El Faro http://elfaro.net Periodismo independiente y audaz de El Salvador y Centroamerica con noticias, reportajes, investigac es Copyright 2020, El Faro Sat, 06 Jun 2020 05:09:08 +0100 El Faro Un año de avances tímidos y retrocesos significativos para las mujeres - Por Morena Herrera https://elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg https://elfaro.net/es/202006/360grados/24499/Un-año-de-avances-tímidos-y-retrocesos-significativos-para-las-mujeres---Por-Morena-Herrera.htm 360 grados Fri, 05 Jun 2020 21:23:34 +0100 https://elfaro.net/es/202006/360grados/24499/Un-año-de-avances-tímidos-y-retrocesos-significativos-para-las-mujeres---Por-Morena-Herrera.htm La satisfacción de un rescate http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_0_2000_1333/images%7Ccms-image-000033798.JPG https://elfaro.net/es/202006/ef_foto/24511/La-satisfacción-de-un-rescate.htm Cuerpos de socorro trabajaron cincuenta horas en la búsqueda de la familia Melara Salamanca. Desde la mañana del miércoles 3, escatistas, militares, policías y bomberos escudriñaron los escombros de una vivienda sepultada por un alud. La lluvia forzó a detener las labores de rescate en varias ocasiones. El mediodía del viernes 5, encontraron, entre el lodo, los cuerpos, siete cadáveres. Un logro agridulce. Los rescatistas habían llegado al lugar solo 15 minutos después de la tragedia, desde el barrio Santanita, en San Salvador y desde Santa Tecla, San Martín, Mejicanos y Lourdes, del municipio de Colón. “Nadie de mis compañeros recibe ningún sueldo por estar acá", dice Wílber Grande, jefe de rescate de Cruz Verde Salvadoreña. "Nuestra satisfacción es que alguien nos diga gracias. Yo me retiro satisfecho por la labor, agradecido con mis compañeros, alegre, porque rescatamos los cuerpos de la familia”. Desaparecidos que ya no lo son. Muertes que la familia podré velar. En la imagen, un grupo de jóvenes voluntarios de Cruz Verde Salvadoreña muestra su satisfacción por haber cumplido una misión más. EF Foto Fri, 05 Jun 2020 19:25:44 +0100 https://elfaro.net/es/202006/ef_foto/24511/La-satisfacción-de-un-rescate.htm Arreglar un país requiere más que delirios de grandeza http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000032069.jpg https://elfaro.net/es/202006/columnas/24510/Arreglar-un-país-requiere-más-que-delirios-de-grandeza.htm El planteamiento más claro en política económica que ha tenido Bukele es su apuesta por atraer inversión extranjera. Hace 30 años hubiera tenido algo de novedad, pero ahora solo transparenta su incomprensión de las dinámicas económicas que El Salvador ha tenido en las últimas décadas. Entre esperanza, alegría y aplausos de muchos; asombro, desazón y temor de otros, Nayib Bukele tomó el poder del órgano Ejecutivo el 1 de junio de 2019. La épica que impregnó en su discurso y que hizo gritar de emoción a muchos en la Plaza Gerardo Barrios giraba alrededor de una idea que, desde mi perspectiva, era la que daba algo de contenido a su arenga a lo largo de la campaña electoral: hizo historia poniendo fin a la posguerra (y al “bipartidismo”). El Salvador estaba, pues, a las puertas de una gran trasformación liderada por el pueblo salvadoreño.

Debido a la acelerada y nada tradicional carrera política de Nayib Bukele, y frente a la incomprensión del fenómeno político que observaban, muchas personas creyeron que lo que presenciaban con la llegada de Bukele al poder era histórico y transformador, le compraron la idea de grandeza, sin recapacitar en que las transformaciones sociales en pro del bienestar humano siempre han sido lideradas por una colectividad, un grupo de personas especialmente conscientes de su realidad, de sus posibilidades y del rumbo de su proyecto.

Contrario a esto, el proyecto político de Nayib Bukele no tiene una definición ideológica clara ni un rumbo medianamente definible, y tampoco se caracteriza por ser conducido por una colectividad. Las ideas y el liderazgo del proyecto tienen como principio y fin la imagen y la palabra del presidente; por tanto, su gabinete y sus funcionarios, los liderazgos de su partido y sus cuadros, no tienen por qué tener identidad ideológica, formación política o ideas claras de cómo se vería la sociedad transformada a la que apelan; tienen que poder seguir órdenes y entenderse como ejecutores de un plan definido por la palabra (bastante volátil) de Bukele. Desde aquí, cualquier transformación social de beneficios colectivos ya es inviable y cualquier cambio en las formas de hacer política podrá ser solo superficial.

¿Fin de la posguerra?

Derrotar electoralmente a los dos partidos que dominaron el escenario político desde los Acuerdos de Paz no es cualquier cosa; en definitiva será un hecho relevante en la historia del país, pero “pasar la página de la posguerra”, como lo dijo el presidente en su toma de posesión, está definido por cosas que sobrepasan radicalmente la alternancia partidaria en la presidencia. Pasar la página involucra asumir los avances democráticos del capítulo anterior y plantear un cambio sustancial en el ejercicio del poder.

Es claro que los espacios democráticos que nos proporcionaron los Acuerdos de Paz y que son viables en este sistema económico no son suficientes. Hacer alarde de nuestras instituciones y democracia sería un absurdo tomando en cuenta la profunda desigualdad y marginación social y económica que predomina en el país. Esto tiene su razón de ser en que la lucha del pueblo salvadoreño durante el conflicto armado no era por “pulir” una democracia, sino por conquistar un poco de ella. La lucha social que derivó en una guerra de 12 años era en contra del autoritarismo y, hasta hace un año, parecía que, con sus dificultades y desaciertos, la sociedad salvadoreña seguía apostándole a la democracia.

Frente a esto, el gobierno de Bukele, más que trascender de la posguerra parece ser un obstáculo para consolidarla. Su incomprensión por el funcionamiento del Estado, su desdén a los espacios democráticos y de contraloría, y su fascinación con tener como brazo político a las fuerzas armadas, transparentan su perfil autoritario y consolida retrocesos en los procesos democráticos de la sociedad salvadoreña.

Su ejercicio del poder tampoco vislumbra cambios positivos. La forma de hacer política del presidente no parece emanar de la nobleza de buscar el bien común, sino de las ambiciones de dominación. De ahí que su forma de lucha contra sus adversarios políticos sea maldecirlos cada vez que sea posible, que entienda como enemigo a toda aquella persona que cuestiona su forma de gobernar y que las leyes e instituciones le estorben. Un avance en el ejercicio del poder sería que su liderazgo político fuese capaz de reconocer, asumir y gobernar haciéndole frente a los conflictos de la sociedad salvadoreña. En un año, en cambio, el presidente ha demostrado que solo es capaz de generar más conflictos.

 Arreglar a El Salvador
En su toma de posesión, el presidente alentó a la población a acompañarlo para “sanar a El Salvador”, “arreglar a El Salvador” y aterrizó un poco en qué consistiría esta curación: salud, educación, trabajo, inversión. Ahondó apenas lo suficiente para apelar a lo emocional, sin dar detalles que permitieran verificar la factibilidad del arreglo que proponía. Ojalá en los meses siguientes hubiéramos obtenido más información, pero hasta la fecha persiste la deuda de un plan de gobierno que nos permita dilucidar a qué se refiere el mandatario cuando dice que va a “mejorar la educación” o cómo planea que la economía ofrezca más trabajo. Mucha menor idea tenemos, incluso, de cuál es su plan para superar los grandes problemas del país (violencia, pobreza, desempleo, subempleo, pensiones, finanzas públicas, etc.), y ni hablar de lo que supone ya haber superado: la violencia de pandillas.

Una de las grandes deudas políticas para El Salvador de los últimos años es el debate acerca de la transformación del modelo de desarrollo económico, que hace tiempo demostró ser incapaz de ofrecer dignidad material para la mayoría de la población. Cualquier “nuevo capítulo” en nuestra historia requiere de una profunda discusión acerca de cómo transformar radicalmente la economía, cómo establecer políticas fiscales que le den al Estado la capacidad de invertir y gastar en la protección social de población; cuál es el papel que debe tener el sector empresarial en pro de beneficios de la colectividad y no solamente privados, qué tipo de inversión buscamos atraer como país y cómo garantizamos que sea de beneficio de El Salvador más allá de proveer (insuficiente) empleo con salarios de hambre.

Luego de un año de Gobierno, esta discusión parece más lejana que antes. El planteamiento más claro en política económica que ha tenido Nayib Bukele es su apuesta por atraer inversión extranjera. Hace 30 años hubiera tenido algo de novedad, pero ahora solo transparenta su incomprensión de las dinámicas económicas que El Salvador ha tenido en las últimas décadas.

Nayib Bukele no conoce el país que gobierna, mucho menos en un tema tan complejo como el económico. Su gobierno parece no entender de economía, desde el momento que plantea que se puede abordar una pandemia sin tomar en cuenta, de forma integral, las imposibilidades para la subsistencia de la mayoría de la población al obligarlos a quedarse en casa. El mecanismo de subsidio creado para las transferencias por 300 dólares, aunque bajo la lógica correcta, fueron ejecutados de manera poco inteligente y al final solo lograron dar alivio a pocos en un mes, mientras la cuarentena se ha extendido a cerca de 3 meses.

En temas fiscales, este Gobierno entiende la hacienda pública como una billetera personal. La administración de Nayib Bukele ha cerrado los ojos y, apelando al miedo, ha decidido empeñar una parte de El Salvador, cerca de 10 % de su Producto Interno Bruto, en solo un año. También amenaza, sin mayor titubeo, con castigar a los otros órganos del Estado suspendiendo sus pagos, y gasta sin ánimos de ofrecer una rendición de cuentas sustancialmente mayor que la que gobiernos anteriores han ofrecido.

Las decisiones apresuradas e irreflexivas que ha tomado este Gobierno con el endeudamiento y el gasto público tendrán consecuencias en el día a día de la población salvadoreña. Si logra consolidar la gestión de los más de 3 mil millones de dólares en préstamos, el ajuste en términos fiscales tendrá que ser igual de contundente. Es decir que el Estado tendrá que generar más ingresos y gastar menos, todo lo anterior pasa por un impacto sustancial en la vida de los salvadoreños. Las primeras muestras de ello lo vimos con la reorientación de fondos de los ministerios de Educación y Medioambiente para cubrir la planilla de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda).

La forma y narrativa con la que el nuevo gobierno ha decidido abordar el endeudamiento da un claro ejemplo de la forma de hacer política de Bukele y su grupo: poco conocimiento de los detalles técnicos y variables económicas que involucra, apelar al miedo para justificar su actuar, recurrir a la matonería para buscar que la oposición partidaria se ponga de su lado, navegar en mares de mentiras y manipular el desconocimiento de la población; además, utilizar el tema para entrar en conflicto directo con sus adversarios electorales.

A un año de la llegada de Nayib Bukele al Ejecutivo, si bien persiste la incertidumbre respecto del rumbo del país, hemos reafirmado tres aspectos clave: que al proyecto político de Bukele le pesa la transparencia, que le molesta el conocimiento y que es enemigo de la verdad.

A pesar de lo anterior, su popularidad es indudable. Si de caracterizar a sus seguidores se trata, yo los separo en dos grupos. El primero tiene una simpatía manifiesta por el Gobierno que parte de la noble esperanza de que este Gobierno si será capaz de transformar a El Salvador y que, para eso, hay que hacer sacrificios y pelear contra lo que sea. El segundo está conformado, en cambio, por quienes guardan tanto rencor a los partidos políticos que traicionaron sus promesas, que están dispuestos a defender lo que sea que les garantice venganza. Al final, la mayoría de sus seguidores están aferrados a un sentimiento, el cual es legítimo y solo el tiempo sabrá sopesar con realidad.

El Gobierno no es el único que no tiene un rumbo definido, en la oposición tampoco se observa total claridad de su papel frente a la actual administración. Luchar contra lo popular es complicado para aquellos que, al final de cuentas, también tienen interés en los votos. Por el momento, Nayib Bukele continúa siendo un gran reto para los partidos políticos de oposición, que deben ser capaces de defender principios e ideas desde una minoría.

No todo está perdido. Hay una parte de la población que ha llegado al consenso de resistencia total a las acciones autoritarias de este Gobierno. La democracia sigue siendo una lucha profundamente revolucionaria; puede que no sea popular en esta coyuntura, pero es necesaria.

Si bien la pandemia y, ahora, la tormenta tropical le han dado un respiro al cumplimiento de promesas realizadas por el presidente al inicio de su gestión, estos eventos también han permitido dilucidar con claridad su forma de resolver problemas y utilizar las instituciones del Estado. Es claro que la histórica oportunidad que Nayib Bukele tuvo para convertirse en un líder político que llevara a El Salvador a consolidar su democracia y buscar su desarrollo social y económico, ya solo quedan alucinaciones transmitidas por cadena nacional y conferencias de prensa, en donde nos adornan la mediocre gestión pública con ser los “primeros en América Latina”, con recurrentes “primera vez en la historia de El Salvador”, y “ningún otro país en el mundo”. Junto a los gritos, ataques y ofensas del presidente, ya solo podemos observar delirios de grandeza de lo que pudo ser.

Carmen Tatiana Marroquín es feminista. Licenciada en economía, con estudios de posgrado en finanzas. Posee experiencia  profesional en supervisión del sistema financiero y se desempeña actualmente como analista técnica  en temas fiscales para el Órgano Legislativo, con la fracción del FMLN.
 
Carmen Tatiana Marroquín es feminista. Licenciada en economía, con estudios de posgrado en finanzas. Posee experiencia  profesional en supervisión del sistema financiero y se desempeña actualmente como analista técnica  en temas fiscales para el Órgano Legislativo, con la fracción del FMLN.

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Columnas Fri, 05 Jun 2020 16:12:41 +0100 https://elfaro.net/es/202006/columnas/24510/Arreglar-un-país-requiere-más-que-delirios-de-grandeza.htm
Un púlpito presidencial en medio de la catástrofe http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_0_2000_1333/images%7Ccms-image-000033796.JPG https://elfaro.net/es/202006/ef_foto/24509/Un-púlpito-presidencial-en-medio-de-la-catástrofe.htm “Está panda la alfombra. Está mucho para allá", señalaba hacia la izquierda. "Hay que ponerle un tinte para que no se le vea eso al podio”. Esa era la discusión entre una asistente de prensa, un camarógrafo y un empleado de logística de Casa Presidencial mientras montaban, en medio del lodo, el podio desde el que hablaría el presidente Nayib Bukele. Detrás de ese escenario, sobre el kilómetro 8 de la carretera antigua que conduce al municipio de Santo Tomás, las intensas lluvias de la tormenta Amanda habían provocado una tragedia. Socorristas, policías, militares y bomberos seguían la búsqueda de siete personas de una misma familia, desaparecidas desde la mañana del miércoles 3 de junio después de que un deslave destruyó su vivienda. Por la tarde, cuando para esa familia ya era tarde, las autoridades habían recomendado a los habitantes que quedaban en la zona desalojar las viviendas cercanas al deslave. 24 horas después, a las 2:00 de la tarde del jueves 4, una comitiva de más de veinte miembros del Estado Mayor Presidencial llegó hasta el lugar del deslave. Bajaron de un camión el podio, lo pusieron en su lugar, colocaron una cinta negra, rejas metálicas separadoras y una planta generadora de energía. Cuatro cámaras de video se instalaron frente a la escena, listas para transmitir una conferencia que, decía extraoficialmente el equipo de prensa, sería a las 3:00 de la tarde. Se activó la planta eléctrica, los guardaespaldas de avanzada custodiaban los alrededores del lugar. “Santos, aquí”, le ordenó un socorrista a otro que formaba una fila para recibir al presidente. De repente, la escena se desmontó. A las 3:40 de la tarde, miembros de prensa y protocolo de Casa Presidencial discutían, de nuevo, mientras operarios cargaban en un camión las últimas cintas separadoras. EF Foto Thu, 04 Jun 2020 22:55:39 +0100 https://elfaro.net/es/202006/ef_foto/24509/Un-púlpito-presidencial-en-medio-de-la-catástrofe.htm “En Santo Tomás nadie nos avisó del peligro” http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_24_0_1710_1123/images%7Ccms-image-000033792.JPG https://elfaro.net/es/202006/el_salvador/24508/“En-Santo-Tomás-nadie-nos-avisó-del-peligro”.htm En Santo Tomás, aquellos que evacuaron la zona del deslave lo hicieron más por instinto de supervivencia que por un aviso del sistema nacional de protección civil. A los Melara, ni a sus vecinos, ninguna autoridad llegó a evacuarlos, a advertirles. Los siete miembros de esta familia, convertidos ahora en el símbolo de la tragedia, continúan desaparecidos bajo la tierra, mientras los funcionarios de Gobierno visitan el lugar rodeados de las cámaras de los equipos de prensa gubernamental. “Yenni estaba en línea. Hace una hora estaba en línea… pero nada”, dice Raúl Reyes mientras muestra en su celular una conversación con su prima, Yennifer Melara, que ya lleva doce horas soterrada. Hoy es miércoles 3 de junio y son las 5:13 p. m. En El Salvador la tormenta no amaina, ya ha dejado 30 mil damnificados, 27 muertos y diez desaparecidos: entre ellos Yennifer, sus hermanos y padres. Hace una hora, a Raúl lo abrazó una esperanza. El messenger de su prima aparecía activo, según la red social de Facebook. Sin embargo el tiempo avanza y la esperanza de encontrarlos con vida poco a poco se convierte en frustración. Aún debajo de la tierra, Raúl asegura que algunas llamadas entran a los celulares.  Antes de enseñar el chat, intenta llamar a Yennifer y al resto de la familia, pero la llamada ya no entra. La conexión ha cesado.

La familia Melara quedó soterrada la madrugada del tres de junio. Un alud Lo arrastró todo: árboles, rocas… sepultó la casa donde vivían los siete miembros de la familia: Un matrimonio y sus cinco hijos. Por ello, durante todo el día, familiares, vecinos, curiosos y funcionarios han intentado ver, entre la tierra, alguna señal que les indique que están con vida.

Nadie sabe definir la hora exacta a la que ocurrió el deslave. Algunos vecinos dicen que fue a las 5 de la mañana; otros, que a las 3 de la madrugada. Lo cierto es que más de 36 horas después ningún miembro de la familia de siete ha logrado ser rescatado del lodo. La casa de la familia estaba ubicada sobre el kilómetro 8 de la antigua carretera a Zacatecoluca en Santo Tomás. El miércoles se convirtieron en el símbolo de la tragedia. Tras más de dos meses en los que el país ha estado bajo cuarentena nacional para evitar el nuevo coronavirus, bajo la premisa de “quédate en casa”, la probabilidad más grande es que la familia Melara haya muerto por no haber salido de su casa a tiempo. 

La irrupción de la tormenta Amanda agarró desprevenido a un país que atendía la emergencia de la covid-19, que hasta la fecha ha contagiado a más de 2,700 personas y matado a 52. La lluvia agarró desprevenido a un país que ya cumple 74 días de cuarentena domiciliar. 

Desde el 3 de junio, rescatistas realizan la búsqueda de siete personas. Un alud de tierra destrozó las viviendas sobre el kilómetro 8 de la carretera antigua al municipio de Santo Tomás, en el departamento de San Salvador. Foto de El Faro: Víctor Peña. 
 
Desde el 3 de junio, rescatistas realizan la búsqueda de siete personas. Un alud de tierra destrozó las viviendas sobre el kilómetro 8 de la carretera antigua al municipio de Santo Tomás, en el departamento de San Salvador. Foto de El Faro: Víctor Peña. 

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La tormenta Amanda golpeó con fuerza el territorio salvadoreño desde las primeras horas de la madrugada del domingo 31 de mayo. La alerta roja, aquella que recomienda “evacuar urgentemente si se encuentra en zona de peligro”, fue ordenada por el presidente hasta el domingo a las 7 de la mañana. A esa hora, cientos de personas ya habían perdido sus casas y todas sus pertenencias. “La declaración de alerta debe ser clara, comprensible y asequible, vale decir, difundida por el máximo de medios, inmediata, sin demora, coherente”, de acuerdo con la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres.

Amanda golpeó duro; y detrás se vino la tormenta Cristobal. ¿Se emitieron las suficientes alertas a tiempo? ¿Se activó el sistema nacional de protección civil en las zonas de riesgo? A los Melara nadie llegó a evacuarlos con éxito. Tres días después de Amanda, con Cristobal encima, ellos todavía se encontraban con vida en su casa. En Santo Tomás, los vecinos se alertaron los unos a los otros. El domingo unas láminas de la entrada de su casa ya habían cedido ante las lluvias. Algunos vecinos les recomendaron salir. Luego vino el deslave. Ahora -ya tarde- las autoridades municipales y estatales intentan sacarlos. 

Al derrumbe puede ingresar la policía, los soldados, el personal de protección civil, Cruz Verde y bomberos. Al grupo de rescatistas certificados en la zona de la tragedia, se sumó el ministro de Defensa René Monroy y el ministro de Gobernación Mario Durán junto a sus equipos de prensa. Más tarde, estos difundirán en redes sociales imágenes del ministro de Defensa con una pala: “El Ministro de @DefensaSV, @merino_monroy se encuentra al frente del operativo de rescate de las siete personas sepultadas.”, dirá un tuit oficial. 

Según el Gobierno, los Melara ya sabían que debían evacuar la zona. El ministro de Gobernación dijo que la orden de evacuación se le dio a la familia Melara el martes. Tres días después de que la tormenta había iniciado. “La orden de evacuación se dio un día antes de parte del sistema de protección civil municipal”, dijo Mario Durán el miércoles. Al pie del derrumbe siguió explicando las razones por las que, supuestamente, la familia Melara no evacuó: “Las personas se encontraban orando. A eso de las 4 de las mañana se supo que las personas estaban orando. Rescatamos las biblias de las personas. Eso nos ha dado aliento al equipo que se encuentra allá arriba. El trabajo va a seguir así, lamentablemente las personas no acataron las recomendaciones y se dio esta situación”, aseguró. 

Cuando se le preguntó la hora exacta a la que se le dio la indicación de evacuar a la familia, el ministro se limitó a decir que eso sucedió “un día antes”. Al lado de la casa de los Melara, se encuentra un negocio de comida argentina y un pequeño hotel. Los dueños de dicho restaurante, al lado del derrumbe, aseguran que nadie los evacuó. “El sábado nos quedamos a dormir y fue terrible. Nos evacuamos solos. Nadie nos avisó. Igual que a los vecinos de enfrente con quienes tenemos conversaciones a diario”, aseguran los emprendedores. En otro comedor sobre la misma carretera, los vecinos aseguran que no escucharon órdenes de evacuación en los días previos al deslave.

Al final de la tarde, la lluvia empezó a caer en la zona y el equipo de protección civil y los policías hicieron más grande el perímetro acordonado. Continuaba el peligro de más derrumbes. 

Este vehículo quedó totalmente destrozado sobre el kilómetro 8 de la carretera antigua al municipio de Santo Tomás, en San Salvador. Foto de El Faro: Víctor Peña.
 
Este vehículo quedó totalmente destrozado sobre el kilómetro 8 de la carretera antigua al municipio de Santo Tomás, en San Salvador. Foto de El Faro: Víctor Peña.

Desde la mañana del miércoles, a la zona llegaron vecinos y familiares. Cintas amarillas sobre la calle principal prohibieron el paso hasta la zona del deslave y a la mayoría de gente solo le tocó esperar. Julio César es un hombre de la tercera edad. Detrás de su mascarilla oscura, miraba hacia la zona del deslave y guardaba silencio. Su hermana, María Isabel Salamanca, es una de las personas que quedaron atrapadas. Es jardinero y dice que solo comparten sangre del lado paterno, pero estaba ahí, esperando que la saquen con vida. Los curiosos alrededor platicaban. Él callaba y observaba con los brazos cruzados. “Él se puso bien mal”, dijo su esposa en voz baja.  

La familia estaba compuesta por el matrimonio de Maria Isabel Salamanca y Francisco Melara. Procrearon cinco hijos: Carla de 25 años, Yennifer de 22, Javier de 23 y tenían un par de gemelos -Nahúm y Josué- quienes ya habían cumplido los 18 años. Eran una familia cristiana y tranquila, aseguran los vecinos y amigos de la iglesia. Quienes más cercanía tenían con ellos marcaban a los celulares. Que hubiera señal les daba esperanza. También a la autoridades.

“Se han escuchado sonidos. Tenemos la esperanza de que haya personas con vida. Por lo menos una”, decía el ministro de Gobernación Durán a las tres de la tarde del miércoles. Durante toda la tarde, él subió y bajó de la zona del derrumbe en numerosas ocasiones. Junto a él subían empleados de la prensa gubernamental que coleccionaban fotos de los funcionarios en medio de la tragedia. En redes sociales se consignaron sus idas y venidas, su pantalón y zapatos llenos de lodo; Durán caminando entre los rescatistas... Mientras los ministros de Gobernación y Defensa supervisaban el trabajo de rescate, las cámaras oficiales disparaban fotos. Mientras tanto, en algún lugar del derrumbe, una familia de siete miembros seguía soterrada bajo la tierra.

A eso de las tres de la tarde, más de diez horas después del deslave, los rescatistas solo habían logrado rescatar con vida al perro de la casa. Los curiosos aseguran que se llama Oso. El can bajó de la zona de la tragedia con las patas enlodadas. Estaba desubicado. Al cuello traía un cincho negro que hacía las veces de correa. Venía siguiendo los pasos de Luis García, un vecino de la familia que vive un kilómetro arriba de la zona del deslave. “Sí está feo allá arriba”, dijo Luis. Los familiares y vecinos guardaban silencio para escuchar al hombre que pudo ver el desastre con sus propios ojos. 

Desde temprano por la mañana, Luis García intentó llegar al derrumbe, pero se lo impidieron. “Vine en la mañana, pero no me dejaron pasar. Pero yo no estaba a gusto. Volví y les dije que yo sí sabía la ubicación de dónde era la casa y por eso me dejaron pasar”.

Luis García es mecánico y amigo de Francisco, el padre de la familia Melara. Francisco  tenía un taller de pintura de carros. Cuando salía un trabajo de mecánica llamaba a Luis para que lo apoyara. Con su amigo soterrado, lo único que pudo hacer el mecánico fue salvar a una de las mascotas de la familia. “Este perro es bravo. No se deja agarrar. Pero anda asustado”. Luego dice que en la zona del deslave los soldados y cuerpos de salvamento han logrado sacar algunas cosas de la familia. Al lodo, se le logró arrancar unas prendas de ropa de Francisco y el perro, rápido, salió a olerlas y a mover la cola. Después, el perro se sentó a descansar sobre las telas. 

La escena le causó compasión a Luis. Así que se quitó su cincho y lo ocupó para amarrar al perro desde el cuello. “Hoy va a cambiar de casa”, le dijo a la mascota mientras lo conducía hacia su propio hogar. Él vive en una colonia del kilómetro 9 de esta carretera llena de curvas  y paredones de tierra. Asegura que a su casa no ha llegado nadie de Protección Civil a prevenir sobre algún desastre. Cuando habían pasado más de doce horas sin tener noticias de la familia amiga, él ya había perdido la esperanza de encontrarlos con vida. “El tiempo está pasando, no creo yo que resistan”, dijo antes de irse.

Un día depués, el perro Oso fue noticia en redes sociales. El jueves, la cuenta oficial de los bomberos dijo que las “las labores han hecho posible que encontremos y rescatemos a Oso, la mascota de la familia”. "Nuestros equipos acaban de encontrar con vida a su mascota", tuiteó también el presidente. En realidad, Oso no estaba soterrado. La tarde y noche anterior la pasó en la casa de Luis y esta mañana escapó. “Hoy a las diez de la mañana salí al super. Lo dejé amarrado y cuando vine ya no estaba. Hizo un hoyo y se fue. Pobre animalito, anda desesperado buscando a su gente”, dijo Luis.   

Un grupo conjuto de bomberos, rescatistas y militares buscan a siete personas entre los escombros de esta vivienda.  Foto de El Faro: Víctor Peña.
 
Un grupo conjuto de bomberos, rescatistas y militares buscan a siete personas entre los escombros de esta vivienda.  Foto de El Faro: Víctor Peña.

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Durante el miércoles, el cielo se mantuvo nublado y el clima amenazaba con una posible suspensión temporal de las labores de rescate. Las lluvias de los últimos días han provocado 497 derrumbes, 12 cárcavas, más de 300 árboles caídos y 22 inundaciones, según la comisionada presidencial, Carolina Recinos. De acuerdo con las cifras oficiales, hay cerca de 30 mil familias afectadas por las lluvias. 

El jueves amaneció con precipitaciones y un acumaldo máximo de 107 mm de lluvia según el Ministerio del Medioambiente. Los funcionarios y los miembros de la prensa gubernamental, aún así, volvieron a Santo Tomás. Esta vez, a la comitiva fotografiada bajo la lluvia se sumó el director de Protección Civil. “El Ministro de la @DefensaSV, @merino_monroy, llegó desde muy temprano a continuar con las labores de búsqueda que se realizan en Santo Tomás, luego que un deslave soterrara una casa con una familia dentro”, tuiteó la cuenta oficial de la Secretaría de Comunicaciones. 

 

El jueves 4 de junio, las labores de rescate en Santo Tomás fueron suspendidas durante la mañana por las fuertes lluvias. Por la tarde, el reinicio del rescate tuvo que esperar el montaje y desmontaje de un podio al pie del deslave, donde se esperaba que el presidente Nayib Bukele diera un discurso. Foto de El Faro: Víctor Peña. 
 
El jueves 4 de junio, las labores de rescate en Santo Tomás fueron suspendidas durante la mañana por las fuertes lluvias. Por la tarde, el reinicio del rescate tuvo que esperar el montaje y desmontaje de un podio al pie del deslave, donde se esperaba que el presidente Nayib Bukele diera un discurso. Foto de El Faro: Víctor Peña. 

A las 2:00 p.m., a la escena también llegaron una veintena de oficiales del Estado Mayor Presidencial. Ellos custodiaron, de manera momentánea, la zona. Colocaron cintas separadoras y barandas metálicas alrededor de un podio presidencial que fue colocado al pie del deslave. De fondo estaba el derrumbe, los equipos de socorro. Muy cerca, los familiares de las víctimas. Empleados de Prensa de Casa Presidencial aseguraron que Nayib Bukele llegaría a dar un discurso en Santo Tomás. Las labores de rescate, que durante la mañana habían sido suspendidas por la lluvia, no se reanudaban. Se suponía que reiniciarían cuando se calmara la lluvia, pero el montaje para recibir al presidente hizo más larga esa espera. Cerca de una hora y media después, Casa Presidencial desarmó su plan. Lo hizo después de que en redes sociales circulara la imagen del podio y las palabras de un familiar de la familia Melara.

 “Con todo el respeto para el señor presidente, creería que no es oportuna (su visita). Principalmente por lo que ha pasado. Son siete vidas las que están ahí”, dijo Wilfredo Salamanca a varios medios de comunicación, entre estos El Faro. Después él diría que sus declaraciones fueron tergiversadas y que el mandatario era bienvenido en la zona. Al final, el escenario armado al pie de la tragedia fue desmontado y las labores de rescate se reanudaron. 

 

El jueves 4 de junio, un grupo de más de 20 miembros del Estado Mayor Presidencial, colocó, en medio del lodo, el podio presidencial. Una hora después, Casa Presidencial canceló su actividad. Foto de El Faro: Víctor Peña. 
 
El jueves 4 de junio, un grupo de más de 20 miembros del Estado Mayor Presidencial, colocó, en medio del lodo, el podio presidencial. Una hora después, Casa Presidencial canceló su actividad. Foto de El Faro: Víctor Peña. 

                                                                                                                                                                                                                 


*Con reportes de Víctor Peña

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El Salvador Thu, 04 Jun 2020 21:20:33 +0100 https://elfaro.net/es/202006/el_salvador/24508/“En-Santo-Tomás-nadie-nos-avisó-del-peligro”.htm
Los derechos humanos según Nayib Bukele - Por Manuel Escalante https://elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg https://elfaro.net/es/202006/360grados/24495/Los-derechos-humanos-según-Nayib-Bukele---Por-Manuel-Escalante.htm 360 grados Thu, 04 Jun 2020 10:49:34 +0100 https://elfaro.net/es/202006/360grados/24495/Los-derechos-humanos-según-Nayib-Bukele---Por-Manuel-Escalante.htm “Mientras terminan Cifco, tocará resistir hasta donde se pueda” http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000033785.JPG https://elfaro.net/es/202006/el_salvador/24504/“Mientras-terminan-Cifco-tocará-resistir-hasta-donde-se-pueda”.htm En esta entrevista, el presidente de la asociación de medicina crítica de El Salvador, explica cómo el sistema de salud está pronto a colapsar. A juicio del médico, faltan camas para cuidados intensivos, personal y espacios propicios para brindar tratamiento. Lamenta que el hospital de Cifco no haya sido terminado aún y considera que debe abrirse ya, aunque sea con un mínimo de 50 camas. Jaime Sánchez es el presidente de la Asociación Salvadoreña de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos (Asalmecci). Es internista e intensivista y forma parte de un reducido grupo de doctores formados en cuidados intensivos. Hay cerca de 60 médicos con esta especialidad en todo el país, aseguran fuentes expertas. En medio de la pandemia por covid-19, el trabajo de los intensivistas es central para el tratamiento de los pacientes cuya salud se complica y llegan a un estado crítico. Ahora el problema, además de la falta de personal capacitado, asegura Sánchez, es que ya hay pocas camas libres en las unidades de cuidados intensivos. 

Asalmecci es una filial del Colegio Médico. Está conformada por médicos especializados en vigilar y coordinar el tratamiento que se le brinda a quienes que se encuentran en la cama de una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). El 17 de mayo la asociación hizo público un comunicado donde expuso las razones por las que pedía que la cuarentena nacional no se levantara. “Los hospitales designados para la atención de los pacientes con covid-19 están llegando a su máxima capacidad lo cual resultará en desenlace desfavorables de estos pacientes”, se lee en el escrito. 

Sánchez, quien también trabaja en el Hospital Médico Quirúrgico, habla de la poca cobertura que como sector de salud se puede brindar ante esta pandemia en las condiciones actuales. Cuando explotó la noticia de la llegada del coronavirus, la esperanza de su sector -dice- es que se contara con más equipo y espacio en el nuevo hospital del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco). Este centro de atención ha sido prometido por el presidente Nayib Bukele como el “hospital más grande de Latinoamérica”. Mientras esa hazaña no se construye, Sánchez considera que no están armados para atender a los pacientes en estado crítico. “Va a haber que resistir en otros hospitales hasta donde se pueda”, asegura. 

Jaime Sánchez es el presidente de la Asociación Salvadoreña de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos (Asalmecci). Él señala que los hospitales ya están saturados y que urge la puesta en marcha de al menos 50 camas UCI de Cifco. Foto de El Faro: Víctor Peña.
 
Jaime Sánchez es el presidente de la Asociación Salvadoreña de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos (Asalmecci). Él señala que los hospitales ya están saturados y que urge la puesta en marcha de al menos 50 camas UCI de Cifco. Foto de El Faro: Víctor Peña.

Cuando esta pandemia iniciaba se habló mucho de la necesidad que habría de médicos intensivistas y de la poca cobertura que existiría ante la demanda por covid-19. Hoy que hay más de dos mil casos, ¿cómo se ha desarrollado esto? 

El número de intensivistas no se logra cubrir para esa gran cantidad de pacientes que se proyecta. Por eso se trabajó primero en el Hospital Nacional Saldaña, luego en el Amatepec y hoy con el hospital San Rafael y el Seguro Social de San Miguel. Sin embargo, ahorita se está llegando casi a la máxima capacidad. Con bastantes pacientes críticos, necesitando más camas de unidades de cuidados intensivos de las que ya tenemos. Creo que ya se está trabajando en la apertura de otras UCI en otro hospital; el Hospital Rosales está tratando de habilitar un área para pacientes covid-19 y había un área que se estaba haciendo en el Saldaña, pero ya no hemos sabido qué ha pasado. 

¿Se planeaba ingresar más camas UCI al Saldaña?

Al principio hubo un área ahí, pero no reunía las condiciones adecuadas para el manejo de un paciente crítico. Por eso después se trasladaron los pacientes al Amatepec y luego al San Rafael. El Amatepec tampoco funcionó como se había pensando. Supuestamente iban a trabajar un área en el hospital Saldaña para pacientes críticos, Pero no sabemos qué ha pasado, si ya se terminó. Sí sabemos que habían unos pacientes críticos ahí, pero eran pocos. Más que todo del hospital San Rafael y San Miguel se están llenando.

¿Qué fue lo que no funcionó en los otros hospitales?

El Saldaña estaba más para pacientes estables generales, pero no estaba preparado para un paciente crítico que necesita monitoreo y algo más especializado. Y por eso fueron los inconvenientes que pasaron. Se vio que no estaba bien esa área y se designó el hospital Amatepec. Sin embargo, el hospital Amatepec está bien para pacientes encamados en forma general y se improvisó una UCI. 

¿En el Amatepec usualmente no hay UCI?

No, ahí se improvisó unas áreas de sala de operaciones para poder tener pacientes de cuidados intensivos. No una unidad propia, sino que se improvisó un área. Pero creo que fue un poco... tomar una decisión a la ligera. Y por eso detectamos problemas de logística en Amatepec. Vimos que no funcionaba adecuadamente y lo mejor era activar un hospital que ya tuviera una UCI para no estar improvisando tanto. Y por eso fue que se designó al hospital San Rafael. Aquel hospital ya tenía una UCI y solo hubo unas pequeñas modificaciones y ya se logró trabajar mejor. Y así tenía que ser desde el principio. Estar tratando de resolver una situación a la ligera es problemático para los pacientes y los médicos que pueden contagiarse.

¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir un área adecuada de cuidados intensivos? 

El área de medicina crítica debe tener equipamiento. Y lo importante también es el área física porque no es que solo un cuartito y ahí vamos a llamarle UCI, sino que debe ser un área bien acondicionada con bastante espacio por los monitores, las camas, los ventiladores. La otra cosa importantísima es el recurso humano. A veces las instituciones gastan bastante dinero en el equipamiento pero se olvidan que el recurso humano es vital. Tanto el personal de intensivistas, enfermeras que van a estar a cargo de estos pacientes y además el apoyo de otros especialistas. Un paciente crítico no solo sale adelante por el trabajo del intensivista, sino que por el equipo... internistas, enfermería y también cardiólogos, cirujanos, neumologos. 

¿Cuántas camas de cuidados intensivos tiene el hospital Médico Quirúrgico?

La Unidad de Medicina Crítica tiene 24 camas. Doce camas de cuidados intensivos y doce camas de cuidados intermedios. 

¿Por dónde anda el cálculo de camas de cuidados intensivos a nivel nacional?

Ciento cincuenta...por ahí más o menos sumando todo. Si entran 100 pacientes por covid-19 ya sobrepasa el sistema. Yo creo que con 50 pacientes críticos ya no se hallará a donde ingresarlos. El San Rafael ya está lleno, San Miguel prácticamente ya está llenándose... por eso sería urgente que el hospital Cifco comenzara a trabajar por lo menos con un número inicial de camas. Con unas 50 ya comenzaría a descongestionar a muchos pacientes críticos que no han podido ingresar a las unidades del San Rafael o San Miguel. Algunos pacientes tienen que estar aguardando en otros hospitales. Eso está pasando, pero acordemonos que también no solo es la demanda del paciente covid-19. Sino que también tenemos la demanda de los pacientes que en forma normal nos llegan: infartos, traumas, problemas cerebrales,etc. Los pacientes que normalmente llegan a la UCI ya ocupan un número significativo de camas y no digamos ahora con la cantidad de pacientes por coronavirus que también las van a necesitar. Entonces eso no logra satisfacer la demanda. No podemos tener todas las UCI solo para covid-19 porque también tenemos el otro grupo de pacientes.

(El Colegio Médico, a finales de marzo, informó que El Salvador contaba con cerca de 125 camas UCI, “mezclando Ministerio de Salud, Seguro Social y los hospitales privados”. A finales de mayo, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, tuiteó que se habían habilitado 81 camas UCI adicionales desde que inició la crisis. Sin embargo, el ministro manejaba una cifra inicial imprecisa. Él aseguró que antes de la pandemia, el país solo contaba con “23 camas UCI funcionando”. Esta afirmación ha sido deslegitimada por diversas fuentes médicas).

Sin covid-19, ¿la demanda de UCIS es alta en El Salvador?

Sí. En los hospitales, a veces, en condiciones normales, ni hay camas. En los hospitales privados sí se logra más, pero en los hospitales públicos, por ejemplo, no son muchas las unidades de cuidados intensivos y tampoco en el Seguro Social. Llegan bastantes pacientes pero no siempre hay camas disponibles. Entonces hay que estar doblando esfuerzos.

¿Hay pacientes críticos que están esperando cama UCI?

Sí... por ejemplo aquí en el Médico Quirúrgico hay pacientes que están entubados que ya no deberían estar aquí. Deberían movilizarse al hospital San Rafael o al de San Miguel. Pero como ya no hay capacidad... ya no pueden. Igual en el hospital Rosales. 

¿Pacientes de covid-19 o pacientes de otras enfermedades?

Pacientes covid. 

¿Cómo tiene conocimiento de esto? ¿A través de otros médicos?

Sí. Y al hospital Amatepec yo fui. Hice turno allá. Ese hospital quedó para pacientes covid pero estables, no críticos.

Eso le hace preguntarse a uno si  hubo un plan pensando en el inicio o si fue un poco más improvisado. ¿Ustedes como asociación fueron llamados por el gobierno para discutir esos temas?

Como asociación no fuimos llamados. Al principio se estuvo trabajando con el gabinete de salud ampliado y ahí estuvieron unos colegas de la asociación, pero los llamaron como jefaturas de hospitales. También estuvo el presidente de la asociación de entonces. Él estaba asistiendo para ver cómo se iba trabajando la contención. Siempre se mencionaba que iba a llegar un momento en el que iban a aparecer pacientes críticos que iban a necesitar ya un manejo más complejo. Y ahí se dijo “va a empezar Cifco”. Usted ve que dijeron dos meses, pero no iba a ser tan fácil armar un hospital de ese tamaño con lo que se proyecta de hasta mil camas de cuidados intensivos. 

En la página donde el gobierno da las estadísticas sobre pacientes de covid-19 hay un apartado relativo a "pacientes en estado crítico". ¿A estas personas los tiene que atender un especialista?

Sí, lo ideal es que seamos los intensivistas, pero no alcanzamos, aunque el tratamiento de estos pacientes siempre está siendo supervisado por médico intensivista. Porque no es solo el intensivista, sino que es un equipo donde hay médicos internistas e igualmente, enfermeras intensivistas y otras médicos graduadas. Hay un equipo porque solo intensivos no alcanza a cubrir todos esos pacientes. Como intensivistas ahorita nuestra función es más de coordinación de equipos. Se pretende trabajar en telemedicina, monitoreo a distancia del paciente. 

¿Y esto cómo se logra?

A través de una unidad de cuidados intensivos se instalan cámaras y el intensivista está en una sala de monitoreos con pantallas. Desde esa sala está vigilando lo que está pasando con todos los pacientes de cuidados intensivos y coordinando con médicos internos y generales que están a la par del paciente. 

¿Eso se puede hacer en El Salvador? 

Sí. Así está trabajando el Hospital San Rafael y han logrado equipamiento y mantienen una central de monitoreo. Así tiene que trabajar el hospital de San Miguel. Es la forma ideal de trabajo en esta coyuntura y normalmente en otros países trabajan de esta forma, pero nosotros ahí vamos poco a poco. 

¿Cuántos casos podría observar y coordinar cada intensivista?

El plan era que un intensivista monitoreara hasta 30 pacientes y como iba a haber también médicos internistas… digamos que cada internista iba a tener a diez pacientes. Así el intensivista se entendería con tres internistas. 

¿Cuando usted me dice "el plan" a qué se refiere?

A lo que nos plantearon en inicio, que más o menos así iba  ser la forma de trabajar. 

¿En qué mes?

A principios de marzo, más o menos.

En otros países se han instalado grandes hospitales temporales para atender la pandemia. Eso no ha sucedido aún en El Salvador. ¿Cómo califica esa medida?

Aquí se han logrado hacer unas áreas pero para pacientes no complicados, usted ve lo que se hizo en Jiquilisco, en Tecoluca y otras áreas también en San Miguel, incluso en el hospital Amatepec. Para como vienen las proyecciones, para pacientes críticos no hemos crecido desde el punto de vista de UCI. Eso nos hace falta. Todavía no estamos armados con el paciente crítico. E incluso, en los otros centros médicos de hospitalización general, también se está llegando a la máxima capacidad y probablemente se va a sobrepasar la demanda. Por eso se está haciendo el llamado a que las medidas no se flexibilicen todavía. 

La esperanza de nosotros era que el Cifco estuviera listo lo más pronto posible, pero la situación se está alargando. Entonces, tenemos que resistir hasta donde podamos con lo que tenemos. 

¿Es una decepción que no esté listo todavía?

Bueno.. sí. Porque uno piensa tener los recursos lo más rápido posible, pero por algunas instalaciones no es tan rápido. Con los pacientes normales, no complicados, se logra (dar tratamiento) más fácil. Después, cuando sale un paciente crítico uno no encuentra a qué lugar se va a enviar porque ya no lo podemos mandar a cualquier lado. 

Hace unos días desde la Asociación Salvadoreña de Medicina Crítica se hizo un llamado a seguir con la cuarentena domiciliar. ¿Podría explicar las razones?

Porque estamos viendo el impacto en las unidades de cuidados intensivos. Ya se están llenando las camas. Si se dispara de forma incontrolada el número de casos, aparecerán muchos críticos y luego no van a dar abasto las unidades. Van a tener que improvisarse áreas que tal vez no sean adecuadas. Y considerando que la esperanza era que el hospital de Cifco estuviera listo… pero eso todavía probablemente llevará más tiempo. Mientras se termina el Cifco, tocará resistir en otros hospitales hasta donde se pueda.

¿Qué se sabe de los avances de ese hospital?

Lo último que nos han dicho es que probablemente en junio pueda comenzar a funcionar de manera escalonada. Por ejemplo, empezar las 50 camas de cuidados intensivos y parece que ya hay un equipamiento con el que se cuenta y se espera empezar.

¿Asalmecci ha sido considerada para discutir esto?

Nos han llamado para informarnos de la logística de trabajo que se piensa hacer y qué tanto recurso intensivista se va a integrar. Se nos dijo que los intensivistas que quieran integrarse al trabajo en Cifco manden su información. Pero no es tan fácil porque uno tiene trabajo institucional. No es solo decir me voy para allá y dejo aquí solo. La asociación de alguna forma ha estado en Cifco porque hay unos colegas que son intensivistas que son de la asociación que están trabajando en la logística de ese nuevo hospital. Ellos nos cuentan cómo va el trabajo. Por eso, como Asalmecci, ya hemos llegado para conocer el área física y ver donde va a estar cuidados intensivos, donde va a estar el área de monitoreo...

¿Y cómo la ve?

Fuimos cuando estaba empezando. Últimamente no hemos ido a ver cómo va. Lo que se proyectaba se veía bastante bien, pero cuando empiece a funcionar vamos a ver qué tal.

Hemos visto que conforme la pandemia crece, aumenta el número de pacientes críticos. ¿El paso de un paciente del estado grave a crítico se da muy rápido con esta enfermedad?

Sí, porque cuando un paciente se vuelve grave es porque va caminando hacia ese punto. Incluso hay que estar atento porque esos pacientes ya deberían estar en una unidad de cuidados intensivos, porque en cualquier momento pueden requerir ser entubados. Aquí la vez pasada vino un paciente que estaba mal, pero vino fallecido. Ya no alcanzó a llegar. 

¿Tenía covid-19?

Era sospecha.

¿No venía de otro establecimiento médico?

No. Ese es el problema con algunos pacientes muy graves que vienen. Fallecen y no da chance de tomarles la prueba y entonces uno dice "¿bueno y este paciente?" Pudo haber sido covid pero como no se demostró con la prueba, no entra en las estadísticas. Y puede ser que el número de pacientes fallecidos sea mayor por pacientes que han quedado así con esa duda.

Se está hablando sobre los tratamientos con hidroxicloroquina y de cómo recientemente se ha desaconsejado su uso. ¿La asociación tiene conocimiento de cuál es el tratamiento que se le está dando a los pacientes covid?

Se estaba siguiendo ese protocolo de hidroxicloroquina y azitromicina. Pero el problema es que estos medicamentos no tenían un respaldo fuerte científico. Han aparecido otros estudios que descartan el uso de la hidroxicloroquina. Y ahora se está trabajando con el plasma de pacientes convalecientes. En el hospital San Rafael se ha utilizando en algunos pacientes. Ahí hay que esperar a ver qué tal los resultados porque todavía se está teniendo esa nueva experiencia.

Para tratar a los pacientes críticos, ¿cuál cree usted que sería la mejor ruta a tomar como país?

Que se habilitara Cifco lo más pronto posible. Aunque sea empezar con cincuenta camas.

Entonces no sería el hospital más grande de Latinoamérica.

En este momento no. Si al final se alcanza el objetivo que se pensaba de tener mil camas de cuidados intensivos, ahí sí va a estar difícil encontrar personal. Se necesitaría mucho personal para manejar mil pacientes de cuidados intensivos. 

¿Como cuántos médicos se necesitarían? 

Ahí se necesitan de 30 a 40 intensivistas porque se va trabajando por turnos. Y si se van aumentado el número de pacientes, no me imagino cómo se va  a cubrir esto, sinceramente. Uno como intensivista, bien podría decir “yo... fácil, estoy en mi sala de monitoreo central y estoy vigilando cincuenta pacientes”, por ejemplo. Pero, ¿y el personal de enfermería? No es tan fácil... se necesita de enfermería, terapistas respiratorios, médicos internistas. Y el problema es que todos iríamos a concentrarnos en Cifco. ¿Y los otros hospitales? ¿quiénes van a quedar allá?

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El Salvador Thu, 04 Jun 2020 10:27:34 +0100 https://elfaro.net/es/202006/el_salvador/24504/“Mientras-terminan-Cifco-tocará-resistir-hasta-donde-se-pueda”.htm
La incompetencia del nuevo autoritarismo salvadoreño - Por José Miguel Cruz https://elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg https://elfaro.net/es/202006/360grados/24494/La-incompetencia-del-nuevo-autoritarismo-salvadoreño---Por-José-Miguel-Cruz.htm 360 grados Wed, 03 Jun 2020 12:16:09 +0100 https://elfaro.net/es/202006/360grados/24494/La-incompetencia-del-nuevo-autoritarismo-salvadoreño---Por-José-Miguel-Cruz.htm El río Acelhuate saqueó la comunidad El Granjero II http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_0_2000_1333/images%7Ccms-image-000033781.JPG https://elfaro.net/es/202006/ef_foto/24503/El-río-Acelhuate-saqueó-la-comunidad-El-Granjero-II.htm Las fuertes lluvias provocadas por la tormenta tropical Amanda desbordaron el río Acelhuate. Al perder su cauce, destrozó el muro de contención que separa el caudal de la comunidad El Granjero II e inundó cada una de las 135 viviendas. La madrugada del domingo 31 de mayo, una riada desbocada destruyó las viviendas más próximas al río, alcanzando cerca de dos metros de altura en poco tiempo. En minutos, inundó al resto de viviendas, incluso aquellas ubicadas a mayor altura. Cuando el cauce del río comenzó a bajar, el agua que inundó las casas se vació con una fuerza tal que arrastró consigo los bienes de los habitantes. Dos días después, los estrechos pasajes de la comunidad están cubiertos de un fango espeso y en cada una de las callejuelas se forman enormes promontorios llenos de comida podrida, sillas, sofás, camas, ropa y un indescifrable etcétera que tardará días en ser desalojado por los trabajadores municipales de San Salvador. El Granjero II se encuentra ubicada entre el bulevar Venezuela y el Acelhuate, en una profunda hondonada que la hace especialmente vulnerable a los desastres ambientales. En 2009, un desbordamiento similar destruyó la comunidad y, desde ese año, aquel espacio fue declarado inhabitable por su proximidad al río. Sin embargo, a día de hoy, lo habitan unas 675 personas cuyas viviendas no tienen ningún valor como prenda para el otorgamiento de créditos, ni como soporte en el sistema financiero formal.
El Granjero II es una aglomeración de 135 viviendas en la ribera del río Acelhuate, al oriente de San Salvador. Colinda con otras dos comunidades vulnerables: la Chacra y la Quiñónez. Foto tomada desde el aire con un dron. Foto de El Faro: Víctor Peña.
 
El Granjero II es una aglomeración de 135 viviendas en la ribera del río Acelhuate, al oriente de San Salvador. Colinda con otras dos comunidades vulnerables: la Chacra y la Quiñónez. Foto tomada desde el aire con un dron. Foto de El Faro: Víctor Peña.

 

 

David Salguero lava lo que quedó de su cama en uno de los pasajes de El Granjero II. El río inundó todas las casas y destruyó la mayoría de pertenencias de los habitantes el domingo 31 de mayo. La comunidad no tiene acceso al agua potable desde el 28 de mayo. Un camión dañó las tuberías que abastecen esa zona y aún no han sido reparadas. foto de El Faro: Víctor Peña. 
 
David Salguero lava lo que quedó de su cama en uno de los pasajes de El Granjero II. El río inundó todas las casas y destruyó la mayoría de pertenencias de los habitantes el domingo 31 de mayo. La comunidad no tiene acceso al agua potable desde el 28 de mayo. Un camión dañó las tuberías que abastecen esa zona y aún no han sido reparadas. foto de El Faro: Víctor Peña. 

 

 

El cauce del río Acelhuate destrozó las bordas y subió hasta el techo de las viviendas. Rosa Miriam Sánchez observa lo poco que quedó de su hogar, ubicado en la ribera del río que sirve como conducto de las aguas negras de la capital. Foto de El Faro: Víctor Peña. 
 
El cauce del río Acelhuate destrozó las bordas y subió hasta el techo de las viviendas. Rosa Miriam Sánchez observa lo poco que quedó de su hogar, ubicado en la ribera del río que sirve como conducto de las aguas negras de la capital. Foto de El Faro: Víctor Peña. 

 

 

María turcios, 38 años, y sus cinco hijos nadaron para salvar sus vidas el domingo 31 de mayo. El agua cubrió el techo de la vivienda y rompió las bisagras de las puertas. Sus pertenencias están en la calle y todos sus alimentos se perdieron. María vendía pan francés en el mercado La Tiendona de San Salvador. La cuarentena obligatoria por la covid-19 le ha impedido ganar dinero desde el 20 de marzo. 
 
María turcios, 38 años, y sus cinco hijos nadaron para salvar sus vidas el domingo 31 de mayo. El agua cubrió el techo de la vivienda y rompió las bisagras de las puertas. Sus pertenencias están en la calle y todos sus alimentos se perdieron. María vendía pan francés en el mercado La Tiendona de San Salvador. La cuarentena obligatoria por la covid-19 le ha impedido ganar dinero desde el 20 de marzo. 

 

 

Esta no es la basura que el río arrastró. Son las pertenencias de las familias afectadas por la tormenta tropical Amanda. Las calles y pasajes de esta comunidad ahora son un cúmulo de lodo, agua y escombros que la gente ha ido rescatando de sus hogares. Foto de El Faro: Víctor Peña.
 
Esta no es la basura que el río arrastró. Son las pertenencias de las familias afectadas por la tormenta tropical Amanda. Las calles y pasajes de esta comunidad ahora son un cúmulo de lodo, agua y escombros que la gente ha ido rescatando de sus hogares. Foto de El Faro: Víctor Peña.

 

 

En noviembre de 2009, la tormenta Ida también arremetió contra esta comunidad. Once años después, la naturaleza y la falta de planificación urbana abusan de su vulnerabilidad otra vez. En el interior de la casa de María Turcios, su gato descansa sobre uno de los muebles humedecidos por la inundación. Foto de El Faro: Víctor Peña.
 
En noviembre de 2009, la tormenta Ida también arremetió contra esta comunidad. Once años después, la naturaleza y la falta de planificación urbana abusan de su vulnerabilidad otra vez. En el interior de la casa de María Turcios, su gato descansa sobre uno de los muebles humedecidos por la inundación. Foto de El Faro: Víctor Peña.

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EF Foto Tue, 02 Jun 2020 22:08:35 +0100 https://elfaro.net/es/202006/ef_foto/24503/El-río-Acelhuate-saqueó-la-comunidad-El-Granjero-II.htm
Amanda nos recuerda la vulnerabilidad del Gran San Salvador http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_0_2000_1333/images%7Ccms-image-000033769.JPG https://elfaro.net/es/202006/ef_foto/24496/Amanda-nos-recuerda-la-vulnerabilidad-del-Gran-San-Salvador.htm La tormenta tropical Amanda dejó a la vista una de las caras más vulnerables del país y generó estragos en varias comunidades del Área Metropolitana del Gran San Salvador. La quebrada El Arenal, que cruza toda la capital, se desbordó en distintos puntos la madrugada del 31 de mayo. Arrastró vehículos, inundó y desapareció viviendas por completo. La tormenta Amanda, en menos de diez horas, dejó a 16 personas fallecidas, siete desaparecidas y unos $200 millones en pérdidas materiales. Todo esto en medio de otra emergencia: la pandemia por covid-19. Los desastres se extienden a varios departamentos del país, pero la mayor parte de daños se concentra en esta área. La emergencia no termina. Los servicios de meteorología han anunciado que, a pesar de que Amanda se disipó, las lluvias tipo temporal continuarán durante esta semana.
La corriente de la quebrada El Arenal, destruyó 50 viviendas en la comunidad Nuevo Israel. La fuerza del agua también desapareció a Idalia Maribel Cruz, de 43 años. A Idalia la sorprendió la repunta, intentó escapar, se aferró a un tubo blanco, luego a una rama, pero la fuerza de la corriente arrancó su casa. Así lo describe Jonathan Ramírez, un vecino que, desde una ventana, observó cómo la bóveda se tragó a la mujer que habitaba a la orilla de la quebrada.
 
La corriente de la quebrada El Arenal, destruyó 50 viviendas en la comunidad Nuevo Israel. La fuerza del agua también desapareció a Idalia Maribel Cruz, de 43 años. A Idalia la sorprendió la repunta, intentó escapar, se aferró a un tubo blanco, luego a una rama, pero la fuerza de la corriente arrancó su casa. Así lo describe Jonathan Ramírez, un vecino que, desde una ventana, observó cómo la bóveda se tragó a la mujer que habitaba a la orilla de la quebrada.

 

 

Marina despertó por el ruido del agua. La corriente de la quebrada golpeaba las paredes de lámina de su vivienda. Corrió, tomó a sus dos hijos y subieron hasta el pasaje principal de la comunidad Nuevo Israel. En la imagen, Marina Cordero, recoge una parte de su cama, después de que la tormenta tropical Amanda destruyó por completo su casa y arrastró a su perro. 
 
Marina despertó por el ruido del agua. La corriente de la quebrada golpeaba las paredes de lámina de su vivienda. Corrió, tomó a sus dos hijos y subieron hasta el pasaje principal de la comunidad Nuevo Israel. En la imagen, Marina Cordero, recoge una parte de su cama, después de que la tormenta tropical Amanda destruyó por completo su casa y arrastró a su perro. 

 

 

En la residencial Lomas de San Francisco, la riada arrastró a unos 25 vehículos. El agua rompió el muro de contención de este lugar, corrió e inundó la calle principal. Dañó las primeras viviendas, arrastró los carros que encontró al paso. Esta residencial está frente a la comunidad Nueva Israel: son separadas por la quebrada. Esta vez, hubo daños en la comunidad y en la colonia.
 
En la residencial Lomas de San Francisco, la riada arrastró a unos 25 vehículos. El agua rompió el muro de contención de este lugar, corrió e inundó la calle principal. Dañó las primeras viviendas, arrastró los carros que encontró al paso. Esta residencial está frente a la comunidad Nueva Israel: son separadas por la quebrada. Esta vez, hubo daños en la comunidad y en la colonia.

 

 

Desde las primeras horas del domingo 31 de mayo, y en medio de la lluvia, los habitantes de la comunidad Nuevo Israel, se esforzaban por rescatar las pocas pertenencias que les dejó la lluvia. En la imagen, un hombre carga un televisor plasma que sobrevivió a Amanda. 
 
Desde las primeras horas del domingo 31 de mayo, y en medio de la lluvia, los habitantes de la comunidad Nuevo Israel, se esforzaban por rescatar las pocas pertenencias que les dejó la lluvia. En la imagen, un hombre carga un televisor plasma que sobrevivió a Amanda. 

 

 

La iglesia de la comunidad La Cuchilla quedó destruida. El agua alcanzó hasta tres metros de altura, y dejó sin nada a algunas personas de esta comunidad de 500 familias, establecida entre la carretera Panamericana y la quebrada El Piro, frente al centro comercial Multiplaza, en el municipio de Antiguo Cuscatlán.
 
La iglesia de la comunidad La Cuchilla quedó destruida. El agua alcanzó hasta tres metros de altura, y dejó sin nada a algunas personas de esta comunidad de 500 familias, establecida entre la carretera Panamericana y la quebrada El Piro, frente al centro comercial Multiplaza, en el municipio de Antiguo Cuscatlán.

 

 

Aquí había una tienda que vendía ropa, churros y sandalias. La familia Aguilar vive en las orillas del pasaje principal de la comunidad Nuevo Israel. La lluvia no les dejó nada. Esta vivienda está a punto de colapsar, al igual que otras decenas de casas de la comunidad.
 
Aquí había una tienda que vendía ropa, churros y sandalias. La familia Aguilar vive en las orillas del pasaje principal de la comunidad Nuevo Israel. La lluvia no les dejó nada. Esta vivienda está a punto de colapsar, al igual que otras decenas de casas de la comunidad.

 

 

“Aquí pasaban refrigeradoras, camas, cocinas, de todo llevaba el agua”, dice Ricardo Orellana, habitante del barrio Modelo de la capital. En este lugar, un hombre murió ahogado cuando intentó recuperar su taxi, que estaba siendo arrastrado por el desborde de la quebrada El Arenal, entre las calles Modelo y Francisco Menéndez. La corriente fue tal que alcanzó el semáforo en este lugar.
 
“Aquí pasaban refrigeradoras, camas, cocinas, de todo llevaba el agua”, dice Ricardo Orellana, habitante del barrio Modelo de la capital. En este lugar, un hombre murió ahogado cuando intentó recuperar su taxi, que estaba siendo arrastrado por el desborde de la quebrada El Arenal, entre las calles Modelo y Francisco Menéndez. La corriente fue tal que alcanzó el semáforo en este lugar.

 

 

Manuel Mendoza, de 76 años, observa los estragos de la lluvia en su casa, a cinco metros de la quebrada El Piro, en la comunidad La Cuchilla, de Antiguo Cuscatlán. Manuel lo perdió todo y ahora ha buscado refugio entre sus conocidos dentro de la comunidad.
 
Manuel Mendoza, de 76 años, observa los estragos de la lluvia en su casa, a cinco metros de la quebrada El Piro, en la comunidad La Cuchilla, de Antiguo Cuscatlán. Manuel lo perdió todo y ahora ha buscado refugio entre sus conocidos dentro de la comunidad.

 

 

El agua arrastró y dañó este vehículo en la colonia Málaga de la capital. Sus propietarios lo recuperaron y lo amarraron a un árbol para evitar otro susto. La quebrada El Arenal se desbordó sobre la calle principal de la Málaga, que se inundó completamente una vez más.  
 
El agua arrastró y dañó este vehículo en la colonia Málaga de la capital. Sus propietarios lo recuperaron y lo amarraron a un árbol para evitar otro susto. La quebrada El Arenal se desbordó sobre la calle principal de la Málaga, que se inundó completamente una vez más.  

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EF Foto Tue, 02 Jun 2020 14:29:39 +0100 https://elfaro.net/es/202006/ef_foto/24496/Amanda-nos-recuerda-la-vulnerabilidad-del-Gran-San-Salvador.htm
Un año para descubrir a Bukele - Editorial https://elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg https://elfaro.net/es/202006/360grados/24502/Un-año-para-descubrir-a-Bukele---Editorial.htm 360 grados Tue, 02 Jun 2020 09:39:39 +0100 https://elfaro.net/es/202006/360grados/24502/Un-año-para-descubrir-a-Bukele---Editorial.htm Otro gobierno nepotista y nada transparente - Por Wilson Sandoval https://elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg https://elfaro.net/es/202006/360grados/24498/Otro-gobierno-nepotista-y-nada-transparente---Por-Wilson-Sandoval.htm 360 grados Tue, 02 Jun 2020 01:35:25 +0100 https://elfaro.net/es/202006/360grados/24498/Otro-gobierno-nepotista-y-nada-transparente---Por-Wilson-Sandoval.htm Educación: buenas intenciones, pocos recursos - Por Carolina Rovira https://elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg https://elfaro.net/es/202006/360grados/24500/Educación-buenas-intenciones-pocos-recursos---Por-Carolina-Rovira.htm 360 grados Tue, 02 Jun 2020 01:34:35 +0100 https://elfaro.net/es/202006/360grados/24500/Educación-buenas-intenciones-pocos-recursos---Por-Carolina-Rovira.htm Un año de retroceso hacia el clóset - Por Amaral Arévalo https://elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg https://elfaro.net/es/202006/360grados/24501/Un-año-de-retroceso-hacia-el-clóset----Por-Amaral-Arévalo.htm 360 grados Tue, 02 Jun 2020 01:34:06 +0100 https://elfaro.net/es/202006/360grados/24501/Un-año-de-retroceso-hacia-el-clóset----Por-Amaral-Arévalo.htm Tuitear con maestría y reprobar en comunicación - Por Willian Carballo https://elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg https://elfaro.net/es/202006/360grados/24497/Tuitear-con-maestría-y-reprobar-en-comunicación---Por-Willian-Carballo.htm 360 grados Tue, 02 Jun 2020 01:33:27 +0100 https://elfaro.net/es/202006/360grados/24497/Tuitear-con-maestría-y-reprobar-en-comunicación---Por-Willian-Carballo.htm Bukele cierra su primer año insultando a los diputados bajo la tormenta http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_0_2000_1333/images%7Ccms-image-000033765.jpg https://elfaro.net/es/202006/el_salvador/24491/Bukele-cierra-su-primer-año-insultando-a-los-diputados-bajo-la-tormenta.htm Bajo enormes reflectores y enfrente de una comunidad con 50 viviendas destruidas por la tormenta Amanda, el presidente Bukele continuó su ofensiva contra la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia. El primer aniversario de su gobierno llegó en medio de la pandemia por covid-19 y los estragos por la primera tormenta tropical del año. En su discurso, el presidente marcó en el calendario las elecciones de 2021 como fecha límite del poder de sus opositores, a quienes llamó "asesinos", "ladrones" y sinvergüenzas" que "dan asco". En su primera aparición durante la emergencia causada por la tormenta tropical Amanda, que dejó 16 fallecidos, 7 desaparecidos y 24 mil familias afectadas en El Salvador, el presidente Nayib Bukele amenazó e insultó, otra vez, a los diputados de la Asamblea Legislativa, a quienes llamó los “compadres” de la Sala de lo Constitucional. Bukele reiteró la amenaza de no pagar sus salarios y auguró que los legisladores pronto van a estar “fuera de la Asamblea Legislativa”,  una mención electoral sin miramientos de cara a los comicios de alcaldes y diputados de febrero de 2021. Aunque fue convocada como una conferencia de prensa la noche del 31 de mayo, hubo lapsos en los que pareció más un mitin bajo la lluvia, con decenas de salvadoreños aplaudiendo, vitoreando y tratando de conseguir una foto de Bukele.

“Que Dios los perdone, porque yo no los voy a perdonar. Son perversos, dan asco y ellos lo saben y no lo digo yo, lo dice el pueblo salvadoreño. Son lo peor que ha tenido este país”, dijo Bukele, en un discurso de menos de 20 minutos, desde un podio iluminado con altas torres de luces, instalado en la avenida Las Amapolas, a la altura de la comunidad Nuevo Israel, donde la lluvia se llevó 50 casas y una mujer falleció en el sector Quiroa II. 

El presidente Nayib Bukele durante una conferencia de prensa en los alrededores de la comunidad Nuevo Israel, el 31 de mayo. La comunidad fue afectada por el paso de la tormenta tropical Amanda y Bukele se presentó al lugar para hacer el anuncio de ayuda del Gobierno a los afectados. Foto de El Faro: Carlos Barrera.
 
El presidente Nayib Bukele durante una conferencia de prensa en los alrededores de la comunidad Nuevo Israel, el 31 de mayo. La comunidad fue afectada por el paso de la tormenta tropical Amanda y Bukele se presentó al lugar para hacer el anuncio de ayuda del Gobierno a los afectados. Foto de El Faro: Carlos Barrera.

“Salgan de las casas”, grita un vecino de la Nuevo Israel, en un vídeo que se difundió en redes sociales. El vídeo capta el momento en que dos casas se derrumban por la fuerza de la quebrada El Arenal. En el derrumbe falleció una mujer, Idalia Cruz, de 44 años. La vulnerabilidad de la comunidad no es nueva. En enero de 2018, cuando competía para ser alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt ofreció ejecutar, en su primer año de gestión, un proyecto de “construcción de bóvedas, muros, terrazas, canchas deportivas, zonas verdes y un puente peatonal para conectar al Sector Quiroa I y II, de la comunidad Nuevo Israel”. La Prensa Gráfica reseñó entonces que “los habitantes del sector Quiroa I y II quedaron incomunicados desde hace varios años porque una corriente de agua arrastró un puente peatonal”.

El presidente Bukele no habló de bóvedas pero aseguró que realizarán, a través del Ministerio de Obras Públicas (MOP), una inversión de $10,000 para la construcción de cada una de las 50 viviendas que sucumbieron ante el agua. No hubo pésame, tampoco hubo recuento nacional de daños en el pronunciamiento presidencial. Fue hasta la pregunta de un periodista que Bukele estimó en $200 millones las pérdidas materiales por la tormenta. El resto de sus palabras fueron una serie de argumentos que el presidente ha repetido cada vez que ha podido, principalmente quejándose por la falta de aprobación de fondos de la Asamblea. “Yo creo que el nivel de aborrecimiento que el pueblo le tiene a los diputados ya llegó a lo más alto posible. No se puede aborrecerlos más”, dijo Bukele, quien una semana antes había decretado un día nacional de oración.

Este reclamo por el “bloqueo económico” es muy parecido al que hacía el FMLN en el quinquenio anterior, cuando Bukele todavía militaba en sus filas. En junio de 2017, con ocasión del tercer año del presidente Salvador Sánchez Cerén, la diputada Norma Guevara se quejó de “el bloqueo a las finanzas públicas que ha sostenido la Sala de lo Constitucional, ARENA y una parte de la derecha empresarial” y acusó a los magistrados constitucionalistas de intentar “una dictadura judicial”.

Con las viviendas de lámina destrozadas como fondo, Bukele exigió “en nombre del pueblo salvadoreño, que aprueben los fondos para el pueblo, los fondos que necesita esta gente, la Nueva Israel y todas las comunidades de El Salvador”.

Esa misma noche, mientras daba su discurso, la Asamblea Legislativa afinaba los detalles para aprobar la incorporación de un préstamo de $389 millones al presupuesto nacional. Los fondos se aprobaron minutos después del discurso de Bukele. El dinero está destinado a las acciones para combatir la emergencia por covid-19 y ahora los daños causados por Amanda. Pero el presidente, en el último discurso de su primer año de gobierno, marcó en el calendario su objetivo: las elecciones legislativas, a nueve meses de distancia.

Salvadoran President Nayib Bukele visiting a neighborhood heavily affected by the Tropical Storm Amanda. Photo by: Carlos Barrera.
 
Salvadoran President Nayib Bukele visiting a neighborhood heavily affected by the Tropical Storm Amanda. Photo by: Carlos Barrera.
 

“El 3 de febrero del año pasado el pueblo salvadoreño les dijo váyanse fuera”, comentó en alusión a su incontestable victoria en la Presidencial de 2019. “Pero, por el sistema electoral que tenemos, las elecciones legislativas son hasta el 2021. Ellos son un resabio, un poco de lo que queda de la podredumbre que teníamos antes en la política”, dijo el presidente.

Ni la doble emergencia -por la lluvia y por la pandemia- convenció a Bukele de hacer un llamado a la unidad. Siguió su apuesta permanente por el conflicto con los otros dos poderes del Estado. Bukele empezó su mandato con un juicio popular para los diputados, que fueron abucheados por la multitud en la ceremonia de toma de posesión realizada en la céntrica Plaza Barrios.  Un año más tarde, la diatribas de Bukele contra los diputados, los magistrados o el procurador de Derechos Humanos se han vuelto ya algo común. 

El enojo de Bukele la noche de la tormenta alcanzó también para los magistrados de la Sala de lo Constitucional, que han frenado varios de los excesos del gobierno y señalado sus violaciones a la ley.  “Declaran inconstitucional lo que la Constitución dice textual, que no necesita interpretación”, se quejó Bukele, a pesar de que una de las funciones de los magistrados es justamente interpretar ese texto. El mandatario también se acordó del 9-F, su irrupción militar a la Asamblea que le costó una condena internacional unánime. “Los convocamos el 9 de febrero para que votaran o no votaran, para que discutiera un crédito como dice la Constitución. ¿Y qué dijeron? Es inconstitucional, es inconstitucional lo que dice la Constitución. No saben leer”, dijo Bukele. Más que una convocatoria a votar, el 9-F fue una medida de presión a la Asamblea y, posteriormente, la Sala le prohibió usar a la Fuerza Armada para poner en riesgo la democracia.

Pero los insultos y desacreditaciones del presidente animan a su base. No es de extrañar, el estilo confrontativo de Bukele lo tiene con más de un 90% de aprobación de la población, según las encuestas más recientes.

“No han aprobado el dinero para los ventiladores mecánicos que ellos mismos puedan ocupar. Ya hasta murió una diputada de Arena víctima del covid", dijo Bukele. Frente a él, un hombre ataviado con un impermeable amarillo con logo del MOP, le respondió a gritos: “¡Que se muera!”. Los habitantes de la Nuevo Israel aplaudieron en varios momentos, sobretodo cuando Bukele insultaba a los diputados. 

En la calle había docenas de personas, entre miembros de la comunidad Nuevo Israel, funcionarios, personal de seguridad, y periodistas. Según el gobierno, llevaron 2,500 paquetes alimentarios. Iván Baires, líder comunitario, contradijo ese número y dijo a El Faro que entregarían 1,483 canastas, casi mil menos.

38 personas formaron un pasillo detrás de un furgón y para  luego repartir la ayuda en 19 sectores de la comunidad, dijo Baires. Todas las bolsas iban rotuladas como “Bienestar Social”, el nombre de la oficina que este gobierno ha designado para la primera dama, Gabriela de Bukele.  “Hasta el momento, solo el gobierno se ha tomado la molestia de traer refrigerios o canastas”, dijo Baires.

Al finalizar la conferencia de prensa, el presidente Nayib Bukele repartió algunas bolsas con víveres para las personas de la comunidad Nuevo Israel. Foto de El Faro: Carlos Barrera.
 
Al finalizar la conferencia de prensa, el presidente Nayib Bukele repartió algunas bolsas con víveres para las personas de la comunidad Nuevo Israel. Foto de El Faro: Carlos Barrera.

Cuando Bukele terminó su discurso, se dirigió al camión para hacer entrega simbólica de paquetes. Baires era quien ordenaba en una fila a las personas que recibieron bolsas de mano del presidente. Otras vecinos solo estaban parados viendo al presidente, bajo una lluvia tenue pero persistente, tomando fotos, grabando en vivo con su celular, o aplaudiendo mientras Bukele decía aquellas palabras exaltadas. Dos mujeres jóvenes se pusieron de espaldas al mandatario, mientras aún hablaba, para sacarse una selfie.

“Nosotros amamos este pueblo, lo amamos. Y ellos nos aman a nosotros”, dijo Bukele en su discurso. Tras un año en la Presidencia, las encuestas y apariciones como estas le dan la razón.

***

Al siguiente día, este 1 de junio, desde el puente Agua Caliente en Soyapango, Bukele abrió el segundo año de su gobierno dando un discurso a pobladores afectados por la tormenta que le aplaudían y vitoreaban. "Yo oí seis horas de injurias (de los diputados) y nadie dice nada", dijo en referencia a la plenaria legislativa del domingo 31 de mayo. "Vine yo y digo la verdad y dicen que doy discursos de odio", dijo. En el primer discurso de su segundo año como presidente, antes de repartir bolsas de víveres, volvió a referirse a las "mafias" y "grupúsculos" que controlan la Asamblea Legislativa, y se quejó de la cobertura que los medios de comunicación hacen de su mandato.

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El Salvador Mon, 01 Jun 2020 22:17:30 +0100 https://elfaro.net/es/202006/el_salvador/24491/Bukele-cierra-su-primer-año-insultando-a-los-diputados-bajo-la-tormenta.htm
Pepenar en El Tunco http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_0_2000_1333/images%7Ccms-image-000033768.jpg https://elfaro.net/es/202006/ef_foto/24493/Pepenar-en-El-Tunco.htm Un par de zapatos, dos pares de sandalias y un guante de boxeo fue lo que Luis Membreño recolectó después de caminar un kilómetro hasta la playa El Tunco. Luis trabajaba en un restaurante de la playa El Sunzal, donde vive. Debido a la pandemia por el coronavirus todos los restaurantes cerraron. En el lugar, las personas que vivían del turismo tienen más de dos meses de no trabajar. Luis dice que aquí "llueve sobre mojado". La madrugada del 31 de mayo, la tormenta tropical Amanda arrastró todo lo que encontraba a su paso en los ríos que desembocan en las playas de El Salvador. El Tunco no fue la excepción. Lo que antes era una playa cubierta por rocas y arena, ahora está cubierta por troncos y basura que fue arrastrada por el río Grande que desemboca en dicha playa. Toda esa basura se convirtió en la posibilidad de Luis para conseguir algo de valor, o al menos algo que aún funcione para ser utilizado o vendido. Literalmente, Luis salió a la playa a pepenar. Su paso era lento, según él, para no dejar nada en el camino. Hizo el trayecto de un kilómetro en una hora. Luis iba acompañado por algunos amigos que también esculcaban la orilla. El mejor botín lo tenía Luis, sus amigos no habían encontrado nada. El objetivo de Luis era llegar hasta la playa El Majahual, un recorrido de casi tres kilómetros, y recolectar la mayor cantidad de objetos que le pudieran servir. Hasta las 4:45 p.m del 1 de junio, los informes oficiales daban la cifras de 16 fallecidos y siete personas desaparecidas a causa de la tormenta tropical que arrastró la basura en la que Luis hizo su rebusca. EF Foto Mon, 01 Jun 2020 20:58:12 +0100 https://elfaro.net/es/202006/ef_foto/24493/Pepenar-en-El-Tunco.htm Estados Unidos regaló a Bukele un espaldarazo para su primer año de Gobierno http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000033741.jpg https://elfaro.net/es/202006/el_salvador/24492/Estados-Unidos-regaló-a-Bukele-un-espaldarazo-para-su-primer-año-de-Gobierno.htm Aunque el Departamento de Estado reseña una “preocupación significativa” por la toma de la Asamblea Legislativa, ocurrida el 9 de febrero, los intentos por silenciar a periodistas y medios de comunicación, el Gobierno de Nayib Bukele ha recibido una certificación como un Estado que respeta los derechos humanos. El Gobierno de Trump ha anunciado, además, que El Salvador, Guatemala y Honduras cumplen los requisitos para recibir millones de dólares en asistencia y cooperación. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha concluido que el Gobierno salvadoreño es garante de los derechos humanos y respeta la institucionalidad democrática en un informe que al mismo tiempo destaca como “preocupación significativa” la irrupción del presidente Nayib Bukele al recinto de la Asamblea Legislativa de febrero pasado y los intentos del Gobierno por silenciar a periodistas y medios críticos.  

El 9 de febrero, acuerpado por militares y policías fuertemente armados, Bukele irrumpió en el recinto legislativo y luego amenazó con disuadir el congreso si los diputados no sesionaban para que le aprobaran un préstamo de $109 millones para su plan de seguridad. Según el Departamento de Estado, Bukele “usó a la Policía Nacional Civil y a soldados armados para presionar e intimidar la legislatura salvadoreña para que aprobara el financiamiento de su plan de seguridad; amenazó la independencia de la Asamblea y potencialmente debilitó las instituciones públicas”.  

Sin embargo, aunque el gobierno de Donald Trump considera este acto como una “preocupación significativa”, el Departamento de Estado elaboró un memorando de siete páginas para El Salvador en el que destacan la implementación de reformas, políticas y programas para aumentar la transparencia y fortalecer las instituciones públicas, y en el que destaca un apoyo a la independencia judicial y  “avances” para combatir la corrupción, la desigualdad, la inseguridad y la migración irregular.  

Divulgado el 27 de mayo, el informe certifica que tanto El Salvador como Guatemala y Honduras han cumplido los requisitos para ser receptores de la asistencia estadounidense. En el último año, los tres países del Triángulo Norte cedieron, bajo la amenaza del recorte de la ayuda, a la política antiinmigrantes del Gobierno Trump. Para los expertos, este informe y la reinstalación de la ayuda es la confirmación de una política de “toma y daca” de la administración estadounidense.  

En el caso del Gobierno salvadoreño, los elogios coinciden en tiempos con el primer año de gestión de Nayib Bukele. Según el análisis de la administración Trump, El Salvador ha cumplido nueve criterios que el Congreso definió como requisitos para que, junto a Guatemala y a Honduras, pueda recibir $540 millones en asistencia. Sin embargo, aún falta que esta recomendación sea avalada por los comités de Apropiaciones y de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja del Congreso, donde hay representantes demócratas que han criticado los exabruptos del presidente salvadoreño y su administración. 

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en El Salvador, dijo en conferencia de prensa el 26 de mayo que esos criterios consideran todas las cosas positivas que se han hecho, así como los desafíos que puedan ocurrir. “Así que mirás a El Salvador, a la cooperación que hemos construido con el Gobierno recientemente, y uno de esos éxitos  es la reducción de homicidios y la violencia en todo el país”, dijo. 

“Hemos visto a la cooperación que hemos hecho para reducir la migración ilegal. Y hay una serie de otros asuntos en los que  hemos disfrutado de una amistad cercana y buena cooperación, y en general el Departamento de Estado recomendó que El Salvador sea certificado para continuar recibiendo asistencia”, agregó el diplomático.  

El 29 de mayo, dos días después de que este certificado fue publicado en el Registro Federal de Estados Unidos, el Departamento de Estado anunció que enviaría ayuda a El Salvador por $6.6 millones, a Guatemala por $8.4 millones y a Honduras por $5.4 millones para atender la pandemia de coronavirus en la región. 

Este es el segundo guiño que la administración Trump le da a Bukele. El primero fue en octubre de 2019, cuando Trump anunció una prórroga al vencimiento del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) en la víspera de los primeros 100 días de gestión de Bukele. En esa ocasión, el mandatario salvadoreño reconoció que esta extensión podía entenderse como un quid pro quo (latinismo que se significa literalmente “algo por algo”) por haber convertido a El Salvador en un nuevo muro antinmigración. 

El embajador de Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson, junto al Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, durante una convocatoria de prensa el 26 de mayo del 2020 en el hospital Rosales, San Salvador. En el lugar se presentó un donativo de equipo médico proveniente del Gobierno de Donald Trump para ayudar a la crisis causada por el coronavirus. Foto de El Faro: Carlos Barrera
 
El embajador de Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson, junto al Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, durante una convocatoria de prensa el 26 de mayo del 2020 en el hospital Rosales, San Salvador. En el lugar se presentó un donativo de equipo médico proveniente del Gobierno de Donald Trump para ayudar a la crisis causada por el coronavirus. Foto de El Faro: Carlos Barrera

“El Gobierno ha trabajado de cerca con la Asamblea Legislativa” 

Si algo ha caracterizado al primer año de la administración Bukele han sido sus ataques constantes de la Asamblea Legislativa. En las siete páginas del memorando del Departamento de Estado, destacan la implementación de reformas, políticas y programas para aumentar la transparencia y fortalecer las instituciones públicas, pero en el que también se menciona como una “preocupación significativa” la toma de la Asamblea Legislativa, el capítulo más notorio en el conflicto entre poderes protagonizado por Bukele.  

Dos días después del incidente, el lunes 11 de febrero, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó a Bukele a que “se abstenga de hacer uso de la Fuerza Armada contrario a los fines constitucionalmente establecidos y de poner en riesgo la forma de gobierno republicano, democrático y representativo, el sistema político pluralista y de manera particular la separación de poderes”.  

El presidente dijo que iba a acatar esta resolución del principal tribunal del país, a pesar de no compartirla. El informe consigna que esta actuación de la Sala “demostró su independencia judicial”. Durante emergencia por la pandemia de coronavirus, el presidente Bukele ha sido criticado por implementar medidas que violan los derechos humanos de los ciudadanos y por el desacato a las resoluciones que la Sala, que pone en peligro el Estado de derecho. El evento más notorio fue el 15 de abril, cuando el presidente salvadoreño afirmó públicamente que se negaba a acatar la resolución que el tribunal emitió, en el que impedía que los cuerpos de seguridad capturaron a las personas que presuntamente violaban la cuarentena domiciliar obligatoria. 

Incluso la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señaló el 21 de abril que el Gobierno salvadoreño estaba “faltando a los principios fundamentales del estado de derecho” al ignorar la resolución de la Sala. En su llamado a que se pusieran en libertad a todas las personas que habían sido detenidas hasta ese momento, Bachellet también recordó que “el incumplimiento de las decisiones de la Sala de lo Constitucional equivale a una falta de observancia de la Constitución y una violación de las obligaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo la igualdad de todas las personas ante la ley”. 

Este 9 de febrero, por órdenes del presidente Bukele, militares se tomaron el Salón Azul de la Asamblea Legislativa. Luego, el presidente Nayib Bukele usurpó la silla del presidente del Órgano Legislativo, en medio del conflicto por la no aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares para la tercera fase del Plan Control Territorial. Foto de El Faro: Víctor Peña
 
Este 9 de febrero, por órdenes del presidente Bukele, militares se tomaron el Salón Azul de la Asamblea Legislativa. Luego, el presidente Nayib Bukele usurpó la silla del presidente del Órgano Legislativo, en medio del conflicto por la no aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares para la tercera fase del Plan Control Territorial. Foto de El Faro: Víctor Peña

Sin embargo, “para su crédito -dice el informe del Departamento de Estado- el Gobierno salvadoreño está proveyendo transparencia ejemplar en los reportes diarios sobre covid-19”. Para la oficina del Gobierno estadounidense, “el Gobierno ha mantenido un sitio web altamente transparente y continuamente actualizado con información relevante sobre la situación de covid-19 de la nación durante la emergencia”, también dijo que el Gobierno ha sido transparente al dar conferencias de prensa y comunicar vía redes sociales las políticas que implementa para atender la emergencia. “Durante la crisis, autoridades del Gobierno salvadoreño han utilizado las redes sociales efectivamente para proveer de transparencia en tiempo real de la respuesta del Goes a la covid-19”, reza el documento. 

Pese a los ataques constantes de Bukele contra el Legislativo, el memorando del Departamento de Estado también afirma que el Gobierno ha trabajado de cerca con la Asamblea Legislativa para crear políticas de emergencia que limiten la circulación de las personas, creación de cuarentenas y el uso de los poderes policiales  de acuerdo con la Constitución, pero que en las prórrogas ha sido entrampadas.  

El Departamento de Estado considera que “cuando la Corte Suprema ordenó que al presidente Bukele necesitaba la aprobación de la Asamblea Legislativa para implementar su orden ejecutiva de emergencia que obligaba  a los salvadoreños a quedarse en casa, el presidente Bukele afirmó que esta no tenía la autoridad para decidir sobre el estado de emergencia. La afirmación de Bukele fue vista por muchos como un esfuerzo por debilitar, en lugar de fortalecer, las instituciones públicas”. 

¿Un Gobierno transparente? 

Durante la emergencia, el Gobierno salvadoreño también ha sido altamente cuestionado por su falta de transparencia. En sus informes a Asamblea Legislativa, la Corte de Cuentas de la República ha denunciado la opacidad con la que el Ejecutivo ha manejado información de los gastos para atender la emergencia.  

El 26 de marzo, la Asamblea Legislativa aprobó un desembolso de $2000 millones para que el Ejecutivo pudiera atender la emergencia; como condición, impusieron la creación de un Comité de Emergencia, compuesto por el Gobierno central y miembros de la sociedad civil, para fiscalizar y coordinar el uso de este dinero. Pero este comité no duró ni dos meses. El 11 de mayo, los representantes legales de la UCA, Esen, ANEP, Camarasal y Fusades renunciaron a sus cargos de manera irrevocable argumentando que el Gobierno bloqueó al organismo, nunca les entregó la información ni quiso transparentar sus gastos.  

A pesar de estos dos hechos puntuales que recoge el informe, el Departamento de Estado concluye que “si bien estos ejemplos no demuestran que el gobierno está llevando a cabo de manera uniforme reformas y políticas y programas para aumentar la transparencia y fortalecer las instituciones públicas, el gobierno central de El Salvador cumple este criterio”. Para Estados Unidos, es destacable  la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicíes), un organismo dependiente del Ejecutivo y sin capacidad de investigar actos de corrupción.  

En noviembre de 2019, la ONU le ofreció al Gobierno salvadoreño una Cicíes muy similar al Cicig, con una fiscalía adjunta que podía investigar activamente casos de corrupción y otros crímenes sin la necesidad de esperar una invitación de las instituciones nacionales. La Cancillería salvadoreña no respondió a esta solicitud y 22 días después firmó con la OEA.  

Estados Unidos reconoce que la Cicíes solo puede brindar asistencia técnica en investigaciones que lidere la FGR, pero aún así señala que Bukele cumplió una de sus promesas de campaña. “La eliminación de la corrupción sigue siendo un objetivo de su administración y  su alto índice de aprobación actual se debe en parte al apoyo público a su posición anticorrupción”, dice. 

El informe también señala como avance positivo el incremento en medio millón de dólares el presupuesto del IAIP de 2018 a 2019. Pasado de $1,399,565 a $1,899,885. Sin embargo, el presupuesto de la institución para 2020 es exactamente el mismo que el del año anterior.  El único cambio fue en una leve la distribución interna de dinero.  

El documento evade, sin embargo, los  embates protagonizados por el Gobierno contra el Instituto. A finales de 2019, el IAIP se vio involucrado en una polémica desatada por la entrega de reportes con información confidencial de las solicitudes de los ciudadanos a Presidencia. Esto ocasionó que el entonces presidente del instituto, René Cárcamo, renunciara el 15 de noviembre.  

Luego, en febrero de 2020, Casa Presidencial maniobró para que Juan Carlos Turcios, hombre de confianza de Mario Durán, actual ministro de Gobernación, se convirtiera en comisionado del IAIP. Turcios solo duró 48 horas en el puesto. Renunció luego de ser recusado cinco veces, pues los demandantes pusieron en duda su independencia al analizar casos relacionados con el Ejecutivo, donde su exjefe es ministro. 

“El Salvador logró reducir las caravanas de migrantes” 

Desde la llegada de Bukele ganó las elecciones presidenciales, uno de sus propósitos fue fortalecer las relaciones con Estados Unidos. El primer discurso después de su triunfo fue en la  Heritage Foundation, una de las organizaciones características por impulsar políticas conservadoras en Estados Unidos. Ahí, Bukele dio un pronunciamiento cómodo para Estados Unidos en el que en vez de pedir respeto al trato que la administración Trump le estaba dando a las caravanas migrantes de 2018 y 2019 que pedían asilo, advirtió que  “la mejor forma de responder no es meterte en una pelea con tu aliado más grande, sino mejorar tu país. Entonces, el discurso cambiará”. 

El presidente salvadoreño ha cumplido al pie de la letra con todas las exigencias que su par norteamericano le ha pedido en cuanto a políticas de migración. Fue el segundo país en convertirse en depositario de solicitantes de asilo, luego de Guatemala. El Salvador también se comprometió con Estados Unidos a compartir datos biométricos para facilitar las deportaciones, acción que fue criticada por el IAIP. 

El Departamento de Estado vio como positivas todas estas políticas que El Salvador implementó de la mano de Estados Unidos. De hecho, el informe concluye que “en enero de 2020, El Salvador logró reducir de manera exitosa la participación de salvadoreños en las caravanas de migrantes y frustró una, arrestando a los organizadores por primera vez”. 

La administración Trump también celebró que El Salvador siga recibiendo a sus deportados, a pesar de la pandemia. Durante la cuarentena, El Salvador cerró los aeropuertos y solo permitió que aterrizaran vuelos humanitarios y de carga. Del 17 al 20 de marzo, El Salvador se negó a seguir recibiendo a sus deportados, pero, según registros de la PDDH, el 21 de marzo se reanudaron.  

“A pesar de haber tomado medidas extraordinarias, El Salvador continúa aceptando vuelos de deportación de ICE”, señala el informe. Según documentación de ICE y declaraciones de la Dirección General de Migración de El Salvador, ningún deportado sube a un avión si antes no pasa un examen médico para determinar si está contagiado de covid-19. 

Sin embargo, un informe de la PDDH concluyó que hay deportados contagiados de coronavirus y denunció a Migración por obstaculiza su trabajo al negarle información. El Faro logró contactar a cuatro deportados que confirmaron que ICE nunca les hizo la prueba de coronavirus. Cuando regresaron a El Salvador y fueron internados un centro de contención, pasaron 27 días hasta que por fin los examinaron.  

Imagen del interior de una de las canchas habilitadas para recibir a los deportados en el Gimnasio Adolfo Pineda. 
 
Imagen del interior de una de las canchas habilitadas para recibir a los deportados en el Gimnasio Adolfo Pineda. 

El informe también celebra la reducción de violencia homicida. El informe menciona que una de las políticas positivas fue la implementación del Plan Control Territorial, que lo describe como “un plan enfocado en las áreas urbanas densas, buscando reducir las extorsiones y cortando las comunicaciones entre líderes pandilleros reos con la calle”.  

Esto se ha cumplido a medias, mientras que los homicidios han tenido una drástica caído nunca antes vista entre junio de 2019 y mayo 2020, las extorsiones han incrementado, según ha señalado la FGR.  

El 13 de enero, la el fiscal general de la República, Raúl Melara, presentó un informe de su primer año frente en el cargo. En el documento, Melara señala que la denuncias por extorsión han aumentado en un 17.2 %, gremios de transportistas públicos también han señalado lo mismo.  

En centros penales se ha implementado políticas cuestionadas por violar los derechos humanos en cuanto al encierro de reos. El Gobierno Bukele ha decretado alerta máxima y encierro total en los penales de pandilleros: una vez en julio 2019 y otra en abril 2020. En ambas ocasiones se debió a un incremento de homicidios. 

Durante este último brote de asesinatos, que dejó cerca de 80 muertos en un fin de semana, fuentes al interior de centros penales que conocen la dinámica pandilleril incluso llegaron a decir que el control territorial que proyectaba el Gobierno era falso, que las pandillas siguen gobernando los barrios de El Salvador. 

“El Gobierno se esfuerza por silenciar medios y periodistas” 

El presidente Bukele y sus allegados han repetido en redes sociales que las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos y medios de periodismo crítico tienen una agenda en contra de su Gobierno. El informe indica que el “Gobierno se esfuerza por silenciar a los medios y periodistas si no apoyan la narrativa oficial”. 

“Periodistas críticos de las políticas del Gobierno  enfrentan amenazas, muchas de las cuales son provocadas por el trato de Bukele hacia ellos en las redes sociales. Esos esfuerzos, que incluyen retirar selectivamente la publicidad de medios críticos para moldear su contenido, socavan el sano y abierto intercambio de visiones que la libertad de prensa permite y no promueve la independencia de los medios”, dice el documento.  

A pesar de que el informe alaba el manejo que el Gobierno hace de las redes sociales, también omite mencionar que muchos ciudadanos han sido bloqueados de las cuentas oficiales del Gobierno. El informe solo tomó como ejemplo, sin mencionar su nombre ni la institución, a José Miguel Vivanco, director de la oenegé internacional Human Rights Watch, quien fue bloqueado por Bukele en Twitter el 11 de abril. Vivanco confirmó que el bloqueo aún persiste. 

“Su reciente acto en Twitter de bloquear a una respetable ONG de derechos humanos de seguirlo para limitar los comentarios críticos de la ONG a la respuesta del Gobierno a la covid-19 refuerza la crítica que algunos miembros de la sociedad civil de que el gobierno no está promoviendo un intercambio transparente de opiniones sobre política covid-19”, dice el informe. 

Vivanco fue bloqueado luego de que criticara las políticas extremas que Bukele estaba tomando para mantener la cuarentena domiciliar. Vivanco dijo vía Twitter que este bloqueo era “otra muestra de la tolerancia a la crítica del presidente de El Salvador, Nayib Bukele”. 

El 27 de mayo, la presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (Apes), Angélica Cárcamo, denunció que fue bloqueada por la cuenta de Twitter de la Secretaría de Prensa de la Presidencia. “Dicho acto vulnera mi derecho de acceso a información de interés público y afecta mi labor como presidenta de la Apes”, escribió en un tuit junto con la captura del bloqueo. 

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión concluyó su informe anual ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2019 que desde la llegada de Bukele a la Presidencia el acoso en redes sociales hacia medios y periodistas críticos incrementó. Y que “se registró restricciones en el acceso a periodistas de algunos medios en conferencias de prensa,  bloqueos  en  coberturas  periodísticas  y  restricciones  a  interrogantes  de  periodistas  investigativos”. 

“Actualmente en este país no se puede opinar de manera contraria al discurso del gobierno porque se es altamente vilipendiado en diferentes redes sociales, incluso por algunos personeros de Gobierno”, añade el procurador para la defensa de los derechos humanos en El Salvador, Apolonio Tobar. 

Para los casos de Guatemala y Honduras, el informe presentado a la CIDH también señala que los medios han enfrentado escenarios adversos. Señalando en el caso hodureño que se registró seis asesinatos de comunicadores que podría estar vinculados con  el  ejercicio  del periodismo, siendo este el mayor desafío que presentan.  

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, señaló a través de un tuit el 30 de mayo que “ninguna democracia puede funcionar sin libertad de prensa ni una sociedad puede ser justa sin periodista que investiguen las irregularidades y le digan la verdad al poder”. 

Un informe cuestionado 

El informe con el que el Departamento de Estado justifica la certificación de que El Salvador es garante del combate a la corrupción; fortalecimiento de las instituciones públicas, transparencia y derechos humanos fue duramente cuestionado por defensores de derechos humanos y expertos en transparencia. 

Según el procurador para la defensa de los derechos humanos en El Salvador, Apolonio Tobar, “el Gobierno de El Salvador ha mostrado un irrespeto por el sistema institucional y democrático del país”. Para Tobar, la actual administración ha atentado contra el acceso a la información, los derechos humanos, la libertad de prensa, la independencia de las instituciones y el Estado de derecho en múltiples ocasiones. 

Óscar Chacón, director de la oenegé Alianza Américas, señala que estos informes han sido manipulados a lo largo de los años por el Departamento de Estado para fines políticos. “Lejos de ser un instrumento de promoción al respeto de los derechos humanos, se vuelve una herramienta que se manosea para fines políticos, ideológicos, que tienen muy poco que ver con lo que en el terreno está pasando”, dice. 

Chacón además advierte que dentro de la Cámara Baja del Congreso esto se vuelve un tipo de negociación entre demócratas y republicanos para dar concesiones a cambio de la ratificación de la certificación. 

Este informe del Departamento de Estado fue remitido al Congreso para que tenga el aval del Comité de Apropiaciones, presidido por el senador Patrick Leahy. Una vez pase esto, El Salvador podrá recibir los fondos de asistencia estadounidense. José Miguel Vivanco, de HRW, plantea que este informe no tendrá mayor credibilidad entre las voces críticas del Congreso. 

“Es perfectamente predecible que una administración como la del presidente Trump, que ha mantenido un vergonzoso silencio frente a las violaciones de derechos humanos y a la ruptura del Estado de derecho por parte de Bukele, diga que todo está muy bien y está perfecto en El Salvador”, dijo Vivanco a El Faro.  

Para Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (Alac) de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), la certificación que el Departamento de Estado hizo están fuera de lugar incluso para los parámetros estadounidense de lo qué es rendición de cuenta. 

“Es una contradicción bastante curiosa que se presenta a nivel teórico en lo que hace el Departamento de Estado al publicar este informe”, dijo. “No estamos hablando simple y sencillamente del derecho a la información pública, estamos hablando de un derecho que en la legislación internacional se llama el derecho humano a buscar y recibir la información pública. Esto se está negando. Al final es un menoscabo a la dignidad personal y eso es lo que han dicho HRW y la Corte IDH”, agregó.

*Con reportes de Nelson Rauda y Roxana Lazo

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El Salvador Mon, 01 Jun 2020 19:11:59 +0100 https://elfaro.net/es/202006/el_salvador/24492/Estados-Unidos-regaló-a-Bukele-un-espaldarazo-para-su-primer-año-de-Gobierno.htm
Un año de retroceso hacia el clóset http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000032109.jpeg https://elfaro.net/es/202006/columnas/24484/Un-año-de-retroceso-hacia-el-clóset.htm Después de haber experimentado la visibilidad durante la década pasada, las poblaciones LGBTI+ no estamos dispuestos a volver a los armarios del silencio y el tabú. Después de diez años en los que gozamos de una institucionalidad que, aunque a veces de manera tímida, hizo esfuerzos para visibilizar a las poblaciones LGBTI+, la administración de Nayib Bukele prácticamente limitó el compromiso del Estado salvadoreño en la garantía y respeto a los derechos de estas poblaciones históricamente vulnerables. Este escenario ha significado una especie de metida al clóset, ya que promueve derechos que aún no se atreven a decir su nombre, en concordancia con la frase utilizada por Óscar Wilde para referirse, a finales del siglo XIX, a la homosexualidad.

Desde el 1 de junio 2019 que tomó posesión el nuevo Gobierno, se ha institucionalizado el retroceso en la lucha de los derechos humanos en general y en específico de las personas LGBTI+ al suprimir la Secretaría de Inclusión Social, única instancia que velaba por esta población en la administración pública. Durante la década de 2009-2019, sobre todo entre 2009-2014, asistimos a un proceso de diálogo entre las personas LGBTI+ con el Ejecutivo, teniendo como producto principal la emisión del Decreto Ejecutivo N° 56, que impulsó una agenda política de no discriminación prohibiendo cualquier expresión de discriminación por orientación sexual e identidad de género al interior de la administración pública, la cual sería monitoreada por la Dirección de Diversidad Sexual. A pesar de que una medida como esta era insuficiente, esto fue un hito, porque mostró el interés del Ejecutivo en fomentar la ciudadanía de las personas LGBTI+ en el país.

Todo lo anterior fue borrado al momento en que Bukele decidió eliminar la Secretaria de Inclusión Social, sepultando así el cúmulo de experiencias, acciones y proyectos de inclusión y ciudadanía limitada de las poblaciones LGBTI+ en el país gestados en una década de trabajo. 

Recordemos, además, que la supervivencia del “espíritu” de la Dirección de Diversidad Sexual en la actual administración fue producto de un intercambio en Twitter, en donde activistas preguntaron al presidente qué instancia del Ejecutivo se encargaría de velar por los derechos humanos de las personas LGBTI+. “Tengan paciencia, solo llevamos 36 horas de Gobierno”, respondió el presidente el 3 de junio. Luego de 8,784 horas (tuvimos un año bisiesto) la paciencia se ha ido agotando frente a un gobernante que, aunque dijo estar “del lado correcto de la historia”, ha demostrado poco interés en lo que a la protección de nuestros derechos concierne.

Traspasar las acciones institucionales de la extinta Dirección de Diversidad Sexual al Ministerio de Cultura conllevó una reestructuración de los “armarios institucionales”. Entre 2010 y 2019, la Dirección de Diversidad Sexual tuvo un reconocimiento por sí misma. Si bien no era autónoma, el margen de acción que tenía le permitía articular acciones de incidencia y velar por el cumplimiento de los Derechos Humanos específicamente para las personas LGBTI+, al menos desde las instituciones del Ejecutivo. Mientras que ahora, al ser reducida a la Unidad de Género y Diversidad del MiCultura, se adscribe a una agenda de acciones y actividades de índole sociocultural que abarcan una amplia gama de poblaciones históricamente excluidas, como pueblos originarios, personas con discapacidades físicas, niñez, mujeres, población rural y personas LGBTI+. 

“Diversidad”, en este caso, comprende a una serie de identidades sociales y esta abundancia puede llegar a incidir en una jerarquización de las acciones institucionales. Las cuales, recordando las palabras de la antropóloga Gayle Rubin en, Thinking about sex, puede generar que las personas LGBTI+ queden en el último peldaño de importancia de identidades a ser atendidas por esta Unidad. Esto supone, por tanto, que las personas LGBTI+ entraron al armario institucional de la “diversidad”.

El nombre de la Unidad y el marco teórico que evoca también puede representar una amenaza para las reivindicaciones de Derechos de las personas LGBTI+. Si bien le debemos a la Teoría del Género abrir espacios para la discusión de temáticas de cuerpo, sexualidad, poder, deseo y placer, fuera de la órbita del mandato de la reproducción heterosexual; combinar las áreas de género y diversidad en una sola unidad técnica puede hacer que las necesidades de las personas LGBTI+ sean absorbidas en el desarrollo de actividades y acciones institucionales sobre género. Esto conllevaría a que las personas LGBTI+ entren en el armario institucional del “género”.

Por mandato institucional, la Unidad de Género y Diversidad del MiCultura debe de difundir temáticas y enfoques sobre respeto, no discriminación y tolerancia hacia las personas LGBTI+ al interior de la administración pública y al interior de la sociedad en general. Si bien esto será una acción de reconocimiento social, posiblemente no incida en la transformación de las realidades concretas de las personas LGBTI+. No existe entre las funciones de esta oficina nada sobre la creación de iniciativas de ley para la no discriminación contra las personas LGBTI+ o el apoyo a la aprobación de la Ley de Identidad de Género que sigue en discusión en la Asamblea Legislativa. 

En mi análisis de los primeros 100 días de gobierno de Bukele declaré su alineación a estar del lado correcto del poder, la cual se ha ido corroborando con la proximidad y utilización de estrategias políticas neoconservadoras y neopentecostales beligerantes. Ejemplo de ello fue la declaración del pasado 23 de mayo como Día Nacional de la Oración. En cuestión de temáticas LGBTI+, ha sido el mismo Nayib Bukele quien se ha encargado de hacer explícito su desinterés, al reafirmar en una entrevista con el cantante René Pérez que para él “El matrimonio únicamente es entre un hombre y una mujer”. El matrimonio no es ni siquiera la bandera principal en la lucha LGBTI+ en un país en donde la discriminación y el odio resultó en una ola de asesinatos de mujeres trans entre septiembre y octubre 2019. Pero el presidente ni siquiera se molestó en pronunciarse al respecto.

Si bien la administración actual creó un marco institucional con la publicación del Decreto Ejecutivo N° 20, de nada servirá si este no es utilizado por el propio presidente para promover y fomentar una cultura de igualdad, inclusión, equidad de género y respeto por la diversidad. Seguirá siendo letra muerta así se repita hasta el cansancio en el Plan Operativo Quinquenal de la Unidad de Género y Diversidad.

Con suerte este marco institucional se traducirá únicamente en llenarse de papeles y repetir discursos, todo por cumplir requisitos ante organismos internacionales y por esta situación obtener fondos y de cultivar una “imagen positiva” de la gestión del Ejecutivo; pero al interior del país y con los problemas individuales, con nombres propios, poco o nada se hace. 

Tomando en consideración lo vivido y experimentado en la década pasada, con sus aciertos y faltas, su mayor resultado fue la visibilidad de las vivencias y experiencias de vida de las personas LGBTI+ en la sociedad salvadoreña. De una forma u otra se obtuvo un progreso, muchos armarios fueron rotos. Después de haber experimentado la visibilidad, no estamos dispuestos a volver a los armarios del silencio y el tabú. Es por ello que demandaremos que las políticas públicas acompañen un proceso civilizador y de ciudadanización de las personas LGBTI+, aunque tengamos como obstáculo, posiblemente, las declaraciones y acciones de la presidencia que solicita “cerrar los ojos” ante la realidad y la vulneración de derechos humanos.

Ante un contexto nuevamente adverso, vale la pena recordar a Foucault, quien asegura que en el lugar donde se ejerce el “poder” siempre existe la “resistencia”. Aunque el modelo desee ser incólume, siempre hay fracturas, grietas y rendijas que la propia administración pública ha abierto, así que debemos entrar por ellas y difundir nuestro mensaje de respeto, igualdad y equidad. De igual manera, hay que tomar en cuenta que dentro de las instituciones aún hay funcionarios sensibles a este tipo de temáticas, con los cuales debemos de entablar diálogos, alianzas y apoyos mutuos. Por ejemplo, participaré en la coedición del Número 15 de la Revista Identidades del MiCultura que abordará la temática “Estudios de Población LGBTI+ en El Salvador y Centroamérica”. Aunque reciba críticas de todos los sectores.

La institucionalidad también debe ser nuestro marco de reivindicaciones políticas. Creo que lo que nos toca es apoyar las iniciativas que realizará esta administración, pero no como un seguidor ciego o fanático, sino como ciudadanos comprometidos con el estado de derecho y el avance de los derechos humanos. Si bien esto es una acción limitada, hay que tener en cuenta que, en el contexto del extermino en el cual nos encontramos, si no apoyamos, corremos el riesgo de que lo poco que se va a promover, pueda desaparecer o diluirse en los “armarios institucionales” antes de que finalice esta administración. 

Apoyar las acciones gubernamentales actuales no debe hacernos perder la criticidad hacia ellas. Reconocer su importancia no implica silenciar la denuncia de que no son suficientes para la transformación de la vida de las personas LGBTI+. Debemos tener claro el objetivo de promover leyes que puedan traspasar administraciones presidenciales y que no dependan de las “buenas intenciones” de cada administración pública para ejecutarlas.

*Amaral Arévalo es salvadoreño y tiene un Postdoctorado Instituto de Medicina Social de la Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Además, es doctor y máster Internacional en Estudios de Paz, Conflictos y Desarrollo por la Universitat Jaume I, Especialista en Género y Sexualidad por la Universidade do Estado de Rio de Janeiro y Licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad de El Salvador. Sus líneas principales de investigación son Cultura para la Paz, Violencias y Estudios LGBTI+ en el Istmo Centroamericano.
 
*Amaral Arévalo es salvadoreño y tiene un Postdoctorado Instituto de Medicina Social de la Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Además, es doctor y máster Internacional en Estudios de Paz, Conflictos y Desarrollo por la Universitat Jaume I, Especialista en Género y Sexualidad por la Universidade do Estado de Rio de Janeiro y Licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad de El Salvador. Sus líneas principales de investigación son Cultura para la Paz, Violencias y Estudios LGBTI+ en el Istmo Centroamericano.

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Columnas Mon, 01 Jun 2020 16:51:08 +0100 https://elfaro.net/es/202006/columnas/24484/Un-año-de-retroceso-hacia-el-clóset.htm
Educación: buenas intenciones, pocos recursos http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000032884.jpg https://elfaro.net/es/202006/columnas/24486/Educación-buenas-intenciones-pocos-recursos.htm Ahora, más que nunca, la planificación es fundamental, tener claras las prioridades, establecer fases de respuesta y luchar por que los políticos comprendan que la educación es tan importante como la economía y la salud. En medio de una emergencia mundial y de un ambiente político polarizado más que nunca, es importante llamar a la sensatez y a la razón para analizar la gestión educativa. Para hacer un balance sobre este último año, vale la pena recordar las deudas del sistema educativo y luego separar las etapas antes y después de la covid-19. Es por ello que escribo esta columna sobre los logros del Gobierno en educación para elevar la voz por la niñez y la juventud de El Salvador, a quienes rara vez se les pregunta. 

Creo que a la escuela se va para aprender, tal como planteó Jaques Delors, en La Educación encierra un tesoro: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Esto supone que la escuela debe formar al menos en ciudadanía, convivencia, empatía, capacidad de comunicar, pensamiento abstracto y pensamiento crítico. En la escuela salvadoreña, sin embargo,  hace mucho que no se aprende

Los datos nos dicen que los aprendizajes más básicos no se logran para la mayoría de los niños y jóvenes en nuestro país. De hecho, el 53 % de los niños a los 10 años no sabe leer ni comprender un texto simple, el 20 % de los estudiantes más pobres no lee a la altura del tercer grado y el desempeño en Matemáticas y Lenguaje puntea debajo de 6/10 para los alumnos de bachillerato. 

Las razones de este rezago son múltiples y, tal como lo he resaltado en otras ocasiones, existen problemas estructurales fundamentales como la calidad docente, la idoneidad de los ambientes de aprendizaje y la violencia social, que vuelven esquiva la posibilidad real de aprender en las escuelas salvadoreñas.

A estos problemas se suma el hecho de que el Ministerio de Educación tiene una estructura poco eficiente cuyas directrices difícilmente llegan a la escuela, que es donde se da realmente el proceso educativo, y esto le impide gestionar la calidad de los aprendizajes. Adicionalmente, hace años que la planificación del quehacer en el sector se ha dejado a los caprichos políticos y, aunque han existido planes educativos, estos suelen sacrificarse en nombre de “proyectos y políticas emblemáticas” que, al no estar organizadas alrededor de objetivos claros, solo significan enormes costos económicos con poco impacto en el aprendizaje.

En el primer año de gestión, entre junio 2019 y marzo 2020, cuando llegó la pandemia, se vieron señales positivas en el sector educativo. La ministra de Educación asumió el reto de planificar desde el inicio de su gestión y eso dio lugar al Plan Estratégico Institucional (PEI 2019-2014). El PEI plantea, entre sus objetivos, el logro de la calidad de los aprendizajes de los niños. Esto implica, según este plan, establecer estándares de aprendizajes para los diferentes niveles, y estándares de formación y desempeño para los docentes. De llegar a implementarse, esto podría significar un giro de 180 grados para la educación del país. Requerirá, sin embargo, capacidad técnica para hacerse correctamente y capacidad política para navegar las oposiciones de los grupos interesados en mantener el statu quo.

Por otro lado, se inició un proyecto de mejora de escuelas y se incluyó la transformación de los ambientes de aprendizaje como uno de los objetivos del PEI. Ciertamente esto es una buena señal, pero lo implementado alcanzó apenas al 2 % de las escuelas. Es decir, solo una mínima parte de lo que se requiere para transformar la situación de la infraestructura escolar. Según estimaciones, el país necesita 600 millones de dólares solo para garantizar mínimos de infraestructura, como baños y techos en las 5000 escuelas, y 10 veces esa inversión para realizar una mejora integral. 

Bajo la sombrilla de la política intersectorial Crecer Juntos, el gobierno priorizó la inversión en la primera infancia, un grupo etario invisibilizado y cuyo desarrollo temprano puede tener repercusiones enormes en los aprendizajes futuros de los niños. Además, se diseñaron proyectos de gran escala para garantizar la educación de calidad a la niñez entre los 0-6 años en El Salvador. De implementarse, se transformaría el currículo, la docencia, los espacios físicos y los modelos de educación rural. Están las intenciones y los diseños técnicos de estas operaciones, pero faltan los acuerdos para las inversiones que los conviertan en realidad. 

Por otro lado, el ministerio ha asumido su rol coordinador de las iniciativas educativas del sector privado para organizar y garantizar calidad en las intervenciones en el territorio. Esto contribuye al orden, evita la saturación de iniciativas en las escuelas y favorece la distribución más equitativa de los recursos disponibles.

Finalmente, la ministra de Educación, que tiene una trayectoria profesional en el área de la protección de la niñez, ha fortalecido la institucionalidad para facilitar la protección de niños y niñas frente a abusos en las escuelas y comunidades. Además, ha puesto mucho interés en buscar opciones reales educativas para los niños y jóvenes privados de libertad. 

El balance es optimista en términos de planificación y prioridades declaradas. Sin embargo, preocupa que puedan hacer falta dos cosas fundamentales para lograr lo propuesto: los recursos y el empoderamiento. Sobre los recursos hablaré más adelante, por ahora me centraré en el empoderamiento. Una característica del primer año de este Gobierno ha sido la injerencia desde la presidencia hacia los ministerios. En más de una ocasión un ministro ha sido regañado vía Twitter o se le ha ordenado tomar una u otra decisión, pasando por encima de la autonomía de su cargo y enviando muy malas señales con respecto al liderazgo real de tal o cual funcionario. 

Transformar el sector educativo requiere de titulares independientes y autónomos, con capacidad de proponer, decidir y jugársela por el sector que lideran. El sector educativo es extremadamente complejo, hay muchos intereses de por medio y una cantidad tremenda de recursos para administrar (humanos y financieros). Confío en que los titulares actuales, quienes son personas con buenas intenciones y capacidades, estén empoderados por sobre cualquier cosa, abanderando los aprendizajes de la niñez y la juventud salvadoreña. 

Ahora bien, desde el cierre de las escuelas, en marzo, al 1 de junio, la pandemia ha cambiado el mundo de tal manera que parece que lo realmente importante en política educativa se juega de ahora en adelante. Hace nueve semanas, las escuelas de El Salvador se cerraron por la amenaza de covid-19 y las estimaciones apuntan que las pérdidas en aprendizajes equivaldrán a un año escolar.

El cierre de las escuelas puso en jaque a los sistemas educativos más avanzados del mundo y el nuestro no fue la excepción. El Ministerio de Educación reaccionó con rapidez buscando soluciones y eligió iniciar la educación remota por medio del internet. Sin embargo, la realidad socioeconómica golpeó esta estrategia: 56 % de nuestros hogares no tienen acceso a internet y solo tienen televisión o radio, e incluso hay un 6 % que no tiene ninguna de estas. Ante esto, se inició la reproducción de guías de trabajo y apenas hace unos días se lanzó la estrategia televisiva Aprendo en casa. 

En paralelo, se ha iniciado una formación masiva de docentes en el uso de tecnología para que puedan mantener contacto con los alumnos y las familias. Todo lo realizado es perfectible. Para las familias más vulnerables, sin embargo, esto no ha funcionado, pues sus condiciones de vida son demasiado desafiantes; lo cierto es que el Mined ha mostrado gran resiliencia ante la adversidad y la incertidumbre.

Pero esto no es suficiente. La pandemia ha vuelto más evidentes las deficiencias del sistema educativo, las deudas históricas ahora nos pasan factura y habrá que asumir que la gestión de la etapa de cierre de escuelas, de la que se ha salido bastante bien librado, no es ni la mitad de la batalla. Pronto habrá que regresar a las aulas y en medio de la crisis sanitaria se volverá crítica la carencia de infraestructura que causa hacinamiento, a lo que habrá que sumar la falta de agua y de saneamiento que dificulta que se cumpla con los mínimos de cuidado de la salud.

Ahora es muy fácil perder el rumbo, caer en respuestas populares o populistas, obedecer órdenes o abandonar las banderas difíciles de defender, como la de la calidad de los aprendizajes. Ahora, más que nunca, la planificación es fundamental, tener claras las prioridades, establecer fases de respuesta y luchar por que los políticos comprendan que la educación es tan importante como la economía y la salud. Hoy es posible aprovechar este revés inesperado para transformar de una vez por todas la educación salvadoreña, por los niños y los jóvenes, cuyos destinos hemos descuidado por décadas. 

La pandemia ha dejado claro el déficit tecnológico en el sistema, pero hay que tener cuidado de no dejarse distraer por esto, la tecnología es un instrumento para el logro del objetivo superior: el aprendizaje. Espero que el MINED mantenga el compromiso planteado con la calidad de los aprendizajes, al mismo tiempo que logre las adecuaciones necesarias a su planificación para adaptarse a la nueva realidad. El mundo ha cambiado, pero los desafíos que teníamos siguen ahí.

Los niños siguen sin aprender, no aprendían en las aulas y no aprenden vía internet o vía televisión. Para que aprendan se requiere de profesores bien formados, no solo alfabetizados en tecnología, sino conocedores de lo que enseñan y de las maneras adecuadas de enseñar en función del medio de transmisión que se utilice. Para aprender se requiere de espacios dignos y ahora es evidente que se requiere al menos de agua potable y espacios mínimos en el aula. El currículo está atiborrado de contenidos con poco o nada de ciudadanía y empatía y eso queda clarísimo en la forma en que nos comportamos en medio de esta emergencia sanitaria. No perdamos el rumbo cuando más lo necesitamos; ni las computadoras ni las app solucionarán por sí solas el problema a largo plazo.

La primera infancia, antes y después de la covid-19, seguirá siendo una etapa crítica para el desarrollo de la persona, por lo que sería un terrible error rezagar esa inversión para pagar deudas o gastos. De hacerlo, que no nos sorprenda que, en 15 años, esos salvadoreños que dejamos sin leer y escribir hoy por falta de calidad educativa no sean lo suficientemente productivos para sacar adelante el país. Lamentablemente, ya han comenzado las reducciones presupuestarias al sector educativo y esto es mal augurio para el futuro. Con una deuda que alcanza el 90 % del PIB es difícil que se tenga la visión de la necesidad de invertir en educación para el futuro. 

Se requerirá valentía para defender el futuro de los niños, en medio del caos, la polarización y la falta de confianza política. El verdadero balance de esta gestión tendrá lugar pospandemia. Espero que las autoridades del Mined obtengan, de aquí en adelante, un sobresaliente en su capacidad de imaginar y planificar el país que necesitamos a través de la educación y que la sociedad les apoye con acuerdos en beneficio de nuestros niños y jóvenes. No se lo pido a Dios, porque creo que es algo que debemos hacer los salvadoreños.

Carolina Rovira es economista y Doctora en Ciencias de la Educación. Actualmente funge como Coordinadora de la Fundación para la Educación Superior (FES).
 
Carolina Rovira es economista y Doctora en Ciencias de la Educación. Actualmente funge como Coordinadora de la Fundación para la Educación Superior (FES).

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Columnas Mon, 01 Jun 2020 13:11:53 +0100 https://elfaro.net/es/202006/columnas/24486/Educación-buenas-intenciones-pocos-recursos.htm
Otro gobierno nepotista y nada transparente http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000033197.jpg https://elfaro.net/es/202006/columnas/24481/Otro-gobierno-nepotista-y-nada-transparente.htm Pareciera que se empieza a generar una tolerancia a la corrupción en la ciudadanía, en donde “justificamos” el nepotismo porque es promovido por mi político favorito o porque en teoría no recibe dinero. El 1 de junio de 2019 representó, en la práctica, completar la aspiración -incluso legítima- de desplazar a los partidos mayoritarios y dar la oportunidad a “algo nuevo”. Bajo la premisa de que “el dinero alcanza cuando nadie roba” y de hacer una “diferencia” respecto a lo que conocemos por política en El Salvador, Nayib Bukele se alzó triunfante, rodeado de cadetes vestidos galantes, como imitando al Capitán General Gerardo Barrios.

A un año de haberse puesto en marcha esa promesa, conviene realizar un análisis de la transparencia y rendición de cuentas de la actual administración pública a partir de la observación de los hechos, sin antagonismos, solo acompañado de casos reales, tangibles. 

En primer lugar, hay que hablar de la rendición de cuentas o accountability en esta administración. Un concepto que contiene dos elementos importantes: presentar información y justificarla. Desde la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) en 2011, el derecho de acceso a información pública ha venido remando contra corriente e incomodando a cada gobierno de turno, ya que nos permite ejercer control sobre los políticos y las autoridades. En este contexto, la administración actual se ha planteado una política pública implícita –no toda política debe estar escrita en un papel para existir–, de restringir al máximo la entrega de información que pueda representar una amenaza a sus intereses. Ejemplos sobre la información presupuestaria o técnica que se han negado a entregar abundan: información relativa al Organismo de Inteligencia del Estado, información sobre el costo de la pauta en redes sociales y publicidad, información sobre la construcción de infraestructura, como el Hotel Estancia Mayor, información sobre la calidad del agua, entre otros. La negativa para la mayoría de estas solicitudes se ampara bajo el argumento de la “seguridad nacional”, como si se tratara de las viejas doctrinas militares que imperaban en el cono sur, al mismísimo estilo Pinochet. 

Otras de las prácticas relacionadas a la ausencia de rendición de cuentas nada novedosas que también está implementando esta administración es el concepto del “familión” o nepotismo. Arena y el FMLN utilizaron el Estado como un mecanismo de clientelismo político (el mismo BID así lo sostiene), mediante la transacción de puestos en la administración a cambio de fidelidad. La conformación actual del gabinete de Bukele no dista en nada a las anteriores: hermanos, primos, amigos y compadres del presidente ocupan cargos de alto nivel sin base en el mérito. Una de las falacias más grandes con las que se pretende defender estos nombramientos es que son ad honorem y que, por lo tanto, son éticos según dicha lógica. Lo que olvida Bukele es que al haberlos juramentado rompe con el principio de probidad puesto, que al igual que los partidos anteriores, estos funcionarios terminan debiendo sirviendo a los intereses de quien los puso ahí: el mismo presidente de la República.

Lo más crítico de esto es que pareciera que se empieza a generar una tolerancia a la corrupción en la ciudadanía, en donde “justificamos” el nepotismo porque es promovido por mi político favorito o porque en teoría no recibe dinero, olvidando que el nepotismo será siempre malo y que, en la política, a veces el pago no es en efectivo, sino que con una cuota de poder. 

Negarse a entregar información pública no es nada nuevo, es algo que Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén realizaban como práctica habitual. La novedad en la administración Bukele es que un subcomponente de la política pública de restricción de información pública es la búsqueda de artilugios legales, como acudir a la Cámara de lo Contencioso Administrativo (CCA), con el fin de dilatar la entrega de información (la Cámara resuelve un caso de este tipo en un promedio de 32.4 meses, según Acción Ciudadana). Que el Ejecutivo decida acudir a la CCA implica trasladar el problema o conflicto de la arena natural (el IAIP, máximo garante del derecho a la información pública) a otra arena de lucha, con la única intención maliciosa de no entregar información o dilatar la entrega de la misma.

Así, David (peticionarios de información) gana la batalla a Goliat (el Estado) en la arena del IAIP, con sus pocos recursos legales, financieros y de tiempo; pero este Goliat acude a otra instancia donde sabe que terminará restringiendo el acceso a la información, utilizando para ello todos los recursos legales que la presidencia pueda disponer. Recuerdo en especial el caso de una señora con recursos limitados cuyos datos fueron expuestos en redes sociales por Michelle Sol, actual ministra de Vivienda. El día de la audiencia ante el IAIP, a la funcionaria la defendieron cinco abogados por parte de presidencia, mientras que la señora contó apenas con el apoyo de un par de abogados. Este fue un ejercicio de clara matonería que realza cómo esta administración pretende amedrentar a la ciudadanía cuando decide ejercer control y exigir cuentas. 

Ahora, en cuanto a transparencia, no hay mejor momento que la coyuntura de la emergencia nacional de covid-19 para poner en contexto la actuación del Ejecutivo. Uno de los casos más llamativos es la construcción del “hospital más grande de Latinoamérica”, según palabras del presidente. Por ahora, sin embargo, sigue siendo un hoyo en el que nadie sabe cómo se han gastado millones de dólares. Esto no es culpa únicamente de la presidencia. La Corte de Cuentas de la República es cómplice al no aplicar la ley, justificándose simplemente en que los funcionarios del Ejecutivo “no entregan la información o que esta no existe”, aun cuando la ley de la CCR obliga las instituciones a entregar toda información relacionada con el tema. La Asamblea Legislativa también se lleva parte de la culpa, al dejar sin efecto un mecanismo de control como la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), especialmente en lo relacionado al artículo 72 que ya regulaba las compras directas en situaciones excepcionales como las que atravesamos. Sin embargo, esto en ningún momento exime al Ejecutivo de rendir cuentas, tal y como se comprometió: a respetar el principio de máxima publicidad. 

Si bien el caso de este hospital, y sus fases previas que tienen como sede el Centro Internacional de Ferias y Convenciones, es el caso más escandaloso por la suma de dinero que supone, no es la única información que el Ejecutivo se niega a transparentar: no hay acceso a las respuestas de las pruebas covid-19 ni acceso a expedientes clínicos de los pacientes, tampoco se ha dado a conocer información sobre las compras realizadas por el Minsal ni las compras para subsidiar a los centros de contención. La jugada maestra del Ejecutivo fue aplazar los plazos administrativos referentes al DAIP. Es decir, nadie en este momento ejerce control sobre las acciones de los tres poderes del Estado, especialmente sobre las decisiones que se toman en materia de salud.

Prácticamente el Gobierno nos está pidiendo que tengamos fe en que todo estará bien con nuestro dinero, sin considerar que, según Transparencia Internacional, es en las emergencias que en Latinoamérica surgen mayores actos de corrupción. 

Violentar nuestro derecho al acceso a información pública nos impide controlar cómo gastan nuestro dinero (impuestos), cuánto se invertirá en nuestra comunidad en materia de servicios básicos, cuánto será la inversión en la escuelita del cantón o cuánto será la dotación de medicamentos para VIH en el año. La calidad de vida empieza a deteriorarse cuando se nos restringe este derecho. Cuando existe nepotismo, nuestros intereses ciudadanos pasan al último lugar, ya que lo que prima para los funcionarios es la fidelidad al clientelismo político. Con la falta de meritocracia, pues, perdemos todos, porque no hay servicios de calidad y predomina la incompetencia. Los casos ya se han dado: Flores en el 2001, Funes con su hermano en el BCIE, Saca desviando fondos, etc., y esa cultura arraigada a la administración pública no se erradica con discursos ni cambios de presidentes, se transforma a largo plazo instalando una cultura de total transparencia. 

Al cabo de un año, en cuanto a transparencia y rendición de cuentas se refiere, es imposible identificar cambios positivos en comparación con los gobiernos anteriores, cuando lo más evidente han sido los retrocesos irrefutables. Hablar de ética y valores no se agota con tenerlo en un discurso, se agota con un estilo de vida que se practica a diario, tanto en la vida política como en la vida privada. Después de todo, la ética no admite medios términos, solo excelencia. Lo que hoy vemos es una política pública de opacidad, que se jacta de ser diferente a la de los demás, pero que únicamente viene reforzando cada vez más el menoscabo al derecho humano a buscar y recibir información. Los derechos adquiridos, valga el recordatorio, no pueden perderse. De ahí la importancia de denunciar y de ser incómodos.  

Wilson Sandoval es coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE). Es candidato a la Maestría en Dirección Pública por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Maestro en Ciencia Política por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y abogado por la Universidad de El Salvador.
 
Wilson Sandoval es coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE). Es candidato a la Maestría en Dirección Pública por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Maestro en Ciencia Política por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y abogado por la Universidad de El Salvador.




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Columnas Mon, 01 Jun 2020 13:10:27 +0100 https://elfaro.net/es/202006/columnas/24481/Otro-gobierno-nepotista-y-nada-transparente.htm
Un año de avances tímidos y retrocesos significativos para las mujeres http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000033763.jpg https://elfaro.net/es/202006/columnas/24489/Un-año-de-avances-tímidos-y-retrocesos-significativos-para-las-mujeres.htm En cuanto a la institucionalidad dedicada a la promoción de derechos de las mujeres y relaciones de igualdad entre mujeres y hombres, se ha observado un claro debilitamiento, tanto desde el... Recientemente participé en un equipo facilitador de un taller virtual con 40 mujeres, jóvenes y adultas, de diferentes regiones del país. Feministas todas, con diferentes niveles de formación académica, y ninguna, al menos eso he sabido, en militancia con ningún partido político. El tema fue la evaluación del primer año de Gobierno que concluye este 1 de junio, un ejercicio ciudadano que hemos hecho con gobiernos anteriores.

Construimos una matriz que combinaba ámbitos de la actuación gubernamental, aciertos o aspectos positivos y desaciertos o aspectos negativos. La dinámica consistía en aportes individuales, orales y escritos, con las valoraciones de las participantes. 

En los primeros 30 minutos, la matriz se fue llenando en desaciertos y aspectos que se consideran negativos en la gestión de este primer año de gobierno. Con la insistencia del equipo facilitador, de que un balance implica también tener la capacidad de mirar los aciertos y aspectos positivos, y que teníamos que hacerlo con nuestro espíritu crítico y en autonomía, empezaron a aparecer algunos aspectos positivos; sin embargo, siempre estaban seguidos de un pero, que matizaba y cuestionaba aquello que en principio se podía considerar como un acierto. 

Este ejercicio me ha hecho pensar en las dificultades de miradas balanceadas que puedan reconocer o ver tanto lo negativo como lo positivo en la gestión gubernamental en este primer año. Resumo a continuación algunos de los aspectos de ese debate.

De los inicios de la gestión se señalaron al menos dos aspectos: aunque se había generado la expectativa de que el Gobierno retomaría algunas de las demandas de las mujeres, contenidas en la Plataforma Nada Sobre Nosotras Sin Nosotras, que incluyó en su Plan Cuscatlán, su principal instrumento de oferta en la campaña electoral. No obstante, desde las primeras semanas y meses se pudo constatar que nadie en el Gobierno hablaba de cumplir el Plan Cuscatlán, y hasta la fecha no ha habido ninguna instancia que diga que dé razones sobre la forma en que se responderá, desde las políticas públicas, a las demandas de las mujeres, según la plataforma. 

Se percibe un estilo de gobierno enfocado en responder en forma inmediata a demandas o necesidades concretas de la gente, pero no el rumbo que muestra un plan estructurado para el período de gobierno. ¿Adónde quedaron las macropropuestas que el entonces candidato a la presidencia presentó al país?

De la conformación inicial de gabinete ministerial se reconoce el discurso de integración paritaria del mismo, con el lanzamiento de una campaña publicitaria y de expectativa y la presentación de las ministras. Sin embargo, y esto va más allá de la valía y el reconocimiento individual que tiene cada ministra, la paridad es solo formal. Las mujeres del gabinete, no solo están ausentes en las políticas emanadas del gobierno, sino que, además, salvo excepciones y momentos excepcionales, no aparecen con la fuerza que podría representar un gobierno que trabaja por la paridad.

Por otro lado, mientras que el logro que el Gobierno presenta como su mayor éxito es la baja de homicidios, no ha logrado superar la visión tradicional de la seguridad pública y la seguridad ciudadana. No existe una consideración prioritaria en la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, que como sabemos está a la base de dinámicas que generan conductas y una cultura violenta. No se expresa preocupación por la violencia sexual ni por la necesidad de prevenir y disminuir los embarazos en niñas y adolescentes, ni sobre su impacto en sus proyectos de vida y los costos para las familias. Existe también una desconsideración de los feminicidios, que son la forma extrema de violencia contra las mujeres, al hablar de las cifras de muertes violentas. Esta falta de prioridad ha sido de tal nivel que, incluso el programa nacional de la Iniciativa Spotlight no ha podido realizar su lanzamiento oficial, porque el presidente no lo ha incluido en su agenda. 

Siempre en el campo de la seguridad, hay tres elementos sobre los que se insiste en la necesidad de hacer hincapié. Por un lado, en que más allá del Plan Control Territorial, sigue habiendo presencia de las pandillas en los territorios y comunidades; por otro lado, en que el enfoque de militarización se traduce en la principal presencia del Estado en las comunidades, lo que duplica las figuras armadas y una doble amenaza a hechos de violencia sexual contra las mujeres. En tercer lugar, que la utilización de imágenes del tratamiento que las autoridades penitenciarias dan a las personas privadas de libertad, reflejan un alarde de desprecio y despojo de la condición humana, en el que las cárceles pierden todo el sentido de centros de readaptación y posibilidades de reeducación. Estos factores opacan lo que el Gobierno presenta como su logro más visible. 

En cuanto a la institucionalidad dedicada a la promoción de derechos de las mujeres y relaciones de igualdad entre mujeres y hombres, se ha observado un claro debilitamiento, tanto desde el punto de vista presupuestario como político y de articulación. El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu) está ahora más lejos de proyectarse y funcionar como la instancia rectora de políticas públicas para la igualdad que las feministas venimos demandando desde 1996, porque además de haber sido debilitado, las Unidades de Género al interior de los otros ministerios, salvo excepciones como en Educación, también han sido debilitadas. Adicionalmente, el Programa Ciudad Mujer, si bien mantiene sus sedes y la mayoría de sus servicios, requiere el diseño y estrategias de fortalecimiento que amplíen sus vínculos y articulaciones territoriales con gobiernos municipales y organizaciones de mujeres. 

Desde los colectivos que trabajan por la recuperación de la Memoria Histórica en nuestro país, la orden de quitar el nombre de Domingo Monterrosa a la 4ª Brigada de Infantería fue aplaudida y reconocida. Sin embargo, la negación a entregar información y documentación relacionada con la dirección de operativos militares durante el conflicto armado ha impedido que se avance en la búsqueda de justicia de cientos de familiares y víctimas. La pregunta que surge es: si el presidente constantemente ha manifestado que no está vinculado a ese período de la política en nuestro país, ¿por qué no apoya a las familiares y las víctimas? ¿Es uno de sus compromisos a cambio del respaldo que recibe de la Fuerza Armada?

En cuanto a la manera de gobernar y comunicar sus políticas, cada día se alejan más las expectativas de que este Gobierno supere la confrontación, pues, por el contrario, pareciera que no se ha propuesto salir de la dinámica de la polarización y la crispación política. No se trata de negar las tensiones entre órganos del Estado, o de hacer caso omiso a las diferencias que existen con la oposición política, a la que, por cierto, también le falta calidad y, en general, capacidad de hacer oposición constructiva. Pero como lo que analizamos es la gestión del Gobierno, se señala el acento patriarcal de hacer política con la intención de destruir al otro, haciendo gala del insulto y ostentación del “yo soy el que tengo el poder y soy mejor que ustedes”. 

Esta lógica de confrontación también ha oscurecido el acierto de las primeras medidas gubernamentales frente a la pandemia de covid-19, que en general se consideraron positivas. Sin embargo, los discursos que fomentan el miedo y el terror terminan generando súbditos obedientes, pero no ciudadanas y ciudadanos críticos y capaces de enarbolar sus derechos. Las narrativas gubernamentales construidas durante la pandemia no educan a las juventudes en ciudadanía, no promueven el reconocimiento de la necesidad de compartir las labores de cuidados al interior de los hogares para una convivencia basada en el respeto de todas las personas. La violación constante a los principios del Estado laico en los discursos presidenciales reproduce, en cascada institucional, comportamientos que pueden convertirse en violaciones de derechos humanos. 

Finalmente, se señala que la audacia política de aprovechar el hartazgo de la mayoría de la gente hacia los gobiernos anteriores, de levantar una propuesta de gobierno y conquistar una victoria electoral, no puede ni debe traducirse en el desprecio de asuntos políticos, como el sentido de que tenemos derechos y la seguridad que podemos decir lo que pensamos sin el temor a que nos maten por ello. Eso ha costado décadas de luchas y miles de vidas salvadoreñas. La democracia y los derechos humanos son bienes sociales, políticos y culturales que defendemos y necesitamos un Gobierno que los pueda cuidar y valorar positivamente. 

Nos quedan 1460 días de este gobierno. Las feministas queremos respuestas a nuestras demandas y propuestas, queremos, como dijo una compañera en el taller, que se reconozca a quienes defendemos derechos como actoras sociales y políticas que contribuimos a las transformaciones de nuestra sociedad. Que lo hacemos y lo seguiremos haciendo, desde nuestra autonomía, y desde la colaboración crítica con aquellas instituciones gubernamentales dispuestas al diálogo en un marco de respeto mutuo.

Morena Herrera es activista feminista y defensora de Derechos Humanos, integrante de diversas expresiones del movimiento feminista en El Salvador y Centroamérica. Socia fundadora de Las Dignas. integrante de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y Presidenta de la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico.
 
Morena Herrera es activista feminista y defensora de Derechos Humanos, integrante de diversas expresiones del movimiento feminista en El Salvador y Centroamérica. Socia fundadora de Las Dignas. integrante de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y Presidenta de la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico.

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Columnas Mon, 01 Jun 2020 13:09:15 +0100 https://elfaro.net/es/202006/columnas/24489/Un-año-de-avances-tímidos-y-retrocesos-significativos-para-las-mujeres.htm
Los derechos humanos según Nayib Bukele http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000032778.jpg https://elfaro.net/es/202006/columnas/24482/Los-derechos-humanos-según-Nayib-Bukele.htm Aún falta mucho por hacer, ya que, más allá de que el actual Gobierno no se defina ni de derecha ni de izquierda, las acciones gubernamentales continúan tensionando o vulnerando los derechos humanos de todas las personas y de grupos sociales específicos. El primer año de mandato del Presidente Nayib Bukele ha finalizado. Para muchos, aquel 1 de junio de 2019 significó el inicio de una nueva era política en nuestro país, llena de esperanza y con expectativas de cambio reales. Algo similar, quizá, a lo ocurrido diez años antes, en 2009, cuando Mauricio Funes asumió la presidencia de la República. Bukele asumió su mandato, además, prometiendo que no sería más de lo mismo, hasta el punto de asegurar que no está atado a ninguna ideología, ni a la derecha ni a la izquierda; a pesar de afiliarse a un partido político con raíces en el espectro de la derecha nacional, para presentar su candidatura presidencial.

Ahora bien, la intención de estas palabras no es hacer un análisis de la inclinación ideológica presidencial ni la veracidad o falsedad de sus discursos. Desde la perspectiva de los derechos humanos, el examen se realiza a partir de los actos estatales o gubernamentales, puesto que la defensa de la dignidad humana debe hacerse, en principio, frente a las manifestaciones del poder, para identificar si estas se dirigen hacia la protección de aquella, al ser racionales y proporcionales o, por el contrario, hacia su vulneración, si son desmesuradas, arbitrarias y hasta ilegales. Tampoco se puede negar, no obstante, que los discursos pueden promover o provocar violaciones de derechos humanos: comenzando con el honor, pasando por la libertad de expresión, hasta llegar a la integridad física, sicológica y sexual, por citar algunos ejemplos.

Para evaluar el cumplimiento de las obligaciones de respeto y protección que los derechos humanos le plantean al Estado y, en esta ocasión, al Gobierno, me concentraré en cuatro momentos claves del primer año de la presidencia Bukele: tres en relación al trascurso del mandato (al inicio, en medio y al final) y otro presente de forma transversal.

Al inicio de su mandato, bajo el discurso de que realizaría mejoras en la administración pública, promoviendo la meritocracia, el presidente inició una campaña de despidos ordenados por Twitter, argumentando que las personas despedidas se encontraban en cargos públicos solo por ser familiares de los gobernantes anteriores. Una ola de despidos que provocó múltiples demandas de amparo ante la Sala de lo Constitucional, puesto que las personas gozaban de los derechos de estabilidad en el cargo, audiencia y de defensa y, por tanto, solo podían ser destituidas mediante el debido proceso legal.

Este proceder, característico de la actual gestión gubernamental, auguraba las tensiones al principio y al derecho de seguridad jurídica. Al mismo tiempo, anunciaba la instalación de Twitter como medio de difusión del órgano Ejecutivo, más gubernativo que el Diario Oficial, inclusive. Esto también representa un atentado contra la seguridad jurídica, ya que, en muchas ocasiones, el mero anuncio de la decisión gubernamental se impone incluso antes de que el acto jurídico se haya adoptado y configurado. La difusión por medio del Diario Oficial, en cambio, implica que el acto publicado reúne, al menos, todas las formalidades de ley.

Los despidos fueron acompañados por el cierre de diversas instancias gubernamentales, particularmente, varias secretarías de la presidencia de la República, instancias que representaban la institucionalidad encargada de velar por el cumplimiento de distintos derechos sociales, económicos y culturales, o de grupos vulnerables o vulnerados. Si bien se trató de enmendar la deficiencia generada, trasladando formalmente tales responsabilidades a algunos ministerios. Esto fue insuficiente, porque los destinatarios no las asumieron decididamente o porque las recibieron, pero sin la respectiva asignación presupuestaria para atenderlas. Este fue el caso, por ejemplo, de la atención a la población de la diversidad sexual y a las víctimas del conflicto armado, cuyo acompañamiento efectivo ha quedado truncado o es insuficiente.

Visto desde la perspectiva del principio de progresividad de los derechos humanos, junto a la prohibición de regresión de los mismos, la decisión presidencial de eliminar tales secretarías, sin garantizar que otras instancias gubernamentales asumieran el seguimiento de sus actividades de forma adecuada y suficiente, ha implicado el retroceso en la protección de tales derechos o grupos sociales. La eficacia de los derechos humanos no solo implica el reconocimiento formal de los mismos, sino que también requiere de su consecución material a través de la institucionalidad pública. En definitiva, al cercenar tales secretarías y no garantizar el debido cumplimiento de las responsabilidades gubernamentales, frente grupos vulnerables o vulnerados, el presidente Bukele afectó negativamente la progresividad de los derechos humanos, facilitando su regresión, hasta ahora.

Los informes que supuestamente habrían justificado los despidos y la desaparición de las secretarías fueron declarados reservados por la presidencia de la República. Un atentado, esta vez, contra el derecho de acceso a la información pública y un incumplimiento a la obligación gubernamental de transparencia y rendición de cuentas sobre asuntos de relevancia social, por su relación con los derechos humanos.

A la mitad de su mandato, el presidente tuvo la oportunidad histórica de saldar la deuda que este país carga con las víctimas civiles del conflicto armado. No obstante, fiel a su discurso de darle la vuelta a la página de la posguerra – al fin–, decidió continuar con esa deuda histórica, al menos en lo que respecta al derecho a la reparación. Si bien criticó y vetó la Ley de impunidad que aprobó la Asamblea Legislativa, no buscó promover el diálogo con las distintas organizaciones de víctimas y de derechos humanos, ni ejercer la iniciativa de ley que le asiste, con el fin de presentar un proyecto de ley alternativo al promovido por los grupos parlamentarios, o respaldar el de las víctimas. Al contrario, en su veto expuso algunos argumentos contrarios a los reclamos históricos de estas. 

Entre otras cosas, enfiló su veto contra el capital fundacional del fondo que serviría para el financiamiento de las medidas de reparación a favor de las víctimas. Previo a hacerlo, por ejemplo, el presidente pudo haber generado un diálogo con las organizaciones para abordar temas como este. Se opuso a la impunidad, pero también negó el financiamiento para la reparación. Una actitud que contrasta con la decisión de este Gobierno de aumentar el fondo para las compensaciones de los veteranos y excombatientes, es decir, quienes integraron las partes beligerantes del conflicto armado.

Por otro lado, no se puede negar que la actual presidencia, antes de la pandemia, mostró una especial atención hacia las víctimas de El Mozote. Algo que está muy bien. Sin embargo, hasta donde se conoce, la lógica de intervención en la comunidad responde a la perspectiva tradicional del desarrollo local, como obligación genérica del Estado. Es decir, el actuar gubernamental no responde a un enfoque de atención con fines de reparación y restauración, donde la comunidad no es un mero objeto de la intervención estatal, sino que es sujeto activo en el diseño, planificación, ejecución y evaluación de la misma. Dicha intervención debe buscar la promoción y el empoderamiento de la comunidad como actor social independiente y capaz. De confirmar que el actuar gubernamental se guía desde lo tradicional, aún queda mucha tarea pendiente desde la perspectiva de los derechos humanos.

En los aspectos simbólicos de la justicia transicional, también se han observado preocupantes vaivenes de parte del actual Gobierno. Por un lado, en junio de 2019, se ordenó retirar el nombre del teniente coronel Domingo Monterrosa al cuartel de San Miguel, por ser uno de los acusados como actores intelectuales de la Masacre de El Mozote. Pero un mes después, en julio del mismo año, le otorgó una condecoración militar al general Juan Orlando Zepeda, uno de los acusados en la Masacre de la UCA (Caso Jesuitas). Además de generar confusión y dudas en cuanto a su compromiso con la superación de la impunidad, también deja una deuda pendiente de cara a las víctimas, porque comportamientos gubernamentales contradictorios como este pueden generar un sentimiento de revictimización entre la población civil que sufrió graves violaciones de derechos humanos, en el contexto del conflicto armado; incumpliéndose así la jurisprudencia constitucional e internacional relativa a la justicia transicional. 

En el momento actual, mientras transcurre la pandemia y el presidente Bukele lucha por imponer su estrategia sanitaria, las transgresiones contra los principios de división de poderes y de sometimiento al ordenamiento jurídico, por los ataques contra la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional, también producen más inseguridad jurídica y atentan contra la obligación presidencial de procurar la armonía y tranquilidad en el país, la que estaría relacionada con el derecho de la sociedad a la paz y el buen gobierno.

Otra preocupación es la provocada por la lógica presidencial que subyace en el discurso justificativo de su estrategia sanitaria. Las acciones gubernamentales, principalmente encaminadas a restringir algunas libertades, se pretenden justificar en la protección a la salud y la vida, como únicos derechos a protegerse durante la pandemia, al menos hasta ahora. Un discurso que, además, contrasta con los hechos, dado que las primeras muertes de personas albergadas no fueron causadas por el virus, sino por la supuesta falta de atención médica dentro del Hospital Saldaña. Ahora, en la cuarentena especial, algunas personas con enfermedades crónicas tienen problemas para asistir a sus controles médicos, por la prohibición de todo tipo de transporte público y la incapacidad gubernamental de brindar este servicio de forma suficiente.

La manera cerrada en la que el presidente presenta esta –aparente– protección rompe con la naturaleza interrelacionada de los derechos humanos, donde ninguno es superior al resto. Anula, también, la obligación de guardar la racionalidad, razonabilidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas, que deberían ser médico-científicas, tal como lo exige la protección de los derechos humanos cuando colisionan dos o más. Es decir, los planteamientos presidenciales, hasta ahora, ahogan la posibilidad de ejercer una efectiva promoción y protección de los derechos humanos, tal como debe ocurrir en cualquier circunstancia, de acuerdo al contexto concreto. Este modo de proceder rompe, sin duda, con lo dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su resolución 1/2020, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en su Declaración 1/2020, y en la jurisprudencia dictada por la Sala de lo Constitucional durante la pandemia.

Estamos frente a una lógica peligrosa, porque, de imponerse, podría abrir la puerta a que los únicos derechos que importen, y las únicas vías para su protección, serían las impuestas por el presidente.

Finalmente, un aspecto que ha caracterizado el actual periodo presidencial, hasta ahora, es el ataque o la estimulación del mismo, entre sus seguidores, contra quienes son etiquetados como opositores, parte “del 3 %”; una etiqueta que también se les coloca a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, por el simple hecho de realizar su labor democrática. Un ataque que se vuelve más generalizado, sistemático y virulento cuando se realiza en contra de mujeres.

Esta circunstancia ha provocado a lo largo de este año que un buen grupo de personas haya sido objeto de discriminaciones, marginaciones, censuras y hasta de amenazas contra su vida e integridad, física y sexual, y la de sus familiares, sin que las autoridades gubernamentales se hayan pronunciado ni llamado a su erradicación, ni siquiera a la calma. Esta omisión implica, en el caso del presidente, el incumplimiento de su obligación constitucional de procurar la armonía, tranquilidad y paz social, en las redes sociales, en este caso. Un llamado como este está al alcance del presidente, si lo quisiera. Así lo hizo en enero pasado al ordenarle vía Twitter a Walter Araujo, una de las personas más agresivas en redes sociales, que dejara de estar peleando y siguiera transmitiendo su programa Toda la verdad: un programa desde donde, en muchas ocasiones, lanza diatribas mordaces en contra de los etiquetados como opositores.

Ahora bien, como todo comportamiento, lo descrito anteriormente es posible cambiarlo, solo falta querer hacerlo y buscar la ayuda adecuada, sobre todo si el comportamiento se ha convertido en un vicio.

Desde la perspectiva de los derechos humanos, aún falta mucho por hacer, ya que más allá de que el actual Gobierno no se defina ni de derecha ni de izquierda, las acciones gubernamentales que ha emprendido o mantenido –como ocurre en la seguridad pública, por la lógica militarista y militarizante–, continúan tensionando o vulnerando los derechos humanos de todas las personas y de grupos sociales específicos.

Tal como bien lo ha planteado el presidente Bukele en reiteradas ocasiones, antes y durante la pandemia, es una locura hacer lo mismo esperando un resultado distinto, y el señalamiento de deficiencias o errores sirve para corregir y mejorar. La oportunidad de romper con lo mismo de siempre, con la tradición de vulnerar los derechos humanos, imponiendo visiones sin generar un verdadero diálogo y participación social, con respeto y protección de las diferencias y las minorías, es una oportunidad que está ahí, y que podría comenzar a aprovecharse desde ya, con hechos más que con palabras.

Después de todo, los derechos humanos, todos y para todos, no son obstáculos de nada. Por el contrario, son potenciadores de la dignidad humana y del quehacer estatal, pues lo que procuran es que las cosas se hagan bien, con base en las reglas del Estado democrático de Derecho; logrado, en gran medida, gracias al sacrificio de las mayorías populares y de las víctimas civiles que sufrieron el conflicto armado.

Manuel E. Escalante Saracais (@Saracais1) es doctor en Derecho Constitucional y realiza labores de docencia e investigación en materia constitucional y de derechos humanos fundamentales. Actualmente es subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) y Coordinador General del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH).
 
Manuel E. Escalante Saracais (@Saracais1) es doctor en Derecho Constitucional y realiza labores de docencia e investigación en materia constitucional y de derechos humanos fundamentales. Actualmente es subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) y Coordinador General del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH).

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Columnas Mon, 01 Jun 2020 13:07:44 +0100 https://elfaro.net/es/202006/columnas/24482/Los-derechos-humanos-según-Nayib-Bukele.htm
Tuitear con maestría y reprobar en comunicación http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000032739.jpg https://elfaro.net/es/202006/columnas/24485/Tuitear-con-maestría-y-reprobar-en-comunicación.htm A pesar del terremoto tuitero que abrió un barranco entre él y su ausente predecesor, el presidente actual ha comunicado muy poco, al menos desde un enfoque más integral y no meramente propagandístico. Nayib Bukele ha cumplido este primer año en el Ejecutivo con todos los requisitos para ser nombrado tuitero destacado.

Para empezar, publica mucho, como si por cada mensaje le pagaran 5750 dólares (o 5.75 centavos, ya no sé, me confunden los ceros). En mayo, justo antes de alcanzar sus primeros doce meses como presidente de El Salvador, promedió 64.9 tuits al día, incluyendo retuits y respuestas, según la herramienta Tweetstats. Lo hace, además, como un zorro rojo millennial: principalmente de noche y a la caza de roedores. Ocupa IPhone. Le encanta retuitear a diputadas influencer y compartir notas de @tcsnoticias y @elblog que lo ensalcen. Rara vez contesta. Y, cuando se anima, suele ser a algún extranjero y en inglés.

No es solo cantidad, es también lo que escribe. En 365 días, aclaró que nunca fue raptado por extraterrestres y se autonombró el presidente más cool del mundo. Además, despidió por Twitter a los familiares que el FMLN había inventariado y le dio órdenes a una nueva parentela celeste que él instaló. Rezó Isaías 65:24 y Reyes 9:3. Mostró a su hija viéndolo en la tele el día que forró de militares la Asamblea para presionar por un préstamo y acusó a los partidos de oposición de ser mil veces malditos. En días recientes, se echó de enemigos a la diplomacia mexicana, a funcionarios ticos, a Human Rights Watch y a los vecinos que, a ritmo de pitos, convirtieron la residencial Los Sueños en su pesadilla. Otro día en llamas en la oficina. Otra buena jornada.

Ante ese currículum, el título de tuitero destacado es merecido. En hora buena. Todos de pie y a darle fav. 

Pero ahora vamos a lo serio. La verdad es que, a pesar de ese terremoto tuitero que abrió un barranco entre él y su ausente predecesor, el presidente actual ha comunicado muy poco, al menos desde un enfoque más integral y no meramente propagandístico. Uno puede tuitear a borbotones y hacer marketing electoral. O citar la biblia y crear propaganda simbólica. Pero esos dos conceptos son solo una parte de la comunicación política. Desde una visión más completa, esta consiste en generar información que conecte a los votantes con el poder, con las instituciones públicas, para crear ciudadanos informados y una democracia sólida. Ahí está la deuda, y la explico a continuación con cuatro argumentos.

1. Nos ha vendido la idea de que su estilo es democrático como ninguno. Su tesis es que no necesita a los periodistas para mediar entre él y los ciudadanos porque, desde sus redes, habla directamente con ellos, casi igual como con Dios. Contado así, suena idílico. Sin embargo, esa línea directa con el presidente es, en realidad, una curva para despistarnos. Este modelo significa que sus seguidores reciben solo lo que él decide. Si afirma en 280 caracteres que hay doce pasajeros contagiados con covid-19 a punto de abordar un avión México-El Salvador es porque los hay. Podrá ser cierto, falso o media verdad. ¿Cómo saberlo? Si no hay prensa que cuestione o que contraste, información como esa pasa a ser palabra del señor presidente y, por lo tanto, muchos la creen. A los Castro –los de Cuba, no los que luchan acá contra torticeros valladares– les hubiera encantado ese modelo.

2. Si bien hoy podemos celebrar el primer diente de su hija o reclamarle las decisiones sin intermediarios, incluso con insultos –gusto que nos hubiéramos querido dar con Funes si hubiera tenido Twitter en su gestión–, esto no es necesariamente sinónimo de diálogo. ¿Cuántas veces le ha contestado a sus dos millones de seguidores en Twitter? La relación es vertical, como la plomada de un albañil. Habla, respondemos; pero él no contesta. En las facultades de comunicación nos enseñan que a ese modelo le faltan elementos, entre ellos, el cambio de roles. 

3. ¿Y los que no tienen Twitter? Los datos más optimistas hablan de que la penetración del internet en el país es de 57 % (Internet World Stats). Hay quienes dudan del dato y argumentan que es mayor, que hasta en los cantones fían el alma por un dólar de saldo. No es exactamente así, pero, aunque lo fuera, lejos de nuestra burbuja de likes, aún existen señoras de 70 años con delantal que no entraron a la web para ver si podían ir por los 300 dólares de ayuda por la crisis sanitaria. ¿Por qué? ¡Porque nadie les ha enseñado tecnología ni tienen tiempo y dinero para conectarse! Para estos ciudadanos, la información solo existe si la confirma Kathya Carranza, antes de saludar a la señora Gozo, de nombres Alma y Marcela, por tv. Así, los desconectados, aunque cada vez sean menos, todavía quedan fuera de la fórmula.

4. Además, y este es el último punto, no satisfecho con ese modelo aparentemente democrático, pero que escupe verticalidad debajo de la mascarilla, el presidente ha demostrado que la prensa seria lo enferma. Ha negado acceso a conferencias a periodistas de El Faro y Factum, bloqueado en Twitter las cuentas de comunicadores, complicado el acceso a la información pública y vetado a sus funcionarios de asistir a Canal 33 y a Pencho y Aída. Lo irónico es que, al mismo tiempo, se deja apapachar por portales de contenido que, junto a cuentas afines, atacan en jauría a quien ose contradecirlo. Son usuarios que, por un simple tuit, llaman “putas” a comunicadoras críticas. O supuestos periódicos que, cada vez que el mandatario desenvaina la espada contra algún preguntador inquisitivo, arman predecibles videos del tipo Presidente ahueva a periodista.

Por eso afirmo que el saldo en materia de comunicación es engañoso. Armado con biblias y fusiles como símbolos de cabecera y perfilado como el millennial más cool de las redes sociales, el presidente cierra el primer año de su gestión como tuitero destacado: summa cum laude. Pero si de comunicación política hablamos, desde esa visión más integral y democrática que les contaba, entonces la nota es 10. Perdón, otra vez me confundí con los ceros. Quise decir 1. 

Willian Carballo (@WillianConN) es investigador, catedrático y consultor especializado en medios, cultura popular, jóvenes y violencia. Coordinador de investigación en la Escuela de Comunicación Mónica Herrera.
 
Willian Carballo (@WillianConN) es investigador, catedrático y consultor especializado en medios, cultura popular, jóvenes y violencia. Coordinador de investigación en la Escuela de Comunicación Mónica Herrera.

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Columnas Mon, 01 Jun 2020 13:06:42 +0100 https://elfaro.net/es/202006/columnas/24485/Tuitear-con-maestría-y-reprobar-en-comunicación.htm
La incompetencia del nuevo autoritarismo salvadoreño http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000031825.jpg https://elfaro.net/es/202006/columnas/24490/La-incompetencia-del-nuevo-autoritarismo-salvadoreño.htm Si alguien tiene dudas de lo que Bukele es capaz de hacer para mantenerse en el poder, basta con regresar al 9 de febrero. Con solo 8 meses en el poder, utilizó las fuerzas de seguridad para tomarse la Asamblea y amenazar a quienes se le oponen. Existe un lugar especial en la historia para aquellos líderes que producen transformaciones importantes en la sociedad. Pase lo que pase, Nayib Bukele ya se ganó un lugar en la memoria histórica del país. Se lo ha ganado porque su gestión va a marcar el punto de inflexión en El Salvador: o el país se hunde definitivamente en el caos y en la miseria, como producto de la incompetencia y el autoritarismo del gobierno de Bukele, o el país se reconstituye y se levanta como producto de la necesidad de resistir al asalto autocrático del actual presidente. En otras palabras, Bukele transformará al país para bien o mal. Tal y como van las cosas, los signos apuntan, desafortunadamente, a que lo hará para mal. Bien mal.

Para ser justos, él no será el único responsable. El pecado original no es el suyo. La prominencia de un presidente que se comporta de forma infantil, opaca y antidemocrática es el resultado de años de corrupción, impunidad e incompetencia de quienes gobernaron en el pasado. Es también el resultado de élites económicas y sectores organizados que antepusieron sus intereses personales y muy particulares a costa del desarrollo y la institucionalidad del país. Bukele es el fruto de la podredumbre que los políticos y sus aliados sembraron en el país por muchos años. 

Bukele tiene razón cuando culpa a los gobernantes anteriores de muchos de los problemas de los que adolece actualmente el país. Hugo Chávez, el difunto populista venezolano, también tenía razón cuando culpaba a los partidos y al establecimiento político tradicional de los males de su país. Chávez, sin embargo, utilizó esa excusa para acumular poder y desmontar todo el aparato institucional, incluidas las organizaciones que habían contribuido al desarrollo de Venezuela. Bañado de popularidad, Chávez destruyó a un sistema democrático —que sin duda tenía serios problemas— y lo orilló al abismo de la dictadura. Ahora, la miseria social generalizada reina en Venezuela a pesar de la riqueza de su territorio.

El Salvador, en cambio, no tiene otra fortuna más que su gente. Pero con Bukele El Salvador podría enfrentar un futuro similar, sino acaso peor, porque su Gobierno no tiene ni los recursos ni la capacidad de liderar al país. 

Al centro de la estrategia de gobernanza de Bukele se encuentra la expansión y robustecimiento de las fuerzas de seguridad, no el desarrollo de las instituciones de representación cívica ni tampoco el fortalecimiento de las entidades que generan capital humano y social. En ausencia de una base partidaria y territorial propia, Bukele ha convertido a la Policía y al Ejército en sus bases políticas. El llamado Plan de Control Territorial no es un plan de seguridad pública, es, fundamentalmente, una estrategia de control político. Para asegurar lealtades, ha colocado personajes cuestionables al frente de las instituciones de seguridad y ha comprado sus voluntades con incrementos significativos en los presupuestos de los aparatos represivos del Estado. Bajo este Gobierno, la misma Policía que separa familias arbitrariamente, organiza jornadas de oración ignorando el carácter laico del Estado. La misma Policía que, siguiendo la tradición del Ejército en tiempos de la guerra, viola los derechos humanos de cualquier ciudadano pobre, también organiza campañas de acción cívica con los paquetes alimenticios para ganarse a la población. La emergencia generada por la pandemia le ha servido al Gobierno como excusa para ensayar la severidad con la cual puede usar los instrumentos del Estado para someter a la población. 

No hay duda alguna de que la magnitud de la amenaza generada por la covid-19 exige respuestas extraordinarias y que el Gobierno tiene el deber de proteger la vida de todas las personas. Pero la crisis exigía el liderazgo y las respuestas de los aparatos de protección civil y de sanidad, no del aparato coercitivo del Estado.   

Si alguien tiene dudas de lo que este presidente es capaz de hacer para mantenerse en el poder, basta con regresar al 9 de febrero de 2020. Con solo ocho meses en el poder, Bukele utilizó las fuerzas de seguridad para tomarse la Asamblea Legislativa y amenazar a quienes se le oponen. Fue incapaz de dialogar y volvió al pasado, al pasado más retrógrado, el cual utiliza la razón de las armas para resolver las diferencias políticas. 

En el transcurso de un año, y escudado en la emergencia generada por la covid-19, Bukele ha sumido al país en el caos institucional, ha debilitado los mecanismos que frenan el abuso del poder y ha sometido a miles de salvadoreños a mucho más sufrimiento que la pandemia podría generar en las primeras etapas. Con decisiones antojadizas que rayan en la crueldad, el gobierno de Bukele es el responsable de varias muertes que no debieron haber ocurrido bajo una emergencia de salud pública. Con la excusa de la pandemia, Bukele y sus colaboradores han desatado el proyecto más ambicioso, sistemático y descarado de perversión de la función pública desde el fin de la guerra civil. Al mismo tiempo, han dado rienda suelta a las mismas prácticas groseras de nepotismo y falta de transparencia de administraciones anteriores. 

Bukele ha convertido al país en un gran calabozo en un momento en el cual las energías institucionales debieron estar enfocadas en la implementación de un sistema de Protección Civil eficiente. Luego de más de dos meses de encierro, de numerosos decretos confusos, de millones de dólares en proyectos improvisados, El Salvador no está en mejores condiciones de enfrentar la crisis de la pandemia. Todo lo contrario. Las hipérboles del presidente, de sus cómplices en el Gobierno y de sus secuaces en las redes sociales son incapaces de ocultar el hambre y la desesperanza que ya predominan en el país. 

Lo más desconcertante de todo esto es que la crisis apenas comienza. El gobierno de Bukele ha sido incapaz de articular un plan consistente y realista que cuente con el apoyo de todas fuerzas sociales relevantes del país. En su lugar, ha demandado pleitesía incondicional y ha quemado los puentes necesarios para reformar el aparato institucional de forma eficiente. 

Al impacto sobre la salud de la población se sumará inexorablemente un país en quiebra e incapaz de generar las oportunidades, los empleos y la riqueza necesaria para enfrentar las penurias que se avecinan. A la crisis generada por la emergencia sanitaria se sumarán desastres naturales que, como Amanda, prolongarán el sufrimiento de la población y la bancarrota del país.

Pero existe una oportunidad. La arremetida autocrática de Bukele es de tal envergadura y su resistencia a rendir cuentas es tan insolente que muchas ciudadanas y ciudadanos se están sintiendo en la necesidad de alzar su voz y organizarse en nuevos vehículos de participación ciudadana y representación política. Muchas personas han comprendido que si bien la democracia electoral puede tener sus limitaciones, es mejor que el autoritarismo que el país tanto luchó para dejar atrás.

El gobierno de Bukele no resolverá los problemas del país. Todo lo contrario. Su incompetencia y autoritarismo agravarán mucho más la crisis. La salida pasa por establecer mecanismos de rendición de cuentas, pasa por la organización ciudadana para monitorear las acciones del Gobierno y contribuir a las soluciones en beneficio de las mayorías. Pasa también por abrir canales de diálogo entre las diversas fuerzas sociales para enfrentar los desafíos de forma sostenida y coordinada. Esa tarea no será fácil. Este Gobierno no tiene vocación para el diálogo ni para el respeto de la institucionalidad. Pero lo peor que puede suceder es resignarse y permitir que El Salvador se hunda definitivamente.

José Miguel Cruz fue director del IUDOP de la UCA entre 1994 y 2006. Actualmente es Director de Investigaciones del Centro Green para Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la Universidad Internacional de la Florida (FIU).
 
José Miguel Cruz fue director del IUDOP de la UCA entre 1994 y 2006. Actualmente es Director de Investigaciones del Centro Green para Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la Universidad Internacional de la Florida (FIU).

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Columnas Mon, 01 Jun 2020 13:05:54 +0100 https://elfaro.net/es/202006/columnas/24490/La-incompetencia-del-nuevo-autoritarismo-salvadoreño.htm
El año del destape http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_32_0_1099_709/images%7Ccms-image-000033759.jpg https://elfaro.net/es/202006/el_farolero/24483/El-año-del-destape.htm La mirada de Otto al primer año de gobierno de Nayib Bukele. El Farolero Mon, 01 Jun 2020 07:26:39 +0100 https://elfaro.net/es/202006/el_farolero/24483/El-año-del-destape.htm Esto hizo la tormenta Amanda en la Santa Lucía http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_0_2000_1333/images%7Ccms-image-000033760.JPG https://elfaro.net/es/202006/el_salvador/24487/Esto-hizo-la-tormenta-Amanda-en-la-Santa-Lucía.htm La colonia Santa Lucía, en el municipio de Ilopango, fue uno de los lugares más afectados por la tormenta tropical Amanda. Para muchos de los vecinos, las pérdidas son totales. 12 horas después del momento más crítico, este es un retrato de la zona. Llovió todo un día y toda una noche, sin tregua alguna, hasta que el agua llegó a todo. A todo. Alrededor de las cinco de la mañana del 31 de mayo, una riada arrasó la colonia Santa Lucía, en Ilopango, producto de los potentes aguaceros desatados por la tormenta tropical Amanda.

Se coló, por ejemplo, en la casa de un matrimonio de ciegos, a los que la comunidad tiene en especial consideración y que, cuando sintieron el agua en las rodillas, se las arreglaron para subir al plafón. Era tal la presión del agua en su sala, que la puerta estaba bloqueada y los rescatistas tuvieron que darle varias veces con una almádana para conseguir que se abriera. Los dos pudieron finalmente ser evacuados hacia un albergue.

Algunos de los habitantes de la colonia Santa Lucía, en Ilopango, tiraron sus pertenencias a la basura. Las tuberías de esta colonia  colapsaron durante la tormenta que azotó a El Salvador desde la noche del sábado 30 de mayoFoto de El Faro: Víctor Peña. 
 
Algunos de los habitantes de la colonia Santa Lucía, en Ilopango, tiraron sus pertenencias a la basura. Las tuberías de esta colonia  colapsaron durante la tormenta que azotó a El Salvador desde la noche del sábado 30 de mayoFoto de El Faro: Víctor Peña. 

También invadió la casa de la familia Hernández. Convirtió en basura los sofás, las camas, las imágenes de Jesús crucificado pegadas en la pared, la bolsa de alimentos recibidos como ayuda por la pandemia de covid-19 –porque, hay que decirlo, esto ocurre en medio de una tenebrosa pandemia–, la harina desparramada, los macarrones blandos regados por el suelo, las mesitas, los guardarropas con todo y ropa, la cocina arrastrada por la sala, el televisor muerto, y aquel lodo tenaz llenándolo todo, pegado en todo, haciendo remolinillos sobre el suelo. Pareciera que en aquella casa hubiera entrado una manada de caballos salvajes.

Santa Lucía es un barrio obrero, de clase media baja, pero ahí también hay clases sociales y los Hernández no están en la cima: aquella casita es habitada por tres familias, que hacen un total de diez personas, de las cuales cuatro son niños pequeños, más dos perros, un gato, dos tortugas, un perico y una coneja mansa. El agua perdió el juicio a una velocidad anormal, pasó del tobillo a la rodilla y de la rodilla a la cintura en un parpadear, y cuando temieron ahogarse dentro de su propia casa, los Hernández y su arca de animales subieron al techo, donde pasaron horas soportando la tormenta a cara pelada.

Gustavo Hernández, un muchacho de 22 años, padre de dos chiquillos de cinco y de uno, andaba la calamidad en la cara, revisando una vez y otra más, el video del naufragio de su moto, que es también su fuente de sustento. Gustavo ha conseguido un trabajo temporal en Hugo, una aplicación de encomiendas. Por la noche del 30 de mayo hizo su último viaje del día, para llevar unas alitas de pollo picantes y se fue a su casa bajo la lluvia. La moto duerme dentro de la casa, como uno más de la familia, en medio de la sala. Cuando al fin pudieron bajar del techo, la moto apenas asomaba un espejo por sobre el agua. Aquel muchacho sabe que sobre sus espaldas pesa la cuota de $117 mensuales que no se ahogaron junto a su Yamaha roja.

No es una novedad que la colonia Santa Lucía se inunde, porque no es la primera inundación, pero esto fue otra cosa. Y sumado a la tormenta está el hecho de que algunas colonias cercanas, ubicadas en terrenos más elevados, han hecho obras que precipitan las aguas lluvias hacia abajo. La comunidad Belén, por ejemplo, tuvo un problema durante el invierno pasado, cuando el suelo se hundió dejando una enorme cárcava. Para evitar que eso volviera a ocurrir, los vecinos de la Santa Lucía sellaron algunas tuberías y algunas bóvedas y eso hizo que el agua corriera libre. Entonces se hizo otra cárcava, más abajo, en la residencial Santa Lucía, cuyos vecinos hicieron lo mismo. Así que el agua fue a dar, ya sin bridas, al fondo de todo: a la colonia Santa Lucía, que ya no tiene vecinos más abajo a quienes mandarles la correntada.

Mauro Vidal, de 43 años, observa los estragos que la lluvia dejó en su vivienda, en el pasaje J, de la colonia Santa Lucía, en el municipio de Ilopango, del departamento de San Salvador. Foto de El Faro: Víctor Peña. 
 
Mauro Vidal, de 43 años, observa los estragos que la lluvia dejó en su vivienda, en el pasaje J, de la colonia Santa Lucía, en el municipio de Ilopango, del departamento de San Salvador. Foto de El Faro: Víctor Peña. 

 

“Tengo 43 años de vivir acá. Siempre en invierno se inunda, pero esto no pasaba desde el huracán Mitch, en el 98”, asegura Mauro Vidal, desde su casa desastrada. Cuando el agua comenzó a meterse a borbotones, y brincó del patio a la sala, Mauro buscó una escalera para subir a su esposa, con un brazo enyesado, al techo, donde se juntaron con otras familias e improvisaron un toldo para cobijar malamente a los niños y a los ancianos y ahí, apuñados, buscar calor para hacerle frente a la madrugada. Mauro tiene el trabajo suspendido, porque es operador de Pullmantur, una empresa de autobuses que se especializa en viajes regionales, desde el sur de México hasta Costa Rica, cuya flota duerme el sueño de los justos en un parqueo acorralado por la pandemia.

A unas casas de ahí, andaba Kevin Alexander, con una cinta métrica, midiendo la distancia entre el suelo y la marca que la riada dejó en la pared de su casa: un metro con veinte centímetros, lo suficiente para sobrepasar con holgura el tamaño de sus máquinas de coser eléctricas. Con su familia tenía montada en la sala una suerte de mini maquila, con cuatro máquinas potentes, cuyos motores pasaron a mejor vida. En los últimos días, la familia de Kevin se les había arreglado para producir mascarillas y con esos ingresos torear la emergencia sanitaria.

Y así, el carro de William no arranca y los asientos son un harapo, y unas casas más allá la tubería reventó en medio de la sala y levantó el piso. La tubería de aguas negras, para ser precisos, y se formó una miasma maloliente y flotante. Y más allá, dicen que un vecino salió nadando en medio de la noche para alcanzar la lancha con la que algunos soldados y policías se lanzaron a rescatar gente. Algunos se van a casa de un familiar, pero la mayoría se queda para cuidar su todo: su moto inútil, su televisor, sus máquinas de coser, sus colchones chorreantes, sus fotografías familiares, su ropa, su todo empapado y roto, pero su todo al fin y al cabo.

Algunas familias de la colonia Santa Lucía, en Ilopango, dejaron sus casas luego de la la tormenta tropical Amanda inundara la zona. Foto de El Faro: Víctor Peña.
 
Algunas familias de la colonia Santa Lucía, en Ilopango, dejaron sus casas luego de la la tormenta tropical Amanda inundara la zona. Foto de El Faro: Víctor Peña.

“Desde el viernes yo vine a pedirles que desalojaran, que se fueran del lugar, vine el sábado con el ministro de la Defensa a decirles. La gente no se quiere ir, la gente quiere quedarse acá, hemos tratado de decirles de diferentes formas”, se quejó el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, que hizo un recorrido por el lugar la tarde del domingo 31 de mayo.

El gobierno ha dispuesto de la casa de retiro “Monte Albernia”, que cuenta con 52 cuartos, disponibles exclusivamente para los vecinos de la colonia Santa Lucía, pero solo cinco personas han accedido a trasladarse a aquel lugar. El ministro prometió también una obra de $3 millones para mejorar la capacidad hidráulica en la zona, a ver si así, de una vez por todas, la Santa Lucía deja de ser una calamidad predecible.  

 

 

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El Salvador Mon, 01 Jun 2020 00:56:39 +0100 https://elfaro.net/es/202006/el_salvador/24487/Esto-hizo-la-tormenta-Amanda-en-la-Santa-Lucía.htm
Un año para descubrir a Bukele http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000032889.JPG https://elfaro.net/es/202006/columnas/24488/Un-año-para-descubrir-a-Bukele.htm Nayib Bukele cumple un año de presidencia atrapado en el combate a la pandemia de covid-19 y golpeado por la tragedia de la tormenta Amanda, que en un fin de semana ha causado una docena de muertos y deja a miles de familias sin vivienda. Dos crisis de enormes dimensiones en un país en crisis perpetua. Un país que esperaba encontrar en Bukele, un empresario joven y enfrentado con los partidos tradicionales, un cambio, una mejora, modernidad, una respuesta distinta.

La aplastante mayoría de los salvadoreños aún le respalda. Aplauden su agresividad verbal y creen todavía en ese cambio, aunque las señales apuntan en dirección contraria.

Su respuesta a la amenaza de Amanda sirve para ilustrarlo. El presidente declaró alerta amarilla el miércoles 27, por Twitter, dando una orden vacía al director de Protección Civil, la persona que en teoría debió hacer ese anuncio a partir de criterios técnicos. Cuando el sábado 30 arreciaron las lluvias y se declaró alerta naranja, nada había sucedido: ni despliegue preventivo, ni coordinación territorial, ni evacuaciones, ni disposición de albergues.

Los ríos desbordados, las inundaciones de casa, los deslaves, las muertes, llegaron como si fuera una sorpresa y barrieron la capacidad gubernamental, de por sí limitada porque Protección Civil estuvo desactivada durante los casi tres meses de emergencia por la pandemia y que este gobierno no ha querido utilizar la Política Integral Para Gestión de Riesgos que heredó del anterior ni la ha sustituido con una nueva. Cuando el domingo por la mañana se decretó la alerta roja, el país ya había sufrido los efectos de un nuevo desastre. Esa misma noche, el presidente, iracundo, apenas tuvo palabras para las víctimas pero buscó culpables: desde la comunidad Nueva Israel, una de las más golpeadas en la capital, insultó a los diputados, culpó a la oposición y despreció a la prensa.

Es una pincelada más en el retrato del primer año de la administración Bukele. Una confirmación de su negligencia, de que su obsesión por la imagen se combina con una creciente tendencia a improvisar, de su alergia a la institucionalidad y su patológico rechazo a la crítica. No se puede culpar al gobierno actual de la vulnerabilidad de El Salvador, consecuencia no solo de la irresponsabilidad de gobiernos anteriores sino también, de forma indirecta, de los millonarios desfalcos de dinero público perpetrados, desde sus esferas más altas, por gobiernos de Arena y el FMLN. Pero sí recae sobre Bukele la responsabilidad de haber desmantelado la frágil institucionalidad que heredó, sin construir una nueva.

La decisión de no nombrar gobernadores departamentales, anclaje territorial del Estado en caso de emergencias, es parte de un patrón. En sus primeros días en el cargo, Bukele eliminó por decreto, sin análisis técnico ni legal previo ni más explicación que la del ahorro de plazas, cinco secretarías entre las que estaban la de Transparencia, la de Inclusión Social -responsable de los primeros pasos que había dado El Salvador en política de género y combate a la discriminación de población LGBTI- y la Secretaría Técnica, entidad encargada de la planificación y la estrategia gubernamental. Las borró de la estructura estatal sin crear nada en su lugar. Un año después, sufrimos las consecuencias de esos y otros vacíos en la gestión de un hombre tan ansioso por acumular poder como decidido a no transparentar cómo y a través de quiénes lo ejerce.

Hace mucho que perdió sentido excusar el caos gubernamental con palabras como inexperiencia o restructuración. Si asumimos que el primer año de un gobierno es un periodo de adaptación, de asentar un equipo de trabajo, también sirve para que se defina el estilo de un nuevo gobernante, sus principios y su relación con el resto de actores políticos y sociales del país.

Acuerpado por una popularidad inédita en nuestra vida democrática, Bukele pudo aprovechar su enorme capital político para unir a un país dividido durante décadas por ideologías, abrirse al diálogo y al concurso de una sociedad civil capaz y dispuesta a ayudarle a liderar las transformaciones urgentes en el país, sobre todo en materia de combate a la corrupción y a la pobreza, y en mejor distribución de la riqueza. En vez de eso, decidió gobernar con un discurso constante de odio contra sus críticos y cerrarse a cualquier idea que no salga de su entorno.

Rodeado de un equipo de trabajo de cuestionable solidez técnica pero lealtad absoluta a su líder, y asesorado por un pequeño círculo de confianza formado por sus hermanos y otros familiares, Bukele no consideró necesario conocer el funcionamiento de un Estado al que gobierna de manera errática, y del que le incomoda cualquier sistema de control, toda expresión de la independencia y sujeción mutua de poderes.

A lo largo de este año no solo ha insultado regularmente sino que ya ha desconocido en varias ocasiones al poder legislativo y a la Corte Suprema de justicia, y descalifica a diario no solo a la oposición política sino a toda organización civil o expresión ciudadana que se interponga en su camino. Se ha autoproclamado intérprete legítimo de la Constitución y roto en más de una ocasión el cuerpo de leyes que juró cumplir.

Hay que destacar desde luego logros en su primer año de gestión. Destaca la notoria reducción de la tasa de homicidios, en sus niveles más bajos desde que se comenzaron a llevar registros confiables. Aunque no está clara la actual política de seguridad y son una nebulosa las razones del descenso, es cierto que hoy los salvadoreños se sienten mucho más seguros.

También hay que aplaudir su velocidad de reacción a la pandemia de covid-19 y las medidas drásticas que frenaron el impacto del virus en nuestro maltrecho sistema de salud. Lamentablemente, sus audaces medidas iniciales no fueron acompañadas de protocolos sanitarios, opiniones científicas o mínima planificación de medio plazo o articulación con otros actores, causando un caos en la distribución de ayuda; centros de cuarentena que se convirtieron en focos de contagio; desorden y falta de recursos en hospitales; brutales abusos de poder por parte de las fuerzas de seguridad a las que se encomendó hacer valer la cuarentena; una reiterada resistencia a rendir cuentas de los millonarios fondos utilizados para la emergencia; incapacidad para lograr acuerdos y coordinación mínima con otros organismos de Estado; y la mentira y la descalificación como principal herramienta para evadir estos problemas. La crisis por la pandemia ha revelado al peor Bukele y se ha convertido en una crisis institucional.

Pero cuando llegó el virus, Nayib Bukele había sumido ya al país en una profunda crisis política y constitucional.

La militarización y toma de la Asamblea Legislativa, el 9 de febrero, indicó definitivamente el rumbo de esta administración: el irrespeto a la Constitución, el atropello a otro órgano de Estado, la instrumentalización política del Ejército y la Policía, el populismo y el mesianismo de un jefe de Estado que usurpó la silla del presidente del Congreso para preguntar a algún dios si disolvía o no el poder legislativo. Un acto tan violento contra nuestra vida democrática difícilmente se borrará de la memoria nacional.

No fue un exabrupto sino el paradigma de una forma de gobernar. El punto de no retorno de un hombre sin visión democrática de Estado, que entiende la política como un conflicto permanente con cualquiera que mínimamente desafíe su poder absoluto y la escenificación constante de ese poder.

En vez de utilizar su enorme caudal político para llevar al país a un nuevo estadio de bienestar, en vez de impulsar consensos de largo plazo y encabezar transformaciones eternamente postergadas, Bukele ha utilizado su liderazgo para debilitar cualquier resistencia a su visión autoritaria, que espera consolidar por la vía de las urnas en la elección legislativa de febrero de 2021.

Sus seguidores, aparentemente decididos a entregarle el poder legislativo, no valoran aún que, al despreciar el estado de derecho, Bukele desprotege a los ciudadanos, que ni siquiera saben ahora qué derechos tienen ni cómo hacerlos valer. Que la falta de seguridad jurídica y el irrespeto a las leyes tendrá también consecuencias económicas a corto plazo, porque la fascinación internacional que el presidente despertó en sus primeros meses se ha resquebrajado, y no será fácil atraer inversión a un país cuyo presidente desconoce la ley y utiliza la fuerza del Estado para cerrar, como ya lo ha hecho, empresas cuyos propietarios le son incómodos políticamente.

El nivel de popularidad y respaldo a Nayib Bukele, el mayor entre los presidentes de todo el continente, debe despertar una profunda reflexión, entre quienes le aplauden y entre sus críticos. Encuentra una explicación evidente en la total ausencia de liderazgos alternativos en el país, en el desprestigio de los partidos de oposición y, no menos grave, en la reiterada filiación de buena parte de la ciudadanía por políticos que prometen mano dura. El autoritarismo, hace años que lo advierten las encuestas, no es un problema para la mayoría de salvadoreños, a quienes la democracia ha sido incapaz de resolver necesidades urgentes y que idealizan liderazgos mesiánicos.

No es casualidad que, en sus momentos más difíciles, cuando algunas de sus decisiones se han demostrado equivocadas y los cuestionamientos desde la sociedad civil y los organismos internacionales han arreciado, el presidente esté insistiendo en el uso de Dios como guía y argumento. Sus seguidores deberían preguntarse si no son esas -la opacidad, el ataque a toda crítica, el discurso religioso- maniobras que ya utilizaron presidentes anteriores de los que Bukele presume de distinguirse.

Pero el mayor desafío es, un año después de la llegada de Nayib Bukele al poder, para quienes proclaman defender la democracia. Este gobierno no cambiará su estilo confrontativo y antidemocrático. Es su naturaleza. El reto, frente a ello, es extremo. Implica la participación activa de ciudadanos en la construcción y defensa de la democracia. Requiere la dignificación urgente de los partidos políticos, que han preferido todos, hasta hoy, defender a sus miembros más nocivos por encima de sus propias ideas y de su responsabilidad ante la nación. Supone acción y la palabra inmediata,constante, plural, valiente, para evitar que continúe el retroceso institucional.

Y sabedores de que hay múltiples factores sociales y políticos que han colocado una alfombra roja a este gobierno antidemocrático, enfrentarlo pasa también por la autocrítica, por escuchar, comprender y hablar a los salvadoreños que no creen que el país se encamine a un abismo. O que están dispuestos a lanzarse a él.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, antes de ofrecer una conferencia de prensa del gabinete de seguridad, el 15 de Julio de 2019, en Casa Presidencial, en San Salvador. Foto de El Faro: Víctor Peña. 
 
Nayib Bukele, presidente de El Salvador, antes de ofrecer una conferencia de prensa del gabinete de seguridad, el 15 de Julio de 2019, en Casa Presidencial, en San Salvador. Foto de El Faro: Víctor Peña. 

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Columnas Mon, 01 Jun 2020 00:40:02 +0100 https://elfaro.net/es/202006/columnas/24488/Un-año-para-descubrir-a-Bukele.htm
Seis días de negociación fallida mientras repuntan los contagios de Covid 19 http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000033264.jpeg https://elfaro.net/es/202005/el_salvador/24480/Seis-días-de-negociación-fallida-mientras-repuntan-los-contagios-de-Covid-19.htm Nayib Bukele cumple un año de gobierno enfrentado a diario con la Asamblea y la Corte Suprema, e incapaz de lograr acuerdos políticos mínimos incluso en emergencia. Tras seis días enteros de negociación en los que el Ejecutivo no cesó en sus insultos al Legislativo, el último intento de consensuar una Ley que regule la respuesta nacional a la pandemia de covid 19 fue un fracaso. Pese a los lineamientos de la Sala de lo Constitucional, la Asamblea votó este sábado su propio Decreto y el presidente anunció de inmediato que lo vetará. Los ciudadanos siguen sin saber con claridad qué normas de cuarentena deben cumplir. El Gobierno y la Asamblea Legislativa, con mayoría opositora, fracasaron en su intento de acordar un ley consensuada para enfrentar la pandemia de coronavirus. Tras seis días de diálogo, la mayoría de ellos transmitido en televisión nacional, no hubo acuerdos sustanciales. La última ronda de negociaciones duró más de 24 horas consecutivas y terminó en una votación que ya tenía anunciado el veto del presidente Nayib Bukele. Esto ocurrió en el quinto y sexto día, el viernes 29 y sábado 30 de mayo, antes de que la tormenta tropical Amanda provocará una nueva crisis. 

La intensa jornada de debate duró dos días y en buena parte estuvieron delegados del Gobierno que se retiraron cerca de las 7 de mañana del sábado 30. La contraparte, la Asamblea Legislativa, decidió continuar la jornada y votó por la "Ley Especial Transitoria de Atención Integral de la Vida y la Salud, Declaratoria de Estado de Emergencia en relación a la Pandemia por COVID-19 y Reapertura de la Economía". Una iniciativa que estuvo a unas horas de ser el primer gran acuerdo nacional entre el gobierno y la oposición legislativa. El fracaso del diálogo ocurrió justo el día en que El Salvador registró su día de más contagios confirmados, 122. Hasta el 30 de mayo, los datos oficiales registraban 46 personas muertas por Covid19 y 2,517 contagios confirmados. 

El diálogo nació por una resolución de la Sala Constitucional del 22 de mayo que ordenó al Ejecutivo y al Legislativo a conseguir consenso para evitar incertidumbre jurídica con respecto a la vigencia de la cuarentena obligatoria; los plazos para abrir la economía;  las restricciones de movilidad; las autorizaciones para compras públicas;  y el congelamiento de la ley de acceso a la información pública. Como colchón para ambas partes, la Sala autorizó una prórroga a la legislación vigente para enfrentar la pandemia, casi toda promulgada por el Gobierno. Pero puso un plazo: la madrugada de este viernes 29 de mayo. 

A las 2 de la madrugada de este 30 de mayo, los funcionarios del gobierno y los diputados aún intentaban ponerse de acuerdo sobre 19 artículos cuya discusión fueron postergando a lo largo de la semana. Los medulares. Entre los puntos de entrampe de toda la semana estaba el derecho al acceso a la información pública, la duración de un nuevo periodo de cuarentena y la reactivación del transporte público de pasajeros

Durante la semana de negociaciones, el secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro, solicitó una prórroga de la ley por otros quince días, con lo que la mesa de diálogo dejaría de ser necesaria. Sin embargo, cinco horas antes de que se venciera la extensión de plazo, la Sala de lo Constitucional respondió  la solicitud del gobierno y rechazó la petición. Resolvió que conceder por otros 15 días más no haría efectivo el "resultado concreto del diálogo entre el Ejecutivo y Legislativo”. 

Aunque el veto aún no ha sido formal, tras la ruptura de la mesa de diálogo y la estridencia de las posturas, este sábado 30 de mayo, El Salvador amaneció con un confuso mapa normativo para combatir la pandemia. Formalmente, la Ley de Regulación para el Aislamiento, Cuarentena, Observación y Vigilancia por COVID-19 dejó de estar vigente. Lo mismo ocurrió con la ley de emergencia, que autorizaba las compras públicas de medicamentos y equipo médico sin usar la ley de licitaciones y que también congelaba los tiempos procesales del órgano judicial. Lo único que no fue afectado es la cuarentena, que se mantiene hasta el seis de junio por el decreto ejecutivo número 26. Es decir, las personas aún tienen que circular según número de DUI, aún continúan las restricciones de movilidad entre municipios y el transporte público sigue suspendido.  

Aunque, este domingo 31 de mayo, el ministro de Salud, Francisco Alabi, anunció un cambio debido a la nueva emergencia provocada por la tormenta tropical Amanda: "Hemos autorizado a las ferreterías a operar, con el 40% del personal y con todas las medidas sanitarias de prevención de #COVID19, hasta el 4 de junio." Además,  se permite la circulación, independiente del número de DUI, para asistir a farmacias y ferreterías.

La ruptura de la mesa sucedió el sábado a primeras horas de la mañana, a las 9. Los principales delegados del gobierno salieron del pleno y la Asamblea empezó a afinar los detalles sin esos insumos. 

Tras un año de la gestión presidencial de Bukele, este fue el primer intento de diálogo serio en busca de consensos nacionales con los partidos opositores. El equipo de gobierno lo lideró Ernesto Castro y Conan Castro, secretario privado presidencial, el primero, y secretario jurídico el segundo. Con ellos, también estuvo el ministro de Salud, Francisco Alabi;  la ministra de Economía, María Luisa Hayem; la ministra de Turismo, Morena Valdez; la directora general de medicamentos, Mónica Ayala; Javier Argueta, asesor jurídico; y el viceministro de ingresos, Alejandro Zelaya.

La nueva ley

Sin participación de delegados del gobierno, a las 4 de la tarde del sábado, los diputados de Arena, FMLN y PDC, cuyos votos suman mayoría calificada (56 votos) acordaron votar por la Ley Especial Transitoria de Atención Integral de la Vida y la Salud, Declaratoria de Estado de Emergencia en relación a la Pandemia por COVID-19 y Reapertura de la Economía. 

La nueva legislación permite las compras directas unicamente para "medicamentos, productos farmacéuticos, insumos y dispositivos médicos, y demás productos relacionados con la prevención y el tratamiento clínico de la enfermedad". Los diputados pusieron candado a esta disposición, y legislaron para que todas las compras que haga el Ejecutivo a partir del tercer día deba se realizarse bajo el principio de máxima públicidad que establece la ley de acceso a la información pública (laip). El nuevo decreto también revive la laip. Según lo aprobado, la información solicitada será entregada por medios digitales de conformidad a los parametros que la ley ya establece. 

Gana, el partido que llevó al poder al presidente, puso tres condiciones acorde a las exigencias del Ejecutivo: extender por 15 días más la cuarentena, no autorizar la circulación de transporte público y mantener la restricción de movilidad según un calendario que permite a circular según el número de documento único de identidad. No votó.

Lo votado implica extender la cuarentena por 10 días para el sector privado (con flexibilidad de prórroga) y 15 para el sector público; abolir la regulación de salidas según el número de DUI y autorizar parcialmente la circulación de transporte público, solo para personal de salud. 

 Antes de recibir el decreto, el presidente de la República publicó en sus redes sociales su rechazo a la propuesta. “Los dueños de algunos partidos políticos piensan que lograrán algo con la aritmética legislativa”, tuiteó. “Un proceso de ley, vetado por inconstitucionalidad, con plazos máximos tal vez sería ley en julio”. 

Este domingo 31 de mayo, la diputada del FMLN, Yanci Urbina, denunció que el decreto votado por mayoría calificada había sido rechazado en la caseta de correspondencia. "Nos informan que en Casa Presidencial se niegan a recibir el decreto 648 que es la Ley de Emergencia", publicó en su cuenta oficial de twitter. 

Las jornadas televisadas son el primer intento serio de este gobierno de intentar acuerdos tras su primer año de gestión. Un intento que de haber sido exitosos habría significado un viraje en la estragia de un presidente que  irrumpió en el congreso con un dispositivo armado de militares y policías. Tras lo ocurrido, la Sala Constitucional ordenó al presidente dejar de usar a los cuerpos de seguridad para amenazar y debilitar la democracia. 

Día 4, jueves 28 de mayo. 

Son las  6:20 pm. La tensión subió de tono y pasó a los insultos. La diputada Cristina Cornejo, vocera opositora que brilló en los debates de la mesa, alegó una incoherencia en la narrativa del gobierno de acusar a la oposición de Arena y FMLN como vendidos a la clase empresarial.  Para desafiar a los emisarios del gobierno, principalmente los secretarios Castro,  dijo en tono irónico que quien que había pactado con los empresarios más ricos del país era el mismo presidente.  “Quien se reunió con los empresarios que siguen trabajando y que no han parado en este país ha sido usted”, dijo Cornejo a Ernesto Castro.  

Al fondo del auditorio donde se encontraba reunida la comisión política, Karla Hernández, diputada de Arena, aplaudió la intervención de Cornejo. Inmediatamente el Castro reaccionó y cuestionó la presencia de los legisladores de todos los partidos políticos. “¡DISCULPEME! ¿Si ellos van a estar aquí, ¿en calidad de qué van a estar aquí?”, gritó.

Ponce, el presidente de la Asamblea no logró detener la discusión.  “¡Respeto, por favor, respeto!”, clamó. Todos omitieron el llamado. 

Alberto Romero, de Arena, respondió a los gritos de Castro. “¡Ellos son diputados por el pueblo, pueden estar aquí!”. Pero a Castro no le bastó el micrófono. Con gritos acentuados alegó “¡¡Aquí también somos funcionarios!! ¿NOS RESPETAMOS O NO NOS RESPETAMOS? ¿Mandamos a traer a nuestras barras nosotros?. Ningún funcionario medió para que mermaran los gritos.

“..Neto, respetemos, Beto, a ver… se nos va a salir de control”, dijo Ponce, el presidente. Se refería a Ernesto Castro y a Alberto Romero. 

¡Yo le estoy hablando al presidente (Ponce)!, le respondió Castro.

¡Es que no podés hablarles así!”, continuó Romero.  Ponce ordenó receso, apagaron los micrófonos y las discusiones seguían entre los funcionarios. "¿Qué va a pasar después? ¡YO SÍ SÉ ! ¡PUTA! ¿Entonces?, respondió Ernesto Castro. La tensión seguía subiendo. Algunos diputados decidieron retirarse.

Día 3. Miércoles 27 de mayo. 

El debate se centró en autorizar  o no la circulación del transporte público. Ernesto Castro justificó que no podían reactivar los buses y microbuses porque “generaría un foco de infección”. Sin embargo, los diputados de Arena rechazaron el planteamiento. “Sin transporte, no hay apertura económica”, dijo Ponce como respaldo a los colegas diputados. 

Otro punto de entrampamiento fue el inciso que permite al Ejecutivo hacer compras directas saltándose procesos de la ley de adquisiciones y contrataciones (Lacap). El decreto de emergencia 593habilita al Ejecutivo a realizar compras directas sin tener que pasar por los filtros que la ley establece. El secretario jurídico, Conan Castro, planteó que se mantuviera nuevamente esta disposición. Cristina Cornejo, del FMLN, cuestionó la insistencia del Ejecutivo para continuar haciendo compras sin rendir cuentas. “Si ustedes quieren un reporte, pidanlo, las instituciones han estado respondiendo”, respondió el secretario privado, Ernesto Castro. 

Día dos. Martes 26 de mayo. 

Los funcionarios del Gobierno y de la Asamblea discutieron las fases de la apertura económica, los plazos de cuarentena para los salvadoreños varados en el exterior, la habilitación de la ley de acceso a la información pública y el uso del transporte público. Tres de los puntos se volvieron punto de tropiezo en la discusión. 

Según los funcionarios del Gobinero y los diputados, durante la primera fase continuaría la cuarentena domiciliar para las personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas y para las personas con enfermedades crónicas; y se reabrirían todos los puntos de ingreso al país. En la segunda fase, empezaría la apertura de las iglesias y los restaurantes habilitarían la modalidad “para llevar”. En la tercera fase, los centros de convención regresarían a sus actividades. La última etapa, casi en la nueva normalidad, las oficinas públicas y privadas deberían asegura que en los espacios de trabajo exista un distanciamiento entre los empleados de 1.5 metros. 

Este día se discutió el uso o no de la ley de acceso a la información pública. El Ejecutivo quería retrasar su apertura y los partidos mayoritarios de la Asamblea, abrirlas. Conan Castro, el secretario jurídico de la Presidencia, expuso que abrir las oficinas de información y respuesta (OIR) generaría concentración de personas y podía ser foco de infección. Reiteró que debían esperar 15 días para poder reactivar la información oficiosa. “Todos los plazos deben reactivarse pasados los 15 días que proponemos”, dijo Castro. Los legisladores desaprobaron la propuesta de Casa Presidencial y por segundo día se quedó en el congelador el derecho a la información pública. 

Día uno. Lunes 25 de mayo. 

10 de la mañana. La mesa se instaló en una oficina de la Asamblea Legislativa. Ambas partes tomaron como base la ley aprobada del 18 de mayo y que fue vetada por el presidente: la “ley especial transitoria para la atención integral de la salud y la reanudación de labores en el marco de la pandemia por COVID-19”. 

La jornada empezó a las 9:00 am y terminó a las 9:30 pm. En más de doce horas llegaron a acordar el nombre de la ley, el ámbito de aplicación, las definiciones y abrieron la puerta a que los centros hospitalarios privados pudieran atender a pacientes positivos por COVID-19. 

Ese mismo día también empezaron a discutir los procesos de retorno de los salvadoreños varados en el exterior, sin embargo no hubo acuerdo en el primer día de negociación. 

El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, urgió a todas las bancadas a realizar reuniones bilaterales con los representantes del Ejecutivo. “Hemos tenido reuniones con el Gobierno que nos han permitido acercarnos a algunos puntos”, dijo. Agregó que apostaban concluir el proyecto de ley el día dos.

El artículo cinco fue la primera piedra tropiezo. La mesa empezó a postergar la discusión de artículos en lo que llamaron el congelador de puntos que luego serían retomados.  El artículo 5 plantea que el Ministerio de Salud debe entregar un plan para combatir la pandemia.  Sin embargo,  Francisco Alabí, titular de Salud, aseguró que “no era prudente por la variación que pueda tener la estrategia de la pandemia”. 

Desde el día uno, los funcionarios abordaron el número de días que deberán esperar para la reactivación económica. El secretario privado de la presidencia, Ernesto Castro sentó la postura y afirmó que a partir del acuerdo que se logre, 15 días después reactivarían la economía. “Eso es inamovible”, sostuvo. 

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El Salvador Sun, 31 May 2020 17:14:27 +0100 https://elfaro.net/es/202005/el_salvador/24480/Seis-días-de-negociación-fallida-mientras-repuntan-los-contagios-de-Covid-19.htm
La gente tras las banderas blancas http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_0_2000_1333/images%7Ccms-image-000033740.jpg https://elfaro.net/es/202005/ef_foto/24470/La-gente-tras-las-banderas-blancas.htm Un trapo, una camisa, un cartón, una bandera, un saco roto, un pedazo de papel, todo en blanco, como símbolo de hambre y necesidad en los rincones más vulnerables de El Salvador. Las banderas son el nuevo lenguaje de comunidades enteras, mesones en el Centro de San Salvador, pasajes y asentamientos a la orilla de las carreteras del interior del país, que suplican por comida. Obreros, jornaleros, pepenadores y vendedores informales han dejado de recibir ingresos por más de 60 días. Ahora viven atrapados en sus casas debido a la cuarentena domiciliar que se implementó desde el 21 de marzo de 2020 a causa de la pandemia. Estas son imágenes tomadas en mayo. Esta es la gente atrás de los trapos blancos. Esta es su miseria.  

Los hermanos, Kevin y Diego López, de seis y siete años respectivamente, cuentan, desde las láminas que sirven de muro perimetral de su casa, los vehículos que circulan sobre el bulevar del Ejército. Es la entrada a la comunidad 15 de Marzo, establecida desde el año 2008, entre los límites de los municipios de San Salvador y Soyapango. Un conjunto de 125 casas de lámina vieja y madera en un predio baldío. El hambre arrecia en esta comunidad, habitada por al menos 500 personas; la mayoría, vendedores ambulantes que no han vendido por más de 70 días. Foto de El Faro: Víctor Peña.
 
Los hermanos, Kevin y Diego López, de seis y siete años respectivamente, cuentan, desde las láminas que sirven de muro perimetral de su casa, los vehículos que circulan sobre el bulevar del Ejército. Es la entrada a la comunidad 15 de Marzo, establecida desde el año 2008, entre los límites de los municipios de San Salvador y Soyapango. Un conjunto de 125 casas de lámina vieja y madera en un predio baldío. El hambre arrecia en esta comunidad, habitada por al menos 500 personas; la mayoría, vendedores ambulantes que no han vendido por más de 70 días. Foto de El Faro: Víctor Peña.

 

 

Pedro Montano, de 11 años, se sumerge en los escombros de una refrigeradora transformada en pila. Milagro, su hermana, espera su turno al interior de su vivienda en la comunidad 15 de Marzo. La casa fue construida con desechos que sus padres recogieron en la calle. Cada día, estos niños tienen derecho a una hora de recreación en su
 
Pedro Montano, de 11 años, se sumerge en los escombros de una refrigeradora transformada en pila. Milagro, su hermana, espera su turno al interior de su vivienda en la comunidad 15 de Marzo. La casa fue construida con desechos que sus padres recogieron en la calle. Cada día, estos niños tienen derecho a una hora de recreación en su "piscina". Afuera de la comunidad, ondean las mantas blancas, justo frente a un retén militar que detiene a quienes viajan rumbo a Soyapango. Foto de El Faro: Víctor Peña.

 

 

Blanca Lidia López cuelga un trapo blanco en la puerta con una inscripción que dice, ''Tenemos Hambre''. Blanca vive junto a otras 100 personas en el mesón 219 ubicado en el Barrio Concepción. En el lugar, la mayoría se dedica a la venta informal y debido a la cuarentena llevan más de dos meses sin poder salir a vender en las calles de la capital. Foto de El Faro: Carlos Barrera. 
 
Blanca Lidia López cuelga un trapo blanco en la puerta con una inscripción que dice, ''Tenemos Hambre''. Blanca vive junto a otras 100 personas en el mesón 219 ubicado en el Barrio Concepción. En el lugar, la mayoría se dedica a la venta informal y debido a la cuarentena llevan más de dos meses sin poder salir a vender en las calles de la capital. Foto de El Faro: Carlos Barrera. 

 

 

Mario Quintanilla trabajaba como mecánico automotriz. Ahora es un hombre solo, sin sus hijos, sin su esposa y sin trabajo. Desde que empezó la cuarentena, la caridad de sus vecinos le permite sobrevivir. Tiene 80 años y vive entre un cúmulo de repuestos viejos y bajo láminas agujereadas por donde las aguas lluvias se cuelan. Foto de El Faro: Víctor Peña.
 
Mario Quintanilla trabajaba como mecánico automotriz. Ahora es un hombre solo, sin sus hijos, sin su esposa y sin trabajo. Desde que empezó la cuarentena, la caridad de sus vecinos le permite sobrevivir. Tiene 80 años y vive entre un cúmulo de repuestos viejos y bajo láminas agujereadas por donde las aguas lluvias se cuelan. Foto de El Faro: Víctor Peña.

 

 

Fátima y su familia viven bajo amenaza. Cada vez que llueve, trozos de tierra golpean su hogar. Es la última casa del pasaje A, de la comunidad 15 de Marzo, donde los plásticos que la comunidad ha colocado previenen más deslave. Fátima y su esposo son los dueños de “Tacos El Chero”, un negocio ambulante en las plazas del Centro Histórico de San Salvador, y que desde el sábado 14 de marzo no ha tenido ingresos. Foto de El Faro: Víctor Peña.
 
Fátima y su familia viven bajo amenaza. Cada vez que llueve, trozos de tierra golpean su hogar. Es la última casa del pasaje A, de la comunidad 15 de Marzo, donde los plásticos que la comunidad ha colocado previenen más deslave. Fátima y su esposo son los dueños de “Tacos El Chero”, un negocio ambulante en las plazas del Centro Histórico de San Salvador, y que desde el sábado 14 de marzo no ha tenido ingresos. Foto de El Faro: Víctor Peña.

 

 

Margarita González, de 72 años, tiene insuficiencia renal. Durante toda la cuarentena no ha podido ir por sus pastillas al hospital Rosales. Es una mujer sola que de cuando en cuando recibe ayuda de uno de sus hijos. Margarita vive al final del pasaje E, de la comunidad 15 de Marzo, en una champa que cada día se deteriora más. Foto de El Faro: Víctor Peña.
 
Margarita González, de 72 años, tiene insuficiencia renal. Durante toda la cuarentena no ha podido ir por sus pastillas al hospital Rosales. Es una mujer sola que de cuando en cuando recibe ayuda de uno de sus hijos. Margarita vive al final del pasaje E, de la comunidad 15 de Marzo, en una champa que cada día se deteriora más. Foto de El Faro: Víctor Peña.

 

 

La casa de Israel Aquino en la comunidad 15 de Marzo es un cúmulo de basura. Para entrar, hay que agacharse un poco. Israel la construyó de láminas viejas y plástico, desperdicios que se encuentra cada vez que sale a recolectar botellas plásticas para luego venderlas a una recicladora. Israel tiene 56 años, y recoge basura desde 1985. Durante la cuarentena ya no ha salido a trabajar. Asegura que hay noches en las que se ha dormido si comer. Foto de El Faro: Víctor Peña.
 
La casa de Israel Aquino en la comunidad 15 de Marzo es un cúmulo de basura. Para entrar, hay que agacharse un poco. Israel la construyó de láminas viejas y plástico, desperdicios que se encuentra cada vez que sale a recolectar botellas plásticas para luego venderlas a una recicladora. Israel tiene 56 años, y recoge basura desde 1985. Durante la cuarentena ya no ha salido a trabajar. Asegura que hay noches en las que se ha dormido si comer. Foto de El Faro: Víctor Peña.

 

 

En el mesón 207 del Barrio Concepción, cada vez que escuchan un vehículo salen con la esperanza de recibir alimentos. Allí, 25 familias guardan cuarentena sin poder salir a trabajar. Todas las personas económicamente activas del lugar se dedican a la venta informal en el Centro Histórico. Foto de El Faro: Carlos Barrera. 
 
En el mesón 207 del Barrio Concepción, cada vez que escuchan un vehículo salen con la esperanza de recibir alimentos. Allí, 25 familias guardan cuarentena sin poder salir a trabajar. Todas las personas económicamente activas del lugar se dedican a la venta informal en el Centro Histórico. Foto de El Faro: Carlos Barrera. 

 

 

A la izquierda está la cocina de la familia Segovia; a la derecha, la de la familia Montano. Aquí viven siete personas, cuatro adultos y tres niños. Conviven en una armazón de lámina, de ocho metros de largo por cinco metros de ancho, en la comunidad 15 de Marzo. Todos los adultos de estas dos familias son vendedores ambulantes, que se ganan la vida a diario al interior de un autobús o sobre la zona del ex cine Avenida. No tienen ingresos desde el 15 de marzo, porque desde esa fecha, al escuchar las noticias de la inminente emergencia, dejaron de salir. Foto de El Faro: Víctor Peña.
 
A la izquierda está la cocina de la familia Segovia; a la derecha, la de la familia Montano. Aquí viven siete personas, cuatro adultos y tres niños. Conviven en una armazón de lámina, de ocho metros de largo por cinco metros de ancho, en la comunidad 15 de Marzo. Todos los adultos de estas dos familias son vendedores ambulantes, que se ganan la vida a diario al interior de un autobús o sobre la zona del ex cine Avenida. No tienen ingresos desde el 15 de marzo, porque desde esa fecha, al escuchar las noticias de la inminente emergencia, dejaron de salir. Foto de El Faro: Víctor Peña.

 

 

 

 

Saúl Baisa, 67 años, compraba aluminio y plástico reciclado. Tiene más de dos meses sin ingresos por su trabajo, pero fue beneficiado con los $300 que el Gobierno otorgó en el mes de abril. “También tenía $140 de ahorros, pero el dinero se acaba. Mi negocio ya tronó, vamos para atrás”, asegura Saúl, quien vive con su esposa en una de las casas antiguas de madera, sobre la calle Concepción, en el Centro de San Salvador. Foto de El Faro: Víctor Peña.
 
Saúl Baisa, 67 años, compraba aluminio y plástico reciclado. Tiene más de dos meses sin ingresos por su trabajo, pero fue beneficiado con los $300 que el Gobierno otorgó en el mes de abril. “También tenía $140 de ahorros, pero el dinero se acaba. Mi negocio ya tronó, vamos para atrás”, asegura Saúl, quien vive con su esposa en una de las casas antiguas de madera, sobre la calle Concepción, en el Centro de San Salvador. Foto de El Faro: Víctor Peña.

 

 

 

Luis Vázquez vive en el mesón 207, allí alquila una pieza de cuatro metros cuadrados donde vive la cuarentena las 24 horas del día. Su cama es un pequeño sofá sin patas y el resto de sus muebles se reducen a una mesa y una silla. El lugar es sala, dormitorio, cocina, todo. Afuera de su mesón, las mantas blancas piden auxilio. Foto de El Faro: Carlos Barrera. 
 
Luis Vázquez vive en el mesón 207, allí alquila una pieza de cuatro metros cuadrados donde vive la cuarentena las 24 horas del día. Su cama es un pequeño sofá sin patas y el resto de sus muebles se reducen a una mesa y una silla. El lugar es sala, dormitorio, cocina, todo. Afuera de su mesón, las mantas blancas piden auxilio. Foto de El Faro: Carlos Barrera. 

 

 

 

Lesly Ponce tiene 23 años de edad, todos los días sale a la carretera a Sonsonate con una bandera blanca para pedir alimentos. El lugar es conocido como Comunidad 601 y pertenece al municipio de Colón, La Libertad. Aquí, de las 30 familias, nadie recibió los $300 de ayuda del Gobierno ni la ayuda alimentaria, según asegura Lesly. Foto de El Faro: Carlos Barrera.  
 
Lesly Ponce tiene 23 años de edad, todos los días sale a la carretera a Sonsonate con una bandera blanca para pedir alimentos. El lugar es conocido como Comunidad 601 y pertenece al municipio de Colón, La Libertad. Aquí, de las 30 familias, nadie recibió los $300 de ayuda del Gobierno ni la ayuda alimentaria, según asegura Lesly. Foto de El Faro: Carlos Barrera.  

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EF Foto Fri, 29 May 2020 20:02:37 +0100 https://elfaro.net/es/202005/ef_foto/24470/La-gente-tras-las-banderas-blancas.htm