El Faro http://elfaro.net Periodismo independiente y audaz de El Salvador y Centroamerica con noticias, reportajes, investigac es Copyright 2021, El Faro Wed, 27 Oct 2021 06:54:16 +0100 El Faro Las secuelas de la covid-19 son urgencias, no daños colaterales http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000031728.jpg https://elfaro.net/es/202110/columnas/25810/Las-secuelas-de-la-covid-19-son-urgencias-no-daños-colaterales.htm A nivel nacional e internacional se guarda silencio ante las secuelas de salud y psicosociales de la covid-19. En el mejor de los casos, se manejan como un daño colateral del contagio y las medidas de confinamiento. Tras año y medio de haberse declarado la pandemia por covid-19, para mucha gente no hay vuelta atrás hacia la “normalidad”. Las vacunas y el regreso a las rutinas son un alivio colectivo, pero no resuelven el desgaste de la salud física y mental que ha dejado la pandemia en gran parte de la población. Entre los grupos que requieren atención urgente se encuentran quienes presentan sintomatología poscovid y las familias que sobreviven a quienes han fallecido por el virus. A nivel nacional e internacional, se guarda silencio ante las secuelas de salud y psicosociales de la covid-19. En el mejor de los casos, se manejan como un daño colateral del contagio y las medidas de confinamiento. Atender estas consecuencias debe ser una prioridad.

En términos de malestar físico, las consecuencias de la covid-19 no siempre desaparecen en cuestión de semanas o meses. Se calcula que la mitad de las personas contagiadas desde diciembre 2019 hasta hoy (242 millones al escribir esta columna) sufre “covid larga”. Esta persiste seis meses o más tras haber recibido el alta, con síntomas como fatiga, dolor, movilidad reducida, dificultades para concentrarse y problemas de respiración, cardiovasculares, digestivos y de la piel.

El riesgo de “covid larga” es mucho menor en personas vacunadas, pero persiste el riesgo de sufrir “niebla mental” y otros síntomas poscovid. Sin embargo, no está de más recordar que las vacunas protegen contra el contagio y, si esto falla, contra la severidad de los síntomas. Vacunarse es siempre lo recomendable, sin que eso signifique relajar las medidas de bioseguridad. 

Entre los síntomas comunes de la covid-19 están la pérdida del olfato y el gusto. Para algunos, “solo” haber padecido uno de estos síntomas es un alivio, pero aunque esto suene como una incomodidad menor, en ocasiones es señal de daño en el sistema nervioso. Si bien la mayoría de quienes se contagian recuperan estos sentidos, se calcula que entre el 7 % y el 12 % de pacientes sufren de parosmia, una alteración severa del sentido del olfato (versus la anosmia, no sentir olores). La parosmia causa un profundo sufrimiento porque hace que las personas, por ejemplo, perciban que sus alimentos huelen a rancio, a podrido o a vómito. Aún no se sabe cuánto puede durar esta condición o si será de por vida. Conviene recordar que estos malestares físicos pueden afectar el desempeño ocupacional y psicológico diario de quienes los sufren. Por ejemplo, el cansancio crónico o la parosmia puede traer consigo depresión, ansiedad o desesperanza, pues la persona nota que ha perdido control sobre las funciones más básicas de su cuerpo. 

Además de síntomas poscovid, requiere atención urgente el trabajo con las familias de personas fallecidas por covid-19. Al ya maltrecho tejido social salvadoreño se agregan ahora protocolos de actos fúnebres que refuerzan el estigma del contagio, duelos alterados y la pérdida secuencial o simultánea de varios miembros de la familia a causa de la enfermedad o sus complicaciones. El dolor psicológico por la pérdida es inmenso, pero no viene solo: se acompaña del aumento de dificultades vitales en lo cotidiano para quienes sobreviven, pues ya no está quien gana el sustento principal (a veces único) del hogar o quien procuraba cuidados específicos a miembros de la familia.

En esta línea, es fundamental hablar de la situación del personal de salud y sus familias en el país. En una entrevista radial, las doctoras Laura Laínez y Marta Pérez, representantes de familiares de personal de salud fallecidos durante la pandemia, reportaron que este año van más de 200 miembros fallecidos en este gremio por covid-19. De acuerdo con las entrevistadas, para cada una de estas muertes deben contemplarse entre cinco y seis personas directamente afectadas, es decir, las familias que dependían del personal fallecido. Las médicas reportaron, además, que no han recibido apoyo económico (prometido a través del Decreto 723) ni psicosocial para sobrellevar la muerte de sus familiares.

Fuera de las cuentas gubernamentales en redes sociales, el sistema de salud salvadoreño sigue colapsado. En la entrevista radial mencionada, se indica que en la red de salud no hay insumos de protección para el personal en los hospitales, no se proporciona equipo de bioseguridad y el que se entrega es material reutilizado o que se espera que usen por más tiempo del recomendado. El personal de salud que se contagia y logra recuperarse puede quedar con secuelas o desarrollar otras enfermedades, además del desgaste de llevar la carga (o sobrecarga) de trabajo en estas condiciones. En lo psicológico, el personal de salud está quemado por las muertes constantes (de sus pacientes y colegas), la falta de descanso y el riesgo de contagio no solo de covid-19, sino de otras enfermedades, todo ello exacerbado por la precariedad laboral.

Al personal de salud se les llama héroes, pero no se les reconoce (ni en lo material ni en lo social) el trabajo realizado ni se reivindica la memoria de quienes perdieron la vida por cuidar a otros. Dar un reconocimiento que trascienda el cliché del heroísmo nos obliga a razonar sobre el manejo de la pandemia en el país. No necesitamos publirreportajes en The Lancet sobre el Hospital El Salvador, sino datos claros sobre contagios, fallecimientos, recuperados y seguimiento a estos últimos para saber en qué terreno estamos parados. No nos sirven estrategias para evitar los contagios con enfoque impreciso que permite culpar a quien convenga, sino una visión de cuidado comunitario. Es preocupante que el Gobierno defienda la prescripción y la automedicación con las rotundamente contraindicadas hidroxicloroquina e ivermectina para prevención y tratamiento de la covid-19, en lugar de brindar herramientas de bioprotección y de apoyo psicosocial para que el personal de salud haga su trabajo con la mayor seguridad posible ante los riesgos.

Las consecuencias de la pandemia nos perseguirán por meses o años, y a mucha gente por el resto de su vida. Bajo esta perspectiva, es inhumano desestimar denuncias y críticas como si fueran una mera negatividad antojadiza. El oficialismo anuncia constantemente un nuevo proyecto esperanzador que finalmente se viene abajo con el paso del tiempo o con el peso del escrutinio. Aun así, el vicepresidente ha declarado que el descontento en El Salvador es una leyenda urbana; este negacionismo es un lujo que le saldrá caro al país. Hacerle frente al descontento, por el contrario, le resultará beneficioso. La salud mental, como se dice, está “fuera del individuo”, pues va de la mano con condiciones vitales como la seguridad alimentaria, laboral, personal, y el acceso a salud, educación y servicios básicos. En otras palabras, el bienestar va de la mano con las garantías de derechos humanos.

De cara a las secuelas físicas y psicosociales de la covid-19, el Gobierno de turno (y los que vendrán) enfrenta grandes retos para procurar la salud integral de la población durante y después de la pandemia. Podemos prever el aumento de la demanda en servicios de salud por problemas físicos, cognitivos y psiquiátricos. Podemos, también, prever el aumento de malestar psicológico: a partir de datos de diversos países, incluyendo El Salvador, se calcula que la prevalencia global de la ansiedad se ha triplicado por la pandemia, aumentando de 7.3 % a 25 %. A fin de cuentas, contagiarse de covid-19 no es un problema individual. Es prioridad canalizar recursos para dar seguimiento a los síntomas poscovid y atender a familiares de quienes han fallecido por el virus como punto de partida para promover la recuperación del país tras la pandemia.

* Ligia Orellana es psicóloga salvadoreña, doctora en psicología por la Universidad de Sheffield, Reino Unido. Actualmente es investigadora social en las áreas de prejuicio, violencia, bienestar subjetivo y temáticas LGBTI en el sur de Chile.  Es autora de los libros de cuentos Combustiones Espontáneas (UCA Editores, 2004), Indeleble (Colección Revuelta, 2011) y Antes (RIL Editores, 2015). Escribe también en los blogs  Qué Joder ,  Psicoloquio , y el webcómic  Simeonístico .
 
* Ligia Orellana es psicóloga salvadoreña, doctora en psicología por la Universidad de Sheffield, Reino Unido. Actualmente es investigadora social en las áreas de prejuicio, violencia, bienestar subjetivo y temáticas LGBTI en el sur de Chile.  Es autora de los libros de cuentos Combustiones Espontáneas (UCA Editores, 2004), Indeleble (Colección Revuelta, 2011) y Antes (RIL Editores, 2015). Escribe también en los blogs  Qué Joder ,  Psicoloquio , y el webcómic  Simeonístico .

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Columnas Tue, 26 Oct 2021 18:20:39 +0100 https://elfaro.net/es/202110/columnas/25810/Las-secuelas-de-la-covid-19-son-urgencias-no-daños-colaterales.htm
Inicia la creación del partido Nuevas Ideas en Guatemala http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_270_2000_1603/images%7Ccms-image-000036545.jpg https://elfaro.net/es/202110/centroamerica/25798/Inicia-la-creación-del-partido-Nuevas-Ideas-en-Guatemala.htm Familiares de un publicista guatemalteco, que ha sido socio en varias empresas de Nayib Bukele y Ernesto Castro, iniciaron en julio el proceso de creación del partido Nuevas Ideas en Guatemala. De lograr las firmas necesarias antes de enero de 2023, Nuevas Ideas podrá participar en la elección presidencial de ese año. El partido en El Salvador rechaza todo vínculo con su clon guatemalteco. Los impulsores del nuevo partido se negaron a hablar con El Faro. Read in English José Luis Araneda Cintrón, un abogado de 27 años, inició ante el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala (TSE) el 2 de julio de 2021 el proceso formal de fundación de un partido político llamado “Nuevas Ideas”, como el partido del presidente Nayib Bukele en El Salvador. El emblema del nuevo partido, de color cian, es idéntico al del partido salvadoreño e incluye una ‘N’ blanca. 

Araneda Cintrón aparece posando en una fotografía con Bukele en San Salvador, en Casa Presidencial, el día de las elecciones legislativas de febrero de 2021. Es sobrino de Pedro Andrés García Manzo Méndez, un publicista guatemalteco que entre 2005 y 2006 creó dos empresas junto a Bukele y una tercera junto a Ernesto Castro, exsecretario privado de la Presidencia y actual presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador.

Araneda fue elegido secretario general del grupo promotor de Nuevas Ideas en Guatemala el 9 de abril. Según consta en documentos que entregó al TSE, le acompañan en la junta directiva su madre, Mónica Cintrón Méndez, y otras siete personas, incluyendo al menos dos abogados del bufete en donde él trabaja y otro que fue asistente técnico del despacho de Thelma Aldana cuando ella fue fiscal general de Guatemala entre 2016 y 2018.

La misma semana de julio en que Araneda solicitó al TSE la inscripción del grupo promotor de Nuevas Ideas y también la junta directiva del mismo, dos medios guatemaltecos reportaron que Bukele estuvo en Ciudad de Guatemala.

El Faro revisó la documentación legal para la creación del partido, certificados de nacimiento, registros de licitaciones públicas en Guatecompras, registros mercantiles en Guatemala y El Salvador y redes sociales para identificar a los promotores de Nuevas Ideas en Guatemala. Además, consultó con exempleados de las empresas de García Manzo y pidió la respuesta de cada institución citada.

Nuevas Ideas en El Salvador rechaza todo vínculo con el grupo promotor en Guatemala. “Nuevas Ideas solo está aquí en El Salvador”, dijo José Navarro, vocero de Nuevas Ideas, el 18 de octubre a través de una llamada telefónica. “Puede haber iniciativas y movimientos de gente entusiasmada en otros países, pero no hay ningún tipo de vinculación con nuestro partido”.

La junta directiva del grupo promotor tiene hasta el 29 de octubre para entregar, entre otros documentos, una escritura constitutiva que incluye los órganos y reglamentos del partido, sus principios regidores y un compromiso con valores democráticos.

Si logran recolectar firmas de un 0.30 por ciento de los votantes registrados en Guatemala -unas 24,600 personas- antes de enero de 2023, podrán formalizarse como partido y competir en las elecciones presidenciales, legislativas y municipales de ese año, en un panorama político que de momento no tiene un partido dominante. En septiembre de este año, en Guatemala había 20 partidos inscritos legalmente y otros 26 en proceso de fundación, según el registro del TSE.

Un partido fundado por abogados

La junta directiva provisional del grupo promotor de Nuevas Ideas en Guatemala está compuesta principalmente por abogados jóvenes. Araneda estudió derecho en la Universidad Francisco Marroquín y trabaja en el bufete Trust Consulting Group (TCG), según su página en LinkedIn. En 2019 se registró como representante legal de una empresa abastecedora de restaurantes y durante la pandemia vendió mascarillas KN95 a través de sus redes sociales personales. Afirma también haber hecho pasantías legales en el Ministerio de Finanzas Públicas, la Embajada de Guatemala en Washington, D.C., y el Ministerio Público.

José Luis Araneda Cintrón, secretario general del grupo promotor de Nuevas Ideas en Guatemala, junto con el presidente Nayib Bukele el día de las elecciones legislativas de 2021 en Casa Presidencial. Araneda subió esta foto a su cuenta personal de Instagram.
 
José Luis Araneda Cintrón, secretario general del grupo promotor de Nuevas Ideas en Guatemala, junto con el presidente Nayib Bukele el día de las elecciones legislativas de 2021 en Casa Presidencial. Araneda subió esta foto a su cuenta personal de Instagram.

Su madre, Mónica Cintrón Méndez, administradora de empresas de telecomunicaciones de 47 años de edad, es medio hermana de García Manzo. En la junta directiva provisional de Nuevas Ideas Guatemala figuran también al menos dos compañeros de trabajo de Araneda en el bufete TCG: Roberto Eduardo Kestler Ordóñez, elegido secretario de finanzas del partido; y Blanca Estela Rodríguez, elegida secretaria.

Kestler ha cobrado en los últimos dos años 486,000 quetzales (unos $63,000 dólares) por servicios técnicos a la Policía Nacional Civil de Guatemala y al Ministerio de Energía y Minería, según registros de Guatecompras. El banner de su página personal de Facebook dice: “Yo apoyo al General Ríos Montt”. Publicó el banner en mayo de 2013, dos días después de que Ríos Montt fue condenado por genocidio contra el pueblo Maya Ixil.

Rodríguez, en su calidad de empleada de TCG, aparece como representante legal de al menos 23 empresas registradas desde 2009 bajo la dirección del bufete, en actas notariadas por abogados también de TCG, según el Registro Mercantil. Solo el 24 de enero de 2020 se inscribieron diez adquisiciones de empresas bajo el nombre de Rodríguez y vinculadas a la dirección del bufete, todas ellas de telecomunicaciones, publicidad o medios de comunicación.

El secretario de actas, Percy Adolfo Mena Villatoro, es un abogado de 27 años que fue asistente técnico en el despacho de la exfiscal general Thelma Aldana desde agosto de 2016 hasta junio de 2018. Stephanie Moes Villatoro figura como secretaria miembro. Es nutricionista licenciada en la Universidad del Valle.

Los tres nombres restantes en la junta directiva provisional son Luis Pedro Rossell Castillo, Diego Hernández Ruano y Rodrigo José Barreda Pinto. Rossell, secretario adjunto, afirma en LinkedIn ser coordinador de marketing y desarrollo en una empresa guatemalteca de seguros. Hernández es abogado y notario, egresado de la Universidad Francisco Marroquín en 2018 y con experiencia en derecho corporativo. Barreda empezó a trabajar en 2012 como gerente regional de una empresa de transporte en Ciudad de Guatemala.

El Faro contactó el 18 de octubre a Araneda y le pidió una entrevista. Él ofreció inicialmente tenerla ese mismo día, pero después pidió una semana de espera para concederla. En los días siguientes no respondió los mensajes de este periódico ni contestó preguntas que se le enviaron por escrito sobre la relación entre su partido con el de Bukele y la posible participación de su tío. García Manzo no atendió múltiples solicitudes de entrevista hechas por escrito y mediante llamadas a través de una de sus empresas y su teléfono personal.

El Faro también buscó una versión de Bukele a través de los secretarios de Prensa y Comunicación de la Presidencia y buscó a Castro a través de un asesor que se comprometió a trasladarle el mensaje. Además, se pidió respuesta a Kestler Ordóñez y Rodríguez a través de sus correos electrónicos en el bufete TCG. También se buscó a Mena por WhatsApp, correo electrónico y Facebook y a Moes, Rossell, Hernández y Barreda a través de sus cuentas de Facebook. Ninguno contestó.

El publicista

“200 km nos separan de un pequeño gobierno que actuó a tiempo y que utilizo los recursos para salvar vidas y volver a la normalidad, @DrGiammattei @GuatemalaGob @MinSaludGuate”, tuiteó Pedro Andrés García Manzo el 7 de septiembre de este año. Acompañó la frase con dos fotos, una del hospital en Parque de la Industria en Ciudad de Guatemala, donde los pacientes han tenido que acostarse en sillas de plástico para conectarse a respiradores, y otra de una fila inmaculada de camas de UCI en el Hospital El Salvador, el proyecto emblema del Gobierno de Bukele durante la pandemia.

Añadió: “que vergüenza la de ustedes! Lo que ustedes han hecho es pecado! Y pagarán!”

García Manzo es un empresario de larga trayectoria en Guatemala y El Salvador. En Guatemala lleva años manejando negocios de mercadeo digital, espectáculos y suministro de restaurantes. En El Salvador, ha sido socio del presidente Bukele y de Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa.  

Grupo Atomika, una productora de espectáculos, fue fundada por los tres en noviembre de 2005 y sigue inscrita en el Centro Nacional de Registros (CNR) de El Salvador. Sus últimos balances contables inscritos datan de 2013. García Manzo, Bukele y Castro fueron, respectivamente, director secretario, presidente y vicepresidente de la compañía hasta 2010, cuando fueron sustituidos. En noviembre de 2006, García Manzo y Castro crearon también en El Salvador La Barra S.A. de C.V., ​​una empresa dedicada a la comercialización de mercadería en general, y que modificó su nombre y pacto social en 2007. Desde entonces, el guatemalteco salió de su junta directiva.

En marzo de 2006, los tres socios también fundaron la Sociedad 503, S.A. de C.V., dedicada al montaje de restaurantes, bares o discotecas, según el CNR. En esta sociedad, el cuarto era Karim, el hermano de Bukele. Nayib Bukele y Castro ostentaron los cargos de administrador único propietario y suplente entre 2006 y 2011. Desde marzo de 2021, quienes aparecen inscritos como los administradores son los otros dos hermanos del presidente, los mellizos Yusef e Ibrajim.

En 2006, cuando García Manzo tenía 26 años de edad, los propietarios de Producciones Roma, una de las principales empresas salvadoreñas dedicadas a producir espectáculos, le otorgaron un poder especial para que llevara las riendas de la compañía, según documentos del CNR. Dos socios fundaron la empresa ese mismo año: Ronald Calvo, publicista y exvicepresidente de Telecorporación Salvadoreña (TCS), el mayor emporio televisivo salvadoreño, y Mario Horacio Villacorta, propietario también de Two Shows Producciones. En LinkedIn García Manzo dice que dirige Two Shows desde 2005.

Mario Villacorta también fue por años el propietario de la discoteca Mario’s en la Zona Rosa de la capital salvadoreña. La discoteca cerró alrededor del año 2000, cuando era investigada por la Policía Nacional Civil bajo sospechas de que sus meseros formaban parte de una red dedicada a la venta de drogas a los clientes. Posteriormente fue comprada y administrada por Nayib Bukele y su nombre pasó a ser Code.

El Faro llamó a Producciones Roma para entrevistar a Villacorta sobre su relación con García Manzo y Bukele, pero al cierre de esta nota no había contestado.

García Manzo también ha buscado negocios con el Gobierno de Bukele. En diciembre del 2019 la agencia de mercadeo digital de García Manzo, Dive Digital, anunció públicamente que se había reunido con el Secretario de Innovación de la Presidencia, Vladimir Hándal, “para presentar un proyecto de polo de desarrollo e innovación para El Salvador en el marco de la agenda digital del gobierno central”, según difundió la compañía en sus redes sociales.

García Manzo (segundo a la derecha) con José Marcenaro (segundo a la izquierda) en un evento de Dive Digital el 5 de abril de 2018. Publicada en la cuenta de Facebook de Rafael Barahona (primero a la izquierda), gerente comercial de Dive Digital.
 
García Manzo (segundo a la derecha) con José Marcenaro (segundo a la izquierda) en un evento de Dive Digital el 5 de abril de 2018. Publicada en la cuenta de Facebook de Rafael Barahona (primero a la izquierda), gerente comercial de Dive Digital.

Rafael Barahona, que asistió a esa reunión en calidad de director comercial de Dive, dijo a El Faro por mensaje escrito en WhatsApp que “conversamos de un proyecto de colocación de publicidad, como plataforma de innovación local, pero hoy, 22 meses después, nunca le dimos seguimiento”. Añadió que “Dive hasta la fecha no posee ningún contrato con el gobierno actual”. 

Dive Digital es el nombre comercial de una empresa salvadoreña que la exesposa de García Manzo creó en 2007, llamada Camina S.A. de C.V. A partir de 2017, según información del CNR, García Manzo administra la sociedad junto con José Marcenaro, que apareció en la publicación de Facebook en la que Dive Digital anunciaba su acercamiento con la Secretaría de Innovación de Bukele. García Manzo y Marcenaro renovaron sus credenciales de administradores de Camina en junio pasado y ostentarán el cargo hasta 2023.

El 1 de mayo, el día que Ernesto Castro asumió como presidente de la Asamblea de El Salvador, García Manzo lo felicitó en sus redes sociales personales usando una foto juntos. “Felicidades y adelante nuevo presidente de la Asamblea @eralca1sv”, escribió a las 6:00 pm en una historia privada en Instagram.

El publicista guatemalteco Andrés García Manzo (centro) con el presidente de la Asamblea Legislativa Ernesto Castro (derecha). García Manzo subió esta foto a una historia privada en su cuenta de Instagram por la tarde el 1 de mayo.
 
El publicista guatemalteco Andrés García Manzo (centro) con el presidente de la Asamblea Legislativa Ernesto Castro (derecha). García Manzo subió esta foto a una historia privada en su cuenta de Instagram por la tarde el 1 de mayo.

Horas después, la Asamblea salvadoreña, ya controlada por el partido Nuevas Ideas, destituyó ilegalmente a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general. Al día siguiente, García Manzo tuiteó: “Lo que está pasando en El Salvador es lo que debería de pasar en Guatemala, arrancar a los corruptos y mismos de siempre de raíz! Solo así se acaba con una plaga y se empieza a trabajar en limpio. Excelente @ECastroES @nayibbukele”.

Dive Digital hizo negocios con el Gobierno salvadoreño anterior: desarrolló campañas de publicidad para el Ministerio de Turismo hasta al menos marzo de 2019, durante el mandato del efemelenista Salvador Sánchez Cerén. Lo afirman tanto exempleados consultados por El Faro como una publicación en la página de Instagram de Marcenaro el 25 de marzo de 2019.

Campañas políticas, net centers y vehículos blindados

García Manzo tiene una trayectoria consolidada en la política centroamericana. La empresa guatemalteca de mercadeo digital Latin Interactive Group, S.A., que él cofundó en 2006, desarrolló diversas campañas electorales en Centroamérica. En algunas contiendas hizo equipo con asesores que trabajaban en ese momento para Bukele o que lo asesoraron años más tarde.

Por ejemplo, la agencia de García Manzo trabajó en la campaña de Rodrigo Ávila cuando fue candidato a la Presidencia salvadoreña con el partido derechista Arena en 2009. En el equipo de campaña de Ávila también estuvieron Porfirio Chica y Christian Guevara, que años después ayudarían a Bukele a ganar la Presidencia. Guevara es actualmente el jefe de la fracción de Nuevas Ideas en El Salvador y Chica es uno de los estrategas políticos de cabecera del presidente Bukele.

En Guatemala, la agencia trabajó también en la campaña presidencial de 2008 de Álvaro Colom -encarcelado por seis meses en 2018 por corrupción-, y en 2011 en la de su sucesor en la Presidencia de Guatemala, el militar Otto Pérez Molina, hoy en la cárcel por corrupción. Fue en esa segunda campaña donde trabajó junto con el consultor costarricense Danilo Morales, quien para entonces ya tenía años trabajando para las campañas del FMLN en El Salvador. Morales confirmó a El Faro en 2019 que también asesoró a Bukele desde la primera incursión de este en política en 2012 como alcaldía de Nuevo Cuscatlán.

En Nicaragua, la agencia trabajó además en la campaña a la reelección de Daniel Ortega en 2012. También asesoró a políticos destacados de Panamá, Haití y Curaçao, según un perfil publicitario de Latin Interactive en Prensa Libre en 2015. La empresa también se dedica a crear net centers: “Los Net Centers tendrán como prioridad crear una unidad especializada en hacer crecer a la marca en el ámbito digital, según el negocio que maneje el cliente”, se lee en el publirreportaje.

En julio de 2015, Prensa Libre acusó a un programador de Latin Interactive, Héctor Mauricio Rodríguez, de clonar su sitio web para diseminar ataques contra críticos y adversarios políticos de Manuel Baldizón Méndez y promover la campaña del entonces presidenciable Jimmy Morales. Baldizón fue arrestado en Miami en 2018 bajo cargos de aceptar sobornos de la empresa de construcción Odebrecht. Morales dejó la Presidencia en 2019 tras desmantelar la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que lo investigaba por aceptar donaciones ilícitas en su campaña electoral.

García Manzo también es CEO de En Vivo Producciones, una empresa guatemalteca de promoción de eventos y artistas. ElPeriódico lo citó como gerente general cuando la empresa trajo al cantante Luis Miguel a Guatemala en 2018.

En 2011 y 2012, En Vivo cobró 658,000 quetzales por el arrendamiento de vehículos blindados a la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia, según Guatecompras. 2011 fue el año en que Latin Interactive manejó la campaña electoral que llevó a la presidencia a Otto Pérez Molina. En 2013 y 2014, En Vivo cobró 611,000 quetzales por el arrendamiento de vehículos blindados al Ministerio de Gobernación.

García Manzo ha sido muy crítico del actual presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei. Incluso se sumó en julio a los llamados de manifestantes que exigían su renuncia: “#RenunciaYaGiammattei @DrGiammattei ya es tarde, por qué no han habido despidos? Donde está el dinero? Estamos a puras donaciones !! No hay logística! Por qué no abrirlo desde los 18 años y que se vacunen los que realmente quieren! Nada sobre la ley seca!!”, tuiteó el 20 de julio.

El 29 de julio, el primer día del paro nacional antigobierno, volvió a su cuenta de Twitter: “A qué hrs es la manifestación en el parque central?”, escribió.

*Con reportes de Julie López y Asier Andrés

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Centroamérica Mon, 25 Oct 2021 20:47:59 +0100 https://elfaro.net/es/202110/centroamerica/25798/Inicia-la-creación-del-partido-Nuevas-Ideas-en-Guatemala.htm
Los criminales de Guatemala asedian a los operadores de justicia - Por Álvaro Montenegro https://elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg https://elfaro.net/es/202110/360grados/25807/Los-criminales-de-Guatemala-asedian-a-los-operadores-de-justicia---Por-Álvaro-Montenegro.htm 360 grados Sun, 24 Oct 2021 22:24:26 +0100 https://elfaro.net/es/202110/360grados/25807/Los-criminales-de-Guatemala-asedian-a-los-operadores-de-justicia---Por-Álvaro-Montenegro.htm Siquiatra que entrevistó al asesino de Chalchuapa: "puede discernir entre lo lícito e ilícito" http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000035894.jpg https://elfaro.net/es/202110/el_salvador/25780/Siquiatra-que-entrevistó-al-asesino-de-Chalchuapa-puede-discernir-entre-lo-lícito-e-ilícito.htm Tres meses después de descubiertas las fosas de Chalchuapa, el expolicía cuyos crímenes dieron la vuelta al mundo, sigue contando su versión de algunos asesinatos como si fuera una trivialidad. El Faro obtuvo acceso al peritaje siquiátrico donde Hugo Osorio, conocido como el asesino de Chalchuapa, confiesa cómo mató a una de las víctimas, habla de Dios, se contradice, se justifica por haber estado borracho y, sin prueba ni argumento alguno, dice que fue en defensa propia. El siquiatra que lo evaluó concluyó que debe continuar el proceso penal porque es "siquiátricamente competente tanto para discernir entre lo lícito e ilícito, así como para gobernar su conducta en congruencia con dicha comprensión”. Un siquiatra de Medicina Legal determinó que Hugo Osorio no padece de ninguna condición mental que le impida reconocer que cometió varios delitos cuando asesinó y enterró a un número indeterminado de personas en el patio de su vivienda ubicada en el callejón Estévez, en la colonia Las Flores, Chalchuapa. El médico llegó a dicha conclusión tras realizar un examen siquiátrico al expolicía en la clínica médica del centro penal de máxima de Seguridad de Zacatecoluca, el jueves 19 de agosto de 2021, ya que debía cumplir una orden judicial que busca concluir si el asesino de Chalchuapa es una persona inimputable, es decir que no distingue entre lo lícito e ilícito. Dicho de forma sencilla, y según el peritaje, Osorio es un salvadoreño que entiende lo que hizo, que lo entendió mientras asesinó y sepultó.

El Faro tuvo acceso a un informe de 15 páginas que el siquiatra adscrito al Departamento de Ciencias Forenses de la Conducta del Instituto de Medicina Legal de San Salvador elaboró sobre el diagnóstico de Osorio el 26 de agosto de 2021. El médico dejó constancia en el documento de que el paciente es consciente de la consecuencia de sus actos. “Al momento de la presente evaluación no existen indicadores clínicos de psicopatología activa que pudiera homologarse con los constructos jurídicos de enajenación mental, grave perturbación de la conducta o desarrollo psíquico retardado o incompleto” y agregó que "en el momento de los hechos de interés jurídicos es psiquiátricamente competente tanto para discernir entre lo lícito e ilícito, así como para gobernar su conducta en congruencia con dicha comprensión”.

La vivienda de Hugo Chávez Osorio está ubicada en la colonia Las Flores, del municipio de Chalchuapa, en el departamento de Santa Ana. Sus alrededores están controlados por la pandilla MS-13. Foto de El Faro: Víctor Peña. 
 
La vivienda de Hugo Chávez Osorio está ubicada en la colonia Las Flores, del municipio de Chalchuapa, en el departamento de Santa Ana. Sus alrededores están controlados por la pandilla MS-13. Foto de El Faro: Víctor Peña. 

En algunos procesos penales, los jueces y juezas ordenan una evaluación siquiátrica para determinar que los acusados no distinguen entre lo lícito e ilícito, porque esta evidencia médica es fundamento para declararlos inimputables. En estos casos, los juzgadores no pueden ordenar una pena de cárcel. En cambio, dictan medidas como internamiento siquiátrico, tratamiento ambulatorio o vigilancia en la vivienda. En el caso del asesino de Chalchuapa, como es conocido por los medios de comunicación, el Juzgado Especializado de Instrucción de Libre Violencia contra la Mujer de Santa Ana dará a conocer si la prueba tiene validez o no cuando finalice la etapa de instrucción (recolección de evidencia por parte de la Fiscalía y defensa). Dicho proceso penal está bajo reserva total para que no sean revelados detalles de las víctimas. 

En el informe médico consta una parte de la entrevista al expolicía transcrita en primera persona, con sus palabras directas. “Yo no he hecho todo eso. A mí me quieren hacer responsable de todo”, se lee en el dictamen siquiátrico. Los vecinos alertaron a la Policía que Osorio perseguía a una joven que pedía auxilio en el callejón Estévez. Ellos observaron cuando la golpeó con un tubo en el cuello y la arrastró a su vivienda la noche del viernes 7 de mayo. La delegación central de la Policía se comunicó con el puesto policial de Chalchuapa tras recibir las primeras llamadas de los vecinos, pero el teléfono estaba descompuesto. Media hora después lograron comunicarse con los agentes por radio y con ayuda de los vecinos ubicaron la vivienda donde encontraron a dos mujeres asesinadas. Luego los policías observaron que en el patio de la casa estaba una fosa con dos cadaveres en el suelo, según dos fuentes policiales involucradas en la investigación.

Osorio desmiente la versión y asegura, sin aportar ninguna prueba, que asesinó a la joven en defensa propia. Luego, dice, tomó una ducha y esperó a los policías para enseñarles donde estaban las fosas. “Los esperé y hasta me bañé, porque la verdad es que ya no quería andar emproblemado, porque ya tenía dos meses de estar hablando con Dios”, se lee en el informe del siquiatra. Esta versión contradice a las autoridades que aseguran que Osorio se cortó las venas y fingió estar muerto. “Cuando los agentes comenzaron a buscar no vieron a nadie parado. Entonces comenzaron a buscar a la persona y después se dieron cuenta que Osorio estaba encima de una mujer haciéndose el muerto, porque no pudo dejar de moverse”, dijo el pasado mayo a El Faro una fuente policial que participó en la detención. Osorio fue trasladado al hospital de Chalchuapa para ser atendido por las heridas que tenía en las muñecas. Más tarde, los agentes lo llevaron de nuevo a su vivienda para que brindara detalles sobre el caso. "Él dijo que las fosas están aquí y allá en el patio. Él dijo todo. No hubo necesidad de nada”, dijo otra fuente policial.

Una semana después del hallazgo de los cuerpos, la Fiscalía y el Ministerio de Justicia y Seguridad realizaron una conferencia de prensa donde los titulares hablaron sobre un aproximado de 48 personas enterradas. Culparon al antropólogo forense, Israel Ticas, de brindar información errónea a la prensa, porque reveló que en una de las once fosas había un aproximado de 15 personas. Aprovecharon para decir que los medios de comunicación han manejado el caso “con morbo”. A partir de ese momento han manejado con discreción el proceso judicial y revelan detalles generales. En ese mismo evento, Max Muñoz, jefe de la Unidad Antipandillas y Casos de Homicidio, hizo público que Osorio es testigo criteriado, es decir que delató a nueve personas que participaron junto con él en los hechos a cambio de recibir beneficios judiciales que no han sido revelados. De acuerdo al fiscal, su participación consistió en “lanzar los cadáveres al pozo y por tanto era el único testigo de las personas que en la autoría principal cometieron los homicidios y los feminicidios”. 

El pasado 7 de octubre, el Instituto de Medicina Legal entregó a ocho familias los cuerpos de 12 personas encontradas en una fosa. Tres de las víctimas eran menores de edad (dos niñas y un niño). Hasta el momento, la Fiscalía acusa a Osorio de doble feminicidio. La fiscal Graciela Sagastume, coordinadora de la Dirección Nacional de la Mujer de la Fiscalía, dijo que el móvil de la mayoría de los crímenes es violencia de género. Sin embargo, no brindó la cifra exacta de cuántas mujeres, hombres y niños y niñas se encuentran enterrados.

Tras este párrafo se publica parte de la transcripción en primera persona de la entrevista siquiátrica a Osorio, en la que hace un resumen sobre algunos de los hechos de los cuales no brinda fecha o nombres de las personas que supuestamente participaron en los crímenes y actualmente se encuentran bajo detención provisional. En el siguiente texto se omitieron datos que puedan dañar la integridad de las víctimas. Lo expresado por Osorio revela algunos detalles de la forma en la que operó para atraer a sus víctimas, muchas de ellas descritas como mujeres con importantes necesidades económicas. Sus palabras describen también la terrible normalidad con la que estos violentos actos ocurrieron en un pasaje estrecho, de casas pequeñas, pegadas una a la otra. Con sus incoherencias, falsedades y revelaciones, este es el relato de un hombre que fue militar en la guerra, policía en la postguerra y asesino confeso, y que, entre otras cosas, relata cómo, en contubernio con su amigo, un soldado, mataron a una mujer para librarlo de la cuota de manutención obligatoria por su hijo. Y luego, a la madre de esa mujer; y luego, a su hijo también. 

Agentes policiales muestran a Hugo Osorio a los medios de comunicación, la mañana del domingo 9 de mayo, horas después de haber sido capturado el flagrancia. Foto: Ministerio de Seguridad y Justicia. 
 
Agentes policiales muestran a Hugo Osorio a los medios de comunicación, la mañana del domingo 9 de mayo, horas después de haber sido capturado el flagrancia. Foto: Ministerio de Seguridad y Justicia. 

“En lo fundamental y para los fines de la presente experticia resulta pertinente destacar del  discurso del periciando (Hugo Osorio) que: 'Bueno, es que mire, yo estoy aquí por una muchacha. Ella era la pareja de mi hermano, porque la visitaba. Así fue como la conocí, y quizá se habían caído bien porque tenía más de un año de conocerla. De vez en cuando íbamos con mi hermano a tomar allí (a un negocio). Ella vivía con la mamá. Poco a poco nos fuimos haciendo amigos y a veces hasta salíamos en su vehículo. La última vez que la vi fue en la casa, hace como cinco meses. Fuimos allá por Catedral, por allí venden nachos, papas y cosas así. Entonces salió de ir allá (a la casa de Chalchuapa), pero ella tomó la iniciativa. Nos fuimos en el carro. Llegamos, tomamos y allí fue que se dio el problema, la discusión. Ella se puso agresiva, prepotente. Como la puerta del portón estaba abierta, entraron dos amigos, dos conocidos, con los que teníamos reuniones allí.

Hasta cinco edecanes habíamos llevado a esa casa. Personas así, pues sí, que se les da dinero por su cuerpo. Y entonces uno de ellos le dijo a ella (víctima) que le daba $200 y allí fue que ella se paró y dijo que no y se puso violenta. 

Yo quise darle aquí (tocando la parte posterior del cuello), pero ella se hizo para un lado y le cayó en la cara y ya no se movió. Era con el hierro de una piocha, pero no con la parte de arriba, porque hay unas piochas que tienen madera, pero esa era de metal, el palo de la piocha, pues. Y mire se dieron cuenta porque se dio el gran alboroto y por eso llegaron (los policías). Yo los esperé, porque bien me pude haber ido, pero los esperé. Llegaron entre las 11:30 y 12:00 p.m. Allí fue que (los policías) se bajaron y le daban duro a la puerta. Le quité el pasador, porque esa puerta tiene doble pasador pero se abre para afuera, y como ellos le daban duro me costó abrirla. Pero yo les abrí.

Yo los esperé y hasta me bañé, porque la verdad es que ya no quería andar emproblemado, porque ya tenía dos meses de estar hablando con Dios y por eso los esperé. No me quedó tiempo de irme. Bien pude irme, pero ya no quería seguir así. No le hallaba sentido a la vida, porque la felicidad no es hacer daño. Usted (siquiatra) me pregunta cosas, pero no me pregunta si he delinquido y yo he delinquido, he estafado, he engañado a mujeres y ya no quería seguir así. Allí (Chalchuapa) había un carro y bien me pude haber ido y no me fui. 

Dos meses tenía de estar queriendo dejar esto, esta vida, pues, pero algo me impulsaba porque las cosas se dan aunque uno no quiera. Y así es que pasan las cosas. Vaya, porque las personas con las que se dio el problema, de ellas salió salir y siempre había un acuerdo para salir conmigo. Nunca las obligué. Ese día no teníamos pensado salir, pero fuimos porque de ella salió ir a Chalchuapa. Y yo llevé a la casa unas cervezas y comenzamos a tomar. En eso ella agarró un cuchillo y, de repente, se me abalanzó por la espalda. Yo estaba tomado, y como he estado en el Ejército, pues me tuve que defender. 

La mamá de ella era la suegra de un amigo. Entonces, con este amigo hablábamos. Él había estado en la Segunda Brigada y me contaba que quizás el niño no era de él. Le tenía un odio a la muchacha, porque le decían que ella tenía a otro soldado y se sentía como celoso, como herido. Además le estaban descontando (manutención) más por el niño y por eso quería ver cómo arreglaba las cosas. Y allí fue que planificó quitarle la vida a ella, porque me dijo: “yo me quiero quedar con el niño”. 

Le dije a ella que llegara a la casa y la señora llegó, la mamá de la muchacha, y le di con el hierro de la piocha. Después, la otra hija de la señora llegó con el niño y empezó a llorar. Yo me fui a una tienda y cuando regresé ya estaban en el suelo. Me impresionó ver al niño, porque eso sí me molestó, y le dije a él (soldado) que el trato no era matar al niño, pero él me dijo: “ni modo. Hoy ya estuvo”. Y  los comenzamos a enterrar. Después, yo les ponía arenilla con cemento también, porque en la casa tenía. 

A nosotros nos gustaba salir, ir a night clubs, a ríos, balnearios y conseguir mujeres que les gusta el dinero fácil. Aquí pasan cosas que no entiendo, porque antes me tenían en una celda y ahora me han pasado a otra.  No es que me esté quejando, porque peores cosas pasó uno en la guerra, allá nos tocó hasta vivir en hoyos en la tierra. No entiendo por qué lo hacen si yo nunca le faltaría el respeto a ellos (dirigiendo la mirada a los agentes de seguridad que custodiaban el espacio asignado para este peritaje). Ni a usted que es un profesional, porque lo respeto. Yo entiendo, porque he sido como ellos (señalando nuevamente a los agentes de seguridad), sé cómo se hace todo esto. Ahora me tienen en una celda, digamos, un poco más incómoda, pero está bien. Yo, desde que ingresé aquí, soy cristiano evangélico. 

La vivienda de Hugo Chávez Osorio está ubicada en la colonia Las Flores, del municipio de Chalchuapa, en el departamento de Santa Ana. Sus alrededores están controlados por la pandilla MS-13. Foto de El Faro: Víctor Peña. 
 
La vivienda de Hugo Chávez Osorio está ubicada en la colonia Las Flores, del municipio de Chalchuapa, en el departamento de Santa Ana. Sus alrededores están controlados por la pandilla MS-13. Foto de El Faro: Víctor Peña. 

Después de solicitarle enfocar su discurso alrededor de los hechos de interés jurídico refiere: "Es que, mire, las autoridades no sabían nada. Yo les dije. Ellos no daban. No dieron. Como cinco veces fueron y no hallaron nada. Yo le dije a un sargento que allí (en el patio de su casa) había más y que buscaran. Cuando no hallaron nada, el sargento me dijo que yo estaba delirando y mire dónde estaban. Un sobrino fue el que empezó todo esto. Yo no fui. Y fue una vez que yo había llevado a una muchacha a esa casa y vi que le hizo ojitos a él. En eso salí y cuando llegué ya la había matado y me dijo: “vos la fuiste a traer. Si me dicen algo voy a decir que entre los dos la matamos”. Y la enterró. Él la enterró. Yo no. Yo sólo vi, o sea, directamente solo participé en uno y presente estuve como en seis, creo. Porque directamente solo fue cuando maté a mi sobrino.

Fue un día que llegué solo a la casa, porque yo tenía llave, pero otros amigos y mi sobrino también tenían llaves. Entonces ahí lo encontré (sobrino) y comenzó a hablar de dinero, que quería dinero. Y yo vi dos sillas, así como estamos nosotros frente a frente, pero en una había un vaso con agua, y él me decía 'sentate, sentate'. No me senté porque nunca me ha gustado estar como estoy aquí (de espaldas a la única puerta de acceso a la habitación). Yo prefiero estar así como usted está pegado a la pared.

Y entonces lo comencé a ver acelerado. Se fue atrás de la casa y me dijo 'mirá, aquí te caen las hojas', e hizo el mate de recoger unas hojas y las puso así a un lado. Fue a traer un azadón y una piocha. Yo vi que me miró así como raro y se me fue encima con la piocha, pero en el forcejeo se la quite y le di con la piocha aquí (señalando hipocondrio izquierdo) y después le di aquí, pero de lado (tocando su cabeza, específicamente la región parietal izquierda) y allí cayó y ya no se movió. 

Después, como a la par vive mi hermana, yo me trepé para ver si habían escuchado algo y no vi a nadie. Vi a los dos chuchos sueltos, cuando ella los mantenía amarrados, que habían matado a dos pollos. Entonces, dije 'bueno me voy a cambiar', porque a mí siempre me gustaba andar con ropa así, como usted, “y lo voy a enterrar. Ni modo”, dije. Cuando me fui para adentro a ponerme la calzoneta vi que el sofá estaba movido, así para adelante, y vi bolsas negras y vi que salía un pie y supe que era el pie de mi hermana. En las otras bolsas estaban mis otros dos sobrinos. Pero yo dije, 'si me presento, me van a detener. Mejor los voy a enterrar'. Ella era como mi segunda mamá. 

Yo sólo de ese me hago cargo, porque el de la muchacha fue en defensa propia y yo andaba tomado. Un poco. Pero como le digo, ya no quería andar estafando y andar mujereando, porque yo estafaba. Por ejemplo, le decía a alguien que le vendía un carro, pero que necesitaba un dinero (por adelantado) para pagar unos gastos para que lo mandaran. Yo veía como lo convencía, me lo daban y desaparecía.

Junto al criminólogo forense, Israel Ticas, en la escena también trabajaron agentes de la PNC y reos de fase de confianza de la Dirección General de Centros Penales. Foto de El Faro: Víctor Peña. 
 
Junto al criminólogo forense, Israel Ticas, en la escena también trabajaron agentes de la PNC y reos de fase de confianza de la Dirección General de Centros Penales. Foto de El Faro: Víctor Peña. 

En cuanto a la propiedad de la vivienda que menciona precisa que: Esa casa no era mía.  Es de una señora. (La casa) estaba hipotecada, pero ella me dijo que cuando consiguiera el dinero se la pagara. Y otra vez me dijo 'póngala en venta', y por eso es que siempre llegaba. 

Finalmente, al solicitarle una opinión sobre su biografía hasta este día, expone que: Mire, yo tuve una infancia bonita, una infancia feliz. Yo nunca pensé estar aquí. Uno piensa, uno a veces piensa, qué va a pasar, porque no sé si hasta aquí va a llegar mi vida. Si aquí me voy a morir va a ser voluntad de Dios, pero le pregunto a usted, con todo respeto porque es un profesional, ¿qué haría usted si alguien se mete a su casa y usted le pega un par de balazos? ¿Se va a entregar? 

Yo siento que di un buen paso cuando me entregue a Dios. Voy a decirle una cosa: el enemigo puede más que uno y ahora tengo a Dios en mi corazón. Y mire, no me lo está preguntando, no sé de qué religión es usted, pero le pregunto, ¿cree en Dios? Cinco días antes de que cayera preso una profeta me dijo: 'Dice el señor que te está librando de una gran carcelada ¿Vamos a la iglesia?'. Y no le hice caso.  Era mujer. En la calle me la encontré. No la conocía, pero era una profeta. Dice el Señor que todo es vanidad de vanidades. Yo no he hecho todo eso. Solo uno. A mí me quieren hacer responsable de todo. Aquí uno se da cuenta de todo y está bien, porque aunque yo no lo haya hecho yo soy el responsable de la casa. Como dijo alguien, 'no sé quién y no sé dónde, yo solo sé que no sé nada'.

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El Salvador Sun, 24 Oct 2021 17:08:20 +0100 https://elfaro.net/es/202110/el_salvador/25780/Siquiatra-que-entrevistó-al-asesino-de-Chalchuapa-puede-discernir-entre-lo-lícito-e-ilícito.htm
Los migrantes desaparecidos entre México y Estados Unidos se cuentan por miles http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_0_2000_1333/images%7Ccms-image-000032641.jpg https://elfaro.net/es/202110/centroamerica/25775/Los-migrantes-desaparecidos-entre-México-y-Estados-Unidos-se-cuentan-por-miles.htm Las organizaciones de familiares de migrantes del Triángulo Norte de Centroamérica estiman que los desaparecidos en México actualmente rondan los 1,000. En abril pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en ese país calculó que aún hay 2,000 migrantes de diversas nacionalidades desaparecidos, mientras que la Organización Internacional para las Migraciones afirma que 3,359 murieron o desaparecieron desde 2014. Por ahora, la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho en México asiste a 51 familias de Honduras, 43 de El Salvador y 30 de Guatemala para exigir la búsqueda de los desaparecidos y justicia a las autoridades mexicanas. Tres años después de enterrar a su hermano José en 2018, Lorena todavía no puede volver al cementerio. La sola idea de ir la hace sentirse enferma. La última vez que vio a José con vida fue en 2014 y él tenía 19 años. Estaba empleado como administrador de un edificio en la Ciudad de Guatemala, y visitaba la casa familiar en Jalapa (a 95 kilómetros al este de la capital guatemalteca).

“Le habían dado 14 días de vacaciones, y vino una semana a Jalapa, habló con un amigo, y se fueron”, recuerda Lorena sobre la repentina decisión de su hermano de viajar a Estados Unidos. “Les cobraban Q75,000 (unos US$10,000); pagó la mitad, y la otra la iban a pagar allá. (Si no lograban pasar), les daban un segundo intento”.

Iban a Louisiana, donde un hermano del amigo de José trabajaba en un restaurante de comida mexicana, y los esperaba con empleos de lavaplatos y limpieza.

Nunca llegaron.

Tenosique, Tabasco, México. Imagenes de migrantes desaparecidos que portaban las mujeres de la XI caravana de madres centroamericanas en busca de sus hijos desaparecidos, ocurrida en 2015. Foto de El Faro: Archivo.
 
Tenosique, Tabasco, México. Imagenes de migrantes desaparecidos que portaban las mujeres de la XI caravana de madres centroamericanas en busca de sus hijos desaparecidos, ocurrida en 2015. Foto de El Faro: Archivo.

José es uno de los 1,819 hombres, la mayoría entre 18 y 50 años de edad y centroamericanos o mexicanos, que desaparecieron o murieron entre 2014 y 2020, en México, según un informe de Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Esa cantidad parte de un total de 3,359 hombres y mujeres contabilizados por la misma organización en ese mismo territorio, incluyendo todas las nacionalidades. José también es uno de los 400 guatemaltecos que, según estimados de organizaciones guatemaltecas, desaparecieron en las últimas dos décadas cuando emigraban hacia Estados Unidos. Hay un consenso entre organizaciones especialistas en migración en que estos números son apenas un subregistro de lo que en realidad ocurre, pero aún así son cifras escandalosas. 

La búsqueda de José ha sido tortuosa debido a la inicial falta de colaboración de las entidades gubernamentales mexicanas y centroamericanas. Mientras tanto, la pobreza y la violencia siguen empujando a migrar, pese a los peligros del camino, donde depredadores que van desde grupos de crimen organizado asociados con los coyotes, hasta autoridades coludidas, acechan a los migrantes. Solo en agosto pasado, autoridades de Estados Unidos detuvieron en la frontera sur de este país a 37,053 guatemaltecos, a 12,656 salvadoreños, y 41,831 hondureños.

“Ya no supimos de mi hermano”, dice Lorena.

La familia no sabía dónde comenzar a buscar. José nunca llamó desde el camino para contar cómo le iba. Entonces, Lorena buscó al coyote (que vivía en Guatemala), el único que podía tener alguna pista. “Al principio era muy amable, y nos daba algunos datos”, dice. Ella tenía 17 años y lo iba a buscar con las madres de otros dos jóvenes que habían viajado con el mismo sujeto.

“Llegábamos cada siete, cada quince días, cada mes. Los últimos días, más seguido, averiguando”, agrega Lorena. “Sabíamos que, en tal lugar, tal hotel, investigando rastros”. Un día, la amabilidad del coyote se acabó.

“Nos sacó la pistola”, recuerda. “Y nos gritó: ‘¡Si no se largan ahora, las voy a matar!’”.

Corrieron para huir del lugar. Habían tocado fondo. El rastro se perdía en un hotel en Tamaulipas, México, estado fronterizo con Estados Unidos. Llevaban un año y medio de búsqueda cuando la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho (FJEDD) tomó el caso. En Estados Unidos, el hermano de otro desaparecido de Jalapa supo de esta fundación mexicana y se corrió la voz. Los familiares de otros desaparecidos también buscaron su apoyo.

Un parteaguas

“La fundación investigó dónde se quedaron (su hermano y su amigo), con pistas que dio el coyote, siguiendo cada pedacito de información”, dice Lorena. “Un hotel es el último lugar donde estuvieron, y después tenían que cruzar un río (el Río Bravo), pero no lo lograron. Se montaron en una camioneta, y les perdieron el rastro”.

Reconstruían la ruta con retazos. Parte de la información surgió de alguien que viajó con José, pero salió del hotel antes que el grupo y cruzó la frontera. Eso lo salvó.

“La fundación dio con el primer rastro de la fosa en El Naranjo, una finca en Tamaulipas, en 2018”, recuerda Lorena. “Con un perro ubicó al primer muerto. (Allí estaba) mi hermano, su amigo, unos hondureños y más cadáveres”. Diez cuerpos. Presuntamente eran de otros migrantes que también estuvieron en el hotel.

Las madres de la caravana durante un evento en Palenque, Chiapas, México, en 2015, en plena plaza del pueblo, con las imágenes de sus desaparecidos. Foto de El Faro: Archivo.
 
Las madres de la caravana durante un evento en Palenque, Chiapas, México, en 2015, en plena plaza del pueblo, con las imágenes de sus desaparecidos. Foto de El Faro: Archivo.

Datos de la OIM revelan que, entre 2014 y 2020, el 8.31 % de desapariciones o muertes en México ocurrieron en Tamaulipas, el estado donde hubo más casos.

La fundación encontró los restos de José cuando él hubiera tenido 23 años. Lorena tenía 21. También habían transcurrido ocho años desde que 72 migrantes fueron masacrados en San Fernando, Tamaulipas en 2010, y sus familiares aún esperaban justicia. Por eso, la FJEDD se creó en 2011, según la representante para El Salvador, Claudia Interiano.

Todavía está en marcha un proceso legal para que la Fiscalía General de la República (FGR) de México, antes Procuraduría General de la República (PGR), publique información del caso. Las 16 personas detenidas por los hechos de 2010 no han sido sentenciadas. Todavía no hay capturados por el caso de 2014, del hermano de Lorena y otras nueve personas. Se solicitó información a la oficina de comunicación social de la FGR por correo electrónico, pero, aunque acusó recibo, no reveló el estado del caso.

¿Cuántos migrantes buscan?

La FJEDD busca a 124 centroamericanos: 51 de Honduras, 43 de El Salvador y 30 de Guatemala. Todos son casos documentables de migrantes desaparecidos que la fundación tiene capacidad para representar, y que denunció ante el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación (MAE), en consulados mexicanos en los tres países. Las investigaciones también están abiertas en la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la FGR de México (UIDM) o en fiscalías estatales.

La fundación representa casos ante el MAE para abrir el camino y que los comités de familiares tengan acceso a la justicia desde los países de origen. También los asesoran para interponer denuncias directamente. La fundación representa sólo una muestra de cientos de casos, y por ello insta a las asociaciones en cada país a denunciar los demás.

Sólo en Guatemala, la Asociación de Familiares de Migrantes Desaparecidos (Afamideg) contabiliza 400 desaparecidos, unos desde hace 17 años, según Lorena, quien pertenece a la asociación. Afamideg incluye familias de San Marcos, Quiché, Quetzaltenango, Chimaltenango, Escuintla, Santa Rosa, y Jalapa. Interiano dice que la asociación Pop No’j lleva un rastreo de casos más completo, particularmente en el occidente del país, y también recibe asesoría de la FJEDD, que además trabaja con la Defensoría del Migrante, en la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) en Guatemala.

En el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (Cofamide), Lucía Contreras asegura que han sabido de unos 350 salvadoreños desaparecidos en los últimos 20 años. El comité ha ubicado los restos de 50 personas por medio del ADN y a seis personas con vida. No fue posible conseguir el dato con Cofamide de Honduras, que en 2017 llevaba 400 casos, una cifra similar a la del Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso, Honduras (Cofamipro), en 2016. El boletín REDLAC, que produce el Consejo Noruego para Refugiados y Cooperación Española, entre otras entidades, con el apoyo de un colectivo de organizaciones, incluyendo OIM, citó a una organización humanitaria en Honduras indicando que, “funciona más el mecanismo de búsqueda que tienen los Comités que el del Estado”

Entre 2011 y 2017, la PDH en Guatemala recibió 99 solicitudes de apoyo para ubicar migrantes desaparecidos: 80 hombres y 19 mujeres, incluyendo ocho menores de edad. Identificó a 30 en México y a cinco en Estados Unidos, según un reporte de la Procuraduría de 2018 citado por el informe de OIM. La Defensoría del Migrante solo lleva una parte de los casos y posiblemente algunos sean los mismos que llevan las organizaciones de familiares.

La salvadoreña Yolanda Ramírez sostiene una imagen de su hija, Ana María, a quien vio por última vez el 24 de abril de 2007, cuando salió como migrante hacia Estados Unidos.  En diciembre de 2016, a través del Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos, COFAMIDE, Yolanda puso una demanda ante el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano, en su Embajada en El Salvador. Ahora es parte del registro Nacional de Víctimas de México. Foto de El Faro: Víctor Peña.
 
La salvadoreña Yolanda Ramírez sostiene una imagen de su hija, Ana María, a quien vio por última vez el 24 de abril de 2007, cuando salió como migrante hacia Estados Unidos.  En diciembre de 2016, a través del Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos, COFAMIDE, Yolanda puso una demanda ante el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano, en su Embajada en El Salvador. Ahora es parte del registro Nacional de Víctimas de México. Foto de El Faro: Víctor Peña.

La tragedia migrante

En 2019, una mujer y tres menores guatemaltecos fueron hallados muertos en el desierto de Arizona, Estados Unidos, donde las temperaturas altas alcanzan los 40° centígrados en el día; y, las bajas, hasta -12° en la noche, y los migrantes están expuestos a la deshidratación y la hipotermia. Aun así, sobrevivieron otras dos mujeres que los acompañaban. Por aparte, la Fundación ubicó a dos salvadoreños y tres hondureños muertos en el desierto, unos en Arizona y otros en Texas, entre 2020 y 2021. Según la OIM, entre 2014 y 2020, en Arizona ocurrió el 28.9 % de las 3,359 desapariciones o muertes de migrantes. Otro 31 % ocurrió en Texas. Se cree que menos del 40 % se reporta en México porque hay mayor dificultad para descubrir e identificar los cuerpos.

En agosto de este 2021, según el relato de sus parientes en El Salvador, los familiares salvadoreños de un joven de 20 años esperaban, en Nueva York, la llamada de un coyote para confirmar que había cruzado la frontera y estaba en suelo estadounidense. La llamada llegó, pero con otras noticias. “El muchacho no aguantó el camino”, dijo el sujeto de prisa y colgó. Lo llamaron de vuelta tantas veces que perdieron la cuenta. Nunca respondió. Luego supieron, por otros migrantes que viajaban en el grupo, que el joven cruzó la frontera, pero tenía fiebre y estaba demasiado cansado para caminar, y los coyotes lo abandonaron en el trayecto. Su familia no supo más de él.

Algunos sobreviven fortuitamente. En 2020, un guatemalteco se perdió en el desierto de Arizona. Como llevaba un celular todavía con carga y señal de Internet, telefoneó a su tía, Flor, en Escuintla (a 63 kilómetros al sur de la capital guatemalteca), para lo que parecía una despedida. “Él me decía, ‘Ay tía, ya no aguanto; ya no puedo seguir’, y yo pidiéndole a Dios que le diera fuerzas, o que alguien lo encontrara”, relata Flor (quien pidió no ser identificada por su apellido). El sobrino también fotografió varias secciones del trayecto y envió las fotos a su esposa en Guatemala, con la esperanza de que alguien lo encontrara después. Pero ella actuó de inmediato: envió la información a autoridades estadounidenses, y eso le permitió a la Patrulla Fronteriza ubicarlo con vida. Después de unas semanas de hospitalización, lo deportaron.

Por aparte, en los últimos dos años, la Fundación localizó a seis hondureños vivos: uno estaba detenido; ubicó a otros cuatro por el contacto directo entre familias, y el sexto, que el MAE localizó, “se cree que está en situación de trata de personas”, según Interiano.

La revictimización

En Guatemala, los familiares de los migrantes desaparecidos en 2014, como Lorena, primero buscaron respuestas por cuenta propia. Denunciaron los casos en el Ministerio Público (MP), en la capital guatemalteca. Ocho días después, llegaron peritos a sus casas, a tomarles fotografías y muestras de sangre para tener un registro del ADN. Cuando regresaron al MP a dar seguimiento a los casos y preguntaron por los peritos, Lorena asegura que se dieron cuenta de que les habían dado nombres falsos. Nadie en el MP reconocía los nombres de los supuestos peritos que llegaron a sus casas. “Cuando la fundación (desde 2015) llega para reunirse con los peritos en el MP, tampoco sabían dónde estaban las muestras que nos tomaron”, recuerda Lorena.

También se acercaron al Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), que desde 2010 tiene el Protocolo Guatemalteco para la Atención al Migrante, que establece el servicio de “recepción de denuncias de guatemaltecos desaparecidos, fallecidos o detenidos en el exterior”.

En un principio, el Minex les recibía y se reunía con ellos. “Pero después de tres meses, la persona que nos atendía se aburrió”, dice Lorena, porque las averiguaciones en México no avanzaban. No recuerda el nombre, ni el puesto de la persona, sólo que se presentó como director de una sección. “Lo denunciamos porque nos trató súper mal”, agrega. “Nos dijo que no se hacía responsable de lo que nos pasaba; nos regañó y nos dijo que no siguiéramos insistiendo, y que, ¿para qué se iban (nuestros familiares) así a Estados Unidos? Luego, cuando llegamos con la fundación, andaba bien amable”. También les atendió una mujer. Lorena dice que el trato fue similar, hasta que recibieron los restos en la Fuerza Aérea Guatemalteca, entre los cuales iban los de su hermano.  

En teoría, la repatriación de los restos acabaría con una parte de la incertidumbre, pero no fue así.

“Había un caso resuelto según el Minex”, dice Lorena. Era un grupo de familias de Escuintla, que había dado muestras de ADN, y tuvo reuniones en la frontera México-Estados Unidos, en Tamaulipas, en 2014, hasta que recibieron los féretros. “No quieren que se destapen los ataúdes, les dicen que pueden tener consecuencias legales, pero la gente los abrió, y adentro parecía que iban bolsas de agua (no los cuerpos), y (a los familiares) les entró duda”. Otras familias recibieron las cenizas de restos cremados, cuando ya sospechaban si en realidad eran los restos de sus familiares. Era 2018, y no era la primera vez que ocurrían estas malas prácticas.

En 2010, algunas familias de los 72 migrantes centroamericanos asesinados en agosto de ese año en San Fernando, Tamaulipas, recibieron cuerpos equivocados, según Ana Lorena Delgadillo, abogada que representa a las familias (y directora de la FJEDD). Interiano agrega que todavía no había comités de familiares organizados. “La gente empieza a ir a la Policía, a la Fiscalía, a relaciones exteriores en sus países de origen, y la respuesta era que, si la sospecha era que a su familiar lo habían asesinado, pues que tenía que ir a México, porque el país de origen no debía solventar eso”, dice.

Las familias también recibieron advertencias, entre 2010 y 2011. “‘Miren, no vayan a abrir los ataúdes, porque eso va contra los protocolos sanitarios; ustedes se pueden ir presos si abren el ataúd’, les decían los de Relaciones Exteriores”, relata Interiano. “Solo les daban una hojita que decía, ‘identificamos a sus familiares, y aquí están’, y la gente, para empezar, no estaba esperando que su familiar llegara en un ataúd. Entonces, en Guatemala, lo abren a escondidas y encuentran horrores”.

Hubo al menos un caso de un ataúd con piedras, y otro con restos de dos personas diferentes, según Carlos Eduardo Woltke Martínez, encargado de la defensoría del migrante en Guatemala desde enero de 2018, que guarda registro de estos hechos. Interiano dice que esto generó dudas entre los familiares de migrantes en los otros países, en cuanto a la correcta identificación de los restos.

Delgadillo, la directora de FJEDD, atribuyó las malas prácticas a la “desorganización de los gobiernos de Centroamérica y México”, y recuerda que también les prohibían a las familias abrir el ataúd con el pretexto “te vas a contaminar y, casi, casi, como que te puedes morir”. Tampoco les entregaron un documento que certificara que eran sus familiares.

Dos centroamericanas durante una de las caravana de madres que cada año suelen recorrer el camino de los migrantes en México en busca de sus hijos. Foto de El Faro: Archivo. 
 
Dos centroamericanas durante una de las caravana de madres que cada año suelen recorrer el camino de los migrantes en México en busca de sus hijos. Foto de El Faro: Archivo. 

Tras la certeza de los hallazgos

En 2011 se conformó una comisión internacional de integridad con el Equipo Argentino de Antropología Forense, por medio de un convenio con familiares de las víctimas en Guatemala, Honduras y El Salvador, entidades mexicanas, y la FJEDD. El objetivo era garantizar la identificación de los restos, los que todavía estaban en México y los repatriados. Interiano dice que una identificación se confirmó en El Salvador, pero faltan otras de Guatemala, retrasadas desde 2010 por burocracia entre entidades guatemaltecas y de México.

Según Woltke, se identificaron algunos restos desde 2015 en adelante, y se logró una reparación por medio de una comisión ejecutiva de atención a la víctima. Pero en 2016, Delgadillo registró que, cuando algunas madres guatemaltecas recibieron los restos de sus hijos, “se sintieron ofendidas porque (las autoridades guatemaltecas) les entregaron medallas y diplomas”, como si estuvieran “celebrando algo”. Después, las enviaron a sus casas y no se volvieron a comunicar con ellas. En 2018, Lorena fue una de las familiares que recibió un ataúd con restos que pudo reconocer (los de su hermano), incluso por la ropa. Pero actualmente, la FJEDD afirma que todavía hay nueve cadáveres sin identificar de los casos de San Fernando, en el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México.

Interiano afirma que la Unidad de Migrantes de la FGR ha trabajado en los casos, en parte, por la insistencia de la Fundación y los comités de familiares.

Entre 2016 y el 21 de octubre de 2020, el Minex recibió 324 reportes de guatemaltecos desaparecidos en el extranjero. El 83% no han sido localizados, 8% fueron ubicados con vida y 9% sin vida, según la Unidad de Información del Ministerio, que cita un informe de la OIM. Sin embargo, los familiares cuestionan algunas de estas identificaciones en los casos de los restos hallados en México.

Para agilizar la identificación, aunque no hay un banco forense formalmente constituido en Guatemala, el Equipo Argentino de Antropología Forense, el Minex y la PDH hacen este trabajo, según Interiano, aunque hay casos como los de 2010 que permanecen estancados. En Honduras, se encarga el Minex; y, en El Salvador, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). La toma de ADN se promueve, aunque la familia todavía no tenga certeza del paradero del migrante, porque por lo general no llevan documentos de identificación. Los coyotes suelen pedir que no los lleven.

“Muchas veces la gente no piensa en sus derechos, desconfía de las autoridades, y se acerca poco a ellas”, dice el funcionario de la PDH. Woltke explica que el número de denuncias es bajo porque el sistema para solicitar la búsqueda de un familiar no es expedito afuera de la capital. Por eso los denunciantes se acercan más a las organizaciones no gubernamentales. “Si denuncian la desaparición ante la Policía Nacional Civil, posiblemente la autoridad más accesible, ésta atribuye la desaparición de la persona a que migró (es decir, desapareció porque se fue voluntariamente de Guatemala), y no toma los datos ni hay una apertura del caso”, agrega el defensor.

¿Por qué migran?

De 2010 a la fecha, las causas son las mismas en el norte de Centroamérica: reunificación familiar, violencias diversas en la comunidad (en la casa, por pandillas, etc.), y la situación económica que empeora. La pandemia del Covid-19 y las tormentas Eta e Iota agudizaron este contexto desde 2020. Según Interiano, estas circunstancias empujan a muchos migrantes a enfrentar los riesgos de viajar en forma indocumentada.

En abril de 2021, la CNDH estimó en 2,000 el número de migrantes de diversas nacionalidades desaparecidos en México. El Missing Migrant Project de la OIM, además, estableció que entre enero de 2014 y noviembre de 2020, entre las 3,359 personas migrantes que murieron o desaparecieron, el 64% de los casos ocurrió en Estados Unidos y el 36% en México. Fue un promedio anual de 493.

En 2020, la CNDH también advirtió un incremento en las violaciones de los derechos humanos de los migrantes a manos de las fuerzas armadas mexicanas, además del crimen organizado.

En el caso de los 72 migrantes asesinados en Tamaulipas en 2010, las autoridades mexicanas determinaron que las víctimas se negaron a trabajar para los Zetas y por eso las asesinaron. En 2012, un coyote nicaragüense que operaba desde Guatemala explicó que desde este país se identificaba a los migrantes que viajaban por cuenta propia, sin coyote, y sin pagar, para secuestrarlos en México. Dijo que el control de las redes variaba de un estado a otro, de los Zetas, a la policía municipal, estatal, federal o autoridades migratorias mexicanas.

El informe de la OIM de 2020 señala que aún ocurren secuestros extorsivos (migrantes obligados a realizar tareas delictivas para no morir), y “muertes correctivas”, una demostración para los demás migrantes de cuánto les puede suceder si atraviesan un territorio sin pagar.

El nivel de tolerancia de las autoridades en estos casos obedece a que “los migrantes en tránsito no son rentables políticamente para nadie” dice Jaime López-Aranda, especialista en seguridad pública y justicia penal en México, y exmiembro del Consejo Consultivo de Seguridad Ciudadana de Tamaulipas. En este contexto, poco ha cambiado desde las masacres en Tamaulipas en 2010. El narcotráfico todavía incursiona en negocios fuera de la droga, como el tráfico de personas. Según Raúl Benítez Manaut, catedrático e investigador en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), lo hicieron los Zetas hace diez años, y ahora lo intenta el Cartel Jalisco Nueva Generación. López-Aranda añade que estos tienen “contratistas que tienen una agenda súper local, y son de un oportunismo depredador salvaje”.

Interiano afirma que en toda la ruta de tránsito migrante operan estructuras de trata de personas, tráfico de órganos, narcotráfico, etc. “Hay gente que te cuenta que estos grupos cobran una cuota humana”, dice Interiano. Es decir, les piden a los coyotes entregar a dos o más migrantes para dejar pasar al resto. Por lo general, esa “cuota humana” se suma al número de desaparecidos.

Según Woltke, cuando las desapariciones tienen que ver con crimen organizado, hay trata de personas o narcotráfico de por medio.

Entre las cifras de OIM de personas desaparecidas o muertas en los últimos siete años figuran 220 mujeres, y 154 niñas, niños y adolescentes. Organizaciones consultadas en México, según el boletín REDLAC, aseguran que en ese grupo predominan las mujeres de 9 a 17 años, un dato que vinculan a las redes de trata (para trabajo forzado y explotación sexual) que operan entre México y Estados Unidos.

El migrante también es entregado a otras redes criminales o abandonado cuando no puede pagar más dinero del pactado originalmente por el viaje.

“Los migrantes son retenidos por mucho tiempo en diferentes casas; no los dejan salir hasta que logran que la familia envíe más dinero”, dice Woltke. El defensor asegura que en agosto pasado una persona guatemalteca llamó a su familia porque le exigían $8,000 adicionales. Un día o dos después de entregado el pago, ya estaba en Nueva York.

En Escuintla, Flor (la misma mujer que casi pierde a su sobrino) vivió una experiencia similar con su hija. Antes de salir, se acordó el monto que pagaría por el viaje, con un coyote salvadoreño que el padre de la joven localizó desde California. En México, los coyotes la retuvieron en varias casas de seguridad, durante varios días, hasta que exigieron $5,000 más, que el papá envió desde Estados Unidos para que la dejaran continuar el trayecto. Después de un mes y medio en México, la hija de Flor llegó a San Francisco, a un empleo como camarera en un hotel. 

Los migrantes también caen en manos de estafadores. Después de recibir el primer pago, los abandonan en México, como le ocurrió a otro hijo de Flor, o les extorsionan con diferentes tretas. En Huehuetenango, Guatemala, la policía investiga el caso de un menor arrebatado a su madre en Chiapas cuando migraban, y que fue hallado muerto en la frontera con ese estado. Mientras aparecía, la red obligó a la madre a prostituirse a cambio de no hacerle daño a su hijo.

“Es tan sorprendente lo que ocurre, que me da la impresión de que a veces no se digiere”, dice Interiano. “He visto rostros de periodistas que te miran como diciendo, ‘¿Y esto será verdad?’”.

Avances pese a pandemia

Todos los años se realizaban mesas de seguimiento a los trámites pendientes, con todas las entidades involucradas en cada país. Desde 2020, por la pandemia, las mesas son virtuales. “Ha habido algunos avances a nivel documental”, dice Interiano. No ha habido repatriación de restos. Por ejemplo, instituciones en México solicitan datos de la identidad de los desparecidos, y la elaboración de fotos que reflejen cómo habría cambiado su fisonomía con variaciones en su peso, o incluso si fueran indigentes. “Las fotografías sirven si alguien ha visto a la persona”, agrega. Los datos personales permiten ubicar cualquier indicio.

Hay búsquedas en campo cuando un familiar ofrece una dirección específica, según la FJEDD, como el hotel donde estaba el hermano de Lorena en 2014. En México, hacen la búsqueda la FGR, una fiscalía estatal, o la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), aunque en algunos municipios sólo tiene a dos personas para ello.

Desde 2020, la fundación también impulsa la Mesa Nacional para Personas Migrantes Desaparecidas, que la CNB lideraría junto a comités de familias en México y Centroamérica. “La idea es que las procuradurías de derechos humanos apoyen, al menos como observadores, porque son las oficinas con más credibilidad ante las familias”, dice Interiano. El objetivo también es que las procuradurías puedan integrar la mesa nacional con miras a un sistema transnacional de búsqueda.

Nada de esto existía cuando Lorena comenzó a buscar a su hermano José hace siete años. ¿Cómo persistió?

“Yo quería saber qué le pasó; era mi hermano, siempre nos contábamos nuestros problemas desde pequeños, y también porque él dejó a una hija que ahora tiene ocho años”, dice Lorena. La desaparición cortó de tajo la costumbre que José tenía de telefonearle todos los días a las cinco de la tarde. Todavía extraña escucharle preguntar “¿Cómo te fue?”.

Lorena conoce familias que siguen buscando a sus seres queridos después de 17 años, contra toda esperanza. También conoció a madres que se quedaron en el camino, como sus hijos e hijas migrantes. “Tenían 75, 65 años, y tuvieron infartos al año, año y medio de estar buscando”, agrega. “Nunca se deja de extrañar. No es cosa de que ‘ya estuvo y se acaba’ después del entierro. Esto deja una marca”.

 

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Centroamérica Fri, 22 Oct 2021 18:34:50 +0100 https://elfaro.net/es/202110/centroamerica/25775/Los-migrantes-desaparecidos-entre-México-y-Estados-Unidos-se-cuentan-por-miles.htm
La democracia no está produciendo demócratas http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000036146.jpg https://elfaro.net/es/202110/columnas/25806/La-democracia-no-está-produciendo-demócratas.htm El camino hacia la consolidación democrática pasa por la respuesta de los gobernantes a las demandas sociales, pero ¿cómo evitar que la polarización del discurso oficial siga siendo el signo distintivo de la democracia actual? 2018 fue un año preocupante para la democracia en América Latina. La encuesta del Latinobarómetro reveló que el 71 % de los latinoamericanos estaba insatisfecho con la forma en que funcionaba su democracia. Pero, afortunadamente, el análisis para 2020 muestra signos débiles pero positivos de resiliencia en las democracias latinoamericanas, marcados por la disposición para hacer valer la voz a través de la protesta o las urnas.

Según el Latinobarómetro, los gobernantes se colocarían a sí mismos al borde del abismo si no saben interpretar, producto de desigualdades previas que fueron exacerbadas por la pandemia, las demandas ciudadanas que se expresan a través de las movilizaciones, la participación electoral y la percepción de insatisfacción.

Y aunque no podemos negar que aquellas demandas son signos de salud democrática, creo que es importante ponernos en guardia frente al optimismo que de ellas deriva. Para ello, quiero señalar que algunos de los resultados, sumados a ciertas tendencias políticas actuales, podrían dibujar un panorama menos optimista.

A diferencia de otras mediciones como la de The Economist o Freedom House, el Latinobarómero no realiza una clasificación de los regímenes democráticos. De ahí que el indicador de “apoyo a la democracia” sea revelador, porque se presenta como una fotografía panorámica de Latinoamérica.

Una década atrás este indicador se encontraba en 63 % y desde entonces había venido descendiendo, pero para 2020 esa caída se detuvo y actualmente el 48 % de los encuestados considera que “la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno”.

Cristina Valenzuela, de 51 años, y enmascarada, llegó desde las 6 de la mañana al primer bloqueo sobre la Quinta Calle, a un costado del parque Jocotenango en la Ciudad De Guatemala. Desde hace años Cristina acude a las protestas contra diferentes gobiernos:
 
Cristina Valenzuela, de 51 años, y enmascarada, llegó desde las 6 de la mañana al primer bloqueo sobre la Quinta Calle, a un costado del parque Jocotenango en la Ciudad De Guatemala. Desde hace años Cristina acude a las protestas contra diferentes gobiernos: "Lo que pasó con Juan Francisco Sandoval es una injusticia a la lucha contra la corrupción de este país y si a esta sociedad le quitan a uno de sus mejores elementos nada bueno puede esperarse de ahora en adelante", dijo.

La democracia y los demócratas

Aunque preferiríamos un número más alto, es bueno que el apoyo al autoritarismo se mantenga bajo con un 13 %. Pero el número que nos debe preocupar es el de los indiferentes al gobierno: 27 % entre los latinoamericanos (en 2010 era de 16 %). Si lo cruzamos con los datos del “perfil de los demócratas”, este revela que solo el 50 % de la población joven (de 16 a 25 años) apoya la democracia. Esto nos demuestra que la “vida democrática no está produciendo demócratas”.

Hacia cuál de los indicadores se deslizarán el 27 % de los indiferentes o el 50% de los jóvenes que no tiene apego por los valores democráticos: ¿hacia el autoritarismo o hacia el apoyo democrático?

La encuesta nos revela que los ciudadanos quieren votar a sus gobernantes, cierto; pero frente al uso del poder electoral ciudadano, los gobiernos tienen que crear artificialmente un impacto que les garantice continuidad.

En algunos casos, ese impacto se consigue a través de narrativas que presentan al líder del ejecutivo como el único capaz de solucionar las demandas ciudadanas y a sus adversarios como enemigos. Las narrativas que hecha mano de ese discurso sólo buscan la aceptación acrítica de su mensaje, no el diálogo plural que requiere la democracia.

En este contexto, si el indiferente (27 %) se une al insatisfecho (23 %), ¿cómo seremos capaces de evitar la formación de “autocracias electorales” donde no importa quién gobierna y por cuánto tiempo mientras prometa solucionar los problemas? ¿Qué podemos hacer con los indiferentes para que no caigan en el canto de sirena del autoritarismo?

Un primer indicio de la dificultad de enfrentar este problema es que el 51 % de los latinoamericanos toleraría un gobierno no democrático pero que resuelva los problemas. Y aunque no los hayan resuelto, la permisividad de los ciudadanos a las transgresiones democráticas fortalece el autoritarismo.

Un autoritarismo militar es igual de peligroso que uno no militar, pero aún así se presenta una alta tolerancia al segundo, ¿por qué será que los procedimientos democráticos han generado esa tolerancia? ¿La incertidumbre propia de la democracia es intolerable para algunos? ¿Está en los gobiernos la pieza que inclina la balanza hacia la democracia?

El papel de los gobernantes

Si el cierre del decenio que comenzó en 2010 se caracterizó por las protestas masivas en países como Ecuador, Colombia o Chile, la década que está en curso debería ser recordada como aquella en que los gobiernos decidieron combatir con éxito la persistente desigualdad.

Sin embargo, la credibilidad en aquellos está en su “piso mínimo” y si le sumamos escándalos como el de los Papeles de Pandora, los gobiernos tendrán muy complicado llevar a buen puerto sus promesas. Para el Latinobarómetro, el desafío de los gobiernos en la década en curso será terminar sus mandatos en tiempo.

Los cambios presidenciales en países como México, Ecuador o Perú son evidencia de este reto, pero en este contexto, desde la perspectiva del que gobierna, el desafío no es terminar en tiempo sino la permanencia más allá de su tiempo.

Para hacer frente a la inminente desconfianza de sus gobernados, el reto de los gobernantes es encontrar formas de aferrarse al poder: desde las más descaradas como ocurre en Nicaragua hasta las más sutiles como el debilitamiento de las instituciones o una retórica de polarización practicada desde el gobierno en turno.

Las rutas que los gobiernos están tomando para hacerle frente a las crisis deben ser analizadas desde su cuestionamiento como estrategias que refuerzan los valores y los organismos democráticos. Por ejemplo, cómo interpretar que un presidente se tome una foto rodeado de militares luego de amenazar al poder judicial o que, ignorando la Constitución de su país, decida dar responsabilidades civiles a las fuerzas armadas.

Para el Latinobarómetro, el camino hacia la consolidación democrática pasa por la respuesta de los gobernantes a las demandas sociales, pero: ¿cómo saber si esa respuesta es democrática?, ¿cómo evitar que la polarización del discurso oficial, reflejada en las actitudes de la gente, siga siendo el signo distintivo de la democracia actual?

El reto frente a nosotros

Considero que las preguntas planteadas sólo se resolverán si somos capaces de tender un puente entre la teoría y la práctica democrática. Y ello implica proporcionar a las personas una idea y práctica de la democracia cercana a sus problemas y experiencias para garantizar su comprensión y apoyo.

La labor del Latinobarómetro nos permite conocer esas experiencias y problemas, pero también nos muestra lo que nos falta por hacer y entender. En ese sentido, el reto de cara a la década en curso es aprender de las diferentes formas de vivir la democracia y devolver a las personas una idea de la misma que estén dispuestos a defender y valorar. De otra manera, sólo seremos testigos de su debilitamiento, pero no de su consolidación.


Alberto Ruíz Méndez es doctor en Filosofía. Profesor en la FFyL, UNAM, la Universidad Anáhuac México y la Barra Nacional de Abogados. Coordinador del Proyecto ¿Debilitamiento o consolidación de la democracia en América Latina? Estudiante posdoctoral en la Universidad Autónoma Metropolitana.

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Columnas Fri, 22 Oct 2021 11:04:58 +0100 https://elfaro.net/es/202110/columnas/25806/La-democracia-no-está-produciendo-demócratas.htm
La inacción internacional es la principal aliada de los Ortega-Murillo - Por Carlos Chamorro https://elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg https://elfaro.net/es/202110/360grados/25803/La-inacción-internacional-es-la-principal-aliada-de-los-Ortega-Murillo---Por-Carlos-Chamorro.htm 360 grados Wed, 20 Oct 2021 23:11:18 +0100 https://elfaro.net/es/202110/360grados/25803/La-inacción-internacional-es-la-principal-aliada-de-los-Ortega-Murillo---Por-Carlos-Chamorro.htm Muestras de lealtad http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000036536.jpeg https://elfaro.net/es/202110/el_farolero/25802/Muestras-de-lealtad.htm La mirada de Otto al aumento salarial del presidente impuesto de la Corte Suprema de Justicia. El Farolero Wed, 20 Oct 2021 16:39:40 +0100 https://elfaro.net/es/202110/el_farolero/25802/Muestras-de-lealtad.htm Los criminales de Guatemala asedian a los operadores de justicia http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000031674.jpg https://elfaro.net/es/202110/columnas/25801/Los-criminales-de-Guatemala-asedian-a-los-operadores-de-justicia.htm Ser juez o fiscal independiente en Guatemala resulta, hoy más que nunca, un oficio de alto riesgo. Que la justicia haya funcionado por una década generó consecuencias fatídicas para aquellos en primera línea. Ser juez o fiscal independiente en Guatemala resulta, hoy más que nunca, un oficio de alto riesgo. Que la justicia haya funcionado por una década (2010-2020) generó consecuencias fatídicas para aquellos en la primera línea: la posibilidad de exilio o cárcel para quienes construyeron los casos, para quienes los presentaron en los juzgados y para los jueces que resolvieron sentencias y condenaron a personas importantes que en otros tiempos fueron intocables.

En mi país existe un sistema de jueces llamado “de mayor riesgo”, integrado por quienes tienen vasta experiencia en procesar a criminales peligrosos y poderosos. Son jueces con mejores esquemas de seguridad, con mucha preparación, que gozan de cierta protección dado el nivel de acusados a los que se enfrentan. En la última década han juzgado a expresidentes, dictadores, militares acusados de crímenes de guerra, operadores de la corrupción, entre otros influyentes. Claramente se han ganado enemigos.

La jueza más odiada es Erika Aifán, quien ha llevado casos no solo de poderosos corruptos, sino del llamado G-8, una especie de Grupo Bilderberg guatemalteco integrado por familias patricias y otras que se les pegaron, que dominan al resto del país e influyen en financiar presidentes, en dirigir las políticas públicas, y son propietarios de los monopolios y de grandes extensiones de tierra. Ellos fueron acusados de financiamiento ilícito y, a pesar de las presiones, la jueza no cedió: los procesó y decidió que podrían tener responsabilidad penal.

Aifán, además, juzgó a varios abogados implicados en un caso donde se descubrió cómo se amañó un proceso de elección de cortes. En respuesta, Wilber Castellanos, uno de los magistrados señalado de corrupción y en nombre del Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones, la denunció por cinco delitos inventándose que se autorizaron diligencias contra magistrados que tenían inmunidad. Contrario a los presentados contra él y el resto de sus secuaces, este caso sí ha avanzado. Esto ha significado un proceso de desaforo, que ya va bastante encaminado, para la jueza, para el cual han nombrado al juez Roaldo Chávez, amigo de Castellanos (el denunciante) y hermano de un exdiputado condenado por corrupción, para que rinda un informe sobre su posible participación en delitos. Este juez debería excusarse por su cercanía con el acusado y por ser miembro de la Junta Directiva de la institución denunciante.

Aifán tiene varios casos más como este y pasa buena parte de su tiempo defendiéndose de acciones espurias.

El otro juez que está en la picota es Pablo Xitumul. Él ha estado a cargo de decenas de casos relevantes entre los que destacan tres: el de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, a quien sentenció a 15 años por desfalcar al Estado al comprar una “agua mágica” para limpiar un lago que está muerto; la condena de 80 años para el dictador Efraín Ríos Montt por genocidio, que luego la Corte de Constitucionalidad decidió anular a pedido de la patronal Cacif; y la sentencia contra cinco militares poderosos por la desaparición del joven Marco Antonio Molina Theissen. Dos de estos militares son Manuel Callejas y Benedicto Lucas, ellos fueron dirigentes de la guerra interna en los años 70 y 80, quienes además pertenecieron a estructuras criminales que luego cooptaron las aduanas y diversos negocios ilegales. No fue la primera vez que Xitumul falla en casos contra militares y pandilleros, pero ahora la Corte Suprema de Justicia está a punto de retirarle el derecho de antejuicio por un incidente de tránsito.

En el Ministerio Público, la situación va en la misma línea. Luego de la destitución del fiscal más importante, Juan Francisco Sandoval, se han dado decenas de traslados para desarticular el funcionamiento de fiscalías clave. El cambio más preocupante fue el de la fiscal Hilda Pineda, quien ha liderado investigaciones contra criminales de guerra, incluyendo el caso por genocidio contra Ríos Montt, vinculándose así a la arremetida contra el juez Xitumul. Recientemente salió una acusación contra doce militares de alto rango en un caso llamado Diario Militar, donde se establece la forma de desaparición forzada que se dirigió desde el Estado en la década de los 80. Esto no le gustó a militares cercanos a la fiscal general, cuyo esposo estudió en la escuela militar, y todo indica que le han cobrado a Pineda la osadía de haber hecho su trabajo.

La regresión en la justicia supone una persecución contra la disidencia y una protección de los aliados del régimen de corrupción e impunidad. Esto también supone un acoso judicial de casos montados contra operadores de justicia y expersonal de la CICIG, a quienes los empresarios tradicionales han metido en una lista negra para evitar que sean contratados por diferentes compañías.

De momento, no hay forma de detenerlo a pesar de los pronunciamientos y sanciones de Estados Unidos, incluyendo la sanción contra la misma Fiscal General, quien fue incluida en la Lista Engel. Las movilizaciones sociales han sido insuficientes y el gobierno ha maniobrado en algunas comunidades ofreciendo proyectos a cambio de que dejen de salir a las calles. Hay retos mayores de articulación y de creación de estrategias conjuntas con organizaciones de Centroamérica, así como el apoyo de la fuerza de tarea anticorrupción que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado. El nombramiento Todd Robison, exembajador en Guatemala, como jefe mundial de la agencia de antinarcóticos podría ser un apoyo importante. Él sabe cómo funcionan estas estructuras pues él mismo, por haber apoyado la lucha anticorrupción, fue víctima de lobby pagado por estas élites políticas y económicas que pujan por la persecución contra los operadores de justicia.

Álvaro Montenegro, periodista y uno de los siete guatemaltecos que crearon el movimiento #RenunciaYa, después rebautizado como #JusticiaYa, central en las protestas que impulsaron la renuncia del presidente de Guatemala Otto Pérez Molina.
 
Álvaro Montenegro, periodista y uno de los siete guatemaltecos que crearon el movimiento #RenunciaYa, después rebautizado como #JusticiaYa, central en las protestas que impulsaron la renuncia del presidente de Guatemala Otto Pérez Molina.

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Columnas Wed, 20 Oct 2021 14:37:26 +0100 https://elfaro.net/es/202110/columnas/25801/Los-criminales-de-Guatemala-asedian-a-los-operadores-de-justicia.htm
La ruta de la oposición - Por Héctor Pacheco https://elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg https://elfaro.net/es/202110/360grados/25800/La-ruta-de-la-oposición---Por-Héctor-Pacheco.htm 360 grados Mon, 18 Oct 2021 21:15:59 +0100 https://elfaro.net/es/202110/360grados/25800/La-ruta-de-la-oposición---Por-Héctor-Pacheco.htm La inacción internacional es la principal aliada de los Ortega-Murillo http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000027528.jpg https://elfaro.net/es/202110/columnas/25797/La-inacción-internacional-es-la-principal-aliada-de-los-Ortega-Murillo.htm La solución a la crisis nacional está en Managua, no en Washington ni en Bruselas, pero los nicaragüenses necesitan primero recuperar plenamente su libertad. Este lunes 18 de octubre se reunieron en Luxemburgo los ministros de relaciones exteriores de la Unión Europea para evaluar el agravamiento de la crisis de política de Nicaragua y debatir su posición ante la inminente reelección de Daniel Ortega en las votaciones del 7 de noviembre. Una contienda sin garantías electorales ni competencia política, teniendo a los siete aspirantes presidenciales de la oposición en la cárcel y a los únicos dos partidos de oposición despojados de su personería jurídica. 

Dos días después, en Washington, los embajadores de la OEA sesionarán en el Consejo Permanente para analizar las consecuencias del fracaso de estas elecciones, sin credibilidad ni legitimidad, que como ha dicho la Iglesia católica a través de la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua, representan “la pérdida de una valiosa oportunidad para enderezar el rumbo del país”.

Esta doble iniciativa de la Unión Europea y la OEA para debatir sobre las estrategias y acciones que adoptarán ante la dictadura Ortega-Murillo, antes y después del 7 de noviembre, representa una clara advertencia para el régimen sobre su creciente aislamiento internacional. Al mismo tiempo, plantea una oportunidad para establecer un diálogo entre las organizaciones democráticas de la oposición, que recientemente emitieron una Declaración, y la comunidad internacional. Ambas coinciden en la urgencia de delinear una hoja de ruta, nacional e internacional, para restablecer la democracia en el país, pero existe una enorme distancia entre la declaración de objetivos y la definición de los medios y las acciones para alcanzarlos.

Hasta ahora hay una coincidencia general en torno a dos puntos: primero, el desconocimiento de los resultados de la farsa electoral del 7 de noviembre, en las que se ha suprimido el derecho constitucional de los nicaragüenses a elegir y ser electos, en un evento electoral sin garantías ni competencia política. Y, segundo, la liberación de todos los presos políticos y la anulación de los juicios espurios con los que Ortega pretende inhabilitar al liderazgo democrático del país en futuras elecciones, para que una vez en plena libertad puedan preservar todos sus derechos políticos. 

El debate sobre cuáles son las formas más efectivas para conectar la presión política nacional e internacional es mucho más complejo y no existen soluciones fáciles ni exentas de costos políticos. Por ejemplo, la presión diplomática externa, las sanciones individuales a los altos funcionarios del régimen, así como eventuales acciones de escrutinio ante los organismos multilaterales de crédito que financian a Ortega, ciertamente ejercen presión sobre el régimen y hasta generan la ira de Ortega y Murillo, pero serán inútiles para restablecer la democracia si no logran incidir en la recuperación plena de todas las libertades democráticas en Nicaragua.

La solución a la crisis nacional está en Managua, no en Washington ni en Bruselas, pero para conseguirla los nicaragüenses necesitan recuperar plenamente su libertad, con el apoyo de la comunidad internacional. Y esto pasa por la adopción de acciones –nacionales e internacionales– que apunten a debilitar el Estado policial imperante desde septiembre 2018, hasta lograr su suspensión y restablecer las libertades de reunión y movilización, prensa y expresión, y todos los derechos constitucionales.

Los nicaragüenses y también la comunidad internacional tenemos que aprender de los errores cometidos después de la Rebelión de Abril, cuando en el Diálogo Nacional, calculando que la dictadura pondría en riesgo el poder en las urnas, se concibió que era posible encontrar una salida a la crisis con elecciones bajo estado policial. El punto de inflexión se produjo cuando el Gobierno de Ortega y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia suscribieron dos acuerdos el 29 de marzo de 2019, teniendo como testigos a los representantes de la OEA y el Vaticano. El acuerdo de liberar a todos los presos políticos solamente se cumplió de forma parcial, mientras el “Acuerdo para fortalecer los derechos y garantías ciudadanas” (léase suspender el estado policial) nunca fue cumplido por Ortega, quien más bien endureció el cerco policial y lo reforzó con las leyes inhibitorias aprobadas en 2020 para legalizar la represión.

A pesar del incumplimiento de este acuerdo crucial, la oposición aceptó ir a elecciones el 7 de noviembre bajo estado policial y sin garantías electorales, y el resultado ha sido el encarcelamiento de todos los aspirantes presidenciales y los líderes políticos y cívicos, incluyendo a cuatro de los seis firmantes de este acuerdo: Juan Sebastián Chamorro, José Pallais, José Adán Aguerri y Max Jerez, que hoy están acusados de “conspiración contra la soberanía nacional”.

Sin embargo, la OEA y el Vaticano, los testigos de la negociación, nunca le pidieron cuentas a Ortega por el incumplimiento del acuerdo firmado por el canciller Denis Moncada y fracasaron en su rol de mediadores y garantes de los acuerdos. Mientras la oposición democrática estableció un divorcio mortal entre la resistencia cívica y la vía electoral, que le facilitó a Ortega descabezarla por la fuerza.

La encuesta de Cid Gallup realizada en el mes de septiembre ha confirmado que, si las elecciones fueran hoy, 65 % votaría por la fórmula de los candidatos de la oposición que están en la cárcel y solo 19 % votaría por Ortega. Irónicamente, los presos políticos están derrotando a Ortega desde la cárcel, pero la dictadura seguirá en el poder.

La demanda por la liberación de los reos de conciencia debería, entonces, convertirse en el primer factor de unidad en la acción, promovido no solo por los familiares de los presos y la oposición política, sino por todas las fuerzas vivas del país con el respaldo de las iglesias, el liderazgo del sector privado empresarial, y de todas las organizaciones de la sociedad civil.

Promover la unidad nacional sin que exista una solución política electoral a corto plazo entraña costos y riesgos para todos los actores nacionales indefensos ante las represalias del régimen, pero es imperativa para demandar la solidaridad internacional. Si en la OEA aún no existen los votos para decretar como una acción hemisférica la ilegitimidad del régimen y la ruptura de la Carta Democrática por Ortega, lo que cuenta son las acciones que pueden adoptar los gobiernos, alianzas o bloques de países que sí tienen un compromiso para apoyar el restablecimiento de la democracia en Nicaragua. La inacción es la principal aliada de la dictadura.

El cambio empieza con el restablecimiento de las libertades democráticas para despejar el camino hacia una reforma electoral y elecciones libres, sin Ortega y Murillo, y con la presencia de las comisiones internacionales de derechos humanos, CIDH y OACNUDH, para garantizar el retorno seguro de los exiliados y sentar las bases de una comisión internacional de la verdad.

Carlos Fernando Chamorro es director del periódico Confidencial de Nicaragua. 
 
Carlos Fernando Chamorro es director del periódico Confidencial de Nicaragua. 

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Columnas Mon, 18 Oct 2021 13:08:12 +0100 https://elfaro.net/es/202110/columnas/25797/La-inacción-internacional-es-la-principal-aliada-de-los-Ortega-Murillo.htm
Pese a los retenes policiales, miles volvieron a protestar contra Bukele http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_0_2000_1333/images%7Ccms-image-000036534.JPG https://elfaro.net/es/202110/ef_foto/25796/Pese-a-los-retenes-policiales-miles-volvieron-a-protestar-contra-Bukele.htm La Policía Nacional Civil montó retenes que impidieron el paso de buses a San Salvador en distintos accesos a la capital este domingo 17 de octubre, día en que diversos movimientos y organizaciones volvieron a convocar a miles de personas a manifestarse contra el gobierno de Nayib Bukele. Pese a los retenes, los manifestantes se reunieron en el parque Cuscatlán y caminaron unos tres kilómetros, sobre la 25 Avenida Norte y la Alameda Juan Pablo II, hacia la Plaza Barrios, en el centro de San Salvador. No fue una marcha compacta: pasaron 45 minutos entre el primer bloque y el de jueces, por ejemplo, sobre la Alameda Juan Pablo II. La marcha llegó a la Plaza Barrios cerca de las 11 de la mañana y los participantes nunca ocuparon más de la mitad de la plaza. Usando una herramienta de cálculo de densidad de multitudes, se necesitan unas 3,700 personas para llenar la mitad de la plaza, si cada una ocupa un metro cuadrado. Si se toma en cuenta que no todos los que marcharon llegaron a la plaza, un aproximado al número de manifestantes fue de unas cuatro mil personas. En esta marcha, convocada casi un mes después, la afluencia fue menor que en la protesta del 15 de septiembre, en la que El Faro calculó un mínimo de cinco mil personas y un máximo de 15 mil, cifra mayor a la que el oficialismo intentó proyectar. El presidente Bukele tuiteó o retuiteó 33 mensajes el domingo, en la mayoría aludiendo a que se trataba de una marcha mínima o “fracasada”. Los retenes Uno de los retenes policiales retuvo a un bus en el cantón Tres Ceibas, Armenia. “Estamos detenidos solamente porque el bus está fuera de la ruta. Estamos haciendo un viaje exprés porque hemos pagado el viaje como excursión a la marcha”, dijo Jorge Canizales, un lisiado de guerra, en ese lugar. Un oficial de Policía dijo que se le impuso una esquela al conductor “por la falta 14 (sic), debido a que no carga el permiso para poder transitar en esta ruta”. Cuando el periodista Víctor Peña preguntó porque la retención había durado más de una hora, el policía le tomó una fotografía con su celular a Peña y se alejó, sin responder. En Tres Ceibas, la Policía hizo que las personas bajaran de los buses para revisar sus pertenencias. “Nos registraron a todos y no nos han hallado ningún ilícito”, dijo Canizales. Otro hombre que pasó por ese retén más temprano dijo que la Policía intentó decomisarle una herramienta de jardinería. “¿No sabés que este día no se puede traer nada?”, le dijo el policía, según el hombre, que no quiso identificarse por seguridad. A las 7:55 de la mañana, la Policía publicó en Twitter que había decomisado “peligroso material” y el noticiero del Ejecutivo lo describió como “una serie de objetos peligrosos y artefactos explosivos”. Ambas cuentas se referían a lo mismo: machetes y morteros, pólvora tradicional en protestas, fiestas patronales o de fin de año. La PNC publicó información de sus retenes en El Poliedro (Colón, La Libertad) y Ahuachapán. Otros medios de comunicación también documentaron retenes en accesos a la capital desde Santa Ana y Chalatenango. El medio Focos publicó un memorando de la Policía, fechado el 16 de octubre, que contiene un protocolo para “vigilancia, monitoreo y registro de las manifestaciones”. La composición de la marcha fue muy similar a la diversidad encontrada un mes atrás. Veteranos de guerra, jueces, grupos feministas, activistas LGBTI, ambientalistas y salvadoreños residentes en Estados Unidos, así como miembros de iglesias evangélicas. En la marcha participaron diputados de oposición (René Portillo Cuadra, de Arena, Johnny Wright Sol, de Nuestro Tiempo, y Dina Argueta, del FMLN) pero sin ejercer liderazgo y ni siquiera con distintivos de sus partidos. Las causas de los manifestantes eran igual de variadas: opositores de la imposición de la ley Bitcoin y la billetera gubernamental Chivo, justicia para las víctimas de la masacre de El Mozote, rechazo a la reelección presidencial, rechazo a los feminicidios, el número de personas desaparecidas, la privatización del agua, el nepotismo, los despidos en la Asamblea Legislativa, entre otras. La falta de liderazgo o de una agenda común quedó patente al cierre de la marcha, cuando los grupos convergieron en la Plaza Barrios. La multitud se dispersó rápidamente, mientras algunos grupos cantaron canciones de protesta y dieron algunos discursos frente al Palacio Nacional. *con reportes de Valeria Guzmán.
La Policía montó un retén en el cantón Tres Ceibas, del municipio de Armenia para revisar autobuses que se dirigían a la marcha. Los manifestantes bloquearon ambos carriles de la carretera, en protesta, después de una hora y media de estar retenidos. Foto de El Faro: Víctor Peña. 
 
La Policía montó un retén en el cantón Tres Ceibas, del municipio de Armenia para revisar autobuses que se dirigían a la marcha. Los manifestantes bloquearon ambos carriles de la carretera, en protesta, después de una hora y media de estar retenidos. Foto de El Faro: Víctor Peña. 

 

 

 

El cierre de la carretera en Armenia provocó congestionamiento en ambos carriles. Algunos conductores agredieron a los manifestantes. El vehículo, P338 877, rompió la cadena humana y estuvo a punto de atropellar a uno de ellos. Foto de El Faro: Víctor Peña. 
 
El cierre de la carretera en Armenia provocó congestionamiento en ambos carriles. Algunos conductores agredieron a los manifestantes. El vehículo, P338 877, rompió la cadena humana y estuvo a punto de atropellar a uno de ellos. Foto de El Faro: Víctor Peña. 

 

 

 

Desde muy temprano el día 17, la Policía Nacional Civil estableció retenes en las principales vías de ingreso a la capital, para bloquear el paso a manifestantes. En la marcha, los ciudadanos también expresaron su descontento con las últimas acciones de la corporación policial. Foto de El Faro: Víctor Peña. 
 
Desde muy temprano el día 17, la Policía Nacional Civil estableció retenes en las principales vías de ingreso a la capital, para bloquear el paso a manifestantes. En la marcha, los ciudadanos también expresaron su descontento con las últimas acciones de la corporación policial. Foto de El Faro: Víctor Peña. 

 

 

 

Al final de la marcha, un grupo de ciudadanos prendió fuego a un muñeco de trapo con la figura del presidente Bukele, que se burló de la marcha a través de sus redes sociales. Foto de El Faro: Víctor Peña. 
 
Al final de la marcha, un grupo de ciudadanos prendió fuego a un muñeco de trapo con la figura del presidente Bukele, que se burló de la marcha a través de sus redes sociales. Foto de El Faro: Víctor Peña. 

 

 

 

 

Sara Hanna, la asesora venezolana del presidente Nayib Bukele, fue también centro de críticas durante la manifestación. Un cartel hacía parodia sobre sus funciones en el Gobierno de El Salvador. 
 
Sara Hanna, la asesora venezolana del presidente Nayib Bukele, fue también centro de críticas durante la manifestación. Un cartel hacía parodia sobre sus funciones en el Gobierno de El Salvador. 

 

 

 

 

El Palacio Nacional volció a ser escenario de una marcha multitudinaria. La cantidad de asistentes fue mencionada y ridiculizada por el presidente Nayib Bukele y funcionarios allegados a él durante el día. Foto de El Faro: Víctor Peña. 
 
El Palacio Nacional volció a ser escenario de una marcha multitudinaria. La cantidad de asistentes fue mencionada y ridiculizada por el presidente Nayib Bukele y funcionarios allegados a él durante el día. Foto de El Faro: Víctor Peña. 

 

 

 

Lady Drag, un artista que protesta políticamente como drag queen, participó de la marcha de este 17 de octubre. Foto de El Faro: Víctor Peña. 
 
Lady Drag, un artista que protesta políticamente como drag queen, participó de la marcha de este 17 de octubre. Foto de El Faro: Víctor Peña. 

 

 

 

 

Las organizaciones realizaron la tercera marcha multitudinaria contra las acciones del Gobierno. Caminaron desde el parque Cuscatlán hasta concentrarse en la Plaza Gerardo Barrios. Foto de El Faro: Víctor Peña. 
 
Las organizaciones realizaron la tercera marcha multitudinaria contra las acciones del Gobierno. Caminaron desde el parque Cuscatlán hasta concentrarse en la Plaza Gerardo Barrios. Foto de El Faro: Víctor Peña. 

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EF Foto Sun, 17 Oct 2021 21:42:46 +0100 https://elfaro.net/es/202110/ef_foto/25796/Pese-a-los-retenes-policiales-miles-volvieron-a-protestar-contra-Bukele.htm
La comunidad sin agua, pero con bitcoin http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000036461.jpg https://elfaro.net/es/202110/el_salvador/25790/La-comunidad-sin-agua-pero-con-bitcoin.htm Alrededor de Berlín, Usulután, hay cientos de familias que sobreviven sin servicio de agua potable. Tener agua una vez al mes es un privilegio y quienes lo logran es porque se conectan a un servicio administrado por la misma comunidad. Quienes viven en la zona alta del municipio obtienen agua pagando entre $45 y $60 al mes, lo que equivale a una quincena de trabajo. Aquí se habla de conflictos medioambientales por el agua como de temores ante la posibilidad el aumento de la actividad de la geotermia para garantizar que haya energía para minar bitcoin. Read in English Al fin era el turno de su comunidad para abastecerse de agua. En el cantón Las Delicias habían pasado sequía todo el mes. María Alvarenga despertó la madrugada de ese 22 de julio por un estruendo dentro de la cañería que rodea su casa. Era el agua. Cuando el agua cae, no hay recipiente que quede vacío: cántaros, barriles, tarros o huacales. Hasta las tazas se llenan. 

“Hay gente que logra agarrar más si tiene para comprar depósitos”, cuenta María. Asegura que solo con un pariente en Estados Unidos que envíe remesas se tiene dinero suficiente para instalar cisternas o conseguir bidones (con capacidad de 1,000 litros). No es su caso.

María, 68 años, vive con su esposo, Isidro Benítez, 72 años, en un cantón de la zona intermedia de Berlín, Usulután, un municipio que ha tomado protagonismo en las recientes semanas por ser una posible fuente de energía geotérmica para que el Gobierno pueda minar bitcoins. Pero aquí el principal problema que atraviesan es la falta de agua. De eso depende el resto de sus males. De eso depende también el temor que tienen a ese minado que no terminan de comprender. 

Si en casa de María llega el agua un día entero, o a veces dos días cada mes, es porque la comunidad se organizó para instalar lo que llaman “el múltiple”, un servicio administrado por una junta de agua por el que pagan $6 al mes y que se comparte entre las 900 familias que viven en 15 comunidades alrededor de Berlín. María y su esposo han vivido de la agricultura, del cacao que siembran en su solar y de la cría de peces que mantienen en una de las dos piletas que han construido en su patio como reservorios de agua. Solían tener bestias y ganado, pero ya no, debido a la escasez.

“Cuando no hay agua, con agua llovida nos remediamos. Con esa tengo los barriles”. María señala los tres barriles que hasta antes de ese 22 de julio se cubrían de polvo. Habían pasado casi 30 días sin lluvia. 

María Alvarenga vive en el cantón Las Delicias, de Berlín, Usulután. María debe cocinar con el agua de un nacimiento cercano al cantón. El agua es filtrada por un método artesanal creado por los habitantes de la comunidad. Foto El Faro: Carlos Barrera
 
María Alvarenga vive en el cantón Las Delicias, de Berlín, Usulután. María debe cocinar con el agua de un nacimiento cercano al cantón. El agua es filtrada por un método artesanal creado por los habitantes de la comunidad. Foto El Faro: Carlos Barrera

Inés Marroquín es presidenta de la Asociación Múltiple El Milagro, la junta de agua encargada de administrar lo que llega a estas casas a través de un sistema de bombeo. Por más que se le quiera dar agua a todas las comunidades, no se puede, dice Inés: “La persona que tiene cómo acaparar más, acapara más; y, la que no, anda pidiendo para mientras llega la ronda ahí al mes”. 

Si llegan a sobrecargar los seis motores con los que operan, podrían provocar un cuantioso daño que les sería imposible cubrir de inmediato y que empeoraría el abastecimiento. Por eso no pueden con la demanda, pero lo intentan. Para mejorar el servicio, recientemente montaron un motor que costó $24,250. 

El múltiple, como le llaman al proyecto comunitario, comenzó a gestionarse allá por 1972 y se abastece del nacimiento Santa Anita, desde ahí se extrae agua que luego se transporta por cañerías hacia diferentes tanques. Este es un proyecto caro en una zona pobre de Berlín. El mismo Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el mapa de pobreza del Fondo Social para el Desarrollo Local (FISDL) ubican a Berlín en pobreza extrema alta y muy alta en tasa de desnutrición. 

Inés tomó el liderazgo de la junta de agua en 2017. Sabe que una de las responsabilidades es pasar sus días de comunidad en comunidad, en interminables reuniones con su gente y en las que nunca falta como principal punto en agenda la falta de agua o el estado financiero del proyecto. 

Desde que la Asamblea Legislativa inició con el estudio del proyecto de Ley de Recursos Hídricos, que envió el Gobierno de Nayib Bukele el 18 de junio, la incertidumbre aflora en esta comunidad. Muchos temen que el resultado sea una ley que favorezca al sector privado y que solo empeore la situación en la que se encuentran. “Nuestra preocupación es que lleguen empresas a la fuente Santa Anita y empiecen a hacer y deshacer”. Una de esas empresas que ha rondado en la zona es la Coca Cola, asegura Inés. “Estaba llegando otra, de esas empresas que llegan a perforar para energía eléctrica, no recuerdo el nombre, para sacar la energía”, dice.

El lunes 11 de octubre, El Faro escribió a Industrias La Constancia, distribuidora en el país de esa marca internacional, preguntando por un contacto de prensa de Coca Cola, y ellos proporcionaron un correo para contactar al representante en el país. Se enviaron dos correos a esa persona, pero no hubo respuesta. 

Isidro Benítez tiene 70 años y nació en el cantón Las Delicias de Berlín, el lugar nunca han tenido acceso a agua potable y, desde que recuerda, siempre se han abastecido del nacimiento del cantón. Asegura que en el lugar son muy frecuentes las enfermedades estomacales. Foto de El Faro: Carlos Barrera
 
Isidro Benítez tiene 70 años y nació en el cantón Las Delicias de Berlín, el lugar nunca han tenido acceso a agua potable y, desde que recuerda, siempre se han abastecido del nacimiento del cantón. Asegura que en el lugar son muy frecuentes las enfermedades estomacales. Foto de El Faro: Carlos Barrera

Berlín es un territorio rico en energía geotérmica. Desde este lugar opera la Central Geotérmica Berlín, bajo la administración de la transnacional La Geo, una infraestructura que cuenta con 37 pozos geotérmicos -entre productores y reinyectores- y que genera 109.4 Megavatios (MWh). 

En las últimas semanas, la gente ha puesto sobre la agenda de Inés preguntas relacionadas a la geotermia que ella no puede responder. Se escuchó decir que la planta aumentará la capacidad de producción y las alertas saltaron. El rumor de un minado para generar bitcoines ha llegado a estas comunidades. 

“Hay una buena inconformidad contra todo esto”, dice Inés. Aunque es una minería diferente a la minería metálica —prohibida en el país—, tienen certeza de que no quieren nada que impacte en su medio ambiente o, peor aún, que pueda empeorar la situación de escasa agua que tienen. “Eso lo he podido notar en todas las comunidades a las que he ido. Es lo que la gente habla: de la privatización (del agua) y de esa moneda”, explica. 

Los miedos y las preguntas sobre la minería sobran en esta comunidad porque “la mayoría de personas saben perfectamente del daño de la geotérmica”, dice Inés. Con el paso del tiempo, no solo perciben la disminución de sus fuentes hídricas, sino también el cambio en la consistencia del agua que les llega. Describen un tipo de nata blancuzca sobre la superficie. Los pobladores de esta zona no comprenden con detalle qué significa el minado, pero el solo rumor de que algo pueda empeorar aún más su carestía de agua, los lleva a rechazarlo a priori. 

Melvin Alvarenga viaja cada dos días en su motocicleta hasta un nacimiento de agua ubicado en el cantón Las Delicias, Berlín. La familia Alvarenga utiliza el agua del nacimiento exclusivamente para tomar. Foto de El Faro: Carlos Barrera
 
Melvin Alvarenga viaja cada dos días en su motocicleta hasta un nacimiento de agua ubicado en el cantón Las Delicias, Berlín. La familia Alvarenga utiliza el agua del nacimiento exclusivamente para tomar. Foto de El Faro: Carlos Barrera

Los primeros pasos del minado

Antes de llegar a Las Delicias, el agua pasa por San Juan Loma Alta, un cantón que la mañana de ese 22 de julio parecía inerte hasta que un tumulto de mujeres —con cántaros en mano— saltó a la calle principal de tierra a esperar por un turno en los chorros comunitarios. Lo hacen porque en su casa no tienen cañerías. El pago es de $6 por derecho al múltiple. A esto le suman $0.50 que tienen que dar al valvulero para que les eche el agua. 

El chorro de agua es como el parque del pueblo, y a su alrededor las mujeres ríen y comparten lo que les aqueja debajo de un árbol raquítico, mientras llenan los cántaros que dejan en fila. La falta de agua es uno de los temas habituales de conversación.  

Alma Orellana, coordinadora de la Defensa de la Subcuenca del Río San Simón y una lideresa de Berlín, se detiene a escuchar lo que hablan. En este lugar, a esta mujer de 50 años, todos la conocen como defensora del río, otra fuente de agua que consideran bajo riesgo en la zona debido a la impermeabilización que sufren los terrenos y que ha llevado a la disminución de su caudal. Ella se metió en el movimiento ambiental luego del huracán Mitch, en 1998, por un deslave en Berlín que le hizo pensar que los “desastres” no siempre son tan “naturales”. Si algo defiende Alma es que la gente sea cada vez más consciente de la protección de las cuencas, ya que el agua no “llega al chorro por arte de magia”. 

En estas pláticas de escasez de agua hay un nuevo tema que se suma: la minería para los bitcoines. En estas comunidades se supo de la minería para esta criptomoneda a través de las radios comunitarias. Ahí escucharon que la energía geotérmica sería usada para echar a andar esta medida, cuenta Alma. Cuando ella se enteró de que el plan de minado incluía la apertura de un nuevo pozo para suministrar energía para cuartos llenos de computadoras, comenzó a preguntar, a buscar información. Piensa que si continúan con la apertura de más pozos, habrá más deforestación. “La gente está consciente que eso va a afectar. Sabemos ya los daños que causa la explotación del recurso agua que hace La Geo”, asegura. 

Consuelo del Carmen Cruz espera a un lado de una calle polvorienta a que se llenen sus cántaros de un chorro ubicado en el cantón Loma Alta, del municipio de Berlín, Usulután. Foto de El Faro: Carlos Barrera
 
Consuelo del Carmen Cruz espera a un lado de una calle polvorienta a que se llenen sus cántaros de un chorro ubicado en el cantón Loma Alta, del municipio de Berlín, Usulután. Foto de El Faro: Carlos Barrera

Previo a que la Ley Bitcoin entrara en vigencia el 7 de septiembre en El Salvador, el presidente Bukele anunció por Twitter que había instruido a La Geo para que facilitara un plan de minería para bitcoines, que garantizara la energía que este sistema necesita para operar. La idea de Bukele es hacer uso de la energía geotérmica para minar. 

El 9 de junio, Bukele tuiteó que había sido notificado de la apertura de un nuevo pozo geotérmico que proveerá de aproximadamente 95 MW para minado. Pero nunca especificó si se trataba de la  planta geotérmica de Berlín o la de Ahuachapán. Sin embargo, si bien esto podría incrementar la producción de energía geotérmica, que según el Gobierno representa el 26 % de la oferta energética, los impactos serían altos y los beneficios muy pocos, según Mauricio Sermeño, presidente de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES). 

Para este reportaje se buscó a La Geo el lunes 11 de octubre, a través de la persona encargada de comunicaciones. Se le consultó si cuentan con estudio de impacto ambiental para la minería para bitcoines o el manejo de aguas subterráneas de las zonas aledañas a la planta geotérmica. Se preguntó también si la planta de Berlín será usada para el minado. Se preguntó sobre qué garantías hay de que el suministro de energía para el minado no genere un desabastecimiento energético. Para el cierre de este texto, La Geo no emitió respuesta alguna.

Para Sermeño, con estudios en plantas eléctricas geotérmicas e hidroeléctricas, una decisión como esta, de potenciar la geotermia para minar, puede traer repercusiones en las comunidades cercanas. Aunque la geotérmica es una de las energías “limpias” o renovables, Sermeño es de la idea de que siempre hay un impacto “en el aire que respiran, el agua que tienen que consumir, el territorio, la sismicidad que se aumenta”. 

Por eso no ve viable la minería de bitcóin o de cualquier criptomoneda, porque esto representa “una demanda continua, exageradamente grande”. Lo compara con una fábrica que consume cinco MW. Cuando se habla de esa cantidad de consumo significa que la fábrica es enorme. Para hacer minado, según Bukele, se hará uso de los 95 MW generados por el nuevo pozo. “Hablamos de 95 MW y, creo, va a ser más”, añade Sermeño sobre el gasto energético que se requerirá.  

Minar bitcoines implica tener infraestructura, un centro de datos, conectividad a internet, además de la electricidad y aire acondicionado en abundancia, porque las computadoras necesitan ventilación. “Nuestro clima es demasiado caliente y eso genera una gran cantidad de calor, y necesitan una temperatura ambiente agradable para funcionar. El aire acondicionado puede duplicar aún más la cantidad de energía necesaria para funcionar”, menciona Sermeño, y añade la posibilidad de que aumenten también las emisiones de dióxido de carbono (CO2). 

A la advertencia de Sermeño de que la informática en sí consume una gran cantidad de energía, se suma un nuevo estudio publicado por la revista Resources, Conservation and Recycling, que determinó que la minería por bitcoin deja una gran cantidad de desechos electrónicos: cada transacción genera 272 gramos en residuos, comparable a dos iPhone mini tirados a la basura. Este es el resultado de tener máquinas trabajando segundo a segundo en minería. Pero en estas comunidades de Berlín si algo les preocupa es que el minado les deje aún con menos agua.  

¿Aumentar la capacidad geotérmica puede propiciar un impacto directo en los mantos acuíferos de la zona? La respuesta de un ingeniero agrónomo, especialista ambiental, que por temor a repercusiones pidió omitir su nombre, es que existen ciertas actividades que causan la disminución de los caudales en las fuentes de agua de la población, entre estas el cambio en los usos del suelo: que podría ocurrir con la construcción de infraestructura para la planta geotérmica. 

Es decir, de llegarse a presentar un aumento en la capacidad de producción por la minería, como lo anunció el presidente, podría implicar la necesidad de aumentar infraestructura en la planta geotérmica y eso podría generar un impacto en los mantos acuíferos de los que se abastece la población de estas comunidades. El solo rumor de que la situación podría empeorar hace que estas poblaciones de Berlín, habituadas a la sequía, se pongan alerta. 

Planta geotérmica de Berlín, ubicada en el cantón Montañita, del municipio de Alegría, en Usulután. Foto de El Faro: Carlos Barrera
 
Planta geotérmica de Berlín, ubicada en el cantón Montañita, del municipio de Alegría, en Usulután. Foto de El Faro: Carlos Barrera

Natalia Santamaría es especialista en geofísica y ha colaborado en investigaciones sobre el agua en la UNES. Para ella, que La Geo aumentara su capacidad de producción conllevaría la posibilidad de que se tuvieran que perforar más pozos y deforestar. “¿Qué impactos lleva esto? Quiere decir que se tendría que talar y eso cambiaría la dinámica del suelo y la dinámica de los acuíferos”, dice. Su opinión no está lejos de lo que tiene inquieta a Alma, lideresa de Berlín. En otras palabras, puede que haya un cambio en el flujo del agua que abastece a las comunidades. 

Santamaría retoma lo mencionado por Sermeño respecto a los microsismos que se dan en este tipo de zonas por la perforación de pozos: “Eso puede también que obstruya el paso del agua para las comunidades”. 

Para saber concretamente cuáles serían las repercusiones ambientales, menciona Santamaría, lo ideal sería hacer un análisis del impacto medioambiental respecto a la minería por bitcóin. 

Sermeño y Santamaría coinciden en lo que se produce a día de hoy en energía eléctrica de los volcanes ni siquiera alcanza para cubrir la demanda para todo El Salvador: “Aunque se venga a producir toda la energía que se diga a nivel de geotermia, no tenemos la capacidad para poder minar bitcoin. Eso es mentira”, dice el ingeniero de la UNES, y augura un futuro tremendo: cree que el minado generará un impacto en el medio ambiente y El Salvador podría sufrir de desabastecimiento energético por la minería, lo que llevaría a que el país entero terminara en constantes apagones. 

El 28 de septiembre, Bukele tuiteó el video de una rastra remolcando un contenedor de carga industrial, de los que se usan para transporte marítimo, con el logo del Gobierno de El Salvador al costado. El video mostraba un cubo largo y oscuro llegando a lo que parecía la planta geotérmica de Berlín. “First steps” (primeros pasos), escribió el presidente sin revelar el lugar exacto donde se ubicó el contenedor, presumiblemente para empezar la infraestructura de minado. 

Oasis de supervivencia 

En San Lorenzo nunca ha habido agua potable. Esta es una comunidad en la parte alta de Berlín, donde el agua que se consume es recolectada a través de canales instalados sobre el techo. Cuando la lluvia cae, el agua se almacena en tambos grandes. Esa es la historia diaria de las casi 111 familias que viven a lo largo del cantón, como también de las dos escuelas de educación básica de la zona, que tampoco cuentan con un sistema de agua potable. 

En este cantón, a unos minutos del casco urbano de Berlín, el agua se compra o se acarrea desde un nacimiento. Muchos optan por la segunda opción: no todo el tiempo se pueden dar el lujo de pagar entre $45 y $60 en agua, equiparable a lo que ganan por una quincena de trabajo en cafetales.  

Todos los días las mujeres del cantón San Lorenzo, municipio de Berlín, caminan hasta un nacimiento de agua ubicado en el corazón de la cordillera montañosa del municipio. Allí, las mujeres lavan, se bañan y cargan agua hasta las casas para que las familias puedan tomar. Foto de El Faro: Carlos Barrera
 
Todos los días las mujeres del cantón San Lorenzo, municipio de Berlín, caminan hasta un nacimiento de agua ubicado en el corazón de la cordillera montañosa del municipio. Allí, las mujeres lavan, se bañan y cargan agua hasta las casas para que las familias puedan tomar. Foto de El Faro: Carlos Barrera

El nacimiento es un ojo de agua protegido entre frondosos árboles ancestrales. Estas personas lo ven como un oasis de supervivencia. Para llegar hasta ahí, hay que adentrarse en un barranco a través de una vereda que los habitantes han mejorado con el tiempo, para facilitar la caminata a las personas, en su mayoría mujeres, que suben y bajan con un equilibrio envidiable, sin que haya cántaro que tambalee. 

En casa de Natalia Campos, una mujer petisa de 64 años y de fácil sonreír, hay tres bidones instalados, un par le fue donado por la Fundación ProVida y la cooperación internacional, bajo el lema “Fortalecimiento de capacidades locales para garantizar el acceso sostenible a agua potable en las comunidades de Berlín, El Salvador”. Ella hace mucho que dejó de bajar al nacimiento. Deja esa labor a su nieto, que cada día va por una cantarada de agua. Así es como se ahorra $3 semanales que de vez en cuando suele pagar por un barril con agua. 

Sentada en el corredor frente a su cuarto, Natalia ofrece café a Alma Orellana. Se une a la plática Óscar Velásquez, de 45 años, presidente de la Adesco del cantón San Lorenzo. El encuentro esporádico terminó en una reunión de varias horas: hablaron de la falta de agua, de salidas a la problemática, de proyectos fallidos que nunca terminan de ser apoyados desde la municipalidad y de la minería para bitcoines. 

Justin Velázquez, de 8 años, vive en el cantón San Lorenzo, de Berlín, Usulután. Todos los días, el niño acompaña a su madre hasta el nacimiento de agua para poder bañarse y llevar agua para su familia. Foto de El Faro: Carlos Barrera
 
Justin Velázquez, de 8 años, vive en el cantón San Lorenzo, de Berlín, Usulután. Todos los días, el niño acompaña a su madre hasta el nacimiento de agua para poder bañarse y llevar agua para su familia. Foto de El Faro: Carlos Barrera

“¡¿Qué son $2 millones?!”, cuestiona Óscar sobre una propuesta que lleva entre ceja y ceja de instalar un sistema de bombeo que, a través de cañerías, mueva el agua no solo a San Lorenzo, sino al resto de comunidades aledañas, incluido parte del casco urbano de Berlín. “$2 millones no es cantidad para un problema que quedaría resuelto de por vida. Es una inversión”, dice mientras compara el gasto con otros proyectos impulsados por el Gobierno.

Para introducir el bitcoin al país, el Gobierno ha destinado $205.3 millones. 

Pero ese acceso a agua potable que está en la mente de Óscar parece estar a años luz. Por más gestiones que han intentado hacer, aún no logran convencer a la municipalidad para que apruebe la idea. Una segunda propuesta, más viable según Óscar, sería construir tanques de recolección de aguas lluvias o donar un tanque por familia, pero hace falta “voluntad política”. 

Alma piensa en el nacimiento y comparte el miedo de que esta fuente se seque. Recientemente, tras una fuerte lluvia, un alud de tierra cubrió parte de ese ojo de agua. Un árbol quedó atravesado en una de las piletas que construyeron los habitantes para lavar ropa. Para remover el derrumbe, la gente usó maquinaria que les facilitó la alcaldía. Ahí es cuando Alma insiste en el impacto de alterar el ecosistema y es cuando, de nuevo, saltan los temores sobre el bitcoin y la minería. “Eso significa más deforestación, más aumento del calor, más riesgos de desastres, más afectaciones a la salud”, comenta.

Alma Orellana (25 de mayo de 1970) es activista por los derechos de las mujeres y defensora del territorio en el municipio de Berlín, Usulután, y sus cantones. Foto de El Faro: Carlos Barrera
 
Alma Orellana (25 de mayo de 1970) es activista por los derechos de las mujeres y defensora del territorio en el municipio de Berlín, Usulután, y sus cantones. Foto de El Faro: Carlos Barrera

Los conflictos por el agua

Las comunidades que se desprenden de Berlín se distribuyen en un laberinto rural de calles angostas, rocosas y de polvo, de las que ni Google Maps tiene registro. Pero Alma Orellana las conoce bien. El tiempo que lleva como defensora de la subcuenca del río San Simón le ha permitido manejar no solo una lista del impacto medioambiental que sufre el municipio, sino el reconocimiento topográfico de cada comunidad.

Eso le da a ella la potestad para hablar sobre los conflictos ambientales que se han presentado en estas comunidades, y que se originan por la falta de agua. Tal y como lo describe el documento “Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial 2020-2035” —publicado en 2020 por la municipalidad con apoyo de la cooperación internacional—, Berlín está sufriendo el impacto de la tala de bosques y cafetales, contaminación de los recursos de aire, agua y suelo por quemas, como la emanación de humo y gases por la explotación de energía geotérmica. Eso se concluyó por consultas realizadas a diferentes sectores. El agua solo es uno de tantos problemas, pero es el que más les golpea.

Janette Guevara, de 9 años, revisa el nivel de agua de un contenedor de su casa ubicada en el municipio de Berlín, Usulután. Los tanques y múltiples barriles son una estampa común en las casas de las comunidades del municipio y sus cantones debido a la irregularidad del servicio de agua potable. Foto de El Faro: Carlos Barrera
 
Janette Guevara, de 9 años, revisa el nivel de agua de un contenedor de su casa ubicada en el municipio de Berlín, Usulután. Los tanques y múltiples barriles son una estampa común en las casas de las comunidades del municipio y sus cantones debido a la irregularidad del servicio de agua potable. Foto de El Faro: Carlos Barrera

“Hay comunidades que su fuente ya no está dando agua y necesitan conectarse al proyecto múltiple”, dice Alma. Ella, como Inés Marroquín, la presidenta del múltiple, saben que incluir a más hogares significa más tiempo de espera para que el agua llegue a cada comunidad o que se reduzcan las pocas horas a las que las familias tienen derecho con los $6 que pagan al mes. 

Por esto es que la minería para bitcoines es un tema que les preocupa a diario. Alma no tiene dudas de que, de cumplirse su pronóstico, como lo dicho por los expertos respecto al minado, el acceso al agua pasará a ser un padecimiento aún más severo. Su miedo es que esto termine en un aumento “de los conflictos por el agua en la zona”.

Hasta hoy, según Alma, los conflictos ambientales que viven entre comunidades se deben a vertidos de contaminantes en los cultivos o al abuso de los agroquímicos que hacen algunas personas. “Hay comunidades que están tratando de cultivar de manera orgánica, pero hay comunidades que están contaminando”, asegura. Esto aún no ha pasado a más. 

Mientras esto se resuelve -o se complica-, en la casa de María Alvarenga, en Las Delicias, ella habla de la última gallina que vendió para pagar el recibo del agua. Cuenta de cuando era joven y le tomaba todo un día ir a la fuente del río San Simón, por el lado de Mercedes Umaña. “Nosotros hemos sufrido mucho por el agua”, recuerda. Dice que los $6 que paga no significan nada con tal de tener agua para comer, para bañarse.  

¿Cómo es la vida sin agua? Para María, dos palabras encierran su calvario de tener agua solo una vez al mes: “Es cruel”. Es todo lo que responde tras un largo suspiro. 

Pedro Mendoza, de 64 años, camina todos los días sobre un terreno escabroso para recolectar agua para él y su familia en el cantón San Lorenzo, Berlín. Allí no existen conexiones de agua potable en las casas de las comunidades y los habitantes se ven obligados a caminar durante al menos 30 minutos para abastecerse. Foto de El Faro: Carlos Barrera
 
Pedro Mendoza, de 64 años, camina todos los días sobre un terreno escabroso para recolectar agua para él y su familia en el cantón San Lorenzo, Berlín. Allí no existen conexiones de agua potable en las casas de las comunidades y los habitantes se ven obligados a caminar durante al menos 30 minutos para abastecerse. Foto de El Faro: Carlos Barrera

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El Salvador Sun, 17 Oct 2021 17:16:54 +0100 https://elfaro.net/es/202110/el_salvador/25790/La-comunidad-sin-agua-pero-con-bitcoin.htm
Honduras: Las tres agresiones contra la diputada Olivia Zúniga Cáceres http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000036524.jpg https://elfaro.net/es/202110/centroamerica/25795/Honduras-Las-tres-agresiones-contra-la-diputada-Olivia-Zúniga-Cáceres.htm El 9 de octubre la Policía Nacional anunció que la diputada Olivia Zúniga Cáceres había sido víctima de un atentado en su vivienda. Horas después aclaraban haber detenido a un hombre que era su pareja sentimental y cuestionaban la denuncia inicial. Días después, la diputada Zúniga publicó un vídeo en redes donde muestra haber sido víctima de violencia doméstica y denunció la filtración de información falsa, que la puso en riesgo. Para los analistas, el caso de la diputada muestra una revictimización múltiple tanto por ser mujer, como por participar en la vida política del país. El Faro publica esta historia con autorización de Contra Corriente. Olivia Zúniga, diputada del Partido Libertad y Refundación (Partido Libre) e hija de la ambientalista Berta Cáceres (asesinada en 2016), sufrió tres agresiones la última semana: la primera de parte de quien era su pareja sentimental que la golpeó durante ocho minutos, la segunda cuando la Policía la expuso públicamente y la tercera cuando los medios replicaron la información de la Policía y difundieron solo la versión del agresor.

Zúniga tuvo que publicar un vídeo la noche del 12 de octubre, titulado Mi versión, en el que se ve cómo su pareja afectiva ejerce violencia contra ella. Zúniga Cáceres denuncia en el vídeo que llamó al 911 y dijo haber sido atacada por un hombre que la perseguía por la colonia en su propio carro, a pesar de esto, Zúniga explica que el subcomisionado Madrid declaró información falsa en medios donde aseguró que lo que ella había denunciado había sido un atentado por cuatro hombres desconocidos.

“Yo no he dado ni una tan sola declaración acerca de este suceso ante ningún medio de comunicación, ya que se debe respetar el proceso investigativo que ha sido violentado y entorpecido por la filtración de información falsa y manipulada por parte del subcomisionado Madrid de la UDEP10 de Intibucá”, tuiteaba Zúñiga, luego de que la información —que ella calificó como errónea— fuera difundida en medios.

En el vídeo publicado por la diputada se ve cómo Luis Fernando Romero Argueta (el agresor), le impidió primero realizar una llamada, luego se quedó las llaves del carro por lo que Zúñiga no pudo huir en él. Romero toma el carro, se va durante un tiempo, pero regresa a cambiarse de ropa, limpiar lo que pareciera ser sangre en el suelo de la casa de Zúniga y volverse a ir. Ella pudo refugiarse en casa de un vecino después de ser golpeada por Romero Argueta. La Policía Nacional lo detuvo la mañana siguiente en Marcala, departamento de La Paz, mientras se conducía en el carro propiedad de Zúniga.

El subcomisionado a cargo de la posta policial en La Esperanza, Intibucá, Alex Madrid, declaró en medios que Zúniga había manifestado inicialmente no conocer quién robó su carro: “Al parecer es una persona que ella perfectamente conocía (…) definitivamente se deben de poner denuncias por hechos reales y no por situaciones que al final dejan entrever otras cosas lamentablemente. Ya la sociedad se formará su propio criterio, nosotros no somos quienes, para juzgar, ella sabrá por qué lo hizo”.

Victoria Ochoa, coordinadora de la organización política feminista Luchemos, dijo que el caso trata sobre múltiples violencias que fueron ejercidas al mismo tiempo: “La violencia de género y la violencia política, al ser una mujer participando en la política, recibe ataques que responde a estas condiciones, no se puede separar una condición de la otra”.

Ochoa explicó que la violencia se vuelve política cuando la policía y los medios reproducen un discurso manejado como “lío de faldas” como si la violencia basada en género fuera algo menor a un ataque por su condición de diputada. La violencia doméstica es uno de los delitos más denunciados Honduras, en 2020 las cifras se dispararon a casi 100,000 casos en la línea de emergencia del 911, producto del confinamiento por la pandemia de COVID-19. De enero a mayo de 2021 la línea de emergencia 911 recibió 24,107 denuncias por violencia doméstica en todo el país. Este dato fue recopilado por el Observatorio de violencias del Centro de Derechos de la Mujer (CDM).

Zúniga denunció sentirse revictimizada no solo por la policía, sino por los medios, entre ellos el medio Hable Como Habla (HCH)divulgó vídeos que contienen los interrogatorios realizados a Romero Argueta, la voz que realiza las preguntas es la del subcomisionado Madrid. En uno de los vídeos, Romero, aparentemente en estado de ebriedad, cuenta que llegaron de un bar en el que había bebido y que discutieron. “¿Ella te mordió?”, le pregunta Madrid.

Olivia Zúniga durante su campaña electoral en las pasadas elecciones internas de su partido. Yamaránguila, Intibucá, 19 de febrero de 2021. Foto: Martín Cálix.
 
Olivia Zúniga durante su campaña electoral en las pasadas elecciones internas de su partido. Yamaránguila, Intibucá, 19 de febrero de 2021. Foto: Martín Cálix.

Cuando Romero responde que sí, insiste en los detalles: “¿Y el golpe del sartén, ella te golpeó con el sartén? (…) ¿la señora Olivia Cáceres te mordió el dedo en la pelea que tuvieron?”, Romero responde que no sabe. “¿Y entonces quién te mordió el dedo?, ¿usted se lo mordió solo?”, Romero responde que no y luego deja de responder cuando expresa que ve a la seguridad de Zúniga llegar a la posta policial. Madrid fue asignado a la posta policial de la Esperanza, Intibucá, en medio de protestas por el caso de Keyla Martínez, una estudiante de enfermería que murió en una celda policial después de haber sido detenida la noche del 6 de febrero de 2021, por incumplir un toque de queda.

La Policía Nacional dijo que se había suicidado, pero Medicina Forense determinó que la muerte fue homicida y comenzó las investigaciones.  La diputada Zúñiga Cáceres participó en protestas que se llevaron a cabo un día después de la muerte de Keyla, estas manifestaciones terminaron reprimidas por la Policía y ella fue víctima de gas lacrimógeno, mientras daba declaraciones en medios. Tras lo sucedido con su caso, la diputada expresó en redes que cree que se ha utilizado este caso para vengarse de las denuncias nacionales e internacionales que hizo cuando acompañó el caso de Keyla Martínez.

Cuando ocurrió el caso de Keyla, Zúñiga, denunció en Contracorriente que la versión de la Policía Nacional no tenía credibilidad: “Ni para nosotras ni para el pueblo hondureño. Cambian la versión de los hechos, así como cuando hicieron con mi mamá que dijeron que era un crimen pasional, después que era un pleito de poder interno en su organización”, señaló.

Contactamos al subcomisionado Alex Madrid, quien no respondió a las llamadas, pero sí a mensajes de texto, sin embargo, dejó de responder cuando se le solicitó una entrevista para escuchar su versión en el caso de la diputada Zúniga.

Posteriormente, Contracorriente contactó al inspector Edgardo Barahona, vocero de la Policía Nacional que mediante notas de voz explicó que la policía había recibido una denuncia de la diputada Zúniga y que es a raíz de esa que se logró la detención de Romero Argueta y que posteriormente vieron que se trataba de un “pleito pasional”. Sobre la falta de policías —debido a las medidas de protección de la Corte Interamericana con las que cuenta la diputada desde que ocurrió el asesinato de su madre Berta Cáceres— el inspector dijo desconocer qué tipo de medidas tiene la diputada y si estas incluyen un acompañamiento las 24 horas del día, a su vez recordó que Berta Cáceres, la madre de Olivia, había “despachado a los policías» la noche de su asesinato”.

El inspector Barahona luego de enviar las notas de voz, eliminó todos los mensajes y cuando se le cuestionó por qué hizo esto, solo dijo que toda la información que proporcionó era correcta y no volvió a responder comunicaciones a este medio. 

Zúniga denunció que la policía no estaba con ella para garantizar sus medidas cautelares y que tampoco estuvo durante las madrugadas anteriores donde dice haber sido vigilada. “La misma policía que se ausentó durante los últimos días, es la misma que ha expuesto ante los medios de comunicación el vehículo y placa en el cual me movilizo, a parte de hacer interrogatorios y filtrar información violentando el debido proceso para manipular a la opinión pública”, comentó en sus redes.

Olivia Zúniga durante su campaña electoral en las pasadas elecciones internas de su partido. Yamaránguila, Intibucá, 19 de febrero de 2021. Foto: Martín Cálix.
 
Olivia Zúniga durante su campaña electoral en las pasadas elecciones internas de su partido. Yamaránguila, Intibucá, 19 de febrero de 2021. Foto: Martín Cálix.

Luna Flores, integrante de Luchemos, señala que las acciones de la policía responden a un patrón estructural de violencia machista: “Todos sabemos el origen de la violencia, sabemos que es de carácter estructural y que las instituciones encargadas en este país de garantizar seguridad, protección, más bien se convierten en cómplices y reproductores de este sistema violento.En este caso la policía es una entidad que simboliza represión y que jugó un papel terrible en el caso de Olivia y no solamente en ese, el caso reciente de Keyla”, aseguró.

Por su parte, Ochoa, la coordinadora de Luchemos, añadió que “es necesario verlo sistémicamente, no es un caso aislado y que también fue revictimizada muchas veces por las autoridades, por los medios de comunicación. Tuvo que defenderse además de los daños que estaban haciendo a su imagen y dignidad. Las mujeres se ven envueltas al tener que defender su imagen y su dignidad por su ejercicio como diputada”, resaltó. Para Ochoa es necesario que exista una tipificación para la violencia política y otra especialmente para las que sufren las mujeres: “Va a ser muy necesario para poder justamente prevenir y también regular estos incidentes de violencia que se están dando y que cada vez crecen más, sobre todo a mujeres que están incursionando en política”, finaliza.

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Centroamérica Sat, 16 Oct 2021 15:49:34 +0100 https://elfaro.net/es/202110/centroamerica/25795/Honduras-Las-tres-agresiones-contra-la-diputada-Olivia-Zúniga-Cáceres.htm
El Salvador avanza a paso firme hacia el autoritarismo - Por Liliana Caballero https://elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg https://elfaro.net/es/202110/360grados/25794/El-Salvador-avanza-a-paso-firme-hacia-el-autoritarismo---Por-Liliana-Caballero.htm 360 grados Fri, 15 Oct 2021 19:55:52 +0100 https://elfaro.net/es/202110/360grados/25794/El-Salvador-avanza-a-paso-firme-hacia-el-autoritarismo---Por-Liliana-Caballero.htm Familiares de funcionarios oficialistas se salvan del masivo recorte en la Asamblea Legislativa http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_0_2000_1333/images%7Ccms-image-000035835.JPG https://elfaro.net/es/202110/el_salvador/25789/Familiares-de-funcionarios-oficialistas-se-salvan-del-masivo-recorte-en-la-Asamblea-Legislativa.htm Tres familiares de dos magistrados impuestos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la esposa del director de la Policía Nacional Civil (PNC) y la hija de uno de los principales financistas del partido Gana se salvan de la última purga de personal de la Asamblea Legislativa. La Junta Directiva de ese órgano de Estado, controlada por Ernesto Castro, ha despedido al 73 % de los empleados en cinco meses y no han aclarado si los sustituirán por otros de su confianza. La Asamblea Legislativa controlada por el presidente Nayib Bukele despidió a 1,700 empleados desde el 1 de mayo que asumieron funciones los actuales diputados. Sin embargo, cinco empleados que tienen parentesco con piezas claves del bukelismo se salvaron de la purga que afectó al 73% de la planilla legislativa, según información proveniente de la oficina de Recursos Humanos y del sindicato de trabajadores.

Los familiares del presidente impuesto de la Corte Suprema de Justicia, Óscar López Jerez, son Yolanda Castro de López y Jouser López. Ella es su esposa y es la jefa de la Dirección de Planificación; él es su hermano y es colaborador en Gana. El hijo de Elsy Dueñas, otra magistrada impuesta, es Óscar Avilés Dueñas, técnico de comisiones. La esposa de Mauricio Arriaza Chicas, director de la Policía, es Claudia Figueroa de Arriaza, y también se salvó de la purga legislativa. Los despidos tampoco afectaron a la hija de Herbert Saca. Él no es funcionario público, pero es alguien que desde la fundación del partido ha tenido poder en Gana, aliado del bukelismo en la Asamblea y el partido con el que Bukele llegó a la Presidencia en 2019. La hija de Herbert Saca, Cindy Saca Aragón, trabaja en la sede departamental legislativa de La Libertad, según la información de Recursos Humanos de la institución. Los salarios de estas personas van desde los 1,300 dólares hasta 3,500 dólares.

Presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, juramenta a Óscar López Jerez (derecha) como presidente de la CSJ el 1 de mayo de 2021. Tanto la esposa como el hermano de López Jerez trabajan en la Asamblea y lograron salvarse del despido tras una amplia purga. Foto: Cortesía/Asamblea Legislativa
 
Presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, juramenta a Óscar López Jerez (derecha) como presidente de la CSJ el 1 de mayo de 2021. Tanto la esposa como el hermano de López Jerez trabajan en la Asamblea y lograron salvarse del despido tras una amplia purga. Foto: Cortesía/Asamblea Legislativa

El Faro confirmó la parentela con los cuatro funcionarios y Saca a través de documentación oficial del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y del Centro Nacional de Registros (CNR). Este periódico habló con tres exempleados y dos que aún conservan sus plazas, los cinco decidieron hablar en condición de anonimato por temor a represalias. Dos líderes sindicalistas también hablaron con este periódico para explicar la coyuntura actual tras los masivos despidos.  

La representante legal del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (Sital), Ingryd Escobar, y el secretario general, Luis Ortega, denunciaron el seis de mayo el comienzo de esta purga en la Asamblea. Los empleados han bloqueado las entradas al edificio legislativo para hacerse escuchar. “No les permiten tener sus documentos, no les entregan su carta de despido, no les permiten sacar su información de Recursos Humanos, es una violación más”, dijo Escobar a El Faro.

Ernesto Castro anunció los despidos dos semanas después de haber asumido la presidencia de la Asamblea. “Vamos a remover a quienes fueron favorecidos con plazas fantasmas y que no cumplían con su jornada laboral como el resto de trabajadores”, dijo el 14 de mayo tras finalizar la sesión plenaria. 

Cuatro de los cinco familiares de los funcionarios oficialistas que han permanecido tras los despidos llegan a las oficinas de la Asamblea en horario regular, según el Sitral y siete empleados de la Asamblea. Un quinto familiar, el hermano de López Jerez, es la excepción, según todas estas fuentes. 

Dos dirigentes del sindicato y dos empleados de Gana aseguraron, bajo condición de anonimato, que Jouser Joaquín López Jerez no se presenta a trabajar con regularidad. Él aparece en la lista de empleados desde mayo de 2018, como colaborador administrativo de la fracción de Gana, con un salario de 1,300 dólares mensuales. 

El Faro solicitó en noviembre de 2019 a la oficina de información de la Asamblea la hoja de vida de Jouser López, pero a través de una carta se negó la entrega del documento. El mismo Jouser firmó un escrito para impedir la divulgación de su currículum porque, según justificó, “contenía información confidencial”: “no deseo que tal información sea entregada al solicitante”, respondió el empleado legislativo en noviembre de 2019.

Jouser no es el único pariente de López Jerez en planilla. Yolanda Dalila Castro de López es la esposa del presidente de facto de la CSJ y trabaja como jefa en la Dirección de Planificación, desde enero de 2017, con un salario de 3,500 dólares mensuales. Es licenciada en Mercadotecnia de la Universidad Tecnológica, según su hoja de vida publicada en el portal legislativo. De López trabajó como capacitadora para el manejo de las tarjetas y posts en el BAC Credomatic. También fue empleada de Avon: era la responsable de la “planificación y seguimiento del plan anual de trabajo”, dice su currículum.  

Yolanda de López llegó a la Asamblea para actualizar el manual de organización y el organigrama. Sin embargo, en el organigrama del portal de transparencia (2015) no existe la Dirección de Planificación. La nueva Oficina de Acceso a la Información publicó una nota aclaratoria en su portal el 25 de agosto de este año donde explica que la “Dirección de Planificación se encuentra en proceso de revisión, actualización y aprobación de la nueva estructura de la Asamblea”. 

Óscar Armando Avilés Dueñas, hijo de la magistrada Elsy Dueñas, labora en la Unidad de Asesoría Técnica Jurídica como técnico de apoyo, con un salario de 3,000 dólares mensuales desde agosto de 2019, según la oficina de Recursos Humanos. Fue asistente en la Comisión de Derechos Humanos y en la Comisión Especial para la Investigación de Acoso Contra Periodistas en la legislatura anterior. Actualmente, Óscar Dueñas atiende a la Comisión Ad Hoc para el estudio del proyecto de Ley General de Recursos Hídricos.  

Claudia Lorena Figueroa de Arriaza, esposa del jefe policial, aparece en la planilla de empleados de la Asamblea desde octubre de 2018, como colaboradora jurídica en la Gerencia de Comunicaciones, con un salario de 2,000 dólares. Según su contrato, del 22 de octubre de 2018, fue empleada para la Unidad de Género, con un salario de 1,700. Voceros del sindicato aseguran que actualmente se encuentra en la Gerencia de Recursos Humanos como colaboradora jurídica. 

El director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas (en medio, de uniforme), durante una reunión con el gabinete de Seguridad, en 2019. Actualmente, su esposa trabaja en la Asamblea Legislativa y se salvó de una purga de más del 70 m% de los empleados de ese órgano. Foto: Víctor Peña.
 
El director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas (en medio, de uniforme), durante una reunión con el gabinete de Seguridad, en 2019. Actualmente, su esposa trabaja en la Asamblea Legislativa y se salvó de una purga de más del 70 m% de los empleados de ese órgano. Foto: Víctor Peña.

Arriaza Chicas es un oficial que llegó a la Policía proveniente de la Fuerza Armada en 1993, como parte de un grupo de militares que no se habían dado de baja del Ejército. En noviembre del año pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) pidió un proceso de antejuicio por “incumplimiento de deberes”. Un mes después, Arriaza Chicas fue el primer funcionario del Gobierno de Bukele que enfrentó un proceso penal frente a la justicia y fue absuelto porque la Asamblea Legislativa cometió errores de procedimiento al exigirle llevar con apremio al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, orden que él incumplió.

Cindy Yamileth Saca Aragón, la hija de Herbert Saca, está en la oficina departamental de la Asamblea en La Libertad desde junio de 2017, como colaboradora administrativa y con una paga mensual de 2,500 dólares. Ella, al igual que Jouser López, fue otra de las empleadas que firmó un escrito para negar la divulgación de su currículum.

Herbert Saca no es funcionario de este Gobierno, sin embargo hay suficientes indicios para considerar que está alineado con la actual administración. Es fundador de Gana, según reveló el exdiputado de ese partido, Miguel Ahues, en 2012 a El Faro, pero también hay evidencia de que tiene acceso al círculo de confianza de Bukele. El 31 de agosto fue fotografiado en una reunión privada en casa de la familia Orozco, financistas de Gana.

El Faro intentó obtener una reacción de Yolanda de López, Claudia de Arriaza, Óscar Dueñas y Cindy Saca, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta. Este periódico también buscó obtener una explicación de la Junta Directiva, pero tampoco hubo respuesta. Cuando este periódico preguntó en las oficinas de Gana por Jouser López, la recepcionista respondió: “¿Quién? Creo que se ha equivocado de oficina, acá no hay ningún Jouser”. 

Herbert Ernesto Saca Vides, un operador político vinculado a la creación de Gana, partido con el que Bukele llegó a la Presidencia en 2019, y que ahora mismo acompaña todas sus decisiones desde su fracción legislativa. Su hija trabaja en la sede departamental de La Libertad de la Asamblea Legislativa.  
 
Herbert Ernesto Saca Vides, un operador político vinculado a la creación de Gana, partido con el que Bukele llegó a la Presidencia en 2019, y que ahora mismo acompaña todas sus decisiones desde su fracción legislativa. Su hija trabaja en la sede departamental de La Libertad de la Asamblea Legislativa.  

Asamblea mantiene el mismo presupuesto para el próximo año

Ernesto Castro prometió que habrá una reducción en el presupuesto de 2022. “Hemos reducido en $7 millones al año”, aseguró en la segunda plenaria como presidente de la Asamblea. Sin embargo, el presupuesto de este año es de 58.3 millones, y para el próximo 2022 será de 57.6 millones. Es decir que solo habrá una reducción de 700,000 dólares.

Aunque esta administración legislativa ha despedido al 73 % de los empleados, no ha explicado si esos despidos implican la supresión de la plaza o una sustitución por personas de la confianza de los nuevos diputados. 

Esta nueva Asamblea ha intentado lapidar la transparencia. El 12 de julio se conoció una propuesta de 11 reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), estas reformas buscaban clasificar como secreta la información sobre declaraciones de patrimonio, viajes oficiales o datos de contratos públicos. Otro intento fue el del 25 de agosto. El Legislativo actualizó el índice de información reservada del portal de transparencia, que incluían 20 nuevas reservas que según la Ley de Acceso a la Información son públicas. Ambos intentos fueron detenidos por la presión mediática y de algunos sectores de la sociedad civil. 

El Faro solicitó a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Asamblea la lista de empleados despedidos y las nuevas contrataciones que se han hecho a partir del 1 de mayo de este año. La oficina se excusó de entregar la información. “La nueva administración se encuentra en proceso de reordenamiento y reestructuración” respondieron. Agregaron que “la información relacionada al personal es variable”. 

En enero de 2018, Néstor Castaneda, presidente del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), entregó al expresidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, 22 reformas a la Ley de Ética Gubernamental (Leg). Una de las propuestas era sancionar el nepotismo cruzado. De aprobarse, sería prohibido contratar a un familiar de un alto funcionario de otro órgano de estado. Sin embargo, los parientes de los funcionarios bukelistas, al ya estar en la Asambea, estarían blindados. 

Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, asegura que la legislación salvadoreña debe sancionar el nepotismo cruzado. “El nepotismo cruzado es una forma que lleva a la construcción de redes que financian o sostienen políticamente a los partidos”, explicó el experto.

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El Salvador Fri, 15 Oct 2021 19:42:52 +0100 https://elfaro.net/es/202110/el_salvador/25789/Familiares-de-funcionarios-oficialistas-se-salvan-del-masivo-recorte-en-la-Asamblea-Legislativa.htm
El secuestrador pide perdón a su víctima tras conciliar por un crimen de guerra http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_0_2000_1333/images%7Ccms-image-000036517.JPEG https://elfaro.net/es/202110/el_salvador/25793/El-secuestrador-pide-perdón-a-su-víctima-tras-conciliar-por-un-crimen-de-guerra.htm Un exguerrillero pidió perdón a alguien a quien secuestró 35 años antes. El primer caso de la guerra civil de El Salvador, tras la eliminación de la Amnistía, se resolvió con un abrazo y la promesa de perseguir a los autores intelectuales. Es el primer registro de una solución de justicia transicional a un crimen de la guerra civil avalada por un tribunal salvadoreño. El jueves 14 de octubre de 2021 ocurrió un hito en la historia de El Salvador: un exguerrillero le pidió perdón a una de sus víctimas, a quien había secuestrado 35 años antes, durante la guerra civil. No es solo un acto simbólico. Es el cierre de un proceso judicial, avalado por un juzgado de San Miguel, y la culminación de un juicio por secuestro contra Armando Durán, a quien el FMLN tuvo secuestrado 37 días, en Jiquilisco, Usulután, entre el 7 de diciembre de 1986 y el 13 de enero de 1987. El acto se realizó en un salón del cuarto nivel de la Corte Suprema de Justicia ante una treintena de personas. 

Es el primer juicio de la guerra que se resuelve desde que en 2016 se eliminó la Ley de Amnistía. Ese juicio terminó con un secuestrador y una víctima abrazados.

“Con toda franqueza, señor Armando Durán, le pido disculpas por lo sucedido y le pido perdón por la participación que tuve en ese hecho que tanto daño y sufrimiento le provocó a usted y a su familia”, dice la carta que el victimario entregó y firmó a Durán. La carta fue leída durante la sesión solemne por William Flores Hernández, uno de los abogados defensores. 

Cuando Hernández terminó de leer la carta, Armando Durán recibió una copia de su secuestrador y se abrazaron por segunda vez. Ya lo habían hecho cuando Durán bajó del estrado después de explicar su posición y dar algunos agradecimientos. “Agradezco a los defensores y al inculpado por asumir la responsabilidad histórica en este proceso de reconciliación nacional”, dijo Durán. 

El victimario no leyó la carta él mismo porque una de las características que hacen especiales este caso es que se procesó con la ley penal juvenil, debido a que el victimario tenía 17 años cuando participó en el secuestro de Durán. Pese a que ya es un hombre de 52 años, el sistema judicial le ofreció las garantías que da a adolescentes, incluida la protección de su imagen e identidad. Además de las disculpas, la carta abunda en detalles sobre la verdad de lo que ocurrió con Armando Durán.

“Reconozco el hecho que le sucedió en diciembre de 1986 a enero de 1987, cuando fue privado de su libertad en la zona rural de Jiquilisco, por parte de una unidad guerrillera perteneciente al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)”, dice la carta. El ERP era una de las facciones que conformaban el FMLN. “Lo reconozco porque estuve presente en algunos momentos”, se lee.

“Cumplí 17 años el 1 de noviembre de 1986. En mi niñez, 1980-1984 fui colaborador del ERP.  Fui parte del grupo que lo privó de libertad a usted, participando en la tarea de brindar seguridad al grupo que realizó la operación del secuestro y como parte del grupo que lo escoltaba cuando se realizaban movimientos de un lugar a otro y como parte de la logística de vigilancia”, dice la confesión. 

En la carta, el victimario detalla la estructura de mando del ERP.  En la negociación por el secuestro, la familia de Armando se comunicó con un jefe guerrillero identificado como Chungo. “El comandante Chungo murió en Morazán, por insuficiencia renal, después de los Acuerdos de Paz”, revela de él la confesión. Luego nombra a otros mandos medios. “El comandante Óscar pasó a ser jefe de la zona del volcán Chaparrastique y murió en combate en 1988. El comandante Pedro, cuyo nombre legal era Antonio Rodríguez, se graduó de ingeniero, fue docente en la universidad El Salvador y murió aproximadamente en el año 2000”, dice el victimario. 

Tres personas integraban “el mando superior del frente sur oriental”, que operaba en la zona de Jiquilisco. “El comandante Javier, cuyo nombre legal era Rodolfo N. fue asesinado por pandilleros aproximadamente en 2015 en San Francisco Javier.  El comandante Carmelo, cuyo nombre legal era Eleno Castro, fue asesinado por un escuadrón de la muerte sobre la carretera Litoral, cerca de Zacatecoluca, recién firmados los acuerdos de Paz. No tengo información del comandante Jerónimo”. 

La carta agrega que el victimario supo que se trataba de un secuestro, que la familia de Durán entregó objetos y un pago en efectivo. La exigencia inicial fue de 200 000 colones, dos mimeógrafos marca Pelican, dos generadores de electricidad marca Honda, 15 fardos de tela verde olivo, 300 vacunas contra el tétanos y un fertilizante que las fuerzas guerrilleras utilizaban para fabricar explosivos. La cantidad de dinero finalmente se redujo a 50 000 colones.

Duran agradeció a la Fiscalía, a la Corte Suprema de Justicia, a la Procuraduría de Derechos Humanos, la Procuraduría General y  “a los medios digitales, escritos y prensa en general por haber sacado este suceso de la oscuridad”. Finalmente, dijo: “doy gracias a mi derecho constitucional de acceso a la justicia y tutela judicial por darme la posibilidad de alcanzar verdad, justicia, reparación integral y promesa de no repetición. Las víctimas del pasado conflicto armado no queremos venganza, solo justicia”. 

Al finalizar el evento, tanto Durán como el victimario firmaron un acta del juzgado de Menores de San Miguel, a cargo del proceso. Son sus propios acuerdos de paz, 35 años después del secuestro y 29 después de que El Salvador entero decidiera firmar los suyos. 

Cuando Durán firmó, el juez Víctor Meléndez le dijo: “Difícilmente habríamos llegado hasta aquí sin usted”.

El 13 de julio de 2016, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la Ley de Amnistía. Armando Durán fue víctima de la guerrilla durante el conflicto armado, y aprovechó la resolución para exigir justicia por su secuestro. Cinco años después de la denuncia, su victimario le pidió perdón en el Juzgado de Menores de San Miguel. Foto de El Faro: Nelson Rauda. 
 
El 13 de julio de 2016, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la Ley de Amnistía. Armando Durán fue víctima de la guerrilla durante el conflicto armado, y aprovechó la resolución para exigir justicia por su secuestro. Cinco años después de la denuncia, su victimario le pidió perdón en el Juzgado de Menores de San Miguel. Foto de El Faro: Nelson Rauda. 

La “creatividad” del juez Meléndez

Armando Durán (Jiquilisco, 1954) fue el primer denunciante por un caso de la guerra en julio de 2016, cuando la Sala de lo Constitucional determinó que la Amnistía, que impidió la investigación de crímenes de guerra, era ilegal. La sentencia se publicó en la noche del 13 de julio, Durán llegó el 28 de julio a la Fiscalía y presentó una denuncia por secuestro contra la comandancia general de la guerrilla, el FMLN, entre ellos el expresidente Salvador Sánchez Cerén. 

Dos años después, en octubre de 2018, la Fiscalía ordenó la captura del victimario y presentó la solicitud de acción penal. Armando dijo entonces a El Faro que se sentía insatisfecho porque su denuncia es, sigue siendo, contra los autores intelectuales, la comandancia general del FMLN.

El proceso avanzó. En marzo de 2021 se señaló vista de la causa, la apertura del juicio aunque finalmente se llevó a cabo en abril, en el juzgado de menores de Usulután. El 16 de abril, la jueza de menores decidió absolver al imputado. Sin embargo, Durán persistió. La fiscalía apeló el fallo y en junio, la Cámara de Menores de San Miguel anuló el juicio, consideró que el crimen era de lesa humanidad y ordenó que se repitiera. Así es como el caso llegó a las manos del juez Víctor Meléndez.

El seis de julio de 2021, Meléndez emitió una resolución en la que estableció la posibilidad de conciliar el delito. En la actualidad, la ley salvadoreña no permite conciliar por el delito de secuestro. Sin embargo, Meléndez invocó una cláusula de la Ley del Menor Infractor que estuvo vigente hasta 1994 y permitía “conciliar todos los delitos o faltas” para llegar a una salida que le pareció mejor.

“Optamos por el camino difícil. Lo fácil era hacer la audiencia, unos dos o tres días y decidir si era culpable o inocente”, dijo el juez Meléndez. Pero Meléndez consideró que las categorías de “culpable o inocente no podían satisfacer las expectativas de víctima y victimario” y optó por “hacer ese esfuerzo de creatividad para dar una mejor respuesta, más integral”, dijo. 

Como el victimario era menor de edad, Meléndez lo consideró también víctima en su medida. “Mal se obraría si, en el presente proceso, se descarga el poder punitivo del Estado para que se reprima el hecho global de la persona (el victimario) pues se obviaría que al ser éste adolescente (...) su jerarquía y rol dentro del bando beligerante del que formó parte está lejos de ser relevante”, dice una resolución de Meléndez, del 12 de agosto. “No es razonable que la investigación y judicialización de la denuncia omita dirigirse contra quienes verdaderamente han tenido la facultad de control, dominio y toma de decisión de los hechos”, dice.

El juez Meléndez se inspiró en la sentencia de inconstitucionalidad de la Amnistía y la “flexibilidad del proceso penal juvenil” para construir la mejor respuesta que se le ocurrió. Aunque la sentencia obligaba a la Asamblea Legislativa a emitir una nueva normativa para procesar casos de la guerra, los diputados llevan cinco años sin cumplir, y dejando a los jueces solos en busca de respuestas. 

“No queremos generar la sensación de que con justicia transicional se puede conciliar cualquier caso pero este caso sí”, dijo Meléndez a El Faro. 

“El inicio de un futuro prometedor para El Salvador”

“Este evento es de suma relevancia para el país”, dijo Apolonio Tobar, procurador de derechos humanos, en su discurso en la sesión solemne. “Es importante porque marca el inicio de lo que puede ser un futuro prometedor para El Salvador en verdad, justicia y reparación”, dijo Tobar.

El procurador Tobar es uno de los pocos sobrevivientes de la toma de instituciones emprendida por Nayib Bukele. En mayo, la Asamblea oficialista destituyó a los magistrados de la Sala Constitucional y al fiscal general, y los reemplazó por personas leales a Bukele. Una diputada anunció en Twitter que el puesto de Tobar era el siguiente en esos reemplazos, algo que finalmente no sucedió. Tobar, un férreo crítico de las medidas del gobierno de Bukele durante la pandemia, bajó el tono y la confrontación de su discurso público desde entonces.

Al lado de Tobar, en la mesa de honor, estaba Rodolfo Delgado, el fiscal general impuesto por Nayib Bukele. Su participación fue anecdótica: no habló en el evento, permaneció con la mirada baja en la mayor parte de los discursos durante 45 minutos, saludó brevemente a Armando Durán y no quiso responder preguntas de una periodista antes de irse. Óscar López Jérez, presidente impuesto de la Corte Suprema, ni siquiera llegó al evento, aunque una agenda previa mostraba que participaría y daría palabras de bienvenida.

En septiembre, la Asamblea de Bukele dictaminó una purga de una tercera parte de los jueces del país que la Corte Suprema ha operativizado. Esa purga incluyó al juez Jorge Guzmán, quien impulsó el caso más simbólico de la impunidad de la guerra civil: la masacre de El Mozote. Para ver el futuro prometedor para la justicia del que habla el procurador Tobar, habría que obviar todo ese contexto.

La resolución de Armando Durán parece, más bien, una excepción impulsada por el juez Meléndez. El juez aceptó que su creatividad para llegar a solventar el caso está sustentada en una historia personal en la que él también es víctima de la guerrilla.

El padre del juez Meléndez fue parte del concejo municipal de Cacaopera, Morazán y la guerrilla lo ejecutó en 1984, cuando los alcaldes y miembros de alcaldías se convirtieron en un blanco político.  "Lo secuestraron y lo ejecutaron. Recuperamos su cuerpo pero hasta ahí nomás. No sabemos cómo fue y por qué fue”, dijo Meléndez.

El juez Meléndez reveló esto a los defensores y acusadores en el caso del secuestro de Durán pero dice que siempre se sintió libre para tramitar el caso. Los abogados estuvieron de acuerdo. 

“Salvador Armando y (el victimario) representan a muchas víctimas que todavía no han alcanzado el acceso al derecho humano a la verdad, reparación, justicia. Hay muchas víctimas que todavía no se les ha dado respuesta y yo me incluyo dentro de ese grupo que todavía estamos esperando respuesta”, dijo el juez.

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El Salvador Fri, 15 Oct 2021 15:28:05 +0100 https://elfaro.net/es/202110/el_salvador/25793/El-secuestrador-pide-perdón-a-su-víctima-tras-conciliar-por-un-crimen-de-guerra.htm
La ruta de la oposición http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000035451.jpg https://elfaro.net/es/202110/columnas/25792/La-ruta-de-la-oposición.htm Conformar una oposición implica coaligarse en puntos y acuerdos mínimos, no temáticos o de luchas concretas, sino puntos políticos en las áreas que incluyan la diversidad, los derechos humanos y el respeto. La historia parece repetirse. Este es uno de los momentos que cualquier sociedad debería de prevenir como realidad o al menos asustarse cuando esto es una posibilidad. Particularmente porque la historia de países como El Salvador es, en resumidas cuentas, bastante trágica. La lucha por el control del país entre los que buscan la dominación de la sociedad para imponer sus deseos y caprichos, frente a aquellos que anhelan reglas del juego claras recién cumplió 200 años. En las consignas que se escuchan en las calles y en redes sociales, hay una ruta clara. Pero lo que se necesita para lograrla es aún difuso, porque no solo hay que pensar en el corto plazo. Esta puede ser la oportunidad para ir más allá, la pregunta es cómo.

Avanzamos de manera acelerada hacia una ruta ya conocida, de forma más sofisticada, pero con la misma receta fermentada de siempre. Por un lado, tenemos un líder mesiánico que prometió cambiar las cosas, pero que al llegar al poder terminó empalagándose de soberbia y de las mieles que van de la mano con la exclusividad de las élites. Y digo que se repite porque, en el otro lado, el de la denominada oposición, también existen aquellas voces ­–ya sea por criterios técnicos o por la sensatez de la experiencia–con más claridad sobre el futuro, más aterrizadas en la realidad de las mayorías y dispuestas a sacrificar su orgullo para encontrar puntos comunes con el que piensa diferente. Al igual que hace 50 años.

El proceso de modernización autoritaria iniciado por el expresidente Oscar Osorio y su revolución de 1948 –en el que se promovieron grandes reformas sociales, bajo estrictas y agresivas restricciones políticas– terminó de descomponerse y culminó, aproximadamente 25 años después, con el fraude electoral de 1972, el cierre de muchos espacios democráticos, el acoso y represión a los opositores y la perdida de la institucionalidad para el mantenimiento del poder de un caudillo (Arturo Armando Molina, del PCN). Asimismo, este proceso fue el caldo de cultivo para el acercamiento entre los opositores a los regímenes militares, independientemente de su ideología y de su estrato social, pero con el objetivo común de lograr la participación política de manera libre, alcanzar el poder y entonces dar respuestas a los problemas del país desde su visión de mundo, ya fuese desde el ámbito electoral o desde los movimientos sociales y populares. Este proceso fue el nacimiento, en la década de los 70, de la Unión Nacional Opositora (UNO) como representación institucional de la oposición y de la concreción de los movimientos de masas y clandestinos como la oposición social (que años posteriores conformarían la Coordinadora Revolucionaria de Masas y el Foro Popular).

Las marchas del pasado 15 de septiembre son la principal evidencia de lo que se avecina: nuestro pasado. Los grandes problemas nacionales que no están siendo resueltos y las acciones gubernamentales que solo responden a los anhelos y antojos del caudillo de turno son el terreno más fértil para el descontento social y para la cohesión de los que piensan diferente, bajo el marco común de respeto a esa diversidad. Creo, sin temor a equivocarme, que eso es lo que está sucediendo: la oposición que se muestra débil institucionalmente comienza a retomar su músculo desde la gente, desde las necesidades, desde la calle. Todo esto sucede 30 años después del proceso de modernización institucional de los Acuerdos de Paz y como consecuencia de la descomposición social y política del país durante el comienzo del siglo XXI.

Una vez más, el presidente, su Gobierno, sus diputados y algunas élites económicas buscan una restauración conservadora. Es decir, lejos incluir a esas mayorías que viven en pobreza e inseguridad, simplemente reproducen la dominación que siempre se ha tenido sobre las decisiones del país, replican el orden tradicional de las cosas. A través de principios absolutos imponen sus intereses y su bienestar, el país continúa siendo su finca, solo que ahora con nuevos caporales (algunos importados y con gusto a arepa pepiada).

Al igual que en el pasado, la sociedad tiende a polarizarse. Por un lado, están quienes reclaman desde el descontento social por los problemas no resueltos y la exclusión. Por el otro, la masa de la población que todavía cree que viene un cambio o se siente satisfecha –en alguna medida– con el camino hacia el que nos conduce el caudillo. Mientras tanto, en la calle, las protestas ahora casi semanales, ya no solo reúnen a ciertos grupos o sectores sociales, sino que en ellas confluyen diferentes generaciones y territorios, diferentes demandas y sectores, diferentes profesionales y luchadores sociales.

Ahora bien, ¿es esto momentáneo y coyuntural o puede dar lugar a una nueva oposición y a reconfigurar a la sociedad salvadoreña como en el pasado?

Creo que todo dependerá de la respuesta gubernamental, pero si las cosas continúan como hasta ahora, y según el guion de otros caudillos recogidos en la historia, el régimen optará por la represión y la proscripción del resto de partidos políticos. Queda aún por verse si la sociedad logrará dar a luz a un nuevo actor sociopolítico que tenga la legitimidad suficiente para contrarrestar la popularidad del presidente. Sobre todo porque los partidos políticos de oposición están siendo, como menos, muy pasivos con lo que está sucediendo con el movimiento social y se sabe poco sobre cómo responderán. El gran poder de Bukele y su régimen, recordemos, radica en la popularidad como única arma para legitimarlo como el representante exclusivo de las grandes demandas sociales. Estas marchas, que al principio eran volátiles y difusas, sin embargo, poco a poco están cuajando en algo más, pues van democratizando la representatividad y legitimando el sentir de la sociedad. Es ahí donde se debe embestir.

Si bien estos movimientos han dado mucho aliento y empuje para salir a las calles a las personas que no están de acuerdo con el presidente y sus aliados, me temo que no pueden concretarse aún como la oposición. La historia nos ha demostrado que no solo basta con oponerse a alguien para coordinar esfuerzos y evolucionar de actividades conjuntas a metas comunes. El éxito de estas movilizaciones tiene como aliciente la indiferencia que hasta ahora han mostrado muchos de los viejos liderazgos de ser protagonistas. Las protestas continúan teniendo un carácter horizontal y espontáneo. Para volverse una verdadera oposición, no obstante, se necesita un horizonte de lucha, más allá de ser antibukele o estar en contra del nuevo pacto de las élites. Eso no significa la fusión o la unión de los diversos, sino una coalición para mantener los espacios democráticos en el país.

Las coaliciones que surgieron en el pasado han tenido este matiz. En al ámbito institucional, había una gran coalición política que buscaba abrir los espacios democráticos: la UNO estaba conformada por el Partido Demócrata Cristiano (el original, no la versión ochentera de Napoleón Duarte ni la de Rodolfo Parker), el Movimiento Nacional Revolucionario (Socialdemócrata) y la Unión Democrática Nacionalista (representante del Partido Comunista); su gran eje articulador fue la democratización del sistema de partidos y la salida de los militares del poder. A la vez, esa gran coalición política estaba en completa alianza y comunicación con otra gran coalición entre los movimientos sociales, movimientos de masas y los incipientes grupos clandestinos, quienes le daban el respaldo y la fuerza para negociar e incidir en todos los ámbitos nacionales. Esta coalición social logró ser una de las fuerzas que legitimó la primera Junta Revolucionaria de Gobierno en 1979, a través del Foro Popular. 

Conformar una oposición implica, pues, coaligarse en puntos y acuerdos mínimos, no temáticos o de luchas concretas, sino puntos políticos en las áreas que permitan mantener la inclusión de la diversidad, los derechos humanos fundamentales y el respeto. Es decir, una gran coalición nacional debe trascender las líneas partidistas tradicionales, porque nuestro pasado no solo nos muestra el cómo, sino los errores que se cometieron. El nacimiento de nuevos liderazgos sociales o candidatos políticos no debe ser algo impuesto, ese fue uno de los fracasos que descompusieron las alianzas del pasado. Por el contrario, debe ser algo que surja de los movimientos sociales, no como purismo ideológico, sino como mérito y relevancia.

Quizás el dilema más grande sea si apostarle a un único interlocutor –como hizo la UNO con Napoleón Duarte– para arriesgarse a facilitar la eficacia partidaria o ir por la gobernabilidad de los diversos –como hizo una década después el Foro Popular–, lo que daría más legitimidad social. Sin embargo, estas experiencias nos demuestran que lo más importante es asegurar la durabilidad y la representatividad de la mayor parte de la sociedad. Eso pasa por reducir los protagonismos para encontrar un equilibrio entre las distintas voces. Por tanto, es posible no producir un solo actor sociopolítico, pueden ser varios, lo importante es que respeten esos acuerdos mínimos sobre el espacio democrático salvadoreño, para poder pensar en un mediano y largo plazo. Al final de cuentas cada quien debe hacer su parte desde su trinchera. De eso se trata la democracia y la pluralidad.

El camino que falta no es corto ni fácil, por eso es necesario cimentar a una posible oposición basándose en el diálogo y la convicción como principios que en el pasado fueron los elementos esenciales para avanzar de la mano y lograr incidir, no para defender ideas abstractas, sino para defender los derechos de los salvadoreños. Estos movimientos sociales y estas marchas han renovado la esperanza que, a pesar de todo, logra tener un lugar preponderante en nuestra historia. Por ello me gustaría terminar esta columna recordando una frase del último discurso del expresidente chileno Salvador Allende: “La historia no se detiene ni con la represión ni con el crimen. Esta es una etapa que será superada”.

*Héctor Pacheco, salvadoreño especialista en políticas públicas comparadas y diálogo democrático. Es psicólogo social, economista y politólogo, con estudios en filosofía iberoamericana. Ha sido parte de los equipos de Gobernabilidad Democrática y Construcción de Paz en organismos internacionales como la OEA y el PNUD, en El Salvador y para América Latina y el Caribe.
 
*Héctor Pacheco, salvadoreño especialista en políticas públicas comparadas y diálogo democrático. Es psicólogo social, economista y politólogo, con estudios en filosofía iberoamericana. Ha sido parte de los equipos de Gobernabilidad Democrática y Construcción de Paz en organismos internacionales como la OEA y el PNUD, en El Salvador y para América Latina y el Caribe.

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Columnas Fri, 15 Oct 2021 10:57:06 +0100 https://elfaro.net/es/202110/columnas/25792/La-ruta-de-la-oposición.htm
El otro refuerzo http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000036499.jpeg https://elfaro.net/es/202110/el_farolero/25787/El-otro-refuerzo.htm La mirada de Otto al refuerzo presupuestario para el Ejército en 2022. El Farolero Wed, 13 Oct 2021 11:24:39 +0100 https://elfaro.net/es/202110/el_farolero/25787/El-otro-refuerzo.htm Pandora Papers: no es lo mismo ser reina que peón - Por Juan Mario Solís https://elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg https://elfaro.net/es/202110/360grados/25786/Pandora-Papers-no-es-lo-mismo-ser-reina-que-peón---Por-Juan-Mario-Solís.htm 360 grados Wed, 13 Oct 2021 11:05:24 +0100 https://elfaro.net/es/202110/360grados/25786/Pandora-Papers-no-es-lo-mismo-ser-reina-que-peón---Por-Juan-Mario-Solís.htm El Salvador avanza a paso firme hacia el autoritarismo http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000036498.jpeg https://elfaro.net/es/202110/columnas/25785/El-Salvador-avanza-a-paso-firme-hacia-el-autoritarismo.htm La disidencia es fundamental en la consolidación de cualquier democracia, y el silencio no es una opción. Sin el diálogo y participación política plural, no hay democracia posible. El Salvador vive cada vez más un grave deterioro democrático. La progresiva concentración del poder y el desmantelamiento del contrapeso público y político sigue dejando en evidencia el contexto hostil para el ejercicio de derechos humanos y el Estado de Derecho. La más reciente de las prácticas autoritarias emprendidas por el Gobierno de Nayib Bukele compromete la independencia judicial y la institucionalidad democrática, y abre camino a su reelección. La democracia se resquebraja en manos de un autoritario.

Desde los inicios de su mandato, el actual presidente portaba una propuesta de gobierno enfocada en la pluralidad y en la esperanza, manteniendo un discurso crítico de la corrupción fulminante de las pasadas administraciones. Nayib Bukele la nueva propuesta política, el antagonista de todo lo viejo, lo viciado y lo corrupto. La mano que pasa la página de la historia.

Sin embargo, dicha figura creada a partir del marketing político y el uso estratégico de redes sociales fue celebrando cada vez más actos que alertaron al movimiento de derechos humanos y defensores de la democracia, ya que paulatinamente se evidenció un Ejecutivo que no solo no toleraba los señalamientos críticos de su Gobierno, sino que fomentaba las confrontaciones mediáticas contra la prensa, las organizaciones de derechos humanos y la oposición política. Esto fue solo el comienzo.

El gran atentado contra la independencia judicial se desarrolló el 31 de agosto, cuando la bancada Cyan y sus aliados aprobaron una reforma a la Ley de la Carrera Judicial para jubilar forzosamente a jueces y juezas mayores de 60 años o aquellos que hayan cumplido 30 años en funciones dentro del órgano judicial. El decreto entró en vigor este 24 de septiembre, comprometiendo gravemente aquellas vacantes unilateralmente provocadas en el órgano judicial, ya que será la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Bukele, quienes nombrarán a los nuevos titulares y, presumiblemente, afines al proyecto de poder del Ejecutivo.

El juez Jorge Guzmán, a cargo de la investigación de la masacre de El Mozote y comunidades aledañas, presentó su renuncia el 23 de septiembre. El mismo juez al que el Ejército de El Salvador ha llegado a bloquear el acceso a archivos relacionados con la masacre a pesar de un pronunciamiento de la Corte Suprema, que concluyó que la inspección de los archivos es legal y no perjudica a las Fuerzas Armadas salvadoreñas. Su separación del cargo es una baja sensible para la búsqueda de justicia de las víctimas de las masacres, dilatando aún más un proceso que se niega a ceder a la impunidad.

Fue el mismo presidente Bukele quien invitó a las víctimas de las Masacres de El Mozote a Casa Presidencial con el fin de sentar la deuda con este caso como parte de la agenda política que emprendería en su gestión. Sin embargo, el Ejecutivo continúa obstaculizado sistemáticamente las investigaciones y, hoy, no se cuenta aún con juez designado para continuar con el esclarecimiento de los hechos de las masacres y el camino hacia la justicia para las víctimas y el pueblo salvadoreño. Existe temor fundado de la imposición de titulares del órgano judicial a raíz de la entrada en vigor de la Ley de Carrera Judicial, siendo juramentados por la impuesta Corte Suprema de Justicia sin el debido proceso. La dirección que va a tomar el caso en manos de un endeble sistema de justicia es incierta, porque ante una independencia judicial comprometida, la revictimización es inevitable.  

A esta desquebrajada estabilidad democrática, se suma el hecho que diversas organizaciones han calificado como “el golpe de gracia” para consolidar una concentración del poder que podría mantenerse aún después del mandato presidencial. La Sala impuesta emitió un fallo  que va en contra de lo dispuesto en el artículo 152 de la Constitución, el cual prohíbe la reelección inmediata, y abre la puerta para que el actual presidente Nayib Bukele pueda postularse al término de su actual gestión en el 2024.

La evidente toma de instituciones de control a la gestión pública se da en un contexto de agresividad del presidente, sus funcionarios y sus seguidores en contra de cualquier persona crítica, opositora o periodista con voces disidentes. El clima de tensión en el espacio público y digital ha escalado, las protestas en contra de los últimos atentados contra la democracia en El Salvador son motivo de movilizaciones de la sociedad civil organizada. Esto ha mantenido alertas a las organizaciones en el monitoreo del uso de la fuerza pública contra la protesta, la estigmatización de los movimientos y el hostigamiento contra quienes defienden derechos humanos. Aunque el presidente, en el marco de las movilizaciones del 15 de septiembre del año en curso, aseguraba que su Gobierno no es una dictadura porque no se reprimió a personas manifestantes, los señalamientos de este continúan acechando la labor de defensa de los derechos humanos y la democracia.

Esta región ha sido lastimada por la concentración del poder y las prácticas autoritarias que comprometen seriamente la situación de derechos humanos, profundizando la desigualdad y poca credibilidad en los gobiernos. El pueblo salvadoreño necesita que le garanticen sus derechos sin que la seguridad e integridad dependan de una postura política. La disidencia es fundamental en la consolidación de cualquier democracia, y el silencio no es una opción. 

Urge que el Estado cese los ataques y asegure la separación e independencia de poderes y el Estado de derecho. Sin el diálogo y participación política plural, no hay democracia posible.

*Liliana Caballero es Oficial de Incidencia del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Programa para México y Centroamérica.
 
*Liliana Caballero es Oficial de Incidencia del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Programa para México y Centroamérica.

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Columnas Wed, 13 Oct 2021 09:45:09 +0100 https://elfaro.net/es/202110/columnas/25785/El-Salvador-avanza-a-paso-firme-hacia-el-autoritarismo.htm
Salaverría: “Flores me llamó a Capres para firmar la cuenta bancaria (del caso Taiwán)” http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_39_2000_1371/images%7Ccms-image-000036485.jpg https://elfaro.net/es/202110/el_salvador/25776/Salaverría-“Flores-me-llamó-a-Capres-para-firmar-la-cuenta-bancaria-(del-caso-Taiwán)”.htm El expresidente del partido Arena, Antonio Salaverría, confirma que el expresidente Francisco Flores fue protagonista para la apertura de la cuenta en un banco offshore de Bahamas, donde fueron depositados $10 millones donados por Taiwán. La Fiscalía dice que el dinero era para el combate a la pobreza y la mitigación de zonas de riesgo, pero fue desviado a la campaña del partido en 2004. Los abogados defensores de tres de los acusados aseguran que más areneros tuvieron que ser procesadas por este caso. El expresidente del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), José Antonio Salaverría Borja, declaró ante una juez que el expresidente Francisco Flores (1999-2004) lo citó a una reunión en Casa Presidencial para firmar documentos de la cuenta bancaria de una fundación que ese partido usó para desviar $10 millones donados por Taiwán para el combate a la pobreza y la mitigación en zonas de riesgo tras los terremotos de 2001. “Paco Flores me dice: tenés que firmar. Entonces, como una cortesía, firmé, pero nunca conocí ni conozco la fundación Rodríguez Porth”.

Salaverría es uno de los primeros exdirigentes de Arena que revela detalles sobre la cuenta que el Centro de Estudios Políticos Dr. José Antonio Rodríguez Porth (CEP) abrió en el Cuscatlan International Bank and Trust Ltd., un banco offshore domiciliado en Nassau, Bahamas. En esa cuenta se depositaron cuatro cheques, por un monto de $10 millones, que la Embajada de Taiwán en El Salvador libró a nombre del expresidente Flores, entre octubre y diciembre de 2003.

El expresidente Francisco Flores, el entonces candidato presidencial de Arena, Antonio Saca, su esposa Ana Ligia de Saca, y el expresidente del Coena, Antonio Salavarria, cantan el himno del partido el 21 de noviembre de 2003 durante un mitín, en Izalco, Sonsonate. Foto de El Faro: Yury Cortez/ AFP.
 
El expresidente Francisco Flores, el entonces candidato presidencial de Arena, Antonio Saca, su esposa Ana Ligia de Saca, y el expresidente del Coena, Antonio Salavarria, cantan el himno del partido el 21 de noviembre de 2003 durante un mitín, en Izalco, Sonsonate. Foto de El Faro: Yury Cortez/ AFP.

Arena utilizó el dinero de Taiwán para financiar la campaña del expresidente Elías Antonio Saca. Dieciséis años después, la Fiscalía acusó al expresidente Saca, al director de asuntos económicos de Arena, Juan Tenant Wright, y al presidente del CEP, Gerardo Balzaretti, por lavado de dinero. El caso fracasó penalmente por prescripción del delito, pero el Juzgado Segundo de Instrucción mantiene abierta la causa para determinar si ellos deben pagar $10 millones de responsabilidad civil. Ante este juzgado, Salaverría declaró como testigo el 8 de septiembre de 2021.

Veinte días después, el 28 de septiembre, durante una entrevista telefónica con El Faro, Salaverría contó más detalles sobre su reunión con el expresidente Flores. Él se desmarca de la administración del CEP y dice que tuvo firma autorizada porque era una tradición del partido. Reconoce que firmó los documentos, pero matiza que desconocía que se trataba de una cuenta en un banco offshore en Bahamas, país con bajos controles financieros y fiscales, propenso al lavado de dinero y reconocido como uno de los principales paraísos fiscales del mundo. “La fundación Rodríguez Porth no fue creada por Arena, partamos de esa base. Esa fue una cosa de Paco Flores y su grupito".

El expresidente Flores confesó en la Asamblea Legislativa que recibió donaciones “no tradicionales” de Taiwán y que el dinero lo entregó a sus destinatarios en “saquitos” de dinero. El expresidente del CEP, Balzaretti, ha mantenido silencio sobre el caso, mientras que otros dirigentes de Arena dicen que desconocían que el dinero provenía de Taiwán. Arena, incluso, destruyó documentación interna alegando que no tenía espacio donde guardarla, y así desapareció información de la campaña de 2004 que hubiera podido ayudar a esclarecer el manejo de esos fondos.

La historia, según Salaverría

Flores era un presidente que no concertaba. Al tener mayoría en la Asamblea Legislativa, prescindió del consenso, evitó rendir cuentas y aprobó leyes sin mayor consulta, como la dolarización. En Arena también lo acusaban de “privatizar” el partido porque marginó a dirigentes históricos y promovió que grandes empresarios estuvieran al frente del Consejo Ejecutivo Nacional (Coena), en ese momento dirigido por el banquero Archie Baldocchii. Los detractores de Flores se referían a esa dirigencia como “el COENA SA de CV” o “el COENA de los helicópteros”, en alusión a que algunos de sus integrantes eran de la cúpula económica del país.

Baldocchii renunció tras la derrota electoral de marzo 2003 y tres meses después falleció en Miami. El 30 de abril de ese año, Salaverría fue electo presidente del Coena, un puesto clave porque al año siguiente había elección presidencial. Aunque el cambio de dirigencia erosionó la influencia de Flores en el partido, Salaverría considera que el expresidente ya tenía otra vía alterna para mantener el poder: la creación de una fundación para manejar el financiamiento de la campaña.

Por tradición, la cuenta de Arena para recibir donaciones estaba registrada a nombre de la Fundación Democracia, Paz, Progreso y Libertad (FUNDEPAL). “En tiempos de Alfredo Cristiani (1989-1994), nos reunimos un grupo como de ochenta y fundamos FUNDEPAL, que era la fundación de Arena, creada por Arena y con los principios del partido. Cuando abrieron las primeras cuentas, la Junta Directiva (de FUNDEPAL) por cortesía daba la firma al presidente y al tesorero del partido. Cortesía, porque nunca firmaban nada”, dijo Salaverría en entrevista con este periódico.

Durante el período de Flores (1999-2004), la presidenta de FUNDEPAL fue Gloria Salguero Gross (fallecida en 2015), quien renunció temporalmente a Arena por diferencias con la dirigencia en 2001. Cuando Salaverría tomó las riendas del Coena, en abril de 2003, la FUNDEPAL era un cadáver. El nuevo presidente del partido creó un instituto para recibir las donaciones de campaña. “El día que me eligen, creo el Instituto Mayor Roberto d’Aubuisson y pongo a Ricardo “El Gringo” Valdivieso de presidente, como diciendo este es el marco. Se abre la cuenta y el presidente del partido tiene firma por cortesía”, explicó Salaverría.

Pero el expresidente Flores ya estaba un paso adelante. Un año antes, el 9 de mayo de 2002, junto a 12 empresarios y dirigentes areneros, había creado el CEP, fundación para recibir donaciones de campaña. Aunque Salaverría creó una fundación para tal fin, no objetó firmar los documentos bancarios a favor del CEP, creado por el expresidente Flores. “Como sabía esa posición (pro Instituto Mayor Roberto d´Aubuisson), Paco Flores, muy hábil, me llama, nos sentamos por las donaciones y me dice: tenés que firmar (la cuenta del CEP). Y yo firmé por cortesía”.

El expresidente Francisco Flores (1999-2004) sale esposado en la penúltima etapa del juicio en su contra que ocurrió en el juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador. Foto de El Faro: Archivo.
 
El expresidente Francisco Flores (1999-2004) sale esposado en la penúltima etapa del juicio en su contra que ocurrió en el juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador. Foto de El Faro: Archivo.

―¿Dónde se reunió con el expresidente Flores? -preguntó El Faro.

―Con él creo que fue en Casa Presidencial. Yo no sabía nada de eso.

―¿Quién lo acompañaba en esa reunión?

―No me acuerdo quiénes más estaban en esa reunión, creo que solo yo. Ya son tantos años.

―¿Usted fue al banco a firmar la hoja de registro de firmas?

―No.

―¿Y cómo es que su firma aparece en los documentos de la cuenta bancaria?

―Ah, bueno, porque ahí en Casa Presidencial me la tenían para firmarla. Sí, ahí firmé, en Casa Presidencial.

―¿Usted sabía que estaba firmando la cuenta de una fundación en un banco offshore en Bahamas?

―No, no, no… Yo no sabía que era cuenta de un banco offshore. Vuelvo y repito, esto era una cortesía de la fundación y del instituto, porque el presidente y el tesorero (de Arena) siempre han tenido firma registrada, aunque no firmen.

―¿Por qué firmó documentos de una fundación que no era la oficial del partido?

―Te voy a ser muy franco, sin nada de ganas: porque Paco Flores aniquiló y cerró la fundación, la ahogó. FUNDEPAL ahí desaparece ¿Por qué? Porque todas las ayudas internacionales se las quitaron y se las pasaron, me refiero a todos los tanques de pensamiento. Yo nunca hablé con él de esa fundación (del CEP). Lo único que me merece respeto es el señor Rodríguez Porth, lástima que le pusieron el nombre y la manejaron de esa manera. Esa es más o menos la historia.

―Usted tenía firma registrada cuando ingresaron los primeros $5 millones de Taiwán a la cuenta del CEP. He cubierto el cierre de la audiencia y tres defensores dicen que usted debería estar procesado. ¿Qué opina de eso?

―Ah, bueno, pero, pero, no sé de esa historia, contámela, porque no la sabía…

El silencio de Balzaretti

El expediente por lavado de dinero tiene 168 cajas repletas de documentos, pero lo que la Fiscalía recrimina a cinco hombres se puede resumir así: uno recibió cuatro cheques de Taiwán por $10 millones; otro facilitó los trámites bancarios; los últimos tres tenían firma registrada en la cuenta para mover el dinero a otras cuentas y emitir cheques para pagar el proselitismo de Arena en 2004.

Dos de los protagonistas de este entramado financiero ya murieron. Mauricio Samayoa, un banquero del Grupo Financiero Cuscatlán, donde se movió el dinero, falleció en junio de 2015; mientras que el expresidente Flores, titular de los cheques, murió en enero de 2016. Sin embargo, el lío de Taiwán los persigue hasta después de la muerte porque una Cámara ordenó procesarlos. “Se tiene que iniciar un caso en los juzgados de lo civil. Aún no se ha hecho porque la encargada es otra unidad fiscal”, dice Sergio Paredes, uno de los tres fiscales del caso.

Contra los otros tres procesados la audiencia en el Juzgado Segundo de Instrucción finalizó el 24 de septiembre de 2021 y aún no ha definido una fecha para condenarlos o absolverlos. El juzgado prepara su fallo.

Uno de los principales procesados es Balzaretti, el expresidente del CEP. La Fiscalía lo acusa de abrir y tener firma autorizada en la cuenta del banco offshore Cuscatlan International Bank and Trust Ltd. Lo procesa, además, por ordenar las transferencias de dinero desde el extranjero hacia el partido Arena, operaciones que no registró en la contabilidad del CEP, pese a que la ley se lo exigía.

Uno de los documentos que la Fiscalía ha ofrecido como prueba contra Balzaretti es el contrato de apertura de la cuenta corriente que firmó con el banco offshore el 28 de octubre de 2003. Al contrato están anexados dos páginas que contienen los datos personales (número de pasaporte, dirección y datos laborales) de Balzaretti y otras tres personas registradas como “firmantes autorizados”. En una tercera página está el “registro de firmas” con rúbricas que, según el documento, corresponden a Balzaretti, Salaverría, Eduardo Zablah y Guillermo Ávila.

El “registro de firmas” consigna que son necesarias dos firmas mancomunadas para el manejo de la cuenta. Estos documentos fueron incautados por la Fiscalía de Costa Rica en el Banco Cuscatlán de Costa Rica, agencia Uruca, donde el banco offshore (Cuscatlán International Bank and Trust Ltd.) tenía una cuenta para las operaciones de sus clientes. El Faro tiene una copia de ese informe, elaborado por la Oficina de Asesoría Técnica y de Relaciones Internacionales de Costa Rica.

En el 2015, a solicitud de El Salvador, la Fiscalía de Costa Rica incautó documentos  de la cuenta del CEP en el Cuscatlán International Bank and Trust Ltd., banco offshore de Bahamas que tenía una cuenta en el Banco Cuscatlán de Costa Rica. El documento a la derecha son las firmas de las cuatro personas autorizadas para disponer de los fondos: Gerardo Balzaretti, Guillermo Ávila, Antonio Salaverría y Eduardo Zablah.
 
En el 2015, a solicitud de El Salvador, la Fiscalía de Costa Rica incautó documentos  de la cuenta del CEP en el Cuscatlán International Bank and Trust Ltd., banco offshore de Bahamas que tenía una cuenta en el Banco Cuscatlán de Costa Rica. El documento a la derecha son las firmas de las cuatro personas autorizadas para disponer de los fondos: Gerardo Balzaretti, Guillermo Ávila, Antonio Salaverría y Eduardo Zablah.

La prueba que la Fiscalía usa contra Balzaretti (Registro de firmas) es la misma que los defensores ocupan para señalar vacíos en la investigación. “Los que deberían estar sentados frente a este tribunal son otros. Los que tenían firma autorizada son el señor (Eduardo) Zablah y el señor Salaverría, presidente del COENA. Están acusando a alguien que nunca ha sido de la dirección ni ha tenido cargo influyente en Arena. No se podía mover ni un centavo sin dos de las cuatro firmas autorizadas ¿Por qué solo han acusado al señor Balzaretti? Esas son las incoherencias de la Fiscalía, han hecho una acusación selectiva", dice Arturo Muyshondt, defensor de Balzaretti.

El caso judicial por el desvío de los fondos de Taiwán comenzó hace siete años, pero todo este tiempo no ha sido suficiente para aclarar cuestiones básicas como quién depositó los cheques en la cuenta del Cuscatlan International Bank and Trust Ltd., o quién firmó las transferencias desde Costa Rica hacia El Salvador. El contrato establecía que el dinero se podía mover de dos formas: por medio de una carta del representante legal del CEP o por medio de dos de las cuatro firmas autorizadas. La Fiscalía de Costa Rica, sin embargo, no encontró ningún documento de cómo se movió el dinero.

Balzaretti, el presidente del CEP, es una de las personas que podría aclarar quién depositó los cheques y cómo se hizo la transferencia del primer millón de dólares desde Costa Rica hacia El Salvador, el 18 de noviembre de 2003, pero ha preferido mantenerse en silencio. “No, gracias, señoría, muy amable”, dijo a la jueza Edelmira Flores cuando en la audiencia en su contra le ofreció su derecho a la última palabra. No es la primera vez que se rehusa a hablar del tema. En julio de 2014, declaró ante una comisión de la Asamblea Legislativa que investigaba el caso. 

—¿Quién le pidió que abriera la cuenta?

—Alguien del partido. No recuerdo el nombre.

—¿Quién tenía la potestad dentro del partido para pedirle que abriera la cuenta?

—No sé, nunca he estado en el partido, respondió Balzaretti a los diputados.

El expresidente de Arena, Salaverría, aseguragura que tuvo firma autorizada en la cuenta solo por cortesía y que la responsabilidad del manejo de los fondos correspondía a Balzaretti y Ávila, el expresidente y exsecretario del CEP, respectivamente. “Bueno, los otros tenían cargo, uno era el presidente; y otro, secretario del CEP. No puedes esconder eso, es bien difícil, es imposible, porque un banco no te va hacer transferencias sino tiene la instrucción para dónde, cómo y cuándo, ¿vea? Yo, cinco veces he ido a declarar a la Fiscalía, a mí me quisieron meter que yo me había robado pisto”.

El Faro llamó Ávila Quelh para concederle su derecho de respuesta. Ávila no contestó las llamadas ni mensajes telefónicos. También se llamó a Zablah, quien proporcionó unas actas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que demuestran que él ya no formaba parte del Coena cuando los cheques fueron depositados en la cuenta del CEP. Él fue director de asuntos económicos del partido desde el 30 de abril hasta el 16 de octubre de 2003. Es decir, dejó el cargo dos semanas antes de que los primeros cinco millones de Taiwán llegaran a la cuenta del CEP en el Cuscatlan International Bank and Trust Ltd.

El informe de la Fiscalía de Costa Rica consigna que el contrato de apertura de la cuenta del CEP y el registro de las cuatro firmas autorizadas data del 28 de octubre de 2003. Zablah, ciertamente, ya había renunciado al Coena para esa fecha. El Faro preguntó al empresario por qué entonces su firma aparece en el documento bancario si él ya no era parte del Coena, pero dijo que no daría declaraciones.

Tanto Ávila como Zablah son testigos de la Fiscalía. En agosto pasado, Ávila dijo ante la juez que desconocía que el dinero depositado en la cuenta del CEP provenía de Taiwán. En el caso de Zablah, la Fiscalía desistió de llamarlo a declarar el 11 de agosto pasado porque sus aportes serían establecidos por medio de otras pruebas, dijeron los fiscales.

Costa Rica no encontró a Saca

El 26 de noviembre de 2003, Balzaretti envió una carta al banco offshore Cuscatlan International Bank and Trust Ltd., en la que solicitaba incorporar como firma registrada al expresidente Saca y al exdirector de asuntos económicos de Arena, Wright. “Adjunto a la presente entrarán Tarjetas de Registro de Firmas (…) Siempre serán necesarias dos firmas mancomunadas de cualquiera de los cuatro firmantes”.

La Oficina de Asesoría Técnica y de Relaciones Internacionales de Costa Rica no encontró el registro de firmas de Saca y Wright. Lo único que encontraron fue la carta en la que Balzaretti pedía el cambio. Wright dice que esa carta no tiene ningún valor: “Es como que yo haga una carta y diga que usted me debe 100,000 dólares. Ahí pueden poner cualquier cosa”, dijo Wright, al referirse escuetamente a que no hay un Registro de Firmas anexado al expediente bancario.

El 26 de noviembre de 2003, Balzaretti pidió al banco incorporar la firma de Antonio Saca y Juan Wrigth a la cuenta del CEP. La Fiscalía de Costa Rica no encontró el documento donde ellos hayan firmado. Wright dice que esa solicitud no prueba que tuvo dominio sobre la cuenta.
 
El 26 de noviembre de 2003, Balzaretti pidió al banco incorporar la firma de Antonio Saca y Juan Wrigth a la cuenta del CEP. La Fiscalía de Costa Rica no encontró el documento donde ellos hayan firmado. Wright dice que esa solicitud no prueba que tuvo dominio sobre la cuenta.

La cuenta del CEP fue abierta en octubre de 2003 y cerrada en abril de 2004. En sus alegatos de cierre, los defensores insistieron en que al no existir evidencia de que Saca y Wright firmaron, entonces, los responsables de los movimientos de la cuenta fueron las cuatro personas que inicialmente firmaron el contrato de apertura de la cuenta corriente (Balzaretti, Salaverría, Zablah y Ávila). El expresidente de Arena, Salaverría, dijo que su partido nunca le entregó un documento que hiciera constar que él ya no tenía firma autorizada en la cuenta y confiesa que él tampoco lo solicitó.

La Fiscalía reconoce que no hay registro de firma, pero consideran que la nota enviada por Balzaretti es suficiente para acusarlos de lavado de dinero. “El señor Balzaretti incorpora al señor Saca y al señor Wright como firmantes de la cuenta. Es de ver también lo inusual al momento de la apertura que fue facilitada por el presidente del Banco Cuscatlán de El Salvador, es el que ayudó a que se obviaran los mecanismos y controles para la apertura y manejo de la cuenta”, dice Carlos Mira, otro de los fiscales del caso.

“¿Cómo es posible que el señor Wright que no fue miembro del CEP, que no tenía firma autorizada (en la cuenta del CEP), porque así lo dice un perito, esté procesado, y el señor Salaverría, que fue firmante de la cuenta del CEP sin ser miembro y presidente del COENA y, por tanto, tenía las dos funciones, y la Fiscalía decide no procesarlo? ¿Por qué?”, cuestiona Baulenas, el defensor de Wright.

Wright fue nombrado director de asuntos económicos de Arena el 16 de octubre de 2003, tras la renuncia de Zablah. La Fiscalía lo acusa de tener firma registrada en el Cuscatlan International Bank and Trust Ltd.; y por firmar 488 cheques emitidos desde la cuenta que Arena tenía en el banco Cuscatlán de El Salvador. Los fiscales reconocen que para emitir esos cheques eran necesarias las firmas de dos personas, pero dan una explicación de por qué no han acusado al otro firmante: Eduardo Ernesto Berdugo, el encargado de finanzas del partido desde finales de los años 90.

“En el caso de él (Berdugo) es bastante particular, porque él ejercía como gerente financiero, él no tenía poder de decisión sino que el poder de decisión le correspondía tanto al presidente como al director de asuntos económicos (del Coena). Prácticamente, él solo era un empleado”, dice el fiscal Mira.

“¿Cómo pueden decir que si hay dos personas que han firmado cheques una tiene más o menos responsabilidad que la otra? ¿En base a qué? Lo que podemos ver aquí es que la Fiscalía no tiene ningún tipo de pudor en mentir. Ellos establecen que la actitud delictiva es firmar cheques sabiendo que el dinero era ilícito porque tenía firma en el CEP. El señor Wright no tenía firma. ¿Por qué no se ha procesado al señor Salaverría? ¿Por qué no han procesado al señor Zablah?”, insiste Baulenas.

El fiscal Mira reconoce que hay otras personas mencionadas en el proceso, pero dice que señalar a los otros firmantes de los documentos bancarios “es un criterio bastante personal que tiene la defensa”. El fiscal no explica por qué, en su teoría, hay firmantes de la cuenta que sabían que el dinero provenía de Taiwán y por qué otros que firmaron el mismo documento no sabían nada al respecto.

“Llego a la Presidencia de Arena en medio de una campaña en la que estoy sumamente ocupado, recorriendo todos los municipios, y de lo que menos estaba preocupado es de la parte administrativa. Estamos en un juicio que no nos corresponde, esto le corresponde a mi antecesor que, lamentablemente, falleció (Flores). No hemos sacado ningún provecho de esos $10 millones”, dijo Saca, durante su derecho a la última palabra. El expresidente declaró el 24 de septiembre pasado, por videoconferencia desde Mariona, donde cumple una condena por corrupción.

Wright, por su parte, usó su derecho a la última palabra para apuntar contra el exfiscal general Raúl Melara. “No soy la persona indicada para decir si este ha sido un juicio político o no. Tengo clarísimo que el fiscal Melara es un fiscal que lo eligió Arena y no lo digo porque he leído en los medios que era afín al candidato Callejas o por fotografías, lo digo porque fui testigo presencial de un abogado, de un bufete muy importante, que me dijo en mi cara que él había conseguido los votos para elegirlo. Me quedó clarísimo que el fiscal Melara representaba los intereses de Arena. En ese sentido, me da la impresión de que él construyó un caso única y exclusivamente para defender a Arena de toda la posible responsabilidad que pudo haber tenido en este caso”.

El exfiscal Melara presentó el caso por lavado de dinero en marzo de 2019, pero los defensores dicen que excluyó del caso al partido Arena. Cuatro meses después, en julio, la Cámara Segunda de lo Penal determinó que el delito había prescrito, pero ordenó continuar el caso por responsabilidad civil contra los procesados y pidió incluir al partido. La Fiscalía falló de nuevo, dicen los abogados.

“La instrucción termina el 20 de julio de 2020 y no procesa a Arena. Cinco días después de haber terminado la instrucción, el 27 de julio, hace el gran show y dice: demando a Arena. Cualquier estudiante de derecho de primer año sabe que el responsable civil no se le puede demandar con el dictamen de acusación. Tiene que ser, máximo, 15 días antes de que termine la instrucción”, dice Baulenas. “La petición contra Arena no fue presentada en el momento procesal oportuno”, insistió el defensor del expresidente Saca, Miguel Bonilla.

En su derecho a la última palabra, el expresidente Antonio Saca dijo por videoconferencia que la responsabilidad del caso Taiwán le corresponde a su antecesor, Francisco Flores. Alegó que no tenía detalles del manejo de las finanzas del partido. Saca está en Mariona, donde cumple una condena por corrupción.
 
En su derecho a la última palabra, el expresidente Antonio Saca dijo por videoconferencia que la responsabilidad del caso Taiwán le corresponde a su antecesor, Francisco Flores. Alegó que no tenía detalles del manejo de las finanzas del partido. Saca está en Mariona, donde cumple una condena por corrupción.

El exfiscal Melara rechazó los señalamientos por medio de su cuenta de Twitter. Dijo que la Cámara determinó que el delito prescribió en 2014, pero que la omisión de no investigar el lavado de dinero no se le puede recriminar a su administración. En 2014, la Fiscalía era dirigida por Luis Martínez, condenado por uso ilegal de escuchas telefónicas y quien aún tiene pendientes procesos por corrupción.

Aunque el fiscal Paredes dijo que los procesos civiles contra Flores y Samayoa aún no han iniciado, el exfiscal general asegura que embargó a los procesados, al partido Arena y una cuenta del banco involucrado, “llegando a la totalidad de lo defraudado”. “Vi las declaraciones del Sr. Baulenas y son bastante penosas. Su defensa es: ¿por qué han procesado a mi defendido y no a otros? Si no son condenados, es únicamente porque la cámara dictamino que el delito prescribió allá por el 2014, no porque hayan participado en el mismo”, respondió Melara por medio de Twitter.

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El Salvador Tue, 12 Oct 2021 10:45:33 +0100 https://elfaro.net/es/202110/el_salvador/25776/Salaverría-“Flores-me-llamó-a-Capres-para-firmar-la-cuenta-bancaria-(del-caso-Taiwán)”.htm
Llamado urgente a la Independencia centroamericana http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000036369.jpg https://elfaro.net/es/202109/centroamerica/25723/Llamado-urgente-a-la-Independencia-centroamericana.htm En las tierras de todos

Vuelve a nacer la inquina 

De una nueva colonia

De nuevos misioneros

Que predican el fin 

De nuestras libertades

Que buscan someternos 

A sus huecas palabras.

 

No hemos andado tanto

para que nos detengan

para que nos obliguen

a nuevas servitudes 

e intenten con espadas 

que aceptemos su yugo 

e inclinemos la espalda.

 

Con látigos salen a andar por nuestras calles

A asediar nuestras casas

Sembradores del miedo

Sembradores del trueno, del castigo

 

Son los predicadores de nuevas encomiendas

Dispuestos a tumbar cuanto se les oponga

Con sus ruido de guerra 

Con sus falsos discursos

Prometiendo la paz

con balas y cadenas. 

 

Es hora otra vez de que cerremos puños

Somos miles en estas patrias nuestras 

Ya no queremos cárcel

Ni muerte

Ni injusticia

La independencia suena de nuevo sus clarines

Si hace doscientos años rechazamos reinados

No nos someteremos a los criollos de turno

Digamos con Asturias, el gran guatemalteco:

 

“ha llegado la hora del hogar sin verdugos, 

de la vida sin miedo, de la tierra sin amos, 

de la siembra y cosecha de los preciosos granos, 

del día venturoso de abrir los brazos todos 

para echarnos al cuello de la Patria querida 

y decirle con lluvia de júbilo en los ojos, 

estás entre tus hijos, y ellos están contigo.”

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Centroamérica Mon, 11 Oct 2021 14:11:33 +0100 https://elfaro.net/es/202109/centroamerica/25723/Llamado-urgente-a-la-Independencia-centroamericana.htm
Así se gestó la Independencia centroamericana http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000036368.jpg https://elfaro.net/es/202109/centroamerica/25725/Así-se-gestó-la-Independencia-centroamericana.htm Procesos independencias en América y  provincias guatemaltecas

 

6 de mayo de 1808:

En Bayona (Francia), Fernando VII devuelve el trono de la monarquía española a su padre Carlos IV, sin saber que este ya lo había cedido al emperador francés, Napoleón. En junio de 1808, Napoleón coloca a su hermano José en el trono de los Reinos y provincias españolas. Rey padre y rey hijo son mantenidos prisioneros en Francia hasta 1814.

“En talento, Napoleón fue un gran capitán militar, en personalidad y métodos, un gran capo mafioso.

– Paul W. Schroeder, historiador estadounidense, 1994.

 

16 de septiembre de 1810:

El cura Miguel Hidalgo lidera un movimiento armado en la región del Bajío, región próspera del centro de Nueva España, actual República mexicana. Este episodio dio paso a una serie de batallas entre grupos independentistas y monárquicos.

 

18 de septiembre de 1810:

La convocatoria a un congreso general de la Junta de Gobierno de Santiago (Chile), marca el inicio del movimiento independentista en esa región.

 

10 de octubre de 1810:

En Cádiz (España) se inauguran las Cortes.

 

15 de octubre de 1810:

Las Cortes de Cádiz decretan igualdad entre habitantes americanos y peninsulares.

 

20 de octubre de 1810:

Comienza la revolución autonomista en Quito.

 

Diciembre de 1810:

Se constituye la Confederación de las Provincias Unidas de Nueva Granada (actuales Venezuela, Colombia y Ecuador) en Bogotá.

 

28 de febrero de 1811:

Pedro Viera y Venancio Benavides se levantan en armas contra las autoridades coloniales en Montevideo. Así empiezan las batallas independentistas en la Banda Oriental (actual Uruguay y sur de  Brasil) del Virreinato del Río de la Plata.

 

13 de marzo de 1811:

Las Cortes de Cádiz suprimen el tributo para los indios y castas de los territorios hispanos en América.

 

14 de mayo de 1811:

En Asunción (actual Paraguay), un grupo de militares aparta de su cargo al gobernador español.

 

5 de julio de 1811:

En congreso, representantes de las provincias de la Capitanía General de Venezuela declaran la independencia de ese territorio.

 

4-6 de noviembre de 1811:

Un grupo de ciudadanos criollos lidera una agitación contra las autoridades de la Intendencia de San Salvador y el ayuntamiento de la ciudad de San Salvador. Consiguen convocar a elecciones y elegir nuevas autoridades, las que más tarde reorganizan las milicias y suprimen algunas cargas tributarias.

 

14 de diciembre de 1811:

En León (actual Nicaragua), se crea una Junta Provincial Gubernativa después de que una agitación popular interrumpiera la celebración de un cabildo abierto y exigiera la remoción de las autoridades españolas del gobierno de la ciudad. La junta se disolvió más tarde cuando el gobierno del Reino de Guatemala nombra intendente de Nicaragua al presidente de la junta.

 

31 de enero de 1812:

Las Cortes de Cádiz decretan que las personas de origen africano puedan entrar a las universidades y ser nombradas en cargos menores de la liturgia católica romana.

 

19 de marzo de 1812:

En Cádiz, las Cortes promulgan la Constitución de la Nación española.

“Art. 1.o: La Nación española es la unión de todos los españoles de ambos hemisferios.

Art. 5.o: Todos los hombres libres, nacidos y residentes en los dominios de las Españas y los hijos de éstos [son españoles].

Art. 10: El territorio español comprende […] En la América septentrional, Nueva España, con la Nueva Galicia y Península de Yucatán, Guatemala, provincias internas de Oriente […] de Occidente, isla de Cuba con las dos Floridas, la parte española de la isla de Santo Domingo, y la isla de Puerto Rico con las demás adyacentes a éstas y al continente en uno y otro mar.

– Constitución política de la Monarquía española, 1812.

 

23 de mayo de 1812:

Mediante decreto, las Cortes autorizan realizar elecciones de diputados provinciales y de ayuntamientos constitucionales.

 

9 de noviembre de 1812:

Las Cortes de Cádiz suprimen la mita, el repartimiento y los servicios personales en general. Bajo estos sistemas, las comunidades indígenas debían proporcionar de forma obligatoria grupos de personas para trabajar en distintas actividades económicas.

 

22 de febrero de 1813:

Las Cortes de Cádiz suprimen el tribunal del Santo Oficio de la Inquisición;

 

21 de junio de 1813:

José Bonaparte abandona España.

 

16 de julio de 1813:

Las Provincias Unidas de Nueva Granada (actuales Venezuela, Colombia y Ecuador) declaran su independencia.

 

24-27 de enero de 1814:

Ocurren motines en la ciudad de San Salvador. Varios líderes criollos son acusados de conspirar contra el gobierno de la intendencia, que había descubierto una carta dirigida al insurgente mexicano José María Morelos y firmada por Santiago José Celis, Juan Manuel Rodríguez y Miguel Delgado.

 

13 de marzo de 1814:

Fernando VII abandona Valençay (Francia), donde se encontraba prisionero.

 

4 de mayo de 1814:

Fernando VII disuelve las Cortes (sitas en Cádiz) y anula la Constitución emitida por las mismas en 1812. En julio, restablece la Inquisición y ordena eliminar los ayuntamientos constitucionales.

 

16 de febrero de 1814:

Pablo Morillo, militar español, sale de Cádiz hacia América con el objetivo de abatir los grupos independentistas en el sur del continente.

 

9 de julio de 1816:

Las Provincias Unidas del Río de la Plata (por entonces la mitad norte de Argentina, parte norte de Chile, sudeste de Bolivia, una porción del sudoeste de Brasil, y Uruguay actuales) se declaran independientes.

 

12 de febrero de 1818:

Bernardo de O’Higgins declara la independencia de Chile.

 

20 de noviembre de 1819:

Simón Bolívar declara la independencia de Venezuela.



17 de diciembre de 1819:

Se crea la República de Bolivia con Simón Bolívar como su primer presidente.

 

9 de marzo de 1820:

Fernando VII jura la Constitución de Cádiz de 1812 y se crea una junta provisional de gobierno.

 

16 de septiembre de 1820:

Fernando VII intenta dar un golpe de Estado.

 

9 de octubre de 1820:

Una junta rebelde declara la independencia de Ecuador.

 

9 de noviembre de 1820:

El virrey de Nueva España, Juan Ruiz de Apodaca, nombra comandante general del Sur a Agustín de Iturbide, quien debe combatir a las fuerzas independentistas de esos territorios.

 

24 de febrero de 1821:

Agustín de Iturbide proclama su plan en Iguala, un programa que propone la independencia de la Nueva España y la creación de una monarquía constitucional con sede en Ciudad de México. El plan ofrecía la corona de la América Septentrional a Fernando VII.

 

14 de marzo de 1821:

El virrey Apodaca declara ilegal el proyecto de Iturbide.

 

5 de mayo de 1821:

Napoleón Bonaparte muere exiliado en la isla Santa Elena, territorio británico en el Atlántico sur.

 

28 de julio de 1821:

Un cabildo abierto declara la independencia de Perú.

 

24 de agosto de 1821:

Juan de O’Donojú (último representante de la Corona hispana) y Agustín de Iturbide (Jefe del Ejército Imperial Mexicano de las Tres Garantías) firman los Tratados en la villa de Córdoba (actual Veracruz). Por los mismos, España reconoce la independencia de la antigua Nueva España, que a partir de entonces se denomina Imperio Mexicano cuyos tres pilares son Religión (Católica Apostólica Romana), Independencia y Unión (entre hispanos y novohispanos).


*Carlos W. Moreno es historiador, investigador y consultor independiente.

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Centroamérica Mon, 11 Oct 2021 14:08:46 +0100 https://elfaro.net/es/202109/centroamerica/25725/Así-se-gestó-la-Independencia-centroamericana.htm
República en el centro de América https://elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg https://elfaro.net/es/202109/centroamerica/25745/República-en-el-centro-de-América.htm El 15 de septiembre de 1821, una pequeña porción de territorios que formaba parte de los reinos y provincias españolas en el continente americano se declaró independiente. Presionado por el movimiento revolucionario que tras más de diez años de lucha se había impuesto en la gran vecina del norte. Nueva España (autodenominado Imperio Mexicano en ese momento), el hasta entonces Reino de Guatemala —compuesto por las provincias de Chiapas, Guatemala, Honduras, San Salvador, Nicaragua y Costa Rica— se declaró independiente del gobierno español sin librar combate alguno.

La independencia, más bien, fue declarada por los gobernantes guatemaltecos (es decir, centroamericanos) ante el temor de que la agitación política en la capital del Reino y las principales ciudades del interior, provocada por las noticias provenientes de México, se magnificara. Esta circunstancia mostró en ese mismo momento que, aunque los gobernantes estuvieron de acuerdo en desconocer el gobierno monárquico español, no tenían ninguna claridad —y mucho menos consenso— sobre el futuro político de las provincias.

En medio de esta situación surgieron dos corrientes políticas discordantes: la anexionista y la republicana. La primera propuso que las pequeñas provincias guatemaltecas se unieran al entonces vasto Imperio mexicano. La segunda planteó que juntas conformaran una república. Ambos proyectos se materializaron momentáneamente, pero también ambos fracasaron en el largo plazo. Por un lado, las provincias fueron parte del Imperio mexicano de Iturbide, mientras su gobierno estuvo en pie. Por el otro, y una vez disuelto el Imperio, las provincias se reunieron en una República federal, hasta disolverse en pequeñas repúblicas pocos años después.

Esta cronología de eventos posindependencia tiene el propósito de describir cómo se desarrollaron los principales sucesos que forjaron los procesos políticos que llevaron a la fragmentación de un pequeño reino en repúblicas aún más pequeñas. El texto se divide según las mayores etapas de dicho proceso histórico.

Declaración de independencia

“Resonó en la Nueva España la voz de la independencia, y los ecos se oyeron al momento en Guatemala […] pero los guatemaltecos, pacíficos siempre y tranquilos, esperaban que los de México llegasen á su último término.

–Gabino Gaínza, 15 de septiembre de 1821.

 

28 de agosto de 1821:

Comitán, partido de la provincia de Chiapas se declara independiente. Hasta entonces, ese territorio era parte de la Capitanía General de Guatemala (también conocido como Reino de Guatemala).

 

15 de septiembre de 1821:

La diputación provincial del Reino de Guatemala (actual Centroamérica) proclama su independencia del gobierno español. Gabino Gaínza, máximo jefe político y militar, invita a todas las provincias guatemaltecas a que envíen a sus diputados o representantes a la Ciudad de Guatemala para redactar una constitución y decidir la forma de gobierno.

 

26 de septiembre de 1821:

Ciudad Real de Chiapas (actual San Cristóbal de Las Casas), entonces territorio parte de la Capitanía General de Guatemala, se adhiere al Imperio Mexicano.

 

19 de octubre de 1821:

Agustín Iturbide invita a que las provincias guatemaltecas se unan al Imperio mexicano.

“Mi objeto es solo manifestar á V[uestra] E[xcelencia] que el interés actual de México y Guatemala es tan idéntico é indivisible, que no pueden erigirse en naciones separadas é independientes sin aventurar su existencia y seguridad…

Nuestra unión […] asegura á los pueblos el goce imperturbable de su libertad y los pone á cubierto de las tentativas de los extranjeros, que sabrán respetar la estabilidad de nuestras instituciones…

[Estoy] poseído del más sincero respeto a la voluntad de los pueblos, jamás intentaré someterlos á la mía, aunque no es otra que la de su felicidad y bienestar.

– Agustín Iturbide, 19 de octubre de 1821

 

30 de noviembre de 1821:

Gabino Gaínza se dirige a todos los ayuntamientos del antiguo reino guatemalteco y los invita a que se unan al Imperio mexicano.

14 de diciembre de 1821:

La Diputación Provincial de San Salvador invita a Gabino Gaínza a que respete el acta de declaración de independencia y que, en lugar de invitar a los ayuntamientos a unirse al Imperio mexicano, cumpla con las disposiciones de aquel documento y llame a la formación de un congreso guatemalteco.

“Cuando el pueblo de Guatemala [es decir, Centroamérica] dejó el antiguo Gobierno Español, entró en su independencia […], se reservó al mismo tiempo el derecho imprescriptible que tiene de formar él la Ley Fundamental […] y dijo que sus Representantes reunidos en Congreso con los demás de las Provincias serían el único órgano que al efecto expresase su voluntad…

El Congreso que se ha de instalar obrará con toda cordura […] de modo que se fije el Gobierno de las Provincias de Guatemala del mejor modo que convenga a sus intereses, y a los del Imperio Mejicano por aquella unión y vínculos que hagan su felicidad.

– Diputación Provincial de San Salvador, 14 de diciembre de 1821.

25 de diciembre de 1821:

Ante las presiones que recibe para unirse al Imperio Mexicano, la Diputación Provincial de San Salvador propone a las provincias de León (en actual Nicaragua) y Comayagua (en actual Honduras) conformar una unión para “evitar los males de que estamos amenazados […], oponer una fuerza respetable á los ataques del despotismo, y ocuparse al mismo tiempo de la mejora de su economía interior”. Sin embargo, por esos mismos días, ambas provincias habían declarado ya su anexión al Imperio mexicano.

 

Anexión al Imperio mexicano

“Una pequeña República enclavada en una Nación poderosa no puede prosperar ni contar con el porvenir que asegure a sus generaciones futuras la libertad y la paz…

5 de enero de 1822:

La Junta Provisional Consultiva declara que las provincias de Guatemala (Centroamérica) quedan incorporadas al Imperio mexicano. La Junta basó su decisión en que la mayoría de los ayuntamientos respondió (o decidió) que era su voluntad adherirse al Imperio. 

11 de enero de 1822:

La Diputación Provincial de San Salvador se declara independiente de Guatemala (es decir, del gobierno centroamericano presidido por Gaínza) en “todo lo económico, político, gubernativo, militar y judicial”. Señala que sus leyes son la Constitución española (Constitución de Cádiz) y el acta de declaración de independencia de septiembre anterior. También señala que será su propio congreso quien decidirá si se une o no al Imperio mexicano.

“La villa de Santa Anna se ha pronunciado por el Imperio Mejicano, es verdad […] ¿No ha dicho el mismo [gobierno sansalvadoreño] que reconoce las ventajas de la Unión y que la acordarían sus representantes pero en unos términos ventajosos a la Provincia y correspondientes a su dignidad? ¿Pues qué motivo tiene el Gobierno de Guatemala para constituirse en protector de los pueblos adheridos al Imperio y hacerlos bajo este pretexto que le obedezcan como a su legítima autoridad?

–José Matías Delgado al Jefe Político Subalterno de Sonsonate, Juan Fermín Aycinena, 5 de febrero de 1822.

(San Salvador protesta porque Guatemala intenta dominar a las provincias que ya han decidido adherirse al Imperio mexicano, como Santa Ana, un partido perteneciente a San Salvador pero con voluntad de unirse a México)

19 de febrero de 1822:

La Junta Provisional Gubernativa del Imperio Mexicano convoca a elecciones de diputados al Congreso Constituyente en las provincias de Guatemala, Yucatán, Tabasco, Californias, Provincias Internas de Oriente y Occidente para el día 22 de febrero. A la Provincia de Guatemala (Centroamérica) le corresponde elegir 40 diputados.

23 de abril de 1822:

La Junta Provisional Gubernativa de San Salvador informa a Vicente Filisola que en días pasados el Gobierno de Guatemala (Centroamérica) incitó a grupos imperialistas de Santa Ana y Sonsonate a que atacaran a San Salvador, sin embargo, —le avisa— pudo impedir que las tropas de Sonsonate se unieran a las de Santa Ana, a las que venció en El Espinal. También le comunica que Gaínza envió tropas desde Guatemala pero que la firma de un armisticio entre las partes evitó el enfrentamiento.

19 de mayo de 1822:

El Congreso Constituyente Mexicano proclama Emperador Agustín 1.o a Iturbide.

18 de junio de 1822:

El Secretario de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores del Imperio Mexicano solicita a Gabino Gaínza que abandone su puesto como jefe político y militar de Guatemala y se traslade a Ciudad de México. También pide a Vicente Filisola, jefe de unidad militar que se dirige desde México a Guatemala, que “conserve el decoro ante las alteraciones o imprudencias de San Salvador” y que le anime a nombrar representantes al Congreso Constituyente para que exponga sus exigencias al Imperio y el nivel de compromiso con el mismo.

“El Imperio no podrá permitir nunca [que] se olviden y aun desprecien los principios de la política del derecho de gentes […] que exigen que un pueblo se una a otro que lo puede proteger cuando carece de fuerza, que le puede auxiliar cuando carece de recursos, que puede hacer su felicidad cuando por sí no tiene medios de conseguirla. Estas son las ideas que enseña el liberalismo ilustrado, las demás son teorías impracticables. Una pequeña República enclavada en una Nación poderosa no puede prosperar ni contar con el porvenir que asegure a sus generaciones futuras la libertad y la paz…

Ya es el [tiempo] de que San Salvador decida y seamos amigos ó enemigos; ó lo que es lo mismo, hermanos unidos por amor y conveniencia, ó Provincia conquistada y agregada por la fuerza.

–Antonio Medina, secretario de Estado y del Despacho de Relaciones del Imperio Mexicano al brigadier Vicente Filisola, 17 de junio de 1822.

2 de julio de 1822:

La Junta Gubernativa de San Salvador acuerda que su diputado representante en el Congreso Constituyente Mexicano, Juan de Dios Mayorga, felicite al Emperador Agustín 1.o en su nombre. También acuerda solicitar a Vicente Filisola un salvoconducto para la comisión que negociará el cese de las hostilidades entre San Salvador y Guatemala pueda viajar de forma segura a Ciudad de Guatemala. 

10 de julio de 1822:

La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso Constituyente Mexicano ratifica la incorporación al Imperio de todas las provincias del antiguo Reino de Guatemala. 

26 de octubre de 1822:

Vicente Filisola pide a la Junta Provisional de San Salvador que detenga sus intentos de establecer un congreso propio y le insta a abandonar el plan para celebrar elecciones el próximo 10 de noviembre. También le conmina a someterse al gobierno imperial y entregar las armas dentro de los siguientes veinte días.

“S[u] M[ajestad] no reconoce en la pequeña Provincia de San Salvador suficiente representación para reunir por sí un Congreso…

La Nación [la América Septentrional] no tiene más que un cuerpo representativo de su soberanía, y San Salvador es una parte del Imperio por el pronunciamiento del mayor número de los pueblos que forman el antiguo Reino de Guatemala.

–Vicente Filisola a la Junta Provisional de San Salvador, 26 de octubre de 1822.

Principios de noviembre de 1822:

Las tropas de Filisola entran en Santa Ana, se dirigen hacia la ciudad de San Salvador a someter al gobierno de esa provincia.

14 de noviembre de 1822:

José Matías Delgado envía a Vicente Filisola, de forma confidencial, el decreto que establece la unión de San Salvador al Imperio mexicano.

“Este pronunciamiento hecho con todo acuerdo y circunspección, con la madurez que el caso demandaba y por quienes únicamente eran autorizados para hacerlo…

No debo ocultarle que no estoy satisfecho de [que] lo se ha hecho sea lo mejor para mi Provincia; pero sí conozco que no podrá hacerse otra cosa…

Las bases puestas para la agregación [de San Salvador…] sólo se dirigen á que la Provincia, en virtud de los sucesos pasados, no sea vista por el Imperio con menos consideración que las otras del Reino de Guatemala.

–José Matías Delgado a Vicente Filisola, 14 de noviembre de 1822. 

5 de diciembre de 1822:

José Matías Delgado informa al pueblo de San Salvador que sus representantes han decretado la unión a la República de Estados Unidos de América. La decisión está basada en que San Salvador no aceptó entregar sus armas a Vicente Filisola y que este, a su vez, no aceptó las condiciones de San Salvador para incorporarse al Imperio y ha decidido hacerlo por la fuerza.

“[Filisola respondió que] el gobierno de que depende jamás reconocería una incorporación condicionada… Esta resolución de contestar tan escandalosa […] obligó á vuestros representantes á buscar en otra potencia el apoyo de los derechos de la Provincia, y para ésto decretaron su union federativa con la República de Estados Unidos de América…

Cuando la Provincia […] sea admitida como Estado en la Confederación, disfrutará de la protección de la Potencia más feliz de la tierra.

– José Matías Delgado, 5 de diciembre de 1822.

17 de diciembre de 1822:

Desde Mapilapa, comienza la campaña militar de Vicente Filisola para someter a la Provincia de San Salvador. El sitio de la ciudad duró aproximadamente dos meses.

9 de febrero de 1823:

Filisola toma la ciudad de San Salvador.

29 de marzo de 1823:

Enterado de que el Imperio mexicano se ha disuelto y que los enemigos de Iturbide se han hecho con el control del gobierno, Vicente Filisola invita a las provincias guatemaltecas (Centroamérica) a elegir sus representantes para formar su propio congreso.

 

Asamblea Nacional Constituyente

24 de junio de 1823:

En Ciudad de Guatemala, se instala la Asamblea Nacional Constituyente de las Provincias Unidas del Centro de América.

1 de julio de 1823:

La Asamblea proclama la independencia absoluta de las antiguas provincias del Reino de Guatemala, que en adelante se autodenominan Provincias Unidas del Centro de América. El Congreso se transforma en Asamblea Nacional Constituyente para redactar la constitución del nuevo Estado.

16 de julio de 1823:

La Asamblea Nacional Constituyente ordena que Vicente Filisola y sus tropas se retiren del Centro de América. Filisola sale de Ciudad de Guatemala el 3 de agosto siguiente.

17 de diciembre de 1823

La Asamblea aprueba las Bases de Constitución Federal, documento que anticipa que la forma de gobierno de las Provincias Unidas será “republicana representativa federal”.

22 de enero de 1824:

La Asamblea Nacional decreta ley sobre migración y colonización que promueve el establecimiento de personas o familias extranjeras en las Provincias Unidas, la creación de nuevas poblaciones y la introducción de naves y buques. 

Principios de marzo de 1824:

De manera anticipada, queda instalado el congreso constituyente estatal de San Salvador.

5 de mayo de 1824:

La Asamblea Nacional convoca a elección de congresos constituyentes y jefaturas de cada estado. 

12 de junio 1824:

El congreso estatal salvadoreño aprueba su primera constitución política. En ella queda establecido que el territorio salvadoreño se compone de las circunscripciones de las anteriores Intendencia de San Salvador y Alcaldía Mayor de Sonsonate.

20 de agosto de 1824:

El congreso mexicano reconoce la independencia de las provincias centroamericanas. Casi un mes después, Ciudad Real de Chiapa votó a favor de adherirse a México.

21 de agosto de 1824:

La Asamblea Nacional emite decreto que anula los actos del gobierno imperial mexicano con efecto en territorio centroamericano.

22 de noviembre de 1824:

Se promulga la Constitución Política de la República Federal de Centro-América. Se determina que sea el Congreso federal el que la ratifique.

23 de enero de 1825:

La Asamblea Nacional finaliza su trabajo y se disuelve.

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Centroamérica Mon, 11 Oct 2021 14:08:24 +0100 https://elfaro.net/es/202109/centroamerica/25745/República-en-el-centro-de-América.htm
Los costos de hacer historia - Por Ricardo Castaneda https://elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg https://elfaro.net/es/202110/360grados/25784/Los-costos-de-hacer-historia---Por-Ricardo-Castaneda.htm 360 grados Mon, 11 Oct 2021 11:18:10 +0100 https://elfaro.net/es/202110/360grados/25784/Los-costos-de-hacer-historia---Por-Ricardo-Castaneda.htm Una condena inamovible para las niñas y mujeres pobres de El Salvador - Por Morena Herrera https://elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg https://elfaro.net/es/202110/360grados/25783/Una-condena-inamovible-para-las-niñas-y-mujeres-pobres-de-El-Salvador---Por-Morena-Herrera.htm 360 grados Mon, 11 Oct 2021 11:15:10 +0100 https://elfaro.net/es/202110/360grados/25783/Una-condena-inamovible-para-las-niñas-y-mujeres-pobres-de-El-Salvador---Por-Morena-Herrera.htm Pandora Papers: no es lo mismo ser reina que peón Juan Mario Solís Delgadillo http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000036497.jpeg https://elfaro.net/es/202110/columnas/25782/Pandora-Papers-no-es-lo-mismo-ser-reina-que-peón.htm Revelaciones como los Pandora Papers dejan al desnudo que la estructura de oportunidades entre quienes tienen poder y el resto no sólo es abismal, sino que rayan en lo impúdico y grosero. Recientemente se hizo pública la mayor filtración de documentos de la que se tenga registro. Un extenso equipo de periodistas de investigación analizó casi 12 millones de documentos que revelan el mecanismo que personajes poderosos de todo el mundo utilizan para ocultar sus fortunas y, en consecuencia, evadir impuestos. Sin embargo, lo que quizás mayor indignación ha provocado a los latinoamericanos es la desproporcionada presencia de personajes de la política en estos complejos entramados.

Es cierto que, de acuerdo con las leyes vigentes, estos mecanismos no son ilegales, pero el escándalo abre todo un debate sobre la naturaleza de los recursos y el probable usufructo de la corrupción que puede estar detrás de algunas fortunas. Sobre todo, porque es aún más indignante que alguien sea haga rico haciendo política y que quienes hacen las leyes tributarias, que mantienen cautivos a millones de contribuyentes, sean los primeros en utilizar información privilegiada para sacar dinero de sus países para ocultarlo en sendos paraísos fiscales.

Desproporción latinoamericana

La nómina de políticos, además de amplia, saca los colores a más de uno, sobre todo cuando se observa que los latinoamericanos destacan por encima de sus pares de otras regiones del mundo. Los reportes de los Pandora Papers revelan que tres presidentes y 11 expresidentes de América Latina sobresalen entre las celebridades que emplean los mecanismos de offshore para “resguardar” su patrimonio económico. Pero, además, la lista incluye a ministros, embajadores, legisladores, funcionarios y hasta miembros de bancos centrales.

La triangulación de activos a través de este mecanismo no tiene nada de ilegal. Sin embargo, en una región con marcadas asimetrías, precarización, informalidad, corrupción e impunidad, revelaciones como la de los Pandora Papers dejan al desnudo que la estructura de oportunidades entre quienes tienen poder —económico y político— y el resto no sólo es abismal, sino que puede a llegar a niveles que rayan en lo impúdico y grosero.

El mensaje que nos dejan los Pandora Papers, sobre todo en una región extremadamente desigual como América Latina, es que en la política, como en el ajedrez, no es lo mismo ser peón que reina. Mientras el primero es carne de cañón y su movilidad está cautiva, la segunda no sólo tiene más estatus, sino que puede moverse con libertad por todo el tablero. 

Esta metáfora, citada por un entrevistado en un programa televisivo de la cadena española La Sexta, describe a la perfección cómo mientras millones de personas son contribuyentes cautivos de las imposiciones fiscales que crean sus verdugos, estos últimos tienen la capacidad de hacer de la política una actividad lucrativa muy rentable, de la que, además, se valen para evadir las reglas creadas por ellos mismos.

Con nombre y apellido

Destaco tres casos a manera de ejemplo. El presidente chileno Sebastián Piñera es conocido por su fortuna previa a su incursión en la política profesional. Sin embargo, este se ha valido de su posición de privilegio para acrecentar su riqueza través de operaciones como la compraventa de la Minera Dominga, en la que también participó su esposa.

El segundo caso es el del expresidente Horacio Cartes, quien ha convertido al Paraguay en su estancia personal. Señalado por lo oscuro o irregular de algunos de sus negocios, lo cierto es que tras su paso por la presidencia no sólo ha hecho crecer su fortuna, sino también su influencia, lo que en un país altamente corrupto lo ha hecho prácticamente intocable.

Y el tercer caso es el del legislador mexicano Armando Guadiana, del oficialista Morena. Este rico empresario del carbón se ha beneficiado de jugosos contratos de adjudicación directa durante la actual administración del presidente López Obrador, a quien defiende a ultranza.

En conclusión, los Pandora Papers superan por mucho a los Panama Papers que en 2016 habían revelado el modus operandi que grandes celebridades utilizan para escapar del control tributario de las haciendas nacionales a través de empresas fantasmas u offshore. Esta filtración es un nuevo recordatorio de que, además de los políticos que en teoría deberían representarnos, muchos de nuestros admirados cantantes, deportistas, artistas y empresarios latinoamericanos se siguen aprovechando del resto de la sociedad. Al fin y al cabo no es ilegal y qué tanto es tantito.

Juan Mario Solís Delgadillo es Doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Salamanca. Profesor investigador en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (México). Coordinador académico de la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (Conacyt).
 
Juan Mario Solís Delgadillo es Doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Salamanca. Profesor investigador en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (México). Coordinador académico de la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (Conacyt).


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Columnas Mon, 11 Oct 2021 10:49:45 +0100 https://elfaro.net/es/202110/columnas/25782/Pandora-Papers-no-es-lo-mismo-ser-reina-que-peón.htm
Integración económica centroamericana: un balance agridulce http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000036435.jpeg https://elfaro.net/es/202109/centroamerica/25757/Integración-económica-centroamericana-un-balance-agridulce.htm La pandemia de la covid-19 ha precipitado una seria crisis económica y social en Centroamérica. En este contexto, la potenciación de la integración económica aparece como una vía indispensable para afrontarla. Comparado con otros procesos de integración de América Latina y el Caribe, el centroamericano muestra una buena evolución, especialmente en términos de comercio intrarregional. No obstante, todavía está sujeto a numerosas limitaciones que condicionan el alcance de su potencial impacto positivo sobre el crecimiento económico de la región.

El proceso de integración económica más ambicioso de la región es el Mercado Común Centroamericano (MCCA), creado en 1960 por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. A pesar de los años transcurridos, este proceso sigue intentando establecerse y consolidarse como una unión aduanera; esto es, como una zona de libre comercio intrarregional, en la que los países participantes comparten una política comercial común.

Bajo nivel de comercio intrarregional

Centroamérica ha avanzado sustancialmente en el establecimiento de una zona de libre comercio intrarregional. En las últimas décadas, los gobiernos han reducido o eliminado los aranceles cobrados en los intercambios recíprocos, lo que ha ayudado a expandir el comercio intracentroamericano. Según los datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en 2019 las exportaciones intrarregionales representaron el 26,3% del total de las exportaciones centroamericanas, porcentaje que apenas ha variado en el último decenio. Además, la mayor parte de este comercio intrarregional ha sido de productos agroindustriales y manufacturados, lo que ha contribuido a promover la industria centroamericana.

El nivel alcanzado por el comercio intrarregional en Centroamérica es el más alto de todos procesos de integración de América Latina y el Caribe. Sin embargo, este porcentaje sigue aún lejos de los existentes habitualmente en otros procesos de integración como el asiático (46 %) o el europeo (65 %). El porcentaje alcanzado por el comercio intracentroamericano en 2019 no puede ocultar el hecho de que, en dicho año, Centroamérica seguía dirigiendo el 73.7 % de sus exportaciones totales a destinos extrarregionales.

La persistencia de barreras no arancelarias en el comercio intrarregional es una de las principales razones que explica su bajo nivel. Este es el caso del conjunto de diferentes normas nacionales aplicables al comercio intracentroamericano (reglamentos técnicos, requisitos sanitarios y fitosanitarios, reglas de origen, formalidades aduaneras, etc.). Los gobiernos han estado trabajando en la armonización de la normativa existente con objeto de facilitar la expansión del comercio intrarregional.

Otro grupo significativo de barreras no arancelarias tiene que ver con los altos costes de transporte y de logística. Esto es debido a la deficiente infraestructura que no ha conectado adecuadamente los mercados de los países centroamericanos. De ahí, la necesidad de completar los esfuerzos de liberalización comercial con iniciativas de cooperación que faciliten el aumento de las inversiones necesarias para mejorar la infraestructura regional. Por esta razón, los gobiernos centroamericanos han estado participando en el Proyecto Mesoamérica desde 2008. Este acuerdo de cooperación busca desarrollar la infraestructura regional relacionada con el comercio, especialmente en los ámbitos del transporte, la energía y las telecomunicaciones. Adicionalmente, para abordar este tipo de barreras, en 2017 los gobiernos aprobaron la Política Marco Regional de Movilidad y Logística Centroamericana.

Ausencia de una verdadera política comercial común

El establecimiento de una zona de libre comercio es uno de los dos principales pasos a dar en la construcción de una unión aduanera centroamericana. El otro es la adopción de una política comercial común. En este caso, todos los gobiernos han de comprometerse a establecer e implementar de forma conjunta los mismos instrumentos de política comercial, comenzando con la aplicación de un arancel externo común a todas las importaciones extrarregionales: el Arancel Centroamericano de Importación (ACI). Desde los años noventa del siglo pasado, los gobiernos centroamericanos han estado tomando medidas para establecer el ACI. Según el BID, el 93,7% de los productos que pueden ser importados en Centroamérica ya tienen un arancel común.

Sin embargo, este alto grado de armonización del ACI se ha visto erosionado por la forma en la que se han negociado los tratados de libre comercio (TLC) con socios extrarregionales. Si un grupo de países está inmerso en la construcción de una unión aduanera, lo recomendable sería que negociara como bloque esos TLC, ya que se debe de establecer un calendario para ir eliminando el arancel externo común a la misma velocidad en todos los países miembros hasta lograr la completa instauración del área de libre comercio con el socio extrarregional correspondiente.

Con la relativa excepción del Acuerdo de Asociación firmado con la Unión Europea, los países centroamericanos han negociado de forma bilateral –y no como bloque– la mayor parte de sus TLC (incluido el de Estados Unidos, principal socio comercial de la región). Esto no sólo ha debilitado la posición negociadora de los gobiernos centroamericanos, sino que también ha cuestionado la viabilidad del arancel externo común y con ello, la de la política comercial común. Además, esta forma de negociar ha llevado a que en Centroamérica exista una compleja red de acuerdos comerciales superpuestos, conocida como el spaghetti bowl. Los TLC firmados presentan algunas características comunes, pero sus contenidos, participantes y compromisos son muy variados, entrando en muchas ocasiones, en conflicto con el proyecto de unión aduanera centroamericana.

Caminando hacia la unión aduanera centroamericana

El proceso de integración económica centroamericano ha promovido la interdependencia comercial de sus miembros, al revitalizar el comercio intrarregional. No obstante, sigue estando sujeto a restricciones tales como el excesivo dominio del comercio extrarregional y la ausencia de una auténtica política comercial común. En estas condiciones, la unión aduanera está aún incompleta y ello limita su potencial impacto positivo en la recuperación post covid-19.

Los esfuerzos para perfeccionar la unión aduanera centroamericana continúan. A nivel regional, los países centroamericanos articulan dichos esfuerzos en torno a la Hoja de Ruta para Avanzar en la Unión Aduanera 2015-2024. A nivel nacional, Guatemala y Honduras son los que más han avanzado con su iniciativa para establecer una unión aduanera bilateral que entró en vigor en 2017. Asimismo, Panamá –que no participó en la creación del MCCA– se comprometió en 2012 a incorporarse gradualmente al proceso de integración económica centroamericano.

Si se desea que estas iniciativas tengan éxito, será necesario adoptar no sólo medidas económicas para completar la unión aduanera, sino también medidas políticas e institucionales. En este sentido, será esencial renovar el compromiso político de los gobiernos a favor de la integración económica y sostenerlo en el tiempo; de tal modo, que las políticas de integración se institucionalicen como políticas de Estado (y no de gobierno). Asimismo, será importante fortalecer las instituciones regionales para que acompañen eficientemente al proceso de integración y progresivamente vayan adquiriendo una configuración supranacional.

Fernando Rueda-Junquera es profesor titular del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Burgos. Doctor en Economía por la Universidad de Londres. Ha trabajado como consultor para la Comisión Europea y para el Ministerio de Asuntos Exteriores de España.
 
Fernando Rueda-Junquera es profesor titular del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Burgos. Doctor en Economía por la Universidad de Londres. Ha trabajado como consultor para la Comisión Europea y para el Ministerio de Asuntos Exteriores de España.


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Centroamérica Fri, 08 Oct 2021 16:27:49 +0100 https://elfaro.net/es/202109/centroamerica/25757/Integración-económica-centroamericana-un-balance-agridulce.htm
La invención de las Manuelitas http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_10_2000_1349/images%7Ccms-image-000036481.JPG https://elfaro.net/es/202109/el_salvador/25756/La-invención-de-las-Manuelitas.htm Este texto toma como pretexto tres pinturas creadas entre 1957 y 1959 por Luis Vergara Ahumada para mirar hacia las mujeres en el siglo XIX, sus interpretaciones historiográficas y sus ficciones. Representaciones, miradas historiográficas e imagi-naciones de las mujeres salvadoreñas en el siglo XIX

Detrás de la espontaneidad de la multitud, detrás de su aparente desorden, se perfila claramente una distribución, no igualitaria de los roles sexuales, pensando por la población como un de los datos del movimiento popular.

(...)

En el curso de la insurrección, las relaciones de los sexos se modifican: mientras que en la sublevaciones más o menos espontáneas, las mujeres desempeñaban un papel motor, apenas el acontecimiento es dirigido por las asociaciones revolucionarias, se las expulsa a la periferia.

 Dominique Godeinau

 

I

 

Hay una muchedumbre que anima al cura José Matías Delgado como a un ídolo multitudinario. En la tradición, Delgado está a punto de tocar la campaña de la iglesia La Merced (aunque atrás se divisa la iglesia de San Salvador que aún no era catedral y no lo sería hasta 1827) y de gritar tres veces “Libertad, libertad, libertad”. Este mito, construido por el escritor Francisco Gavidia y otros intelectuales del Ateneo, y repetido como credo por cien años, se volvió mitomanía nacional. Hasta ahora. En 1957 fue interpretado visualmente por el chileno Luis Vergara Ahumada. Y lo que me importa de este icono que llegó a los billetes de 5 colones y las toallas, es que entre quienes arengan al prócer hay mujeres.

¿Quiénes son? ¿Quiénes fueron esas mujeres?

Primer Grito de Independencia de 1811. Obra realizada por el pintor Luis Vergara Ahumada. Pintura ubicada en la ex Casa Presidencial, en San Jacinto. 
 
Primer Grito de Independencia de 1811. Obra realizada por el pintor Luis Vergara Ahumada. Pintura ubicada en la ex Casa Presidencial, en San Jacinto. 

Mientras más tarde llega la representación, más tarde llega la imaginación. Y viceversa. En la historia, la cultura visual es determinante para la transmisión de las ideas y el conocimiento. Eso ha ocurrido en El Salvador en muchos episodios históricos. Toda representación visual de la historia salvadoreña es tardía. El escaso arte del siglo XIX no supo sostenerse hasta el XX, casi con la excepción del escudo nacional federal (pero ese es otro apasionante tema). Solo así podemos explicarnos por qué el presidente José María Lemus encargó una serie de pinturas épicas al chileno Luis Vergara Ahumada en su paso por El Salvador, que llegaron pronto a los libros de historia y cromos escolares y mutaron hasta objetos de consumo menos comunes, como las toallas. Ya antes se registraban intentos de pintar a “los próceres”: una serie de Valero Lecha sobre Manuel José Arce y Gerardo Barrios en sus despachos, incluso con “retratos de sus esposas” en los escritorios, pero hasta entonces no había existido una representación pictórica épica del proceso de independencia, de 1811 a 1821. El momento a la Independencia de Plaza Libertad, de 1911, era quizá la única fuente de representación visual.

Aunque existen otras representaciones de Arce, como la pintura “Mapa con una piedra. Homenaje a Manuel José Arce”, del guatemalteco Roberto González Goyri, otra que nos importa es la atribuida a Valero Lecha, que lo presenta en su despacho, coronado por un mapa de la República Federal Centroamérica. En ese despacho, sobre su escritorio y al lado del tintero, se encuentra el retrato borroso de María Felipa Aranzamendi y Palomo, su esposa.

Alguna vez, una entrevistadora me preguntó si podíamos hablar de “las esposas de los próceres” o “la esposa de Morazán o la de Gerardo Barrios”. Yo respondí que no escribo sobre esposas ni construyo mitos de próceras. Yo escribo sobre mujeres, sobre las mujeres en la historia y cómo construir (de la mano de tantas teóricas que me guían e iluminan) historia de las mujeres en Centroamérica. Y, por lo mismo, voy a recurrir a las pinturas que las representan, las median, las imaginan y, por supuesto, las ficcionan, para que nos preguntemos y nos respondamos, en la medida de lo posible, quiénes eran esas mujeres, dónde estuvieron, qué hacían.

Entre 1957 y 1959, Vergara Ahumada recreó piezas alegóricas de la historia de El Salvador. Luego hizo lo mismo en Nicaragua. En El Salvador pintó El Primer Grito de Independencia, La Firma del Acta de Independencia y El ocaso de un Sol, la muerte de Manuel José Arce en su lecho. En las tres pinturas hay mujeres. Ciertamente no son protagonistas, pero su incursión nos refiere a una aparición más que escenográfica. Hay quien ha querido, incluso, identificar a las mujeres que arengan al prócer o lloran la muerte del general. Un texto de Patricia Iraheta sostiene que la mujer que arenga a Delgado es en realidad la sesuntepecana María de los Ángeles Miranda. De ser así, la operación tendría dos puntos valiosos que acotar: el primero la ubica en la historia visual, en ese cuadro que ha llegado a ser parte del inconsciente colectivo de lo nacional salvadoreño, antes que en la historia oficial. El segundo es casi de fuga: toda su trayectoria de participación insurreccional se desarrolló en Sensuntepeque y reclusión en San Vicente, pero Vergara Ahumada la traslada a San Salvador. Esta yuxtaposición de planos geolocales intentaría contar una historia hegemónica del proceso, situada en San Salvador.

En la pintura de la Firma del acta de Independencia, incluso, aparece como pintura, en el juego de las representaciones fractales, la reina de España.

 

II

 

¿Cómo podemos pensar a las mujeres del siglo XIX si no hay tantas fuentes de ellas como quisiéramos? ¿Cómo podemos construir su pasado sin el recurso del mito (que tan bien nos queda, porque tenemos mucho de mitómanos)?

Mucha de la construcción de la historia de las mujeres del siglo XIX ha sido un tanteo alegórico en El Salvador. Aunque en Guatemala se escribieron algunos materiales sobre las mujeres coloniales o decimonónicas desde la década de 1950, en El Salvador la producción de la Historia, y sobre todo de la independencia y el periodo federal, ha sido absolutamente androcéntrica: escrita por hombres y escrita sobre hombres. Las principales contribuciones a la historia de las mujeres en El Salvador, y especialmente a las del siglo XIX, fueron escritas hasta el siglo XXI: Historias de mujeres, mujeres de historia en El Salvador (2013), compilado por Josefa Viegas Guillén; Mujeres en público. El debate sobre la educación femenina entre 1871 y 1889 (2014), de Olga Vásquez, e Historia de mujeres protagonistas de la independencia (1811-1814). Insurgencia, participación y lucha de las mujeres de la Intendencia de San Salvador por lograr la emancipación del Reino de Guatemala, la investigación pionera (2010), de Carlos Cañas Dinarte, que identificó a Juana de Dios Arriaga, Inés Anselma Ascencio de Román, Dominga Fabia Juárez de Reina, Úrsula Guzmán, Gertrudis Lemus, María Madrid, Francisca de la Cruz López, María Teresa Escobar, y demás mujeres en los juicios por insurrección y apoyo a los rebeldes entre 1811 y 1814. Ya la historia tradicional y oficial había reconocido a Manuela Arce de Lara, esposa del prócer Domingo Antonio de Lara, a su cuñada María Felipa Aranzamendi y a Ana Andrade Cañas, viuda de Santiago José Celis, convertido en mártir en la historiografía de la década de 1910. Los tres trabajos nos arrojan ideas, debates y fuentes fundamentales situadas entre 1811 y 1890. Sin embargo, tampoco nos presentan, si los miráramos en la clave de engranajes, un siglo XIX de las mujeres.

El siglo XIX es complejo: no se trata solamente del enfrentamiento del Antigo Régimen y la Modernidad; ni de liberales y conservadores enfrentados en las fronteras y la ley; tampoco el siglo XIX centroamericano implica una lubricada transición de castas y estamentos a clases sociales. Hay más claroscuros y muchísimas más grietas en el retrato del siglo XIX, que siguen agritándose hacia hoy y que nos demuestran qué ideas, temas y caminos están aún pendientes de desentrañar para Centroamérica. 

Así como nuestra pintura épica fue tardía, tan tardía que tardó más de un siglo en ser representada, así de tardía fue la aparición de las mujeres en ella y, sobre todo, en la historia nacional. La historia sobre las mujeres se ha tardado más en ser articulada y buscada entre los archivos, las memoria y los márgenes que no las identifican plenamente como sujetas del periodo histórico. Tan tardía que se demoró más de un siglo en llegar a ser tema de estudio.

 

III

¿Dónde estaban las mujeres en el siglo XIX?

Aunque la pregunta interpela al lugar en el espacio público, basada en las pinturas y algunos relatos, la respuesta se avoca más bien al lugar de las mujeres dentro del orden colonial y la incipiente nación, es decir, dentro de su única gramática posible: la ley.

Ni la constitución de Centroamérica de 1823 ni la de el Estado del Salvador de 1824 introduce a las mujeres en la nación mediante la ciudadanía. Fueron ciudadanos los hombres con ciertas facultades y privilegios, como la edad, la educación y la propiedad, como fueron antes vecinos y súbditos. Esto quiere decir que, aunque alguna historiografía producida con intenciones educativas, divulgativas o reivindicativas sobre las mujeres en las revueltas de independencia identifiquen su agencia, en la ley no existían y no eran tampoco sujetas de discusión.

Aunque las mujeres aparecían en ciertas claves, como el espacio público o los mismos juicios, eran subalternas de los hombres; es decir, toda su identidad estaba relacionada a ser hija, esposa, madre, hermana o viuda de un hombre. Ay, de las huérfanas y solteras: era como si no existieran. En estas narrativas de subalternidad, no se identificaba en ellas capacidad de agencia, ni siquiera la intelectual. Las mujeres, sin embargo, demostraron siempre que han tenido agencia, una capacidad de decidir por sí mismas, y la han manifestado en espacios o episodios menos épicos, en los intersticios de las instituciones, en los remanentes de las tradiciones, en los lenguajes ocultos de la cultura oficial, en una cultura política propia.

En 1827, durante el gobierno de Morazán en la República Federal, el decreto de la reforma morazánica de la ley del divorcio y el matrimonio civil puso el acento en un nuevo orden social secular, mediante una institución primordial para las mujeres: la del matrimonio. Pero, aunque el divorcio es tema crucial para las mujeres por el abandono de los esposos del hogar, la irresponsabilidad de los hombre para mantener los hijos, y la violencia, entre otros puntos, las mujeres fueron sujetos importantes en la discusión. Aquello se volvió un pleito entre devotos y anatemas y se trató más bien de una tensión de fuerzas católicas contra seculares, de pugnas de la modernidad.

Después de la disolución federal y hacia 1860, algunas reformas relacionadas a la educación de las mujeres comenzaron a situarlas dentro del debate público: las niñas y las mujeres podían estudiar y aún más, enseñar. Pero no fue hasta el periodo identidicado como de reformas liberales, de 1870 a 1890, que los hombres de letras y de ley ponen mayor acento en la mujer: no solo en la educación, como muy bien ha estudiado Olga Vásquez, sino en el acceso a la salud, el derecho al matrimonio civil y al divorcio, a la manutención suya y de los hijos abandonados, al debate sobre el derecho de testar y heredar, a su relación con la propiedad y a la preocupación de las mujeres por los hijos ilegítimos y la protección del Estado. Sobre hijos e hijas ilegítimas, Prudencia Ayala y Josefina Peñate, desde 1920, serán activas defensoras del derecho al reconocimiento y a la protección del Estado. Ya hacia 1880, sin embargo, intelectuales como Román Mayorga Rivas y Francisco Estaban Galindo articularon discursos sobre la capacidad intelectual de las mujeres, al mismo nivel del hombre, para abogar por su derecho a la educación y al sufragio. Y creo que, como he escrito en otro artículo, podemos identificar en ellos operaciones feministas. 

Las mujeres del siglo XIX atravesaron diversas experiencias que no han sido reseñadas. Aunque la educación y la lucha por el sufragio sigan siendo los temas más apasionantes o con mayores recursos archivísticos (y ya es mucho decirlo en El Salvador), tenemos que reconocer que las miradas hacia las mujeres han sido determinadas por la fuente, por el registro y el nombre en la Historia, la posibilidad de tener un documento, el privilegio de registrar su paso por el mundo, sigue siendo un asunto que clase y de etnia.

No hemos llevado aún la mirada hacia las mujeres en las guerras morazánicas y luego los conflictos armados nacionalistas del siglo XIX (más de 100); a las mujeres no castellanizadas durante los procesos de homogenización del Estado que guardaron y transmitieron su lengua materna; a la labor de cuidado de enfermos durante las epidemias, como religiosas o como seglares; a su mortalidad y morbilidad por maternidad; al puerperio y los trabajos de cuidados; a la violencia sexual y la violencia familiar; al derecho a la propiedad; al comercio y los intercambios de bienes; a la agricultura, los cultivos de subsistencia y la historia ambiental; al conocimiento ancestral; a su desarrollo en las artes y las ciencias; a la condición de las monjas durante las reformas liberales (a todo mundo le encantan las pugnas de Delgado y Casaús con Morazán, historias de hombres); a sus memorias; a sus silencios; a su propio tiempo, a su propio regimen de historicidad, como he sostenido en otros trabajos.

Por algún tiempo, me he dedicado a estudiar la relación entre ciudadanía y autoría de las mujeres en el siglo XIX, ya sea como escritoras o como pintoras, por lo que creo que es importante poner el acento en los procesos y la cultura política que lleva a una mujer a tener acceso a la ciencia, las artes y las ideas: estudiar revistas, librerías, suscripciones, traductoras.

Como he señalado antes, las poetas publicadas por Román Mayorga Rivas en los tomos de su reunión de poetas salvadoreños en Guirnalda salvadoreña (1884-1886) Antonia Galindo (1858-1893), Ana Dolores Arias (1856-1888), Jesús López (1848-¿?) y Luz Arrué de Miranda (1852-1932) no son solo mujeres que se dedicaban a escribir románticos versos; su ejercicio poético las convierte en agentes en el campo intelectual. De la misma forma, el poeta e investigador literario Vladimir Amaya ha desempolvado del olvido a otras poetas decimonónicas como Raquel Soto (1874-¿?), Rosa Amelia Guzmán (1885-1969), Mercedes Quinteros (1890-1924), María Loucel (1893-1961), Isaura Lara (1859-¿?), Lastenia García, Florinda B. González (1879-1952) entre otras. De muchas ha construido sus biografías y ha publicado sus poemas en su antología Las muchachas de la última fila. Muchas firmaban con seudónimo femenino y otras con masculino. De otras queda su nombre en una desteñida pared de una escuela municipal o rural.

Las mujeres del siglo XIX no han sido aún esbozadas ni imaginadas totalmente por nuestra historiografía. Y esta ausencia no es vacío, es espacio. Es más bien una preciosa veta de exploración, que relumbra, como una veta de la tierra con sus minerales preciosos, con las preguntas al archivo y a la historia oral, con las particularidades propias del conocimiento del género. Con las dudas básicas que todas tenemos y que luego, con los años, apuntalamos, perfilamos, precisamos, y se convierten en preguntas de investigación, en propuestas para pensar, en pistas, en huellas, en caminos. ¿Quiénes son? ¿Dónde estaban? ¿Qué hicieron? ¿Qué podemos hacer con/por ellas?

Afortunadamente, ahora sabemos que el género no es una imagen fija. Y requiere una contextualización histórica: “Reconocer que la subordinación social es un producto de la historia, cuyas raíces se encuentran en una organización específica del trabajo, ha tenido un efecto liberador para las mujeres. Ha permitido desnaturalizar la división sexual del trabajo y las identidades construidas a partir de ella, al concebir las categorías de género no solo como construcciones sociales, sino también como conceptos cuyo contenido está en constante redefinición, que son infinitamente móviles, abiertos al cambio, y que siempre tienen una carga política”, como ha apuntado Silvia Federici en El patriarcado del salario (2018). 

 

IV

 

Hay una sola mujer en la firma del acta de la independencia de Centroamérica en Guatemala. No es María Dolores Bedoya, la mítica guatemalteca que “arengó al pueblo” durante la noche del 15 de septiembnre de 1821. Es más bien la artífice de la oposición a la algarabía independiente y popular, es la Reina.La pintura de Vergara Ahumada que representa la firma del acta, con José Matías Delgado como protagonista, de nuevo en total hegemonía histórica y nacionalista, reproduce, recrea o imagina el interior del palacio de los caballeros de ciudad de Guatemala y está presidido por la imagen del poder de ese momento: los reyes de España. 

Firma del Acta de Independencia de Centroaméricaa de 1921. Obra realizada por el pintor Luis Vergara Ahumada. Pintura ubicada en la ex Casa Presidencial, en San Jacinto.
 
Firma del Acta de Independencia de Centroaméricaa de 1921. Obra realizada por el pintor Luis Vergara Ahumada. Pintura ubicada en la ex Casa Presidencial, en San Jacinto.

En la sala del palacio, custodiando cada flanco, Vergara Ahumada ubica a los reyes: el muy impopular Fernando IV y una de sus cuatro esposas, que, por la fecha del acontecimiento, podría ser María Josefa Amalia de Sajonia, reina consorte entre 1819 y 1829.

He aquí, en esta invención, paradoja que es también epifanía. Una maravillosa clave para traernos a la reflexión del archivo y las imagi-naciones. La representación de los reyes mediante el retrato de grandes dimensiones era una tradición en el Nuevo mundo. Finalmente, los reyes nunca viajaron a América y así los subditos y luego los rebeldes e insurgentes no tenían una imagen clara de contra quién se rebelaban. A muchos lugares incluso nunca llegó una estampa del rey. Pero hacia finales del siglo XVIII, yo he podido localizar dos retratos de cuerpo entero la reina consorte de Carlos IV, María Luisa de Parma, reconocida como María Luisa de Borbón, que fueron pintados en Guatemala por una mujer: la pintora María Basconcelos.

Este vínculo me permite señalar cuándo la ficción y el archivo se intersectan. Es posible. Pero es de cuidado. La re-creación e imaginación de Vergara Ahumada resuenan en un caso específico, encontrado al margen del archivo, en un documento anexo del Archivo General de Centroamérica, y permite que, en efecto, en la pintura tardía de la independencia exista la huella una mujer. 

María Basconcelos, que no puedo asegurar que haya pintado a la nueva reina consorte, es una figura fugitiva del archivo de la historia de la pintura en Guatemala. Sus dos retratos de la reina Borbona fueron colgados en el frontispicio del cabildo durante las fiestas reales por la jura de Carlos IV en la Nueva Guatemala en 1789. Probablemente aprendió el oficio en su familia, como así lo hicieron las miniaturistas e iluminadoras medievales que aprendieron a pintar y dibujar en los talleres de sus padres o hermanos: la historiografía de la pintura colonial en Guatemala identifica la existencia y popularidad de dos maestros pintores apellidados Basconcelos que crearon en el mismo periodo y la misma ciudad que María: Pablo y Pedro Basconcelos.

Así, como he escrito antes, María Basconcelos llega a ser en Guatemala, en Centroamérica, “la hermana de Shakespeare” que ideó Virginia Woolf en su ensayo Una habitación propia (1929): aquella mujer con el mismo talento, o más, que su hermano, pero que no pasó a la Historia ni pudo desarrollar plenamente su arte, porque no contó con las condiciones materiales ni subjetivas necesarias para cumplirlo en su tiempo.

 


V

 

Y, por último, Manuelita.

La última pintura de Vergara Ahumada a la que haré referencia es a El ocaso de un sol, que retrata la muerte de Manuel José Arce en su lecho en San Salvador, en 1847, después de su propia odisea federal, de exilio y guerras. El ocaso de un sol recurre a la representación romántica de la muerte, que en la pintura europea del XIX retrató desde la muerte de Isabel la Católica hasta la muerte de Fernando VII: se trata del héroe en su lecho de muerte, en su cama, rodeado de autoridades, entre eclesiales y civiles y dolientes. Y en el orden de la representación, jerarquías entre esas mismas autoridades y dolientes.

La muerte de Arce nos permite introducirnos en su intimidad, por primera vez. Las mujeres, ya se sabe, sentimentales y hasta plañideras, por eso frente a Manuel José Arce son las únicas que lloran. ¿Quiénes son esas mujeres? Su hermana Manuela Arce de Lara, encumbrada por la historiografía romántica como la mujer que cosió la primera bandera salvadoreña no aparece en la imagen. Su biografía indica que murió en la década de 1830, no se sabe cuándo. Lloran las mujeres o rezán por él, pero ninguna de ellas es tampoco María Felipa, su esposa, pues los biógrafos han indicado su muerte en 1845. Estas especificidades son importantes para comprender que las dolientes son mujeres de servicio: todas están peinadas con trenzas y ataviadas con ropas de “campesinas”, principalmente “volcaneñas”, representaciones de mujeres indígenas inventadas por los gobiernos salvadoreños entre 1920 y 1950. Y así también, bajo ese arquetipo que pasó a ser estereotipo, fueron representadas las mujeres del grito de 1811.

La operación es esencial: es una pintura épica en la que hay mucho de investigación iconográfica y otro tanto de ficción. De invenciones e imagi-naciones. Vergara Ahumada logra introducir a las mujeres en las estampas épicas, aunque no sabemos si su operación obedeció a alguna ética feminista. Sería mucho pedir a la biografía del pintor y a una trilogía de pinturas que hemos sobrevalorado porque la pintura épica no tuvo desarrollo en el país. 

El ocaso de un sol. Obra realizada por el pintor Luis Vergara Ahumada. Pintura ubicada en la ex Casa Presidencial, en San Jacinto. 
 
El ocaso de un sol. Obra realizada por el pintor Luis Vergara Ahumada. Pintura ubicada en la ex Casa Presidencial, en San Jacinto. 

El 11 de diciembre de 2003, Manuelita Arce, Felipa Aranzamendi, María Feliciana de los Ángeles Miranda y Manuela Miranda fueron finalmente reconocidas como “próceres” de la independencia patria, por decreto Legislativo 227. Se realizaron las biografías de estas mujeres y se incorpraron, a los materiales del Ministerio de Educación. 

Entonces fueron introducida en los cromos escolares y algunos pasquines cívicos, esos que atesoramos entre 1950 y 1990, como los mejores materiales para hacer las tareas elementales sobre la historia de El Salvador: los símbolos patrios, el mapa y su geografía y las biografías de próceres de la Independencia. Ahora incluso un “retrato” de Manuelita acompaña la capilla ardiente de Manuel José Arce en el Museo de Historia Militar.

Como niña estudiosa que fui, y quizá por la intuición de la historiadora que sería, busqué el cromo en el que se incorporaban las mujeres. Quería ver a esas mujeres que entraban al fin a la Historia salvadoreña. Aunque, como sabemos, no existía El Salvador entre 1811 y 1821, y lo que ha llegado hasta nuestros días es un relato nacionalista fragmentado de un proceso regional centroamericano. Cuando al fin lo encontré, reconocí a Manuelita. Era una copia exacta del rostro de su hermano Manuel José dibujado en la década de 1950, que se volvió iconográfico. ¡Era más bien Manuel José Arce con peinado de mujer! Aquello me pareció una burla. Un insulto. 

A pesar de que las hermandas María Feliciana y Manuela Miranda fueron acusadas como “agitadoras a la rebelión”, pronto pasaron al panteón nacional oficial en las mismas condiciones que Manuela Arce y Felipa Aranzamendi, presentadas como las mujeres que cosieron la primera bandera salvadoreña en oposición a la invasión mexicana de Iturbide, en el proceso fallido de anexión de Centroamérica a México: reducidas a los oficios mujeriles.

Sus representaciones, como la pintura que en 2014 se inaguró en la Asamblea legislativa en honor a María Feliciana, son las del retrato. Vemos solo su rostro, en un fondo oscuro más de foto de estudio de 1990 que retrato del siglo XIX: así como falta el paisaje, falta el contexto. Son imágenes sin acción, encapsuladas como daguerrotipo en camafeo que, al tener contacto con el aire, se borran. 

Si la rebelión subvierte la tradicional división sexual del trabajo y permite a las mujeres ser instigadoras, rebeldes, insurgentes, insurrectas, agitadoras, llamar al levantamiento con instrumentos musicales y hasta tomar armas, en el curso de la insurrección, las relaciones de los sexos se modifican, como ha escrito Godeinau: "mientras que, en las sublevaciones más o menos espontáneas, las mujeres desempeñan un papel motor, apenas el acontecimiento es dirigido por las asociaciones revolucionarias, se les expulsa a la periferia”. La misma praxis opera en la narrativa, escritura o visual, de la historia oficial: las abstrae de su contexto histórico y las retrae: las coloca en la narrativa de los oficios mujeriles y privados de representación tradicional: encapsula a las mujeres en ese retrato falso de la esposa que un pintor, con referencias al Romanticismo, colocó sobre el escritorio del primer presidente de la República Federal. Él, entre armas y papeles, funda la república. La mujer observa encerrada en un marco, sin acción.

Ahora puedo decir también que esa última operación por llevar la representación femenina a la Historia nacional demostró también desidia, un desinterés verdadero en comprender a las mujeres dentro de los procesos históricos. La incapacidad de pensar a Manuelita y a cualquier otra mujer de su tiempo era un síntoma de una sociedad machista, misógina y con una fascinación por la desmemoria, el olvido y la mitomanía. Preferimos la mentira por encima de cualquier ejercicio científico o jurídico por la verdad. 

Esas mujeres representadas a lo largo de los años en los pocos atisbos de cultura visual salvadoreña son estereotipo, no canon. Y más allá de invención, son realmente un artificio que articula un discurso subrepticio en el que subyacen injusticias, desigualdades y desintereses. 

Antes de preguntarnos por las “próceras” o “las esposas”, como me surgirió hace años la entrevistadora, debemos preguntarnos cómo accedemos a la información sobre las mujeres, cómo la buscamos, si la hay, qué hacemos con ella, cómo la construimos dentro de una narrativa histórica, cómo la articulamos o desarticulamos, dentro de un discurso patriarcal, nacionalista y mitómano que expande estos vicios como una estructura institucional que también nos aleja del archivo y de los derechos a la información y la verdad.

 

En Ciudad de México, 27 de septiembre de 2021, año del bicentenario.

 

Nota:

Dedico este texto a las vendedoras del mercado San Miguelito, que perdieron su patrimonio y su espacio de trabajo el pasado 22 de septiembre. Ellas también han sido constructoras de la nación, desde la economía informal, la identidad cultural y la cultura visual. Ellas, cada septiembre, se preparan con las representaciones de la patria: banderas, escudos, gallardetes y escarapelas, retratos de próceres, cromos escolares, papeles azul y blanco y arreglos florales para los monumentos y los actos oficiales de la independencia patria.

Las vendedoras de los mercados, como demuestran las investigaciones de Patricia Parkman y Héctor Lindo Fuentes, también han sido, históricamente, agentes de la lucha por la democracia y contra la desigualdad.  A ellas, mi reconocimiento y gratitud, por enseñarme, con su trabajo y sus símbolos, lo que patria era y no es.


*Elena Salamanca es historiadora y escritora salvadoreña. Es candidata al Doctorado en Historia en el Colegio de México. Es Maestra en Historia por El Colegio de México (2016), Máster en Historia Iberoamericana Comparada por la Universidad de Huelva, España (2013). Actualmente es catedrática de Género y Cultura en la Universidad Iberoamericana León, México.
Ha recibido las becas de estancia de investigación de los programas Llilas Benson, Instituto Teresa Lozano Long de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Texas en Austin (2016); la beca del Programa de Movilidad Académica de la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana (SICA, 2017); la beca estancia del programa Residencias Artísticas para Creadores de Iberoamérica y de Haití, del FONCA y AECID en México (2009); y la beca Y.ES para teóricos del arte, Estados Unidos-El Salvador (2017).

 

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El Salvador Fri, 08 Oct 2021 16:23:03 +0100 https://elfaro.net/es/202109/el_salvador/25756/La-invención-de-las-Manuelitas.htm