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El Salvador

El Salvador es un buen lugar para matar

Óscar Martínez

Un fiscal fue el guía para entrar en un sistema podrido donde los testigos protegidos desaparecen, los juicios se reprograman una y otra vez por falta de acusados y los fiscales tienen hasta 500 casos abiertos. La posibilidad matemática de que un homicidio se resuelva es ínfima. El sistema de justicia es injusto, inoperante, y ha normalizado eso. Es su estado normal. Los homicidios no son prioridad en el país más homicida del planeta. Un homicidio de hace dos años es prehistoria. Lo posible es lo de ayer. El Salvador es un buen país para matar impunemente.

ElFaro.net / Publicado el 9 de Mayo de 2016

Escena de homicidio en las cercanías del redondel Masferrer, frente a la comunidad Cristo Redentor en la colonia Escalón, San Salvador. Foto: Fred Ramos
 
Escena de homicidio en las cercanías del redondel Masferrer, frente a la comunidad Cristo Redentor en la colonia Escalón, San Salvador. Foto: Fred Ramos

—Satanás se quedó en el microbús, pero no se sabe si se quedó vigilando o si solo fue un acto de traslado sin que él supiera para qué. 

Es 10 de marzo de 2016 y un juez le habla a dos fiscales en pleno juicio. Ellos, cabeza abajo. El juez del Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador está a punto de dar el veredicto en un caso de cinco homicidios contra 32 supuestos pandilleros de la Mara Salvatrucha. Sin embargo, para infortunio de los fiscales, el juez razonará su veredicto. Empieza la reprimenda hablando de un homicidio. Empieza hablando de las incoherencias que la Fiscalía no supo resolver en el juicio. Cuando termine, el juez habrá hablado de cinco homicidios.

—La persona fue agarrada de las manos para inmovilizarla. Le amarraron con sus cintas los pies. Eso no se puede acreditar. Sí se encontró un zapato, pero con sus cintas completas —sigue el juez. 

Los ocho defensores son particulares. Sonríen. Disfrutan lo que escuchan. Han sido contratados por los supuestos pandilleros. 

—Este caso es de los más horrendos. El cráneo no se encontró. Sus osamentas se extrajeron en abril de 2013. La mataron en Los Chorros. ¿Por qué se hace la inspección casi un año después? La escena iba a estar alterada. La casa ya estaba habitada —sigue el juez. 

En uno de los homicidios se encontró un esqueleto sin cráneo. El esqueleto y el cráneo extraviado eran de una adolescente de 15 años llamada María Luz. Ella era novia del testigo que ha declarado en todo el proceso que hoy concluirá cuando el juez termine su reprimenda. El testigo dijo que la ahorcaron y la mataron a ladrillazos antes de quitarle la cabeza.

Los defensores particulares celebran cuando el juez calla. Ríen, comentan, sonríen, comentan. Vuelven a la seriedad cada vez que el juez increpa a la Fiscalía, representada por los dos cabizbajos y encorbatados fiscales. Cuando el juez regaña a sus adversarios en la corte, los defensores particulares compungen el gesto y asienten. 

—Un sujeto denominado como Bazofia se quedó con el cráneo, porque quería hacer brujería. Eso no se discutió. ¿Será cierto? ¿El testigo dice la verdad? Son preguntas que en este juicio no tuvieron respuesta. El testigo habla de un Enano... Si es ese Enano, esa persona no pudo entregar ningún arma y (el testigo) incurre en falso testimonio —continúa el juez. 

El hombre que supuestamente es El Enano está en la sala, atrás de los fiscales, de cara al juez. Siete policías armados custodian a los 32 imputados esposados, señalados de pertenecer a dos clicas de la Mara Salvatrucha: la City Vagos Locos Salvatruchos del municipio de Colón, La Libertad; y la Criminal Gangster Locos Salvatrucha, de la ciudad de Usulután. El Enano es acusado de haber entregado un arma en enero de 2012 para asesinar a un hombre, pero El Enano -al menos El Enano que este 1 de abril de 2016 está en la sala- guarda prisión desde abril de 2009. 

—El testigo perteneció a dos clicas de la MS. No sé si eso es posible. Dice que se va de una clica porque no quería ser su cholero... Pero allá (en la otra clica) le violan a su pareja amorosa —se acerca el juez al final de esta carnicería.

Los pandilleros susurran, ríen entre dientes. Un guardia se les acerca y les ordena que callen.

El testimonio del testigo ha sido destrozado durante 30 minutos en la cara de los fiscales que lo prepararon y entrevistaron en el juicio. El testigo protegido, nombrado como Astro, aseguró ser "chequeo" -el eslabón más bajo- en una clica de La Libertad, y huir para ser brincado en otra de Usulután, porque quería un mejor puesto, pero nomás llegó junto a su novia, ella fue violada, asesinada, decapitada, enterrada en una casa. El testigo Astro tendrá ahora unos 18 años y dijo que empezó a colaborar con la pandilla a los 12.

—El testigo evidencia conocer muy poco de una pandilla. Hay ausencia de confiabilidad. Se absuelve a todos los imputados de todos los delitos —concluye el juez.

Ahora sí celebran. Los abogados se abrazan y se dan palmaditas en las espaldas. Los acusados se ponen de pie haciendo sonar las cadenas que los amarran unos a otros. Silban. Algunos son liberados en el momento. Otros van camino a prisión a terminar de purgar sus penas por otros delitos. Una de las mujeres liberadas le dice a uno de los que vuelve al penal: "Llego a verte en la próxima visita, amor". 

Uno de los liberados se queja: "Yo solo soy motorista, los llevé hasta Los Chorros, a la finca Argentina. Entraron y se unieron con otros. Salieron y me los llevé. Llevo dos años preso por eso. Mi hija tiene dos años. Apenas la conozco".

Dentro de la sala, los fiscales recogen todo en sus maletines. Lo hacen sin prisa, como si esperaran que todos se fueran. Acaban de tener la paciencia de escuchar a un juez despedazar meticulosamente su trabajo. Han perdido un juicio contra 32 personas por seis homicidios, incluido el de una menor de edad. Ni siquiera pudieron condenar a nadie por agrupaciones ilícitas. Algunos de los pandilleros que acaban de salir tienen las letras de su pandilla tatuadas en el cuero cabelludo o en la cara. O sea, algunos llevan en la cabeza, permanentes, los signos de su agrupación ilícita.

Hoy, 10 de marzo de 2016, la Fiscalía perdió con resultado de 32 supuestos pandilleros libres contra 0 condenados; o 5 homicidios impunes contra 0 resueltos, como se quiera ver. 

Nada anormal.

Un buen lugar para matar

El Salvador es un buen lugar para cometer un homicidio —o varios—.

La probabilidad de que uno termine acusado —no condenado, acusado— ante un juzgado es menos de una entre 10. En 2015, menos de uno de cada 10 homicidios llegó a un juzgado. Así que menos de uno de cada 10 cadáveres tiene posibilidades de que se condene al que lo dejó cadáver. Al menos si tomamos en cuenta las estadísticas del año más violento del siglo en El Salvador.

Los encargados de acusar son los fiscales de vida, con la ayuda de investigadores policiales. Hay casos de homicidio que son conducidos por unidades especializadas, como la de Crimen Organizado o la Antipandillas o la de Homicidios, pero eso ocurre cuando son casos de resonancia mediática o complejos. Los que se encargan de la mayoría de los miles de muertos de un país como El Salvador son los "soldados rasos" de la Fiscalía, los fiscales de vida, que por 972 dólares al mes se atragantan con cientos de expedientes de muertos que no prescriben sino 15 años después de la muerte. 

El Salvador es un estupendo lugar para matar. No lo parece cuando uno lee las memorias de labores del fiscal general Luis Martínez, que dejó el cargo a finales de 2015. Uno pensaría que no es así si lee esas memorias, porque en las páginas de homicidios (16 en el informe 2014-2015) aparecen las condenas logradas. Cuando uno conoce a fondo los números, entiende que quizá en esas 16 páginas cupieron, con foto y despliegue explicativo de cada caso, todos los homicidas condenados del país más violento del mundo.

Este año, El Faro recibió respuesta a varias peticiones de información realizadas a la Fiscalía. Los resultados confirman la premisa de que este es un paraíso homicida.

En 2015 fueron asesinadas 6,657 en El Salvador. Uno de cada 972 salvadoreños murió asesinado. Para el fin de febrero de este 2016, la Fiscalía solo había llevado a juzgados 598 de esos homicidios. Eso no quiere decir que había logrado la condena de esas personas por esos homicidios, sino que solo había presentado esas acusaciones ante un juez.

Algunos dirán que es injusto, porque un homicidio de diciembre de 2015 difícilmente se ha judicializado para febrero de 2016. Algunos dirán que los fiscales aún investigan. Entonces, veamos qué pasó con los 336 homicidios de enero de 2015. Un año y un mes después, solo 59 de esos asesinatos habían llegado a un juicio. El 17.56 %. O sea, 277 homicidios de enero de 2015 aún no eran caso en febrero pasado. No son nada más que homicidios. 277.

Las cifras de la impunidad son consecuentes desde al menos 2005, según demuestran estudios realizados por personas que hoy ocupan altos cargos en el sistema judicial salvadoreño.

Si hubiera que apostar a la Fiscalía o a un homicida, las casas de apuestas divulgarían en 9 a 1 las apuestas a favor del homicida.

Los fiscales no tienen recursos para resolver los casos, dicen algunos. Están saturados, dicen otros. Nadie les da información, dicen unos más. Todo eso es cierto, y es solo el inicio de la lista.

El fiscal anónimo 

Un fiscal fue el lazarillo en este mundo burocrático. Lleva alrededor de cinco años como fiscal de una unidad de vida en el interior del país. Para que aceptara, un colega periodista que ya lo conocía hizo el enganche. No fue necesario que el fiscal mencionara la regla del anonimato. Se daba por asumida. "No me encanta mi trabajo, no hay condiciones para hacerlo como uno pensaba, pero tampoco quiero que me despidan, no tengo otro trabajo", fue su argumento durante el primer encuentro. A partir de ahora él será el fiscal anónimo.

En los siguientes encuentros, siempre fuera de la institución, durante dos meses, el fiscal anónimo respondió a una pregunta repetida hasta agotarse. ¿Por qué no puede resolver más casos de homicidio?

1 versus 500

—500 —dice el fiscal anónimo. 

—¿Usted es el representante del Estado salvadoreño para resolver 500 casos? —pregunto. 

—Sí. 500. De todo tipo, no solo homicidios. Algunos son casos de 2004, 2005, que no han prescrito. Nosotros, en las unidades departamentales, que tenemos el grueso de homicidios, no nos dedicamos solo a eso. Tenemos un acumulado de coacciones, amenazas, privaciones de libertad... Hablo de desaparecidos, de las personas desaparecidas. Y a todos esos expedientes hay que hacerles algo, hay que direccionar, estar pendiente de las diligencias. 

Direccionar es, en resumidas cuentas, decirle a los investigadores policiales qué hacer: vaya a buscar un testigo, vaya a confirmar X cosa a la escena, vaya a entrevistar a los vecinos... 

Las diligencias son el papeleo: pedir a un juez que otorgue calidad de testigo criteriado a un criminal, solicitar a la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia que otorgue medidas de protección a un testigo, solicitar el documento de identidad de alguien, pedir apertura de juicio, pedir reprogramación de un juicio para otra fecha porque el testigo no llegó o no le han dado las medidas de protección o el DUI de alguien aún no aparece. Las diligencias son montañas de papeles. 

Direccionar y estar pendiente de las diligencias es lo que un fiscal hace para resolver un caso. 

—¿Cuántos homicidios tuvo el año pasado? ¿Cuántos resolvió? —pregunto. 

—No sé ahora mismo los números, pero le puedo decir que si tuve unos 40 homicidios asignados el año pasado, a lo sumo, a lo sumo, unos 10 se resolvieron. 

—¿Y el resto? ¿Y los demás casos de homicidios, desaparecidos, amenazas, intentos de homicidio?

—Los casos del año pasado prácticamente quedan en el cajón de los recuerdos. La prioridad son los casos de este año. Ya andaré por 24 casos asignados este año, de todos los delitos. Homicidios, ya tengo cinco. 

Es 4 de febrero de 2015. El año apenas lleva un mes. El fiscal anónimo ya tiene cinco homicidios más a su cargo. Con suerte resuelve uno. 

La Fiscalía se rehúsa a acusar

En la fotografía que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos difundió de Saúl Antonio Turcios en junio de 2013, él tiene la cara redonda. Incluso se podría decir que en esa foto, el hombre, a quien se conoce como El Trece, está cachetón. La fotografía apareció junto a la de otros cinco hombres, salvadoreños todos. Pandilleros todos. De la Mara Salvatrucha todos. El gobierno de Estados Unidos los agregó a su lista prioritaria de criminales. Los acusó de "seria actividad criminal en los Estados Unidos y alrededor del mundo, incluyendo tráfico humano, tráfico sexual, tráfico de drogas, secuestro, asesinato, extorsión, chantaje y ofensas migratorias". Tres de los pandilleros que en esa fecha se agregaron a esa lista están acusados de crímenes violentos en Estados Unidos. El Trece tiene una acusación en una corte de Maryland desde 2007. Lo acusan de haber girado órdenes desde El Salvador a 16 pandilleros, la mayoría de la clica Teclas Locos Salvatrucha, que vivían en Maryland. Las órdenes, según la acusación del fiscal Rod Rosestein, derivaron en 67 delitos: asesinatos, extorsiones y narcotráfico, entre ellos.

Saúl Antonio Turcios, El Trece, uno de los líderes nacionales de la Mara Salvatrucha, espera dentro de una sala de los juzgados el 10 de mayo de 2016. Ese día, la Fiscalía tenía intenciones de renunciar a una acusación en su contra por cinco homicidios. El Trece cumple una condena de 89 años en máxima seguridad. Foto: Óscar Martínez
 
Saúl Antonio Turcios, El Trece, uno de los líderes nacionales de la Mara Salvatrucha, espera dentro de una sala de los juzgados el 10 de mayo de 2016. Ese día, la Fiscalía tenía intenciones de renunciar a una acusación en su contra por cinco homicidios. El Trece cumple una condena de 89 años en máxima seguridad. Foto: Óscar Martínez

Para Estados Unidos, El Trece es un líder criminal que ordena crímenes incluso fuera de El Salvador. Por eso, ese país le prohíbe a cualquier ciudadano estadounidense o persona que viva en Estados Unidos tener cualquier tipo de negocios con ese hombre.

En El Salvador, El Trece está preso desde el 11 de septiembre de 2005. El 10 de octubre de 2006 fue trasladado al penal de máxima seguridad de Zacatecoluca. Logró fugarse en 2008 y fue recapturado en 2009. El Estado salvadoreño lo considera un reo de alta peligrosidad y uno de los líderes nacionales de la Mara Salvatrucha. Está condenado a 89 años: tres años por haber escapado en diciembre de 2008 de las bartolinas del Centro Judicial Isidro Menéndez, el más importante del país; a otros 40 años por agrupaciones ilícitas y homicidio agravado; y a 46 años más por otro homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.

Hoy es 10 de marzo de 2016, y de cachetón no le queda nada a El Trece. Su cara es angulosa. Está flaco y encorvado. Tiene más de un año de haber regresado al penal de máxima seguridad, luego de que en marzo de 2012 la tregua entre pandillas y gobierno le permitiera salir de ahí a un penal común. Lleva desde el 19 de febrero de 2015 sin contacto físico con ninguna visita y encerrado en una celda sin vista hacia ningún lado durante toda la semana, excepto por tres horas en las que se le permite salir a una jaula donde entran rayos del sol.

El Trece ha vuelto hoy al centro judicial del que se escapó años atrás. A su lado están sentados y esposados otros dos miembros de la MS: El Travieso y El Choco, recluidos también en Zacatecoluca. O sea, otros dos presos que el Estado salvadoreño considera de alta peligrosidad.

Algo raro ocurre el día de hoy. Se celebra una audiencia especial, pedida por la Fiscalía. Es una audiencia para solicitar a un tribunal el otorgamiento de una concesión a cambio de cooperación a El Trece y sus dos cómplices. Un "testigo criteriado" es como se le llama en jerga judicial a un criminal que delata a sus cómplices de crimen y a cambio recibe perdón por su delito. Eso quiere decir que hoy, la Fiscalía citó a todo mundo en esta sala de juicio para pedir que El Trece, El Travieso y El Choco sean perdonados por sus delitos y, en cambio, sean considerados colaboradores. 

¿Qué delitos son esos por los que sería perdonado el pandillero en la mira de Estados Unidos y los otros dos hombres de alta peligrosidad? Se les acusa de haber asesinado el 1 de abril de 2006 a una pareja de abogados que fueron sus defensores y perdieron un caso por homicidio. Se les acusa de haberlos estrangulado en venganza por su insatisfactoria defensa. Se les acusa de haber asesinado también a otros tres hombres y una mujer a la que luego lanzaron a un tragante en la carretera a Quezaltepeque. Un testigo criteriado dijo que El Trece y los otros dos hombres habían matado a esas seis personas.

Hoy la Fiscalía ha reunido al juez y al defensor público aquí para pedir que se le cambie el estatus a esos tres hombres. Que pasen de acusados a colaboradores. La Fiscalía ha reunido a la gente aquí para intentar dejar de acusar a El Trece de cinco homicidios.

La saturación de los jueces es tal que se ha tenido que instalar un tribunal suplente con tres jueces traídos de diferentes partes del país. Sin embargo, el fiscal de la Unidad de Crimen Organizado no está seguro de continuar con sus intenciones de criteriar a los acusados. Frente al tribunal, pide tiempo para consultar con sus jefes acerca de la maniobra. Pide que se aplace la audiencia especial. Los jueces deciden no suspender, pues "el expediente está en tramitación desde 2006". El Trece se escapó de este lugar y huyó a Nicaragua en 2008. El proceso tuvo que aplazarse hasta que Nicaragua lo deportó en septiembre de 2009. Es un proceso viejo que arrastra seis esqueletos. 

El Trece tiene la mirada fija, perdida, desde que lo sentaron. No parece interesarle nada de lo que aquí ocurre. 

El juez que preside el tribunal pregunta al fiscal si mantiene la petición de criterio de oportunidad para los mareros. El fiscal responde que no, que se fije fecha para el juicio. 

¿Por qué un fiscal de Crimen Organizado quería criteriar a un líder criminal de una estructura organizada? Sobre todo tomando en cuenta que difícilmente El Trece iba a colaborar. 

La respuesta del fiscal es que intentaba evitar un "juicio inútil". Y que esa categoría se lo permitiría. El fiscal se amparó en el numeral 4 del artículo 18 del Código Procesal Penal, que, en lenguaje sencillo, dice que se puede prescindir de la persecución penal cuando ya no tiene sentido porque el acusado está condenado a una vida en prisión. Sin embargo, el fiscal entendió que mañana podría encontrarse con el siguiente titular en los periódicos: "Fiscalía da criterio de oportunidad a lider nacional de la MS". Entendió que quizá le llamarían sus jefes y que quizá decidirían trasladarlo a alguna unidad departamental de vida del interior del país en retribución por sus acciones. Por eso pidió tiempo para buscar anuencia de sus jefes antes de proceder. Al no tener tiempo, decidió echarse para atrás. Habrá juicio. 

Las posibilidades de que la Fiscalía gane ese juicio de cinco homicidios no entusiasmarían a un apostador. El mismo fiscal intentaba ya no seguir el caso. El fiscal no sabe dónde está el testigo que acusó a El Trece. De hecho, no sabe si está vivo.

El Trece estará de por vida tras barrotes, pero la función de la Fiscalía, según su misión y visión, es "defender, respresentar y tutelar los intereses de la sociedad y del Estado salvadoreño, actuando con seriedad y responsabilidad; conforme los principios de legalidad, justicia e imparcialidad".

Una Fiscalía saturada falló hoy en su intento porque fue incapaz de esclarecer un puñado de homicidios. La maniobra que intentó el fiscal de Crimen Organizado puede ser legal, pero difícilmente haría buena juntura con palabras como "justicia" o "seriedad y responsabilidad". Cinco homicidios no se han resuelto, y hoy la Fiscalía intentó poner fin a ese intento de resolverlos, porque les parece "inútil".

Tres jueces han venido hoy. Un fiscal. Un defensor público. 25 agentes de seguridad del sistema judicial han custodiado el traslado de los tres reos. 

Antes de dejar la sala, pregunto al fiscal de Crimen Organizado cuántos casos tiene a su cargo. 

—Tengo 150 casos activos, pero en un caso se pueden acumular 15 expedientes (delitos) —responde. 

A partir de hoy tiene un caso más. Cinco muertos más. 

Ni hoy ni mañana ni en un mes ni en dos

La vista pública contra El Trece se programó para el 6 de abril a las 9 de la mañana. Cuando el tribunal fijó esa fecha no sabía que la primera semana de abril de 2016 la Asamblea Legislativa aprobaría, con la acelerada anuencia del presidente, un decreto. Se trató de una serie de medidas especiales que iban desde la posiblidad de encierro total para los pandilleros presos hasta medidas para presionar a las empresas telefónicas que no suspendan su servicio en las cárceles y sus alrededores. Uno de los puntos del decreto suspende cualquier audiencia o vista publica que involucre a un reo recluido en uno de esos penales. Zacatecoluca, donde está El Trece, es uno de esos. 

El tribunal que ve su caso se preguntó para cuándo podrá juzgar a El Trece. Entonces se comunicó con el Departamento de Informática. El decreto establece que cuando un proceso involucre a reos pandilleros de esas cárceles ya no se les traslade, sino que se hagan audiencias virtuales. Suena fácil. Suena tecnológico. Suena...

Es casi imposible. A casi un mes del decreto, la Corte Suprema de Justicia tiene solo un equipo de videoconferencia. Un equipo. Una vista pública. De las siete cárceles bajo régimen especial solo dos tienen equipo para hacer esas audiencias virtuales. 

La respuesta que el tribunal recibió es que quién sabe cuándo podrán juzgar a El Trece por cinco homicidios. El 2 de mayo empezaron las audiencias virtuales. En mayo no hay ni un huequito; en junio, el equipo de videoconferencia se va casi todo el mes para San Miguel, a un caso contra pandilleros; julio está saturado... Quizá en agosto. 

La Fiscalía no quería juzgar a El Trece, los tribunales de momento no pueden hacerlo, el testigo a saber dónde está. La realidad empuja a que en un sistema rancio como este la conclusión más lógica sea olvidarse de esos cinco cadáveres, de esos degollados, y pasar a otra cosa. 

Sobre todo si usted es un fiscal y tiene otros 150 casos... O 500.

Hoy no vino el testigo

El fiscal anónimo —el que tiene 500 casos— cuenta una anécdota. En un camino rural aparecen 11 pandilleros e intentan matar a dos hermanos. Machetazos, balazos. Un hermano muere. El otro hermano huye. Denuncia. Atrapan a dos de los homicidas. Un homicida es adulto, el otro es menor de edad. Al adulto se le pone en una cárcel hasta que termine el juicio. Al menor, no. El menor es condenado a seis años de libertad asistida. Tiene que ir y firmar cada cierto tiempo, no puede salir del país ni cambiar de domicilio. El menor está libre mientras su colega pandillero es juzgado.

Continúa el fiscal anónimo:

—Viene el testigo protegido, el hermano del muerto, y me dice: 'Lic, ¿cómo putas quiere que le siga ayudando si ese hijueputa quedó libre?'. Ellos —la familia del testigo— tuvieron que irse a otro lugar a comenzar una nueva vida. Le hablo de jornaleros, no de gente con comodidades. 

El juicio fracasó. El testigo nunca volvió a un juzgado. 

En este país —lo confirman jueces, fiscales, abogados defensores— el sistema se basa en testigos. Es la prueba reina. La prueba científica —huellas, ADN— ocurre casi solo cuando el detenido cae en flagrancia y ahí mismo le toman huellas, o le sacan sangre para compararla con la que cayó sobre la camisa del muerto o para saber si la mujer está llena de su semen. 

Para esta investigación asistí a 10 juicios de homicidio en cinco juzgados del país. En todos la acusación estaba basada en testigos. En todos la defensa estaba basada en desacreditar a los testigos. 

Hay dos tipos de testigos. Están los testigos blancos: una mujer que vende mangos en la calle y ve un asesinato. Están los testigos criteriados: un hombre que mata y luego delata a sus cómplices de homicidio para no ir preso. Hay dos clases de medidas de protección para los testigos —blancos o criteriados—. Medidas ordinarias: te disfrazan en el juicio, te distorsionan la voz, te ponen tras un biombo, borran tu nombre de los expedientes y te dan una clave que será tu nuevo nombre: Yogui, Liebre, Grecia, Abeja... El sistema busca ocultar tu identidad de los acusados. Medidas extraordinarias: te llevan a una casa de seguridad con tu familia, si así lo pedís. No tenés teléfono, no podés salir, compartís espacio con otros testigos —blancos y criteriados—. Hay otra medida extraordinaria, que es asignarle custodia policial al testigo para que no vaya a esas casas de seguridad. "Eso solo pasa con políticos, gente de renombre, alguien con influencia", dice el fiscal anónimo. Dependiendo del riesgo que corre el testigo —blanco o criteriado— se le asignan unas u otras medidas.

Las pandillas, dueñas de muchos de sus territorios como si se tratara de un gobierno, tienen sus mecanismos para lidiar con aquellos de los que sospechan. El fiscal anónimo ejemplifica: había una señora que tenía un amante joven y vivía en una comunidad dominada por una pandilla. A los pandilleros, el amante les pareció sospechoso. Lo detuvieron, le preguntaron de dónde era. Él dijo un lugar, pero cuando revisaron su DUI, el amante tenía la dirección de otro lugar, uno dominado por la pandilla contraria. Empezaron a golpearlo. Intentaron matarlo a balazos. Se les encasquilló el arma. A lo lejos, en ese momento, sonó una sirena providencial. Ahuyentó a los pandilleros. Alguien —el amante, la señora— llamó a la Policía. Hubo capturas en flagrancia. Se llegó a una audiencia. La Fiscalía presentó a un testigo blanco con medidas ordinarias. Los pandilleros, sabiendo que a esos testigos los disfrazan, quisieron asegurarse de que la señora no declarara. Le dieron una orden: 'Va a sacar una silla afuera de su casa a las 8 de la mañana el día del juicio, y se va a quedar ahí sentada hasta la noche, cuando todo acabe'. Aún así, el testigo blanco se presentó a la apertura de la audiencia. Entonces, los pandilleros supieron que se trataba del amante. Volvieron donde la señora:  'Si él vuelve a llegar, la matamos'. El caso se quedó sin testigos. La Fiscalía perdió. La pandilla ganó. Como se quiera ver. 

Muchas historias terminan así. Fiscalía consigue un testigo, la pandilla averigua quién es el testigo, el testigo no vuelve a llegar. 

En un sistema judicial que depende de testigos, el Estado apenas puede protegerlos. En los 10 juicios en los que estuve, todos sabíamos quién era el testigo atrás del biombo. De hecho, el fiscal anónimo asegura que la actitud de muchos policías a la hora de que un testigo pide medidas extraordinarias es desmotivarlo: usted no va a estar solo, no va a tener acceso a celular, va a haber criteriados con usted y su familia, va a estar como preso. "Muchos fiscales lo que hacemos es decirle a los testigos la realidad cruda. A los jefes no les gusta, pero a quien le reclama el testigo es a uno", dice el fiscal anónimo. 

—Ser testigo de un homicidio en este país es joderse la vida —digo al fiscal anónimo. 

—Es joderse la vida, así es —responde el funcionario cuyo trabajo depende en buena medida de esos testigos—. Imagínese si el testigo es un jornalero o trabajador de la obra. Pierde su día de trabajo. No le puede decir a su patrón por qué no va a llegar. Inventa. No puede arriesgarse. Y no tenemos recursos para pagarle. Y hay audiencias que se reprograman 10, 12 veces. Se desmotivan. 'Mire, lic, ya no voy a venir, es por gusto'.

Hay una figura bajo la que un fiscal puede pedir a un juez que obligue con policías a que el testigo se presente. Se llama apersonamiento anticipado. Bajo esa figura el juez puede ordenar que lo recojan y lo lleven. Pero según el fiscal anónimo, y bajo las circunstancias salvadoreñas, habría que ser un "hijueputa" para hacerle eso al amante de la señora o al jornalero o al obrero que intentó ayudar. "Podríamos matarlos si hacemos eso", reflexiona el fiscal anónimo.

—¿Por qué demonios hay gente que acepta ser testigo bajo esas condiciones? —pregunto.

—Porque mucha gente considera injusto lo que le ha pasado a su familiar o amigo. Quieren sentar precedente. Se les hace conciencia: si usted no declara, no hay caso. 

Señor juez, el testigo desapareció

Para este reporteo, se hizo un ejercicio simple. Se le pidió a un juez, al juez a cargo del Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador, que hiciera memoria de cuántos testigos habían desaparecido de sus procesos en los últimos cinco años. Testigos que participaron en el proceso, fueron nombrados como testigos protegidos -criteriados o blancos- por el valor de su información, y que luego desaparecieron, no terminaron de declarar. Desaparecieron. Todos los casos están vinculados a pandillas.

Caso 1: Vista Pública, 11 de febrero de 2010. 12 acusados de extorsión en Ilopango, San Salvador. Testigo clave Smit. La Fiscalía pide sobreseimiento definitivo para los imputados porque a Smit "es imposible localizarlo".

Caso 2: Vista Pública, 4 de abril de 2011. Cuatro acusados por un homicidio agravado y un homicidio tentado en Tecoluca, San Vicente. Testigos clave Julieta (víctima del homicidio tentado) y Júpiter. La Fiscalía pide sobreseimiento definitivo para los imputados por "la imposibilidad de ubicar a los testigos".

Caso 3: Vista Pública, 7 de octubre de 2011. Tres acusados por un homicidio agravado y por un homicidio tentado en Apopa, San Salvador. Testigos clave Rocío (víctima del homicidio tentado) y Tita. La Fiscalía pide sobreseimiento definitivo para los imputados porque "al intentar localizarles se verificó que ya no residían en dichos lugares y nadie dio referencia de sus paraderos".

Caso 4: Vista pública, 11 de septiembre de 2014. Cinco acusados de un homicidio agravado en Aguilares, San Salvador. Testigos clave Cristiano (que decidió no declarar en el último momento), Muriño y Wilmer (un policía). Wilmer fue descrito por la Fiscalía como "no localizado" y retiraron su testimonio del proceso. Todos los imputados fueron absueltos.

Caso 5: Vista Pública, 16 de noviembre de 2015. Nueve acusados de dos homicidios agravados, un homicidio tentado, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada en Mejicanos, San Salvador. Testigos clave Nike, Mayo, Roble (víctima de la extorsión), Edén y Angelito (víctima del homicidio tentado). La Fiscalía dijo que "se desconoce" el paradero de Edén y que Angelito "falleció". Todos los imputados fueron absueltos.

Caso 6: Vista Pública, 26 de enero de 2016. Tres acusados de dos homicidios agravados (entre ellos, un hombre que no pagó la renta) y agrupaciones ilícitas en Ilopango, San Salvador.  Testigos clave Azul, Alisson, Black y Meme. La Fiscalía dijo que Alisson "no se presentó" y que a Black y a Meme "no los pudieron localizar". Todos los imputados fueron absueltos.

Caso 7: Vista Pública, 26 de febrero de 2016. Ocho acusados de asociaciones ilícitas en Tonacatepeque, Ilopango y San Martín, San Salvador. Testigos clave Fénix (pandillero desde hacía 4 años) y Montana (pandillero desde 2004). La Fiscalía dijo de Montana que "no se logró su ubicación". Todos los imputados fueron absueltos.

Estos solo son casos de un juzgado especializado de los cinco que hay en el país. Total: 12 testigos protegidos y desaparecidos.

A cien metros del lugar en el que fueron asesinados los trabajadores quedaron sus herramientas de trabajo. Ellos cavaban hoyos donde colocarían postes del tendido eléctrico. La empresa Edesal (Distruibuidora Eléctrica Salvadoreña) emitió un comunicado en el que lamentó el asesinato de las 11 personas e informó que ocho de ellos pertenecían a la empresa subcontratada por la compañía. En mayo de 2015, empleados de empresas del sector energético y telefónico confirmaron a El Faro que el asedio por la extorsión que realizan las pandillas a los empleados en las rutas de trabajo es una constante en todo el país . / Foto: Víctor Peña
 
A cien metros del lugar en el que fueron asesinados los trabajadores quedaron sus herramientas de trabajo. Ellos cavaban hoyos donde colocarían postes del tendido eléctrico. La empresa Edesal (Distruibuidora Eléctrica Salvadoreña) emitió un comunicado en el que lamentó el asesinato de las 11 personas e informó que ocho de ellos pertenecían a la empresa subcontratada por la compañía. En mayo de 2015, empleados de empresas del sector energético y telefónico confirmaron a El Faro que el asedio por la extorsión que realizan las pandillas a los empleados en las rutas de trabajo es una constante en todo el país . / Foto: Víctor Peña

"El sistema no sirve"

Un investigador de homicidios de la Policía Nacional Civil ha aceptado tomar un café. La condición es la de siempre: no nombre, no señas particulares a cambio del testimonio. El hombre, que tiene más de 12 años investigando quién mató, no hará otra cosa que añadir catástrofes a las que ya pronunció el fiscal anónimo.

—El sistema de protección de testigos no sirve. Y aquí un caso quedó en el olvido si un testigo criteriado no habla. Los fiscales piden testigos presenciales (blancos)... Ja, ja, ja. Si la gente ni le habla a uno cuando uno llega a las colonias —dice el investigador. 

—Y a los testigos criteriados, ¿cómo los convencen? —pregunto.

—A pura verga. Se les dice: o ponés gente o sufrís. Uno tiene que usar un vergo de artimañas. De 100, uno le va a salir. Y así hay que estar, al testigo hay que estarlo convenciendo.

—Entiendo que también es necesario tenerlos al menos comidos. Entiendo que la canasta que manda la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia nunca alcanza. ¿De dónde sale el dinero para esos extras?

—Sale de la bolsa de uno. Aquí ando el ticket de la recarga de teléfono que acabo de hacerle a uno. Es raro el fiscal que ayuda con esto. A uno de policía hasta ir a sacarles el DUI para que puedan declarar le toca. Algún dinero se logra sacar de operaciones especiales. Otro... Un mes yo llegué a deber 800 dólares. Eran tres testigos y una era una mujer con tres cipotes.

A medida que el investigador habla queda claro que la relación con el testigo la tiene el policía. Sin embargo es el fiscal el que finalmente lo llevará a una corte, lo entrevistará frente a un juez y lo cuidará de los ataques del defensor.

—Los fiscales no salen a la calle —continúa el investigador—. Se basan en el álbum fotográfico y el croquis. El fiscal que llega a la escena casi nunca es el de homicidios y casi nunca es el que terminará llevando el caso. El distanciamiento entre los fiscales y los testigos es paloma. El fiscal debería estar cerca, pero aparece solo para la audiencia.

Durante más de dos años reconstruí la vida de un testigo criteriado, Miguel Ángel Tobar, asesinado el noviembre de 2014 por sicarios en San Lorenzo, Ahuachapán. Yogui o Liebre -como le llamaban en el juicio- encarceló a más de 40 pandilleros en el occidente del país. Apenas recordaba el apellido de los fiscales que lo llevaban a juicio. No tenía buenas palabras para ninguno de ellos y sí insultos para la mayoría. Sin embargo, conocía perfectamente a los policías que habían hecho la investigación con su información, y muchas veces cuando estaba en apuros para comprarle leche a su hija de dos años le pedía a los investigadores.

Cuando se le pregunta por ese distanciamiento que señala el investigador, el fiscal anónimo no lo niega, lo explica: "Uno pasa soterrado por trámites burocráticos y papeleo en la oficina. Piden cuadros, estadísticas de todo, cuadros Excel... Me refiero a papeleo de homicidios, cuántos han ocurrido a motoristas del transporte colectivo, cuántos a la comunidad LGBTI, cuántos feminicidios, cuántos en menores de edad, evidencias, un control de todo. Hasta 20 cuadros estadísticos. Nosotros hacemos todo ese control, no contamos con colaboradores", dice.

Si el fiscal anónimo se queja del papeleo y la burocracia, el investigador también. Asegura que las audiencias judiciales le ocupan gran parte del tiempo a un investigador policial como él. Asegura que el policía que lleve el caso tiene que dormir la noche anterior en algún puesto o delegación cercana a donde tienen al testigo, madrugar para recogerlo. "Salir tipo 4, 5 de la mañana". Y lo peor es que en la mayoría de ocasiones es para que, a las 11 de la mañana, tras horas de espera, el investigador y el testigo escuchen del fiscal la noticia de que la audiencia se suspendió porque el juez está enfermo o, en la mayoría de los casos, porque no hubo personal para trasladar desde los penales a los reos acusados.

Las cancelaciones son algo diario, normal, rutinario. En junio de 2014, La Prensa Gráfica publicó una nota con información de los tribunales de sentencia de la capital. Obtuvieron información de 30 días, entre mayo y junio, y descubrieron que el 46 % de las audiencias se había cancelado. Casi la mitad. 133 de 288 juicios. A esos 133 juicios llegaron los testigos que arriesgan su vida, los policías del país más violento del mundo y los fiscales que no pueden con tanto papeleo. Todos llegaron a perder su tiempo.

Una audiencia cancelada en San Salvador puede reprogramarse para hasta dentro de uno o dos meses, por la sobrecarga de los jueces en un país tan violento. En el interior de El Salvador, la espera puede ser mucho más larga, porque hay menos jueces.

Por eso, concluye el investigador: "Uno solo ve los casos más calientes, los de las últimas semanas, meses como mucho. Los demás son cosa del pasado".

Todos los problemas en una mañana

Juzgados de Sonsonate. Miércoles 24 de febrero de 2016.

Escogí al azar un juzgado del interior del país. Supe que aquí había hoy un juicio por homicidio a las 9 de la mañana. 

La programación judicial es más cambiante que el marcador de un partido de baloncesto. La secretaria del único tribunal de sentencia de este juzgado dice, como quien dice amaneció, "la vista pública de las 9 de la mañana se reprogramó. No trajeron a los reos".

La vista pública de las 9 era un caso de dos asesinatos. Esta es la cuarta suspención de ese juicio. Todo el juicio se basa en la credibilidad de un testigo blanco. En fin, qué importa, se suspendió.

—¿Y por qué no trajeron a los reos? —pregunto a la secretaria del juzgado.

—A saber, no sé. Falta de personal quizá.

Hechos que suenan graves aquí se normalizan. Este sistema podrido los engulle. ¿Dónde está el testigo de la masacre? ¿Dónde están los acusados de haber macheteado a dos hombres? ¿Por qué no vinieron los reos? El sistema podrido responde con el hastío de una secretaria soterrada en papelería: "a saber".

—Hay otro juicio por homicidio a las 10. Si quiere, quédese —dice la mujer.

Afuera de la sala, esposados y con el clásico pantaloncillo blanco de los reos, esperan tres jóvenes. Uno tiene en el antebrazo el tatuaje de su pandilla: XVIII. Frente a ellos, juega cartas en su celular un defensor privado que ha venido a defender a un hombre acusado de violación a menor de edad e incapaz. Hace una hora y media que su juicio tenía que empezar. "Y hoy hay suerte, porque parece que después voy yo. Si aquí de cada ocho audiencias programadas cada día, una se da. Siempre por la incapacidad de trasladar reos", dice. Dos policías traen a tres imputados más. Jóvenes, uno de ellos tatuado de los brazos, uno de ellos descalzo, todos ellos en ropa de penal. Afuera de la sala hay ya cuatro policías, dos fiscales, un defensor privado, un forense, seis acusados y cuatro viejitas con velos blancos en la cabeza. El grupo aumenta. Esto parece un banco a la hora del almuerzo.

El próximo turno es para el pandillero con el antebrazo tatuado y los dos que estaban a su lado. Ya son más de las 11 de la mañana. Le pregunto a un abogado por qué se quedan si ya pasaron más de dos horas desde que los citaron y aún falta una vista pública antes que la suya. Responde:

—Porque parece que al testigo de ese caso que va ahorita lo mataron. Así que quizá es rápido.

Adentro de la sala preside la jueza de sentencia María Isabel Cabañas.

El fiscal pide la palabra.

—Al testigo lo asesinaron. Se solicitó la información que acredite la muerte del testigo, pero no se envió —dice.

Nadie en la sala se escandaliza. Están los tres acusados del homicidio, una defensora pública, dos defensores privados, un fiscal, una fiscal, la jueza, su secretaria y yo. Nada pasa. La reacción que genera la muerte de un testigo en este juzgado es la misma que hubiera generado el que alguien dijera que se perdió un papel del proceso.

Lo que acaba de decir el fiscal es que sabe que mataron al testigo clave Juancito, pero que aún no tiene ni un informe policial ni un acta de defunción ni nada para demostrar que lo mataron.

El testigo Juancito—lo sabría después— era una mujer. Era una señora que vio cómo mataron a su hijo. Tuvo el valor de denunciarlo. La mataron en noviembre de 2015 mientras comía en su casa. Ocurrió en el municipio de Armenia, Sonsonate. La mataron hace tres meses y la Fiscalía ni siquiera tiene un acta que diga que ella ya no vive.

Hasta ahora el proceso para resolver un homicidio solo ha generado otro homicidio.

El fiscal pide tiempo. Pide que se reprograme la vista pública y que vuelvan otro día todos, los imputados, los policías, los forenses, los defensores, la jueza, a juzgar un caso que está muerto.

Los abogados defensores piden a la jueza que libere ya a sus acusados, saben que ya no hay pruebas. La jueza le concede esta vez al fiscal.

—Eso sí, no se va a andar reprogramando por falta de testigo más —dice la jueza—... Esto está saturado... Quiero ver... La reprogramación más próxima sería el 11 de mayo a las 8:45... Bueno, a la hora que traigan a los imputados, a las 9:30, a las 10, cuando vengan.

El caso basado en el testimonio de una testigo protegida y muerta ocurrirá dentro de dos meses y medio.

La jueza me permite unas breves preguntas. Le pregunto por los testigos.

—Son bien vulnerables. El principal problema es la falta de testigos: tienen miedo, los matan o cuando entienden cómo es el sistema mejor se callan —dice la jueza.

Le digo qué tan común es que se logre la condena sin testigo directo, con solo un testigo de referencia: o sea, el policía que entrevistó a la señora asesinada.

—Muy difícil —responde.

Le digo que el 11 de mayo liberará a esos pandilleros. Levanta los hombros. Sonríe cansada.

Afuera, detengo a la defensora pública antes de que se vaya de los tribunales. Los defensores privados de dos de los pandilleros tenían toda una estrategia. Habían traído a un hombre que dice ser árbitro de fútbol, a un hombre que dice ser un entrenador de fútbol y a una mujer que dice vender tortas en una cancha de fútbol. También trajeron un papel que dice que a uno de los acusados le sacaron tarjeta amarilla en ese partido de fútbol que ocurrió justo mientras alguien asesinaba al muchacho que dicen que estos supuestos futbolistas asesinaron. La estrategia de la abogada pública que defiende a uno de los pandilleros iba a ser decir que su defendido era espectador de ese partido de fútbol que ocurrió en una colonia de Sonsonate.

Le pregunto a la defensora pública cuántas audiencias tiene al mes.

—Nunca menos de 60, a veces hasta cuatro por día. Casos de todo tipo. A veces afuera alcanzo a leer los expedientes. A veces siento que voy a decir en un juicio lo de otro juicio —responde.

Detengo al fiscal antes de que se vaya de los tribunales. Le pregunto cuántos casos tiene ahora mismo.

—No recuerdo. Sé que solo este año se me han abierto 78 nuevos casos. 18 son homicidios.