldo a nivel nacional, pero que se dio el lujo de manejar todas las instituciones”, dice. Afirma que el oficialismo tiene aliados o cómplices en el Congreso, Ministerio Público, Organismo Judicial, las cortes de Constitucionalidad, Suprema de Justicia, de Apelaciones, en el Tribunal Supremo Electoral, y la Procuraduría General de la Nación. “Estoy sumamente preocupado por los niveles del estado de Derecho. No se puede hablar”, asegura el juez.
En octubre pasado, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas denunció la falta de una entidad nacional en Guatemala que proteja a los operadores de justicia perseguidos. No por nada hay 28 exjueces, exfiscales y abogados guatemaltecos en el exilio.
En julio, la página electrónica La Panel (en alusión a la Panel blanca, un vehículo relacionado con desapariciones forzadas durante el conflicto armado interno de Guatemala en los años 80) anunció que estaba lista para recibir instrucciones del presidente Giammattei para “desaparecer a la nueva guerrilla subversiva, que se esconde atrás de la FECI, y los juzgados de mayor riesgo”. El texto estaba calzado por lemas militares.
Herbert Pérez, abogado de Gálvez, asegura que la denuncia que originó el antejuicio contra el juez carece de elementos sólidos. Según él, en la denuncia la FCT incluyó un copy-paste de una tabla con la información de cinco procesados que está en la página 38 del informe “ La prisión preventiva en Guatemala”, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), de 2018. La FCT acusa a Gálvez de enviar a los cinco procesados a prisión provisional, una figura que no existe con esa terminología en la ley guatemalteca.
Lo curioso es que Gálvez sólo emitió dos de esas resoluciones. Las otras tres corresponden a otros jueces, a los que la Fundación no denunció. El mismo informe del CIEN expone, además, que varios jueces, no sólo Gálvez, han usado la figura de prisión provisional como sinónimo de “prisión preventiva”, el término recogido en la ley de Guatemala.
En julio pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó de nuevo al estado de Guatemala adoptar medidas urgentes para proteger a Gálvez. Aun así, el juez parece estar a punto de perder su inmunidad. La CSJ ha rechazado todos los recursos legales de Gálvez que pretendían detener el antejuicio, y ninguno de los amparos que ha interpuesto ante la Corte de Constitucionalidad (CC) y otras instancias ha sido resuelto.
―¿Su antejuicio estaba decidido desde un principio?
―Por supuesto ―responde Gálvez sin titubear.― El 6 de mayo el acoso empieza por todos lados, y a la semana siguiente pongo en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia que me siento intimidado en mi independencia judicial. Porque siento que no amenazaron a Miguel Ángel Gálvez, sino que amenazaron al juez Gálvez, en su función jurisdiccional. Y la Corte, en lugar de protegerme, dio trámite al proceso de antejuicio. Se me está limitando el ejercicio del derecho de defensa.
La CSJ llegó a advertir al abogado de Gálvez que lo podría sancionar debido al número de recursos presentados, o incluso forzarle a dejar el caso. Lo que ha observado en distintas audiencias del proceso, dice Gálvez, no le deja duda:
―Si este fuera un proceso legal, no habría problema, pero este es un proceso político. Lo que me mostró una radiografía del nivel en que estamos fue la vista pública ante la Corte de Constitucionalidad, y cómo este personaje [el abogado Raúl Falla de la FCT] se dio el lujo de ofenderme, insultarme, dar un discurso de odio, y tratar mal a los magistrados ―recuerda Gálvez.― Incluso terminó por decir, ‘señora magistrada, señores magistrados, espero que no se van a convertir en una caricatura y decreten el amparo a este juez prevaricador’. ¿Quién lo puso en orden para que respetara? Nadie. Ahí entendí que alguien está manejando esos hilos.
―¿Quién?
―¿Quién está financiando a la Fundación y todo esto? Da la impresión de que hay alguien más arriba y ellos son únicamente los peones que dan la cara y hacen el trabajo sucio.
En aquella vista ante la Corte de Constitucionalidad, Raúl Falla dijo que Gálvez acabaría “preso o prófugo”. Ahora el juez, mientras decide si vuelve o no al país y continúa luchando por conservar su puesto, se siente a la vez testigo de la paulatina consolidación de un estado de derecho en años pasados, y víctima repentina de su veloz retroceso.
―Se termina con la legalidad. Estamos hablando de violaciones no sólo a las garantías constitucionales, sino también procesales.
―¿Qué futuro ve?
―Que el próximo presidente será de ellos, y llegará un momento peor. Ahí va a reaccionar la población ―vaticina Gálvez.― Para mí estos son cambios naturales, pero de momento no hay ninguna opción. Ellos lo tienen tomado todo, especialmente el Tribunal Supremo Electoral. Allí hay magistrados que estuvieron involucrados en la alteración de títulos. Lógicamente no los van a procesar, pero los tienen con la cola machucada, controlados.
El juez guarda en su casa, en varias carpetas, numerosas publicaciones impresas de Internet, Twitter y recortes de periódico en las que es blanco de acoso.
―Estos personajes oscuros anuncian todo por las redes, y nosotros no hemos entendido lo que anuncian ―decía dos semanas antes de su viaje a Costa Rica.― Ellos, en sus páginas, juegan lotería. Tienen fotos de todos nosotros y conforme van sacando a alguien le colocan una equis. Los únicos que quedamos, antes de que canten bingo, somos su servidor y Yassmin Barrios. Con nosotros terminan el cartoncito.
