Los audios publicados esta semana de conversaciones entre Ernesto Castro y Alejandro Muyshondt, sostenidas en Casa Presidencial, son un importante fragmento del retrato del régimen.
Al momento de esas conversaciones, en agosto de 2020, Castro era secretario privado de la Presidencia de Nayib Bukele y Muyshondt asesor nacional de seguridad. La cotidianidad con la que dos funcionarios cercanos al presidente hablan en privado de cometer actos ilegales, de intervenir las comunicaciones de periodistas y políticos opositores y de proteger, para beneficio de su jefe, el presidente de la República, a corruptos y a funcionarios bajo investigación por narcotráfico son otra alarmante confirmación de la naturaleza mafiosa de quienes han instalado una dictadura en El Salvador.
“Nuestros malos que sean nuestros malos…”, le dice en un momento Castro al asesor de seguridad, que le ha advertido sobre corrupción en el Gobierno. “Los que nos quieren hacer mierda son los de afuera”. La frase define a cabalidad la agenda del régimen. Proteger a los suyos, sean estos narcotraficantes, corruptos o delincuentes; y perseguir a los críticos, particularmente a periodistas.
La frase de Castro no es abstracta; tiene una concreción pasmosa en el contexto de estas conversaciones, tanto en la protección de los suyos como en la persecución de “los de afuera”.
Muyshondt le advierte al secretario privado que la Fiscalía –que entonces aún no estaba bajo el control de Bukele– y agentes de Estados Unidos cuestionan la protección que el Gobierno de El Salvador brinda al entonces diputado de Gana, Guillermo Gallegos, investigado por narcotráfico; y al director de Centros Penales, Osiris Luna Meza, acusado de graves casos de corrupción.
El secretario privado de la Presidencia confiesa que el Organismo de Inteligencia del Estado les ha informado de “movimientos de las cuentas (de Gallegos) en el exterior”, pero le advierte que Gallegos es amigo de Bukele y por tanto no hay que hacer nada. “Es bien chero de Herbert (Saca) y bien chero de Nayib”.
En agosto de 2020 la Subdirección de Inteligencia Policial de la PNC ya había perfilado al director de Centros Penales, Osiris Luna, como operador de una red de crimen organizado que incluía al diputado Gallegos; y a Herbert Saca, quien había sido asesor del presidente Antonio Saca y se había acercado mucho a Bukele. En el organigrama de la red criminal perfilada por SIPOL, Gallegos es señalado como narcotraficante y Osiris Luna como un distribuidor de drogas reclutado por Gallegos. A Herbert Saca, dice el informe policial, “se le investiga en Estados Unidos por sus vínculos con narcotraficantes”. Esos eran, y siguen siendo, los protegidos del presidente Nayib Bukele.
Muyshondt controlaba un equipo de 15 personas, pagadas todas con fondos públicos, dedicadas a espiar y atacar a críticos al régimen, diseminar mentiras en redes sociales y difamar periodistas. En los audios revelados el fin de semana pasado se jacta incluso de haber bajado el sitio de Factum mediante un ataque a sus servidores. Es decir, era un activo del gobierno para diseminar mentiras, controlar la opinión pública y atacar a sus críticos.
El propósito mismo de esas reuniones era instalar, a solicitud de la presidencia, un centro de inteligencia paralelo e ilegal para intervenir a periodistas y políticos. “Al hacer esto podemos tener muchos elementos para tener contento al hombre, son cosas que el hombre necesita”, explica Castro, un hombre que lleva décadas cultivando el oficio de la lambisconería a los Bukele. Sabe que está solicitando algo ilegal y lo sabe también el asesor de seguridad, pero no parece importarles. Muyshondt incluso explica que cuentan con un protocolo, al que llama Hiroshima, para evitar que la Fiscalía encuentre pruebas de sus actividades en caso de allanamiento.
Es curioso que Muyshondt haya grabado esas conversaciones en las que confiesa delitos. Es de suponer que quería protegerse de algo, que desconfiaba de las mismas personas a las que se había asociado políticamente.
Según consta en las grabaciones –que forman la base de la publicación del periodista Héctor Silva– Muyshondt ya le ha advertido al secretario privado que el director de Centros Penales, Osiris Luna, y su mamá, han creado una red de corrupción y se apropian de los fondos del programa ASOCAMBIO sin ningún freno. También habla con un hermano de Bukele, Ibrajim, y con el presidente del partido, Xavi Zablah, primo del presidente. A ambos les advierte de los vínculos de Gallegos con el narcotráfico. En vez de distanciarse de los denunciados, los Bukele cierran las puertas a Muyshondt.
Sabemos lo que pasó después: Bukele expulsó a la Comisión Internacional Contra la Impunidad, CICIES, que investigaba corrupción en los contratos de emergencia por pandemia; Nuevas Ideas arrasó en las elecciones legislativas y Bukele destituyó al fiscal. El nuevo fiscal puesto por Presidencia terminó con la unidad especial que investigaba corrupción y engavetó las investigaciones. Osiris Luna sigue al frente de la Dirección de Centros Penales; Gallegos y Herbert Saca (y sus operadores, como Ernesto Sanabria) siguen metidos en Casa Presidencial; Ernesto Castro es presidente de la Asamblea Legislativa y Alejandro Muyshondt está muerto.
Su muerte siguió a su detención y sometimiento a golpizas y torturas, como reveló recientemente la Revista Factum en un documental. Su caída en desgracia inició probablemente justo después de estas conversaciones. Muyshondt insistió en combatir la corrupción y sus aliados dejaron de tomarle las llamadas. Cuando ya nadie lo escuchaba en Casa Presidencial, comenzó públicamente a denunciar a funcionarios por actos de corrupción. Lo detuvieron en agosto de 2023. Bukele mismo anunció su captura acusándolo de revelar información gubernamental.
Muyshondt fue aislado y torturado en las cárceles del régimen. Allí murió, devorado por el sistema de impunidad criminal y la mafia que él también contribuyó a empoderar. Una mafia que continúa persiguiendo a críticos y opositores mientras protege a aliados a quienes su misma policía ha perfilado como narcotraficantes y corruptos. Esa mafia, que hoy controla el presente salvadoreño, pretende apoderarse de nuestro futuro.
