El Faro http://elfaro.net Periodismo independiente y audaz de El Salvador y Centroamerica con noticias, reportajes, investigac es Copyright 2022, El Faro Thu, 29 Sep 2022 17:40:20 +0100 El Faro Los dinosaurios http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000038052.jpeg https://elfaro.net/es/202209/el_farolero/26404/Los-dinosaurios.htm La mirada de Otto a la intolerancia del Mined respecto a los contenidos educativos sobre diversidad sexual.
 

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El Farolero Thu, 29 Sep 2022 16:14:50 +0100 https://elfaro.net/es/202209/el_farolero/26404/Los-dinosaurios.htm
Los derechos políticos y electorales de las personas trans también son urgentes Ericka López Sánchez y Luisa Rebeca Garza López http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000037206.JPG https://elfaro.net/es/202209/columnas/26403/Los-derechos-políticos-y-electorales-de-las-personas-trans-también-son-urgentes.htm La demanda de contar con democracias verdaderamente incluyentes es una urgencia que se sostiene en la narrativa de los derechos humanos. Hoy en día las democracias no se pueden explicar desde marcos de comprensión estrechos, aunque se pretendan “universalistas”. Esto ocurre en las sociedades latinoamericanas donde se conectan de forma compleja ideologías hegemónicas como las cisgénero, heterosexual, capacitista, misógina y racistas, entre otras quedejan fuera a poblaciones marginalizadas históricamente del demos como las personas trans. Por lo tanto, la demanda de contar con democracias verdaderamente incluyentes es una urgencia que se sostiene en la narrativa de los derechos humanos. La desafección a esta problemática es un menoscabo grave a dichos derechos, pero sobre todo a la dignidad de estas personas.

Bajo este contexto, recientemente diversas organizaciones y activistas independientes trans, así como organizaciones y personas aliadas presentaron elObservatorio Latinoamericano y del Caribe de derechos políticos y electorales de las personas Trans*. Este Observatorio surge del reconocimiento de la existencia de un contexto hostil para que las personas trans puedan ejercer sus derechos políticos y electorales, y enfatiza la necesidad de que los Estados garanticen el derecho a las personas trans de ejercer su voto dentro de espacios dignos y seguros. 

En la región, algunos de los principales obstáculos que se han identificado durante cada una de las etapas de los procesos electorales, y en especial el día de la jornada electoral, es que a las personas trans no solo se les discrimina, segrega y violenta a través de la ridiculización, miradas incómodas, comentarios o expresiones denigrantes, preguntas invasivas o aplicación de procedimientos que generan violencia en razón de su identidad y/o expresión de género no normativa, sino que además se les llega a negar el derecho al voto.

El bloque de mujeres trans encabezaba la marcha en las calles de San Salvador. También se manifestaban por el silencio de la Asamblea Legislativa sobre la Ley de Identidad de Género. Foto de El Faro: Víctor Peña. 
 
El bloque de mujeres trans encabezaba la marcha en las calles de San Salvador. También se manifestaban por el silencio de la Asamblea Legislativa sobre la Ley de Identidad de Género. Foto de El Faro: Víctor Peña. 

Además de aportar soluciones para este problema, el Observatorio Latinoamericano y del Caribe de derechos políticos y electorales de las personas Trans emerge, también, con el fin de reparar una deuda histórica que ha invisibilizado a las poblaciones trans de la recuperación de una memoria histórica. En especial la violencia política en razón de género y los discursos de odio motivados por prejuicios y estigmas en torno a la identidad de género. El reconocimiento de dichas realidades se suma a situaciones de aletargamiento político-administrativo y jurídico para aprobar leyes o reformar códigos civiles en torno a la identidad de género que reconozcan y garanticen este derecho humano.

El Observatorio fue convocado y coordinado por la Misión de Observación Electoral, MOE; la Fundación Grupo de Acción & Apoyo a Personas Trans, GAAT; y Caribe Afirmativo (todas de Colombia) a inicios de 2021 y participaron integrantes trans o alianzas de diferentes países de la región como Panamá, Nicaragua, Venezuela, Perú, Ecuador, Honduras, República Dominicana, Bolivia, Chile, y la Universidad de Guanajuato de México. 

El Observatorio es resultado de 15 meses de trabajo colectivo durante la pandemia por Covid-2019 y se presenta como una estructura plural y colaborativa liderada por organizaciones y activistas trans, con el apoyo de activistas independientes y aliades, que recopila, procesa y difunde información actualizada para contribuir al seguimiento y promoción de los derechos políticos y electorales de personas trans en América Latina y el Caribe.

El objetivo del Observatorio es garantizar los derechos políticos y electorales de las personas trans en la región por medio de tres objetivos específicos. En primer lugar, monitorear los mecanismos que garantizan y obstaculizan la participación política de estas personas, en especial la violencia política en razón de género y los discursos de odio. En segundo lugar, generar conocimientos a través de la recopilación de evidencias sobre el estado de los derechos políticos y electorales de las personas Trans. Y, por último, promover la adopción e implementación de protocolos o medidas de inclusión para garantizar sus derechos políticos y electorales.

Una de las primeras acciones del Observatorio fue la presentación de las “Medidas para garantizar el derecho al voto de las personas trans en los países de América Latina y el Caribe” que contiene diferentes recomendaciones dirigidas a las autoridades electorales, a los representantes públicos competentes que trabajan el día electoral, a líderes de partidos políticos, a quienes hacen observación electoral y a las instituciones de la Fuerza de Seguridad.

Los antecedentes de este proceso están en la aprobación del “Protocolo para promover medidas que garanticen el derecho al voto de las personas trans (transgénero, transexuales y travestis) en igualdad de condiciones y libre de discriminación” en Colombia en el 2020, que a su vez, tiene como base el “Protocolo para garantizar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana” de México, aprobado en 2017. 

Es importante señalar que hasta hoy sólo cuatro países de la región cuentan con un protocolo para asegurar el voto de las personas trans: México, Colombia, Chile y Perú. De estos cuatro países solamente México no tiene ley de identidad de género a nivel nacional. No obstante, la rectificación de documentos legales de conformidad al sexo de las personas no resulta un procedimiento sencillo en los países en que existe esta ley, pues el trámite del cambio de nombre es costoso y muchas veces el personal de las instituciones desconoce el derecho a la rectificación de la identidad de género.

El lanzamiento del Observatorio es una buena noticia para la región. Los procesos de consolidación de las democracias latinoamericanas tienen como exigencia el reconocimiento del ejercicio pleno de las ciudadanías trans. De esta manera se comienza a reparar la deuda con estas poblaciones que históricamente han sido excluidas del diálogo colectivo y de las decisiones públicas.


 

*Ericka López Sánchez es profesora e investigadora del Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno, de la Univ. de Guanajuato (México). Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Especialista en la condición ciudadana de las personas LGBT+.

Luisa Rebeca Garza López es funcionaria electoral especializada en la promoción de la educación cívica y la cultura democrática con perspectiva de género e interseccionalidad. Encargada del Despacho de la Dirección de Educación Cívica y Participación Ciudadana del Instituto Estatal Electoral del Estado de Oaxaca (IEEPCO), México.

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Columnas Wed, 28 Sep 2022 16:59:13 +0100 https://elfaro.net/es/202209/columnas/26403/Los-derechos-políticos-y-electorales-de-las-personas-trans-también-son-urgentes.htm
Pescar plástico y basura en el Cerrón Grande http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_0_3000_2000/images%7Ccms-image-000038046.jpg https://elfaro.net/es/202209/ef_foto/26402/Pescar-plástico-y-basura-en-el-Cerrón-Grande.htm Una plasta de basura y plástico. Así puede describirse el embalse del Cerrón Grande visto desde el municipio de Potonico, en Chalatenango. Los habitantes de alrededor, que solían vivir de la pesca, han tenido que primero pescar desechos para poder volver a intentar sobrevivir del embalse que se alimenta del Lempa y del Acelhuate. Las imágenes son escandalosas: un basurero flotante, reflejo de la falta de conciencia ambiental de la sociedad salvadoreña. El embalse Cerrón Grande tiene una superficie de 135 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el cuerpo de agua continental más grande de El Salvador. Abarca los departamentos de Chalatenango, Cuscatlán y Cabañas en el norte del país. En la cuenca del embalse se encuentra el municipio de Potonico que, hasta la fecha, es el lugar más afectado por las cantidades de desechos manejados incorrectamente que llegan desde los ríos que se conectan con El Lempa, como el Acelhuate, que desde San Salvador arrastra grandes cantidades de basura hasta depositarlas en su desembocadura en el Cerrón Grande. 

En el año 2005 el embalse Cerrón Grande entró en la categoría de sitio Ramsar, un protocolo internacional que busca la defensa y proteción de diversas áreas en el mundo. Es zona protegida debido a la biodiversidad de lugar y su vitalidad como fuente de vida y trabajo para las poblaciones circundantes. Sin embargo, las estampas que ahora ofrece este sector del Cerrón Grande son de algunas aves chapoteando en las islas flotantes de desperdicios. 

Según datos del Ministerio de Medio Ambiente, a diario se generan 4,226.48 toneladas de desechos en El Salvador; de esas, el 80 %, 3,381 toneladas terminan en rellenos sanitarios, y un 20 % no es manejado correctamente. Es decir que unas 845 toneladas de desechos terminan en los ríos, lagos y playas del país.

En Potonico, a principios del 2022 y debido a la extinción del jacinto de agua, una planta invasora que cubría la superficie en las costas, las cantidades de desechos, en su mayoría plásticos, se hicieron visibles y fueron arrastradas por la corriente hasta la parte del embalse del Cerrón Grande o Lago de Suchitlán, en el departamento de Chalatenango. Para los habitantes del lugar, acostumbrados a ver cada año los desechos pasar, no significó algo nuevo, pero con el paso de las semanas vieron que las cantidades de basura aumentaron hasta el punto de hacer imposible uno de los trabajos que más generan ingresos a las familias de la zona: la pesca artesanal.

A finales de agosto de este año, cuentan los líderes comunitarios, la situación se volvió insostenible. Incluso los ganaderos tuvieron que empezar a sacar la basura al ver cómo sus vacas y caballos enfermaron por ingerir trozos de plástico tras tomar el agua del Lempa; los que pescaban con arpón lo dejaron de hacer por la poca visibilidad en el agua, y en el municipio todos se enteraron de las playas de desechos que se habían formado a las orillas del embalse. Desde entonces, los líderes comunales organizados en una cooperativa ganadera y de agricultores llamada Piedra del Idioma, trabajan de lunes a viernes de 5:00 de la mañana a 12 del mediodía para tratar de limpiar. Pero, como ellos mismos dicen, es una labor de nunca acabar. A la mañana siguiente, la plasta sigue ahí.

El Salvador cuenta desde 2019 con una Ley de Gestión Integral de Residuos en la que se responsabiliza a personas naturales y jurídicas, al sector público y privado del consumo y manejo de residuos. En dicha ley se contemplan multas leves que no exceden los dos salarios mínimos; las graves, que contemplan hasta 20 salarios mínimos; y las muy graves, de 21 a 40 salarios mínimos. A pesar de eso, en Potonico los pescadores, ganaderos y agricultores siguen sacando la basura y responsabilizan a la gente de la ciudad: "Allá arriba bien tranquilos tiran la basura donde se les antoja y aquí nos viene a joder a nosotros", dijo uno de los líderes ganaderos de Potonico.

 

Miles de pequeñas partículas de poliestireno expandido (plástico) se mueven al ritmo de las corrientes del río Lempa y han creado una capa sobre las aguas del embalse del Cerrón Grande, en la zona del municipio de Potonico, Chalatenango. Las partículas son tan pequeñas que fácilmente pueden ser ingeridas por los peces y otros animales del lugar. El poliestireno expandido se utiliza en su mayoría en la comida rápida y para la protección de equipos electrónicos, también es un material que, según recicladores salvadoreños, no se puede reciclar.
 
Miles de pequeñas partículas de poliestireno expandido (plástico) se mueven al ritmo de las corrientes del río Lempa y han creado una capa sobre las aguas del embalse del Cerrón Grande, en la zona del municipio de Potonico, Chalatenango. Las partículas son tan pequeñas que fácilmente pueden ser ingeridas por los peces y otros animales del lugar. El poliestireno expandido se utiliza en su mayoría en la comida rápida y para la protección de equipos electrónicos, también es un material que, según recicladores salvadoreños, no se puede reciclar.

 

 

El problema de los desechos que llegan a Potonico es de todos los años. Según comentan los líderes comunitarios, en años anteriores, durante el verano, cuando las aguas del embalse bajan, la basura queda en los terrenos que son utilizados para la siembra de maíz y frijol, lo que obliga a a los agricultores a quemar el plástico para poder hacer las cosechas. Este año, debido a las cantidades de desechos, en su mayoría plásticos, los habitantes de Potonico se organizaron para retirar la basura del agua.
 
El problema de los desechos que llegan a Potonico es de todos los años. Según comentan los líderes comunitarios, en años anteriores, durante el verano, cuando las aguas del embalse bajan, la basura queda en los terrenos que son utilizados para la siembra de maíz y frijol, lo que obliga a a los agricultores a quemar el plástico para poder hacer las cosechas. Este año, debido a las cantidades de desechos, en su mayoría plásticos, los habitantes de Potonico se organizaron para retirar la basura del agua.

 

 

Liliana Tobar y Sonia Pérez se levantan todos los días a las 4:30 de la madrugada para sacar plástico de las aguas del embalse. Es una rutina que siguen desde hace casi un mes, cuando las cantidades de basura empezaron a formar islas y playas:
 
Liliana Tobar y Sonia Pérez se levantan todos los días a las 4:30 de la madrugada para sacar plástico de las aguas del embalse. Es una rutina que siguen desde hace casi un mes, cuando las cantidades de basura empezaron a formar islas y playas: "Este trabajo se nos ha complicado porque por más basura que saquemos ya mañana va a estar una cantidad igual en este lugar", dijo Sonia.

 

 

 

Un grupo de habitantes de Potonico organizados en cooperativas de agricultores y pescadores, trabajan de 5:00 de la madrugada al mediodía en la limpieza del embalse. Lo hacen porque el Lempa es una de las principales fuentes de ingreso para las familias. Según uno de los líderes comunitarios ellos empezaron a trabajar antes de que la Alcaldía y la CEL lo hicieran.
 
Un grupo de habitantes de Potonico organizados en cooperativas de agricultores y pescadores, trabajan de 5:00 de la madrugada al mediodía en la limpieza del embalse. Lo hacen porque el Lempa es una de las principales fuentes de ingreso para las familias. Según uno de los líderes comunitarios ellos empezaron a trabajar antes de que la Alcaldía y la CEL lo hicieran.

 

 

 

 

La cooperativa ganadera Piedra del Idioma convocó a 50 personas para sacar la basura del embalse. Las primeras semanas se costearon los alimentos, el aceite y gasolina para los motores de sus lanchas hasta que la Comisión Ejecutiva del Río Lempa, CEL, les entregó bolsas para basura, guantes y lo necesario para hacer funcionar las lanchas:
 
La cooperativa ganadera Piedra del Idioma convocó a 50 personas para sacar la basura del embalse. Las primeras semanas se costearon los alimentos, el aceite y gasolina para los motores de sus lanchas hasta que la Comisión Ejecutiva del Río Lempa, CEL, les entregó bolsas para basura, guantes y lo necesario para hacer funcionar las lanchas: "Nosotros con ayuda o no seguiríamos sacando la basura porque es algo que nos importa, aquí la lucha la tenemos en común para poder recuperar las fuentes de empleo", dijo el líder Carlos Orellana.

 

 

 

El día en que los pescadores sacaron la mayor cantida de basura del embalse en el sector de Potonico contabilizaron la cifra de 500 bolsas con un peso aproximado de 20 libras de basura cada una; es decir, unas 4.5 toneladas de desechos entre reciclables y no. Después de la recolección la basura es llevada por camiones de CEL a distintos rellenos sanitarios.
 
El día en que los pescadores sacaron la mayor cantida de basura del embalse en el sector de Potonico contabilizaron la cifra de 500 bolsas con un peso aproximado de 20 libras de basura cada una; es decir, unas 4.5 toneladas de desechos entre reciclables y no. Después de la recolección la basura es llevada por camiones de CEL a distintos rellenos sanitarios.

 

 

 

Óscar Menjívar, de 45 años, tomaba su desayuno sentado en una lancha y rodeado de bolsas repletas de basura a la orilla del embalse Cerrón Grande. Él es un pescador con arpón y desde que la basura invadió el agua sus días de trabajo se fueron reduciendo:
 
Óscar Menjívar, de 45 años, tomaba su desayuno sentado en una lancha y rodeado de bolsas repletas de basura a la orilla del embalse Cerrón Grande. Él es un pescador con arpón y desde que la basura invadió el agua sus días de trabajo se fueron reduciendo: "Aquí la pesca con arpón se hace imposible. Para poder disparar hay que ver a lo que uno le va a tirar, y la basura ha creado una capa que en muchos lugares ni la luz entra al agua", dijo.

 

 

 

El trabajo de los habitantes de Potonico parece minúsculo comparado con las cantidades de basura, en su mayoría plástico, que han sido arrastradas por la corriente. Según comentaron, un día los trabajadores del Ministerio de Medio Ambiente intentaron colocar un trasmallo para recolectar más basura, pero este cedió debido al peso, obligando a que el trabajo de recolección se haga de forma manual en medio de las grandes islas y playas de desechos.
 
El trabajo de los habitantes de Potonico parece minúsculo comparado con las cantidades de basura, en su mayoría plástico, que han sido arrastradas por la corriente. Según comentaron, un día los trabajadores del Ministerio de Medio Ambiente intentaron colocar un trasmallo para recolectar más basura, pero este cedió debido al peso, obligando a que el trabajo de recolección se haga de forma manual en medio de las grandes islas y playas de desechos.

 

 

 

Mauricio Orellana es un pescador de Potonico, su trabajo lo realiza sumergiéndose en las aguas del embalse del Cerrón Grande y con arpón dispara a los peces. Desde que la basura plástica llegó a su área de pesca ha tenido que disminuir los días de trabajo para dedicarse a limpiar:
 
Mauricio Orellana es un pescador de Potonico, su trabajo lo realiza sumergiéndose en las aguas del embalse del Cerrón Grande y con arpón dispara a los peces. Desde que la basura plástica llegó a su área de pesca ha tenido que disminuir los días de trabajo para dedicarse a limpiar: "Antes de que la basura llegara, yo hacía hasta 14 docenas de Tilapias al día, lo cual después de gastos me dejaba de $30 a $40 diarios; ahora no logro ni la mitad debido a que no se logra ver nada bajo el agua por la cantidad de basura", dijo. 

 

 

 

 

El embalse del Cerrón Grande entró en la categoría de sitio Ramsar en el año 2005, un protocolo internacional que busca la defensa y proteción de diversas áreas en el mundo. Eso significa que es zona protegida debido a la biodiversidad del lugar y la vitalidad como fuente de vida y trabajo para las poblaciones circundantes. Cerrón Grande es el segundo humedal más grande del país después de la Bahía de Jiquilisco. Actualmente, la fauna convive con la plasta flotante de basura.
 
El embalse del Cerrón Grande entró en la categoría de sitio Ramsar en el año 2005, un protocolo internacional que busca la defensa y proteción de diversas áreas en el mundo. Eso significa que es zona protegida debido a la biodiversidad del lugar y la vitalidad como fuente de vida y trabajo para las poblaciones circundantes. Cerrón Grande es el segundo humedal más grande del país después de la Bahía de Jiquilisco. Actualmente, la fauna convive con la plasta flotante de basura.

 

 

 

Los miembros de la cooperativa ganadera Piedra del Idioma de Potonico hablan de un incremento en las enfermedades de los caballos y vacas de su propiedad, dicen que su ganado sufre de infecciones estomacales a causa de tomar agua con trozos de plástico que luego no pueden expulsar. 
 
Los miembros de la cooperativa ganadera Piedra del Idioma de Potonico hablan de un incremento en las enfermedades de los caballos y vacas de su propiedad, dicen que su ganado sufre de infecciones estomacales a causa de tomar agua con trozos de plástico que luego no pueden expulsar. 

 

 

 

Hace cuatro meses, según comentan los líderes comunitarios, los habitantes de Potonico llenaron en una semana 1,500 bolsas con plástico retirado de las aguas del embalse; cada una con un peso aproximado de 20 libras. Es decir, cerca de 30,000 libras de desechos:
 
Hace cuatro meses, según comentan los líderes comunitarios, los habitantes de Potonico llenaron en una semana 1,500 bolsas con plástico retirado de las aguas del embalse; cada una con un peso aproximado de 20 libras. Es decir, cerca de 30,000 libras de desechos: "En aquel momento no nos imaginábamos que la crisis de la basura iba a escalar tanto en este lugar, y mire tiempo después aquí estamos limpiando todos los días para que las lluvias de la época traigan más plástico cada noche", dijo Carlos Orellana, miembro de la cooperativa ganadera.

 

 

 

Las corrientes de agua que llegan desde San Salvador por medio del río Acelhuate hasta el Lempa siguen llevando basura plástica al embalse del Cerrón Grande. Las playas de residuos siguen creciendo a las orillas de Potonico. 
 
Las corrientes de agua que llegan desde San Salvador por medio del río Acelhuate hasta el Lempa siguen llevando basura plástica al embalse del Cerrón Grande. Las playas de residuos siguen creciendo a las orillas de Potonico. 

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EF Foto Tue, 27 Sep 2022 19:59:06 +0100 https://elfaro.net/es/202209/ef_foto/26402/Pescar-plástico-y-basura-en-el-Cerrón-Grande.htm
Editorial de El Faro: Bukele anuncia una dictadura https://elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg https://elfaro.net/es/202209/360grados/26401/Editorial-de-El-Faro-Bukele-anuncia-una-dictadura.htm 360 grados Mon, 26 Sep 2022 13:16:45 +0100 https://elfaro.net/es/202209/360grados/26401/Editorial-de-El-Faro-Bukele-anuncia-una-dictadura.htm Tribunales constitucionales: la llave de la autocracia latinoamericana http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000038038.jpeg https://elfaro.net/es/202209/columnas/26400/Tribunales-constitucionales-la-llave-de-la-autocracia-latinoamericana.htm El anuncio de Bukele de buscar la reelección ratifica una tendencia creciente en América Latina: el uso de los tribunales constitucionales para desmantelar gradualmente las instituciones de la democracia. En estos días El Salvador ha regresado al foco de la atención a partir del anuncio del presidente Bukele de buscar la reelección en el año 2024, amparándose para ello en una decisión de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. El anuncio del presidente salvadoreño ha impactado en una región preocupada por diversos procesos de regresión autoritaria. Pero, en verdad, nadie ha sido sorprendido por la noticia. De hecho, el caso en cuestión ratifica una tendencia creciente en América Latina: el uso de los tribunales constitucionales para desmantelar gradualmente las instituciones de la democracia.

Que los presidentes quieran quedarse en el cargo tanto como sea posible no es ninguna sorpresa. Una investigación reciente sobre la evasión de los límites de los períodos presidenciales muestra que desde 2000 a 2020 aproximadamente el 30 % de los presidentes hicieron intentos deliberados por quedarse más allá del tiempo legalmente permitido al momento de asumir.

En el año 2010 el Tribunal Constitucional colombiano frenó el intento de Alvaro Uribe de competir por una segunda reelección presidencial. El caso cobró trascendencia internacional: los jueces latinoamericanos aparecieron entonces como los guardianes del orden constitucional frente a líderes personalistas dispuestos a romperlo para perpetuarse en el poder. Doce años más tarde sabemos que el caso colombiano no fue la regla, sino la excepción.

Hasta hace algo más de una década, la estrategia habitual seguida por los presidentes latinoamericanos con este fin consistía en promover una reforma constitucional. Claro que una asamblea constituyente supone un proceso extendido en el tiempo, y también requiere alcanzar mayorías para lo cual es preciso negociar y hacer concesiones. Por ejemplo, el presidente Peronista Carlos Menem consiguió incluir la reelección en la reforma constitucional argentina de 1994, otorgando una serie de demandas al principal partido de oposición. Pero incluso presidentes con holgadas mayorías, como Evo Morales o Rafael Correa debieron recurrir a negociaciones, con otros partidos o con sus propios grupos de apoyo, para imponer nuevas constituciones en Bolivia y Ecuador durante la primera década de este siglo.

En los últimos diez años, los presidentes deseosos de remover los límites constitucionales a su propia reelección encontraron un mecanismo más expeditivo, que no requiere elecciones ni tampoco atender a los intereses de otros grupos políticos. La receta supone dos pasos consecutivos: 1. El ejecutivo utiliza los recursos políticos a su alcance para cooptar al tribunal superior encargado de interpretar el texto constitucional; 2. Este tribunal aplica toda su creatividad y abandona cualquier pretensión de independencia y profesionalismo para dictaminar que el presidente está habilitado para volver a competir, aun cuando exista al respecto una prohibición constitucional taxativa.

En este sentido, la secuencia seguida en El Salvador durante el último año, que involucró a la Asamblea Legislativa, a la Corte Suprema y que derivó en el reciente anuncio del presidente Nayib Bukele de buscar la reelección en 2024, no hacen más que seguir los diferentes actos de un libreto conocido. Es el mismo sendero trazado por los casos de Daniel Ortega en Nicaragua, Juan O. Hernández en Honduras y Evo Morales en Bolivia.

Hay, por supuesto, algunos elementos distintivos. Uno es la celeridad con la cual Bukele ha procedido a cumplir cada uno de los pasos para deshacerse del obstáculo constitucional, recurriendo directamente a la estrategia del fallo judicial. Pero merece destacarse también en el contexto latinoamericano el tipo de argumento ofrecido por los jueces de la Sala Constitucional salvadoreña, que se suma a las interpretaciones audaces que otras cortes latinoamericanas han hecho y que conllevaron un cambio de régimen.

Tanto el Tribunal Supremo boliviano como la Corte Suprema en Nicaragua y Honduras habían fundamentado su decisión de avalar la reelección presidencial argumentando que la prohibición de esta vulneraba derechos políticos fundamentales del presidente en ejercicio, así como los de sus potenciales votantes, que se verían privados del derecho de votar a su candidato favorito. Si bien admitían que las constituciones de Nicaragua, Honduras y Bolivia prohibían la reelección, argumentaron que esa disposición era en verdad inconstitucional por vulnerar derechos humanos protegidos por la Convención Americana y otros tratados internacionales. Estos fallos abrieron la puerta para la reelección indefinida en cada uno de estos países, más allá de que los sistemas políticos de cada uno haya seguido luego derroteros diferentes.

En junio de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una Opinión Consultiva (28-21) resolviendo que la reelección no puede considerarse de ninguna manera un derecho humano. Es más, esta misma resolución establece que la reelección presidencial indefinida es incompatible con el pluralismo político, principio esencial de la democracia representativa y, por lo tanto, contraria al sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Esta definición de la Corte Interamericana contradice explícitamente las decisiones de los altos tribunales de Nicaragua, Honduras y Bolivia. En consecuencia, obliga a los tribunales latinoamericanos a aguzar su ingenio y pergeñar argumentos más creativos para habilitar reelecciones presidenciales allí donde estas están constitucionalmente vedadas.

En este punto corresponde reconocer que la Corte salvadoreña estuvo a la altura. El fallo de la Sala de lo Constitucional de septiembre de 2021 se las ingenia para hacerle decir a la Constitución que, en realidad, el presidente únicamente no puede ser candidato a la Presidencia si ya fue presidente en el período inmediatamente anterior. Y, además, que debe pedir licencia seis meses antes de que comience el siguiente período presidencial. De este modo, donde se lee que la reelección está prohibida, la Corte dice que no lo está si el presidente se encuentra cursando su primer mandato, tal es el caso de Nayib Bukele.

La experiencia latinoamericana reciente nos ofrece una advertencia que merece considerarse. Como muestra el politólogo Javier Corrales, casi sin excepción, los presidentes que lograron remover los límites constitucionales a la reelección para presentarse una vez, antes de finalizar ese nuevo mandato intentaron forzar nuevamente el límite para continuar en la presidencia. Llámese Fujimori, Ortega, Uribe, Morales o Chávez, la promesa de necesitar un único mandato extra para concluir la tarea iniciada pronto se revela una excusa que pretende encubrir la ambición de perpetuarse en el poder.

La ciudadanía latinoamericana debe estar especialmente alerta a este tipo de maniobras. Lamentablemente, sabemos bien cuán frágil la democracia constitucional resulta frente a líderes decididos a desbaratarla y concentrar el poder, con el respaldo de una mayoría electoral circunstancial. El control de los árbitros, en particular de los tribunales electorales y cortes constitucionales, es el paso recurrente en el nuevo patrón de autocratización. Pero aunque el libreto ya ha sido escrito, no es necesario que la obra se complete. Esto dependerá de los propios ciudadanos salvadoreños. Si no consideran necesario frenar la concentración del poder, nadie lo hará por ellos.


 

*Gerardo Scherlis es profesor titular en la Facultad de Derecho de la  Universidad de Buenos Aires, Argentina; e investigador del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina. Puedes seguirlo en Twitter como @gscherlis y en @ReformasLATAM.

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Columnas Mon, 26 Sep 2022 12:16:30 +0100 https://elfaro.net/es/202209/columnas/26400/Tribunales-constitucionales-la-llave-de-la-autocracia-latinoamericana.htm
Pese a la censura, la historia de Las 17 seguirá volando alto - Por Celina Escher https://elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg https://elfaro.net/es/202209/360grados/26399/Pese-a-la-censura-la-historia-de-Las-17-seguirá-volando-alto---Por-Celina-Escher.htm 360 grados Fri, 23 Sep 2022 16:30:19 +0100 https://elfaro.net/es/202209/360grados/26399/Pese-a-la-censura-la-historia-de-Las-17-seguirá-volando-alto---Por-Celina-Escher.htm Bukele y su boleto al panteón de los caudillos latinoamericanos - Por Ignacio Arana https://elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg https://elfaro.net/es/202209/360grados/26398/Bukele-y-su-boleto-al-panteón-de-los-caudillos-latinoamericanos---Por-Ignacio-Arana.htm 360 grados Fri, 23 Sep 2022 16:29:06 +0100 https://elfaro.net/es/202209/360grados/26398/Bukele-y-su-boleto-al-panteón-de-los-caudillos-latinoamericanos---Por-Ignacio-Arana.htm Bukele anuncia una dictadura http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000037406.JPG https://elfaro.net/es/202209/columnas/26396/Bukele-anuncia-una-dictadura.htm Lo único que separa hoy a Bukele de convertirse en dictador es la inconstitucional reelección que ya ha anunciado. Ahora es un presidente constitucional, aunque su ejercicio del cargo ya no lo sea. Read in English

La falta de sorpresa no le resta gravedad al anuncio que Nayib Bukele ha hecho de buscar la reelección. No solo por tratarse de una violación a la Constitución y las leyes de El Salvador, sino porque el régimen ha eliminado ya todos los contrapesos que servían para que esa Constitución y esas leyes se cumplieran. 

“Que el pueblo decida”, dicen los portavoces del engaño, encabezados por el vicepresidente Félix Ulloa –que se pasó media vida defendiendo la prohibición constitucional a la reelección hasta que el oportunismo le transformó la interpretación jurídica–. Pero la Constitución y el estado de derecho no son asuntos de populismos ni de propaganda engrasada con el dinero de los contribuyentes. Sin respeto a la Constitución, sin rendición de cuentas, sin pluralidad, sin división de poderes e independencia judicial, y con represión, tampoco hay elecciones libres ni democracia.  

Bukele y su grupo urdieron un plan completo, desde el principio, para terminar con nuestra democracia. Su plan dictatorial, como lo son todos, pasaba por arrebatar todas las instituciones del Estado y concentrar poder; cerrar la puerta a todo disenso, a toda auditoría a su ejercicio público y a toda posibilidad de alternancia. 

Su truco para mantener la popularidad mientras llegaban a este punto fue la propaganda, que les funcionó mejor de lo que casi nadie vaticinó. Pero cada paso de este desmantelamiento lo hizo en público, con la complacencia y complicidad de empresarios corruptos, de jueces corruptos, de funcionarios corruptos, de policías corruptos, de soldados corruptos y de ciudadanos cómodos en el silencio. 

El primer gran eslabón fue aquel 9 de febrero de 2020, poco antes de la pandemia, cuando un delirante Nayib Bukele se tomó la Asamblea con el Ejército, amenazando con disolverla si no le aprobaban un préstamo para comprar equipos de seguridad. Nuestro editorial de esa semana ya advertía el camino oscuro en que Bukele metía al país. Titulado Maneras de Dictador, colocaba aquel momento como la hora más baja de nuestra democracia en tres décadas. Solo la comunidad internacional frenó aquella intentona golpista. Apenas comenzaba la conspiración de Bukele.  

La pandemia le permitió otro ensayo: el de desobedecer resoluciones de la Corte Suprema de Justicia y limitar las libertades de los ciudadanos sin cumplir con los procedimientos de ley; allí comprobó que podía violar todas las leyes que quisiera sin ninguna consecuencia. 

Su control sobre la población fue compensado con la entrega de víveres y dinero a familias de escasos recursos, lo que aumentó su popularidad. Esos paquetes de alimentos fueron también parte del esquema de saqueo del Estado, con compras de alimentos a sobreprecio a los amigos del presidente y la venta de esos paquetes en el mercado negro por parte del director de Centros Penales y su familia. 

Los periodistas de este y otros medios también advertimos del saqueo sistemático de nuestros fondos públicos y la rampante corrupción. El ministro de Salud, Francisco Alabí, compró insumos a sus propios familiares y el ministro de Agricultura, Pablo Anliker, malversó millonarios fondos públicos. El escándalo fue tal que hasta la CICIES, discreta aliada de Bukele, se vio obligada a abrir doce expedientes por corrupción que trasladó a la fiscalía. Amenazado por esas instituciones del Estado que aún no controlaba, Bukele envió a la Policía a impedir el ingreso de auditores a los ministerios cuestionados y expulsó a la efímera Comisión de la OEA. Si la pandemia le había permitido poner a prueba la lealtad de policías y Fuerza Armada, estos hechos terminaron de confirmárselo. 

Un año después, el presidente quitó los fondos del presupuesto dispuestos por ley a las alcaldías, de tal manera que se hizo también del control de qué municipio tendría recursos y cuál no. Los paquetes de alimentos comenzaron a ser distribuidos por candidatos activistas de su partido, Nuevas Ideas. 

Su triunfo mayoritario en las legislativas le permitió dar el golpe al poder judicial: la flamante bancada de Nuevas Ideas entró por primera vez a la Asamblea el 1 de mayo de 2021 y en su primera sesión legislativa arrasó con lo que quedaba de institucionalidad. Sus primeros actos fueron decretos redactados en Casa Presidencial y votados por una mayoría bukelista que ni los conocía ni necesitaba conocerlos: destituyeron al fiscal y allí mismo impusieron uno leal a Bukele; destituyeron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y allí mismo impusieron a sus propios magistrados, sin cumplir con los procedimientos establecidos en la ley. A pesar de la ilegalidad del acto, los magistrados impuestos se instalaron en las oficinas de la Corte acompañados por agentes de la PNC. Patrullas policiales amanecieron al siguiente día rodeando la casa del destituido presidente de la Corte Suprema, que bajo amenaza envió entonces su renuncia al cargo del que había sido depuesto mediante el golpe legislativo. La matonería bukelista se impuso a la ley.

El Faro publicó un editorial titulado Así muere la República, en el que reconocimos que este era un punto más bajo aún en nuestra vida democrática que aquel amago de golpe al Congreso. Decíamos ya entonces: “Al estilo de los grupos de crimen organizado, al régimen instalado por Bukele ya no lo sujetan ni siquiera las limitaciones de la ley al ejercicio del poder público: aquí, ahora mismo, él está por encima del marco jurídico. Él es la ley y su Policía la impone. Por la fuerza. Que su fracción legislativa haya empezado ya a legislar a su medida es un formalismo, la fachada de un nuevo régimen. Aún sin esas nuevas normas, el Estado de Derecho hoy no existe en El Salvador”.

A nadie le sorprendió que la nueva Sala de lo Constitucional, pocos meses después, emitiera su primera resolución avalando la reelección, lo cual fue confirmado después por el Tribunal Supremo Electoral. 

El ilusionismo seguía funcionando: la nueva Asamblea instaló comisiones de cacerías de brujas contra todo crítico y opositor, transmitidas por televisión, con el único objetivo de humillar a los interpelados y reiterar la propaganda de que Bukele había llegado para castigar a quienes antes que él dañaron al pueblo. Los diputados llegaron al absurdo de citar al rector de la UCA para “investigar” si la universidad jesuita no era una organización de fachada.

Mientras el circo movía las pistas, Bukele y su grupo cerraron el control de todo el aparato estatal y el acceso a la información pública. La destitución del fiscal permitió desmantelar la unidad especializada que investigaba los casos de corrupción de su gobierno. El espionaje, seguimiento y acoso a sus críticos arreció en este periodo, con la ayuda leal de la PNC y el Ejército, y con poderosas herramientas informáticas como Pegasus.

Vino entonces el esquema fraudulento del Bitcoin, en el que con fondos públicos se crearon empresas privadas como Chivo y el presidente Bukele en sus noches de insomnio aseguraba haber comprado millones de dólares en Bitcoin sin que quedara registro ni de qué partida salían esos fondos ni por qué un ciudadano –Nayib Bukele– disponía de ellos en su teléfono personal; ni adónde se iban o negociaban los bitcoins comprados. 

De paso, la Asamblea terminó con el último rincón de independencia judicial, al reformar, otra vez de forma ilegal, la ley de la Carrera Judicial y destituir de un plumazo a la tercera parte de los jueces del país, reservándose la potestad de cambiar de tribunal a su antojo a los restantes. El Faro entonces decretó en coma a nuestra democracia. Dijimos en aquel editorial, hace un año: “Asistimos a pasos agigantados al fin de la República y su sustitución por un clan familiar antidemocrático que utiliza el Estado en su beneficio. Pero para que consigan sus objetivos son necesarios funcionarios y burócratas indignos, oportunistas o corruptos que operen a su favor, y una ciudadanía cegada por la propaganda”.

No se recuperó la República de aquel momento. Ahora está herida de muerte. Somos un país gobernado por un tirano que no encuentra límites ni siquiera en la Constitución. 

Lo único que separa hoy a Bukele de convertirse en dictador es la inconstitucional reelección que ya ha anunciado. Ahora es un presidente constitucional, aunque su ejercicio del cargo ya no lo sea. Pero en 2024, si repite mandato, será un dictador en toda regla. 

El momento en que ha elegido anunciar su candidatura a la reelección y convocar los aplausos de sus seguidores por violar la Constitución ya habla mucho de la naturaleza de su ejercicio: estamos en el séptimo mes de un régimen de excepción que ha llevado a la cárcel, sin garantías judiciales, a sesenta mil personas, miles de ellas sin vínculo alguno con el crimen organizado; en medio de la peor crisis financiera del país desde el fin de la guerra, debido a la incapacidad de su gabinete, su necesidad populista de gastar para mantener la popularidad, el fracaso de su apuesta por el Bitcoin y el saqueo de fondos públicos perpetrado por Bukele y sus cómplices; y la comunidad internacional repudia su corrupción y su irrespeto a la democracia, las leyes y los derechos humanos.  

El engaño es descarado: redujo primero las tasas de homicidios mediante un pacto criminal con las pandillas; sus funcionarios liberaron a líderes criminales encarcelados. Cuando el pacto se le vino abajo aprobaron el régimen de excepción y las detenciones arbitrarias.  

Entre los más de sesenta mil salvadoreños encarcelados en estos siete meses de régimen de excepción, no hay un solo funcionario de la administración Bukele acusado de corrupción, a pesar de que son públicas abundantes pruebas de que muchos de ellos están directamente involucrados. Y tanto: según las pesquisas del grupo especial de la fiscalía que investigaba la estructura de saqueo del Estado, esta la encabezan los hermanos del presidente.

El rescate de la democracia no pasa ya solo por la vía institucional y los ciudadanos no podemos seguir pretendiendo que la situación del país es normal. Solo la oposición ciudadana, organizada y decidida, y el apoyo de la comunidad internacional en su conjunto, que debe obligar al país a cumplir con sus obligaciones constitucionales e internacionales, podrán frenar pacíficamente la instalación de una dictadura en El Salvador en pleno siglo XXI. Se acaba el tiempo para hacerlo.

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Columnas Fri, 23 Sep 2022 15:39:21 +0100 https://elfaro.net/es/202209/columnas/26396/Bukele-anuncia-una-dictadura.htm
Magistrados de la Corte acuerdan aumentarse el salario y preparan nueva depuración de jueces http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_0_3000_2000/images%7Ccms-image-000038030.JPG https://elfaro.net/es/202209/el_salvador/26392/Magistrados-de-la-Corte-acuerdan-aumentarse-el-salario-y-preparan-nueva-depuración-de-jueces.htm La Corte Suprema de Justicia maniobra a tres bandas mientras prepara su presupuesto 2023: busca separar a más jueces y magistrados de sus funciones y también nombrar a otros que ayuden a procesar los casos del Régimen de Excepción. Además, premiar con aumento salarial a los que ya están conociendo dichos casos. Todo esto ocurre en vísperas de las negociaciones del presupuesto general de la nación cuya aprobación final le toca a la Asamblea Legislativa. En el proyecto del presupuesto de la Corte, los magistrados se han recetado un aumento de 2,500 dólares mensuales a partir de 2023. El presidente de la Corte justifica diciendo que desde 2006 los magistrados no han cambiado de vehículos institucionales. En las vísperas del inicio de las negociaciones legislativas por el presupuesto general de la nación, que tiene como fecha límite para aprobarse diciembre, el Órgano Judicial está preparando su propio presupuesto y lo está adaptando para cumplir dos funciones: premiar a quienes dirigen la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al personal a cargo de los juzgados que están decidiendo el futuro de las personas detenidas en los casi seis meses del Régimen de Excepción. Y, en sentido contrario a esos premios, proyecta una nueva depuración de jueces y magistrados que podrían haber incomodado al Gobierno de Bukele, en consecuencia con lo que ocurrió hace un año cuando los diputados aprobaron una reforma a la Ley de la Carrera Judicial que obligó a la separación de jueces y magistrados de Cámara de más de 60 años o con 30 de servicio.

La Corte ya aprobó un aumento de salario de 2,500 dólares a partir de enero de 2023 para los 15 magistrados de Corte Plena, y un bono mensual de 500 dólares para los jueces nombrados para conocer exclusivamente los casos del Régimen de Excepción. Por ahora, estos premios son solo un acuerdo, según confirmó a El Faro este 23 de septiembre Óscar López Jerez, presidente de la Corte. La Asamblea Legislativa debe aprobar el presupuesto general de la nación a más tardar el 31 de diciembre y es quien debe ratificar el proyecto presupuestario de la Corte.

El Faro tuvo acceso a dos documentos para la construcción de este artículo, pero además conversó vía telefónica durante unos minutos con López Jeréz, quien lo confirmó. Uno de los documentos es el borrador del decreto de la “Ley de compensación económica por retiro voluntario de los funcionarios comprendidos en la Carrera Judicial” que plantea una vía para la salida de más jueces y magistrados de la misma manera en que se hizo el año pasado. El presidente de la Corte asegura que solo conocieron la propuesta pero que falta su aprobación final porque sigue en discusión. Otro alto funcionario de la Corte explicó a El Faro que aun se está evaluando el impacto económico que la depuración tendrá. Sobre ese recorte de jueces a partir de 2021, el presidente de la Corte dijo a este medio: "yo mismo en mi despacho le di a cada juez entre 80 y 90 mil dólares para que se retiraran dignamente".

Dos especialistas consultados por El Faro indicaron que este nuevo decreto de retiro voluntario en realidad es una depuración forzosa que continúa la purga que inició el año pasado y representa un golpe más a la poca independencia judicial que quedaba. El presidente de la Corte dijo a El Faro que si bien el nuevo decreto es casi una copia del de 2021, falta afinar detalles. El Faro le hizo ver que la propuesta habla de un retiro voluntario para quienes tengan 25 años de carrera, pero también consigna explícitamente que se busca darle continuidad a la depuración del año pasado que cesó de sus cargos automáticamente y de manera arbitraria a los jueces de 60 o más años, o con 30 de carrera, bajo el argumento de depurar a los corruptos. López Jerez dijo que no podía opinar porque existen demandas de inconstitucionalidad planteadas contra el decreto del año pasado: "No puedo comentar porque estaría adelantando criterio debido a las demandas que estamos estudiando".

El borrador del nuevo decreto, en pocas palabras, se puede resumir así: propone que quien tenga 60 años o 30 de servicio tiene tres opciones: presentar su renuncia, solicitar a la Corte quedarse como suplentes o ser incluido en el llamado régimen de disponibilidad, que fue creado con la depuración del año pasado. Y aquí está lo medular: con el nuevo decreto, si la Corte rechaza que el funcionario elija dos de las opciones (quedar en disponibilidad o como suplente), el juez tendrá un mes para presentar su renuncia definitiva. Es decir, si un funcionario quiere continuar tras cumplir 60 años o 30 de servicio, pero la Corte no quiere, el juez deberá renunciar.

Es, pues, una medida que otorga ciertos privilegios a quienes quieran retirarse voluntariamente, permite que algunos se retiren con solo diez años de servicio, pero que reafirma que la Corte seguirá recortando a aquellos que lleguen al límite de edad o de tiempo laboral estipulado en la primera purga, y que deja explícita la capacidad de la Corte de rechazar a un juez que pretenda quedarse como suplente o bajo régimen de disponibilidad. 

El régimen de disponibilidad aprobado en 2021 implica que la estabilidad de un juez o magistrado de Cámara quedaba en manos de los magistrados de la Corte. Si estos querían trasladar a alguien bajo ese esquema, podían hacerlo sin más. Lo mismo si querían separarlo del todo. Con la nueva propuesta, un juez está fuera nomás cumplir 60 años o 30 de servicio, a menos de que proponga a la Corte quedarse bajo las opciones antes mencionadas y la Corte lo acepte. 

Desde el año pasado, la Corte ha hecho gala de criterios arbitrarios para depurar a los jueces que en teoría debían ser separados: no todos los que tenían más de 60 años fueron obligados a irse: José Manuel Chávez López, que en noviembre cumplirá 72 años, fue ascendido a magistrado de la Cámara Tercera de lo Penal de la Primera Sección del Centro después de ser juez de lo laboral. Diario El Salvador, propiedad del Gobierno, publicó en febrero de 2021 reportajes sobre su mérito de entrar a trabajar a las 6 de la mañana. Al contrario, jueces como el encargado del caso El Mozote o el exmagistrado de la Sala Sidney Blanco fueron cesados. 

El segundo documento en poder de El Faro es un borrador del “Proyecto de presupuesto 2023” elaborado por la Gerencia General de Administración y Finanzas de la Corte. Al igual que la propuesta para el retiro voluntario, este documento fue discutido por los magistrados en pleno a principios de septiembre, pero sufrió cambios posteriores. López Jerez confirmó que el monto total del presupuesto ya está definido y confirmó el acuerdo de aumento salarial de 2,500 dólares mensuales para los 15 magistrados. Según él, el aumento se justifica porque optaron por renunciar a más beneficios y prestaciones. "Le aclaro, renunciamos y nos abstuvimos de plantear cambio de vehículos nuevos porque desde 2006 los magistrados de Corte no tenemos vehículos nuevos y para mí así debe ser. Los que tienen que tener pick up nuevo son los jueces, sobre todo los de la periferia", dijo López. 

Estas dos propuestas (la depuración y el presupuesto) se están discutiendo junto a una tercera moción que viene en camino y que propiciará nuevos espacios para el nombramiento de más jueces antipandillas sin que, al parecer, se infle el gasto en nuevas contrataciones. El lunes 19 de septiembre, Gustavo Villatoro, Ministro de Justicia y Seguridad, dijo en la entrevista televisiva de Frente a Frente que la Corte “presentará estos días” otra ley para crear tribunales y cámaras contra el crimen organizado para combatir a las pandillas.

La creación de estos tribunales va en consonancia con unas reformas a la Ley del Crimen Organizado que se están discutiendo en la Asamblea y que fueron presentadas por Villatoro el miércoles 13 de septiembre. Todo parece sincronizado para seguir adaptando el sistema judicial a la nueva apuesta política del bukelismo: el Régimen de Excepción, para lograr enjuiciar a las más de 52,700 personas detenidas desde marzo.

Aumento salarial de 2,500 dólares

El 1 y 2 de septiembre, la Corte Plena agendó una sesión para estudiar el proyecto de presupuesto para 2023, que se construiría a partir de las solicitudes de todas las unidades operativas de la institución. El 2 de septiembre, los magistrados incluyeron el acuerdo de aumento salarial de 2,500 dólares mensuales para cada uno y fue aprobado con 14 votos a favor, según dijo el magistrado López Jerez. La única persona que se abstuvo de votar fue la magistrada Paula Patricia Velásquez. "Votaron magistrados que están desde 2015 y, aunque no hayan votado todos, me imagino que igual cobrarán el cheque", dijo López.

Este es el segundo aumento aprobado por la Corte desde que, a mediados de 2021, el bukelismo impuso a 10 de los 15 magistrados. El año pasado, los magistrados aumentaron 200 dólares a sus remuneraciones. Con la nueva propuesta, a partir de enero de 2023, el presidente de la Corte, Óscar López Jerez, tendría ingresos de 9,535 dólares. Respecto del salario actual, sería un aumento del 33 %. Los otros 14 magistrados, según el acuerdo tomado, ya no devengarán 5,740.75 dólares, sino 8,240.75. El presidente de la Corte dijo que no todo el incremento va al salario, sino que una cantidad es para más gastos de representación. "Creo que 1,500 de los 2,500 dólares son por gastos de representación", dijo López Jerez. Actualmente, los gastos de representación para el presidente de la Corte son de 1,414 dólares y 1,022 dólares para los 14 magistrados.

El borrador del presupuesto al que tuvo acceso El Faro y el magistrado López Jerez confirman que habrá un bono mensual de 500 dólares para jueces especializados y el de 250 dólares para otros empleados. El documento en poder de este periódico no mostraba el detalle del aumento al salario de los magistrados, pero un alto funcionario de la Corte Suprema que conoció el documento explicó que este era una versión preliminar con muchas similitudes al documento final que se enviará a los diputados. “Lo que varía en el documento final son las cantidades totales de dinero de los rubros, las plazas y el famoso aumento”, dijo la fuente. El aumento fue confirmado por el presidente de la Corte. 

Los jueces y magistrados que recibirán 500 dólares fueron nombrados por la Corte cuando el Régimen tenía poco de haber iniciado y apenas unas 1,400 personas habían sido detenidas bajo sospechas de ser pandilleros o de delinquir con las pandillas. En ese momento, la Corte aprobó reforzar a los juzgados especializados de instrucción en San Salvador, Santa Ana y San Miguel. El borrador del “Proyecto de presupuesto 2023” al que tuvo acceso El Faro detalla que son 33 jueces y magistrados de Cámara a los que se les dará el bono mensual de 500 dólares, y que eso implica una erogación total de 216,100.78 dólares. El bono de 250 dólares mensuales, dice el mismo documento, se destinará a 368 personas que están en las planillas de los juzgados especializados de lo penal, y ello implica una erogación final de 1.1 millón de dólares.

Según el funcionario de la Corte que habló con El Faro, el aumento salarial de magistrados y el pago del bono mensual para jueces y empleados judiciales, provocará la eliminación de plazas de auxiliares en algunos tribunales, como los destinados a atender casos de violencia contra la mujer.

López Jerez argumentó que ese apoyo salarial es algo que se debía desde que se "crearon los jueces especializados contra el crimen organizado en los tiempos de Arena y FMLN". Según el magistrado, en aquel momento se dijo que "estos jueces debían ganar más que un juez común, no recuerdo si se dijo 500 dólares". "Todo el trabajo que se viene para esta gente es fuerte, todo lo que son la consignación de la instrucción más las vistas públicas", agregó.   

El 7 de septiembre de 2021, alrededor de 100 jueces salieron a protestar a las calles contra la reforma de la Ley de la Carrera Judicial, que cesó a los jueces mayores de 60 años, y también a los que cumplieron con más de 30 años de servicio, bajo el argumento del oficialismo, sin argumentar cómo, dijo estar haciendo una limpia de jueces corruptos. Ese mismo día, organizaciones y sociedad civil también se manifestaron por la entrada en vigencia de la Ley Bitcoin. Foto de El Faro: Víctor Peña.
 
El 7 de septiembre de 2021, alrededor de 100 jueces salieron a protestar a las calles contra la reforma de la Ley de la Carrera Judicial, que cesó a los jueces mayores de 60 años, y también a los que cumplieron con más de 30 años de servicio, bajo el argumento del oficialismo, sin argumentar cómo, dijo estar haciendo una limpia de jueces corruptos. Ese mismo día, organizaciones y sociedad civil también se manifestaron por la entrada en vigencia de la Ley Bitcoin. Foto de El Faro: Víctor Peña.

La mayor parte del presupuesto, nuevamente, irá destinado a las remuneraciones de todos los que trabajan en el Órgano Judicial. Según el borrador del presupuesto al que tuvo acceso El Faro, el 67 % del presupuesto proyectado para 2023 se usará para remuneraciones. Asumiendo —como lo dice el documento— que el monto total del presupuesto en 2023 será de 461.74 millones, los salarios equivaldrían a unos 308 millones de dólares aproximadamente.

Todo indica que la discusión en la Corte sobre las indemnizaciones por retiro voluntario (del que habla el segundo documento obtenido por El Faro) está deteniendo por el momento la culminación del proyecto de presupuesto final.

La Corte Suprema, desde mayo de 2021, ha estado en manos de magistrados impuestos de manera irregular por el bukelismo. Desde entonces, la Corte y la Asamblea han trabajado de la mano para echar a andar planes que luego ha salido a defender el Ejecutivo. Por ejemplo, los diputados aprobaron en agosto del año pasado la jubilación forzosa del 30 % de los jueces del país a través de una reforma a la Carrera Judicial. Luego, el presidente Bukele dijo que esa depuración era necesaria porque había que separar a los jueces corruptos. Sin embargo, el único requisito para ser depurado era tener 60 años o 30 años de carrera.

A un año de esa decisión, una nueva propuesta va encaminada a generar otra tanda de jueces separados de su cargo.

Más jueces a la medida

La nueva depuración de jueces y magistrados de Cámara que está buscando la Corte se promoverá a través de un decreto de retiro voluntario.

El nuevo decreto, que aún está en fase de discusión en el Órgano Judicial, disminuye el umbral de 30 años de servicio a 25 como requisito para optar a la jubilación, pero también pretende regular la manera en la que, año con año, deben salir de la judicatura todos los jueces que cumplen 60 años, que fue una de las obligaciones a futuro que impuso la reforma a la Carrera Judicial aprobada en 2021. El año pasado, la reforma a la Ley de la Carrera Judicial hizo obligatorio que cuando un juez o magistrado —a excepción de los 15 de la Corte Plena— cumpla 60 años o 30 de servicio debe presentar su renuncia.

Según explicó el presidente López Jerez, en esa depuración del año pasado, unos 100 funcionarios de la judicatura fueron cesados y "unos 74 se acogieron al régimen de disponibilidad". Esto quiere decir que de 216 jueces que cumplían con los requisitos de tener más de 60 años o 30 de servicio, según estadísticas del Consejo Nacional de la Judicatura, hay aproximadamente 40 que siguen en funciones.  

López Jerez explicó a El Faro cómo operativizó el decreto de depuración el año pasado. "Lo que hice fue algo raroso, pero yo lo hice en pro de todo el conglomerado de jueces y magistrados de Cámara. Lo que hice, mientras resolvíamos las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra ese decreto del cese de jueces, fue darle operatividad, en cierta manera, al decreto. Al recibir los fondos del Ministerio de Hacienda, al juez que quisiera —yo no obligué a nadie, ni anduve ofreciendo nada como muchos han dicho— le daba la compensación económica. Yo mismo en mi despacho le di a cada juez entre 80 y 90 mil dólares para que se retiraran dignamente. También propuse en ese momento que quien quisiera pudiera quedarse en régimen de disponibilidad automáticamente", dijo. 

El nuevo decreto también promueve el retiro voluntario de jueces y magistrados que se encuentran inhabilitados por motivos de salud certificados por dictamen médico. Cuando un funcionario diga expresamente que desea acogerse al decreto o un médico certifique su enfermedad, la renuncia será efectiva seis meses después, dice la propuesta. Pero la intención de la Corte de habilitar más plazas es evidente, porque con el decreto también queda abierto el retiro voluntario de personas que tengan diez años de carrera.

El decreto indica que quienes podrán beneficiarse con el retiro voluntario son jueces de Primera Instancia, jueces de Paz, Magistrados de Cámara de Segunda Instancia. Se propone que quien se retire podrá ejercer un puesto en la judicatura como suplente, “siempre que lo apruebe la Corte Suprema”, y se señala que quien cumpla 60 años puede presentar su renuncia o bien quedar bajo el régimen de disponibilidad que fue aprobado en 2021. Este régimen implica que la estabilidad del funcionario queda en manos de la Corte Suprema. Un juez, en esos casos, puede ser trasladado o separado del todo por la voluntad de la Corte.

Se trata de una depuración forzosa disfrazada bajo un retiro voluntario. El documento dice expresamente que si la Corte Suprema no aprueba que un funcionario quede bajo régimen de disponibilidad, el funcionario tendrá un mes para renunciar. “No es tan voluntario el retiro”, dijo a El Faro Ruth López, directora anticorrupción de Cristosal. En otras palabras, el funcionario que cumpla 60 años puede quedar en manos de la Corte, pero si la Corte no lo acepta, tendrá un mes para presentar la renuncia.

El presidente López Jerez dijo que no podía responder por qué se estaba proponiendo esta clásula y pidió que la pregunta se hiciera al coordinador de la Mesa Judicial, que es la instancia donde surgió la propuesta de decreto. El coordinador es Ramón Iván García, actual magistrado de Cámara, quien tras la primera depuración de jueces del año pasado fue ascendido a la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro. Antes fue exasesor personal de Luis Martínez, Fiscal General (2012 a 2015) condenado por corrupción. La Mesa Judicial sesionó el 26 de agosto para aprobar el proyecto de decreto. Es la instancia donde los miembros de la judicatura de todo el país están representados y que tiene comunicación directa con la Corte Plena. El documento en poder de El Faro envió la propuesta a Corte Plena el 31 de agosto y esta lo discutió el 6 de septiembre.  

En su último comunicado, dirigido a la Corte Suprema de Justicia, Jorge Guzmán, el juez que da seguimiento al caso de la masacre de El Mozote y lugares aledaños, declaró que cesa sus funciones a partir del 26 de septiembre de 2021. En la imagen, la sala de audiencias del Juzgado Segundo de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán. Foto de El Faro: Víctor Peña.
 
En su último comunicado, dirigido a la Corte Suprema de Justicia, Jorge Guzmán, el juez que da seguimiento al caso de la masacre de El Mozote y lugares aledaños, declaró que cesa sus funciones a partir del 26 de septiembre de 2021. En la imagen, la sala de audiencias del Juzgado Segundo de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán. Foto de El Faro: Víctor Peña.

Una diferencia importante respecto a la depuración del año anterior es que la está promoviendo el mismo Órgano Judicial, mientras que en 2021 fue impulsada por el Ejecutivo de Bukele. La Constitución ordena que las iniciativas de ley “en materias relativas al Órgano Judicial, y a la jurisdicción y competencia de los tribunales” son de exclusiva responsabilidad de la Corte Suprema. Organizaciones como Cristosal y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) señalaron hace un año que esa depuración surgida a iniciativa del Ejecutivo y que fue aprobada por la Asamblea fue inconstitucional. “Ahora, al ser la Corte la que está preparando la depuración ellos están reconociendo que el decreto del año pasado fue inconstitucional”, dijo la abogada López.

La abogada de Cristosal dice que "es un decreto abusivo: una cosa es el retiro y otra es que queden bajo régimen de disponibilidad lo cual conlleva a una falta de estabilidad. Es un golpe más a la independencia judicial, si es que quedaba alguna”, agrega Ruth López. “Es la prolongación del proyecto político de captura del sistema judicial”, opinó Antonio Durán, juez de Sentencia, al ser consultado por este periódico. “Aunque en principio parezca favorecer a los miembros de la Carrera Judicial para asegurarles un retiro digno, en el fondo, se busca generar más plazas vacantes y colocar ahí a gente afín al régimen” agregó Durán”.

La propuesta de decreto dice que la indemnización estará exenta del pago de renta y será equivalente, como mínimo, a diez salarios y, como máximo, a 25 salarios de la persona que se jubile. El monto del salario a tomar en cuenta para hacer el cálculo, según la propuesta, será el que la persona haya devengado en los últimos seis meses.

Corte Plena discutió la propuesta de la Mesa el 6 de septiembre. Ese día, los magistrados decidieron pasar el documento para que la Comisión de Jueces la estudie junto con representantes de la Mesa y con el gerente financiero del Órgano Judicial. Esto y el estudio del impacto económico que tendrá la creación de jueces y cámaras para casos de crimen organizado son los aspectos que, al parecer, están deteniendo por ahora el proyecto de presupuesto para 2023. Mientras tanto, el Régimen de Excepción cumple este 27 de septiembre su séptimo mes y, según palabras de los diputados oficialistas y aliados, se prorrogará todas las veces que sea necesario.

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El Salvador Fri, 23 Sep 2022 14:18:33 +0100 https://elfaro.net/es/202209/el_salvador/26392/Magistrados-de-la-Corte-acuerdan-aumentarse-el-salario-y-preparan-nueva-depuración-de-jueces.htm
Pese a la censura, la historia de Las 17 seguirá volando alto http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_200_0_3200_2000/images%7Ccms-image-000038033.jpg https://elfaro.net/es/202209/columnas/26394/Pese-a-la-censura-la-historia-de-Las-17-seguirá-volando-alto.htm Desde hace siete meses no hay garantías constitucionales ni seguridad jurídica, no hay presunción de inocencia ni el derecho a un abogado, y eso garantizó el triunfo de la censura en esta ocasión. El estreno en cine de Nuestra Libertad (Fly So Far) en El Salvador estaba planeado para el pasado 18 de agosto de 2022, el documental que dirigí entre 2016 y 2021, que relata la historia de cuatro mujeres condenadas injustamente por emergencias obstétricas. El cine, sin embargo, decidió retirar nuestra película de cartelera ante las amenazas de parte de grupos antiderechos y el régimen de excepción, pese a que el Gobierno ya había autorizado, por medio de la Dirección de Espectáculos Públicos, su proyección. Desde hace siete meses no hay garantías constitucionales ni seguridad jurídica, no hay presunción de inocencia ni el derecho a un abogado, y eso garantizó la censura en esta ocasión. Pero la gran pregunta que permanece es, ¿por qué estos grupos le tienen tanto miedo a esta película? 

Nuestra Libertad es una producción salvadoreña galardonada internacionalmente. Desde su estreno en 2021, se ha proyectado en las pantallas de más de 50 festivales de cine alrededor del mundo, ha obtenido 18 premios y se ha mostrado en televisoras internacionales. Hacer lo mismo en El Salvador, aunque sería lo más lógico, ha resultado imposible. Al menos una docena de grupos conservadores que se oponen al derecho de las mujeres a decidir mandaron una carta de amenaza y difamatoria al cine, la cual no tenía ningún sustento legal. Amenazaron veladamente con denunciar a la cadena de cine de hacer apología del delito, ya que, según las organizaciones, el documental promueve el aborto.

La película, por el contrario, es una obra que invita a nuestra sociedad a reflexionar y dialogar sobre las consecuencias de la total penalización de la interrupción del embarazo a las mujeres salvadoreñas. Las protagonistas son las mujeres encarceladas injustamente, quienes, con la frente en alto, cuentan sus propias historias, alzando su voz para desafiar al sistema que las oprime y criminaliza.  Esto es lo que los grupos de poder conservadores no quieren mostrar. 

A inicios de 2015, yo no sabía de los casos de Las 17, el grupo de mujeres por las que se pedía indulto. Me enteré por medio de las noticias y fue entonces que me di cuenta de que en mi país, El Salvador, hay mujeres que son sentenciadas a 30, 40, 50 años de prisión por haber tenido un parto extrahospitalario, una emergencia obstétrica. Como mujer salvadoreña, cineasta, documentalista sentí una profunda indignación que me motivó a hacer esta película para que todo el mundo pueda escuchar, ver y sentir las injusticias hacia las mujeres empobrecidas en El Salvador. 

Durante la filmación pude entrar a Cárcel de mujeres, en donde vi las terribles condiciones de sobrepoblación, falta de agua y acceso a la salud. Ellas han vivido tantas injusticias. Desde ser acusadas injustamente por haber perdido su embarazo, algo que le puede suceder a cualquier mujer, ser arrestada de manos y pies a las camillas de los hospitales, perder a sus otros hijos, ser separadas de sus familias y, sobre todo, perder su libertad.

Al censurar nuestra película, no solo se nos limita el derecho a la libertad de expresión, sino que se niega a la población el acceso a la obra, la posibilidad de verla en el cine y elaborar su propia opinión sobre las consecuencias de la total penalización de la interrupción del embarazo en El Salvador y qué implicaciones ha tenido para las mujeres y niñas.

Las protagonistas de Nuestra Libertad no se indujeron un aborto, tuvieron emergencias obstétricas. Mientras los grupos conservadores enfocan sus energías en cancelar una película que expone estas situaciones, decenas de mujeres y niñas mueren cada año como consecuencia de la penalización total del aborto. Por ello, nuestra obra reivindica las historias de las mujeres salvadoreñas víctimas de un sistema conservador y de la negligencia en la atención en salud pública, mujeres de las zonas rurales, mujeres que trabajan la tierra, vendedoras del centro, pupuseras, estudiantes, madres solteras, que cada día luchan por sus familias y se sacrifican para que sus hijas e hijos puedan tener una vida digna, educación y salud. 

Mujeres a quienes, como Manuela, se les niega la atención médica y se les criminaliza, a pesar de vivir en condiciones de pobreza y exclusión creadas por el mismo sistema que las acusa.

Manuela murió esposada a una camilla del hospital a causa de cáncer linfático para el que el Estado le negó tratamiento. En 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humano dictaminó que el Estado salvadoreño es culpable de las violaciones de derechos humanos cometidas contra Manuela y recomendó que El Salvador cambie su legislación sobre la interrupción del embarazo y que se garantice el acceso a la salud para las mujeres. El Estado no ha hecho nada para cumplir con esa sentencia.

¿Queremos ser el país donde las leyes son las más extremas contra las mujeres? ¿Por qué tanto odio hacia las mujeres que viven en pobreza? ¿Por qué quieren mantener el control sobre sus cuerpos? 

Negar la exhibición de la película es intentar silenciar las voces de sus protagonistas, borrar su historia, sus testimonios; es limitar el derecho a la libre expresión. Por ellas, por su derecho a alzar su voz y a ser escuchadas, continuaremos difundiendo sus historias. No nos dejaremos silenciar.

Celina Escher (33 años) es cineasta suizo-salvadoreña. Estudió Dirección de Documental en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños (EICTV) en Cuba. Los documentales de Celina se centran en historias de mujeres y su contexto sociopolítico. Sus documentales se han proyectado en festivales internacionales como IDFA, Hot Docs, SIFF, y varios Festivales Internacionales de Cine. En marzo de 2019 fue seleccionada dentro de los 50 nuevos cineastas latinoamericanos en el Talent Campus del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Foto de El Faro: cortesía de Celina Escher. 
 
Celina Escher (33 años) es cineasta suizo-salvadoreña. Estudió Dirección de Documental en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños (EICTV) en Cuba. Los documentales de Celina se centran en historias de mujeres y su contexto sociopolítico. Sus documentales se han proyectado en festivales internacionales como IDFA, Hot Docs, SIFF, y varios Festivales Internacionales de Cine. En marzo de 2019 fue seleccionada dentro de los 50 nuevos cineastas latinoamericanos en el Talent Campus del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Foto de El Faro: cortesía de Celina Escher. 
 

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Columnas Fri, 23 Sep 2022 09:58:09 +0100 https://elfaro.net/es/202209/columnas/26394/Pese-a-la-censura-la-historia-de-Las-17-seguirá-volando-alto.htm
El presidente de la libertad http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000038028.jpeg https://elfaro.net/es/202209/el_farolero/26393/El-presidente-de-la-libertad.htm La mirada de Otto al discurso de Nayib Bukele en la 77º Asamblea General de la ONU.
 

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El Farolero Thu, 22 Sep 2022 15:08:04 +0100 https://elfaro.net/es/202209/el_farolero/26393/El-presidente-de-la-libertad.htm
Centroamérica: independencia a medias y en constante crisis - Por Cristina Eguizábal https://elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg https://elfaro.net/es/202209/360grados/26391/Centroamérica-independencia-a-medias-y-en-constante-crisis---Por-Cristina-Eguizábal.htm 360 grados Thu, 22 Sep 2022 11:51:12 +0100 https://elfaro.net/es/202209/360grados/26391/Centroamérica-independencia-a-medias-y-en-constante-crisis---Por-Cristina-Eguizábal.htm Bukele y su boleto al panteón de los caudillos latinoamericanos Ignacio Arana http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000036902.jpg https://elfaro.net/es/202209/columnas/26389/Bukele-y-su-boleto-al-panteón-de-los-caudillos-latinoamericanos.htm Bukele presume de novedad, pero es también parte de una larga tradición conocida como continuismo, en donde el presidente de turno busca reinterpretar la Constitución para retener el poder. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció recientemente lo quese esperaba de él hace más de un año: que irá a la reelección en 2024. Con este anuncio, el presidente más popular del continente americano se acerca al panteón de líderes latinoamericanos que eludieron las constituciones de sus países para gobernar por más tiempo y asienta las bases para sumarse a la extensa lista de caudillos que la región ha parido desde el siglo XIX.

En septiembre del año pasado, los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema que él designó pocos meses antes le retribuyeron el favor autorizándolo a ser reelecto, pese a queestá expresamente prohibido por los artículos 88, 152, 154, y 248 de la constitución. Los juristas argumentaron que la no reelección es “atar la voluntad popular” y “una excesiva restricción disfrazada de certeza jurídica.” En ese momentopubliqué una columna afirmando que todo era una movida de Bukele para retener el poder. Los magistrados fueron escogidos por Bukele luego de que el presidente usara su mayoría en la Asamblea Legislativa para destituir a los miembros la Sala Constitucional y al fiscal general en mayo de 2021. Dada la evidente subordinación política del Poder Judicial al presidente, lo esperable es que la Corte Suprema nunca ponga límites temporales a Bukele.

El presidente entiende muy bien de tiempos. En ese momento, Bukele tuvo la delicadeza de omitir su opinión sobre la reelección, lo que le permitió identificar críticos y sopesar los desafíos a su movida. Esperó un año para anunciar su intención de postularse para el período 2024-2029. Y lo hizo con una puesta en escena estudiada, mientras celebraba la independencia del país el 15 de septiembre recién pasado. “Después de 201 años, al fin vivimos una verdadera independencia. Por primera vez tenemos libertad de verdad. Ahora sí tenemos soberanía y lo hemos demostrado,” dijo desde la residencia oficial, en cadena de radio y televisión, en una ceremonia donde también estuvieron las cabezas de los otros poderes del Estado.  

De no haber una crisis mediante, Bukele sería reelecto hasta tocando el ukelele. Desde que asumió como presidente en junio de 2019, su popularidad nunca ha bajado de 75 % y suele estar sobre el 85 %: en julio una encuesta Gallup reveló una aprobación de 86%, el mismo porcentaje que un sondeo del diario La Prensa Gráfica le otorgó un mes antes.

Además de despejar límites temporales a su mandato, Bukele lidera un gobierno que solo en formas es democrático. Si bien se celebran elecciones, el presidente controla los tres poderes del Estado y ha politizado a los militares y la policía. La fachada democrática probablemente no se caiga mientras Bukele se mantenga popular.

Actualmente, el gobierno se encuentra en una lucha sanguinaria contra las pandillas. A fines de agosto el país prorrogó por sexto mes consecutivo el régimen de excepción, lo que ha permitido encarcelar a más de 50 000 personas sin orden de detención y bajo el criterio arbitrario de policías y militares. Se estima que más de 70 de estos detenidos ya murieron sin haber enfrentado a la justicia. 

Bukele presume de novedad: es joven, tuitero, y legalizó las criptomonedas como medio de pago. Pero es también parte de una larga tradición latinoamericana conocida como continuismo, en donde el presidente de turno busca cambiar, eludir, o reinterpretar la constitución para retener el poder. Según mis datos, recolectados tanto de biografías presidenciales como de constituciones, entre 1945 y 2021, 36 presidentes de todos los países latinoamericanos (excepto México) y bajo todos los regímenes políticos —democracias, semidemocracias, y dictaduras— intentaron extender su mandato en 48 ocasiones. Tuvieron éxito en 35 oportunidades.

Históricamente, al continuismo no le ha ido bien en El Salvador. El último que se reeligió fue el dictador Maximiliano Hernández Martínez, quien fue inducido a renunciar por un levantamiento militar y civil en 1944, mientras que a Salvador Castaneda lo sacaron con un golpe militar en 1948, cuando trató de extender su mandato.

Aun cuando muchos presidentes que extienden su mandato terminan mal, prófugos de la justicia, como el ecuatoriano Rafael Correa; en la cárcel, como el peruano Alberto Fujimori, o renunciando forzadamente, como el boliviano Evo Morales, los que logran gobernar varios años tienden a dejar una huella muy fuerte en sus países.

Muchos se transforman en caudillos. Este concepto se usó inicialmente para describir a los líderes autoritarios de gran poder político y militar que gobernaron o se opusieron a los gobiernos tras las independencias en la región. Pero los “hombres fuertes” nunca han dejado de existir en América Latina —es cosa de ver a los actuales dictadores Ortega en Nicaragua y Maduro en Venezuela—, siempre a costa de sabotear el progreso de sus países. 

Frecuentemente, estos caudillos lideran quiebres democráticos. Eso es lo que ocurrió en Argentina, Honduras, Perú y Venezuela, cuando pasaron de ser semidemocracias a dictaduras bajo Juan Domingo Perón, Tiburcio Carías Andino, Alberto Fujimori y Hugo Chávez, respectivamente. Esa es, precisamente, la dirección en la que está llevando su país el presidente Bukele. 

¿Cuál es el perfil de estos líderes? En un estudio que pronto publicaré en la revista Journal of Politics, muestro que los presidentes con una personalidad más dominante y con poca experiencia política son más propensos a tratar de retener el poder más allá de lo que dice la constitución. En un estudio precedente, examiné la potencial relación causal entre los cinco grandes factores de la personalidad —apertura a la experiencia, responsabilidad, extraversión, amabilidad, y neuroticismo— de los presidentes y sus intentos de continuismo. Encontré que los líderes que tienden a ser más abiertos a la experiencia, más neuróticos y menos responsables son más propensos a tratar de retener la jefatura de gobierno. Asimismo, los presidentes están más inclinados a tratar de extender sus mandatos cuando tienen fuertes poderes legislativos, lideran nuevos partidos, la reelección inmediata está prohibida y las altas cortes no son completamente independientes. Casi todas estas variables contextuales han estado presentes en el caso de Bukele, facilitándole el camino para atornillarse en el poder.


 

*Ignacio Arana es profesor asistente de Ciencia Política en la Universidad Carnegie Mellon. Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Pittsburgh. Especializado en presidencialismo y en el estudio comparado de las instituciones políticas de América Latina. 

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Columnas Tue, 20 Sep 2022 16:37:43 +0100 https://elfaro.net/es/202209/columnas/26389/Bukele-y-su-boleto-al-panteón-de-los-caudillos-latinoamericanos.htm
Retirada http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000038013.jpeg https://elfaro.net/es/202209/el_farolero/26388/Retirada.htm La mirada de Otto al anuncio del presidente Bukele de buscar la reelección.
 

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El Farolero Tue, 20 Sep 2022 15:11:59 +0100 https://elfaro.net/es/202209/el_farolero/26388/Retirada.htm
Sobre la "libertad" de la Patria: 103 preguntas y una promesa - Por Carlos Martínez https://elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg https://elfaro.net/es/202209/360grados/26387/Sobre-la-libertad-de-la-Patria-103-preguntas-y-una-promesa---Por-Carlos-Martínez.htm 360 grados Tue, 20 Sep 2022 10:09:28 +0100 https://elfaro.net/es/202209/360grados/26387/Sobre-la-libertad-de-la-Patria-103-preguntas-y-una-promesa---Por-Carlos-Martínez.htm “Está en construcción una alianza opositora para el 2024” http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_0_3000_2000/images%7Ccms-image-000038009.JPG https://elfaro.net/es/202209/ef_tv/26384/“Está-en-construcción-una-alianza-opositora-para-el-2024”.htm Durante más de una hora de entrevista, la diputada Claudia Ortiz, la más visible política de oposición, una de las más atacadas por el oficialismo y sus redes, contestó preguntas como por qué no debe considerarse que en la correlación actual ella es irrelevante en la Asamblea Legislativa, por qué el presidente Bukele es tan popular, qué es la oposición y cuáles son sus planes futuros, entre los que ya hay uno en marcha: formar una alianza opositora amplia con diferentes sectores políticos y de la sociedad civil para competir en las elecciones legislativas de 2024.

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EF TV Mon, 19 Sep 2022 18:55:19 +0100 https://elfaro.net/es/202209/ef_tv/26384/“Está-en-construcción-una-alianza-opositora-para-el-2024”.htm
Centroamérica: independencia a medias y en constante crisis http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000038012.jpeg https://elfaro.net/es/202209/columnas/26385/Centroamérica-independencia-a-medias-y-en-constante-crisis.htm El 15 de septiembre es la fiesta nacional más importante en Centroamérica. Pero, ¿qué han significado realmente para los cinco pequeños países más de 200 años de vida “independiente”? Los cinco países que integraron la Federación Centroamericana (1824-1839) celebraron este 15 de septiembre el 201 aniversario de la proclamación de su independencia de España en un momento en el que atraviesan una crisis multidimensional de gran envergadura, que ha incrementado el escepticismo de los centroamericanos con respecto a las bondades de la democracia como sistema de gobierno. Una crisis de seguridad que impacta la vida cotidiana de millones de personas, una crisis migratoria que le roba a muchos de sus habitantes emprendedores, una crisis ambiental producida por el cambio climático que impacta el istmo de manera brutal, y los embates de la crisis económica internacional producto de la pandemia y de la invasión rusa a Ucrania.

El 15 de septiembre es la fiesta nacional más importante en los cinco países y, en algunos, las celebraciones se extienden durante todo el mes considerado como “el mes de la patria”. Pero ¿qué han significado realmente para los pequeños países de Centroamérica más de 200 años de vida “independiente”? ¿Han sido esas naciones genuinamente soberanas, tal y como la teoría jurídica lo implica? La historia nos muestra muy claramente que no y los cínicos tienen cantidades de ejemplos para argumentar que nuestros países no han sido más que vasallos de la potencia hegemónica de turno: Gran Bretaña o Estados Unidos según el momento histórico. 

Más que un repaso histórico de la efeméride, quiero compartir con ustedes una breve reflexión sobre lo que, en mi criterio significa hoy ser un país independiente surgida de la invitación que los historiadores Víctor Acuña y Héctor Lindo me hicieran de participar en su podcast Centroamérica: su presente y sus pasados.

Permítanme argumentar que tanto la visión que nos transmite la historia oficial que celebra con bombos y platillos la independencia, como la posición pesimista de crítica a ultranza constituyen versiones simplistas de una realidad muy compleja, como es la de la sociedad internacional contemporánea conformada por estados nacionales, jurídicamente iguales, pero con muy diferentes capacidades.

Intentemos introducir algunos matices.

Para empezar, ningún país, por más poderoso que sea, es totalmente independiente a menos que se viva en autarquía. Esa es una realidad aceptada por la gran mayoría de los teóricos de las relaciones internacionales.  En lugar de referirse al término jurídico de “independencia” han introducido los conceptos sociológicos de interdependencia compleja más o menos simétrica según los actores en relación; ya que no todos los países son iguales: algunos son más poderosos que otros y esa es otra realidad incontrovertible. La soberanía de los pueblos por consiguiente no puede ser más que una aspiración, legítima, sin lugar a duda, y visto desde esta perspectiva, la independencia, sería más bien el proceso histórico en el que un Estado-nación va ensanchando sus márgenes de autonomía o de soberanía y eso va a ser producto de la política.

El proceso no es, desafortunadamente, únicamente voluntarista. Hay realidades que no se pueden cambiar. Por ejemplo: no es lo mismo ser una isla que un país continental, con o sin salida al mar; no son lo mismo cien mil kilómetros cuadrados de superficie que un millón; no es lo mismo tener litio en el subsuelo que no tenerlo; y no es lo mismo estar ubicado en la periferia de una gran potencia que no estarlo.

En el caso de los países centroamericanos, somos países pequeños, con superficies que van de 20 000 km2 (El Salvador) a 130 000 km2 (Nicaragua), con subsuelos relativamente pobres, y dato no menor, situados en el perímetro de seguridad de uno de los países más poderosos del sistema internacional durante los últimos 200 años. Estos condicionantes ponen límites estrictos a nuestras aspiraciones de soberanía. Ninguno de nosotros puede aspirar a tener los márgenes de autonomía a los que podrían aspirar por ejemplo Brasil o Argentina para quedarnos en el continente americano.

Ahora bien, la capacidad de maniobra en el escenario internacional no es una constante como sí lo es la geografía, los factores de poder dependen de la voluntad política de las élites de un país. Se construyen. Los más comunes, los llamados factores de poder duro son evidentes: el poderío militar, la riqueza económica, la demografía y las posibilidades de movilización de los recursos. Sin embargo, no son los únicos, existen factores de poder blando, como una imagen positiva de respeto a las libertades, un desarrollo sustentable, el respeto al medio ambiente o la proyección cultural, que son los que pequeños países como los nuestros pueden desarrollar. 

Singapur, los Países Bálticos y Costa Rica -sí, Costa Rica- constituyen ejemplos de países que han escogido construir factores de poder blando y utilizarlos de manera muy eficaz. Cada uno, en su respectiva región del mundo y desde diferentes niveles de desarrollo ha logrado una proyección internacional mucho mayor que la que le correspondería dados sus recursos de poder duro. Veamos. 

Singapur. Situada en el sudeste asiático, la República de Singapur es una ciudad-estado de 5,5 millones de habitantes que se extiende sobre menos de 1,000 km2. Tiene el segundo PIB por habitante más alto del mundo y ocupa el undécimo lugar en el índice de desarrollo humano de Naciones Unidas. Obtuvo su independencia en 1969 y desde entonces su economía ha crecido a un promedio anual del 6%. Ha logrado un perfil económico diversificado. Tal vez su punto más débil sea en lo que concierne los derechos humanos y las libertades individuales. Es una sociedad bastante regimentada, que mantiene la vigencia de la pena de muerte. Eso no ha obviado para que Singapur se haya convertido en ejemplo a seguir como modelo de desarrollo. Destina el 4,9 % del PIB a gastos de defensa y el servicio militar es obligatorio para los hombres mayores de 18 años. Tiene una de las Fuerzas Armadas mejor equipadas de la región. Gracias a su poderío económico y a su posición geográfica, mantiene una diplomacia muy activa. Tiene relaciones diplomáticas con más de 180 países. Ha sido facilitador de encuentros de alto nivel entre Estados Unidos y Corea del Norte y entre Taiwán y China continental en 2018 y 2015 respectivamente. 

Los Países Bálticos. Estonia, Letonia y Lituania lograron su independencia a raíz de la desintegración de la Unión Soviética, cubren una superficie de 175,000 Km2 y tienen entre los tres apenas 6 millones de habitantes. Dada su vulnerabilidad geopolítica producto de la colonización soviética, sus fronteras con Rusia y la presencia de fuertes minorías rusas entre sus poblaciones han desarrollado una estrategia “blanda” diferente: se ha basado en la incorporación a la Unión Europea y la pertenencia a la OTAN. Los tres países han tenido que dar pasos gigantescos en su desarrollo político y económico con el fin de pasar de ser economías socialistas planificadas, políticamente dominadas por el Partido Comunista de la Unión Soviética a economías de mercado dinámicas, sistemas políticos pluralistas y sociedades abiertas. Los tres países son considerados países desarrollados por el Fondo Monetario Internacional. Han jugado un papel muy importante en consolidar el apoyo decidido que la Unión Europea le ha brindado a Ucrania en su defensa contra la invasión rusa. Paradójicamente, el haber abdicado parcialmente su soberanía en favor de la Unión Europea ha ensanchado sus márgenes de maniobra en el sistema internacional.

El tercer ejemplo de poder blando exitoso al que quisiera referirme es Costa Rica. Como es sabido Costa Rica disolvió su ejército en 1948 y se constituyó en uno de los primeros estados nación desarmados. Aquí estamos también ante una paradoja pues al renunciar voluntariamente a poseer uno de los principales factores de poder duro, el poderío militar, ha podido crear una imagen de país pequeño, desarmado, democrático, amante de la paz y defensor del derecho internacional, su gran instrumento de seguridad nacional. A finales del siglo pasado, esa “marca país” fue complementada con la imagen de país verde, amante de la naturaleza y defensor del medio ambiente. Con un gasto de defensa cero, Costa Rica ha podido mantener su soberanía y ha logrado posiblemente los márgenes de autonomía internacional más amplios del istmo. El reto ahora es mantenerlos y ampliarlos.

Una imagen positiva del país que genere poder blando no se construye de la noche a la mañana, ni es eterna e inmutable. Requiere de una construcción y reconstrucción permanentes. El poder blando tampoco se alcanza utilizando la estructura de poder imperante en beneficio propio. Si nuestras élites están genuinamente interesadas en aumentar los márgenes de autonomía y, por ende, reforzar la independencia de nuestros países, no es confrontando a la potencia hegemónica o aliándose con países antisistema que lo van a lograr, es creando las condiciones que fomenten el desarrollo humano de nuestros pueblos empezando por el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.


*Cristina Eguizábal es politóloga. Doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de París III y especialista en relaciones internacionales y política exterior latinoamericana. Ha impartido docencia en prestigiosas universidades de la región y del mundo. En la oficina central de la Fundación Ford de Nueva York fue encargada de los programas regionales para América Latina. Dirigió el Centro de Estudios Latinoamericanos en la Universidad Internacional de la Florida de 2007 a 2012. Ha sido miembro de los Consejos Directivos de prestigiosas onegés: WOLA, LASA, Hispanos en Filantropía y del AFSC, la organización filantrópica internacional de los cuáqueros estadounidenses. Fue embajadora de Costa Rica ante en la República Italiana. Actualmente es consultora y miembro del Consejo Editorial de Foreign Affairs Latinoamérica.

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Columnas Mon, 19 Sep 2022 16:38:29 +0100 https://elfaro.net/es/202209/columnas/26385/Centroamérica-independencia-a-medias-y-en-constante-crisis.htm
Dante Mossi, el banquero que sonríe a dictadores, busca reelección en el BCIE http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000037989.jpeg https://elfaro.net/es/202209/centroamerica/26375/Dante-Mossi-el-banquero-que-sonríe-a-dictadores-busca-reelección-en-el-BCIE.htm Desde hace tiempo, el presidente ejecutivo del BCIE, el hondureño Mossi, es blanco de las críticas de quienes cuestionan no solo los altos viáticos y salarios que paga el Banco a sus funcionarios y representantes, sino la generosidad con que entrega recursos a los regímenes autoritarios de Centroamérica. El exembajador de Estados Unidos, John Feeley, director ejecutivo del Centro para la Integridad de los Medios de las Américas, instó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos –el pasado 2 de septiembre– a mirar más de cerca al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), “conducido por un individuo llamado Dante Mossi, que se ha convertido en el banquero de los dictadores”.

Desde hace tiempo, el presidente ejecutivo del BCIE, el hondureño Mossi, es blanco de las críticas de quienes cuestionan no solo los altos viáticos y salarios que paga el Banco a sus funcionarios y representantes, sino la generosidad con que entrega recursos a los regímenes autoritarios de Centroamérica.

Feeley hizo la advertencia sobre Mossi, en un evento denominado ‘Persecución Religiosa y Cierre del Espacio Cívico en Nicaragua’, organizado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés), añadiendo que “se han prestado a Nicaragua, miles de millones de dólares con una supervisión muy floja, lo que conduce a la corrupción”.

El diplomático estadounidense detalló que “el BCIE capta su capital en los mercados de capitales internacionales, incluido Estados Unidos, y presta el 23 % de su cartera a Nicaragua. Algo está podrido ahí abajo, y yo lo investigaría rápidamente”.

CONFIDENCIAL habló con siete fuentes que conocen al banquero hondureño y su trayectoria, quienes compartieron sus opiniones acerca de las fallas y omisiones cometidas al elegirlo hace casi cuatro años. También criticaron la flexibilidad licenciosa con que administra los recursos del Banco, asegurando que es su manera de conseguir los votos para quedarse cinco años más al frente de la entidad multilateral.

Aunque se solicitó una entrevista con el presidente ejecutivo del BCIE, este respondió que “estoy en misión de Directorio y le invito a unirse a nuestra próxima convocatoria de medios regionales”, copiando en el correo a Salvador Sacasa, asesor de Comunicación y Relaciones Externas del Banco.

El 19 de agosto pasado, ante la insistencia de CONFIDENCIAL, Sacasa respondió que “el BCIE lleva a cabo… conversatorios regionales de prensa en la que se abordan temas relacionados a la gestión institucional y sobre los diferentes programas y proyectos que se ejecutan a nivel de todos los países del Sistema de la Integración Centroamericana, (SICA) y de sus países socios extrarregionales”.

“Reitero una vez más lo indicado por el presidente ejecutivo: que le estaremos invitando al próximo conversatorio a llevarse a cabo en una fecha aún no determinada, en el que podrá formular directamente al máximo representante del banco todas las preguntas de su interés”.

Esa invitación todavía no llega.

Mossi no era el ‘preferiti’

A casi cuatro años de su elección, las fuentes que conocen el BCIE hacen énfasis en la forma poco usual en que se alinearon los astros para que el hondureño llegara a la presidencia ejecutiva del Banco en noviembre de 2018, supliendo al también catracho Nick Rischbieth, obviando el acuerdo para rotar la nacionalidad de los funcionarios que desempeñan ese cargo.

El politólogo salvadoreño Napoleón Campos, opina que “la decisión de elegir a Mossi fue política”, porque el entonces presidente de Honduras, (extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico), Juan Orlando Hernández, negoció la nominación de Mossi con Daniel Ortega, a la que “sin más, se sumó [el entonces presidente salvadoreño, Salvador] Sánchez Cerén. Lastimosamente, los demás electores se plegaron”, agrega.

Un catedrático que conoce el funcionamiento de los organismos financieros multilaterales, y habló con CONFIDENCIAL pidiendo el anonimato, recordó que Ortega había propuesto a Francisco Mayorga, expresidente del Banco Central, pero la respuesta violenta del régimen, que produjo la muerte de más de 355 ciudadanos durante la Rebelión de Abril, descartó la posibilidad de elegir a un nicaragüense.

Eso redujo las candidaturas, quedando el hondureño Mossi; el salvadoreño Héctor Dada Sánchez, (que no tuvo el apoyo de su país, detalla el politólogo Campos), además del vicepresidente del BCIE, el costarricense Alejandro Rodríguez, que tampoco pudo seguir adelante “por falta de apoyo de la dirección [del Banco] y de la gobernadora por Costa Rica”, recordó un profesional que siguió de cerca el proceso eleccionario.

El catedrático explicó que “Nicaragua… se alió con Honduras para lograr la selección de Dante quien por ese ‘favor’, quedó comprometido con Nicaragua”. Parte del acuerdo habría sido marginar al vicepresidente Rodríguez, porque este había establecido un comité para filtrar las propuestas de financiamiento de Nicaragua, dada la situación política agravada en 2018, añadió.

Otro elemento que destacan son las consultorías de alto nivel contratadas por el Banco. El salvadoreño Campos dice que la elección de Mossi fue muy criticada, porque “los electores pasaron por alto la inversión realizada por el Banco, al contratar a Heidrick & Struggles, una empresa de prestigio global en la selección de funcionarios internacionales. Fue extraño que el Sr. Mossi fuera incluido en la terna final, a pesar de no ser un banquero de cuño, y que posiblemente no era el mejor calificado por la empresa de reclutamiento”, destacó.

Un consultor con experiencia en cooperación internacional, que pidió opinar desde el anonimato, recordó que Mossi venía de trabajar para el Banco Mundial en Ghana, y que su posición no era la más sólida cuando aplicó para dirigir el BCIE, pero lo eligieron “con el voto nica, lo que explica su actitud para con Nicaragua”. Después de asumir el cargo, él comentó en varios foros que también había sido una sorpresa, precisó la fuente.

Muchos, dentro y fuera del Directorio, también se sorprendieron porque el Banco había elegido a otro hondureño, añadió. El catedrático recuerda que otra de las consultorías había recomendado “cambios en el gobierno corporativo”, pero las ignoraron, y que el presidente del BCIE entre 2003 y 2008, el nicaragüense Harry Brautigam, “quiso cambiar el modelo de director permanente a tiempo completo, participante de la Junta Directiva y del Comité, a algo menos invasivo, y lo que logró fue la presión de los directores, (excepto Nicaragua), para no reelegirlo. No le dieron su anuencia y tenía que ir de nuevo a concurso, cuando ocurrió su trágica muerte” en un accidente aéreo.

Ten cuidado a quién le prestas dinero, Dante

En opinión del exembajador Feeley, Mossi es “el banquero de los dictadores”. Quizás lo diga porque la mayor parte de las operaciones activas del Banco (el 26% del total, según el excanciller salvadoreño, Hugo Martínez), están volcadas en Nicaragua, un país con escasa gobernabilidad y aún menor transparencia, o por los apoyos prestados al expresidente Hernández, de Honduras, en plena campaña electoral, o a otro hombre fuerte de la región: el salvadoreño Nayib Bukele.

Además de la ‘gratitud’ que según las fuentes, Mossi le debe a los Gobiernos de esos tres países, estaría la intención del hondureño de garantizar los votos necesarios para quedarse cinco años más, cuando termine su período, en noviembre de 2023.

Lo que motiva a Mossi es “tener los votos para que lo reelijan. Por eso le disimula a un país como El Salvador que tiene una situación de riesgo muy elevada; a otro país como Nicaragua con esta situación de derechos humanos terrible, y más bien sale a defender a Ortega”, enlista el exrepresentante de Costa Rica ante el BCIE, Ottón Solís.

“Desde el punto de vista público y político, Dante no debería dar declaraciones criticando las sanciones y apoyando a un Gobierno que ha sido criticado por casi todos los países de la Organización de Estados Americanos (OEA), y Europa. El apoyo personal y como presidente ejecutivo del BCIE al régimen, es éticamente cuestionable. Al jugar a la política, él no ha sido un presidente de altura”, sentenció el catedrático.

En ese intento reeleccionista, el presidente ejecutivo del Banco estaría poniendo en riesgo la calificación de esa entidad regional, al concentrar casi la mitad de sus operaciones activas a dos países como Nicaragua (26% del total) y El Salvador (18%), que tienen calificaciones crediticias internacionales de ‘B-’ y ‘CCC’, respectivamente, explicó el excanciller Martínez.

“Con esas acciones, el directorio está arriesgando la calificación crediticia del Banco”, añadió, preguntándose qué pasaría si uno de esos países cayera en cesación de pagos, o recibiera una calificación menor.

El catedrático hizo notar que el monto de la cartera del BCIE con Nicaragua, pasó de 1300 millones de dólares en diciembre de 2020, a 1600 millones al cierre de 2021. “El problema es que Nicaragua pueda volver a ser un país altamente endeudado, y eso deterioraría la cartera y la calificación del BCIE, además que no sé si están aplicando la fórmula para distribuir los recursos en los países”.

Campos opina que cuando Mossi “apoya financieramente los proyectos tiránicos como en Nicaragua y El Salvador, desnaturaliza las facultades del BCIE”, añadiendo que “el extremo ha sido apoyar la operación de corrupción con el bitcoin en El Salvador”.

Añade que “el experimento del señor Bukele y sus diputados”, de hacer del bitcoin una moneda de curso legal en El Salvador, “se convirtió en un fracaso financiero global y local… generando una ruina económica sin precedentes. La operación bitcoin ha significado tirar a la basura más de USD 200 millones que el propio BCIE aceptó reorientar, los cuales originalmente estaban asignados a proyectos de desarrollo”.

¿Cinco años más, iguales a estos cinco?

Las fuentes opinan que si Dante Mossi va a buscar cinco años más al frente del BCIE -y todos los consultados coinciden en que tiene derecho a intentarlo- sus electores deberían, cuando menos, evaluar el desempeño financiero del Banco durante el mandato del hondureño.

“Según el reporte del BCIE, su calificación de riesgo se ha mejorado o mantenido, pero de septiembre de 2020 a septiembre de 2021, sus utilidades se redujeron de 118 millones de dólares a 77 millones”, porque disminuyeron los ingresos financieros, se aumentaron las reservas, y los salarios y beneficios del personal crecieron 25% al pasar de 24.7 a 30.7 millones, explicó el catedrático.

Solís asegura que Mossi ha tomado acciones para que los directores del BCIE puedan “mantener el salario abusivo, detestablemente abusivo, de que disfrutan los directores del BCIE” y protegido todos los privilegios otorgados, incluidos los viajes intercontinentales, y los generosos viáticos que le acompañan.

“Él ha pagado abogados externos al Banco, además de poner al staff a trabajar para proteger esos salarios, porque es la manera de tener el voto de los directores. La pregunta que hay que hacerse es cómo Dante Mossi puede hacer esas declaraciones [de apoyo a Ortega], y el directorio del BCIE estar callado. Está callado porque él les ha ayudado entusiastamente a proteger los enormes privilegios” que poseen, señaló.

“No sé hasta qué punto la pandemia afectó la calidad de cartera, pero en una situación de deterioro se busca cómo controlar gastos, y aquí vemos que aumentaron los salarios y beneficios. Un serio problema del BCIE es de gobernanza, porque los directores se toman atribuciones de poder e influencia, y tanto el presidente, como el vicepresidente ejecutivo, se doblegan y les rinden pleitesía para defender el puesto”, afirmó el catedrático.

El exrepresentante de Costa Rica ante el Banco, Eduardo Trejos, opinó que “Mossi debe dejar de pensar en su beneficio, y hacer lo que sea mejor para el BCIE y su gobernanza”, y que si quiere ir por cinco años más, “deberá presentar los resultados de su gestión y las condiciones en que recibió el Banco y en la que lo entrega. Los indicadores deben estar alineados para proveer a los países mejores condiciones de crédito y un Banco más fortalecido del que recibió, para bien de los socios y sus poblaciones”.


*Este texto fue publicado originalmente en https://www.confidencial.digital/

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Centroamérica Mon, 19 Sep 2022 10:44:17 +0100 https://elfaro.net/es/202209/centroamerica/26375/Dante-Mossi-el-banquero-que-sonríe-a-dictadores-busca-reelección-en-el-BCIE.htm
Bukele buscará reelegirse en 2024 pese a que la Constitución lo prohíbe en cuatros artículos http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_0_3001_2000/images%7Ccms-image-000038008.JPG https://elfaro.net/es/202209/el_salvador/26382/Bukele-buscará-reelegirse-en-2024-pese-a-que-la-Constitución-lo-prohíbe-en-cuatros-artículos.htm En el marco del 201 aniversario de la independencia de Centroamérica, Nayib Bukele anunció que buscará otros cinco años de Gobierno y competirá por la reelección en los comicios presidenciales de 2024. Lo hizo en cadena nacional de radio y televisión, a casi un año de que una Sala Constitucional impuesta por él mismo abriera la puerta para romper la alternancia en el poder. El presidente buscará otro periodo, pese a la prohíbición constitucional expresa que contempla la pérdida de sus derechos ciudadanos a aquel que promueva la reelección consecutiva de un presidente. El último mandatario de El Salvador que se reeligió fue un dictactor, Maximiliano Hernández Martínez, derrocado hace 78 años. El presidente Nayib Bukele anunció que volverá a ser candidato a la Presidencia por segunda vez consecutiva en las elecciones presidenciales de 2024, a pesar de que la Constitución de la República prohíbe expresamente la reelección. En un discurso transmitido en cadena nacional en el marco de la conmemoración de la independencia de El Salvador,  la noche del 15 de septiembre, Bukele celebró el anuncio en un salón de Casa Presidencial, donde luego se montó una especie de cóctel junto a su familia, amigos y allegados con los que controla los tres Órganos del Estado. En 78 años, Bukele se convierte en el primer presidente de El Salvador, incluidos los militares de los albores de la Guerra Civil, que buscará mantenerse en el poder más de un período presidencial de forma consecutiva. 

“Luego de conversar con mi esposa Gabriela y mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la Presidencia de la República”, dijo el presidente frente a su esposa Gabriela Perezalonso y estallaron en aplausos los diputados de Nuevas Ideas que asistieron al evento y funcionarios públicos. Entre el público que asistió a la ceremonia estaba su exjefe de campaña y hermano, Karim Bukele; su primo y presidente de Nuevas Ideas, Xavier Zablah Bukele, y su tío y secretario de Comercio, Miguel Kattan.  

En las primeras filas del salón también estaban los presidentes de los otros órganos del Estado: el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro -exsocio y amigo de juventud del mandatario-, que se puso de pie para gritar y aplaudir ante el anuncio; el presidente de la Corte Suprema de Justicia y Sala de lo Constitucional, Óscar López Jeréz, y el fiscal general de la República Rodolfo Delgado, que permanecieron sentados ante la decisión de Bukele. El último, sonriendo. En el vídeo del anuncio, también logra distinguirse que estuvieron en el salón, la mamá del presidente, Olga Ortez, y los papás de la primera dama.  

En su discurso, el presidente justificó que por primera vez El Salvador lleva el rumbo correcto y que esto es en gran parte porque su Gobierno ya no obedece a dictados internacionales: “Después de 201 años, al final vivimos una verdadera independencia. Pero esto no ha sido únicamente gracias al trabajo de nuestro Gobierno, sino porque trazamos nuestro propio destino y no obedecimos los dictados internacionales.” 

El camino correcto, defendió, es lo que ha llamado su guerra contra las pandillas, un giro que tomó a finales de marzo tras el rompimiento del pacto de su Gobierno con las pandillas. La piedra angular de la guerra es lo que acentúa más el autoritarismo de este Gobierno. A finales de este mes, El Salvador cumplirá seis meses en Régimen de Excepción, la suspensión del derecho al debido proceso y otras garantías constitucionales que han permitido encarcelar a más de 50,000 personas sin orden de detención ni delito en flagrancia, solo bajo el criterio del policía o militar que ejecuta la captura. En su discurso de ayer, el presidente volvió a simplificar la narrativa de los críticos de una medida que ya ha dejado a 73 muertos en prisiones, gente que no tenía ninguna condena. Según Bukele, quienes critican el Régimen defienden a las pandillas. Tal como demostró El Faro luego de acceder a expedientes bajo reserva que justificaban cientos de capturas del Régimen, muchas personas han sido encarceladas porque mostraron nerviosismo.

En El Salvador, a la luz de la historia, la reelección es sinónimo de dictadura. El último presidente salvadoreño que se reeligió fue el dictador Maximiliano Hernández Martínez. La prohibición constitucional para que un presidente se reelija data desde el siglo XIX y es una tradición basada en episodios concretos y lecciones dolorosas de historia que se han ido reflejando en las constituciones salvadoreñas prácticamente desde que el país se independizó. La nueva interpretación, que permitiría a Bukele reelegirse, devuelve a El Salvador a un tiempo donde la democracia existía solo en papel.

En el siglo pasado, el único que rompió la excepción de la alternancia en la Presidencia fue el general Maximiliano Hernández Martínez, genocida de la población indígena. Incluso para este popular presidente, la reelección fue un problema social. Su intención de postularse nuevamente fue uno de los factores que contribuyó a su caída, tras un alzamiento social, en 1944. En la Constitución de Hernández Martínez, de 1939, también se prohibió la reelección, salvo la excepción que el dictador se concedió a sí mismo. Esa Constitución incorporó una nueva prohibición: los parientes del presidente (incluidos hermanos, primos, hijos o parientes de su cónyuge) tampoco podían aspirar al cargo.

Aunque la Constitución se lo prohíbe, Nayib Bukele anunció que buscará la reelección presidencial, durante su discurso de conmemoración de los 201 años de independencia, el 15 de septiembre en Casa Presidencial. En la imagen, Bukele ofrece conferencia de prensa durante las elecciones de diputados y alcaldes, el 28 de febrero de 2021. Esa vez Bukele también irrespetó las leyes electorales cuando pidió abiertamente el voto durante una cadena nacional de radio y televisión. Foto de El Faro: Víctor Peña. 
 
Aunque la Constitución se lo prohíbe, Nayib Bukele anunció que buscará la reelección presidencial, durante su discurso de conmemoración de los 201 años de independencia, el 15 de septiembre en Casa Presidencial. En la imagen, Bukele ofrece conferencia de prensa durante las elecciones de diputados y alcaldes, el 28 de febrero de 2021. Esa vez Bukele también irrespetó las leyes electorales cuando pidió abiertamente el voto durante una cadena nacional de radio y televisión. Foto de El Faro: Víctor Peña. 

La puerta abierta por la Sala impuesta 

La puerta de la reelección, expresamente prohibida en la Constitución de El Salvador, la abrieron en una escueta resolución, cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional impuestos por el bukelismo el 1 de mayo de 2021, cuando la Asamblea Legislativa controlada por el partido oficialista destituyó al Fiscal General de la República y a toda la Sala de lo Constitucional en la misma noche.  

En su resolución del 3 de septiembre de 2021, los magistrados consideraron que solo compete "al pueblo" decidir si el presidente debe continuar o, por el contrario, decantarse por otra opción. Lo único que deberá hacer Bukele para competir por su reelección será renunciar a su cargo cinco meses antes de que se abran las urnas, aunque aún es posible que el bukelismo haga ajustes a la legislación electoral y a la misma Constitución. 

La resolución de la Sala impuesta argumenta que el texto constitucional que prohíbe la reelección responde a necesidades de "hace 20, 30, 40 años". A la luz de los nuevos tiempos, concluyen los magistrados, eso representa una "excesiva restricción disfrazada de certeza jurídica y el actuar de representantes que se resisten al cambio del soberano, que se resisten a escuchar la voluntad del pueblo".

El Gobierno de Estados Unidos condenó esta resolución y la entonces encargada de negocios de la Embajada en El Salvador, Jean Manes, incluso comparó a Bukele con el expresidente venezolano Hugo Chávez: "Hemos visto en la región cuando otros países han seguido ese camino, como es el caso de Venezuela, donde Chávez fue elegido democráticamente, pero paso a paso trató de conseguir más poder y limitar la independencia", dijo la diplomática en septiembre de 2021.

La Constitución de El Salvador prohíbe en cuatro artículos la reelección presidencial. El artículo 152 dice que no pueden ser candidatos a la Presidencia “el que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial”. Bukele cumplió en junio pasado tres años en el cargo.

El artículo 75 incluso establece la pérdida de derechos ciudadanos para quienes promuevan la reelección: “Pierden los derechos de ciudadano los que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del Presidente de la República, o empleen medios directos encaminados a ese fin”. 

En otra parte, la Constitución establece que la única forma de proteger el sistema de Gobierno -la democracia- es garantizando la alternabilidad en el poder. El artículo 88 es un candado explícito para asegurar la alternancia en el ejercicio del poder. “La alternabilidad es  indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecidos. La violación de esta norma obliga a la insurrección”, dice este artículo.

Y a estos se agrega el 154, que establece que la misma persona no puede estar en el cargo ni un día más después del 1 de junio, tras el fin de un periodo de cinco años. "El período presidencial será de cinco años y comenzará y terminará el día primero de junio, sin que la persona que haya ejercido la Presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más", dice el artículo.  A parte de estos cuatro artículos, existen otros candados que explícitamente prohíben cualquier reforma constitucional que altere el sistema de Gobierno e impida la alternancia en el poder. 

Rodolfo González, exmagistrado de la Sala de lo Constitucional, explica que son cuatro artículos de la Constitución en los que las prohiciones son directas. Pero González dice que se puede hablar de 6 prohibiciones si se agrega la alusiones indirectas.  El exmagistrado también incluye 2 apartados en los que también se hace referencia a los candados que existen para hacer reformas a las cláusulas pétreas. "Ni siquiera puede ser reformada, es una cláusula pétrea, en lo que se refiere a alternancia en la Presidencia de la República", afirma este experto en Constituciones de El Salvador. También agrega otra parte en la que se hace una referencia a los diputados: "es obligación de la Asamblea desconocer al presidente que pretenda mantenerse en el cargo". 

Desde que fue fundado el país, explica, solo una Constitución abrió puertas a la reelección: "Partamos de que la vigente Constitución es la décimo cuarta en 200 años de historia de El Salvador.  En 13 de las 14 Constituciones de El Salvador ha estado incluida la prohibición de la reelección inmediata del Presidente." 

El anuncio de la reelección presidencial se suma a la lista de violaciones a la Constitución que la administración de Bukele ha impulsado. El 1 de mayo de 2021, en su primera sesión, la Asamblea controlada por el presidente destituyó ilegalmente a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general e impuso como sustitutos a personas afines al presidente, quienes tomaron posesión de sus cargos y de los edificios de la Corte y de la Fiscalía con ayuda de la Policía. 

Nayib Bukele durante su llegada al Salón Azul de la Asamblea Legislativa, el 1 de junio de 2022 para dar su discurso de rendición de cuentas por su tercer año de gobierno. A su izquierda le acompaña Óscar López Jerez, presidente de la Corte Suprema de Justicia que avaló la reelección pese a los artículos constitucionales. Foto de El Faro: Víctor Peña.
 
Nayib Bukele durante su llegada al Salón Azul de la Asamblea Legislativa, el 1 de junio de 2022 para dar su discurso de rendición de cuentas por su tercer año de gobierno. A su izquierda le acompaña Óscar López Jerez, presidente de la Corte Suprema de Justicia que avaló la reelección pese a los artículos constitucionales. Foto de El Faro: Víctor Peña.

En su mandato, la Asamblea controlada por el bukelismo también aprobó una amnistía a delitos de corrupción que pudieron haber sido cometidos durante la pandemia en los procesos de compras de insumos médicos y equipo de protección para hospitales. El fiscal impuesto desmanteló al Grupo Especial Antimafia, encargado de la investigación conocida como Catedral, que indagaba en las negociaciones del Gobierno con las tres pandillas para reducir los homicidios, el hurto y venta de alimentos del programa gubernamental de entrega de canastas de alimentos y la adjudicación de contratos del Programa de Emergencia Sanitaria.

El anuncio del presidente sucede en la misma semana en la que dos clasificadoras de riesgo degradaron la calificación de El Salvador. Moodys y Fitch Ratings consideran que El Salvador se acerca al default, a pesar de los esfuerzos del aparato de propaganda del Gobierno por desmentir esos pronósticos con el anuncio de una recompra de bonos que vencen entre 2023 y 2025. 

Tamara Taraciuk, la subdirectora para las Américas de Human Rights Watch, dijo que este anuncio era esperable. "Este es el desenlace esperable después de la veloz arremetida contra el Estado de derecho de@nayibbukele desde que asumió el poder. El futuro de la democracia salvadoreña está más en riesgo que nunca ante esta decisión, que profundiza la deriva autoritaria del gobierno", publicó en su cuenta de twitter. Juan Pappier, investigador senior para las Américas de la misma organización, fue aún más duro en su red social: "El Salvador hace rato va camino a ser una dictadura y muchos, por sesgo ideológico, cobardía, intereses geopolíticos u obsesión con la inmigración, no quisieron alzar la voz a tiempo o ayudar a impedirlo". 

Según Bukele, si la comunidad internacional se pronuncia en contra, esto sería una "protesta hipócrita" ya que en todos los países desarrollados existe la posibilidad de una reelección.  "Más de algún país desarrollado no estará de acuerdo con esta decisión", dijo, luego de agregar que "no son ellos los que decidirán, sino (...) el pueblo salvadoreño". 

Cuando la cadena nacional terminó la noche del 15 del día de la independencia, y durante unos diez minutos, desde algunas plazas clave de San Salvador empezaron a estallar fuegos artificiales que estaban preparados para el momento. La noche en que el presidente anunció que ignoraría la Constitución terminó con el estallido de petardos.

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El Salvador Fri, 16 Sep 2022 12:12:40 +0100 https://elfaro.net/es/202209/el_salvador/26382/Bukele-buscará-reelegirse-en-2024-pese-a-que-la-Constitución-lo-prohíbe-en-cuatros-artículos.htm
Washington ríe en silencio ante el fracaso del Bitcoin en El Salvador - Por Ricardo Valencia https://elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg https://elfaro.net/es/202209/360grados/26383/Washington-ríe-en-silencio-ante-el-fracaso-del-Bitcoin-en-El-Salvador---Por-Ricardo-Valencia.htm 360 grados Fri, 16 Sep 2022 11:45:12 +0100 https://elfaro.net/es/202209/360grados/26383/Washington-ríe-en-silencio-ante-el-fracaso-del-Bitcoin-en-El-Salvador---Por-Ricardo-Valencia.htm Sobre la “libertad” de la Patria: 103 preguntas y una promesa http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000037411.JPG https://elfaro.net/es/202209/columnas/26378/Sobre-la-“libertad”-de-la-Patria-103-preguntas-y-una-promesa.htm ¿Cuáles fueron todos los acuerdos que el Gobierno sostuvo con las pandillas durante dos años y medio? Me da curiosidad saber si el presidente Bukele, en persona, llegó a tener algún tipo de comunicación, aunque sea telefónica, con los pandilleros. Ahí vamos de nuevo: mientras caliento motores para escribir esta columna, los diputados oficialistas se aprestan a prorrogar por sexto mes consecutivo el Régimen de Excepción, que se ha convertido ya en nuestro régimen regular, y  al que el Gobierno atribuye ser mano de santo para curar la epidemia de pandillas que –dicen– ya está curada, pero necesita un refuerzo mensual para que esté curada-curada.

En vísperas del cumpleaños de la patria, el Gobierno no ha escatimado en la semiótica de lo que nos espera: el recuento de los logros nos los pronuncia un general vestido de orgulloso verdeolivo; la representación de la libertad es -en serio- un policía con el rostro cubierto, enteramente blindado, apuntando a lontananza con un lanzagranadas; justo un día antes de la fiesta de independencia, las autoridades anuncian un pliego de leyes que incluyen más libertad para intervenir las telecomunicaciones y, desde luego, la prórroga del Régimen de Excepción.

 

Este 15 de septiembre, me atrevo a vaticinar que, como parte de las cosas que el presidente Nayib Bukele nos invitará a celebrar, además de su llegada al poder después de aguantar más de 200 años sin él, será que nos ha suprimido derechos fundamentales y que lo seguirá haciendo. Y que la corona libertaria de El Salvador estará hecha de fusiles y prohibiciones. Todo por nuestro bien. Y el pueblo, que es una de las tantas formas de llamar a la mayoría, recibirá esos frutos con agradecimiento. Y con aplausos. Muchos, muchos aplausos.

Pero a ese paisaje le faltan piezas. Tantas piezas. Algunas quizá nunca lleguen a aparecer, pero es mi intención pronunciar al menos su ausencia. Ese será hoy mi homenaje a la patria: un ramillete surtido de preguntas.

Como por ejemplo, quiero preguntar ¿cuáles fueron todos los acuerdos que el Gobierno sostuvo con las pandillas durante dos años y medio? Me da curiosidad saber si el presidente Bukele, en persona, llegó a tener algún tipo de comunicación, aunque sea telefónica, con los pandilleros. O cómo operaba el mecanismo de diálogo en el día a día: ¿Habían involucrados policías, como en la Tregua? ¿De qué partida se financiaba ese proceso? ¿Quiénes en el Gobierno estaban al tanto de esas negociaciones? ¿Hubo entre ellos quien, incluso con voz trémula, se opuso al pacto? ¿Todo lo operativo estaba a cargo de Carlos Marroquín? ¿Cada cuánto y con cuánto detalle se informaba al presidente del devenir del pacto con los criminales? ¿Todas las pandillas accedieron a los mismos beneficios o los obtenían según su capacidad de dar a cambio? ¿Con qué garantías actuó Carlos Marroquín y los demás operadores asociados a la secretaría de Reconstrucción del Tejido Social? ¿Qué pidieron ellos a cambio de sus servicios? ¿Hubo personas u organizaciones fuera del Gobierno -nacionales o extranjeras- al tanto del proceso?

Y cómo olvidar al viceministro de Seguridad Pública y director general del Sistema Penitenciario, Osiris Luna Meza: ¿Él actuaba como un simple mayordomo que abría y cerraba puertas para que entraran encapuchados a las prisiones de máxima seguridad, o tenía algún otro rol? Me pregunto si es precisamente por su lealtad, obediencia y silencio alrededor de este arreglo, que se le ha garantizado inmunidad ante el feroz robo de alimentos –en plena pandemia– que organizó junto a su madre; o inmunidad ante la creación de plazas fantasmas cuyos fantasmas sí cobraban el sueldo. O si definitivamente él goza de barra libre. Me encantaría saber cómo funcionan estos pactos corruptos: o sea, si en una reunión se le informa que en gratitud por su envilecimiento, se le permitirá apropiarse de bienes públicos; o si simplemente comienza robándose algo pequeño y al ver el ojo guiñado pasa a algo más grande y así…

Quisiera saber si en la presidencial decisión de descalabrar por la fuerza la Sala de lo Constitucional e instalar ahí las sombras que hoy la ocupan, ¿medió la necesidad de no deportar a los líderes de la Mara Salvatrucha-13 a los que solicitaba Estados Unidos bajo cargos de terrorismo? Y si es así, ¿cuánto peso tuvo la necesidad de proteger a los líderes de esta pandilla en la ruptura del Estado de Derecho? ¿La MS-13 llegó a amenazar con romper el pacto si se deportaba a sus líderes? ¿Fue más bien el Gobierno el que temió que la pandilla se levantara de la mesa? ¿Se consideró en el Gobierno el riesgo de estar entregando potenciales testigos del pacto a las autoridades estadounidenses? ¿Fue una mezcla de todo esto?

Qué curiosidad, qué ganas de saber cuándo fue que Bukele decidió que había que pegarle, sin muchos miramientos, un tiro a una de sus más repetidas promesas de campaña, la CICIES: ¿Qué le hizo temerle a una institución que parecía tan mansa, tan bien amaestrada? O qué fue exactamente lo que más le asustó entre las investigaciones que llevaba a cabo el grupo especial antimafia de la Fiscalía: ¿los hallazgos sobre la corrupción de su Gobierno o las evidencias de sus acuerdos con las pandillas? ¿Cuando impusieron a Rodolfo Delgado como fiscal, él sabía de antemano que una de las condiciones era desmantelar ese grupo o lo supo una vez que estaba en el puesto?

Y sobre Elmer Canales –cuyos alias lo nombran como “La Perra”, o “El Ladrón” o el estelar “Crook” – se podrían escribir varias columnas atiborradas de preguntas: ¿Cuándo el Gobierno decidió dejarlo libre? ¿Por qué se decidió liberarlo siendo él uno de los líderes más notables de la Mara Salvatrucha-13? ¿Cómo se tomó esa decisión? ¿Quiénes intervinieron en ella? ¿Fue la pandilla quien propuso el nombre, o fue el Gobierno? ¿Hubo un juez involucrado en esa operación? ¿Qué pidió el Gobierno a cambio? O ¿Con qué amenazó la pandilla? ¿Quién pagó el apartamento, los celulares y la ropa que compró Crook una vez salió de prisión? Una vez libre, ¿el Gobierno monitoreó sus movimientos? Si es así, ¿quién lo hizo? ¿Se reunió Crook con otros pandilleros? ¿Por qué fue Carlos Marroquín en persona quien lo condujo hasta Guatemala? ¿Esa fue una exigencia de la MS-13 o un ofrecimiento del funcionario? ¿Sabía el Gobierno de Guatemala que al menos un funcionario salvadoreño llevaría a su territorio a un líder de la MS-13? ¿El presidente Bukele autorizó esa operación o la hizo Marroquín a sus espaldas? ¿De verdad creyeron que pasaría desapercibida su liberación? A Viejo Santos, otro líder pandillero requerido por EE.UU ¿También lo llevó a Guatemala Carlos Marroquín? ¿Pensaron desde un principio en los costos diplomáticos que pagarían ante Estados Unidos? ¿Qué consideraciones hicieron al respecto? ¿Ellos fueron los únicos líderes de la MS-13 liberados? ¿Liberaron líderes de las otras dos pandillas? ¿Quiénes en el Gobierno sabían que Crook sería liberado? De nuevo: ¿Alguien en el Gobierno mostró algún sonrojo por dejar libre a un mando nacional de la MS-13 condenado por secuestro, extorsión y asesinato? Una vez que el periodismo destapó su liberación, ¿hubo una especie de cuarto de crisis para diseñar la estrategia de silencio sobre el tema? ¿Algún funcionario hizo alguna pregunta al respecto? ¿Dentro del Gobierno, al menos con los de más confianza, o con los más confianzudos, se dio alguna explicación, falsa o verdadera, al respecto?

La liberación de, al menos, Crook y Viejo Santos me hace pensar que el Gobierno creía que el acuerdo iba viento en popa y que sus contrapartes criminales también lo habrán creído, puesto que una dádiva similar jamás se había visto ni durante la Tregua, ni durante los acuerdos mafiosos con el FMLN y ARENA. ¿Quiénes eran los pandilleros detenidos en marzo para que la MS-13 rompiera un pacto tan generoso? ¿Cuál era su nivel de importancia? ¿Cuántos eran? ¿Dónde fueron detenidos? ¿Qué iban a hacer, qué estaban haciendo, o qué venían de hacer cuando fueron detenidos? ¿Por qué estaban conducidos por un vehículo oficial con chofer pagado por el Estado? ¿Esos pandilleros estaban libres o salieron de una cárcel? Escuchamos de su viva voz a Carlos Marroquín reclamar a un líder pandillero por haber arreglado esa vuelta con Osiris Luna Meza, y asegurarle a ese mismo líder que si la operación se hubiera hecho con él, nada les habría pasado, porque, dijo Marroquín, el ministro de Seguridad a él no lo hubiera embestido. ¿Por qué no lo hicieron con Marroquín? ¿Por qué Marroquín, interlocutor oficial de parte del Gobierno, ni siquiera sabía de ese operativo? ¿Por qué la pandilla lo hizo con Osiris Luna Meza? Vistos los antecedentes de don Osiris, ¿qué sacó él de haber coordinado ese viaje? ¿Esa operación fue un “porfuerazo” de Osiris que no estaba contemplado en el acuerdo? Aparte de andar paseando mareros en un vehículo oficial, ¿en esa operación el objetivo era cometer algún ilícito? ¿La decisión de detener a esos pandilleros la tomó el ministro Gustavo Villatoro o el presidente Bukele? ¿Inteligencia del Estado estaba monitoreando esos movimientos? Una vez que detuvieron el vehículo oficial con pandilleros dentro, ¿cómo fue la cadena de averiguaciones? ¿Qué explicaciones dio Osiris? ¿El vehículo y el chofer eran de Centros Penales o de otra dependencia oficial? ¿Qué fue del chofer que conducía a los pandilleros? ¿Por qué no se sancionó a Osiris y en cambio se le ha permitido ser un vocero de la estrategia contra las pandillas?

Una vez que la Mara Salvatrucha-13 inició su abyecta jornada de asesinatos, Carlos Marroquín –lo dijo él mismo al pandillero– se reunió con Bukele. ¿Cuándo ocurrió esa reunión? ¿Marroquín llegó a plantear las exigencias de la pandilla o a intentar aplacarlo? ¿Hablaron de la operación conducida por Osiris Luna Meza? ¿El presidente contempló hacer la vista gorda y seguir adelante con el pacto? ¿Quiénes en el Gobierno sabían lo que estaba ocurriendo? ¿Había –hay– una disputa palaciega alrededor del trono entre Marroquín, Osiris Luna Meza y el ministro Villatoro? Si es así, ¿quién salió ganando y quién salió perdiendo? ¿Hay bandos incluso dentro de la bancada alrededor de este tema, digo, considerando que hay al menos un diputado (Dennis Salinas) y un diputado suplente (Víctor Martínez) que estuvieron involucrados en las negociaciones?

Esto me carcome la curiosidad: Marroquín le envió al líder pandillero unas capturas de pantalla de su conversación con el presidente Bukele: ¿Qué había en esas conversaciones? ¿Qué opinó el presidente cuando escuchó a Marroquín confesar eso, o sea, cómo se puso al escucharlo? ¿No hay un delito en enviarle conversaciones privadas con el mandatario a un líder de una organización criminal? ¿Cómo lo justificó Marroquín si es que tuvo que hacerlo? ¿Por qué Marroquín no fue sancionado?

El lunes 4 de abril, en medio del Régimen de Excepción, el presidente Bukele, junto al ministro de Defensa, juramentó a 1,450 nuevos miembros de la Fuerza Armada, en la cancha de fútbol de la Escuela Militar, en Antiguo Cuscatlán, La Libertad. En esa misma actividad, Bukele acusó a las ONGs de no velar por los derechos humanos, sino estar en contra de ellos, y también acusó a la comunidad internacional de lucrarse del baño de sangre que provocan las pandillas en El Salvador. Foto de El Faro: Víctor Peña.
 
El lunes 4 de abril, en medio del Régimen de Excepción, el presidente Bukele, junto al ministro de Defensa, juramentó a 1,450 nuevos miembros de la Fuerza Armada, en la cancha de fútbol de la Escuela Militar, en Antiguo Cuscatlán, La Libertad. En esa misma actividad, Bukele acusó a las ONGs de no velar por los derechos humanos, sino estar en contra de ellos, y también acusó a la comunidad internacional de lucrarse del baño de sangre que provocan las pandillas en El Salvador. Foto de El Faro: Víctor Peña.

Ese fin de semana Bukele ordenó a sus diputados que aprobaran el Régimen de Excepción y, antes de su aprobación, se les informó a policías y soldados que tenían vía libre para hacer capturas a mansalva. ¿Ese era un plan B diseñado paralelamente al plan A (negociar con los pandilleros)? ¿Ese plan iba a ser ocupado sólo si alguna pandilla rompía el pacto o desde el principio el Gobierno tenía planeado traicionar a las pandillas? ¿El ministro Villatoro hizo capturar a los pandilleros que iban en el vehículo oficial a sabiendas que eso daba al traste con el arreglo criminal?

A todo esto: ¿Cuál era el punto de llegada de las negociaciones? ¿Había uno?

Luego de que se hicieran públicos los audios de las conversaciones de Marroquín con las pandillas y las razones de la masacre de marzo, hubo un silencio sepulcral que se extiende hasta el día de hoy. Por no hablar no ladraron ni los más iracundos troles, ni los más rastreros insultadores de oficio. ¿Cómo se diseñan estos silencios? ¿Cómo se comunica la estrategia? ¿Quién la comunica? ¿Ningún diputadillo o ministro hizo ninguna, ninguna-ninguna, pregunta?

¿Con qué criterios decidirán que el Régimen de Excepción ha dado ya sus resultados totales? ¿Con qué criterios van a establecer que las pandillas han sido derrotadas? ¿Toda comunicación con las pandillas está rota?

En fin… que ya se me alargó la columna. Sin embargo, no puedo despedirme sin preguntar directamente a tres personas cuyos malabarismos discursivos me resultan inauditos: El primero es el diputado Guillermo Gallegos, firme defensor de la pena de muerte para los pandilleros, e incansable aplaudidor de todo lo que lleve soldados y policías. A finales de 2015, siendo aún Bukele alcalde de San Salvador, dos de sus empleados municipales: Carlos Marroquín y el actual alcalde de la capital, Mario Durán, se encontraron con “Renuente”, un pandillero que estaba, en esas mismas fechas, planeando matarlo a usted. En El Faro publicamos la fotografía de esa reunión y el audio de “Renuente” planificando un atentado en su contra. ¿Le dieron alguna explicación a usted o no lo consideraron necesario? Cuando Marroquín y Durán dijeron en tono socarrón que estaban en esa reunión comiendo palitroques, ¿a usted le resultó graciosa la broma? ¿Cuándo escuchó a Marroquín hablar con los pandilleros no tuvo usted siquiera el prurito, el más ligero cosquilleo de duda, sobre si estaba usted asociado con la gente correcta, según las convicciones que dice tener?

Al vicepresidente Félix Ulloa, que es el único representante del Gobierno que se ha dignado referirse al pacto con las pandillas: ¿A parte de solicitar que se actúe en contra mía por haber revelado las conversaciones de Marroquín con las pandillas, ha pedido usted que se actúe contra alguien más? ¿Ha hecho usted al presidente alguna de las preguntas que planteo aquí?

Al fiscal general Rodolfo Delgado: ¿Cómo se ha imaginado usted salir bien librado cuando todas estas preguntas estén respondidas? Porque –ahí viene la promesa que menciono en el titular– el periodismo libre no dejará de hacerse esas y otras preguntas hasta responderlas, yo no dejaré de hacerme esas y otras preguntas hasta responderlas. Lo prometo.

*Carlos Martínez es periodista de El Faro y ha estado involucrado en todas las publicaciones que han demostrado pactos entre Gobiernos, partidos políticos y pandillas desde 2012.

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Columnas Thu, 15 Sep 2022 19:29:14 +0100 https://elfaro.net/es/202209/columnas/26378/Sobre-la-“libertad”-de-la-Patria-103-preguntas-y-una-promesa.htm
Libertad http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000037987.jpeg https://elfaro.net/es/202209/el_farolero/26374/Libertad.htm La mirada de Otto al concepto de independencia del presidente Bukele.
 

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El Farolero Wed, 14 Sep 2022 16:25:56 +0100 https://elfaro.net/es/202209/el_farolero/26374/Libertad.htm
Jordán Rodas: “Tenemos hasta fin de año para concretar una candidatura única de oposición” José Luis Sanz / Washington http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_0_3000_2000/images%7Ccms-image-000037982.jpg https://elfaro.net/es/202209/centroamerica/26366/Jordán-Rodas-“Tenemos-hasta-fin-de-año-para-concretar-una-candidatura-única-de-oposición”.htm El exprocurador de derechos humanos guatemalteco Jordán Rodas cree que la oposición aún puede ganar las elecciones de 2023 en su país. Guatemala vive desde hace dos años una cacería de juezas, fiscales y periodistas críticos, pero el exprocurador de Derechos Humanos, forzado él mismo a huir por temor a ser detenido injustamente, ha decidido ser optimista. Asegura que en la ciudadanía hay indignación suficiente para llevar a la Presidencia el año que viene a una candidata o candidato de izquierda. Dice que no descarta —es decir, le gustaría— ser ese candidato. En Guatemala se ha vuelto una oscura costumbre que pocas horas después de entregar su cargo, o antes incluso, fiscales generales, juezas o en este caso el procurador de Derechos Humanos abandonen en secreto el país. Temen ser detenidos, bajo cargos falsos, nada más perder la inmunidad. Quienes nunca la tuvieron, fiscales de rango medio, periodistas, exfuncionarios de la CICIG, defensoras de derechos humanos, también han huido por decenas durante el último año a México, Estados Unidos, Costa Rica o incluso El Salvador.

Jordán Rodas dice que no está exiliado pero cruzó la frontera por tierra el 19 de agosto, un día antes de terminar su mandato como procurador, y pasó en silencio por dos países antes de pisar Estados Unidos. El Faro le entrevistó en Washington, donde hizo una escala de dos semanas antes de viajar a la ciudad europea en la que se asentará, y que pide que no se divulgue. Muchas precauciones para un no-exiliado.

Asegura, como han hecho otros antes, que volverá pronto a Guatemala. En las últimas semanas, partidos de oposición han anunciado sus primeras alianzas locales de cara a las elecciones de junio de 2023 y Rodas quiere, si una coalición de izquierda y movimientos anticorrupción se consolida, ser candidato a diputado o incluso a presidente. Dice que, si la votación es limpia, se puede sacar a las élites corruptas del poder. Visto lo que sucedió en junio pasado con su candidatura a rector de la Universidad Nacional San Carlos, su primer reto puede ser que le dejen siquiera inscribirse.

Ya no es procurador. Y nunca llegó a ser rector de la San Carlos...

Puede pasar todavía que sea rector. Aunque es muy difícil, casi imposible. ​​El Pacto de Corruptos impuso a Mazariegos mediante un burdo fraude, pese a la resistencia de los sancarlistas.

¿Realmente ve posible ser rector? Parece difícil incluso que pueda volver a Guatemala en un tiempo corto.

Volveré. Los tiempos dependen de distintos escenarios, de cómo evolucione la democracia en el país, de las condiciones de seguridad, de libertad de expresión... Pero no pierdo la esperanza. Veo mi salida como temporal. Hay mucho por hacer en Guatemala y creo que puedo aportar.

¿Habla de volver antes o después de las elecciones de 2023? ¿O precisamente por las elecciones?

Espero volver antes. Pese a los nubarrones, creo que puedo ayudar a que la población tenga alternativas electorales diferentes.

Está diciendo que quiere ser candidato.

Tengo propuestas para distintos cargos y lo estoy reflexionando. Estoy decidiendo si participar y, si lo hago, en qué espacio. He recibido propuestas para aspirar a una diputación y para ser parte de un binomio.

Es decir, ser candidato a presidente o vicepresidente.

Sí. Aunque aceptaría ser candidato allí donde pueda sumar más para que una fuerza progresista logre incidencia real en la toma de decisiones.

La madrugada del 24 de julio de 2021, Jordán Rodas (de chaleco azul) acompañó al exfiscal Juan Francisco Sandoval hasta la frontera Las Chinamas de El Salvador, el mismo día que este último fue destituido de la FECI. Un año después, Rodas también salió por El Salvador y viajó a Washington ante el acoso gubernamental. Foto de El Faro: Víctor Peña.
 
La madrugada del 24 de julio de 2021, Jordán Rodas (de chaleco azul) acompañó al exfiscal Juan Francisco Sandoval hasta la frontera Las Chinamas de El Salvador, el mismo día que este último fue destituido de la FECI. Un año después, Rodas también salió por El Salvador y viajó a Washington ante el acoso gubernamental. Foto de El Faro: Víctor Peña.

¿Cree que tiene usted opciones de ganar una elección?

El escenario es difícil. Haría falta mucha madurez política, que los egos queden a un lado y se sumen esfuerzos para presentar una alternativa que represente algo diferente. La población está harta de la corrupción y eso quedó comprobado con mi candidatura a la San Carlos. Con un mensaje tan sencillo como “fuera las mafias de la USAC” se logró llegar al corazón y el cerebro de los sancarlistas, que creo que son una muestra de lo que sucede a nivel nacional. Que la gente no salga a manifestarlo es otra cosa, pero el sistema político electoral, tal y como está, está agotado.

¿Confía en que la oposición presente una candidatura única a la Presidencia?

Sería lo más sensato si no se quiere que sigamos gobernados por más de lo mismo.

¿Quiénes deben integrar esa coalición? ¿Quienes se le han acercado?

Distintas fuerzas democráticas se han acercado a mí, pero no lo veo como un tema personal. Hay un abanico amplio de partidos y movimientos progresistas que tienen que ser realistas, entender que ya fracasaron antes por separado y sumar esfuerzos. Hoy tienen su pequeña parcela de poder, seis o siete diputaciones que les permiten sobrevivir políticamente, pero repetir eso sería egoísta, muy miope, y haría daño a la sociedad guatemalteca. Hay que aglutinar fuerzas progresistas que puedan conformar una alternativa, para que nazca la esperanza.

Habla de un abanico amplio, pero las izquierdas de Guatemala no parecen ni muchas ni fuertes. En el Congreso las fuerzas críticas son un bloque muy pequeño.

Sí, pero en las últimas elecciones generales, si sumas el resultado de las fuerzas progresistas, alcanzas un 20 % del voto, suficiente para poner a una persona en segunda vuelta.

Suena a que quiere usted ser la Thelma Cabrera de las próximas elecciones, o acompañar a Cabrera en una dupla.

No descarto nada. Pero todo mi respeto y admiración a Thelma Cabrera, que alcanzó un cuarto lugar en 2019 y es una mujer indígena que ha logrado un liderazgo importante en una sociedad machista y racista. Representa a un sector de la sociedad que no ha sido protagonista en la toma de decisiones, e ignorarla es no querer ver la realidad del país. Pero no basta. Hay que hacer un alto en el camino y sumar actores. Aún hay tiempo.

La excandidata guatemalteca por el partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos, Thelma Cabrera, saluda a sus seguidores durante un mitin de cierre de campaña en la Plaza de la Constitución en la Ciudad de Guatemala el 8 de junio de 2019. Foto de El Faro: Johan Ordóñez/ AFP.
 
La excandidata guatemalteca por el partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos, Thelma Cabrera, saluda a sus seguidores durante un mitin de cierre de campaña en la Plaza de la Constitución en la Ciudad de Guatemala el 8 de junio de 2019. Foto de El Faro: Johan Ordóñez/ AFP.

¿Lo que dice es que una alternativa política no tiene sentido si no incluye al Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) y el Comité de Desarrollo Campesino?

Tendría más sentido con ellos. Con el MLP, WINAQ, Semilla, el URNG, y con personas que han tenido militancia en la UNE y han de darse cuenta de que tienen que guardar distancia con el actual Gobierno.

¿Imagina a Sandra Torres en esa alianza?

Es difícil, pero no imposible. Es una mujer con mucha convicción en ser candidata, que ha tenido una carrera política importante. Por eso apelo a un proceso de reflexión colectiva. Pero con ella o sin ella hay que crear una alternativa. Y con o sin Jordán Rodas, porque tampoco estoy obsesionado con ser candidato.

En estos días me estoy repensando. He sido dirigente deportivo en el ajedrez, dirigente del gremio de abogados, tuve la oportunidad de servir al país como Procurador de los Derechos Humanos, fui síndico, fui concejal de Xela, mi ciudad natal, fui candidato a alcalde... No me avergüenzo de ser político. Pero la política es una carrera de largo aliento. No es una carrera de 100 metros sino una maratón. Quienes saben jugar a ajedrez entienden que no se gana una partida en cuatro o cinco movimientos y que no solo has de pensar qué puedes hacer sino también qué pueden hacer tus adversarios.

De las posibles candidaturas que ya se perfilan para 2023, ¿cuál le parece más peligrosa para el país?

Corremos el riesgo de que cambie el rostro o el género de la Presidencia, pero caer un piso más abajo en el sótano que ya es Guatemala. Después de Jimmy Morales pensamos que no podía venir algo peor, pero llegó Giammattei. Y si Manuel Conde llegase a gobernar eso sería peor todavía. Conde sería más autoritario aún que Giammattei. Sería una muerte anunciada de nuestra democracia.

Lógicamente, desde el Gobierno están intentando alinear a todos los alcaldes del país a través de proyectos de inversión en obras, y por eso vemos a Conde al lado del presidente. Es un intento de construir su imagen, aunque sea un contrasentido porque Giammattei es el segundo entre los presidentes peor valorados del continente, solo detrás de Pedro Castillo en Perú.

Y también está la candidatura de Zury...

¿Cómo se debería leer una posible victoria de Zury Ríos en 2023?

Primero, no podemos ignorar la resolución de la Comisión Interamericana que la permite participar, guste o no guste, y será la población la que dirá en las urnas “estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con que ella sea presidenta pese a que su papá fuese acusado de genocidio”. Ella está ejerciendo un legítimo derecho.

Por otro lado, ella simboliza en parte el genocidio y su victoria significaría que la sociedad no ha dado su justa dimensión a lo que pasó, a los horrores que se cometieron en la guerra. Eso, sin exculparla por las posiciones que ha tomado, es una responsabilidad del Estado por no haber informado y formado sobre los horrores de la guerra. La mayoría de la población es joven y no sabe lo que pasó en 36 años de guerra. Un hermano mío fue desaparecido, aparece en el caso Diario Militar, y yo como víctima y como ciudadano informado jamás votaría por ella.

El ex presidente de facto guatemalteco (1982-1983) y general retirado, José Efraín Ríos Montt, habla con su hija Zury Ríos durante una audiencia judicial en la Ciudad de Guatemala el 23 de enero de 2013. Ríos Montt y el general retirado José Rodríguez asistieron a la audiencia, donde el Fiscalía solicitó juzgarlos por genocidio en comunidades indígenas del norte de Guatemala durante la guerra civil entre 1960 y 1996. Foto de El Faro: Johan Ordónez/ AFP.
 
El ex presidente de facto guatemalteco (1982-1983) y general retirado, José Efraín Ríos Montt, habla con su hija Zury Ríos durante una audiencia judicial en la Ciudad de Guatemala el 23 de enero de 2013. Ríos Montt y el general retirado José Rodríguez asistieron a la audiencia, donde el Fiscalía solicitó juzgarlos por genocidio en comunidades indígenas del norte de Guatemala durante la guerra civil entre 1960 y 1996. Foto de El Faro: Johan Ordónez/ AFP.

¿Qué definirá el resultado de la elección 2023?

La comunidad internacional tiene que estar muy atenta a que se garanticen elecciones libres, que no se instrumentalice al Tribunal Supremo Electoral para definir quién participa y quién no participa. Hasta el momento el TSE ha sido una institución respetada, pero espero que no ceda a cerrar discrecionalmente el camino a candidaturas o permita que se criminalicen ciertas candidaturas.

Ya sucedió en 2019 con Thelma Aldana y la misma Ríos.

Ahora hay temores aún más fundados, porque vemos que determinados actores están en clara campaña adelantada y el TSE y otras instituciones no han sido equitativos en las llamadas de atención. Ojalá la comunidad internacional no reconozca la elección si ésta es manipulada.

¿Qué opina del papel de la comunidad internacional en el momento que vive Guatemala?

Hemos tenido gobiernos muy hostiles hacia la comunidad internacional en los últimos años. Los dos últimos gobiernos han hecho una apuesta perversa por el aislamiento, con un doble discurso sobre la soberanía que hace que recibamos con agrado vacunas, pero no se acepten críticas del Departamento de Estado, la Comisión Interamericana o el Parlamento Europeo en materia de derechos humanos o independencia judicial. OACNUDH —Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos—, por ejemplo, está amedrentada por el Gobierno de Guatemala, porque su presencia en el país se negocia año a año y está condicionada a cómo actúe. Hay muchos funcionarios internacionales que en Guatemala han aceptado ser casi invisibles.

Al final, corresponde a los guatemaltecos defender nuestra democracia. Tenemos el ejemplo de los 48 cantones, que recientemente volvió a la carga hasta hacer retroceder al Congreso en iniciativas represivas que pretendían impedir a la población manifestarse.

Cabrera, los 48 cantones... da la impresión de que los movimientos campesinos e indígenas son la gran fuente de legitimidad en este momento en el país, de que la gran fuerza política de Guatemala está fuera de la capital.

La esperanza está en los departamentos del interior, en las mujeres, en la llama que se encendió en la San Carlos... Hay gente que ya ha dicho “todo tiene su límite”.

No ha dicho usted una palabra sobre el sector privado.

El excomisionado Iván Velásquez, hoy ministro de la Defensa de Colombia, ya dijo hace años que el problema más de fondo en Guatemala era el financiamiento de los partidos y las campañas políticas. Por eso estoy a favor del financiamiento público, porque no hay almuerzo gratis y no se puede esperar mucho de un sector privado tan conservador como el nuestro, de un CACIF que tiene mentalidad cavernaria y llega a decir que el actual Gobierno de Estados Unidos es de izquierda. En realidad, ellos deberían ser los más preocupados por el deterioro de la justicia en el país, porque pueden tener el poder económico hoy, pero el crimen organizado aspira a desplazarlos y arrebatárselo.

Es alentador, al menos, que ya haya sanciones internacionales contra algunos empresarios, para que el sector privado, que dio oxígeno a Otto Pérez, a Jimmy Morales y hoy a Alejandro Giammattei vea que hay un costo, que no les sale gratis su visión de azadón, de arrastrar todo hacia adentro, de acaparar poder y riqueza mientras las enormes brechas de desigualdad hacen daño al país. Aunque es evidente que las sanciones no han tenido hasta el momento el efecto debido. Es importante que Estados Unidos revise si su política es la adecuada, si no necesita apretar un poco más las tuercas. Al final, es el sistema económico el que sostiene nuestros problemas estructurales de desigualdad, discriminación y racismo contra mujeres e indígenas, y corrupción. Si eso no se aborda, desde Guatemala y con apoyo de la comunidad internacional, vamos a seguir sumando años perdidos.

¿De verdad cree que en este momento de persecución de disidentes, de secuestro del sistema de justicia por parte de poderes ligados a la derecha, es posible una victoria de la izquierda en Guatemala?

Las condiciones materiales están dadas. La población está llegando al hartazgo. La clave son cuatro instituciones, el TSE, la Contraloría, el Ministerio Público y la Corte de Constitucionalidad, que deberían garantizar un proceso transparente pero pueden obstaculizarlo. Por eso se hace necesario el acompañamiento internacional, y es impostergable que no solo de Estados Unidos sino también la Unión Europea, Canadá y otras democracias consolidadas garanticen desde este momento que el año que viene tengamos una elección sin discrecionalidad. Creo que si el proceso electoral es limpio hay muchas posibilidades de una victoria electoral progresista.

Dice que espera que las fuerzas progresistas guatemaltecas dejen de lado sus intereses individuales, que el sector privado dé un giro y se comprometa con la justicia en el país, y que la comunidad internacional sea más firme en sus sanciones y garantice un proceso transparente. ¿No pide demasiados milagros?

Probablemente, jaja.

Y aún faltaría que la ciudadanía apoye su visión de cambio.

El péndulo ha estado mucho tiempo en la derecha. Por eso es importante que haya un cambio, para que las grandes mayorías se vean beneficiadas, no solo en discurso sino en forma de políticas públicas y presupuestos ejecutados. No solo Guatemala, sino toda la región, necesita dejar atrás gobiernos no solo corruptos sino autoritarios. Lo vemos también en El Salvador con Bukele, que violenta los derechos humanos con capturas masivas y persigue a la prensa. Es un mal regional. Nicaragua con Ortega puso las planas y el resto de países las seguimos. Seguir apostando por gobiernos conservadores en la región sería pegarnos un tiro en el pie, también para la comunidad internacional y Estados Unidos.

Quizás sea mucho pedir que se alineen los astros, pero algo tiene que cambiar en Guatemala. Estamos en el sumidero. Cuando capturaron a José Rubén Zamora concluí que somos una Nicaragua 2.0. Varios operadores de justicia y periodistas han salido del país, allanan El Periódico... Podemos caer en la depresión, pero yo creo que hay otra ruta. Es difícil que se den todos los elementos para sacarnos de la dictadura, pero hay que apostarlo todo. Lo contrario es asumir una visión conformista, darlo todo por perdido. Y si no se logra ahora, seguiré insistiendo.

En 2019 Thelma Aldana quiso ser candidata y terminó en el exilio. Usted quiso ser rector de la San Carlos y hay denuncias de fraude. Incluso ha salido temporalmente del país. ¿No teme represalias cuando se escuche de su boca lo que hace meses se rumorea en Guatemala: que tiene aspiraciones políticas y podría aceptar una candidatura? ¿Le sorprendería que se abra una repentina acusación penal contra usted?

En Guatemala ser candidato antisistema es un riesgo. Pero no es una razón para descartar ese camino. Ser electo es un derecho y hay Jordán para rato. La pregunta es si en 2023 se darán las condiciones, y si logramos resultados que cambien el rumbo del país.

¿En qué plazo debería concretarse esa alianza de oposición?

A final de año, como máximo. Es un esfuerzo que amerita ser tomado con seriedad pero también con celeridad.

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Centroamérica Wed, 14 Sep 2022 16:10:06 +0100 https://elfaro.net/es/202209/centroamerica/26366/Jordán-Rodas-“Tenemos-hasta-fin-de-año-para-concretar-una-candidatura-única-de-oposición”.htm
Romper el monólogo del poder - Por Carlos Dada https://elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg https://elfaro.net/es/202209/360grados/26373/Romper-el-monólogo-del-poder---Por-Carlos-Dada.htm 360 grados Wed, 14 Sep 2022 12:53:34 +0100 https://elfaro.net/es/202209/360grados/26373/Romper-el-monólogo-del-poder---Por-Carlos-Dada.htm No debería normalizarse una vida sin derechos en El Salvador - Por Tamara Taraciuk https://elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg https://elfaro.net/es/202209/360grados/26372/No-debería-normalizarse-una-vida-sin-derechos-en-El-Salvador---Por-Tamara-Taraciuk.htm 360 grados Wed, 14 Sep 2022 12:51:08 +0100 https://elfaro.net/es/202209/360grados/26372/No-debería-normalizarse-una-vida-sin-derechos-en-El-Salvador---Por-Tamara-Taraciuk.htm Régimen de Excepción confirma división entre Demócratas y Republicanos respecto a Bukele http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_0_3000_2000/images%7Ccms-image-000037964.jpg https://elfaro.net/es/202209/el_salvador/26370/Régimen-de-Excepción-confirma-división-entre-Demócratas-y-Republicanos-respecto-a-Bukele.htm El copresidente republicano de la Comisión Tom Lantos de Derechos Humanos se ausentó de la audiencia del lunes tras una queja formal del Gobierno de El Salvador por falta de balance en los invitados. Los testigos del Departamento de Estado y la sociedad civil advirtieron del daño irreversible que el Régimen de Excepción puede hacer a los derechos humanos en el país. Read in English

Estados Unidos criticó este lunes con dureza el Régimen de Excepción y las violaciones de derechos humanos cometidas en los últimos meses por el Gobierno de El Salvador, en una audiencia especial de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes que se extendió por dos horas y que también puso en evidencia las diferencias entre Republicanos y Demócratas, e incluso dentro de las mismas filas demócratas, sobre qué estrategia debe seguir Washington frente a la deriva autoritaria del presidente Nayib Bukele.

“Algunas de las medidas tomadas (por El Salvador) contradicen los estándares de derechos humanos”, afirmó en su testimonio ante el Congreso Emily Mendrala, subsecretaria adjunta de Estado para asuntos del hemisferio occidental. “En intercambios privados con el Gobierno de El Salvador, el Departamento (de Estado) ha remarcado la importancia de respetar los derechos humanos, incluídas las garantías de un juicio justo”, siguió. “En una democracia, todo acusado de un crimen debe enfrentar un sistema de justicia transparente”.

Scott Busby, subsecretario adjunto de Estado para Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, destacó los cientos de denuncias de detenciones de personas inocentes bajo el argumento del combate a las pandillas, y cuestionó lo dicho por funcionarios salvadoreños respecto a la revisión sistemática de esos casos y la supuesta inmediata liberación de inocentes. “Cualquier mecanismo actual de revisión no está funcionando, o funciona demasiado despacio como para ser efectivo”, dijo Busby. “Si (el Régimen de Excepción) continúa, anticipamos impactos duraderos sobre los derechos humanos y el estado de derecho”.

Antes, el congresista demócrata de Massachusetts James McGovern, que presidió la audiencia, había sido todavía más crudo al calificar de “draconiano” el Régimen de Excepción en El Salvador.

El congresista criticó la política de detenciones masivas impulsada por Bukele y dijo que la cifra de más de 50,000 detenidos en solo cinco meses de la que presume el Gobierno de El Salvador “no tiene equivalente en Latinoamérica, ni siquiera en los peores días  de las dictaduras militares”. “Es un número que me hace pensar en la Turquía de Erdogan o el Egipto de El-Sisi”, dijo, comparando al presidente de El Salvador con dos jefes de estado denunciados internacionalmente por sus políticas represivas.

El representante estadounidense, Jim McGovern, habla durante una conferencia de prensa el 22 de junio de 2022 en Washington, DC., donde pidió a los EE. UU. que se unan a un tratado sobre la prohibición de las armas nucleares. Foto de El Faro: Brandon Bell/ Getty Images/ AFP.
 
El representante estadounidense, Jim McGovern, habla durante una conferencia de prensa el 22 de junio de 2022 en Washington, DC., donde pidió a los EE. UU. que se unan a un tratado sobre la prohibición de las armas nucleares. Foto de El Faro: Brandon Bell/ Getty Images/ AFP.

Aunque en tono prudente, Busby dijo en varios momentos que el Departamento de Estado “comparte las preocupaciones” de McGovern, que dedicó casi dos tercios de la audiencia a escuchar el testimonio y las denuncias de representantes de la organización luterana Cristosal, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), y Human Rights Watch, además del periodista salvadoreño Héctor Silva Ávalos, todos ellos férreos críticos del Régimen de Excepción y de la estrategia de concentración de poder ejecutada por Bukele en los últimos tres años. 

La audiencia del lunes, de hecho, fue convocada a petición de diversas organizaciones de derechos humanos en El Salvador, ante la falta de cauces institucionales para denunciar abusos en un país en el que los tres poderes del Estado están controlados por Bukele. Ningún representante del Gobierno salvadoreño fue invitado a testificar.

En su comparecencia, Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal, denunció que la cifra de muertos bajo detención en los últimos cinco meses ya alcanza los 76, y recordó que al menos tres decenas de ellos mostraron señas de tortura y de posible “asesinato extrajudicial”. Bullock afirmó ante la Comisión que la Fiscalía General de El Salvador “no ha abierto investigación por ninguno de los salvadoreños muertos bajo custodia estatal”, en contra de lo que el Estado salvadoreño comunicó formalmente a Naciones Unidas el 27 de julio, después de que seis oficinas distintas de la ONU exigieran explicaciones tras detectar patrones de violaciones de derechos humanos durante el régimen de excepción.

Bullock denunció también que su organización ha recibido reportes de familiares de “advertencias de las autoridades de que sufrirán represalias por hablar con organizaciones de derechos humanos, con mención específica a Cristosal”. La organización ha documentado 416 casos de familiares de detenidos que sufrieron intimidaciones o violencia por denunciar abusos. De ellos, 112 fueron amenazados con nuevos arrestos y, de estos últimos, 68 fueron detenidos como represalia.

Diferencias internas

Durante la audiencia, la subsecretaria adjunta Mendrala pidió en nombre del Departamento de Estado “respaldo bipartidista en el Congreso” para impulsar que el combate a la violencia en el continente se haga “de forma sostenible, ética y democrática”, en un esfuerzo por no individualizar en Bukele una práctica —el abuso de la fuerza por parte de gobiernos autoritarios— que se ha repetido por años en el continente. Entre líneas, era además un lamento por la brecha partidaria que, desde la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, ha limitado el ya de por sí complicado margen de acción del Gobierno estadounidense en Centroamérica.

En las últimas semanas, fuentes en el Departamento de Estado han asegurado a El Faro que las posibles diferencias con el partido republicano “no han sido un factor importante” en los evidentes problemas de la administración para concretar su estrategia diplomática en El Salvador, “a diferencia de lo que sucede en Guatemala”, donde según la misma fuente “incluso pocos demócratas dimensionan el aparato de lobby que han creado en Washington” la élite empresarial y el Gobierno de Alejandro Giammattei. Aun así, en la audiencia del lunes sobre El Salvador ni siquiera había algún republicano que pudiera escuchar la petición de unidad de Mendrala.

El congresista de New Jersey Christopher Smith, que preside junto a McGovern la Comisión Tom Lantos de Derechos Humanos en la Cámara de Representantes, tenía previsto participar pero se excusó a última hora y se limitó a enviar un pronunciamiento escrito que, si bien tiene palabras duras para Bukele, resta importancia a sus excesos y dedica la mitad del espacio a denunciar la represión en Nicaragua y cuestionar las prioridades de los demócratas en la región.

“Todos estamos de acuerdo en que el presidente Bukele no ha estado a la altura de las expectativas de muchos observadores que esperaban que marcara una ruptura con el pasado y con los partidos tradicionales corruptos de izquierda y derecha”, escribe Smith en su declaración, obtenida por El Faro, en la que afirma que Bukele “es en esencia un populista”. “Uno podría incluso compararlo con un peronista”, dice el republicano, en referencia al movimiento personalista y con vocación transideológica fundado en los años 40 por Juan Domingo Perón.

“Bukele continúa confundiendo”, escribe Smith. “Pero dicho esto, me pregunto por qué nos estamos enfocando en El Salvador y no en Nicaragua, donde las violaciones a los derechos son mucho, mucho más avanzadas y severas.” “Bukele debería ser condenado por bullying a los otros dos poderes”, dice, pero destaca que aun así los salvadoreños “en su sabiduría”, le dieron una super mayoría parlamentaria en la elección de 2021: “Pueden no gustar los resultados, pero El Salvador es todavía una democracia”.

La ambivalencia de múltiples líderes republicanos hacia Bukele es en parte mérito de la millonaria inversión que el Gobierno de El Salvador ha hecho en lobistas para evitar que los principales políticos republicanos acuerpen mayores medidas de presión en su contra. El pasado 28 de julio, en una audiencia del Senado para evaluar a William Duncan como posible embajador ante El Salvador, el republicano de Florida Marco Rubio dijo del Gobierno de Bukele: “No hay que aplaudir o celebrar todas las cosas con las que no estamos de acuerdo, pero tenemos un interés de seguridad nacional que hay que balancear”.

La ausencia de Smith se puede interpretar como otra pequeña victoria diplomática de Bukele. El Faro confirmó que la Embajada de El Salvador envió el viernes 9 de septiembre al congresista republicano una queja formal por la selección de testigos invitados a la audiencia, en la que instó a la Comisión a “considerar incluir en el panel una mirada más balanceada” —se ofreció para proponer nombres— y protestó por que se tomara como fuente una publicación periodística, esta de El Faro, para afirmar que el repunte de homicidios de finales de marzo, que sirvió de motivo para decretar el Régimen de Excepción, fue causado por la ruptura de una negociación del Gobierno de Bukele con las pandillas.

En su carta, la Embajada ofreció al congresista una reunión con la embajadora en Washington, Milena Mayorga, para “clarificar la posición del Gobierno” y “los hechos distorsionados por esa información engañosa”. Ese mismo día, la embajadora había protestado en redes sociales por la inclusión del periodista Héctor Silva entre los panelistas.

En una respuesta por escrito, la oficina de Smith descargó en sus colegas demócratas en el Comité la responsabilidad por la composición de los paneles y expresó que compartía con la Embajada la preocupación “por la falta de balance en los testigos”, aunque aclaró que “hay aspectos de la política y las conductas del Gobierno (de El Salvador) que pueden ser cuestionadas de forma legítima”. La tarde del lunes este periódico preguntó al equipo del congresista si la correspondencia con el Gobierno de El Salvador motivó en alguna medida su ausencia en la audiencia, pero no obtuvo respuesta.

La abogada constitucionalista Leonor Arteaga, representante de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), una de las promotoras y participantes en la audiencia del lunes, lamentó el lunes por la tarde la ausencia de Smith: “Si los republicanos siguen dando espacio o incluso cierto respaldo a Bukele, él se va a aferrar a eso”, dijo. “Es algo que le puede dar oxígeno para rato”.

“Una pistola sobre la mesa”

También entre los demócratas persisten las grietas a la hora de definir una política hacia El Salvador. McGovern se dirigió el lunes “a aquellos que refrenan su crítica al Gobierno de El Salvador diciendo que las acciones del presidente Bukele son populares y que sus índices de aprobación son altos”, una evidente alusión a quienes en Washington, tanto en la Casa Blanca como en el Departamento de Estado y el Congreso, citan las encuestas como una limitante para que Estados Unidos sea más tajante en sus condenas públicas o aplique a El Salvador y sus funcionarios sanciones más duras. “Ser popular no significa estar en lo correcto”, les dijo McGovern.

Tiziano Breda, analista para Centroamérica de International Crisis Group, afirma que el destinatario del mensaje de esta audiencia “podría ser la misma administración Biden, para que se empuje alguna proactividad mayor en relación con gestiones diplomáticas y posibles medidas a tomar”. “Hasta ahora el Gobierno de Biden ha sido bastante cauteloso en expresarse y no ha tenido clara la estrategia a utilizar”, dice Breda.

El periodista Héctor Silva, que el lunes testificó en la audiencia sobre El Salvador, coincide: “En general, en la administración Biden no saben qué hacer con el Triángulo Norte. Hay dos visiones en la administración y en el Congreso: una es conciliadora y dice que pensando en el tema chino y ruso, que tiene enorme peso en Washington, no se pueden quemar todas las naves. La otra apunta a que, si no se ataca el problema de manera más directa, en El Salvador y Guatemala se va a reproducir el escenario de Nicaragua. Este sector, aun así, no tiene claridad de rumbo y aún debate cómo utilizar las herramientas con las que cuenta Estados Unidos”.

McGovern está en el segundo grupo. El congresista pidió a la Casa Blanca más presión a Bukele, incluyendo a través de instituciones multilaterales, comercio, calificaciones de riesgo para viajeros estadounidenses y auditorías al dinero de cooperación y préstamos. El lunes dejó ver su preocupación por la posibilidad de que en la administración Biden se impongan los más pragmáticos.

Por ejemplo, criticó abiertamente el más reciente informe sobre la estrategia internacional de control de drogas, elaborado por el Departamento de Estado, que dice que el retroceso democrático en El Salvador no ha reducido la capacidad del país para ser un socio de los esfuerzos antidrogas de Estados Unidos: “Me impactó esa afirmación”, dijo el demócrata. “Yo pensaría que despedazar el estado de derecho, como Bukele ha hecho sistemáticamente desde que llegó al cargo, sería un obvio golpe a cualquier esfuerzo serio de lidiar con las pandillas atrincheradas en El Salvador”.

Agentes policiales custodian a dos de los detenidos durante el Régimen de Excepción. Ambos fueron presentados ante un defensor público en la Procuraduría General de la República, el 25 de abril de 2022. Foto de El Faro: Víctor Peña. 
 
Agentes policiales custodian a dos de los detenidos durante el Régimen de Excepción. Ambos fueron presentados ante un defensor público en la Procuraduría General de la República, el 25 de abril de 2022. Foto de El Faro: Víctor Peña. 

Las organizaciones que dieron testimonio en la audiencia tomaron la misma línea. La directora interina de la división Américas de Human Rights Watch, Tamara Taraciuk, instó a Estados Unidos a “enviar un mensaje contundente de que no se aliará con gobiernos que no respetan la independencia judicial y que los ataques constantes contra las cortes y las violaciones generalizadas a los derechos humanos, como las que se están cometiendo en El Salvador, tendrán consecuencias incluyendo, de ser necesaria, la suspensión de ayuda militar”.

La administración Biden ha retirado las visas y congelado los bienes de una decena de funcionarios y exfuncionarios de la administración Bukele acusados de corrupción o conductas antidemocráticas. En 2021, USAID ya cortó su financiamiento a la Policía Nacional Civil, Fiscalía General, Corte Suprema e Instituto de Acceso a la Información Pública, tras la destitución ilegal de la Sala de lo Constitucional y el fiscal general. El anuncio de que esos fondos se redirigirían a la sociedad civil y al refuerzo del periodismo independiente alimentó meses después críticas de Bukele contra Estados Unidos y otros países, a los que en septiembre del año pasado acusó de haber financiado masivas protestas contra su Gobierno.

El subsecretario Busby subrayó en la audiencia del lunes el programa Voces, anunciado por la encargada de USAID Samantha Power en la Cumbre de las Américas en junio, que destinará $42 millones a “promover la democracia digital y libertad de expresión, fortalecer a los medios independientes y contrarrestar la criminalización” para “proteger, defender y promover el espacio cívico en Centroamérica”. En su testimonio, Héctor Silva citó a otra periodista que considera el régimen de excepción una advertencia permanente a las voces críticas: “una pistola sobre la mesa, que aun cuando no te apunten con ella te recuerda que en cualquier momento pueden tomarla y disparar contra ti”.

Desafío internacional

Pese a las hostilidades verbales entre ambos gobiernos, Estados Unidos afirma que aún tiene líneas de comunicación con Bukele. Busby aseguró también este lunes que, en la aprobación de la quinta extensión consecutiva del Régimen de Excepción, en agosto, el Gobierno de El Salvador accedió a sus peticiones de restaurar el derecho de libre asociación. Los derechos a la defensa efectiva, la presunción de inocencia, la privacidad de comunicaciones y a no autoincriminarse siguen suspendidos.

El Departamento de Estado aún no ha definido si certificará a El Salvador para seguir recibiendo cooperación de Estados Unidos, un aval que en teoría incluye requisitos en combate a la corrupción y la impunidad, transparencia e institucionalidad, independencia del sistema judicial y protección de derechos de la sociedad civil, la oposición política y la prensa. Según documentos públicos publicados en el Registro Federal, en el norte de Centroamérica solo Honduras ha sido ya certificado este año.

Otras delegaciones diplomáticas han guardado silencio en público sobre las numerosas denuncias de detenciones arbitrarias y torturas durante el Régimen de Excepción. Esta semana Birgit Gerstenberg, coordinadora residente de las Naciones Unidas en El Salvador, se vio envuelta en una intensa polémica después de que el periódico gubernamental Diario El Salvador usara una declaración suya para titular “La ONU valora positivamente el Régimen de Excepción”. Las críticas inmediatas de organizaciones de Derechos Humanos forzaron a Gerstenberg a hacer una aclaración, en la que, si bien afirma que el Régimen “es una decisión soberana de los Estados”, enfatiza que “las medidas deben estar enmarcadas en el respeto a los derechos humanos”.

Según cifras gubernamentales, desde que se proclamó el Régimen de Excepción el 27 de marzo, las autoridades han detenido a un promedio de alrededor de 304 personas al día. Organizaciones de derechos humanos han denunciado constantes detenciones arbitrarias, y torturas como el uso de gas pimienta, racionamiento de comida y obligar a los detenidos a permanecer parados, invasiones a la propiedad privada y violaciones al debido proceso. Una investigación de El Faro reveló cientos de arrestos bajo argumentos espurios como mostrar “nerviosismo” ante las autoridades o tener una ficha policial por condenas ya cumplidas o incluso por cargos que terminaron en un veredicto de inocencia.

Bullock dijo ante la Comisión del Congreso que su organización ha recibido 2,698 denuncias corroboradas de irregularidades bajo el Régimen. “Esta experiencia ha dejado en evidencia que la defensa legal de salvadoreños acusados de crímenes bajo el Régimen de Excepción es virtualmente imposible”, dijo. Cristosal tiene reportes de entre 200 y 600 individuos que en el momento de su audiencia de defensa no estaban presentes en el tribunal.

Breda, de Crisis Group, coincide con Cristosal. Afirma que la audiencia del lunes “es el resultado de la poca eficacia de las instancias tanto nacionales como de circuito interamericano y de la ONU en abrir espacios para ciertos cambios en esta política de gobierno”.

Taraciuk, de Human Rights Watch, testificó que se han documentado al menos siete casos de personas con enfermedades mentales que fueron detenidas y acusadas de nexos con pandillas, e insistió en que hay prácticas sistemáticas de privación de tratamiento médico a detenidos con enfermedades crónicas, así como casos de detenidos sin acceso a comida y agua potable. Hizo un llamado a “mecanismos más robustos de rendición de cuentas para préstamos existentes y nuevos, para que contribuyan a la protección de derechos humanos”.

“Ellos saben lo que se ha dicho aquí hoy”, dijo Taraciuk en referencia a la comunidad internacional que guarda silencio al respecto, “pero no es prioritario cuando hablan de derechos humanos en la región”. “Estamos en un punto de inflexión'', agregó, y poco después de la audiencia tuiteó: “Estados Unidos tiene que jugar un rol central en evitar que El Salvador se vuelva la siguiente dictadura de la región”.

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El Salvador Tue, 13 Sep 2022 18:32:32 +0100 https://elfaro.net/es/202209/el_salvador/26370/Régimen-de-Excepción-confirma-división-entre-Demócratas-y-Republicanos-respecto-a-Bukele.htm
Washington ríe en silencio ante el fracaso del Bitcoin en El Salvador http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000037511.jpg https://elfaro.net/es/202209/columnas/26371/Washington-ríe-en-silencio-ante-el-fracaso-del-Bitcoin-en-El-Salvador.htm El fracaso de la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal ha generado en Washington una especie de burla hacia las capacidades de Bukele de manejar una economía en serios aprietos. El fracaso de la adopción de Bitcoin como una moneda de curso legal ha generado en Washington una especie de burla hacia las capacidades de Bukele de manejar una economía que –en la opinión de ellos– está en serios aprietos. Para Estados Unidos el fracaso era previsible por distintas razones, empezando por el secreto con el que se ha manejado. Es normal que la debacle le haya sorprendido poco a los funcionarios de un país cuya diplomacia, históricamente, se ha basado en exportar productos de consumo masivo y que aloja en su barriga al más poderoso reino de la especulación económica: Wall Street.

El sigilo diplomático de Washington tenía, al menos, dos funciones. La primera era no tensar aún más la relación con el presidente Nayib Bukele, al cual no consideran aliado. La segunda, que los funcionarios de Biden calculaban que la intensidad con el que gobierno estadounidense regularía las criptomonedas sería pausada. Lo cierto es que en los últimos meses, tras el colapso de estas, la ofensiva se ha acelerado.

Una fuente cercana a la Casa Blanca me aseguró que el gobierno de Estados Unidos comunicó en conversaciones privadas con funcionarios salvadoreños la preocupación de la administración estadounidense sobre la adopción de la criptomoneda. “La ley de Bitcoin es un fracaso, seamos sinceros. Era previsible, lo sabíamos, teníamos muy estudiada la situación,” me confió esta fuente mientras sonreía burlonamente. Aunque prefiere mantener el anonimato por no estar autorizada a discutir el tema, me hizo saber que su reacción es similar a la mayoría de los involucrados en el tema no solo en la administración Biden, sino también en el Congreso y el Senado. Asimismo, asegura que la posición del Departamento del Tesoro ha sido mediada por el interés de la administración salvadoreña de crear un dólar digital.

El principal argumento que el gobierno de Biden tenía contra la adopción del Bitcoin era la falta de transparencia del proyecto, el cual es tratado como secreto de Estado, a pesar de que para su implementación se usaron al menos $425 millones de fondos públicos. Otra fuente cercana al tema me aseguró que los planes económicos de Bukele los conocen solo una camarilla de funcionarios, pero que el resto del Ejecutivo apenas puede articular la estrategia económica de El Salvador.

Por meses, el gobierno de Bukele trató de influir en el debate sobre criptomonedas en el Congreso de Estados Unidos. Según una fuente que trabaja en la cámara baja del congreso estadounidense, pocos días después de la adopción del Bitcoin como moneda legal, el 7 de septiembre de 2021, el cabildero estadounidense Damián Merlo intentó establecer lazos de comunicación entre congresistas y el ministerio de Economía. Para entonces, muchos congresistas veían la adopción del Bitcoin como una jugada más de relaciones públicas de Bukele.

En todo caso, para Washington la adopción de la criptomoneda abría una puerta para el lavado de dinero que podría afectar el sistema financiero de Estados Unidos. En marzo de 2022, senadores republicanos y demócratas del comité de Relaciones Exteriores del Senado pasaron una propuesta de ley llamada Ley de Responsabilidad por las Criptomonedas en El Salvador (ACES), que investiga el impacto de la implementación de Bitcoin en El Salvador en la economía estadounidense. Un mes después, la demócrata Norma Torres y el republicano Rick Crawford introdujeron la misma legislación en la Cámara Baja. 

De abril hasta la fecha, el mercado de criptomonedas ha colapsado y el gobierno de Estados Unidos parece haber lanzado una ofensiva regulatoria. La Casa Blanca ha prometido regular la minería cripto, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC en inglés) está considerando incluir las criptomonedas como otro producto bancario y el Departamento de Tesoro ha cerrado sitios web que utilizaron criptomonedas para lavar a dinero. Tether, la compañía socia de Bukele en el lanzamiento de los bonos Volcán, se ha negado a cerrar cuentas de usuarios que el gobierno de Estados Unidos asegura fueron utilizadas para lavar dinero procedente de Corea del Norte. Esto se suma a que el valor de los Bitcoin comprados por Bukele ha caído en un 58 % y a la oleada de bancarrotas de empresas cripto, algunas actualmente investigadas por fraude

El pasado 6 de septiembre de 2022, el congresista y miembro de los comités de relaciones exteriores y de servicios financieros de la Casa de Representantes Brad Sherman, aseguraba que “oligarcas cripto” tiraban dinero a países pobres como El Salvador y la República Centroafricana para influir en sus sistemas políticos. Las palabras de Sherman, pronunciadas durante el primer simposio mundial de cripto escépticos, importan porque él será uno de los congresistas que participará en la revisión de ACES. La regulación de cripto en Washington es una agenda bipartidista.

Washington sabe de casinos financieros: uno de ellos, el NASDAQ (la bolsa de valores del mercado electronónico), mueve en un solo día el equivalente a siete veces al tamaño de la economía salvadoreña. Por eso, las explicaciones de algunos en Washington sobre el fracaso de la implementación de la criptomoneda tienen un tono burlesco. EE. UU. nunca quiso hacer de Bitcoin un tema de negociación con El Salvador. Primero, porque no le convenía; y, segundo, porque sabía que, en última instancia, El Salvador depende del sistema financiero estadounidense al carecer de moneda propia.


*Ricardo J. Valencia es profesor asistente de comunicación de la Universidad Estatal de California, Fullerton. Twitter: @ricardovalp

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Columnas Tue, 13 Sep 2022 17:39:05 +0100 https://elfaro.net/es/202209/columnas/26371/Washington-ríe-en-silencio-ante-el-fracaso-del-Bitcoin-en-El-Salvador.htm
Romper el monólogo del poder http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000035397.JPG https://elfaro.net/es/202209/columnas/26369/Romper-el-monólogo-del-poder.htm El mundo necesita una prensa independiente que exija y se sitúe frente al poder, que ponga sus métodos al servicio de la verdad y de entender mejor por qué vivimos como vivimos. Discurso de Aceptación del premio World Press Freedom Hero,
entregado  a Carlos Dada el 9 de septiembre de 2022
por el International Press Institute.
 

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Gracias, miembros del Jurado del Instituto Internacional de Prensa y el Apoyo Internacional para Medios, por este gran honor. Agradezco especialmente, y creo que hablo en nombre de todos mis colegas de México y Centroamérica, la declaración que han hecho pública hoy expresando su preocupación por la situación de los periodistas en la región y condenando los ataques contra la libertad de prensa. El apoyo internacional, y público, es una protección clave para nosotros.

Es muy especial para mí compartir este premio con la fallecida Shireen Abu Akleh, una reportera de mi generación con una sólida carrera de excelencia que se extendió durante décadas. Fue asesinada hace unos meses por un soldado israelí en el campo de refugiados de Yenín y posteriormente su funeral fue interrumpido por un ataque de la Policía israelí contra los dolientes ordenado por las autoridades israelíes. Su muerte sigue impune. A su familia: mi solidaridad y apoyo.

Shireen es una verdadera mártir del periodismo que espera justicia.

El periodismo es una de las profesiones más arriesgadas. Pero no podemos hablar de riesgo en el periodismo como si habláramos de carreras de coches o de escalar el Everest. No.

La muerte de Shireen no fue un accidente.

Como tampoco lo fueron los asesinatos de Jamal Kashoggi, de Javier Valdez, de Daphne Caruana, de Ángel Gahona, de Miroslava Breach, de Dom Phillips, de los más de dos mil periodistas asesinados desde 1992. Cada uno de ellos pagó el precio más alto por informar a otros seres humanos, por decir la verdad al poder, por denunciar la corrupción, por adentrarse en el territorio del crimen organizado o por investigar las injusticias contra los desfavorecidos, los crímenes contra el medio ambiente, contra la humanidad. La mayoría de esas muertes permanecen impunes.

Vengo de América Latina, donde se han producido alrededor del 40 % de esas muertes. Sólo en México, un periodista es asesinado cada quince días. Y ahora, tras apenas tres décadas de vida democrática errática, el autoritarismo vuelve a Centroamérica y, con él, los ataques a la prensa. A los populistas autoritarios les encantan los monólogos y no soportan las versiones alternativas a su narrativa. No pueden permitir que la verdad salga a la luz.

Soy el tercer centroamericano que recibe este premio. El primero, Pedro Joaquín Chamorro, fue asesinado hace medio siglo por la dictadura de Somoza en Nicaragua. El segundo es José Rubén Zamora, el valiente fundador de El Periódico de Guatemala, detenido hace unas semanas, acusado de lavado de dinero. Permanece en prisión ahora mismo y me uno a quienes exigen firmemente su libertad.

Parece ser el destino de los héroes del periodismo: ser asesinados, encarcelados o exiliados.

Yo no soy un héroe. Ni siquiera quiero ser un héroe. De hecho, no conozco a ningún periodista que quiera serlo. Solo queremos trabajar sin amenazas, sin vigilancia, sin acoso. Sin consecuencias fatales. No deberíamos estar llorando a colegas, denunciando encarcelamientos injustos o dejar atrás nuestras raíces. Debemos señalar a los responsables y exigir que sean castigados. Ningún periodista debería verse obligado a tomar decisiones heroicas para realizar su trabajo. Y aun así, la presión aumenta cada día.

En Nicaragua, el régimen de Ortega ha cerrado 54 medios de comunicación, ha encarcelado a 11 trabajadores de medios de comunicación y ha obligado a exiliarse a casi 200 periodistas y editores, muchos de ellos acusados de lavado de dinero. En Guatemala, además de José Rubén Zamora, más de una docena de reporteros y editores también han sido acusados o encarcelados. Otros han optado por el exilio para evitarlo.

En mi país, El Salvador, el presidente Nayib Bukele controla los poderes Ejecutivo y Legislativo, y mediante un golpe a la Constitución controla también la Corte Suprema, todos los tribunales del país y la Fiscalía. Ha convertido al ejército y a la Policía en sus guardias personales. Sólo en los últimos cuatro meses, ha encarcelado a más de 50 mil personas sin orden de detención, acusándolas, sin pruebas, de tener vínculos con las pandillas.

Ha declarado la guerra a sus críticos y ha tenido mucho éxito en silenciar la mayoría de esas voces, pero el periodismo sigue siendo un gran obstáculo para su monólogo estratégico.

Por eso no sorprendió que, en un discurso a la nación transmitido en cadena nacional, mostrara mi foto y me acusara de lavado de dinero. Ha liderado públicamente campañas de difamación contra muchos otros colegas y algunos ya han optado por el exilio o el cambio de carrera.

El año pasado, con la experiencia de las organizaciones AccessNow y CitizenLab, descubrimos que los teléfonos de 22 miembros de El Faro habían sido infectados con el software israelí Pegasus. Los operadores intervinieron mi teléfono durante 167 días. Activaron a voluntad mi cámara, mi micrófono y mi geolocalización. Tuvieron acceso a todos mis chats, vídeos y fotos. Operaron casi todo un año en el teléfono de Carlos Martínez, otro periodista de El Faro. Además de la carga personal que supone saber que personas que quieren hacernos daño tienen las fotos y direcciones de nuestros seres queridos, también tuvo tremendas consecuencias profesionales: en cuanto lo hicimos público, perdimos una cantidad importante de fuentes. Ya nadie quería hablar con nosotros por miedo a sufrir represalias de un gobierno que controla todas las instituciones.

El régimen nos ha dado seguimiento físicamente, nos ha amenazado de diversas maneras, ha enviado drones a nuestros domicilios ­(uno de ellos incluso entró en mi apartamento por la ventana); tenemos seis investigaciones en curso contra nosotros: cuatro de ellas de carácter fiscal (impuestos y lavado de dinero) y al menos –al menos–  dos investigaciones penales. La Asamblea ha aprobado leyes que criminalizan el periodismo y prevé largas penas de prisión para cualquier periodista o editor que publique algo sobre las pandillas, incluyendo los acuerdos que Bukele y sus funcionarios hicieron con las pandillas.

En los 24 años que El Faro tiene de vida, nunca nos hemos enfrentado a tales amenazas. Lamentablemente creo que esta situación no hará más que empeorar, ya que seguimos informando e investigando. En cierto modo han tenido éxito al convertirnos en noticia y empujarnos a invertir recursos en defendernos, privándonos así de algunas capacidades para investigarlos. Somos conscientes de ello.

El mundo del que queremos formar parte necesita una prensa independiente que exija y se sitúe frente al poder, que ponga sus métodos al servicio de la verdad y de entender mejor por qué vivimos como vivimos, como sociedades y países.

Pero cada vez es más difícil renovar nuestra fe en el periodismo. Es una práctica muy frustrante. Queremos que las cosas cambien para mejor, con la rapidez y el alto impacto del escándalo Watergate, pero eso rara vez ocurre. Ayer, en esta misma conferencia, Dmitry Muratov declaraba la muerte del periodismo independiente en Rusia. Su país está peor ahora que cuando Novaya Gazeta empezó a publicarse. No estamos lejos.

El Faro fue el primer medio de comunicación salvadoreño nacido en democracia. Ahora la democracia ha desaparecido casi por completo y, sin embargo, gracias a una innovadora, moderna y engrasada maquinaria de propaganda, el sr. Bukele es el presidente latinoamericano con mayor apoyo popular, lo que plantea una paradoja: las comunidades a las que servimos no nos apoyan.     

De ello se desprenden naturalmente dos preguntas. La primera: ¿cambia algo el periodismo?

Esto puede sonar demasiado autocomplaciente, pero creo que en muchos lugares, por muy mal que estén las cosas, estarían peores si no fuera por el trabajo de los buenos periodistas.

Y segundo: ¿por qué hacemos lo que hacemos?

Es una pregunta seria para plantearse en medio de la crisis que muchos de nuestros colegas atraviesan en todo el mundo. Pero tenemos que defender nuestras razones para hacer periodismo y eso significa que cada uno de nosotros tiene que mirar en su interior y alrededor, y encontrar esas razones.

Todos tenemos derecho a decidir no hacer más periodismo, sobre todo ahora que el precio por hacerlo es cada vez más alto. De hecho, esa puede ser la decisión más sana y saludable.

Pero quien decide seguir debe saber que el silencio no es una opción. Nuestra palabra es nuestro poder, nuestra contribución a nuestras comunidades y nuestro destino. Y debemos usar nuestra palabra para romper los monólogos del poder. No podemos renunciar a la búsqueda de la verdad, a través de un método de verificación y del uso del lenguaje para comunicar nuestros hallazgos y estimular el debate público. Debemos utilizar nuestra palabra contra el silencio. Debemos usar nuestras palabras para defender la verdad.

Nuevamente, gracias por este tremendo honor, que acepto en nombre de todos mis colegas de Centroamérica, que cada día se sitúan al borde del heroísmo para seguir haciendo periodismo.

En nombre de ellos, gracias por su apoyo.

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Columnas Tue, 13 Sep 2022 13:04:56 +0100 https://elfaro.net/es/202209/columnas/26369/Romper-el-monólogo-del-poder.htm
El crecimiento económico que no sorprenderá al mundo - Por Luis Vargas https://elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg https://elfaro.net/es/202209/360grados/26368/El-crecimiento-económico-que-no-sorprenderá-al-mundo---Por-Luis-Vargas.htm 360 grados Tue, 13 Sep 2022 10:35:21 +0100 https://elfaro.net/es/202209/360grados/26368/El-crecimiento-económico-que-no-sorprenderá-al-mundo---Por-Luis-Vargas.htm No debería normalizarse una vida sin derechos en El Salvador http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_491_3000_2492/images%7Ccms-image-000037985.jpeg https://elfaro.net/es/202209/columnas/26367/No-debería-normalizarse-una-vida-sin-derechos-en-El-Salvador.htm Es fácil ver por qué la mayoría de los salvadoreños apoyan el régimen de excepción. Sin embargo, las estrategias de mano dura contra el delito han demostrado, una y otra vez, que son ineficaces. El presidente Nayib Bukele asumió su gobierno con la promesa de lograr seguridad, tras décadas de brutal violencia y criminalidad por pandillas. Después de haber negociado secretamente con estos grupos y tras el fin de semana más violento que se ha registrado en El Salvador en los últimos años, el Gobierno dispuso un régimen de excepción a fines de marzo que ha tenido consecuencias desastrosas para los derechos humanos. Gracias a esa medida, que sigue siendo por ahora muy popular, miles de salvadoreños viven ahora atemorizados no sólo por las pandillas, sino también por las fuerzas de seguridad. 

Las autoridades han cometido desapariciones forzadas de corta duración, detenciones arbitrarias masivas de personas que no tenían vínculos con pandillas. Los detenidos han sufrido maltratos y condiciones inhumanas en detención y decenas de ellos han muerto bajo custodia. El régimen de excepción, que debía ser temporario, ya se ha prorrogado cinco veces

Es fácil ver por qué la mayoría de los salvadoreños apoyan el régimen de excepción. La tasa de homicidios de El Salvador, si bien viene descendiendo desde 2015, ha estado por años entre las más altas del hemisferio. Sin embargo, las estrategias de mano dura contra el delito han demostrado, una y otra vez, que son ineficaces y, en ocasiones, han generado más violencia.

El presidente Bukele ha utilizado su maquinaria propagandística en redes sociales para difundir el viejo libreto de la “guerra” contra las pandillas. Emplear una narrativa bélica para referirse a operaciones de seguridad pública es siempre una señal de alerta sobre posible uso excesivo de la fuerza, procesos judiciales arbitrarios y leyes que avasallan derechos fundamentales.

La imagen que el presidente Bukele, cuya marca personal juvenil y moderna ha sido construida en redes sociales, ha cautivado a muchos salvadoreños porque contrasta con la de los políticos tradicionales. Pero en la práctica, Bukele ha gobernado como un caudillo y se ha dedicado a eliminar derechos elementales.

Las medidas del Gobierno contra las pandillas, que incluyeron redadas en comunidades mayormente de bajos ingresos y la encarcelación masiva de supuestos pandilleros, tiene semejanzas lamentables con políticas de seguridad del pasado. Más de 50 000 personas han sido detenidas desde marzo, miles de ellas sin orden judicial. Para justificar las redadas, las autoridades han sostenido que quienes que fueron detenidos son miembros de pandillas y que, por lo tanto, merecen el abuso que reciben.

El que nada debe nada teme”, promete la poderosa maquinaria propagandística del Gobierno. Sin embargo, en Human Rights Watch hemos documentado numerosas detenciones que se han realizado en gran medida, si no exclusivamente, sobre la base de la edad de las personas, su apariencia física o el hecho de que vivían en una zona controlada por pandillas. Ninguno de estos factores tiene relación alguna con la comisión de algún delito. 

La mayoría de las personas detenidas han permanecido en prisión preventiva, muchas de ellas en centros de detención hacinados e insalubres. Más de 70 han muerto bajo custodia. Las investigaciones sobre estas muertes no han sido serias.

Para muchas familias, el impacto de las medidas adoptadas ha sido devastador. Los familiares de los detenidos, en su mayoría mujeres, se dedican a recorrer centros de detención, tribunales y oficinas públicas en busca de sus seres queridos, cuyos paraderos no pueden confirmar. No tienen dónde acudir, pues no hay ningún organismo público local que garantice sus derechos, ni asegure perspectivas de justicia y resarcimiento.

La política de detenciones masivas ha vulnerado los derechos de cientos de personas. Pero algunos grupos están expuestos a mayores riesgos para su vida y su salud durante la detención. Un ejemplo especialmente aberrante es la detención de personas con discapacidad. En un caso ocurrido hace cuatro meses, varios policías detuvieron a un hombre de 23 años con autismo en su vivienda en una comunidad rural. Las autoridades lo acusaron de pertenecer a una pandilla y dispusieron que quedara en prisión preventiva por seis meses. Ningún familiar lo ha visto o ha hablado con él desde entonces. 

Las personas con discapacidad tienen derecho a garantías de debido proceso y a lo que se conoce como ajustes procesales, cuya finalidad es garantizar la igualdad de condiciones con otros detenidos. En este caso, se trata de adoptar medidas para que puedan entender el motivo de su detención y conocer sus derechos. No existe forma de saber si las autoridades han cumplido con estas obligaciones en este caso o en los otros. No adoptar estas medidas expone a las personas con discapacidad a abusos.

Para abordar seriamente la violencia de pandillas, el Gobierno debe implementar estrategias de seguridad eficaces para desarticularlas, así como programas sostenibles que combatan las causas estructurales que llevan a las personas a unirse. Esto requiere crear puestos de trabajo para jóvenes marginados y programas de rehabilitación eficaces. El Gobierno debe capacitar a la Policía y a los fiscales para que hagan cumplir la ley con rigurosidad. Simultáneamente, debe adoptar medidas para erradicar la corrupción policial y poner fin al uso excesivo de la fuerza, un elemento fundamental para que las personas puedan confiar en el sistema de justicia en lugar de temerle. 

Lejos de impulsar medidas para mejorar el pobre historial de violaciones de derechos humanos de las fuerzas de seguridad, la retórica de la “guerra” utilizada por el Gobierno da luz verde a las fuerzas de seguridad para usar excesivamente la fuerza y encubrir sus ilegalidades. El presidente ha utilizado esta narrativa como pretexto para prorrogar el régimen de excepción, que ha suspendido los derechos de libertad de asociación y reunión, privacidad de las comunicaciones y varias garantías de debido proceso.  A su vez, la Asamblea Legislativa, dominada por el partido del presidente, ha alentado y facilitado la retórica de la “guerra” y, con esto, la concentración de poder de Bukele.

El cierre de espacios democráticos, el copamiento de la justicia y la falta creciente de transparencia del Gobierno implican que hoy no existen instituciones independientes en pie para ponerle un freno al poder presidencial. 

Es fácil ignorar las detenciones arbitrarias y las violaciones de derechos fundamentales de personas desconocidas. Pero si las democracias no imponen límites que reflejen valores universalmente aceptados, todo vale. Y si no hay instituciones gubernamentales independientes que actúen como freno del poder Ejecutivo, cualquiera podría sufrir represión gubernamental y procesos penales arbitrarios. Normalizar una vida sin derechos es peligroso para todos.


*Tamara Taraciuk Broner es subdirectora para las Américas de Human Rights Watch.

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Columnas Mon, 12 Sep 2022 18:20:23 +0100 https://elfaro.net/es/202209/columnas/26367/No-debería-normalizarse-una-vida-sin-derechos-en-El-Salvador.htm