El Faro http://elfaro.net Periodismo independiente y audaz de El Salvador y Centroamerica con noticias, reportajes, investigac es Copyright 2019, El Faro Tue, 22 Oct 2019 20:18:54 +0100 El Faro Infamia http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_108_18_1445_907/images%7Ccms-image-000032395.jpg https://elfaro.net/es/201910/el_farolero/23732/Infamia.htm La mirada de Otto a las declaraciones de Norman Quijano sobre la negociación con pandillas. El Farolero Tue, 22 Oct 2019 16:48:39 +0100 https://elfaro.net/es/201910/el_farolero/23732/Infamia.htm Los ‘países seguros’ más violentos del mundo - Por Nelson Rauda Zablah https://elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg https://elfaro.net/es/201910/360grados/23731/Los-‘países-seguros’-más-violentos-del-mundo---Por-Nelson-Rauda-Zablah.htm 360 grados Mon, 21 Oct 2019 16:08:40 +0100 https://elfaro.net/es/201910/360grados/23731/Los-‘países-seguros’-más-violentos-del-mundo---Por-Nelson-Rauda-Zablah.htm El tirano en su soledad http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000032385.JPG https://elfaro.net/es/201910/columnas/23730/El-tirano-en-su-soledad.htm El objetivo final de Ortega nunca ha sido promover reformas democráticas ni elecciones libres en 2021, sino mantenerse en el poder a cualquier costo, incluso después de 2021.
Rosario Murillo y Daniel Ortega en actividad abierta con los simpatizantes del FSLN, el 29 de septiembre de 2018, en la rotonda Hugo Chávez, en la ciudad de Managua, Nicaragua. Esa misma tarde, la policía de Nicaragua había desarticulado con bombas aturdidoras a los ciudadanos que protestaron abiertamente contra el régimen Ortega-Murillo. Foto: Víctor Peña/ El Faro.
 
Rosario Murillo y Daniel Ortega en actividad abierta con los simpatizantes del FSLN, el 29 de septiembre de 2018, en la rotonda Hugo Chávez, en la ciudad de Managua, Nicaragua. Esa misma tarde, la policía de Nicaragua había desarticulado con bombas aturdidoras a los ciudadanos que protestaron abiertamente contra el régimen Ortega-Murillo. Foto: Víctor Peña/ El Faro.

El presidente Daniel Ortega lanzó un ataque virulento contra la Unión Europea y el jefe de su diplomacia, Josep Borrell, durante el acto de presentación de cartas credenciales de varios embajadores, entre ellos el de la propia comunidad europea, y los representantes de varios estados miembros, como Alemania, Austria, Italia y Finlandia.

A primera vista, resulta un contrasentido que un jefe de Estado insulte a los diplomáticos que está recibiendo en su país con el propósito de ampliar relaciones de mutuo beneficio, pero esta ha sido una práctica habitual desde que Ortega regresó al poder en 2007. Lo que vimos en la televisión oficial es una puesta en escena que se repite una y otra vez, en la que el comandante vociferante revive el acto del pequeño David contra el Goliat imperialista de los años ochenta, para consumo de sus partidarios. El propósito, según explicara su esposa, vocera y vicepresidenta, Rosario Murillo, después en su monólogo sobre “lo que nuestro presidente quiso decir”, es poner a raya a los recién llegados embajadores para imponer las reglas del “respeto” a punta de amenazas, pero sin llegar jamás a la ruptura de las relaciones diplomáticas. “Limosnero y con garrote”, dice un dicho popular, que describe a cabalidad el teatro de los Ortega-Murillo, que culmina exigiendo el pago de deudas coloniales y hasta una coima millonaria en pleno siglo XXI, por el mérito de ser un contumaz violador de los derechos humanos.

Desde 2008, en la víspera del fraude electoral municipal, Ortega sustituyó la diplomacia por la matonería política cuando desató su misoginia contra la embajadora de la Unión Europea, Francesca Mosca, y calificó a los gobiernos europeos como “moscas que pululan sobre la inmundicia”, mientras su vicecanciller, Manuel Coronel Kautz, bautizaba a la embajadora socialdemócrata sueca Eva Zettergerg como “diabla”, y las turbas rodeaban su embajada para exigir su linchamiento por “abortista”. Sin embargo, Ortega siempre jugó una política de riesgos calculados con Estados Unidos y la Unión Europea. Los desafió cuando podía darse el lujo de llenar el vacío de la suspensión de la ayuda presupuestaria europea y la Cuenta del Milenio de EE.UU. con los millonarios fondos de la cooperación venezolana que manejaba de forma discrecional.

Una década después, sus bases de apoyo se han debilitado drásticamente. La era de las vacas gordas de los petrodólares de Venezuela terminó en 2016, y la alianza económica con los grandes empresarios que le brindó legitimidad política para gobernar sin democracia, se rompió después de la matanza de abril en 2018. En el plano extracontinental, a pesar de cortejar a Putin y proclamar que Nicaragua es el mejor amigo de sus estados clientes, Osetia y Abjacia del Sur, el interés estratégico de Moscú se limitó a instalar en Managua un puesto de espionaje continental. La apuesta del canal interoceánico con China continental también fracasó con la protesta campesina contra el proyecto de Wang Jing, y Ortega tuvo que contentarse con las prebendas de Taiwán y su alineamiento tóxico con Irán y Corea del Norte.

Al cumplirse dieciocho meses de la Rebelión de abril, la diplomacia del dictador se encuentra aislada en América Latina, Norteamérica y Europa, y carece de un respaldo extracontinental efectivo. El régimen de Ortega ha sido señalado por crímenes de lesa humanidad en tres informes internacionales de derechos humanos —CIDH, ONU y GIEI— y después del fracaso de dos diálogos nacionales, enfrenta un proceso en la OEA por la violación de la Carta Democrática Interamericana.

Desde el 19 de julio de 2018, cuando inauguró la narrativa del “fallido intento de golpe de Estado”, acusando de “golpistas” a los obispos de la Conferencia Episcopal, que a pedido suyo organizaron el primer diálogo nacional, Ortega ha dinamitado todos sus puentes en Nicaragua y con la comunidad internacional. Expulsó a la CIDH de la OEA, a la Relatoría de Derechos Humanos de la ONU, y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Incumplió los acuerdos del segundo diálogo nacional con la Alianza Cívica, facilitado por los grandes empresarios, y decretó su fin. Desconoció al Grupo de Trabajo de la OEA y a la Comisión de Alto Nivel de cinco países, y recientemente cortó todo contacto con la Secretaría General de la OEA, con la que acordaría una reforma electoral.

Su base de apoyo hoy se reduce a la alianza con Cuba y Venezuela. Una alianza ideológica de tres países en bancarrota política y económica, en la que Ortega subordina su pragmatismo ante una estrategia regional que opera al ritmo de Venezuela. Si Maduro cede, flaquea o colapsa, Ortega actuará con flexibilidad y pragmatismo; pero mientras Maduro consolide su dictadura y se niegue a dialogar con la oposición venezolana, Ortega se cerrará aún más, sin hacer ninguna concesión democrática. Y a contrapelo del descalabro de la economía nacional y de las sanciones externas, Ortega no se abrirá a una negociación política de fondo, mientras Maduro se fortalezca en el poder.

A menos que la presión nacional e internacional, ejercida al máximo y de forma simultánea, lo coloque al borde del abismo y las fisuras políticas que ya existen en su régimen, entre los empleados públicos civiles y militares y en el propio Frente Sandinista, se conviertan en grietas, Ortega no negociará una salida política. Su objetivo final nunca ha sido promover reformas democráticas ni elecciones libres en 2021, sino mantenerse en el poder a cualquier costo, incluso después de 2021, como parte del esquema de supervivencia de la alianza que lidera el longevo modelo cubano autoritario.

Al sepultar la negociación política, Ortega ha colocado a su régimen en punto de no retorno. Hacia adelante, enfrenta una encrucijada con dos caminos posibles: uno lo lleva a seguir los pasos de Nicolás Maduro y convocar a una Constituyente para prolongar su mandato y cancelar las elecciones presidenciales de 2021; el otro consistiría en hacer una reforma electoral con los partidos colaboracionistas, al margen del consenso con la Alianza Cívica, para realizar elecciones no competitivas en 2021, excluyendo a la oposición azul y blanco que representa a la nueva mayoría política del país.

En ambos casos, correría un riesgo político que hasta ahora nunca ha estado dispuesto a adoptar: perder el reconocimiento diplomático para su Gobierno por parte de la comunidad internacional encabezada por la OEA. ¿Se atreverá Ortega a dar el salto final al vacío?

Esos son los dilemas del tirano en su soledad. La oposición azul y blanco, en cambio, solo tiene la opción de ejercer más presión cívica hasta lograr la suspensión del estado de sitio, y conformar una gran alianza nacional, democrática e inclusiva, una alternativa de poder para acelerar la salida política de un régimen que, a pesar de las amenazas y la represión, está viviendo una crisis política terminal.

Carlos Fernando Chamorro es director del periódico Confidencial de Nicaragua. 
 
Carlos Fernando Chamorro es director del periódico Confidencial de Nicaragua. 

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Columnas Mon, 21 Oct 2019 16:04:53 +0100 https://elfaro.net/es/201910/columnas/23730/El-tirano-en-su-soledad.htm
Los militares de los 80 sueñan con la impunidad recuperada en Guatemala http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000032371.jpg https://elfaro.net/es/201910/el_salvador/23728/Los-militares-de-los-80-sueñan-con-la-impunidad-recuperada-en-Guatemala.htm El sábado 19 un grupo de militares retirados celebró en un hotel capitalino un encuentro con voceros del frente anti CICIG de Guatemala. Temen que la oleada de juicios contra ellos siga en El Salvador y claman, siguiendo el modelo del país vecino, por una alianza conservadora contra la posible Comisión contra la Corrupción y la Impunidad de El Salvador (CICIES).
Betty Marroquín, quien fue candidata a vicepresidenta por el FCN -el partido de Jimmy Morales- participó en la ponencia organizada por el Instituto de Derecho Militar EL Salvador. Marroquín fue una de las lobistas, que protagonizó una campaña en Estados Unidos en contra de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala. Foto de El Faro/Carlos Barrera
 
Betty Marroquín, quien fue candidata a vicepresidenta por el FCN -el partido de Jimmy Morales- participó en la ponencia organizada por el Instituto de Derecho Militar EL Salvador. Marroquín fue una de las lobistas, que protagonizó una campaña en Estados Unidos en contra de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala. Foto de El Faro/Carlos Barrera

"¡Veámonos en el espejo de nuestros hermanos en Guatemala!", dice el coronel retirado José Luis Alvarado ante unas 50 personas y otro medio centenar de sillas vacías. Es sábado, rondan las 11:30 de la mañana y es evidente que los organizadores de la conferencia “Consecuencias de la CICIG. La amenaza para El Salvador” esperaban más público en este salón del Hotel Sheraton.

El evento casi termina, y después de una mañana de discursos encendidos Alvarado trata de insistir en la alarma con un tono algo más preocupado. Culpa a las organizaciones que piden justicia en la región de emprender cacerías de brujas:  “Primero van por los militares; luego por los empresarios; luego por los políticos; y luego por los particulares. No existe fidelidad”.

El coronel habla en representación del Instituto de Derecho Militar, una organización creada en marzo pasado para, según sus fundadores, responder a la "vulneración de derechos" y a la "persecución a los militares" en El Salvador. Copian nombre de su contraparte en Guatemala, donde la beligerancia de la élite militar en alianza con las cúpulas económicas logró en 2018 la expulsión del comisionado Iván Velásquez y más tarde el cierre de la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG), que en la última década había impulsado múltiples casos judiciales por corrupción contra políticos, empresarios y militares, y el 3 de septiembre terminó sus operaciones.

Alvarado pide literalmente a los asistentes que pongan “las barbas en remojo”. Le preocupa la anulación de la Ley de Amnistía en 2016, el avance del juicio contra más de una docena de viejos oficiales por la masacre de El Mozote y la reapertura de casos como el asesinato de Monseñor Romero o el de cuatro periodistas holandeses en 1982. Todos casos contra el viejo ejército que en la guerra civil violó sistemáticamente los derechos humanos. A Alvarado le preocupa el fin de la impunidad. Teme que el Gobierno de Nayib Bukele les golpee aún más. Sentencia que todavía es posible detener en El Salvador la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad, la esperada CICIES, que según él es una “promesa populista”.

Entre quienes han acudido a escuchar sus advertencias están el general Otto Romero, ministro de Defensa durante la administración de Antonio Saca (2004-2009); el general Juan Orlando Zepeda, con orden de captura internacional y acusado en España por el asesinato de los jesuitas; Wilfredo Salgado, exalcalde de San Miguel y también exmilitar; y la presidenta de la Fundación Sí a la Vida, Julia Regina de Cardenal, esposa del presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, Luis Cardenal. No hay en el auditorio nadie que aparente menos de 50 años.

La conspiración internacional

Los invitados de honor al evento vienen de Guatemala, modelo de éxito para los organizadores. La mañana ha comenzado con la lobista anti-Cicig Betty Marroquín, que fue presidenta de la gremial de Telecomunicaciones y cabildeó ante el Congreso y el Senado estadounidenses para minar el apoyo norteamericano a la Comisión. Con tono apasionado, Marroquín celebra el apoyo que el senador de Florida Marco Rubio dio a su causa. “Gracias a Dios, Marco Rubio es un fuerte aliado de nuestra libertad y de que nosotros arreglemos nuestra casa con nuestros propios medios”, dice.

Marroquín compitió este año como candidata a la vicepresidencia de Gustemala con el partido FCN, del presidente Jimmy Morales. Quedó en octavo lugar. El FCN está en proceso de investigación y puede desaparecer si llega a probarse que recibió financiamiento electoral ilícito en 2015. La investigación contra el partido la dirigió el Ministerio Público de Guatemala con ayuda de la CICIG.

“A ustedes les quieren imponer una CICIES con la Organización de Estados Americanos. Hace años, a nosotros nos impuso la CICIG el ente más corrupto y asqueroso sobre la tierra, la Organización de las Naciones Unidas”, clama Marroquín.

Alrededor de 50 personas se hicieron presentes al hotel Sheraton Presidente donde se realizó la ponencia ‘’Consecuencia de la CICIG: La amenaza para El Salvador’’. Foto de El Faro/Carlos Barrera
 
Alrededor de 50 personas se hicieron presentes al hotel Sheraton Presidente donde se realizó la ponencia ‘’Consecuencia de la CICIG: La amenaza para El Salvador’’. Foto de El Faro/Carlos Barrera

La CICIG nació en 2006, producto de un acuerdo firmado entre el gobierno de Guatemala y Naciones Unidas, para investigar delitos cometidos por cuerpos ilegales de seguridad y grupos clandestinos de seguridad. En 2007, el Congreso aprobó el mandato de la misión para apoyar al Ministerio Público en la investigación penal. Esta Comisión ayudó a la justicia guatemalteca a desmantelar a la Línea, una estructura criminal liderada por el presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti, que operó en aduanas y que cometió una defraudación millonaria. Ambos funcionarios renunciaron a su cargos y están en prisión.

Marroquín acusa a la Comisión de violar la soberanía de Guatemala y atacar los valores tradicionales de la sociedad guatemalteca. “La comisión pintó al ejército como genocida. Demoniza al empresariado, al ejército, a la iglesia”. Dice se trata de una conspiración internacional dirigida por el filántropo multimillonario George Soros, el gran villano de la historia: “Pero por primera vez, George Soros tiene un enemigo Donald Trump. Él representa a los patriotas, a la libertada individual, la protección de la familia, el respeto y orgullo a la familia militar”, se consuela Marroquín. Cierra su ponencia con tímidos aplausos.

La sucede en el estrado Giovanni Fratti, un bloguero que ha dedicado su canal de youtube a despotricar en contra de la CICIG y defender al ejército. “Hay fiscales que persiguen militares, pero no hay fiscales competentes para delitos de la izquierda que mataba niños, embajadores y que secuestraba empresarios”, dice. “Nos vendieron a la Comisión como la segunda venida de Cristo y ahora tenemos lucha de clases y empresarios que tienen miedo de invertir en Guatemala. Naciones Unidas despedazó a mi país. Es la cooperación que promueve el aborto, el matrimonio del mismo sexo y como cristiano guatemalteco me opongo a su ideología. Los invito a oponerse a la CICIES”, insiste. Fratti tiene más de 40 años. Dice que en Guatemala, antes de la CICIG no había conflicto de clases.

En realidad la Cicig nunca dijo una palabra sobre matrimonio igualitario o aborto. Su mandato la limitaba a los problemas estructurales del país relacionados al combate de la corrupción y la impunidad. Jimmy Morales y su entorno usaron, sin embargo, estos temas para debilitarla y aglutinar el respaldo de la Guatemala más conservadora. En la Conferencia de prensa en que anunció en enero de 2019 que no renovaría el mandato de la Comisión, Morales, cuyo hermano y sobrino estaban investigados por corrupción en ese momento, se presentó rodeado de decenas de militares con uniforme, y repitió que su gobierno defendía los valores de la familia. Su maniobra, articulada durante meses en discursos, artículos de opinión y reuniones de lobby, funcionó.

Los miedos en El Salvador

El general Otto Romero aprovecha el receso para saludar a uno de los organizadores del foro y luego explica por qué asistió al evento: “Hay que defender nuestra democracia de la izquierda internacionalista”, dice, “Los organismos fueron infiltrados durante la guerra fría”. Romero acusa a la ONU y a su Comité contra la Tortura de estar manipulados por la izquierda, aunque luego matiza que no es que esté en contra de una CICIES, aunque prefiere que no dependa solo del Ejecutivo y la apruebe la Asamblea Legislativa.

El exalcalde de San Miguel, Wilfredo Salgado asegura que asistió al evento por invitación de sus excompañeros de la Fuerza Armada. “Yo vine a escuchar a las dos partes. Estoy a favor de una comisión siempre y cuando no haya persecución política. En Guatemala solo redescubrieron lo que ya se sabía. Lo único nuevo que hicieron fue judicializar. Si la crean, debe investigar todo”, dice Salgado.

En su turno de discurso un coronel guatemalteco, Juan José Recinos, hace su particular balance del trabajo de la CICIG y asusta a los asistentes: “Tenemos a 71 militares en la cárcel y a más de 10,000 que enfrentan procesos judiciales en Guatemala. Los que defendimos a Guatemala de la amenaza comunista estamos siendo perseguidos y los terroristas están protegidos por los derechos humanos”, se lamenta. No menciona que las estructuras de corrupción que miembros del Ejército crearon durante la guerra civil del país vecino (finalizada en 1996) nunca desaparecieron por completo y mantienen cooptado el Estado hasta hoy. La persecución contra militares es real, pero es falso que haya sido por los crímenes de guerra que pudieron haber cometido. La Cicig los procesó por su participación en estructuras de corrupción que desviaron del Estado guatemalteco millones de dólares en fondos públicos.

Como si no supiera eso, el general Zepeda pide la palabra para complementar lo dicho por Recinos: “En El Salvador tenemos cinco casos abiertos: el caso El Mozote, el de los Jesuitas... y quieren reabrir el caso de las hermanitas Serrano. Estamos luchando contra monstruos: contra la UCA, contra el Idhuca y la Cejil (Centro por la Justicia y la Ley Internacional)”.

Zepeda hace énfasis en que no hay Ley de Amnistía y cuestiona la legalidad de la decisión de los magistrados de la Sala de lo Constitucional que abolieron dicha ley en julio de 2016, con una sentencia de inconstitucionalidad. Marca una hoja de ruta: “Podemos meter amparos para cuestionar la forma que usaron para abolir la amnistía. Y ahí ya no importa que venga la Cicies”, dice.

Juan Orlando Zepeda Herrera está vinculado, según el Informe de la Comisión de la Verdad, con el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras, hecho ocurrido el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). Foto de El Faro/Carlos Barrera
 
Juan Orlando Zepeda Herrera está vinculado, según el Informe de la Comisión de la Verdad, con el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras, hecho ocurrido el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). Foto de El Faro/Carlos Barrera

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El Salvador Mon, 21 Oct 2019 09:59:13 +0100 https://elfaro.net/es/201910/el_salvador/23728/Los-militares-de-los-80-sueñan-con-la-impunidad-recuperada-en-Guatemala.htm
Condenan por narcotráfico al hermano del presidente de Honduras Catherine Triomphe y Noé Leiva (AFP) / El Faro http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000032365.jpg https://elfaro.net/es/201910/centroamerica/23726/Condenan-por-narcotráfico-al-hermano-del-presidente-de-Honduras.htm El exdiputado Antonio Hernández fue declarado culpable de cuatro cargos relacionados al tráfico de 200 mil kilogramos de cocaína a Estados Unidos. Según los testimonios que escuchó un jurado en una corte federal de Nueva York, el Gobierno de Juan Orlando Hernández garantizó impunidad y protección a los constantes envíos de droga que ocurrieron entre 2004 y 2018. NUEVA YORK, Estados Unidos. Antonio Hernández, hermano del presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, fue declarado culpable de narcotráfico, este viernes, por un jurado de Nueva York y quedó probado que ganó millones de dólares por sus negocios con narcotraficantes en Colombia, Honduras y México para llevar cocaína a Estados Unidos. 

Tras dos semanas de juicio y menos de dos días de deliberaciones, los 12 jurados declararon a Juan Antonio "Tony" Hernández culpable de los cuatro cargos de los que lo acusaban, entre ellos tráfico de cocaína, falso testimonio y posesión de armas de fuego, indicó la oficina del fiscal federal de Manhattan. 

El hermano del presidente, un exdiputado de 41 años que fue detenido en el aeropuerto de Miami en noviembre de 2018, conocerá su pena durante una audiencia prevista para el 17 de enero de 2020. Podría ser condenado a cadena perpetua. Los abogados defensores han dicho que apelarán la resolución.

El jurado escuchó 11 testigos que vinculaban al exdiputado Hernández con el tráfico de cocaína, y cinco de ellos, eran testigos que también eran parte de la red criminal. Según un comunicado de la Fiscalía de Estados Unidos, desde 2004 hasta 2018, Tony Hernández ayudó a procesar, recibir, transportar y distribuir cargamentos de varias toneladas de cocaína que llegaban a Honduras a través de aviones, helicópteros y lanchas rápidas. El cálculo es que estuvo implicado en la importación de 200 mil kilogramos de cocaína (unas 440 mil libras) a Estados Unidos.

Según la Fiscalía, Hernández también controlaba laboratorios en suelo hondureño y colombiano, y a veces participaba o coordinaba en la provisión de armamento pesado para el transporte de droga a través del país. Para ello a veces contaba con el apoyo de personal de la Policía Nacional.

Una Corte de Estados Unidos encontró culpable al hermano del presidente de Honduras por cargos de narcotráfico. Antonio Hernández, exdiputado, es hermano del mandatario Juan Orlando Hernández. La foto fue tomada en 2016 a su llegada al aeropuerto internacional de Honduras después de un viaje a Estados Unidos. (Foto de Orlando Sierra /AFP)
 
Una Corte de Estados Unidos encontró culpable al hermano del presidente de Honduras por cargos de narcotráfico. Antonio Hernández, exdiputado, es hermano del mandatario Juan Orlando Hernández. La foto fue tomada en 2016 a su llegada al aeropuerto internacional de Honduras después de un viaje a Estados Unidos. (Foto de Orlando Sierra /AFP)

Juan Orlando Hernández ("JOH") denunció de inmediato un fallo "basado en testimonios de asesinos". Él no ha sido acusado formalmente pero sí ha sido señalado como alguien que garantizaba impunidad a la estructura que también incluía al ministro de seguridad hondureño. 

"En nombre de mi familia, y personalmente, recibo con gran tristeza las noticias del fallo en Nueva York", posteó el presidente en Twitter. "¿Qué se puede decir sobre la condena basada en testimonios de asesinos confesos?", agregó.

"En nombre del gobierno de Honduras y de sus instituciones se rechaza cualquier falsa e irresponsable versión que busca manchar el nombre de Honduras a raíz de este fallo", recalcó en la misma red social. También recordó que Estados Unidos ha descrito a Honduras como un aliado estratégico en la región. 

Por el contrario, el líder opositor y expresidente de izquierda Manuel Zelaya, derrocado por un golpe de Estado en 2009, saludó el fallo. La "justicia de Norteamérica desenmascara red de narcotráfico y corrupción que dirige el Estado de Honduras", escribió también en Twitter. Zelaya convocó a una movilización nacional para reclamar la renuncia del presidente.

En Miami, familiares de Tony Hernández que se hicieron presentes en la audiencia fueron abucheados a la salida del tribunal. "Fuera JOH", les gritaron los manifestantes", "Corruptos", eran parte de las consignas que les gritaban. Los manifestantes escoltaron a la familia hasta que estos se montaron en los vehículos para marcharse, a varias decenas de metros de la corte. 

"Impunidad total"

Durante el juicio, la fiscalía dijo, apoyándose en testimonios de exnarcotraficantes, que Hernández participó durante años del tráfico de cocaína, operando "con total impunidad" gracias a la protección de su hermano Juan Orlando y contribuyendo a la "putrefacción" de las instituciones de Honduras.

"El acusado está protegido por el actual presidente (de Honduras), quien ha recibido millones de dólares en sobornos de narcotraficantes, incluido (Joaquín) Guzmán 'El Chapo'", había dicho el fiscal en la apertura del proceso, el pasado 2 de octubre. Guzmán ahora enfrenta prisión de por vida en una prisión federal de Estados Unidos. Este jueves, la Policía mexicana intentó capturar a uno de los hijos de Guzmán, en Culiacán, Sinaloa (México), pero cuando las fuerzas de seguridad se vieron superadas en número por sicarios del Cartel de Sinaloa, lo volvieron a dejar libre. 

Pocos días más tarde, el excapo del narcotráfico y exalcalde hondureño Alexander Ardón declaró en la corte que presenció una reunión en 2013 en la que el jefe del cartel de Sinaloa entregó un millón de dólares en efectivo a Tony Hernández para la campaña electoral de su hermano. Según reportó el New York Times, Ardón explicó que a finales de 2013 Guzmán fue dos veces a Honduras y contribuyó con 1 millón de dólares para la campaña presidencial. 

El presidente calificó entonces esas declaraciones de "100% falsas, absurdas y ridículas", pero en su país tuvieron lugar manifestaciones en reclamo de su dimisión.

El abogado de la defensa, Omar Malone, cuestionó la credibilidad de los testigos de la fiscalía, en su mayor parte exnarcotraficantes condenados por asesinatos, y objetó la ausencia de pruebas materiales de los hechos reprochados a su cliente. "No hay evidencia. La evidencia son de bocas mentirosas, mataron a más de 100 personas, ellos no tienen respeto por la verdad", dijo uno de los defensores, a la salida de los tribunales. 

Sus argumentos, sin embargo, no convencieron a los jurados, que emitieron su fallo el viernes tras menos de dos días de deliberaciones. El fallo muestra el camino de cómo el crimen organizado ha permeado la política hondureña. 

© Agence France-Presse

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Centroamérica Sat, 19 Oct 2019 11:54:48 +0100 https://elfaro.net/es/201910/centroamerica/23726/Condenan-por-narcotráfico-al-hermano-del-presidente-de-Honduras.htm
EUA admite que bloqueó la ayuda al Triángulo Norte para conseguir acuerdos de asilo http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000032361.jpg https://elfaro.net/es/201910/el_salvador/23701/EUA-admite-que-bloqueó-la-ayuda-al-Triángulo-Norte-para-conseguir-acuerdos-de-asilo.htm El jefe de gabinete de la Casa Blanca aceptó que retuvieron $550 millones de ayuda para el Triángulo Norte como medida de presión para que los tres países se plegaran a la política migratoria del gobierno Trump. En los últimos dos meses, Estados Unidos consiguió que El Salvador, Guatemala y Honduras acepten recibir a los asilados que Trump no quiere. El secretario de Seguridad anunció el reinicio de algunos programas como un “reconocimiento al progreso”. En El Salvador solo se han concedido 28 asilos en los últimos cinco años.
El Jefe de Gabinete Interino de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, responde a las preguntas de los periodistas durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca en Washington, DC, el 17 de octubre de 2019. (Foto por JIM WATSON / AFP)
 
El Jefe de Gabinete Interino de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, responde a las preguntas de los periodistas durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca en Washington, DC, el 17 de octubre de 2019. (Foto por JIM WATSON / AFP)

El gobierno de Donald Trump admitió que retuvo millones de dólares en ayuda económica para El Salvador, Honduras y Guatemala como medida de presión para que estos acercaran sus políticas migratorias hacia los intereses estadounidenses.

El 17 de octubre, en Washington, Mick Mulvaney, el jefe de gabinete interino de la Casa Blanca confirmó que Estados Unidos bloqueó la ayuda al Triángulo Norte para que estos países se plegaran a la política de Trump para frenar las caravanas de migrantes y las solicitudes de asilo en suelo norteamericano.

“Estábamos reteniendo dinero al mismo tiempo para los países del Triángulo Norte. Estábamos reteniendo la ayuda para que cambiaran sus políticas de migración”, dijo Mulvaney en una conferencia de prensa en la que comparó la política exterior estadounidense para Centroamérica con sus apuestas en Ucrania, país al que le retuvo una ayuda militar a cambio de que investigara a sus opositores políticos, los demócratas.

El caso de Ucrania es el que tiene a Trump ahora al borde de un juicio político (impeachment) para su destitución. Las declaraciones de Mulvaney pueden marcar un punto decisivo en el impeachment contra Trump, que junto a su equipo habían negado un quid pro quo (un toma y dame) en sus relaciones con Ucrania. “Nosotros hacemos eso todo el tiempo con las relaciones exteriores”, dijo Mulvaney, para luego añadir: “tengo noticias para todos: supérenlo. Va a haber influencia política en las relaciones exteriores”.

El mismo día, pero en San Salvador, reunido con los ministros de seguridad del Triángulo Norte, el secretario de Seguridad interino Kevin McAleenan dijo que “el reinicio de ciertos programas es un reconocimiento de una alianza y del progreso hecho en los últimos cinco meses”, en alusión a los acuerdos alcanzados por el gobierno Trump con los tres países en los últimos meses.

El Faro preguntó si el recorte y ahora la devolución de los fondos tras la firma de los acuerdos podía interpretarse como una política del garrote y la zanahoria. McAleenan respondió que la restauración de programas de cooperación es “una declaración importante, pero en verdad solo es un reconocimiento de una alianza continua que se ha desarrollado y ha ganado impulso en los últimos cinco meses”.

Para el caso de Centroamérica es posible ver una secuencia de hechos y llegar a la conclusión de que Estados Unidos usa su dinero para presionar a otros gobiernos a cumplir sus demandas. En específico para que Honduras, Guatemala y El Salvador ofrezcan algo que no tienen: seguridad para extranjeros solicitantes de asilo. Solo en el caso de El Salvador, entre 2014 y 2018, 148,138 ciudadanos salvadoreños presentaron solicitudes de asilo en Estados Unidos. Por el contrario, en el país solo 73 extranjeros solicitaron asilo en el mismo periodo.

Trump amenazó con cortar la ayuda al Triángulo Norte desde que las caravanas salieron en octubre de 2018 . En marzo de este año, el presidente reiteró esa amenaza porque consideró que los países centroamericanos “no estaban haciendo suficiente para prevenir las caravanas”. Tres meses más tarde, en junio, el departamento de Estado congeló aproximadamente 550 millones en ayuda a esos países. Un mes más tarde, en julio, Guatemala firmó su acuerdo para recibir asilados , que primero fue denominado “acuerdo de país seguro”, aunque ahora el gobierno estadounidense reniegue del término. Dos meses después, El Salvador lanzó su patrulla fronteriza y firmó su propio acuerdo . Honduras siguió poco después . Ahora, en octubre, Estados Unidos libera 150 millones, un cuarto de la cooperación que ya estaba presupuestada.

McAleenan, que a finales de este mes terminará su periodo como secretario de seguridad estadounidense, dijo que desde mayo ha visto en sus homólogos centroamericanos a “socios que trabajan en el desafío de la migración irregular, el crimen trasnacional y un esfuerzo conjunto para hacer progreso significativo”.

El funcionario estadounidense no confirmó la cifra aunque múltiples reportes de medios en Estados Unidos señalan que se trata de cerca de 150 millones. Lo que sí hizo fue explicar el destino de esa ayuda en tres rubros: programas para apoyar a las policías y dedicados a la seguridad y aplicación de la ley; y programas de reintegración y repatriación de retornados. “Queremos que cualquier persona que regrese a casa prospere y sea procesado apropiadamente”, dijo. Un tercer aporte será para la prevención de la migración con actividades extracurriculares para jóvenes en las escuelas, como ligas deportivas en El Salvador, o programas de emprendimiento en Honduras, según explicó el funcionario estadounidense.

No está claro si los fondos irán directamente para la implementación de los acuerdos de asilo. McAleenan dijo que cada país avanza a ritmo diferente, aunque Guatemala lleva la delantera. El ministro salvadoreño Rogelio Rivas aseguró que no se requiere de ratificación de la Asamblea para este acuerdo porque se trata de un “memorando de entendimiento”.

Pese a la claridad de la política anti solicitantes de asilo de Estados Unidos, según McAleenan ellos buscaron los acuerdos para seguir las recomendaciones de la agencia para los refugiados de las Naciones Unidas, ACNUR. “Esta es la política de ACNUR para la región, incrementar la capacidad de asilo en los países que pueden invertir en ello”, dijo. A juzgar por la poca demanda de asilo en El Salvador, esta no era una necesidad urgente para el país.

Conferencia de prensa de Kevin McAleenan, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos. 
 
Conferencia de prensa de Kevin McAleenan, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos. 

El país inseguro que da seis asilos por año

Entre 2014 y 2018, de un total de 73 solicitudes, el Estado salvadoreño concedió cuatro de cada 10 asilos, 29 en total. Esa es toda la capacidad que tiene el sistema salvadoreño en la actualidad, según el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Entre 2014 y 2018 hubo 73 solicitudes de asilo en el país, según cifras de ACNUR . Nicaragüenses son los que más pidieron asilo, con 20 aplicaciones en 2018, año en que estalló una crisis política y grupos armados afines al orteguismo reprimieron a la población. Los sirios siguen en el segundo escalón con nueve aplicaciones, al igual que los hondureños. El top cinco lo completan Afganistán e Irak con cinco aplicaciones cada uno. Ciudadanos de otros 12 países también buscaron refugiarse en el país, incluidos países latinoamericanos como Venezuela, Colombia, Cuba, México y Guatemala, pero también africanos como Somalia, Eritrea, Namibia, Egipto y la República Democrática del Congo. Incluso hubo un estadounidense que aplicó en 2017 pero su solicitud fue rechazada, según los datos de ACNUR.

¿Pero a quiénes ha concedido refugio un país que no puede garantizar seguridad a sus propios ciudadanos? Son ocho hondureños, cinco sirios, cinco iraquíes, tres nicaragüenses, tres mexicanos, dos guatemaltecos, un colombiano, un peruano y un congoleño. 19 hombres y 10 mujeres. Cuatro en 2018; cuatro en 2017; dos en 2016; 11 en 2015 y 7 en 2014.

El Salvador otorga refugio en dos circunstancias. Uno, para personas perseguidas en sus países por “motivos de raza, etnia, género, religión o creencia, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas”. Dos, para quienes huyan de “violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos” en sus países.

Para concederles asilo, en el país opera la comisión para la determinación de la Condición de Personas Refugiadas (CODER). Esa comisión, según Cancillería, está integrada en total por nueve personas, entre técnicos y directores. La respuesta no detalla si esas personas están dedicadas exclusivamente a este trabajo o si desempeñan otras responsabilidades.

Con esas condiciones es que El Salvador firmó un acuerdo con Estados Unidos para atender y asilar a extranjeros que la nación norteamericana envíe . En el acuerdo firmado, no hay números mínimos o máximos de solicitantes de asilo que El Salvador puede recibir.

Que haya pocos extranjeros pidiendo asilo en El Salvador en el último lustro quizá tenga que ver con que el país no es atractivo para vivir. Las solicitudes de los últimos años coinciden con un país donde la Policía le declaró una guerra (con otras dimensiones y características) a las pandillas. Entre 2014 y 2018 la Policía ejecutó a 116 personas fuera de la ley, según la Procuraduría de Derechos Humanos y en 2015 El Salvador volvió a ser el más violento del mundo.

Desde entonces, la violencia de las pandillas –y la violencia ejercida por cuerpos de seguridad- han colocado al país en la lista de aquellos que reconocen, ante Naciones Unidas, sufrir de desplazamiento forzado por la violencia.

El 15 de septiembre de 2016, alrededor de 25 familias originarias del caserío El Castaño, en el municipio de Caluco, huyeron de la zona y se convirtieron en los primeros refugiados en un albergue para desplazados por la violencia de las pandillas. Fred Ramos
 
El 15 de septiembre de 2016, alrededor de 25 familias originarias del caserío El Castaño, en el municipio de Caluco, huyeron de la zona y se convirtieron en los primeros refugiados en un albergue para desplazados por la violencia de las pandillas. Fred Ramos

El país de los desplazados

El aplauso del gobierno estadounidense al buen comportamiento de El Salvador ocurre dos semanas después de que el país confesara una realidad que desentona con la noción de un “país seguro” dibujada en el contexto de los acuerdos migratorios. El 3 de octubre, el ministro de Seguridad Rogelio Rivas dijo a ACNUR que el gobierno de Nayib Bukele es el primero en reconocer “oficialmente la existencia de víctimas en calidad de desplazamiento forzado”.

Rivas lo resaltó como un punto más de diferencia con los gobiernos anteriores, ese énfasis tan importante para la administración Bukele. “El gobierno anterior lo trataba de maquillar evidenciando la incapacidad que tenían ellos como seguridad pública de darle seguridad a las personas en los territorios”, subrayó.

En una secuencia cargada de ironías y contradicciones, el Ministerio de Seguridad ha aceptado que los salvadoreños sí lo abandonan todo para huir de la violencia, en tiempos de los “acuerdo de cooperación de asilo” con Estados Unidos. A esta secuencia hay que agregarle que, el 1 de octubre, Estados Unidos redujo una alerta de viaje para El Salvador que había estado vigente desde 2013, según información de la embajada estadounidense.

La versión del país del ministro se apega más a la realidad que sufren los sectores más vulnerables. De El Salvador huyen tantos, que las deportaciones desde Estados Unidos y México han aumentado un 60 % este año respecto al 2018. Huyen tanto que el Gobierno lanzó una patrulla fronteriza, ideada y financiada en parte por Estados Unidos precisamente para evitar que sigan huyendo y busquen asilo en el norte. Solo en 2018 hubo 8,970 personas víctimas de diferentes hechos de violencia, según Rivas. En ese país, el Gobierno inauguró 25 oficinas para atender un problema grave que por fin se reconoce ante la ONU: el desplazamiento forzado interno a causa de la violencia.

Que en El Salvador hay desplazamientos forzados provocados por la violencia es una verdad a la que ACNUR le prestó atención desde 2012, cuando reportes periodísticos dimensionaron el problema de las comunidades que huían . Sin embargo, a los gobiernos del FMLN les costó reconocerlo con todas sus letras. Lo llamaban con eufemismos “movilidad interna a causa de la violencia”. La PDDH y organizaciones no gubernamentales han alertado del fenómeno desde 2015. Pero fue hasta julio de 2018 que la Sala de lo Constitucional amparó a varias víctimas y obligó al Gobierno a reconocerlo.

“La Sala Constitucional dio por declarado en su fallo que en El Salvador existía el fenómeno de desplazamiento forzado de personas originado por violencia o inseguridad, que afectaba grupos colectivos vulnerables de distintas zonas geográficas del país controladas por pandillas”, dijo Rivas.

Es difícil ponerle números a un problema que hasta hace poco no era reconocido. “A partir de hoy vamos a llevar un registro”, prometió el ministro. Sin embargo, las estimaciones hacen pensar que estas oficinas recién inauguradas partirán con una demanda que difícilmente podrán satisfacer.

En marzo de 2018, un informe del ministerio de Seguridad concluyó que en el 1.1 % de las familias salvadoreñas “al menos uno de sus integrantes se vio obligado a cambiar su lugar de residencia habitual dentro del El Salvador entre 2006 y 2016 como resultado o para evitar los efectos de hechos de violencia”.

Celia Medrano, directora de programas de Cristosal, interpreta ese porcentaje de 1.1 como un mínimo de 23 mil y un máximo de 200 mil desplazados, basada en ejercicios de proyecciones de datos. Cristosal es una organización que ha abanderado la lucha porque el gobierno salvadoreño reconozca el desplazamiento forzado y atienda a víctimas de desplazamiento. Entre abril de 2016 y mayo de 2017, la PDDH reportó 458 víctimas de desplazamiento . El Estado hasta ahora se ha comprometido a crear un registro, una estadística oficial.

Casa abandonada por amenazas de pandillas, en el caserío San Luis Córdoba, Panchimalco. Enero, 2017. Victor Peña  
 
Casa abandonada por amenazas de pandillas, en el caserío San Luis Córdoba, Panchimalco. Enero, 2017. Victor Peña  

El Salvador de Donald Trump

Para El Salvador, el descongelamiento de 150 millones para el Triángulo Norte (todavía se desconoce cuál será el porcentaje que le toque a cada país) viene a ser un segundo espaldarazo del Gobierno Trump tras la complicidad en el tema migratorio del gobierno Bukele.

Hasta la fecha, la más evidente fue la reducción de la alerta de viaje que Estados Unidos dio a los connacionales interesados en hacer turismo en El Salvador. Según Trump, ahora El Salvador es menos peligroso para los turistas estadounidenses, según la actualización a la alerta de viaje que el Departamento de Estado hizo el pasado 1 de octubre.

Ese país seguro, y que atraerá turismo, es clave en la gestión diplomática del presidente Bukele, que supo del cambio de alerta dos semanas antes de que este se materializara.

“Estados Unidos va a bajar la alerta turística hacia El Salvador, me estoy adelantando, ojalá que no me lo vayan a quitar por haberlo dicho, pero va a bajar la alerta”, dijo Bukele en una conferencia celebrada el 18 de septiembre, dos días antes de que la canciller Alexandra Hill firmara el acuerdo de asilo con Estados Unidos.

Siete días más tarde, en declaraciones a El Diario de Hoy, la ministra de Turismo, Morena Valdez, dijo que bajar el nivel de alerta fue uno de los puntos abordados en la reunión bilateral que Bukele y Trump sostuvieron en el marco de la Asamblea General de la ONU, pero Bukele negó en una entrevista en Fox News que hubiese pedido algo a cambio del acuerdo de asilo.

La embajada estadounidense en El Salvador señala que no fue una apuesta consensuada. Según dijo, el departamento de Estado realiza revisiones a sus alertas de viaje cada seis meses. El Salvador tenía una advertencia desde 2013, pero el método de clasificación en cuatro niveles se instauró en 2017. El Salvador estaba, desde entonces, en el nivel 3: “reconsidere viajar”.

“No creo que la Oficina de Servicio a Ciudadanos en el Exterior (BCIS) haga actualizaciones de alertas solamente por razones políticas, ni que clasifique como seguros a países que son claramente peligrosos. Pero sería ingenuo pensar que no hubo un aporte político a la decisión”, dijo Geoff Thale a El Faro. Thale es director de Programas de WOLA , la Oficina de Washington para Asuntos de Latinoamérica, una organización que investiga y defiende la promoción de derechos humanos.

“El nuevo nivel de alerta de El Salvador ahora es el mismo que países como Francia, España, Inglaterra y Alemania”, tuiteó Bukele cuando anunció la actualización. En realidad, la categoría 2 es muy amplia. Es igualmente cierto que El Salvador está en la misma categoría que Guatemala, México, Brasil o Colombia, países con asuntos significativos de crimen y violencia, señaló Thale. Ahora solo quedan tres países en el Hemisferio Occidental con nivel de alerta tres: Haití, Nicaragua y Honduras, este último también firmante de un acuerdo con Estados Unidos para recibir asilados.

“Algunos aseguradores de agencias de viajes y universidades no emiten seguros de viaje para países en nivel 3 o 4. Eso tiene un impacto real en el volumen de viaje y turismo”, dijo Thale. “Dudo que haya habido un quid pro quo explícito, pero es posible que oficiales estadounidenses se hayan comprometido a urgir a exhortar a sus colegas para que den una reseña más favorable en medio de las discusiones”, agregó el experto.

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El Salvador Fri, 18 Oct 2019 18:10:13 +0100 https://elfaro.net/es/201910/el_salvador/23701/EUA-admite-que-bloqueó-la-ayuda-al-Triángulo-Norte-para-conseguir-acuerdos-de-asilo.htm
Arena hasta bloqueó a uno de sus diputados para darle la PDDH al FMLN http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_34_0_1965_1286/images%7Ccms-image-000032358.jpg https://elfaro.net/es/201910/el_salvador/23723/Arena-hasta-bloqueó-a-uno-de-sus-diputados-para-darle-la-PDDH-al-FMLN.htm El partido Arena cabildeó votos con el resto de partidos de derecha, llamó a 16 de sus suplentes y hasta bloqueó al diputado Josué Godoy, quien intentó, en vano, que lo dejaran disentir en la votación nominal y pública. La maniobra de su partido contradice a la Constitución y Arena honró así un pacto con su otrora antagonista, permitiendo que un exasesor de la fracción del FMLN dirija la PDDH. Apolonio Tobar Serrano, un exjuez investigado por la Fiscalía, fue electo con 57 votos, 21 de los cuales fueron dados por suplentes.
José Apolonio Tobar, nuevo procurador de Derechos Humanos, saluda a Nidia Díaz, del FMLN. A su espalda, en la bancada de Arena lo observan dos diputados propietarios y algunos de los suplentes que respaldaron la elección. Foto: Víctor Peña.
 
José Apolonio Tobar, nuevo procurador de Derechos Humanos, saluda a Nidia Díaz, del FMLN. A su espalda, en la bancada de Arena lo observan dos diputados propietarios y algunos de los suplentes que respaldaron la elección. Foto: Víctor Peña.

Minutos antes de que la Asamblea Legislativa eligiera como nuevo procurador de Derechos Humanos a un cuestionado exasesor del partido FMLN, el diputado Josué Godoy se acercó a la curul del jefe de fracción del partido Arena, el diputado por Cabañas Carlos Reyes, para hacer un reclamo. “¡No he solicitado suplente!”, exclamó Godoy, molesto.

Reyes intentó calmarlo, explicarle, hacerle entender algo que para Godoy no tenía sentido. Su partido había decidido, sin consultarle, que en la elección de Apolonio Tobar Serrano votaría una suplente y no él, que había mostrado su desacuerdo hacia esa nominación y hacia el pacto entre Arena y el FMLN. Arena necesitaba tener asegurados 31 votos para alcanzar, junto al FMLN (23) y dos diputados del PDC la mayoría calificada (56 votos) que requería la elección. El partido ya contaba con esos 31 votos, pero un voto más generaba un blindaje ante cualquier eventualidad, ya que Godoy no era el único arenero que estaba en contra. Por eso el partido convocó a 16 diputados suplentes para que sustituyeran en la votación a igual número de propietarios. De los propietarios sustituidos, solo Josué Godoy llegó a la sesión plenaria del 16 de octubre para intentar disentir con su partido en la votación nominal y pública. 

Mientras reclamaba al diputado Reyes, algunos de sus colegas lo rodearon e intentaron convencerlo de que se mantuviera al margen. Le insistían que aceptara que la suplente Esmeralda García votara por él. Entre los diputados que rodearon a Godoy  estaban los propietarios Emilio Coreas de Sonsonate, Bonner Jiménez de La Paz, Mario Marroquín de Santa Ana, Marcela Villatoro de San Salvador y el suplente José Navas. Al ser consultado por El Faro, Jiménez no niega que hayan intentado presionar al diputado Godoy. “Eso pregúnteselo a él”, dijo. Sobre ese encuentro con Godoy, Villatoro dijo que “de eso no lo podría decir nada”. 

Como Godoy no retrocedía, los diputados deshicieron la rueda. “¡Apurate!”, le dijo entonces Carlos Reyes a su asistente Astrid Fajardo. Ese "apurate" fue, en teoría, una orden para pedir el reinstalo de Godoy ante la junta directiva. Ese arreglo, sin embargo, nunca llegó a concretarse y Godoy terminó retirándose, enfadado, del recinto. Consultado al respecto, este diputado responde a El Faro que no emitirá comentarios. 

Cuando la votación nominal y pública arrancó, desde la curul 17 quien respondió al llamado fue la diputada suplente Esmeralda García.  “A favor”, dijo ella, desde el cubículo del diputado Godoy. 

A las 7:05 p.m., el nuevo procurador de Derechos Humanos fue electo con 57 votos a favor: 32 de Arena, 23 del FMLN y dos del PDC. 21 de esos votos fueron de suplentes.

Según la Constitución, un diputado suplente puede ser convocado “en caso de muerte, renuncia, nulidad de elección, permiso temporal o imposibilidad de concurrir de los propietarios”. Lo ocurrido con el diputado Godoy no aplica con ninguna de las anteriores. 

De los propietarios de Arena ausentes (16), a falta de explicaciones del partido, solo en cinco casos la convocatoria de los suplentes estaría en regla. Según dijo el subjefe de fracción Julio Fabián, los diputados Norman Quijano, Karla Hernández, Rodrigo Ávila, René Portillo Cuadra y Alberto Romero, “estaban fuera del país”.

En el FMLN, cinco diputados propietarios no votaron, pero solo dos estaban fuera del país: Anabel Belloso y Yanci Urbina. El diputado Damián Alegría no estuvo presente en la Asamblea por atender “compromisos con comunidades” y el diputado Manuel Flores no estuvo porque “tenía una cena de cumpleaños”. Tampoco votó la propietaria Karina Sosa, pero sí su suplente. El Faro intentó contactarla pero al cierre de esta nota no hubo respuesta. 

Para Rodolfo González,  exmagistrado de la Sala de lo Constitucional (2009-2018), si un partido separa a un diputado propietario, estando él presente en la plenaria,  “ahí si veo algo de fraude a la Constitución. La curul no es de los partidos ni de los diputados propietarios, es del votante”.  

Diputados de la bancada de Arena se reúnen alrededor del jefe de fracción, Carlos Reyes, antes de la votación para elegir a José Apolonio Tobar como nuevo procurador de Derechos Humanos. Foto: Víctor Peña.
 
Diputados de la bancada de Arena se reúnen alrededor del jefe de fracción, Carlos Reyes, antes de la votación para elegir a José Apolonio Tobar como nuevo procurador de Derechos Humanos. Foto: Víctor Peña.

El día que Arena rebuscó votos para el Frente

La designación de Apolonio Tobar Serrano como nuevo procurador de derechos humanos fue anunciada a las 10:30  a.m. por la Comisión Política de la Asamblea. Los jefes y subjefes de fracción de Arena, FMLN, PDC y PCN anunciaron que el acuerdo por la carta propuesta por el FMLN estaba sellado.

Tres semanas antes de esta elección, una mayoría en la fracción de Arena ya había definido que el nuevo procurador debía  tener una postura provida, estar en contra del matrimonio igualitario y en contra de la investigación de los crímenes de guerra. Según los diputados de derechas, el sustituto de Raquel Caballero de Guevara, la procuradora saliente, tildada como una "enemiga" por la población LGBTI, no debía ser “progresista”. 

Al salir de la comisión, Antonio Almendáriz, subjefe de fracción del PCN, aseguró que todos los partidos estaban listos para votar. Rodolfo Parker, jefe de fracción de PDC, lo respaldó. Parker diría más tarde en redes sociales que Tobar Serrano era esa carta provida que buscaba la derecha. Por la mañana, la jefa de fracción del FMLN, Nidia Díaz, defendía al cuestionado candidato: “hemos expresado a favor Apolonio, quien llena los requisitos constitucionales y relacionados a la transparencia. Vemos un perfil de contrapeso institucional”, decía. 

En esa reunión desentonó Guadalupe Vásquez, jefe de fracción de Gana, que rompió la cadena de acuerdos que tenían en la comisión. “Desconozco quién es Apolonio. Desde un inicio dije que íbamos a apoyar a alguien que no estuviera cuestionado. Nos vamos a abstener a la votación”, dijo. 

Vásquez se refería a los nueve expedientes por irregularidades con los que llegó el perfil del nuevo procurador. Nacido en Santa Ana, en 1977, Apolonio Tobar Serrano es un abogado y notario que ha sido juez de lo civil en San Vicente (2015) y magistrado propietario en el Tribunal del Servicio Civil (2014-2016). Desde 2015, Serrano Tobar tiene cuatro expedientes de investigaciones penales activas en la Fiscalía General de la República (FGR). Es investigado por los delitos de falsedad ideológica, tráfico de influencias, prevaricato y actos arbitrarios. 

A nivel político, sus vinculaciones con el FMLN son irrefutables. Trabajó como asesor de la fracción del frente en 2015 y  fue donante del partido en 2015 y 2016. Tras su elección, el nuevo funcionario explicó que no puso en su currículum estas vinculaciones por ”un desatenimiento”.

En el Tribunal de Ética Gubernamental fue denunciado dos veces por “percibir  más de una remuneración proveniente del presupuesto del Estado”, según dos denuncias interpuestas entre 2016 y 2017, cuando era magistrado del Tribunal del Servicio Civil y juez de lo civil de Cojutepeque. Tobar Serrano había recibido una denuncia más en 2014 por “retardar sin motivo legal la prestación de los servicios, trámites o procedimientos administrativos que le corresponden según sus funciones". El TEG desestimó uno de los casos y lo absolvió en otros dos. 

En la Corte de Cuentas fue enviado a juicio de cuentas en dos ocasiones por actuaciones realizadas cuando fungió como propietario del Tribunal del Servicio Civil. Según una notificación emitida por la Corte en julio de 2019, Tobar Serrano quedó absuelto en ambos casos. 

Pese a este prontuario, solo una minoría se oponía a su elección en la mañana del miércoles 16. 

Diputados de la bancada del FMLN conversan antes de conocerse la votación para elegir a José Apolonio Tobar como nuevo procurador de Derechos Humanos. Además de tener investigaciones abiertas en la FGR, el nuevo funcionario fue asesor de esta bancada en 2015 y ha sido donante del partido. Foto: Víctor Peña.
 
Diputados de la bancada del FMLN conversan antes de conocerse la votación para elegir a José Apolonio Tobar como nuevo procurador de Derechos Humanos. Además de tener investigaciones abiertas en la FGR, el nuevo funcionario fue asesor de esta bancada en 2015 y ha sido donante del partido. Foto: Víctor Peña.

Carlos Reyes, de Arena, pidió consenso de partidos para la votación, pero al ver la postura de Gana desistió. Reyes y Arena se sentían seguros del resultado, pero las cosas cambiarían dos horas después. 

A la 1:50 p.m., un tuit del diputado pecenista Francisco Merino, del PCN, preocupó a Arena y al FMLN. Merino pidió a su fracción  través de redes sociales que no votaran en esta elección: “solicito a mis colegas diputados no votar por el pacto entre Arena - FMLN”. Minutos después, Roberto Angulo, del mismo partido, afirmó a El Faro que Almendáriz había propuesto a Tobar Serrano sin el consenso de la fracción.  

En redes sociales, el presidente de la República Nayib Bukele también metió presión exigiendo a los diputados que no dieran sus votos para un candidato cuestionado. Media hora más tarde, Francisco Merino, del PCN, solicitó al resto de su bancada regresar el dictamen a la comisión política. En Arena, fue el diputado Gustavo Escalante (uno de cuatro investigados por el partido por sus cercanías con las posturas del presidente Bukele), quien comenzó a encender antorchas. Escalante incluso hizo la invitación para que se solicitara una inconstitucionalidad por la elección de Tobar. Según los diputados Josué Godoy y Bonner Jiménez, Escalante también fue sustituido por un suplente. El Faro intentó contactarlo, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta. 

Por la tarde, la crisis en Arena comenzó a hacerse más palpable cuando el diputado David Reyes afirmó que habían algunos diputados que no estaban convencidos de que Tobar Serrano fuera la mejor decisión. El jefe de fracción Carlos Reyes y la fracción ya esperaban que los cuatro diputados díscolos no respaldaron la propuesta, pero no esperaban más bajas en una fracción que se suponía había cerrado filas. “Se debe de elegir a la persona más preparada, el señor que se ha propuesto no tiene experiencia en derechos humanos, ni siquiera tiene un diplomado”, planteó David Reyes antes de la votación. Rosy Romero, diputada por La Paz de Arena, se sumó a las quejas por “los pactos poco transparentes que hubo bajo de la mesa”. 

Arena estaba en problemas, sobre todo de cara a un acuerdo con el FMLN sellado en diciembre de 2018. En la última plenaria del 2018, la Asamblea Legislativa eligió con 83 votos a Raúl Melara Morán como Fiscal General de la República. Melara confesó en la entrevista de la subcomisión que había sido asesor de Carlos Calleja durante la campaña presidencial.  Cuando en esa ocasión se cuestionó al FMLN por haber dado su apoyo a una carta de Arena, el subjefe de fracción Schafik Handal se justificó diciendo que no tenían margen de maniobra debido que solo cuentan con 23 votos, y porque “teníamos 7 opciones. Por supuesto que estaba él”, dijo en aquella elección.

Ahora, cuando a Carlos Reyes se le pregunta por qué insistieron en esta carta del FMLN, el diputado arenero acepta estar al tanto de las vinculaciones de Tobar Serrano con el FMLN, pero responde que como jefe de fracción no podría “poner filtros a las propuestas que  la subcomisión hizo llegar a la Comisión Política”.

Dos diputados de Arena que aceptan hablar bajo condición de anonimato, aseguran a este periódico que la elección del procurador fue un canje que había pactado el FMLN y Arena luego de que el Frente apoyara la elección del fiscal general. 

En la plenaria, reinstalada a 3:27 p.m., el FMLN exigió a Arena que honrara el pacto. Schafik Handal recordó la elección del Fiscal en 2018, “unos de los (diputados) que hoy cuestionan la elección de Tobar, votaron por el Fiscal”, dijo el efemelenista. A las 3:59 p.m., Carlos Reyes hizo un último esfuerzo para buscarle los votos al FMLN, ya que el apoyo de su bancada se le derrumbaba.

Al hacer matemáticas, Arena encendió sus alertas y sabía que necesitaba cerrar filas, convencer a los díscolos, o jugar con una aritmética viable. Para eso necesitaba una reunión de fracción inmediata y para poder tenerla necesitaba que el pleno aprobara un receso. Reyes lo solicitó al presidente de la Asamblea, Serafín Orantes del PCN, partido que ya se había retirado del pacto. Orantes aceptó la propuesta de que la Asamblea votara a favor o en contra de un receso de una hora, pero nunca dio paso a la votación. Orantes simplemente dio esa orden y la plenaria fue suspendida. 

Serafín Orantes, presidente en funciones de la Asamblea Legislativa, juramenta a José Apolonio Tobar, como nuevo procurador de Derechos Humanos, elegido con los votos del partido Arena, FMLN y PDC. El nuevo funcionario fue electo durante la sesión plenaria del 16 de octubre de 2019. Foto: Víctor Peña.
 
Serafín Orantes, presidente en funciones de la Asamblea Legislativa, juramenta a José Apolonio Tobar, como nuevo procurador de Derechos Humanos, elegido con los votos del partido Arena, FMLN y PDC. El nuevo funcionario fue electo durante la sesión plenaria del 16 de octubre de 2019. Foto: Víctor Peña.

Arena se reunió de inmediato, pero se tardó dos horas para ordenar la suplencia de 16 diputados propietarios. A las 6:10 p.m., la fracción se topó con la oposición del diputado Godoy, que terminó retirándose, molesto, del Salón Azul. Apolonio Tobar Serrano llegó a la Asamblea 29 minutos después, a las 6:39 p.m.

Al finalizar la plenaria, el nuevo funcionario intentó distanciarse de la controversia generada por los cuestionamientos a su perfil y por su vinculación con el FMLN. 

El 26 de agosto, cuando fue entrevistado por la subcomisión evaluadora, él había prometido que reactivaría “las diferentes mesas temáticas: me refiero a las de  derecho al agua, memoria histórica y conflicto armado, población LGBTI, personas adultas mayores, desplazamiento forzado”.

Consultado por El Faro en la noche de su juramentación, el nuevo procurador pareció haberse olvidado de una de sus promesas. 

—En su entrevista, usted prometió reactivar la mesa de memoria histórica y conflicto armado. ¿Eso significa que si la Asamblea Legislativa aprueba una nueva ley de amnistía, usted se pronunciará en contra?

—Como juez no he estado pendiente de la estructura que tiene la PDDH hasta ahora. Vamos a estudiar cómo está conformada la institución. Desconozco si existe esa mesa que usted me plantea, de no haberla debemos crearla. Vamos a escuchar a las reales víctimas.

La diputada Milena Mayorga reacciona después que se diera a conocer el nombre de José Apolonio Tobar como nuevo procurador de Derechos Humanos. Como lo ha hecho desde que el presidente Nayib Bukele ganó las presidenciales, Mayorga se plegó a la denuncia del mandatario contra Arena y el FMLN.  Foto: Víctor Peña.
 
La diputada Milena Mayorga reacciona después que se diera a conocer el nombre de José Apolonio Tobar como nuevo procurador de Derechos Humanos. Como lo ha hecho desde que el presidente Nayib Bukele ganó las presidenciales, Mayorga se plegó a la denuncia del mandatario contra Arena y el FMLN.  Foto: Víctor Peña.

*Con reportes de Sergio Arauz.

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El Salvador Thu, 17 Oct 2019 19:58:29 +0100 https://elfaro.net/es/201910/el_salvador/23723/Arena-hasta-bloqueó-a-uno-de-sus-diputados-para-darle-la-PDDH-al-FMLN.htm
Moralidad notoria http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_890_306_2000_1044/images%7Ccms-image-000032360.jpg https://elfaro.net/es/201910/el_farolero/23724/Moralidad-notoria.htm La mirada de Otto a la elección de José Apolonio Tobar como nuevo Procurador de Derechos Humanos. El Farolero Thu, 17 Oct 2019 14:51:52 +0100 https://elfaro.net/es/201910/el_farolero/23724/Moralidad-notoria.htm Los ‘países seguros’ más violentos del mundo http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000030695.jpg https://elfaro.net/es/201910/columnas/23721/Los-‘países-seguros’-más-violentos-del-mundo.htm Siempre se habla de la influencia de Estados Unidos en la Centroamérica entre los 60 y los 80. Pero eso es limitado. ¿Qué son estos acuerdos de país seguro sino la continuación del imperialismo por otros medios? La idea de que Honduras, El Salvador y Guatemala son países seguros y aptos para recibir refugiados sería un mal chiste, si no fuera porque es exactamente lo que ha logrado la Administración de Donald Trump.

Para conseguirlo, el Gobierno estadounidense hizo que los países firmaran “acuerdos cooperativos de asilo”, conocidos como acuerdos de tercer país seguro. Traducido del lenguaje orwelliano, significa que los países del Triángulo Norte centroamericano recibirán asilados que cruzaron la frontera sur de Estados Unidos en busca de protección. Trump ofrecerá refugio en Centroamérica a los asilados que él no quiere en su país.

Al hacerlo, se ha sacudido a los tres países que más solicitudes de asilo presentaron en Estados Unidos en 2018. El Salvador fue el que más (33.400), Guatemala fue segundo (33.100) y Honduras completó el podio (24.400), según la agencia de Naciones Unidas para refugiados (ACNUR). Los tres países sumaron más de la tercera parte (35 %) del total de las solicitudes de asilo en Estados Unidos.

Los tres países centroamericanos están entre las 12 naciones que más nuevas solicitudes de asilo hicieron en 2018 en todo el mundo. Solo ciudadanos de seis países pidieron más asilos a nivel mundial que los salvadoreños y los hondureños: venezolanos, afganos, sirios, iraquíes, congoleses y eritreos.

El discurso oficial es que Estados Unidos quiere que los centroamericanos soliciten protección “tan cerca de sus países como sea posible”. ¿Quién carajos pide asilo en uno los países del Triángulo Norte? Las solicitudes el año pasado no sumaron ni 400 en los tres países. Todo apunta a que es, más bien, una amenaza para desalentar a quienes piden protección. ¿Quiere usted asilo en Estados Unidos? No hay, y si se atreve a pedirlo lo enviaremos a Centroamérica, esa región que para muchos es un infierno.

Migrantes hondureños observan hacia el territorio estadounidense. Ese espacio entre la barda oxidada y el muro blanco del fondo es utilizada por la Patrulla Fronteriza para recorrer en vehículo la frontera, pero ya se considera territorio estadounidense. Al fondo de la imagen, una nube de gas pimienta lanzada por helicópteros de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos repliega a los migrantes que venían atrás, en un grupo mucho más numeroso.   
 
Migrantes hondureños observan hacia el territorio estadounidense. Ese espacio entre la barda oxidada y el muro blanco del fondo es utilizada por la Patrulla Fronteriza para recorrer en vehículo la frontera, pero ya se considera territorio estadounidense. Al fondo de la imagen, una nube de gas pimienta lanzada por helicópteros de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos repliega a los migrantes que venían atrás, en un grupo mucho más numeroso.   

En 2018, cuando Trump dijo que El Salvador y algunos países africanos eran “agujeros de mierda”, se preguntó porque tenían que recibir en Estados Unidos a ciudadanos de esos países y no, por ejemplo, de Noruega. Casi dos años después de eso, halló la forma. Nadie que no haya llegado a Estados Unidos en avión puede pedir asilo ahora. Y los tres países que más producen migrantes estuvieron de acuerdo.

Aunque la oposición de los Gobiernos centroamericanos fue nula, la firma de estos convenios no fue un ejercicio de libertad. Más tardó el Gobierno de Jimmy Morales en protestar—"en ningún momento se contempla firmar un acuerdo para convertir a Guatemala en un tercer país seguro", afirmó en un comunicado— que Trump en hacer más presión.

“Guatemala, que ha estado formando caravanas y enviando grandes cantidades de gente a Estados Unidos, algunos con antecedentes criminales, ha decidido romper el acuerdo que tenían de firmar un necesario acuerdo de "tercer país seguro". Ahora estamos evaluando una prohibición de viaje, aumento de aranceles y un impuesto a las remesas, o todo lo anterior”, tuiteó Trump el 23 de julio. Tres días después, Guatemala firmó.

El Salvador firmó el suyo el 20 de septiembre, solo una semana después de haber lanzado su patrulla fronteriza, que Estados Unidos también ideó y financia. El último ladrillo de este muro centroamericano lo puso Honduras, el 25 de septiembre.

"Más que un acuerdo es un acto de extorsión”, afirmó Óscar Chacón, director de Alianza Américas, una red que representa a 50 organizaciones de migrantes en Estados Unidos. Ninguno de los países firmantes tiene el apalancamiento para negociar con Trump. Las tres naciones centroamericanas tienen economías que dependen en porcentajes significativos de las remesas enviadas por sus millones de migrantes que viven en el país norteamericano.

Quedará para la historia la decisión de estos tres presidentes. Los tres gobiernan países de los que miles huyen. Los tres han aceptado recibir a gente que quiere huir hacia Estados Unidos.

La legitimidad de Juan Orlando Hernández (JOH) como presidente de Honduras pende de una cuerda sujetada por Estados Unidos. Su reelección inconstitucional en 2018 fue aprobada por los tres órganos del Estado que el mismo Hernández controlaba. El proceso fue tan turbio que hasta la tibia OEA pidió que se repitiera el proceso, pero Estados Unidos avaló el resultado. Pese a las protestas en su contra, pese a que Tony Hernández, hermano del presidente, está ahora mismo en juicio por narcotráfico en Nueva York, pese a que ese juicio ya ha salpicado al mandatario, Juan Orlando Hernández sigue ahí.

En Guatemala, Jimmy Morales terminará en enero de 2020 una accidentada presidencia en la que incumplió su promesa de campaña de continuar la lucha anticorrupción. Tras ser investigado él y su familia, se volcó contra la Comisión contra la Impunidad (CICIG) y terminó el mandato de la mayor esperanza guatemalteca contra la corrupción enquistada. Estados Unidos valoró más la amistad con Morales que apoyar a la CICIG, probablemente con el tema migratorio en mente también. Envalentonado, Morales terminó llamando a la CICIG “una organización criminal” en su discurso ante Naciones Unidas. Guatemala, predicen expertos, ya está en franco retroceso de su institucionalidad.

El caso de Nayib Bukele es distinto. Tras cuatro meses de gobernar El Salvador, mantiene una popularidad altísima, cercana al 90 %, y está libre de graves escándalos de corrupción o de turbulencia social. Desde antes de tomar posesión prometió lealtad a Estados Unidos y se ha mostrado complaciente como estrategia. En su reunión bilateral el 25 de septiembre, Bukele dijo que Trump era muy agradable y cool (”very nice and cool”). Para alguien tan obsesionado con su imagen como Bukele, que hasta se tomó una selfie en la ONU, pero no dijo ni una palabra sobre los migrantes, el truco parece funcionar. 11 días después de firmar su acuerdo de país seguro, Estados Unidos redujo su alerta de viaje a El Salvador. Bukele apuntó rápidamente que “ningún Gobierno anterior había logrado que Estados Unidos redujera la alerta”.

Siempre se habla de la influencia de Estados Unidos en la Centroamérica de golpes de Estado en los 60 y 70, y en las revoluciones de los años ochenta. “El presidente de Estados Unidos es más presidente de mi país que el presidente de mi país”, escribió el poeta salvadoreño Roque Dalton por aquellos años. Pero eso es limitado. Estados Unidos es clave en la política del istmo hoy. ¿Qué son estos acuerdos de país seguro sino la continuación del imperialismo por otros medios?

Como las leyes internacionales establecen que ningún solicitante de asilo puede ser devuelto a su país de origen, Trump ideó un perverso juego del escondite: los salvadoreños no podrán ser deportados a El Salvador, pero sí a Guatemala y Honduras, y así con los demás. Los motivos por los que huyen los centroamericanos son comunes a través de sus fronteras. La Mara Salvatrucha 13, ese enemigo que Trump ha engrandecido para criminalizar la migración, opera en los tres nuevos ‘países seguros’. El año pasado, las tasas de homicidio por 100,000 habitantes en El Salvador, Honduras y Guatemala fueron de 51, 40 y 23 respectivamente. La ONU considera como “epidemia de violencia” cualquier tasa superior a 10 por cada 100,000. El más “tranquilo” de los nuevos países seguros duplica ese parámetro.

Pero no solo huyen de la violencia. Honduras es uno de los tres países más afectados por eventos climáticos extremos, según el Índice de Riesgo Climático de Germanwatch, y en El Salvador y Guatemala también hay ya migración por los efectos de la sequía y las inundaciones que afectan los cultivos.

Las firmas de El Salvador, Guatemala y Honduras ocultan realidades como la de los niños centroamericanos enjaulados en recintos estadounidenses, donde ya han muerto cinco menores guatemaltecos; o la del aumento de custodia en las rutas migratorias que orilla a los migrantes a rutas más peligrosas; o la desesperación creciente de quienes, estancados en Tijuana y en otros puntos de la frontera, deciden aventurarse al río, como intentaron los salvadoreños Óscar y Valeria en junio pasado.

Las firmas también conllevan otro problema. Aparte de no tener suficientes oportunidades de empleo o vivienda o seguridad, ninguno de los países que aceptaron recibir asilados de Estados Unidos tiene sistemas de asilo fuertes y complejos. Guatemala solo tiene cuatro oficiales de asilo; un escenario similar a El Salvador, que tiene nueve, pero ha entregado, en promedio, seis asilos por año desde 2014.

Así la lógica perversa, todo apunta a que si ahora los caribeños migran en masa, el siguiente país seguro será Haití.

El Faro y El País se unen para ampliar la cobertura y conversación sobre Centroamérica. Cada 15 días, el sábado, un periodista de El Faro aportará su mirada en El País a través de análisis sobre la región, que afronta una de sus etapas más agitadas.
 
El Faro y El País se unen para ampliar la cobertura y conversación sobre Centroamérica. Cada 15 días, el sábado, un periodista de El Faro aportará su mirada en El País a través de análisis sobre la región, que afronta una de sus etapas más agitadas.

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Columnas Wed, 16 Oct 2019 14:59:48 +0100 https://elfaro.net/es/201910/columnas/23721/Los-‘países-seguros’-más-violentos-del-mundo.htm
El guardián http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_486_576_1621_1333/images%7Ccms-image-000032354.jpg https://elfaro.net/es/201910/el_farolero/23720/El-guardián.htm La mirada de Otto a la elección de Guillermo Gallegos como miembro del Comité de ética parlamentaria. El Farolero Wed, 16 Oct 2019 12:15:04 +0100 https://elfaro.net/es/201910/el_farolero/23720/El-guardián.htm Los grandes empresarios nicaragüenses frente a la crisis - Por Carlos Fernando Chamorro https://elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg https://elfaro.net/es/201910/360grados/23718/Los-grandes-empresarios-nicaragüenses-frente-a-la-crisis---Por-Carlos-Fernando-Chamorro.htm 360 grados Tue, 15 Oct 2019 14:52:31 +0100 https://elfaro.net/es/201910/360grados/23718/Los-grandes-empresarios-nicaragüenses-frente-a-la-crisis---Por-Carlos-Fernando-Chamorro.htm Rebeldía lésbica salvadoreña: del escándalo público a la creación de una agenda política - Por Amaral Arévalo y Nicola Chávez Courtright https://elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg https://elfaro.net/es/201910/360grados/23717/Rebeldía-lésbica-salvadoreña-del-escándalo-público-a-la-creación-de-una-agenda-política---Por-Amaral-Arévalo-y-Nicola-Chávez-Courtright.htm 360 grados Tue, 15 Oct 2019 14:49:00 +0100 https://elfaro.net/es/201910/360grados/23717/Rebeldía-lésbica-salvadoreña-del-escándalo-público-a-la-creación-de-una-agenda-política---Por-Amaral-Arévalo-y-Nicola-Chávez-Courtright.htm Los grandes empresarios nicaragüenses frente a la crisis http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000027528.jpg https://elfaro.net/es/201910/columnas/23715/Los-grandes-empresarios-nicaragüenses-frente-a-la-crisis.htm Los líderes de los grandes grupos económicos enfrentan el desafío de asumir una posición ante la nación, y particularmente ante el sector público y el sector privado, a favor del cambio político democrático. Las últimas proyecciones del Banco Mundial confirman que Nicaragua tendrá este año un decrecimiento económico de -5 %, es decir, una caída mayor del -3.8 % registrado el año pasado; mientras en 2020 se proyecta un decrecimiento de -0.5 % y, un año después, en 2021 la economía se mantendrá en su cuarto año de recesión consecutiva, con un crecimiento de 0.6 %, siempre menor al 1 %.

Este pronóstico, bastante más conservador que las estimaciones hechas por economistas independientes, contradice los cálculos oficiales que difunde la propaganda gubernamental. El presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, alega que la economía ya se ha recuperado, y que el próximo año crecerá entre 1 y 2 %, para retomar la senda del 4 y 5% de crecimiento anterior a la crisis que estalló en abril 2018, provocada por la represión de la dictadura.

Desde antes de la crisis de abril 2018, la credibilidad del Banco Central se había devaluado por el alineamiento partidario de su presidente, el retraso en la publicación de las estadísticas económicas, y la manipulación de los indicadores de pobreza. Pero, más allá de cuál es la verdadera magnitud del decrecimiento económico, no se puede ocultar la inmensa tragedia social que afecta a centenares de miles de familias nicaragüenses. La paralización de la inversión privada durante dos años consecutivos, como consecuencia de la imposición de una dictadura sangrienta y el estado de sitio, significa la pérdida de más de 400 mil empleos, la migración masiva de 80 000 personas, y el empobrecimiento creciente de casi dos millones de nicaragüenses.

La única fuente de crecimiento económico que se mantiene es el flujo de remesas que envían los nicaragüenses desde el exterior a sus familias. Pero sin una reforma política para convocar a elecciones libres, no habrá inversión privada nacional ni extranjera, ni volverá la cooperación externa; sino que, por el contrario, la situación podría empeorarse como consecuencia de nuevas sanciones internacionales en contra de la dictadura.

El aferramiento de Ortega al poder, a pesar de estar inhabilitado para gobernar después de la matanza de abril, le ha impuesto a los pobres y a la clase media una sanción brutal con más desempleo y empobrecimiento, y castiga a los agentes económicos con una recesión económica que se prolongará mientras dure la crisis política. Ortega es el responsable directo de esta grave crisis política, económica y social, pero los más altos funcionarios y asesores económicos de su Gobierno –en Hacienda, Banco Central, Asamblea Nacional, Mific, y sus representantes en los organismos internacionales– también han asumido una corresponsabilidad al endosar la narrativa oficial del supuesto golpe de Estado, para justificar la negativa del régimen a negociar las reformas políticas. Aunque la estrategia que promueven de “parches económicos”, reformas recaudatorias y cortinas de humo, como las del presidente del BCN, tampoco han logrado frenar el deterioro de la situación económica.

Igual que el jefe del Ejército, general Julio César Avilés, que ha tolerado la creación de las bandas paramilitares al margen de la ley, los altos funcionarios económicos, Ovidio Reyes, Iván Acosta, Bayardo Arce, Wálmaro Gutiérrez, Paul Oquist, y Orlando Solórzano, entre otros, dejaron de actuar bajo una racionalidad de Estado, para asumir un rol de complicidad con una dictadura sangrienta. Ellos, que fueron los operadores de Ortega para orquestar la alianza económica con el gran capital entre 2009 y 2018, hoy justifican la permanencia de Ortega en el poder, sin ninguna capacidad para articular alianzas nacionales o internacionales, a costa del deterioro de la situación económica.

Un año después de la imposición del estado de sitio de facto, el país sigue postrado y no se vislumbra ninguna solución económica, sino más bien dos años más de recesión, si antes no hay una negociación política. Sin embargo, ni la inercia de la crisis económica ni la presión externa son suficientes para promover una salida política. Hace falta más presión cívica, no solo del movimiento azul y blanco que desafía el estado de sitio, sino también de los grandes empresarios, que representan el músculo más dinámico de la economía nacional. El dilema es esperar el deterioro de la crisis, o asumir riesgos y contribuir a marcar un rumbo de salida ahora. Agotada su capacidad de interlocución con la pareja presidencial, los líderes de los grandes grupos económicos enfrentan el desafío de asumir una posición ante la nación, y particularmente ante el sector público y el sector privado, a favor del cambio político democrático.Al estallar la Rebelión de Abril el año pasado, se rompió su alianza con Ortega, por la vía de los hechos, enterrando el mal llamado modelo de “diálogo y consenso”, pero el vacío no lo ha llenado un proyecto democrático, sino una dictadura en su deriva totalitaria que amenaza la sobrevivencia del sector privado.

El país necesita un acuerdo político, con o sin Ortega, que cuente con el respaldo del movimiento azul y blanco, los grandes empresarios, y la tecnocracia del sector público. Un acuerdo que empieza con la liberación de todos los presos políticos, la suspensión del estado de sitio, la restitución de libertades democráticas, incluida la libertad económica para los empresarios y la estabilidad de la carrera profesional en el sector público, para realizar una reforma política y convocar a elecciones libres. Los empleados públicos, civiles y militares, que se han mantenido al margen de la masacre, la corrupción, y el control partidario, tienen la oportunidad de formar parte de esta solución nacional. De un lado, está la opción que les ofrece la familia Ortega Murillo de prolongar la agonía del régimen, y, del otro, la alternativa de una nueva alianza nacional para desmantelar las estructuras de la dictadura y empezar la reconstrucción de Nicaragua.

Carlos Fernando Chamorro es director del periódico Confidencial de Nicaragua. 
 
Carlos Fernando Chamorro es director del periódico Confidencial de Nicaragua. 

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Columnas Tue, 15 Oct 2019 14:35:00 +0100 https://elfaro.net/es/201910/columnas/23715/Los-grandes-empresarios-nicaragüenses-frente-a-la-crisis.htm
Un circo llamado pobreza http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_18_2000_1350/images%7Ccms-image-000032353.jpg https://elfaro.net/es/201910/ef_foto/23716/Un-circo-llamado-pobreza.htm José tiembla de frío sobre los hombros de su hermana Karla. Ella hace malabares con dos naranjas frente a los autos detenidos en el semáforo que une la Alameda Manuel Enrique Araujo y la Calle La Mascota, en San Salvador. Karla, de 14 años, y José, de ocho, viajan en microbús, durante una hora, todas las mañanas desde el Puerto de La Libertad hasta San Salvador. Llegan a esta calle concurrida desde las 6:00 a.m. Sonrientes, aprovechan el tráfico para escenificar sus malabares, una escena de un circo al aire libre llamado pobreza. Regresan al Puerto de La Libertad al mediodía para asistir a clases en el Centro Escolar Luz de Sotomayor. Hoy están empapados y tiemblan de frío. Cuando escucharon que hoy no habría clases, sonrieron, porque podrían ocupar ese día para ganar unas monedas extras. “No tenemos ropa”, dice José, mientras aprieta sus manos y las lleva hasta su boca para calmar el frío. “Tampoco tenemos papás”, responde Karla. Karla y José trabajan en el mismo semáforo, llueva o no, todos los días. La Dirección General de Protección Civil decretó alerta naranja en la zona costera y cordillera volcánica; alerta amarilla en el resto del país, por el incremento de las lluvias debido a una baja presión frente a la costa salvadoreña. EF Foto Tue, 15 Oct 2019 11:41:17 +0100 https://elfaro.net/es/201910/ef_foto/23716/Un-circo-llamado-pobreza.htm Revista Factum separa a uno de sus fundadores mientras investiga su relación con Fito Salume http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000032352.jpg https://elfaro.net/es/201910/el_salvador/23714/Revista-Factum-separa-a-uno-de-sus-fundadores-mientras-investiga-su-relación-con-Fito-Salume.htm El empresario Fito Salume aseguró en un comunicado que financió la fundación de la Revista Factum y su funcionamiento durante un año. Aunque Héctor Silva Ávalos, fundador de la revista, lo niega, el Consejo Editorial de Factum acordó la separación temporal de Silva Ávalos, mientras investigan las afirmaciones del empresario. El comunicado sale a la luz en medio de una controversia entre el Gobierno y Salume por el cierre de cinco sucursales de Mister Donut, y un mes después que Factum revelara que el presidente Bukele recibió un préstamo de $1.9 millones de Alba Petróleos. El Consejo Editorial de la Revista Factum separó temporalmente a su codirector y fundador, Héctor Silva Ávalos, de cualquier actividad relacionada con la revista, mientras investiga su posible relación con el empresario y político Adolfo Salume Artiñano, conocido como Fito Salume, que en un comunicado publicado hoy en dos periódicos impresos asegura haber financiado la fundación y el primer año de operaciones de ese medio de comunicación, que está a punto de cumplir cinco años de existencia.

“Como parte de mi interés en el combate de la corrupción y otros delitos, en el año 2014 contraté a Héctor Silva para fundar revista Factum”, dice el comunicado, publicado este 15 de octubre. “Aunque mi compromiso con la verdad sigue vigente hasta el día de hoy, aclaro que al año siguiente de su fundación, en el 2015, decidí retirarme de Revista Factum luego de que Héctor Silva encontrara nuevas formas de financiamiento para el sostenimiento y desarrollo de dicho medio”, añade.

Héctor Silva Ávalos es tajante al negar lo dicho por Salume: “Todo eso no es cierto”. En respuesta al comunicado, el periodista aseguró a El Faro que Salume no participó en forma alguna de la creación de Factum, y afirmó que tampoco él ha recibido en ningún momento de su carrera dinero del empresario ni ha trabajado para él.

Fito Salume, propietario de un extenso entramado de empresas entre las que se encuentra el medio digital Diario 1, no ha hecho pública ninguna prueba que sustente sus afirmaciones, ni quiso responder a El Faro cuando le pidió documentos que respalden sus supuestos pagos a Silva Ávalos o cualquier relación contractual con él o con Factum. Entrevistado vía mensajes escritos por El Faro, Fito Salume se limitó a reafirmar lo dicho en el comunicado. "Yo fundé Factum", llegó a escribir.

El Faro preguntó al empresario Salume cómo comprueba que contrató a Silva Ávalos y si este recibía un pago mensual. "Prefiero no dar esos detalles, pero si recibía un honorario por su trabajo", dijo.

―¿Solo honorarios profesionales?
―Honorarios profesionales y gastos menores. De registro de marca (de la revista) y demás. Lo que se necesita para iniciar una revista digital.

Silva Ávalos insiste en que el dicho de Salume es falso. “No es cierto. Nunca he estado bajo contrato de Fito Salume. Tampoco es cierto que se retiró de la revista, simplemente porque él nunca estuvo en la revista”, responde.

Salume tampoco quiso explicar a El Faro por qué hace esta declaración en este momento y no cuando comenzaron los cuestionamientos a Factum por parte del ahora presidente Nayib Bukele, que ha insistido públicamente en esta supuesta vinculación con Salume como una forma de cuestionar la independencia de la revista. El comunicado aparece publicado un mes después que Silva Ávalos y su equipo revelaran que la empresa Alba Petróleos, investigada por lavado de dinero por la Fiscalía, otorgó un préstamo de 1.9 millones de dólares al presidente Bukele cuando este se desempeñaba como alcalde de Nuevo Cuscatlán.

Doce días después de esa publicación, el 23 de septiembre, tres ministerios del gobierno de Bukele (Hacienda, Trabajo y Salud) iniciaron una veintena de auditorías contra empresas de Salume que llevaron al cierre de cinco restaurantes de Mister Donut, una de las empresas de Salume. En el contexto del cierre de los restaurantes, el presidente Bukele insistió de manera burlesca en la supuesta relación entre la Revista Factum y el empresario afectado. “Dicen que en la sala de redacción de la 'Revista Fitum' están como locos y no hayan que publicar para cumplirle al jefe. #periodismoindependiente”, escribió en su cuenta de Twitter el pasado seis de octubre.

En los últimos meses, Bukele había arreciado sus ataques a Factum a través de esta presunta relación. El 30 de abril, el entonces presidente electo tuiteó: “Hoy FACTUM se graduó de Fake News, 'interpretando' tuis con cosas que no tienen nada que ver. ¿Método periodístico? ¿Dónde? @FitoSalume deberías de decirle a tu empleado @HsilvAvalos que deje de hacer sicariato periodístico. Ya que entiendo que es un tema de dueño del circo”. La Revista Factum, que ya en enero de 2017 había publicado un editorial desvinculándose de Fito Salume y negando cualquier participación de este en su accionariado o vínculos económicos con la revista, respondió en ese momento con un nuevo comunicado negando cualquier relación de la revista y de Silva Ávalos con Salume.

El gobierno de Nayib Bukele se ha caracterizado en sus primeros meses por sus diversos ataques a medios de comunicación, especialmente contra aquellos más críticos o con más trayectoria de periodismo de investigación. A inicios de septiembre negó de forma arbitraria el acceso de periodistas de Factum y de El Faro a una conferencia de prensa en la que anunció un acuerdo por la OEA para crear una comisión de investigación contra la corrupción. En medio de diferentes pronunciamientos de organizaciones de defensa de la libertad de expresión, el Ejecutivo retiró días después el veto impuesto a ambos medios. El Diario de Hoy, por su parte, ha denunciado públicamente que la Presidencia de la República le retiró pauta de publicidad cuando denunció en sus páginas ese bloqueo a periodistas.

El comunicado de Fito Salume coincide también con diversos ataques cibernéticos que han tenido fuera de la red a Factum durante más de 72 horas. Sus servidores comenzaron a registrar actividad inusual el sábado 12 de octubre y en el momento de esta publicación el equipo de la revista no había conseguido volver a ponerla al aire todavía.  

El periodista Héctor Silva Ávalos, fundador y codirector de Revista Factum, niega haber sido contratado por Fito Salume. Foto Archivo El Faro | Fred Ramos
 
El periodista Héctor Silva Ávalos, fundador y codirector de Revista Factum, niega haber sido contratado por Fito Salume. Foto Archivo El Faro | Fred Ramos

Investigación interna

Fundada en 2014 por los periodistas Héctor Silva Ávalos y Orus Villacorta, Factum se ha caracterizado en el último lustro por ofrecer un periodismo crítico con todas las fuerzas políticas y sectores, e investigaciones que revelaron, entre otros temas, la existencia de grupos de exterminio en la Policía Nacional Civil o presuntos actos de corrupción en la alcaldía de San Salvador bajo la administración de Nayib Bukele. En 2015 se unió como socio de la revista el periodista César Castro Fagoaga, quien desde entonces ejerce como codirector del medio.

La noche antes de la publicación del comunicado, Castro Fagoaga reveló a El Faro que el Consejo Editorial de Factum ha decidido emprender una investigación periodística sobre el financiamiento que sirvió para la fundación de la revista, para esclarecer si Salume tuvo o no participación en ella. "Mientras esa investigación esté en curso, el codirector (Silva Ávalos) estará al margen de toda actividad relacionada con la revista”, añadió.

Silva Ávalos defiende que Factum inició operaciones en 2014 sin ninguna fuente de financiamiento externa y luego buscó dos opciones para sostenerse: cooperación internacional e inversionistas privados. “En esa segunda idea de financiamiento (inversión privada), me reuní con varios empresarios salvadoreños, entre ellos Fito Salume. Hablamos de encontrar formas de que invirtieran en el proyecto, pero no llegamos a ningún acuerdo. Los empresarios de El Salvador no estaban listos para un proyecto de periodismo independiente. Querían tener el control editorial”, explica.

Factum ya había hablado públicamente de ese acercamiento con empresarios salvadoreños, aunque sin nombrar a Fito Salume. En el "Quienes somos" del medio se lee que para poder financiar el proyecto periodístico exploraron en 2014 la posibilidad de crear un fideicomiso alimentado con fondos privados, que estaría bajo el control total de Factum. "Sin embargo, desechamos casi de inmediato esa idea al hacer exploraciones con algunos empresarios privados salvadoreños y darnos cuenta de que, en la mayoría de los casos, no estaban interesados en financiar algo sobre lo que no tuvieran al menos algún control, algo que rehuimos desde el inicio", dice el texto institucional.

"Desde 2017, Revista Factum es propiedad de Factum Media S.A. de C.V., cuya junta directiva está formada por los tres periodistas mencionados (Silva Ávalos, Villacorta y Castro Foagoaga). Antes de eso, la revista digital se mantuvo como organización sin fines de lucro adscrita a la Fundación de Estudios Estratégicos para la Democracia, una organización no gubernamental salvadoreña sin fines de lucro inscrita en el Ministerio de Gobernación de El Salvador", añade la página web.

Pese a la negativa de los periodistas y propietarios de la revista, las sospechas sobre la posible relación entre Fito Salume y Factum se habían sostenido hasta el momento en el hecho de que, pese a no ser accionista de la revista, el empresario es propietario del registro de la marca comercial "Factum" en El Salvador. Al respecto, Silva Ávalos ha dicho en varias ocasiones desconocer por qué una de las empresas de Salume, Sistemas Comestibles, S.A de C.V, inscribió esa marca el Registro de la Propiedad Intelectual. “Yo me enteré de eso cuando enfrenté una demanda por difamación de parte de Enrique Rais. Él (Salume) registró varios dominios. No te sé decir por qué lo hizo”.

Fito Salume durante la campaña electoral de 2015. Foto tomada de su página oficial de Facebook. 
 
Fito Salume durante la campaña electoral de 2015. Foto tomada de su página oficial de Facebook. 

¿Quién es Fito Salume?

Además de ser fundador de Diario 1 y Mister Donut, Salume es dueño de Molsa, una de las principales harineras que durante más de medio siglo ha controlado una parte importante del mercado de harina para pan en el país. En 2015 se lanzó a la política como candidato a la alcaldía de San Salvador con el partido Democracia Salvadoreña, en las elecciones en que el ahora presidente Bukele conquistó la comuna capitalina. Cuatro años más tarde, siempre con Democracia Salvadoreña, Salume Artiñaño apoyó la candidatura presidencial del candidato arenero Carlos Calleja.

En 2014 El Faro publicó el reportaje La historia del periodista Lafitte Fernández, el Cártel de Texis y el Payaso Tontín, en el que se daba cuenta de cómo un payaso aseguraba haber sido contratado por Fernández, ex director de Diario 1, para colocar unos comunicados en los periódicos del país. Estos cuestionaban la diligencia con que las autoridades perseguían al Cártel de Texis luego de que este periódico revelara su existencia. Los dueños de Texis, ahora acusados de lavado de dinero, eran propietarios de Gumarsal, una harinera competencia de Molsa. Salume Artiñano reconoció a El Faro que había un vínculo laboral con Fernández pero descartó estar detrás de la trama de los campos pagados. 

Molsa, una de las principales empresas de Salume, tampoco se escapa de controversias. En 2016, El Faro reveló que el empresario acudió al despacho jurídico panameño Mossack Fonseca, protagonista en la investigación de los "Panamá Papers", para adquirir una empresa offshore a la que sus compañías pagaron servicios de asesoría. El uso de esos pagos para reducir la factura fiscal lo llevó una batalla legal con el Ministerio de Hacienda por el pago de 187 mil dólares porque esta entidad consideró que la asesoría es un servicio innecesario. Como trasfondo, la empresa que dio asesorías a Molsa, Murriel Trading LLC está domiciliada en un paraíso fiscal, Nevada, Estados Unidos, y había sido adquirida por Salume en 2008.

Murriel Trading LLC es una sociedad pantalla, que fue estructurada para conservar el anonimato del cliente. Al seguir la pista de las sociedades que están tras ella, al llegar al último eslabón aparece la Cruz Roja Internacional como propietaria. Mossack Fonseca usó fraudulentamente y con conocimiento de Salume o del personal de sus empresas, el nombre de la institución de socorro, que negó estar vinculada a la firma panameña.  "La Cruz Roja nunca ha tenido ninguna relación con Mossack Fonseca", dijo la entidad a El Faro en 2016.

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El Salvador Tue, 15 Oct 2019 08:23:08 +0100 https://elfaro.net/es/201910/el_salvador/23714/Revista-Factum-separa-a-uno-de-sus-fundadores-mientras-investiga-su-relación-con-Fito-Salume.htm
Niñas madres y jefas de hogar: el pez por su boca muere http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000031085.jpg https://elfaro.net/es/201910/columnas/23713/Niñas-madres-y-jefas-de-hogar-el-pez-por-su-boca-muere.htm Las expresiones del Fiscal tienen una enorme relevancia, porque su manera de pensar y sus expectativas sobre la mayoría de las niñas salvadoreñas se proyectan en el quehacer de la institución que dirige. En estos días que se celebra y conmemora el Día de la Niña, muchas organizaciones, instituciones y personas han realizado eventos y publicaciones que expresan sus buenos deseos, expectativas y compromisos, según sea el caso, para construir sociedades que respeten los derechos de las niñas y abran oportunidades para el despliegue de sus capacidades y potencialidades.

A este conjunto de mensajes subyace una cierta convicción común: si queremos cambiar las realidades de desigualdad entre mujeres y hombres necesitamos hacer cambios de raíz, y eso puede empezar con abrir nuevos caminos para que las niñas –de la generación actual– puedan desarrollar sus capacidades de forma plena, en otras condiciones que las que hemos tenido generaciones anteriores.

Es en este marco que contrastan las expresiones de Raúl Melara, Fiscal General de la República, quien en su respuesta sobre la importancia de invertir en la educación de las niñas responde: “Cuidemos, formemos y preparemos a nuestras niñas. Ellas serán madres y en muchos casos, cabeza de familia@MelaraRaul. Se podría entender que cuando el señor Fiscal dice “nuestras niñas” no se está refiriendo a sus propias hijas –en caso que las tenga– ni a las niñas de su familia, sino a las niñas salvadoreñas, o a la mayoría.

Estamos aquí reflexionando sobre las expresiones que reflejan la forma de pensar de un alto funcionario del Estado salvadoreño, quien dirige una de las principales instituciones del Ministerio Público y de administración de justicia en el país. En este sentido, tiene una enorme relevancia, porque su manera de pensar y sus expectativas sobre la mayoría de las niñas salvadoreñas se proyectan en el quehacer de la institución que dirige.

Desde hace varios años, diferentes instancias públicas nacionales e internacionales han puesto en evidencia la problemática del embarazo en niñas y adolescentes como un grave problema que, en primera instancia, les afecta a ellas, pero que también incide en otros problemas de la sociedad salvadoreña. Los mapas de embarazo en niñas y adolescentes elaborados y publicados por el Ministerio de Salud, con apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas han mostrado que este es un problema nacional, presente en todos los municipios del país y que, en la mayoría de casos, está asociado a otras desigualdades socioeconómicas, a las condiciones de pobreza, a la creciente violencia sexual, a las discriminaciones por razones de género y a la impunidad.

Muchos embarazos son impuestos o forzados. Las agresiones sexuales que se cometen contra las niñas y adolescentes se presentan en un entorno de permisividad social del  acoso, el  abuso sexual y el engaño; aunado a la desprotección, la violencia y la pobreza.

La violencia sexual contra la niñez y la adolescencia no es un hecho aislado ni nuevo en El Salvador, pero sí ha sido poco conocido y reconocido por las instancias públicas y por la sociedad en su conjunto. Diversos estudios cualitativos sobre violencia sexual también han mostrado que en el abordaje a esta problemática ha prevalecido el mito de que los agresores son hombres desconocidos que acechan en la oscuridad. Sin embargo, en la mayoría de casos, los hechos evidencian que las agresiones contra la niñez y la adolescencia se producen en escenarios de cercanía y confianza, en entornos familiares, de amistades, educativos, religiosos y comunitarios.

El más reciente Informe sobre Hechos de Violencia Contra las Mujeres, El Salvador 2018, señala que los delitos contra la libertad sexual que registran un mayor número de denuncias (un total de 6 142 casos), las principales víctimas por edad son las adolescentes entre 15 y 19 años (2 344 de casos) y las niñas de 10 a 14 años (1 684 denuncias).

Estos datos nos muestran que pensar en cuidar, formar y preparar a las niñas salvadoreñas para que “sean madres” es una manera de posicionarse frente a una realidad ante la que muchas voces insisten en la necesidad de cambiar. Esto es mucho más grave en un país donde cada año cerca de 1 500 niñas entre los 10 y los 14 años enfrentan embarazos impuestos.

Siguiendo la lógica expresada por el señor Fiscal en su cuenta de Twitter, “en muchos casos serán cabeza de familia” también conectamos con otro problema del país sobre el que hay poca conciencia, se trata de la paternidad irresponsable. En un estudio presentado en 2015 por UNICEF y FUSADES que compara la composición de las familias salvadoreñas y su evolución en 20 años (1992-2012) señalan que “Hay un aumento de familias donde no están presentes los dos padres, donde el jefe de la familia está entre los 14 y 17 años. Muchas veces las políticas públicas están dirigidas a sujetos de derechos, a personas. Vemos una necesidad de que esas políticas se orienten al hecho de que muchos niños son jefes de hogar”. Otra preocupación expresada en esta investigación, refleja que la mayoría de hogares monoparentales tiene por cabeza de familia a una mujer “en el 85 % de las familias que están a cargo de una sola persona, las jefas de hogar son mujeres”.

Para el señor Fiscal está claro que muchos hombres, jóvenes, adultos e incluso adolescentes, seguirán siendo los grandes ausentes del ejercicio de la paternidad, lo cual dejará a muchas niñas actuales como cabeza de sus familias.

Desde el feminismo, se cuestiona la idea –y la práctica- de la maternidad como destino y ámbito principal de realización personal de las mujeres, al mismo tiempo que se reivindica la maternidad libremente decidida como un derecho de todas las mujeres. Esta reivindicación está asociada a embarazos libremente decididos, a partos respetados y humanizados, a lactancias satisfactorias y a la existencia de servicios públicos que contribuyan a la socialización de las responsabilidades de la crianza y el cuidado, que en la actualidad descansa en las espaldas y sobrecarga de trabajo de la mayoría de mujeres, algunas adolescentes y niñas que son madres.

Esto también implica el respeto y apoyo a la decisión de niñas, adolescentes y mujeres que quieren dedicar su vida y su energía en otros campos de la sociedad y de realización personal. 

De allí que tener la expectativa que “la mayoría de las niñas van a ser madres” es esperar que todas lo sean o por lo menos que lo quieran ser, pero sobre todo significa esperar que cumplan con este destino y mandato patriarcal.

Lo más grave es que estas expectativas han estado reflejadas en la actuación de la representación fiscal, un ejemplo palpable ha sido el reciente juicio contra Evelyn Hernández, donde la Fiscalía argumenta su petición de 40 años de cárcel acusándole de homicidio agravado por “omisión” que, como sus representantes dijeron, significa que no cumplió con su papel de “garante de derechos” de la criatura que estaba gestando, porque “omitió no pedir ni prestar auxilio”, independientemente que estuviera desangrándose y en estado de shock hipovolémico. De allí que no es inocuo que el Señor Fiscal piense como piensa.

Morena Herrera es activista feminista y defensora de Derechos Humanos, integrante de diversas expresiones del movimiento feminista en El Salvador y Centroamérica. Socia fundadora de Las Dignas y Presidenta de la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico.
 
Morena Herrera es activista feminista y defensora de Derechos Humanos, integrante de diversas expresiones del movimiento feminista en El Salvador y Centroamérica. Socia fundadora de Las Dignas y Presidenta de la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico.

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Columnas Mon, 14 Oct 2019 12:14:48 +0100 https://elfaro.net/es/201910/columnas/23713/Niñas-madres-y-jefas-de-hogar-el-pez-por-su-boca-muere.htm
En el comité de ética de la Asamblea cabe hasta Guillermo Gallegos http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_0_2000_1333/images%7Ccms-image-000032346.jpg https://elfaro.net/es/201910/el_salvador/23708/En-el-comité-de-ética-de-la-Asamblea-cabe-hasta-Guillermo-Gallegos.htm El principal líder de Gana, que en 2011 se inventó viajes fantasmas a España y Australia, y en 2014 y 2015 votó a favor de asignar $550 mil a una oenegé fantasma de su esposa, integrará el comité que vigilará las actuaciones éticas de los diputados. Lo acompañan Cristina Cornejo, Alejandrina Castro y el veterano Roberto Angulo. El 9 de octubre, a las 6:19 p.m., 34 minutos antes de que culminara la plenaria, el diputado Mario Tenorio, subjefe de fracción de Gana, promovió a su amigo y colega Guillermo Gallegos como uno de los vigilantes de la ética parlamentaria. Minutos más tarde, y con 56 votos, la Asamblea Legislativa 2018-2021 se olvidó de las irregularidades en la carrera política de este diputado y aprobó la moción de Tenorio, que no pudo felicitar a Gallegos porque este ni se encontraba en el Salón Azul. 

La designación de Gallegos al Comité de Ética Parlamentaria, que se supone debe de velar por el buen comportamiento de los legisladores, sorprende precisamente por los actos que ha protagonizado este político en los últimos años. 

Gallegos es el segundo vicepresidente de Junta Directiva, pertenece a cinco comisiones y dentro del partido ocupa el cargo de director de organización y área legal. Inició en el 2000 como diputado propietario bajo la bandera tricolor de la Alianza Republicana; luego, a finales de 2009, fue protagonista en la ruptura de diputados areneros que terminaron como fundadores del partido Gana, el partido que llevó a la presidencia a Nayib Bukele. 

De atrás para adelante, las irregularidades cometidas por el diputado Gallegos aparecen en 2011, cuando cobró al menos $17 000 en viáticos por misiones al a España que nunca realizó. Dos años más tarde sí viajó a España gracias a una invitación firmada por su asesor legislativo;  y luego a Sidney, Australia, gracias a una invitación que no existió. Todo lo anterior, como su actual nominación, fue respaldado por la Asamblea.

En los años 2014 y 2015 participó en la elaboración de los presupuestos de los años 2015 y 2016, desde donde acompañó con su firma y sus votos para que Apdemes, una oenegé fantasma fundada por su esposa, sus amigos y asesores recibiera $550 mil dólares. En 2016, cuando El Faro cuestionó a Gallegos por este conflicto de interés,  el diputado respondió: “No sé. Desconozco de esa asociación. Primera vez que escucho de ella”.

Para el presupuesto de 2016 también favoreció con su firma y voto a otra oenegé fantasma administrada por Ana Dolly Valiente, otra de sus asesoras en la Asamblea Legislativa. 

Guillermo Gallegos ingresa al edificio de la Asamblea Legislativa en su primer día como presidente del órgano legislativo, en cumplimiento a un pacto firmado al inicio de la legislatura 2015-2018 con el FMLN, y en el que ambos partidos se repartieron medio término. Gallegos sustituyó en el cargo a Lorena Peña, y presidió hasta mayo de 2018. Foto: Fred Ramos
 
Guillermo Gallegos ingresa al edificio de la Asamblea Legislativa en su primer día como presidente del órgano legislativo, en cumplimiento a un pacto firmado al inicio de la legislatura 2015-2018 con el FMLN, y en el que ambos partidos se repartieron medio término. Gallegos sustituyó en el cargo a Lorena Peña, y presidió hasta mayo de 2018. Foto: Fred Ramos

Siempre cuestionado, nunca sancionado

Aunque las irregularidades cometidas por Gallegos en la Asamblea Legislativa constan en documentos oficiales y, en el caso de Apdemes, en dos leyes de la República, el diputado siempre ha salido bien librado de los señalamientos en su contra. En el caso de los viajes fantasmas, la Asamblea nunca sometió el caso a estudio. En el caso de Apdemes, un grupo de ciudadanos interpuso una denuncia al Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) “por violación al principio de imparcialidad y beneficio indebido”. 

En un proceso que tardó casi dos años, este tribunal decidió absolver al diputado con un fallo controversial emitido después de que su presidente, Néstor Castaneda, fuera promovido por Gana y Gallegos como candidato a fiscal general de la República. Aunque la ley de ética gubernamental establece que todo funcionario que pueda tener conflicto de intereses debe de excusarse en intervenir; la resolución final concluyó que no le era exigible al diputado Gallegos excusarse de votar para favorecer a Apdemes, según se lee en el escrito de enero de 2019. 

Gallegos también estuvo en la mira de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia por enriquecimiento ilícito. Sin embargo, Carlos Pineda, jefe de la Sección de Probidad, absolvió a Gallegos y propuso a los magistrados concluir que no había indicios de enriquecimiento ilícito por no justificar $3.2 millones. En el mismo año, para la elección de magistrados a la Sala de lo Constitucional (2018-2027), Gallegos mostró apoyo incondicional en la candidatura de Pineda para que ocupara un puesto en la Sala; sin embargo, Pineda no logró el apoyo del resto de partidos. El caso de Gallegos todavía no ha sido sancionado por la Corte Plena de la CSJ. 

Una Asamblea con amnesia

La nominación de Gallegos ocurre 17 meses después de que el diputado arenero Norman Quijano asumiera la presidencia de la Asamblea, que hasta mayo de 2018 estuvo controlada por Gallegos. El miércoles 9 por la noche, Quijano convocó a la Comisión Política para que se aprobara por dispensa de trámite la creación del Comité de Ética. Lo que no recordó Quijano ni nadie en la Asamblea es que tras su llegada a la presidencial de este órgano, Quijano denunció la existencia de plazas fantasmas con salarios exorbitantes aprobadas por el presidente anterior: Gallegos. Como con los otros casos, la Asamblea ya no ha dicho nada sobre estos señalamientos. 

En la Asamblea, los colegas del diputado padecen de amnesia o evaden responder por este nombramiento. Consultado al respecto, Guadalupe Vásquez, jefe de fracción de Gana, se limita a responder que propusieron a Gallegos “porque tiene menos trabajo que el resto de diputados”, dice Vásquez. 

Nidia Díaz, jefa de fracción del FMLN, aseguró que “no propondría a alguien como Guillermo Gallegos”.  La diputada efemelenista dice que Gallegos no tiene la líneas para pertenecer a una instancia garante del comportamiento de sus compañeros, pero se olvida que fue bajo la conducción de la Asamblea a manos del FMLN que Apdemes obtuvo más de medio millón de fondos públicos y que Gallegos logró presidir la Asamblea entre noviembre de 2016 y mayo de 2018. “Buscamos a alguien que sea destacado su transparencia y por su lucha contra la corrupción, y él ha sido cuestionado”, dice la ahora jefa de fracción del Frente. 

Xenia Hernández, especialista en temas de ética pública y lucha contra la corrupción, asegura que, pese a la demora que tuvo la Asamblea Legislativa, el Comité no cumple con lo que se espera para una instancia que debe de vigilar el comportamiento de los diputados. Además, considera que el haber nombrado a un diputado con el historial de Gallegos es una muestra de “falta de profesionalismo”. Hernández agrega que “los jefes de fracción son cómplices al proponer a un diputado que ha sido cuestionado”. 

Un comité sin dientes

El comité de ética que ahora tendrá la Asamblea Legislativa no es una instancia nueva. Registros de su existencia se remontan hasta el año 2000, cuando aquella Asamblea decidió crear una instancia luego de que el diputado pecenista Francisco Merino baleara, en estado de ebriedad, a una agente de la Policía Nacional Civil.

El trabajo de esta instancia, sin embargo, siempre ha pasado desapercibido.  Según Julio Fabián, subjefe de fracción de Arena, el Comité de Ética hasta la fecha, nunca ha abierto un expediente a un diputado por incumplimiento a la ley. Este año, además,  llega 17 meses tarde. Este diputado dice que se tuvo que haber conformado al inicio de la legislatura, según manda el reglamento. “Es una figura de requisito que lo demanda el reglamento; sin embargo nunca ha emitido sanciones”, dijo Fabián. 

Según el artículo 28 de reglamento interior, al inicio de cada legislatura se debe crear el Comité junto con el protocolo de entendimientos. En teoría, según la ley, los diputados que conformen el comité tienen la tarea de promover el respeto, la observancia y la aplicación  de las normas éticas. 

Los comités de ética anteriores al de la legislatura 2018-2021 también han tenido integrantes con señalamientos de faltas éticas. En 2015, al comité llegó Rodolfo Parker, secretario general del PDC y un político señalado en el informe de la Comisión de la Verdad por el encubrimiento en la investigación del asesinato, en 1989,  de los sacerdotes jesuitas de la Universidad Centroamericana, una de sus colaboradoras y la hija de esta. 

En la versión del comité 2012-2015 también estuvo la exdiputada arenera y ahora alcaldesa por Santa Ana, Carmen Elena de Escalón. De Escalón legisló dos veces para eximir de impuestos a una de sus maquilas, Exmodica. La segunda vez que legisló para favorecer a su empresa, en febrero de 2013, la diputada ya pertenecía al Comité de Ética. 

En la legislatura 2015-2018, al comité también llegó Reynaldo Cardoza, diputado de PCN por Chalatenango. Este diputado ha sido señalado por informes de la Policía en las cercanías del Cártel de Texis. En  2015 hizo su campaña para ganar votos viajando en un helicóptero con su nombre y fue el primer diputado investigado por enriquecimiento ilícito en la Sección de Probidad por no haber justificado el origen de 1.3 millones de dólares. Sin embargo, una cámara lo absolvió argumentando que había podido justificar un ingreso cuestionado por la Fiscalía de 1.5 millones. Aunque la Cámara señaló que Cardoza se benefició con más de $750 mil dólares extras en la Asamblea, concluyó en 2017 que no había ilícitos que perseguir. 

Además de Gallegos, en el nuevo comité estarán las diputadas Alejandrina Castro (ARENA), Cristina Cornejo (FMLN) y el pecenista Roberto Ángulo (PCN), diputado por San Vicente, Angulo fue presidente de la Asamblea Legislativa entre 1991 y 2001. En 1993, días después de que la Comisión de la Verdad revelara un informe con los casos más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos cometidas en la guerra, Angulo fue uno de los impulsores de la ley de amnistía. Por ese pasado otro de sus cargos en la Asamblea es cuestionado por las víctimas de la guerra: actualmente es el presidente de la comisión que debe de presentar una ley reconciliación que garantice justicia, verdad, resarcimiento y no repetición.

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El Salvador Fri, 11 Oct 2019 21:36:09 +0100 https://elfaro.net/es/201910/el_salvador/23708/En-el-comité-de-ética-de-la-Asamblea-cabe-hasta-Guillermo-Gallegos.htm
“Yo soy una sobreviviente del abuso sexual de un sacerdote” http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000032348.jpg https://elfaro.net/es/201910/el_salvador/23712/“Yo-soy-una-sobreviviente-del-abuso-sexual-de-un-sacerdote”.htm La presentación de un informe que busca ayudar a víctimas de abusos sexuales cometidos por sacerdotes se convirtió en un acto de denuncia. Una abogada se puso de pie y se atrevió, en público, a señalar con nombre y apellido al sacerdote que la abusó cuando ella tenía siete años. Esta confesión no estaba en el libreto. En el auditorio somos muy pocos: un periodista nada más y una veintena personas, entre ellas representantes de oenegés de defensa de los derechos humanos. El foro es para presentar un informe que sistematiza la historia de Iveth, una mujer que fue víctima en su niñez de abuso sexual por parte de un sacerdote y quien se encontró con múltiples obstáculos a la hora de denunciar a su agresor ante la Iglesia católica. La sorpresa es que la Iveth del informe es Lissette Campos, una abogada de 43 años especializada en derechos humanos que decide denunciar en público un abuso ocurrido en 1983.

Pero todo eso lo sabremos hasta este preciso momento, a las 9 de la mañana, cuando Lissette se pone de pie, pronuncia su nombre y se descarga. “Esto que vengo a entregarles hoy es una parte de mi corazón, es una parte de mi vida”, dice, antes de presentar el estudio Sistematización de caso tipo de abuso sexual perpetrado por sacerdote y su tramitación en instancias eclesiales que construyó junto a Fundared, la oenegé que hoy tiene su presentación en sociedad y de la cual forma parte.

El documento pretende servir de guía para tramitar abusos sexuales perpetrados por sacerdotes de la Iglesia católica ante instancias judiciales, pero a Lissette la oportunidad también le ha servido para denunciar con su propio nombre y apellido un momento traumático en su vida.

“Yo soy una sobreviviente de abuso sexual por parte de un sacerdote”, denuncia.

Tomó la decisión ayer. Es la primera vez que cuenta su historia en público, fuera de su familia, de sus amigos más íntimos y de un periodista con el que habló bajo anonimato en 2018. Su voz parece romperse en astillas cuando revela que el padre Pedro Egberto Hernández Betancourt, miembro de la Congregación de la Misión, más conocida como Padres Paulinos, abusó sexualmente de ella cuando tenía siete años.

En El Salvador, según lo revelado por la Iglesia Católica y la información de tribunales civiles, en el nuevo milenio se han conocido acusaciones contra otros 10 sacerdotes católicos. Pedro Egberto Hernández Betancourt es el número 11. Tres fueron condenados por este delito y guardan prisión en centros penales del país.

Lisseth Campos, miembro de la organización Fundared y denunciante de un abuso sexual cometido por un sacerdote. Foto: Víctor Peña.
 
Lisseth Campos, miembro de la organización Fundared y denunciante de un abuso sexual cometido por un sacerdote. Foto: Víctor Peña.

La confesión del abuso

Lisseth cuenta que fue abusada el 19 de agosto de 1983, al interior de la parroquia de San Jacinto de San Salvador, donde Hernández Betancourt era párroco y donde la familia de Lissette se congregaba. Ese día, cuenta, el sacerdote se acercó a su madre para decirle que, después de un viaje que había hecho a Roma, le había traído un recuerdo a la niña y quería entregárselo personalmente. Eran las fiestas patronales de la iglesia y todos en la comunidad parecían estar más ocupados en ver la quema de pólvora. La madre aceptó con gusto y Lissette acompañó al clérigo a la casa parroquial, ubicada a unos metros del templo.

El sacerdote comprobó que nadie estuviera en el sitio y decidió mantener las luces apagadas a pesar de que ella le pidió encenderlas, pues le daba miedo la oscuridad. Hernández Betancourt no la escuchó, la sentó en sus piernas, se subió la sotana y abusó de ella.

Lissette Campos describe la agresión como “breve”, pero que se volvería eterna en sus recuerdos, que quedaron impregnados de los olores a incienso y sudor y de las imágenes de crucifijos y santos de la estancia. Cuando terminó el abuso, el sacerdote le dijo unas palabras que retumbaron durante el resto de su niñez y de su adolescencia: “Ahora ya sos una niña mala”.

“Para mí ese fue mi más grande problema después de eso. Yo me preguntaba qué había hecho de malo, me echaba la culpa de lo que pasó, me daba vergüenza contárselo a alguien, sobre todo a mi mamá”, dice Lissette.

Antes de despedirla, el sacerdote fue a otro cuarto a traerle su regalo: un llavero que tenía al frente la foto del papa Juan Pablo II y al reverso la de la Plaza de San Pedro. Ambas imágenes le siguen causando repulsión.

Valentina Correa (Izq.), de la Fundación para la Confianza, que acompaña las denuncias de abuso sexual por líderes religiosos en Chile, junto a Lisseth Campos. Ellas cargan un estudio que busca ayudar a que las víctimas de abusos sexuales cometidos por sacerdotes sepan como tramitar los casos ante instancias judiciales. Foto: Víctor Peña.
 
Valentina Correa (Izq.), de la Fundación para la Confianza, que acompaña las denuncias de abuso sexual por líderes religiosos en Chile, junto a Lisseth Campos. Ellas cargan un estudio que busca ayudar a que las víctimas de abusos sexuales cometidos por sacerdotes sepan como tramitar los casos ante instancias judiciales. Foto: Víctor Peña.

El laberinto de la denuncia

Ahora, en esta conferencia, Lissette Campos comparte panel en un salón del hotel Sheraton de San Salvador con Gerardo Alegría, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y de Carlos Rodríguez, de la PDDH. También con una colega de Fundared y con Valentina Correa, de la Fundación para la Confianza, entidad chilena encargada de acompañar los más importantes procesos de denuncia por abuso sexual de líderes religiosos en ese país. 

Tras hablar del dolor de la niñez pasa a referirse a uno más reciente, el de su calvario para denunciar. Su confesión es la coronación de un proceso de año y medio. En febrero de 2018 ella ya había relatado parte de su historia, de forma anónima, a La Prensa Gráfica. En aquella ocasión, sin embargo, no quiso revelar detalles del abuso sufrido. Esa herida, reabierta con la explosión del caso de monseñor Jesús Delgado, en noviembre de 2015, todavía era un dolor demasiado fuerte como para pronunciarlo en público. Jesús Delgado era uno de los sacerdotes más célebres del país por ser el biógrafo de Monseñor Romero. La revelación de ese caso le dio valor, le devolvió la esperanza de justicia.

“Recuerdo nítidamente estar sentada en una banca de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), con un solo pensamiento: que a partir de ese momento las historias como la mía comenzarían a conocerse mucho más en El Salvador”, dice.

Lissette es abogada, con maestrías en Derechos Humanos y Políticas Públicas, y pensó en usar parte de sus conocimientos para impulsar la causa. Primero se acercó a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), a la que le propuso la creación de grupos de apoyo y de un protocolo de acción en denuncias de abusos sexuales cometidos por líderes religiosos. Se hicieron incluso reuniones para discutirlo, que no llegaron a nada y de las que no quedó ni huella en la institución.

De esto hace mea culpa Carlos Rodríguez, procurador adjunto de Derechos Civiles e Individuales de la PDDH, quien forma parte del panel. Cuenta que le fue imposible ubicar siquiera las minutas de esas reuniones. Mucho menos, dice, puede dar cuenta de los resultados conseguidos. Tampoco fue capaz de ubicar dentro de la institución algún expediente abierto sobre el tema, pues todavía cuentan con un obsoleto sistema de archivo manual.

“Es posible que exista alguno, pero por ahora me es imposible saberlo sin una búsqueda exhaustiva”, comenta Carlos Rodríguez.

Después de su paso por la PDDH, Lissette se acercó al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), que en 2015 había desvelado el caso de Jesús Delgado. Allí le dijeron que tenían otras denuncias, a las que estaban acompañando. Sin embargo, nunca pudo tener acercamiento con estas víctimas. De lo que sí se enteró es que cuando estas fueron a denunciar al Tribunal Eclesiástico dentro del Arzobispado de San Salvador, se encontraron con muchas trabas, y que incluso les negaron ser acompañadas por ISDEMU en las audiencias donde tendrían que narrar los hechos. Luego supo que tal restricción se extendía también a la PDDH.

Rafael Urrutia, presidente del Tribunal Eclesiástico de esa diócesis, niega que impidieran el ingreso de estas instituciones.

El proyecto, en consecuencia, sería exponerse ella misma a este proceso. El experimento dio como resultado el informe que parte de su experiencia para intentar ayudar a más víctimas.

En 2016, tuvo que decir su historia al menos media docena de veces, rebotar entre lugares antes de obtener una respuesta concreta. Primero, porque fue al Arzobispado de San Salvador. Lissette cuenta que monseñor Urrutia le dijo que no la podían ayudar, que debería ir a la parroquia donde sucedieron los hechos para averiguar qué podía hacer. Pensó que no podía confiar en la misma orden religiosa a la que pertenece quien abusó de ella, así que regresó al Arzobispado de San Salvador para que la ayudaran, por lo menos, a servir como intermediarios. Allí hicieron una audiencia para que rindiera su testimonio. Lo recolectado en esa reunión luego fue enviado a los Padres Paulinos, quienes dieron trámite a la denuncia en julio de 2016. Todavía hoy, tres años después de iniciada, esta sigue sin resolverse.

Lissette especificó a las autoridades de esta orden religiosa qué era lo que buscaba con el proceso: no que se destituyera de su cargo al sacerdote, sino que quedara en claro que el abuso ocurrió. También pidió colaborar con la elaboración de protocolos dentro de la Congregación de la Misión para evitar futuros abusos sexuales a menores y para que existieran canales más eficientes de denuncia.

Ahora, en el panel, Lissette da un nuevo dato de la experiencia: cuenta que monseñor Urrutia le mostró, en una de sus reuniones, una fotografía de su agresor, Pedro Egberto Hernández Betancourt. El sacerdote, ya con avanzada edad, sufre de varias enfermedades. Para Lissette, buscaron con esta forma  interceder por el clérigo para que ella se conmoviera y retirara su denuncia. Desde la Congregación de la Misión afirman que la imagen tenía como intención que Lissette identificara a su agresor. Monseñor Urrutia, por su parte, comenta que no recuerda la existencia de esa fotografía.

Lo enredado de la búsqueda de la justicia dentro de la Iglesia Católica hace que, desde la chilena Fundación para la Confianza, esta mañana representada por Valentina Correa, deslegitimen el proceso que se puede tener en un tribunal eclesiástico y aconsejen llevar los casos a los tribunales civiles.

“No se puede ser juez y parte”, dice Correa. Esto también ayuda, explica, a que haya un mejor filtro de las acusaciones falsas, como la de Isaí Ernesto Mendoza contra el sacerdote Antonio Molina. En este otro caso, Mendoza, hoy de 36 años, admitió el 8 de octubre que era mentira la denuncia que presentó en 2016 ante el Arzobispado de San Salvador, en la que aseguró que el cura lo había violado cuando era su acólito en Panchimalco. “Es mejor denunciar ante el Ministerio Público u otras autoridades competentes. Está comprobado que solo el 2.6% de las acusaciones que llegan a estas instancias son las falsas. El resto son verdaderas”, agrega.  

“Un caso de abuso sexual, a cualquier edad, afecta el proyecto de vida de la persona que lo sufre”, dice Gerardo Alegría, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Tras esta intervención, el evento termina. Algunos asistentes se acercan a Lissette, la felicitan por su decisión, que esperan que sea el precedente de un mayor acceso a la información sobre el fenómeno. Algunos incluso se disculpan por nunca antes haberle echado una mirada al problema. Nadie imaginaba que este foro significaría un parteaguas en la vida de la abogada.

Uno de los asistentes es William Hernández, director de la asociación Entre Amigos, enfocada en los derechos de la población LGBTIQ en el país. Sabe de primera mano sobre el tema, pues él fue la primera persona que en el país reveló, con nombre y apellido, que fue víctima de abuso sexual por parte de un sacerdote, en este caso Luis Recinos López, ya fallecido. Le alegra que alguien que no es él decida contar su experiencia como víctima de abuso sexual por parte de un sacerdote. Que no es él: una persona que, en una sociedad conservadora como la salvadoreña, genera tantos anticuerpos.

“Cuando yo revelé esto, deslegitimaron mi denuncia por quien soy yo, por mi orientación sexual (William es bisexual). Cuando esto me pasó, yo era solo un niño. Me robaron mi derecho a decidir. El caso de Lissette Campos demuestra que hay muchas víctimas y, sobre todo, victimarios que desconocemos en El Salvador”, dice Hernández.

Lisseth Campos en entrevista con El Faro. Foto: Víctor Peña.
 
Lisseth Campos en entrevista con El Faro. Foto: Víctor Peña.

Lisseth no quiere ser la única

Lissette Campos pasó más de 10 años en silencio, sin contar su experiencia a nadie. Eso cambió a los 17 años, cuando los recuerdos afloraron y tuvo que decirle a su familia lo que pasó. Buscó ayuda psicológica, pero la única opción que encontró fue el profesional que atendía en su colegio.

Lisseth espera ahora que su testimonio sea semilla para que aquellos salvadoreños que fueron abusados por su líder religioso cuando eran unos niños comiencen a buscar justicia. Lo dice quedamente, como en una oración, convencida de que su camino apenas ha comenzado.

Le pregunto por qué se frenó antes. “Reconocer esta condición de haber sido víctima de un miembro de una estructura con tanto poder, y con tantas influencias en distintos ámbitos, representa un riesgo”, responde.

— ¿Qué cambió en este tiempo?

— Si una tiene estos elementos de apoyo, tiene la suficiente fuerza como para compartirlo –dice, refiriéndose al apoyo de las redes que creó junto a las oenegés con las que ha trabajado su caso.

 


Nota de la Redacción: si usted ha sido víctima o conoce a una víctima de abusos sexuales por parte de religiosos y quiere compartir su historia escríbanos a rsi@elfaro.net

 

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El Salvador Fri, 11 Oct 2019 19:37:19 +0100 https://elfaro.net/es/201910/el_salvador/23712/“Yo-soy-una-sobreviviente-del-abuso-sexual-de-un-sacerdote”.htm
El absurdo del descanso para las mujeres trabajadoras - Por Magaly Romero Brunet https://elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg https://elfaro.net/es/201910/360grados/23710/El-absurdo-del-descanso-para-las-mujeres-trabajadoras---Por-Magaly-Romero-Brunet.htm 360 grados Fri, 11 Oct 2019 12:13:33 +0100 https://elfaro.net/es/201910/360grados/23710/El-absurdo-del-descanso-para-las-mujeres-trabajadoras---Por-Magaly-Romero-Brunet.htm Rebeldía lésbica salvadoreña: del escándalo público a la creación de una agenda política http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_0_2000_1332/images%7Ccms-image-000032343.png https://elfaro.net/es/201910/columnas/23709/Rebeldía-lésbica-salvadoreña-del-escándalo-público-a-la-creación-de-una-agenda-política.htm El feminismo se empezó a debatir como propuesta seria a inicios de la posguerra, fomentada por la necesidad de analizar críticamente el rol protagonista de la mujer en la lucha armada y de su nuevo papel en la vida civil. 1992 es un año paradigmático en la historia social y política de El Salvador, pero no solo porque marcó el fin de una guerra cruel que dejó como saldo 75 000 muertos, a una diáspora salvadoreña desperdigada por los cuatro puntos cardinales y una ruptura social que, tras 27 años, todavía no logra un proceso efectivo de reconciliación. También lo es porque, en el contexto de la posguerra, aunque oculto en la historia oficial, existió un proceso de organización social y política de personas lesbianas, gay, bisexuales, personas trans, intersexuales y otras identidades sexuales y de género (LGBTI+), que antes y durante el conflicto armado estuvo fuera de los discursos públicos, de la vida social y de la academia. 

A partir de 1992, las mujeres lesbianas en particular, invisibilizadas a lo largo de la historia, iniciaron un proceso de organización, el cual desembocó en la creación de la Colectiva lésbica-feminista salvadoreña de la Media Luna. Este breve proyecto lésbico de convivio, reflexión y debate político se convirtió tempranamente en chivo expiatorio del escándalo público promovido por sectores conservadores que buscaban frenar un encuentro continental feminista en el país. A pesar de las amenazas en su contra, la Media Luna logró realizar la primera manifestación pública de una agenda política de la disidencia sexual y de género el 23 de octubre de 1993, por medio de la publicación de la Boletina Luna de Miel.

El feminismo se empezó a debatir como propuesta seria a inicios de la posguerra, fomentada por la necesidad de analizar críticamente el rol marcadamente protagonista de la mujer en la lucha armada y de su nuevo papel en la vida civil. Las mujeres que adoptaron esta propuesta eran, en su mayoría, exguerrilleras, de movimientos sociales y extranjeras que llegaron al país por medio de la solidaridad internacional. Es decir, muchas de las corrientes que condujeron al feminismo provenían de la izquierda y sus debates giraban en torno al aparente abandono del FMLN a las mujeres después de la firma de l0s Acuerdos de paz y la falta de una clara política de género dentro de la incipiente democracia.

Fue en ese momento histórico efervescente del movimiento feminista que se constituyó la Colectiva lésbica-feminista salvadoreña de la Media Luna, una propuesta lésbica entre un movimiento mayoritariamente heterosexual. Jules Falquet, académica feminista y lesbiana francesa, recuerda el inicio de la Colectiva de esta forma: “Después del Primer Encuentro Centroamericano de Mujeres ‘Una nueva mujer, un nuevo poder’ en Nicaragua, y tras haber participado en un taller sobre lesbianismo, Vilma, Dilcia y yo [excombatientes y del movimiento social] regresamos con la inquietud de hacer algo. Así iniciamos a contactar lesbianas de diferentes sindicatos y movimientos sociales” (entrevista personal 2017).

La vida organizativa de la Media Luna se puede ubicar entre finales de 1992 y 1996. Se caracterizó por ser un grupo de discusión feminista y lesbofeminista, con una orientación hacia las artes, el debate y el convivio. Resulta difícil hacer un estimado del número exacto de sus integrantes, pero se habla de un grupo fijo de seis a 15 mujeres, entre ellas, activistas, profesionales, estudiantes y, ocasionalmente, dos mujeres indígenas de occidente. No obstante, al momento de realizar actividades de índole festivas, se lograban reunir hasta 50 mujeres.

Su manera de convocarse fue por medio del boca a boca en una acción en cadena, manteniendo el perfil “clandestino” de la agrupación, por su seguridad. Los puntos de reunión eran apartamentos y casas particulares de las propias integrantes-organizadoras, principalmente la  de Jules, ubicada en la Colonia Flor Blanca. En estos encuentros se desarrollaban talleres sobre feminismo, donde se incluían temáticas y talleres de identidad lésbica: la mujer lesbiana como sujeta política necesaria al interior del contexto salvadoreño y formas de discriminación existentes. Se mencionan, además, pequeños eventos públicos donde la identidad de las organizadoras se mantenía en secreto, incluyendo tertulias de poesía en La Luna Casa y Arte, y talleres sobre lesbianismo en la sede de Las Dignas, en el marco de una proto-conmemoración de lo que actualmente conocemos como orgullo LGBTI+ en el mes de junio.

Lesbianas, feminismo y escándalo público
Para el año 1993, el naciente movimiento feminista salvadoreño de posguerra había asumido, pese a las desconfianzas y temores del movimiento feminista latinoamericano y caribeño, la organización y realización del VI Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe (VI-EFLAC). Entre las organizadoras había miembros de La Media Luna. Los recelos de las feministas extranjeras se concretizaron con la ejecución de un escándalo público mes y medio antes de la realización del encuentro.

Promoción del escándalo público. Fuente: El Diario de Hoy, 07 de noviembre de 1993. Cortesía de Amaral Arévalo.
 
Promoción del escándalo público. Fuente: El Diario de Hoy, 07 de noviembre de 1993. Cortesía de Amaral Arévalo.

El escándalo inició el 17 de septiembre de 1993 por medio de una publicación que denunciaba la realización de una “convención de homosexuales” que se amparaba bajo el “propósito-disfraz” de ser un congreso feminista. Sin embargo, se asume que su “objetivo verdadero”, según los medios, era la organización de homosexuales y lesbianas de Centroamérica. La realización de dicha “convención”, según los conservadores, pondría en riesgo “las bases de la moral y las buenas costumbres de la familia salvadoreña, además del peligro de propagar el sida”. El estigma se hizo presente al asumir que dicho encuentro promovería la homosexualidad y la propagación de sida en el país, insinuando públicamente que estos males los promovería la Media Luna.

La publicación del nombre de la Media Luna tuvo serias repercusiones. Su revelación hizo revivir entre las integrantes de dicha colectiva, las organizadoras del evento e incluso las mismas participantes del VI-EFLAC, el miedo a que se reactivaran los escuadrones de la muerte en su contra. En este caso, no era infundado; en el contexto de posguerra, el asesinato selectivo era una posibilidad.

Los ataques contra el VI-EFLAC continuaron durante todo el mes de octubre de 1993. Los hoteles y ranchos de playa contratados para alojar a las participantes incumplieron los contratos firmados con las organizaciones locales por miedo a represalias en su contra, las organizadoras recibieron amenazas telefónicas, y circuló en medios televisivos un campo pagado que mostraba una mano negra, que hacía alusión al sida, enfermedad que sería propagada durante el VI-EFLAC. Bajo este contexto, no sorprende que las participantes del encuentro tuvieran impedimentos hasta el último momento, como sucedió con la retención de pasaportes de 105 mujeres por casi 7 horas en el aeropuerto de Comalapa. Como acto de resistencia, las mujeres “recluidas” decidieron iniciar el evento allí mismo entonando canciones y pronunciamientos.

Feministas recluidas en el aeropuerto de Comalapa. Cortesía de Nicola Chávez Courtright.
 
Feministas recluidas en el aeropuerto de Comalapa. Cortesía de Nicola Chávez Courtright.

La Media Luna se había utilizado como chivo expiatorio para impedir la realización del VI-EFLAC.  No obstante, a pesar de la gravedad de la situación, el 23 de octubre de 1993, la Colectiva efectuó la primera manifestación pública de una agenda política de la disidencia sexual y de género en El Salvador, de donde nació la Boletina Luna de Miel.

Luna de Miel: “¡Somos más que dos lesbianas!”

Las lesbianas estamos en todos lados y en todas partes: con la formación de nuestro grupo estamos dejando constancia de ello, todas nosotras, salvadoreñas, demostrando que no estamos solo en los países desarrollados, sino que también aquí en el campo y la ciudad, indígenas, profesionales, estudiantes, obreras.”- página 3 de La Boletina Luna de Miel.

Desde sus inicios, la creación de una Boletina se había contemplado como una herramienta dentro de la Media Luna para generar comunidad entre lesbianas y compartir los principales “nudos” de discusión entre el grupo. Impulsada por Jules, se empezaron a recopilar textos, imágenes y artículos que pudieran servir de materia prima para la primera edición. El proceso de maquetar y producir la Boletina se aceleró a medida que se acercaba la fecha del encuentro, ya que las integrantes de la Media Luna vieron allí la posibilidad de compartir sus procesos organizativos con la comunidad latinoamericana a través de la venta de ejemplares, lo que representaba a su vez una fuente de ingresos para esta colectiva.

El formato de la Boletina se asemejaba al de un fanzine: una colección de escritos de diversos géneros impresos, cortados y pegados sobre papel, junto con imágenes ilustradas a mano y recortadas de revistas. Todo esto para ser fotocopiado masivamente, generado así una publicación que hacía uso de la sombra y del alto contraste, fácil de distribuir y transportar—y a la vez doblar y ocultar si hacía falta.

La página introductoria de la Boletina Nº1 alude a la coyuntura tensionada de su publicación, “A pesar de los obstáculos y del temor a arriesgar nuestra integridad física y sicológica, hemos decidido romper el silencio […], recalcando la importancia de empezar a hablar claramente de la sexualidad en general y del lesbianismo en particular”. Entre las amenazas que recibían en esos momentos y el temor a sufrir represalias en sus vidas personales y laborales, se tomó la decisión de no revelar la autoría de ninguno de los escritos. Sin embargo, por el tono y la redacción, se demuestra claramente la participación de varias mujeres con distintas inquietudes y perspectivas dentro del compilado.

Portada de la Boletina Luna de Miel Nº1. Cortesía de Nicola Chávez Courtright y Jules Falquet.
 
Portada de la Boletina Luna de Miel Nº1. Cortesía de Nicola Chávez Courtright y Jules Falquet.

Los textos eran una mezcla de poesía, crónica, reflexiones, entrevistas y análisis sobre la sexualidad y el lesbianismo. Muchas de las crónicas y poemas hablan desde lo personal sobre el amor imposible y del deseo, pero las entrevistas anónimas y reflexiones internas recopilan los esfuerzos por buscar puntos en común en cuanto al deseo femenino fuera de la heterosexualidad. Uno de los textos que destaca es la síntesis de las conversaciones desarrolladas en la Colectiva sobre lo que implicaba ser lesbiana en la posguerra, incluyendo cuestiones muy complejas, como la distribución del poder en relaciones llevadas en la clandestinidad y el temor a reducirse la identidad netamente a lo lésbico en caso de que llegaran a salir del clóset.  Aun en lo que se autoreconoce como los inicios un movimiento diverso, el texto comparte la aspiración de vivir en un mundo donde la sexualidad no tendría por qué ser clasificada.

Entre los debates teóricos de la Boletina está un artículo sobre la “libre opción sexual”, el cual explora la plasticidad del deseo. Esto es un cuestionamiento al concepto de la sexualidad en sí, haciendo un llamado a todas las feministas y no sólo a las lesbianas de no tomar por sentadas las relaciones íntimas, reconociendo que existe una gama de atracciones y necesidades sexuales entre todas las preferencias. La interpelación a un público heterosexual a trabajar por un mundo más tolerante también ocurre en un sorprendente artículo sobre la circular 2358 del nuevo catecismo de la Iglesia Católica, el cual apela a la jerarquía eclesiástica a no caer en el “reduccionismo religioso” y a respetar la dignidad de los seres humanos. En este sentido, La Boletina revela los fundamentos intelectuales del movimiento lésbico salvadoreño y permite un acercamiento local a ciertos impases teóricos que aún perturban el pensamiento feminista a nivel mundial.

Reflexiones finales
El escándalo público desatado en 1993 no cumplió su objetivo de detener el VI-EFLAC, pero sí tuvo como resultado colateral la satanización de la Media Luna. Las reiteradas veces que aparecieron referencias a la Media Luna en los medios de comunicación del país, atemorizaron a las organizadoras de la colectiva y amedrentó a posibles nuevas integrantes que se esperaba se incorporaran en la realización del VI-EFLAC. La Colectiva de la Media Luna continuó operando en el país por un par de años más, pero su disolución fue inminente cuando las integrantes extranjeras se fueron del país y no se había logrado establecer mecanismos de continuidad al interior de la colectiva, sumado a los pleitos internos y las exigencias en la vida laboral de sus impulsoras nacionales.

A pesar de su brevedad, la Colectiva de la Media Luna tuvo una intensa vida que abrió brechas sociales y políticas. A nivel social, al mostrar la existencia de mujeres salvadoreñas lesbianas, abrieron la discusión a temas que no se hablaban, como el deseo, el poder, la sexualidad femenina, la heterosexualidad obligatoria, la orientación sexual, etc. Mientras que, a nivel político, por medio de la Boletina Luna de Miel, construyeron la primera agenda política de la disidencia sexual y de género en el país que se tiene registro.

En noviembre 2020, El Salvador será sede del XV Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe. Feministas de todas las Américas se están convocando para discutir temáticas sobre ciudadanía sexual, subjetividades, sexualidad, aborto, arte, racismo, discriminación, educación integral de la sexualidad, neoconservadurismos, fundamentalismos, espiritualidad, entre otros. Después de 27 años de ausencia del país, se espera que este evento sirva nuevamente para profundizar los debates teóricos dentro del feminismo, tanto salvadoreño como a nivel regional, sin dejar a un lado el protagonismo lésbico, que tanto ha aportado al movimiento.

Desde el año 2007, las mujeres lesbianas feministas de América Latina y el Caribe instituyeron el día 13 de octubre para conmemorar el Día Latinoamericano de las Rebeldías Lésbicas, ya que en esa fecha se celebró en México, en el año 1987, el Primer Encuentro Lésbico Feminista. Desde el año 2008, mujeres lesbianas y feministas salvadoreñas han conmemoraron esa fecha al interior del país. Sin embargo, con el afán de rescatar las luchas y los pensares de los inicios del lesbofeminismo en El Salvador, sin dejar la perspectiva continental, hacemos un llamado como investigadores sociales a reapropiarnos de nuestra historia y recordar que, en medio de amenazas y el temor de ser asesinadas, un colectivo de mujeres lesbianas tuvo la audacia de publicar una Boletina como acto político para manifestar su existencia histórica, social y sexual. En tal sentido, para abrir un debate, proponemos considerar el 23 de octubre como Día de la Rebeldía Lésbica Salvadoreña.


*Amaral Arévalo es vicepresidente de la Fundación Igualitxs y estudiante de postdoctorado del Instituto de Medicina Social/Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

*Nicola Chávez Courtright es Cofundadora de AMATE El Salvador y estudiante de doctorado en la University of Southern California, EEUU.

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Columnas Fri, 11 Oct 2019 11:48:34 +0100 https://elfaro.net/es/201910/columnas/23709/Rebeldía-lésbica-salvadoreña-del-escándalo-público-a-la-creación-de-una-agenda-política.htm
Ahí está el puente http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_1745_1099_2476/images%7Ccms-image-000032339.jpg https://elfaro.net/es/201910/el_farolero/23707/Ahí-está-el-puente.htm La mirada de Otto a la construcción del puente sobre el río Torola. El Farolero Thu, 10 Oct 2019 16:43:53 +0100 https://elfaro.net/es/201910/el_farolero/23707/Ahí-está-el-puente.htm Educación: el mismo presupuesto solo generará los mismos resultados - Por Óscar Picardo Joao https://elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg https://elfaro.net/es/201910/360grados/23706/Educación-el-mismo-presupuesto-solo-generará-los-mismos-resultados---Por-Óscar-Picardo-Joao.htm 360 grados Wed, 09 Oct 2019 11:47:10 +0100 https://elfaro.net/es/201910/360grados/23706/Educación-el-mismo-presupuesto-solo-generará-los-mismos-resultados---Por-Óscar-Picardo-Joao.htm El viaje como libertad - Por Sergio Ramírez https://elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg https://elfaro.net/es/201910/360grados/23705/El-viaje-como-libertad---Por-Sergio-Ramírez.htm 360 grados Wed, 09 Oct 2019 11:45:06 +0100 https://elfaro.net/es/201910/360grados/23705/El-viaje-como-libertad---Por-Sergio-Ramírez.htm El absurdo del descanso para las mujeres trabajadoras http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000032333.jpg https://elfaro.net/es/201910/columnas/23704/El-absurdo-del-descanso-para-las-mujeres-trabajadoras.htm Es absurdo hablar de más días de descanso completo con la propuesta de flexibilización de días y horarios laborales, porque las mujeres, de todas maneras, deberán trabajar todos los días. Con las celebraciones de la independencia, la firma del acuerdo bilateral de cooperación entre Estado Unidos y El Salvador y los 17 homicidios registrados el 20 de septiembre, la reinstalación del Consejo Superior del Trabajo (CST) el pasado 16 de septiembre tuvo poca cobertura mediática y es importante debatir sobre lo que ahí va a discutirse. 

El CST tiene como objetivos generales asesorar políticas sectoriales de empleo en el país y ser un espacio de diálogo social entre representantes de la población trabajadora sindicalista, la empresa privada y el gobierno. Los puntos por discutir en este órgano consultivo incluyen la política nacional de empleo, la evaluación de una reforma de pensiones, la actualización de leyes laborales y una propuesta de flexibilización de días y horarios laborales.

Si bien aún no ha sido presentada una propuesta formal ante el CST, el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Luis Cardenal, ha sugerido una propuesta de flexibilización que contemplaría que las empresas amplíen sus horarios para que la población trabajadora realice todas las horas laborales semanales en cuatro o tres días y medio. Además, el Secretario de Comercio e Inversiones, Miguel Kattán, aseveró que desde el gobierno también se elaboraría una propuesta, y el titular del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS), Rolando Castro, declaró que esta se evaluaría en el Consejo.

Con el esquema flexible planteado, si se considera la semana laboral de 44 horas, las personas deberán trabajar jornadas de 11 horas diarias. Aprobar la proposición significaría reformas a la Constitución y al Código de Trabajo, que establecen la jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno por un máximo de ocho horas.

¿Qué sucedería si las personas solo tuvieran que ir a sus trabajos cuatro o tres días y medio a la semana?

Según Cardenal, esta propuesta permitiría que las mujeres que trabajan en las maquilas laboren cuatro o tres días y medio y el resto de los días de la semana “descansen” dedicándose al hogar y al cuidado de personas dependientes de todas las edades (menores de edad, personas de la tercera edad, personas enfermas, personas con discapacidad, entre otras).

Sin embargo, para analizar los efectos que la flexibilización de días y horarios laborales tendría en la población trabajadora es importante tomar en cuenta el uso del tiempo; es decir, la cantidad de horas diarias o semanales dedicadas al trabajo remunerado, al trabajo no remunerado y a las actividades personales.

La Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2017 (EUT) para El Salvador demuestra que el uso del tiempo está condicionado por el sexo, la edad, los ingresos y otras características sociodemográficas.

Según la EUT 2017, las mujeres que tienen un trabajo remunerado dedican adicionalmente 03:48 horas diarias al trabajo doméstico y de cuidados, actividades por las que no reciben remuneración. Entonces, de manera general, si se aprobara la propuesta de flexibilizar los días y horarios laborales, las mujeres tendrían que trabajar 10 u 11 horas de forma remunerada más cuatro horas de forma no remunerada; lo cual se traduce en una carga global de trabajo de 14 o 15 horas diarias.

Si se cumplen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la National Sleep Foundation (NSF) de que la población adulta entre 18 y 64 años debería tener al menos 7 horas de sueño, la propuesta de flexibilización implicaría que, entre trabajar y dormir, a las mujeres trabajadoras les quedarían 2 o 3 horas al día para comer y beber, cuidados personales, desplazarse de un lugar a otro, estudiar, hacer ejercicio, utilizar las redes sociales, leer, ver televisión, convivir con otras personas y recrearse. 

Es absurdo hablar de más días de descanso completo con la propuesta de flexibilización de días y horarios laborales, porque las mujeres, de todas maneras, deberán trabajar todos los días; aunque hayan cumplido con las 44 horas laborales remuneradas en cuatro días, deberán realizar al menos cuatro horas de trabajo doméstico y de cuidados en sus hogares, el cual tiene una premura diaria. El trabajo doméstico y de cuidados no puede realizarse con anticipación o acumularse como horas extraordinarias, bajo la lógica mercantil; el cuidado de hijas e hijos y de otras personas dependientes, los tiempos de comida y la limpieza de la vivienda, deben realizarse a diario y en horarios específicos. Es por ello que, independientemente de la cantidad de días que las mujeres tengan que trabajar fuera de casa, igual tendrán que hacerlo todos los días dentro de casa. Esto es así porque el trabajo en la esfera del hogar obedece a las necesidades para la reproducción de la vida, mientras que el trabajo en la esfera del mercado obedece a una demanda. Se trata de razonamientos económicos diferentes. 

Además, en el contexto salvadoreño de rebusca, integrantes del CST han reconocido que al flexibilizar los días y horarios laborales lo que sucedería es que la población ocupada trabajaría cuatro o tres días y medio en un lugar y buscaría completar la semana laboral en otro, con el fin de obtener más ingresos. Esto implicaría que las personas trabajadoras tendrían tiempos de descanso mínimos.

En un escenario donde las mujeres tengan dos trabajos remunerados de 10 u 11 horas diarias cada uno, más las 27 horas semanales de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, en total trabajarían más de 97 horas semanales, lo cual significaría un desgaste físico, mental y emocional. Flexibilizar los días y horarios laborales tendría efectos inmediatos en la salud, deteriorando la calidad de vida de la población trabajadora, la cual sería más vulnerable a padecer enfermedades profesionales y afectaciones psicosociales asociadas al trabajo. La lista de enfermedades profesionales reconocidas por la Ley se encuentra en el Art. 322, se trata de una lista de 129 enfermedades. La legislación no considera, sin embargo, ninguna enfermedad relacionada con causas psicosociales.

El origen de este problema es estructural y se debe a la desvalorización y no remuneración del trabajo doméstico y de cuidados, que no es concebido como trabajo y se encuentra fuera de la frontera de producción del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), aunque cumple con todos los criterios que lo califican como trabajo: proceso de transformación de materias primas en bienes terminados o la producción de servicios. En fin, actividades que causan a las personas que las realizan un desgaste físico, mental y emocional.

Una propuesta como la sugerida no toma en cuenta que la carga global de trabajo de las mujeres inicia en casa, horas antes de que abran los lugares de trabajo, y termina mucho después de que estos han cerrado. El trabajo doméstico y de cuidados no es descanso, es trabajo. Además, la proposición no considera que hay lugares de trabajo que ya funcionan con horarios ampliados, a pesar de que las personas trabajadoras han solicitado que estos se reduzcan a la jornada ordinaria, debido a los riesgos que conlleva regresar tarde a sus hogares.

A nivel nacional, el tiempo promedio de trabajo remunerado semanal de las mujeres es de 47:36 horas, siete horas menos que los hombres, cuyo promedio es de 54:36 horas. Estos valores superan las 44 horas semanales porque comprenden los tiempos de traslado asociados al trabajo. Sin embargo, según la EUT 2017, a nivel nacional, la carga global de trabajo de las mujeres ocupadas es de 75:36 horas semanales, mientras que la de los hombres ocupados es de 69:04 horas semanales; una brecha de 06:32 horas semanales. El trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, y socialmente asignado a las mujeres, es lo que aumenta su carga global de trabajo. Las mujeres ocupadas dedican semanalmente 26:39 horas al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, mientras los hombres ocupados dedican 11:21 horas; esto es equivalente a una brecha de 15:18 horas semanales.

El trabajo doméstico y de cuidados está distribuido de manera desigual tanto entre mujeres y hombres, como en la sociedad, entre familias, empresas y Estado. Es importante que este trabajo sea valorizado y remunerado como actividad productiva que aporta a la economía del país. Según datos del Banco Central de Reserva (BCR), en 2010 el valor del trabajo doméstico, de cuidados y trabajo voluntario fue de 3,925 millones de dólares estadounidenses, lo cual representó 21 % del Producto Interno Bruto (PIB).

La desigualdad en la carga global de trabajo debe considerarse en cualquier anteproyecto de reforma de legislación laboral y de previsión social. En ese sentido, el CST debería tener en su agenda promover la aprobación de la Política de Corresponsabilidad de los Cuidados en El Salvador, la cual quedó en abandono con el reciente cierre de la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia. Además, debe evaluarse la viabilidad contra las repercusiones de la flexibilización laboral, contemplando las condiciones bajo las cuales ya se encuentra la población trabajadora y escuchando sus necesidades. En cualquier propuesta de reforma, las personas trabajadoras no deberán verse afectadas en sus beneficios legales.

El CST debe funcionar como verdadero espacio de diálogo social, garantizando en cada negociación los intereses de la población trabajadora, la cual históricamente ha tenido que conquistar sus derechos. El análisis de cualquier propuesta de legislación laboral y de previsión social debe hacerse desde los derechos laborales, los derechos de la mujer, los derechos humanos. En fin, desde la dignidad humana. Además, debe considerarse que la forma en que se usa el tiempo impacta en la calidad de vida de las personas y su bienestar, por lo que el trabajo debe ser un medio de vida digna y no un fin de vida.

Magaly Romero Brunet estudia último año de la Licenciatura en Economía de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”. Tiene formación en género y economía política. Cuenta con experiencia en investigación  sobre temas de desarrollo humano y en la facilitación de procesos de formación sobre análisis de la realidad.  Recientemente participó en la investigación y mediación pedagógica para una escuela de líderes de la National TPS  Alliance. Actualmente es investigadora en temas de derechos humanos.
 
Magaly Romero Brunet estudia último año de la Licenciatura en Economía de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”. Tiene formación en género y economía política. Cuenta con experiencia en investigación  sobre temas de desarrollo humano y en la facilitación de procesos de formación sobre análisis de la realidad.  Recientemente participó en la investigación y mediación pedagógica para una escuela de líderes de la National TPS  Alliance. Actualmente es investigadora en temas de derechos humanos.

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Columnas Wed, 09 Oct 2019 11:32:50 +0100 https://elfaro.net/es/201910/columnas/23704/El-absurdo-del-descanso-para-las-mujeres-trabajadoras.htm
El maíz amargo del Ixcán Roberto Valencia | Fred Ramos (fotos) | Mónica González (vídeo) http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000032317.jpg https://elfaro.net/es/201910/centroamerica/23700/El-maíz-amargo-del-Ixcán.htm Toneladas de cereales atraviesan cada día el paso de Nuevo Orizaba / Ingenieros, uno de los ocho accesos formales que comparten México y Guatemala a lo largo de una frontera agujereada por decenas de pasos ciegos. El tráfico ilegal de grano, que perjudica gravemente a la economía guatemalteca, se produce a la luz día, con absoluta impunidad. Ir al especial: https://especiales.elfaro.net/es/frontera_sur/el_maiz_amargo

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Centroamérica Sat, 05 Oct 2019 10:54:09 +0100 https://elfaro.net/es/201910/centroamerica/23700/El-maíz-amargo-del-Ixcán.htm
El puente construido en Twitter todavía no existe en Torola http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000032311.jpg https://elfaro.net/es/201910/el_salvador/23702/El-puente-construido-en-Twitter-todavía-no-existe-en-Torola.htm A inicios de junio, el presidente Nayib Bukele tuiteó que la construcción de un puente sobre el río Torola comenzaría en un máximo de tres días y el MOP prometió entregarlo en 45. En la gestión pública real, la orden no se materializó sino hasta el 18 de septiembre. Basta con ir hasta las orillas del río Torola para descubrir que en la zona nunca creyeron en esos plazos y que el detonante que justificó la obra es falso.
Teofilo Guevara de 55 años, cruza el río Torola para adentrarse al municipio de San Isidro, Morazán. Foto de El Faro | Fred Ramos. 
 
Teofilo Guevara de 55 años, cruza el río Torola para adentrarse al municipio de San Isidro, Morazán. Foto de El Faro | Fred Ramos. 

Teófilo Guevara tiene largo rato viendo el río Torola. En la mano lleva una vara y mira la corriente como quien calcula fuerzas. Es un hombre de 55 años, delgado y tostado por el sol. Se quita el pantalón, lo mete en su mochila, queda en calzoneta y empieza a clavar su vara en el agua para medir profundidad. A medio río, una de sus piernas queda atrapada entre las rocas del fondo y la corriente le mueve el cuerpo entero. Intenta salir y, con trabajo, lo logra. Cruza al otro lado. Ya está en San Isidro y el trayecto le ha dejado raspones en la rodilla y muslo izquierdo. 

“No es de broma hacer un puente. Tienen un gran trabajal”, dice más tarde frente a unos trabajadores del Ministerio de Obras Públicas (MOP) que, a la orilla del río, apilan piedras con una máquina retroexcavadora. Hace más de 80 días, el nuevo Gobierno prometió construir aquí un puente en tiempo récord, en un máximo de 45 días, aseguró el MOP en la primera semana de la gestión Bukele. De haberse concretado como lo prometió la propaganda gubernamental, Teófilo ahora tendría la camisa seca, no tendría ningún rayón en sus piernas y la obra sería toda una hazaña, según expertos en ingeniería. Pero lo cierto es que la construcción del puente sobre el río Torola se adjudicó apenas a inicios de septiembre, según documentos oficiales obtenidos por El Faro. 

El puente, para Teófilo, sin lugar a dudas es una necesidad. Como lo es para los habitantes de este pueblito escondido entre las curvas de Morazán. Este es un municipio pequeño de 2,800 habitantes que no está acostumbrado a ser noticia. No tiene fiesta grande ni personaje vistoso que lo haga estar en la conversación nacional. Pero, desde junio, cuando se prometió el puente, su nombre no ha dejado de sonar en los medios y en las cuentas en redes sociales del Gobierno.

En la mochila, Teófilo carga una lámpara y una varilla de hierro envueltas en nylon, “para que no se mojen”. Teófilo venía de Torola, donde vive su señora, pero su casa está en San Isidro. La división entre su amor y su solar es el río. Por eso cruza este 30 de agosto, como lo ha hecho por años. 

El hombre, que ha vivido toda su vida entre estas montañas y a las orillas del río, dice que no hay que confiarse, que el Torola es traicionero. Cuenta de algunos borrachos que, decepcionados de la vida, se han dejado arrastrar por la corriente o de adultos que hace años se cayeron de “la maroma”. La maroma es un cable que los viajeros entre San Isidro y Torola usan para cruzar cuando el río está crecido. 

Que el río mata gente y que la gente muere por la falta de un puente fue el gancho del que se agarró el Gobierno para prometer la obra en tiempo récord. El 4 de junio, Maria Chichilco, la ministra del nuevo Ministerio de Desarrollo Local, le comunicó una tragedia al presidente Bukele. Le contó, por twitter, que “dieciocho niños han muerto porque no había un puente entre Villa El Rosario y San Isidro y no pudieron llegar a tiempo al hospital”.  Ese tuit activó cientos de mensajes de tristeza y rabia por la injusticia de tantos niños muertos. “Me sacó unas lágrimas saber esto”, respondió un usuario. 25 horas después, el presidente de la República le respondió a Chichilco. Y no le respondió con cualquier mensaje: le presentó la solución a tanta muerte con un render de cómo quedaría el puente.  

En redes sociales, esta obra fue celebrada como el primer signo de la inmediatez con la que actuaría el Gobierno. El presidente dijo que la obra se empezaría a construir en tres días, pero para entonces faltaban tres meses para que se completara la licitación de la empresa que lo construirá. 

Mientras, en San Isidro nadie da razón de los 18 niños muertos. No se consiguen sus familias ni sus nombres, sus edades, o el año en el que murieron. Y el puente, catalizado por la tragedia mediática y prometido para el 20 de julio, aún no existe. 

Alumnos de parvularia  de la escuela del caserío El Copante juegan trompo la mañana del 30 de agosto del 2019. El catalizador de la obra del puente fue el supuesto fallecimiento de 18 niños. Las alcaldías de San Isidro y de Torola no registran ninguna tragedia de esa magnitud. Foto de El Faro | Fred Ramos
 
Alumnos de parvularia  de la escuela del caserío El Copante juegan trompo la mañana del 30 de agosto del 2019. El catalizador de la obra del puente fue el supuesto fallecimiento de 18 niños. Las alcaldías de San Isidro y de Torola no registran ninguna tragedia de esa magnitud. Foto de El Faro | Fred Ramos

Una mentira, una propaganda, una obra pública 

Alexander Guevara es un hombre corpulento, amable y platicón. Es el director de la escuela del caserío El Copante, cercano al río y síndico municipal en la alcaldía dirigida por el arenero Julio Franco. El lunes 3 de junio estaba trabajando con los niños en su jornada normal, cuando de la alcaldía le llamaron a una reunión urgente porque había gente del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) que, sin previo aviso, lo buscaban. “No, atiéndalos usted”, le dijo a la secretaria de la alcaldía. 

Luego recibió otra llamada, donde le repetían que llegara porque las autoridades tenían que estar. Él no entendía la insistencia. Usualmente llegan funcionarios del FISDL y sin alboroto. 

Le necesitaban para recibir a la ministra Chichilco. 

María Chichilco es excombatiente de las Fuerzas Populares de Liberación (FPL), una de las organizaciones que conformaron el FMLN. Peleó en la guerra y fue comandante de una célula guerrillera. Fue diputada, pero se alejó del partido y de la política en protesta por lo que consideró un desvío en el FMLN, lo que la convirtió en una suerte de conciencia crítica de la misma izquierda. Cuando el “gobierno del cambio” de Mauricio Funes ganó en 2009, regresó como viceministra de Gobernación, hasta 2011. De su pasado guerrillero hay un documental en el que se le retrata como una mujer pobre, guerrera y justa. En el nuevo Gobierno, esos atributos son reforzados por las cuentas oficiales en una campaña que la perfilan como la principal emisaria de Nayib Bukele allá donde los gobiernos anteriores “nunca” llegaron. En su primer día de trabajo, la persona encargada de sus redes sociales, subió una fotografía de ella preparando sus zapatos a las 4:45 a.m. El fondo de la foto es una cesta de mimbre de las que se usan para ir al mercado. “Como usted me lo indicó, señor presidente Nayib Bukele, estoy lista para iniciar mi primer día de trabajo junto a mi jefe, el pueblo salvadoreño”, decía el texto que acompañaba la foto.

Al tercer día de Gobierno, y con el elemento de la sorpresa, María Chichilco llegó a San Isidro y se reunió con el síndico Guevara. “Nosotros venimos acá porque a San Isidro lo hemos catalogado como uno de los más pobres del país”, recuerda que le dijo Chihilco. San Isidro es el municipio con prioridad número uno en la Estrategia de Erradicación de la Pobreza 2017. En un video institucional que hace resumen del primer día de trabajo de María Chichilco, se lee: “San Isidro, en Morazán, es uno de los municipios más pobres de El Salvador, cuenta con las peores condiciones de vida para sus habitantes”. Según el índice de desarrollo humano municipal de 2009 hecho por el PNUD, San Isidro es uno de los municipios con desarrollo humano más bajo. Después de él hay otros 14 municipios en peores condiciones. 

 Después de tantos estudios, sobre San Isidro ya hay claridades sobre las principales necesidades, pero la nueva ministra llegó con inquietudes. “Dígame lo que más les está haciendo daño”, le dijo al síndico. Y así, Alexander Guevara mencionó tres prioridades: Primero le explicó que tienen problemas de agua, que cae cada seis u ocho días. El segundo problema fue el estado de la calle hacia el municipio cercano, San Simón. Un cruce sano sobre el río Torola apareció como tercera opción, pero para la alcaldía la necesidad era una “pasarela”, no un puente. Por décadas, los habitantes de esta zona han atravesado el río a través de un cable y una garrucha, la “maroma”, la versión rústica del canopy por el que pagan turistas en otros lugares.

Alex y la ministra Chichilco fueron hacia el río, vieron la maroma, se abrazaron y posaron para las cámaras. En otro video publicado en la cuenta del FISDL, un piano suena de fondo mientras aparece en texto una frase que, en teoría, es de María Chichilco: “Los habitantes me pidieron un cable nuevo para cruzar el río. Sabía que el presidente Bukele me llamaría la atención si hacía eso porque los salvadoreños merecen mucho más, entonces les dije que juntos construiríamos un puente”. 

 El alcalde Julio Franco dice que la ministra se confundió. Que en San Isidro no pidieron un cable: “En otro pueblo le pidieron cable, nosotros le planteamos la (necesidad de) pasarela de un solo. Pero ella fue clara en decir que si había contrapartida, ella sí le echaba mano si no, no. Yo agarré ese compromiso. La alcaldía va a invertir entre 40 y 50 mil dólares”, explica a través de una llamada telefónica.

Un día después de la visita, la cuenta de María Chichilco le tuiteó al presidente la problemática de transporte en el pueblo y la pena que le causó el tema de los 18 niños muertos.

“Qué tristeza, cómo pudo el gobierno saliente dejarlos a su suerte, qué dolor e impotencia”, se leía en un tuit de esas fechas. Pero lo que en twitter causó revuelo, en San Isidro causa sorpresa.  Este es un pueblo caluroso y cualquier oficina con aire acondicionado es un oasis, aunque sea temprano por la mañana. La entrada de la alcaldía es uno de esos espacios. Ahí, está reunido un grupo de hombres al que pregunto si alguno conoce a los familiares de los 18 niños muertos por la falta del puente.

—¿Niños? Se han ahogado como tres que yo me acuerdo. De ahí solo gente vieja.

—Bolos—zanja otro. 

—Ahí casi solo viejos se han muerto. Bolos. Y otros que se han decepcionado, que se han matado-dice un tercero. 

En San Isidro, la historia de 18 niños muertos por la falta de un puente también sorprende a Estela Lobos, la encargada del registro familiar de la comuna. Esta es la oficina que emite las partidas de nacimiento y las actas de defunción. Estela intenta acordarse de los casos de menores fallecidos como consecuencia del paso por el río y busca las actas de defunción en su computadora, pero no recuerda tantos. Menciona al menos tres y se compromete a buscar más. Cuatro días después cumple su promesa y dice que en los registros encontró cuatro casos. Una menor ahogada en 1995, otro adolescente del que no tiene fecha, un menor muerto por sumersión en el 2015 y el caso de un joven llamado Kevin, quien presumen se amarró una piedra al cuerpo y se tiró a las aguas del Torola. 

Del otro lado del río hay menos información. Marlen Orellana, la encargada del registro familiar del municipio de Torola, recuerda solo a un adolescente de 17 años que murió en el río en 2015. “Él salió con unos amigos. Alguien que estaba en la otra orilla dice que vio como que se tropezó y se cayó”, cuenta. Pero, hay un detalle, dice la empleada: él falleció entre el río Araupe y el río Torola, “no donde están haciendo el puente”. Orellana sugiere que si se necesita conocer información de personas que han fallecido por cruzar el cable, es mejor consultar en San Isidro. 

En la clínica de San Isidro tampoco saben de dónde salió la cifra de los 18 niños muertos. 

Esmeralda Argueta, la directora de la Unidad de Salud da cuenta de los mismos casos que la registradora Lobos, pero no puede dar fe del número que el Gobierno ventiló.

—El Gobierno habla de niños fallecidos porque no llegaron a un hospital por falta de puente.

—Pero no era porque tenían que ir al hospital, sino porque eran niños que se trasladaban de un extremo al otro para ir a la escuela—responde la médico.

—En la alcaldía han dado registro de cuatro niños que murieron.

—Sí, esa cantidad -confirma la doctora.

Para el 30 de agosto, 83 días después de la orden de inicio de construcción, así lucía el avance de la obra. Foto de El Faro | Fred Ramos
 
Para el 30 de agosto, 83 días después de la orden de inicio de construcción, así lucía el avance de la obra. Foto de El Faro | Fred Ramos

La verdadera construcción del puente sobre el río Torola

El 6 de junio, el Ministerio de Obras públicas anunció un imposible a través de un comunicado. “El MOP invertirá entre $850 mil y $1 millón de dólares y se ha planificado construirse en un tiempo máximo de 45 días”, decía el mensaje. El plazo que el Gobierno se dio venció el 20 de julio. A la fecha, ese comunicado ha sido borrado de las cuentas oficiales del ministerio.  El 10 de junio, cuatro días después de ponerse un plazo límite para construir el puente, el MOP se reunió con los técnicos para resolver el cómo.

En San Isidro, incluso los más optimistas, son prudentes previendo el tiempo que toma la construcción de un puente de esta magnitud. Cuando a Alexander, el profesor y síndico, se le pregunta qué pensó del plazo de los 45 días, responde tranquilo: “Mire, es mentira. ¿Sabe por qué? En todo trabajo siempre hay imprevistos. Nosotros somos conscientes de que este invierno lo pasamos como siempre”. Luego sonríe pensando en el siguiente invierno, el de 2020, con el puente ya instalado. 

Esta es una constante. A la gente de San Isidro no le sorprenden los plazos inmediatistas. Baltazar Reyes, el subdirector del Instituto del municipio es, a la vez, profesor de música. Toca la trompeta un rato y luego cuenta cómo duelen las heridas que provoca agarrarse de la maroma sin guantes. Pero, “las cosas no se hacen de la noche a la mañana”, concluye.

Con la misma calma responde uno de los trabajadores del MOP que custodia “las bases” del puente y se hace llamar Carlos. Bajo el sol del mediodía y frente a las aguas nada claras del Torola, él adivina por qué el Gobierno se apresuró en prometer plazos difíciles de cumplir. “El presidente dio una respuesta inadecuada porque es nuevo. No sabe cuánto toma. Este es un proyecto que toma unos ocho meses”, conjetura.

El 6 de junio, el Ministerio de Obras Públicas lanzó en redes sociales este comunicado, en el que se compromete a culminar la obra sobre el río Torola en 45 días. El documento fue suprimido de las cuentas oficiales del MOP. 
 
El 6 de junio, el Ministerio de Obras Públicas lanzó en redes sociales este comunicado, en el que se compromete a culminar la obra sobre el río Torola en 45 días. El documento fue suprimido de las cuentas oficiales del MOP. 

Cuando se prometieron los tiempos para la construcción de la obra, no se había realizado el sondeo geotécnico de la zona. Uno estudio de este tipo es el que permite conocer el terreno en el que se pretende construir algo para tomar las mejores decisiones de ingeniería. La orden de compra de dicho estudio fue firmada por el ministro Romero Rodríguez Herrera el 14 de junio. A la empresa “Rodio SwissBoring El Salvador” se le dio como plazo diez días para realizarlo. Para entonces, según la promesa, la construcción debía haber empezado seis días atrás.

Los tiempos de una obra de esta magnitud -un puente metálico de cerca de 100 metros- toman más tiempo que lo anunciado, explican expertos. Julio Samayoa es un ingeniero y catedrático de la UCA. Es especialista en diseño de estructura metálica. Al mostrarle el diseño prometido por el presidente en Twitter, considera que solo la estructura metálica, es decir, la parte de arriba del puente, sin contar sus bases, toma al menos un trabajo de 150 días. Es decir, el triple de lo que dijo el MOP.

Además,  la construcción de las bases de una estructura de este tipo, explica el ingeniero, tiene un tiempo mínimo predeterminado: “El concreto tarda en endurecer 28 días. Usted no puede hacer nada antes de los 28 días. Lo coloca y después puede seguir”. Aunque, vislumbra una posibilidad para acelerar procesos: “Se pueden conseguir aditivos que aceleran el endurecimiento del concreto. Son bien caros, pero teniendo la plata se hace”. 

Otro ingeniero también se mostró escéptico ante los tiempos de la construcción. Ricardo Castellanos tiene más de 30 años de experiencia en construcciones y es formador de futuros ingenieros. Él asegura que, siendo optimistas, un puente de este tipo toma como mínimo cuatro meses en temporada seca. Además, sostiene que es preocupante la seguridad de la construcción: “Para empezar, esto no se hace en invierno. Esto es suicidio hacerlo en septiembre u octubre. Esto yo lo empezaría en noviembre. El río Torola es bien traicionero. En una crecida del río le lleva todo (el avance)”. 

Pero, precisamente la inminente llegada del invierno fue uno de los motivos que expuso el ministro Romeo Rodríguez Herrera para declarar urgente la contratación de la construcción del puente. Que la obra sea catalogada como urgente implica que el ministerio puede hacer una contratación directa y reducir los tiempos de una licitación normal. 

La Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) estipula que una obra puede tener la calificación de urgencia siempre y cuando su postergación imponga “un grave riesgo al interés general”. Y el razonamiento del MOP para la contratación directa es que “la postergación (de la construcción) pone en riesgo la vida de las personas que habitan en los referidos municipios”. 

Para otros, el peligro radica en construirlo ahora. El ingeniero Castellanos asegura que por el aumento del cauce del río, es aventurado intervenir durante la temporada lluviosa. Históricamente, septiembre es el mes con más lluvias en territorio nacional, según el Ministerio del Medioambiente y Recursos Naturales. “No creo que una empresa en su sano juicio se meta a construir esto en septiembre y octubre”.

Construcción de las bases del puente, en el río Torola. Foto de Fred Ramos.
 
Construcción de las bases del puente, en el río Torola. Foto de Fred Ramos.

El avance fantasma

“Ahí arriba me preguntan: '¿cómo está el puente?', n'ombre, le digo yo si eso está empezando nada más. Yo ya estoy al tanto que estos trabajos no son de utual a mañana”, dice Teófilo Guevara antes de ponerse el pantalón y empezar su caminata hacia San Isidro. 

Detrás de él, los trabajadores del MOP siguen removiendo piedras del río. Los trabajadores dicen que están levantando uno de los muros del puente. Pero sobre el Torola todavía no hay puente. “Bien se llevan unos seis meses de barato”, juega a calcular Teófilo. Luego, se despide y mientras se pone su ropa seca empieza a tararear “Por qué me hacés llorar” de Juan Gabriel.

 Un mes antes, la cuenta de la ministra Chichilco había respondido a Patrick Murray, un usuario de Twitter, que “el puente ya cuenta con el 40% de avance”. Para entonces, tampoco había ninguna construcción sobre el Torola. Es decir, cuando la ministra, el 24 de julio, dijo en su cuenta de twitter que el puente ya estaba avanzado, el MOP ni siquiera había firmado la resolución que permitía la contratación directa de la empresa que construiría la obra.

En realidad, hasta el dos de septiembre de 2019 hubo una empresa seleccionada para construir el puente: “Construcción, Transporte y Terracería Serrano, S.A de C.V”, mejor conocida como CONTRASTES. El pago por la construcción es de $646 mil dólares. Desde 2011, la empresa contratista tiene experiencia brindando a instituciones del Estado otros tipos de servicios. Hay registros de licitaciones que ellos han ganado para la construcción de bóvedas, obras de mitigación, mantenimiento de vías y mejoramientos de caminos rurales. 

CONTRASTES, de acuerdo con el Centro Nacional de Registros, es una empresa constituida en 1998, dedicada a proyectos de construcción. De acuerdo con el contrato que firmó el 2 de septiembre, el MOP le dio a la empresa un plazo de 90 días para ejecutar la construcción. 

Se contactó vía telefónica y por correo electrónico con Karla Serrano, la administradora única suplente de CONTRASTES.  Ella se limitó a responder: “Ya tenemos la orden de inicio. Esperamos terminar el proyecto en el tiempo, ese es el compromiso que asumimos al participar”.  Esta orden es una formalidad que brinda el administrador del contrato. Es el banderillazo de salida para una carrera en la que tienen noventa días. 

La orden de inicio fue dada por el administrador del contrato el 18 de septiembre, 102 días después de la orden de inicio de construcción que el presidente Bukele dio en Twitter. El nuevo plazo para la construcción del puente, el plazo que no está en las redes, finaliza el 17 de diciembre. 

Hasta esa fecha, si se cumple el calendario, los habitantes de San Isidro seguirán cruzando el Torola por medio de “la maroma”, porque la fase más copiosa de la temporada de lluvias ya ha comenzado, y porque la promesa de un puente en 45 días quedó demostrado que fue tan solo un mito. 

En la alcaldía del municipio, recién el 13 de septiembre se estaban licitando algunos materiales para la construcción del puente. El alcalde Julio Franco asegura que la empresa constructora llegó en la segunda semana de septiembre a trabajar ya con sus máquinas. El 19 de septiembre, el MOP anunció que ya estaban trabajando en las bases del puente.

Patrick Murray, el usuario de Twitter que dos meses antes había preguntado a la ministra Chichilco por los avances, se mostró sorprendido: “¡¿Apenas las bases?! Si a mí, con toda seguridad y certeza, la propia María Chichilco me dijo (...) que el puente llevaba un 40% de avance. No creo que sean capaces de mentir de tal manera”, se lee en el tuit en el que se adjunta la respuesta que había dado la cuenta oficial de la funcionaria. 

En resumen, el puente será una realidad, pero la propaganda de esta construcción ha sido más efectiva que su propia ejecución. “Digamos que el proyecto ya está en un 50%.”, dice el alcalde Julio Franco. Consultado sobre cómo puede haber avance de la mitad de la obra cuando ni siquiera están construidas las bases del puente, responde: “Mirá, el traslado del material de San Salvador a San Isidro tiene un costo. Haber comprado ese material ya es inversión adelantada”. Luego, hace un símil un tanto extraño para un puente: “Es como cuando yo ya compré la tela y solo me falta hacer el vestido”. Allá, en San Isidro, solo falta hacer el puente. 

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El Salvador Fri, 04 Oct 2019 18:37:01 +0100 https://elfaro.net/es/201910/el_salvador/23702/El-puente-construido-en-Twitter-todavía-no-existe-en-Torola.htm
Educación: el mismo presupuesto solo generará los mismos resultados http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000025877.JPG https://elfaro.net/es/201910/columnas/23699/Educación-el-mismo-presupuesto-solo-generará-los-mismos-resultados.htm La mejor radiografía para conocer una institución o sistema educativo es su presupuesto. En efecto, a partir de los montos asignados a partidas específicas podemos valorar las prioridades y el enfoque de la institución. En la película Todos los Hombres del Presidente, “Garganta profunda”, la fuente de los periodistas del Washington Post, Bob Woodward y Carl Bernstein, en el caso Watergate, les aconseja “seguir el rastro del dinero”. Ciertamente el presupuesto -con sus bemoles- nos habla de quiénes son los gobernantes, cuáles son sus intenciones, sus apuestas estratégicas y, en no pocos casos, revela si hay o no corrupción.

En 2002, cuando finalizamos el último módulo del posgrado en Finanzas Educativas sobre Financial Management of Nonprofit Organizations en Harvard University, el profesor James Honan nos insistió en que la mejor radiografía para conocer una institución o sistema educativo era su presupuesto. En efecto, a partir de los montos asignados a partidas específicas podemos valorar las prioridades y el enfoque de la institución. Pasemos a un plano más doméstico para comprender la hipótesis de Honan: si en su presupuesto familiar la cuota del vehículo es más alta que la cuota de escolaridad de su hijo, ya sabemos cuál es su prioridad.

En los sistemas educativos, por ejemplo, a nivel universitario, también podemos observar de manera recurrente cómo los presupuestos de investigación son generalmente los rubros más bajos, y esto corresponde a la situación precaria de calidad científica, a la falta de doctores e ingenieros, limitadas patentes y otros indicadores de calidad científica. Siempre que he evaluado universidades solicito el presupuesto y, en pocos minutos, al observar las gráficas de distribución uno puede obtener un diagnóstico rápido sobre los intereses, desafíos y apuestas de la institución; los cuales se reducen a aspectos administrativos y docentes, en un monto que fácilmente supera el 70 %. También en los colegios los salarios de los docentes no reflejan la importancia capital que se les da en los discursos: los docentes son el techo de la calidad, son el factor determinante, pero eso no se nota en lo que ganan.

Veamos ahora el presupuesto del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 2020. En primer lugar, debemos realizar una comparación –levemente odiosa– con el presupuesto anterior para situarnos dónde estamos parados y qué cambios hay con el nuevo gobierno:

Tabla elaborada por el autor a partir de información publicada en el portal de transparencia del Ministerio de Hacienda.
 
Tabla elaborada por el autor a partir de información publicada en el portal de transparencia del Ministerio de Hacienda.

El incremento real es de 17 millones (al menos no disminuyó en monto); aunque, tal como se puede ver en la tabla, el porcentaje del PIB destinado a educación sí disminuye de 3.81 a 3.75; es decir, 0.6 menos, a menos que haya una modificación en el futuro y cambie al cierre del año. Dicho de otro modo, hay menos dinero y no hay un cambio sustantivo en materia de una apuesta decidida a la educación. Lo demandado y necesario para iniciar una verdadera transformación del país es elevar la inversión al 6 %  -para acercarse a la media latinoamericana-, y aunque sabemos de las limitadas condiciones fiscales del país, se debería hacer un esfuerzo para reorientar gastos, limitar privilegios y viajes costosos, vehículos de lujo, quitar grasa al Estado, y reorganizar carteras para cambiar más significativamente la tendencia en el presupuesto; al menos para, decididamente, aspirar al 4 o 4.5 % del PIB, que sí es posible.

Pero los presupuestos de educación han tenido problemas. Por ejemplo, los vicios que podemos identificar son: a) gasto centrado en salarios; b) crecimiento progresivo de la burocracia y tramitología; c) financiamiento proyectado con base en préstamos; d) visión de corto plazo, quinquenal o gubernamental; e) centrado en oferta-demanda; f) no cuentan con análisis costo-beneficio ni tasa de retorno (por ejemplo, los programas de útiles, zapatos y uniformes no mejoraron los problemas graves de deserción y caída de matrícula); g) los presupuestos no son diseñados por técnicos que conozcan las prioridades del sistema educativo; h) ineficiencia en la ejecución; entre otros problemas.

Sabemos muy bien que mayor inversión no es garantía ni sinónimo de calidad. El caso de Honduras es un ejemplo con un porcentaje del PIB cercano al 7 % y con resultados muy deficientes. Pero se deben hacer esfuerzos de eficiencia estructurales. Lo cierto es que la inversión nuestra por estudiante es muy baja, en comparación con otros escenarios: México gasta por estudiante $ 3 130; Chile supera los $ 5 000 y los países de la OCDE $ 9 870. En nuestro caso, bajo números muy gruesos, llegamos a un monto $ 729.23 al año por estudiante, y siempre se ha criticado que, posiblemente, se gaste más por año en un reo en prisión que en un estudiante en la escuela.

En materia de salarios, llama la atención la distorsión entre los montos asignados en el presupuesto 2020; por ejemplo, mientras que la ministra recibirá $ 3 341.15 (gastos de representación incluidos), los asesores y directores nacionales ganarán, cada uno, $ 5 657.49; apenas $335 menos que la ministra y el viceministro juntos.

Esto es un debate abierto y no resuelto. Digamos que, dadas las condiciones del mercado laboral, otros cargos en el sector privado similares y las responsabilidades gerenciales, un ministro debería ostentar un salario entre US$ 6 000 y US$ 9 000. Obviamente, sabemos de las prácticas de sobresueldos o complementos que se han pagado en el pasado con la “partida secreta” (además, sin pagar impuestos), lo cual supera con creces los datos de mercado. Ahora nos han dicho que no hay sobresueldos, pero nos preguntamos si es real el dato que aparece en el presupuesto y cuesta creerlo.

El caso de la Universidad de El Salvador muestra una fotografía muy similar al presupuesto de educación, con un incremento de 3 millones, pero la proyección del PIB hace que se mantenga el porcentaje; o sea, no hay cambio, tal como se puede ver en la siguiente tabla:

Tabla elaborada por el autor a partir de información publicada en el portal de transparencia del Ministerio de Hacienda.
 
Tabla elaborada por el autor a partir de información publicada en el portal de transparencia del Ministerio de Hacienda.

De este presupuesto, la inversión para el área científica se reduce a US$ 597,795, cifra que limita varios aspectos: a) formación de científicos con grado de doctorado; b) adquisición de laboratorios; c) desarrollo de patentes; y d) movilidad e internacionalización de la ciencia. En conclusión, las cosas seguirán igual y nos mantendremos científicamente en el subdesarrollo.

Tampoco tenemos muy claro cómo se desarrollarán las cinco prioridades del “Plan Educativo Cuscatlán”: dignificación del docente; pertinencia pedagógica y curricular holística; fortalecimiento de la gestión institucional; innovación de la legislación educativa y tecnologías e innovación educativa. Cualquiera de estas apuestas demanda inversión y no sólo buenas intenciones. Lo presupuestado para cada una de estas prioridades en el presupuesto 2020, dividido entre el número de escuelas y docentes a los que debe llegar, resulta insuficiente.

En materia educativa, el plan no sorprende a nadie, es prácticamente igual a sus cinco antecesores, sólo que sin datos o cifras. Por mi parte, esperaba apuestas más contundentes, renovadoras, desafiantes. Todo indica que seguiremos con los mismos resultados de PAES que arrastramos desde 1997, con el mismo drama de la matrícula en educación preescolar y educación media (40 %), limitadas patentes, sin evaluar y pagar bien a los docentes, baja inversión educativa, limitado acceso a nivel superior público. Por el momento, nos toca seguir esperando. Si hacemos lo mismo no podemos esperar resultados distintos.

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Columnas Fri, 04 Oct 2019 14:36:24 +0100 https://elfaro.net/es/201910/columnas/23699/Educación-el-mismo-presupuesto-solo-generará-los-mismos-resultados.htm
Una selfie versus el acceso al agua y otros retos medioambientales - Por Sandra Gutiérrez Poizat https://elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg https://elfaro.net/es/201910/360grados/23697/Una-selfie-versus-el-acceso-al-agua-y-otros-retos-medioambientales---Por-Sandra-Gutiérrez-Poizat.htm 360 grados Thu, 03 Oct 2019 17:47:41 +0100 https://elfaro.net/es/201910/360grados/23697/Una-selfie-versus-el-acceso-al-agua-y-otros-retos-medioambientales---Por-Sandra-Gutiérrez-Poizat.htm El viaje como libertad http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_187_2362_1761/images%7Ccms-image-000024217.jpg https://elfaro.net/es/201910/columnas/23696/El-viaje-como-libertad.htm La frase “y vivieron felices para siempre” cierra el relato, y lo que ocurra después ya no nos incumbe, ya no nos interesa, porque la dicha sin obstáculos no es literaria, como tampoco los viajes sin tropiezos ni sorpresas. La convalecencia en una cama de hospital, entre paredes verde aqua, incita a pensar en la libertad de los viajes, los que deparan los libros y la propia vida. Y, anclado así en la cama, le he pedido a mi mujer que me traiga ciertos libros que quiero, indicándole dónde buscarlos en los estantes por el momento lejanos de mi biblioteca.

Porque, además de viajar en aviones, o en trenes o en las carreteras, pues ya no alcancé la era de los barcos trasatlánticos, para mi nostalgia, he aprendido a viajar en los libros, gozando de la ventaja de que te pueden llevar no sólo a través de los espacios, sino de las edades. ¿Viajar es más necesario que vivir? ¿O para viajar hay que vivir?

Cuenta Plutarco que Pompeyo Magno enfrentaba la situación de que los marineros de su armada no querían hacerse a la mar por la manera tempestuosa en que aquella se encrespaba, y entonces los arengó y una de las frases de esa arenga ha quedado para siempre: “navegar es necesario, vivir no es necesario”.

El gran poeta portugués Fernando Pessoa la transformó, siglos después, para darle el significado de necesidad a la creación literaria: “quiero para mí el espíritu de esta frase, transformada/La forma para casarla con lo que yo soy: vivir no es necesario; lo que es necesario es crear…”

Crear viajando, crear leyendo, crear escribiendo. Crear viviendo.

Ismael, el marinero que como único sobreviviente del naufragio nos cuenta la historia del viaje fatal del Pequod en Moby Dick, la novela de Herman Melville, explica desde la primera página el porqué de sus ansias de navegar: “…cada vez que en mi alma hay un nuevo noviembre húmedo y lloviznoso; cada vez que me encuentro parándome sin querer ante las tiendas de ataúdes…entonces, entiendo que es más que hora de hacerme a la mar tan pronto como pueda”.

Cuando el capitán Ahab zarpa del puerto de Nantucket, al mando del Pequod, quiere llegar cuanto antes a su destino para encontrarse con la ballena blanca, que destrozó años atrás otro barco suyo y le arrancó una pierna. Necesita la venganza. La buscará a través de los mares hasta encontrarla de nuevo, lo que significa encontrarse con su perdición. Este será un viaje poco placentero, pero uno de los grandes viajes de la literatura y del espíritu humano. Ismael, que cuando se pone melancólico piensa en ataúdes, salvará su vida en el naufragio agarrado a un ataúd fabricado por el carpintero de abordo, que aparece flotando a su lado.

Joseph Conrad fue él mismo un viajero buena parte de su vida como marino mercante, y no pocos de sus libros versan sobre la aventura del viaje. En El corazón de las tinieblas, Marlow navega a través del río Congo, en tiempos de la brutal colonización belga en África, cumpliendo el encargo de buscar a Kurtz, un misterioso personaje que ha enloquecido; es otro viaje. No hacia la venganza, sino hacia las insondables profundidades del alma humana, donde campean la violencia, la explotación y la ambición de poder y riqueza.

Simbad el Marino, "poseído con la idea de viajar por el mundo de los hombres y de ver sus ciudades e islas", se encuentra de repente en una la isla que no es sino el lomo poblado de árboles de una ballena dormida, que de pronto despierta y se adentra en la profundidad del mar”. Un viaje a lo imposible esta vez, como son siempre los viajes de la imaginación.

Cuando desde la cama de un hospital uno vuelve sobre estas historias de viajes llenos de aventuras, como la de Simbad, piensa que se trata de cuentos para niños, y no deja de haber razón en eso. Estos que ahora llamamos clásicos porque según Ítalo Calvino siempre tienen algo nuevo que enseñarnos, han sido leídos generación tras generación, desde La Odisea de Homero a La isla del tesoro de Stevenson, y eso los hace clásicos también, la repetición.

Exploran nuestras fibras más hondas donde anidan el deseo de aventura, la atracción por el riesgo y la sorpresa, todo lo cual está contenido en el hecho de viajar hacia lo desconocido. Y cuando las leemos de adultos, volvemos a ser niños. Quizás Melville nunca imaginó que Moby Dick se convertiría en un libro para niños, y tampoco Homero pudo vislumbrar que Ulises llegaría a ser un personaje de películas de dibujos animados.

O que las tramas que inventaron se volverían patrones de conducta en la literatura, en el cine, en las series de televisión que se multiplican hoy en día, en las telenovelas, en los cómics. Si hay un viaje, hay obstáculos. No hay viajes placenteros donde los amaneceres se sucedan un día tras otro sin sorpresas urdidas por malvados o por el destino mismo.

El gusto de leer y el de vivir están en las interrupciones de la felicidad. Toda lectura o toda vida que empieza a adentrarse en lo desconocido, es una promesa de felicidad; y en la medida que esas interrupciones se multipliquen, mejor disfrutaremos como lectores y seremos, igual que los personajes, víctimas del destino y sus desatinos.

Ulises quiere llegar cuanto antes a su hogar en Ítaca, descansar en el regazo de su mujer, abrazar a su hijo tras diez años de ausencia. Pero no puede. Tendrán que pasar otros diez años de obstáculos, peligros de muerte, aventuras amorosas, secuestros, naufragios, el descenso a los infiernos. Si no, no habría historia que contar.

La felicidad prolongada se queda fuera del viaje y fuera de las páginas del libro. La frase “y vivieron felices para siempre” cierra el relato, y lo que ocurra después ya no nos incumbe, ya no nos interesa, porque la dicha sin obstáculos no es literaria, como tampoco los viajes sin tropiezos ni sorpresas.

Y desde la cama del hospital, lejos de la libertad, uno oye el canto terrible y seductor de las sirenas, igual que Ulises amarrado al mástil de su nave. 

Masatepe, octubre 2019

Sergio Ramírez, escritor nicaragüense. Premio Carlos Fuentes, Premio Alfaguara de Novela y Premio Miguel de Cervantes.
 
Sergio Ramírez, escritor nicaragüense. Premio Carlos Fuentes, Premio Alfaguara de Novela y Premio Miguel de Cervantes.

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Columnas Thu, 03 Oct 2019 17:43:06 +0100 https://elfaro.net/es/201910/columnas/23696/El-viaje-como-libertad.htm
Fiscalía liga a René Figueroa a la corrupción de Tony Saca http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000032314.jpg https://elfaro.net/es/201910/el_salvador/23695/Fiscalía-liga-a-René-Figueroa-a-la-corrupción-de-Tony-Saca.htm Uno de los amigos y socios del expresidente Saca fue capturado por lavado de dinero, en un caso que lo vincula al desvío de 300 millones de dólares por el que está condenado Saca y sus más cercanos colaboradores. Figueroa fue la mano derecha de Saca en su Gobierno, en Arena y en el emporio radiofónico al que llegaron millones de dólares sustraídos de la partida secreta. La administración de Raúl Melara logra llegar allá donde no pudo la administración de Douglas Meléndez. René Mario Figueroa, el exministro de Gobernación, exministro de Seguridad, amigo personal y socio de Antonio Saca ha sido detenido y acusado de lavado de dinero en un caso que lo vincula al desvío de 300 millones de dólares por el que el expresidente fue condenado a 10 años de prisión en 2008. 

Sorpresiva, la captura de Figueroa ocurrió en la noche del 2 de octubre, tres años después de que la Fiscalía iniciara el caso contra Tony Saca y su círculo más íntimo por el desvío de fondos de la partida secreta. Una fuente con acceso al expediente de acusación de la Fiscalía aseguró a El Faro, sin entrar en detalles, que la detención "es por lavado de dinero relacionado al caso Saca". A la salida de la sede fiscal en la colonia La Sultana de Antiguo Cuscatlán, desde donde fue trasladado, sin esposas, hacia una bartolina policial, Figueroa se limitó a declarar: "Soy inocente. Me presenté porque soy inocente".

En noviembre de 2016, luego de que Saca fuera capturado y procesado por lavado de dinero, peculado y asociaciones ilícitas, la ausencia del nombre de Figueroa entre la lista de procesados por la Fiscalía de Douglas Meléndez generó suspicacias dada la relación comercial, de amistad y de poder que Figueroa compartió con su amigo, jefe y socio Tony Saca. El expresidente fue capturado el 31 de octubre mientras celebraba la boda de su hijo mayor, en una fiesta en la que también estuvo presente Figueroa. Del círculo íntimo del expresidente, solo él exministro quedó fuera del radar de la Fiscalía. Hasta ahora. 

A las 6:15 p.m, el fiscal general Raúl Melara publicó en su cuenta personal en Twitter: "Hoy reafirmo mi compromiso en la lucha contra la corrupción". Minutos después, la cuenta oficial de la Fiscalía en esa red anunció la captura de Figueroa.

Melara llegó a ser fiscal general en diciembre de 2018 impulsado por el partido Arena. Había ejercido como asesor del candidato presidencial Carlos Calleja y se le vio en eventos partidarios cantando la marcha de la institución. Melara, además, había sido director ejecutivo de una de las organizaciones más poderosas y cercanas a Casa Presidencial: la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), de la que el mismo Saca había sido presidente. 

El exministro de Gobernación y de Seguridad del Gobierno de Elías Antonio Saca (2004 - 2009), René Mario Figueroa, se presentó a las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR), en la colonia La Sultana, de Antiguo Cuscatlán (La Libertad), la noche del 2 de octubre de 2019, después de que se girara una orden de captura en su contra por el delito de lavado de dinero.
 
El exministro de Gobernación y de Seguridad del Gobierno de Elías Antonio Saca (2004 - 2009), René Mario Figueroa, se presentó a las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR), en la colonia La Sultana, de Antiguo Cuscatlán (La Libertad), la noche del 2 de octubre de 2019, después de que se girara una orden de captura en su contra por el delito de lavado de dinero. "Me presenté porque soy inocente", dijo a reporteros antes de ser trasladado a una instalación policial. Foto: Cortesía.

Figueroa, la sombra de Tony Saca

Sin matices, Figueroa (San Salvador, 1959) fue el segundo hombre más poderoso de El Salvador entre 2004 y 2009. En 2003, cuando Saca, un locutor y empresario de radios alcanzó la candidura presidencial de Arena, Figueroa fue su base política en un partido acostumbrado a necesitar dirigentes con sangre pura en el timonel.

Durante la contienda electoral en 2003, Figueroa también fue su jefe de campaña. Por ese rol, él cobró un cheque de 32 mil dólares para gastos de campaña. El dinero, originalmente, había salido del Gobierno de Taiwán, luego pasó a cuentas del partido Arena a través de un desvío protagonizado por el expresidente Francisco Flores. Como otros implicados, Figueroa dijo que desconocía cuál había sido el origen del dinero. "El comité financiero del partido nos engañó a todos", dijo a El Faro, en octubre de 2014 en respuesta a la publicación de cómo Arena había gastado los fondos de Taiwán

Tras el triunfo se convirtió en vicepresidente de Ideología de Arena. Iniciado el Gobierno, arrancó como ministro de Gobernación (2004-2006) y luego como ministro de Seguridad (2006-2009), convirtiéndose en el segundo funcionario con más exposición pública solo después de Saca. Ambos dirigieron al Gobierno de El Salvador y al partido Arena. Hoy, esa concentración de poder sería impensable, en parte, debido a la creación de instancias que hacen contrapeso al Coena, como la Comisión Política y el Tribunal de Ética partidaria.

Pero a ambos los unía, además, una fuerte amistad. Tan fuerte, que Figueroa ya era el número 2 del emporio radial de Saca, Grupo Samix, cuando este conquistó Arena. En 2008, una de las sociedades del emporio, Radio Difusión de El Salvador, repartió $450 mil, a partes iguales, a Saca y Figueroa. Esta información fue revelada en el juicio contra Saca en 2008, pero en ese momento, consultada por La Prensa Gráfica, la Fiscalía de Douglas Meléndez respondió que se estaban investigando "nuevas aristas". 

Radio Difusión fue fundada en noviembre de 1994 por Saca y Figueroa, y ambos quedaron inscritos como sus administradores hasta octubre de 2003, cuando Figueroa nombró a su esposa, Cecilia Alvarenga, como su reemplazo, y Saca a su cuñado, Óscar Mixco Sol. El Faro pudo confirmar que Alvarenga fue vicepresidenta de la sociedad en los cinco años del quinquenio presidencial.

Una de las principales pruebas en la acusación contra Saca fue la constatación de una triangulación entre Casa Presidencial, agencias de publicidad y las sociedades que administran Grupo Samix para hacer llegar hasta esas radios el dinero de Casa Presidencial. Según la Fiscalía, Radiodifusión de El Salvador fue la tercera empresa con mayor crecimiento económico del emporio radial durante el quinquenio presidencial. 

 

"De acuerdo a nuestro análisis observamos que la única sociedad que distribuyó utilidades fue Radiodifusión de El Salvador y los pagos de estos dividendos se efectuaron hasta el año 2008, por la cantidad de 450 000. Estas cantidades se distribuyeron entre los dos accionistas de la sociedad, Saca y Figueroa", se lee en el requerimiento que acusa a la ex primera dama, Ana Ligia Mixco de Saca, y a un grupo de publicistas como cómplices en el desvío de 17 millones de dólares de la partida secreta. 

Al menos hasta mayo de 2018, Figueroa también fue el director de la estación Radio 102 Nueve, que en 2010 se convirtió en las estación número 12 del emporio Saca.

Para 2008, cuando Radio Difusión de El Salvador se repartió los dividendos entre Saca y Figueroa, esa compañía ya había recibido 587 606.65 dólares provenientes de Casa Presidencial a través de una triangulación con agencias de publicidad.

En 2004, las empresas América Publicidad y ANLE S.A. de C.V. habían comenzado a recibir pagos por contratos ficticios de elaboración de publicidad con Casa Presidencial, con dinero proveniente de la partida secreta. Luego esas empresas depositaron fondos sistemáticamente en cuentas de las radios del emporio Saca, simulando también contratos por espacios de "aire", para transmitir los supuestos productos publicitarios.

América Publicidad trianguló fondos hacia diversas empresas del emporio entre 2004 y 2008, y en el caso de Radio Difusión de El Salvador le trasladó 385 288.35 en ese período, según un análisis que hizo la Fiscalía. ANLE trasladó 202 318.34 dólares, solo entre 2007 y 2008.

La Fiscalía también asegura que Figueroa y su esposa Cecilia Alvarenga eran en realidad prestanombres de los esposos Saca para el manejo de Radio Difusión de El Salvador. En seis de siete cuentas bancarias de la empresa, quienes tenían firmas autorizadas para hacer transacciones financieras eran los esposos Saca-Mixco, y Figueroa-Alvarenga. Tras un análisis de una de esas cuentas, la Fiscalía hacía la siguiente revelación en su requerimiento: "Se presenta una muestra de las personas que giraban cheques, donde queda en evidencia que la señora Ana Ligia Mixco Sol y su esposo Saca González tenían el verdadero control de Radio Difusión de El Salvador, es decir, eran de los principales beneficiados, del dinero que era recibido, procedente de fondos del Estado apropiado ilegalmente"

Saca y Figueroa; Figueroa y Saca. Ambos eran los amos y señores del partido y del Gobierno a tal punto que Figueroa estuvo a punto de convertirse en el candidato presidencial a suceder a Saca, en la presidencial de 2009. Para esa elección, no obstante, el candidato terminó siendo el ahora diputado Rodrigo Ávila, pues las altas cifras de homicidios en el país habían golpeado de manera letal la imagen de Figueroa. Tampoco ayudó el recelo y la concentración de poder de Saca en Arena, y el temor en otros dirigentes y grandes financistas del partido de la continuidad "saquista" que representaba Figueroa, a pesar de que su agenda siempre colindó con uno de los principales intereses del partido: combatir al izquierdista FMLN.

En el Gobierno, Figueroa era el puño de hierro que Arena utilizaba para atacar al FMLN. Con una retórica de la guerra fría, no escatimaba esfuerzos para describir al rival como un desestabilizador o, incluso, señalarlo como la sombra responsable detrás de las pandillas. En un artículo de opinión publicado en El Faro en marzo de 2005, el productor de la BBC, Thomas Long, que pasó más de un año realizando un documental para la cadena británica sobre las pandillas salvadoreñas, aseguró que varios pandilleros participaron activamente en la campaña de ARENA a favor de Saca. Al cabo de varios años, y con otros actores, El Faro confirmó que tanto Arena como el FMLN pactaron con pandillas para las elecciones presidenciales de 2014. 

Sin embargo, en el quinquenio Saca, la habilidad mediática y la relación con agencias de publicidad que tenían junto al presidente facilitó el lanzamiento, sin mucha resistencia, de un plan de seguridad denominado "Súper Mano Dura". Esta fue una estrategia con un alto componente propagandístico -según han reconocido exfuncionarios de aquel gabinete- y poco énfasis en la parte preventiva y de reinserción de miembros de pandillas.

Figueroa ocupó dos cargos distintos en el gobierno Saca y para terminar el quinquenio lo hizo desde el puesto de ministro de Seguridad. Estando ahí, recibió un sueldo oculto de la Presidencia, además de su salario regular como ministro, según él mismo reveló a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía, en febrero de 2018.

Junto al exsecretario privado del presidente, Élmer Charlaix (tambíen condenado a 10 años por peculado y lavado de dinero), Figueroa era una de las personas de mayor cercanía e influencia en toda la administración presidencial. La propia vicepresidenta del quinquenio 2004-2009, Ana Vilma de Escobar, se quejaba de que ella no tenía mayor injerencia en el gabinete, a diferencia de Figueroa y Charlaix. "Jamás participé en una reunión del Coena, ni me tomaron en cuenta, ni me llamaron para eso. Ustedes parecen no entender eso. ¿Que no ve que él (Saca) tenía a René Figueroa, a Élmer Charlaix, al Chele (Julio) Rank, a César Funes", decía De Escobar, en octubre de 2014.

El abogado defensor de Figueroa, Roberto Girón Flores, dijo a El Faro que no podía emitir ninguna declaración porque desconocía cuál era la acusación contra su cliente. "Ni siquiera hay requerimiento. Hasta que la Fiscalía presente el caso vamos a saber de qué se trata", dijo. 

La Fiscalía emitió un comunicado al mediodía del jueves 3 de octubre en el que detalló que, además del lavado de dinero, el caso también está relacionado a un incremento patrimonial de 3 millones de dólares que no es coherente con los ingresos que Figueroa reportaba al Estado.

Según la Fiscalía, el exministro tuvo operaciones inusuales en sus cuentas bancarias: pagó préstamos de manera anticipada, compró inmuebles y canceló préstamos sin tener los fondos para hacerlo. Por ejemplo, invirtió 204 mil dólares en carros y, de ellos, la Fiscalía se pregunta por el origen de 144 mil dólares. El exministro también adquirió una vivienda en la Urbanización Palmira (Santa Tecla, La Libertad) por más de medio millón de dólares, de los cuales 323 mil 724.15 tienen origen desconocido y se pagaron en efectivo, entre 2006 y 2008. 

“Una parte de las sumas tienen origen desconocido y otros montos procedían de Radiodifusión de El Salvador, sociedad que fue utilizada por el expresidente Saca para lavar dinero, producto del peculado por el que fue condenado”, dice el comunicado. Saca depositó 510 mil dólares, entre el 2 de septiembre de 2010 y el 8 de noviembre de 2012, y “se desconoce la naturaleza de las transacciones”, dice la Fiscalía. Los investigadores agregaron que pedirán la detención provisional para el exministro.

Este no es el único caso en el que Figueroa aparece como señalado. En julio fue acusado junto a su esposa, Cecilia Alvarenga, ante una Cámara de lo Civil por el delito de enriquecimiento ilícito. Un examen del patrimonio del exministro y su esposa hecho por la Corte Suprema de Justicia determinó que ambos se enriquecieron de manera injustificada por un total de 1 millón 28 mil dólares, de los cuales, 871 mil dólares corresponden únicamente al patrimonio de Figueroa. En total, las irregularidades del examen son 18, entre ellas, depósitos y compras de bienes con dinero cuyo origen se desconoce. El caso de Figueroa estuvo a punto de vencerse para ser investigado en la Corte Suprema

Hace 10 años, Figueroa también fue demandado por el exministro de Gobernación Humberto Centeno (ya fallecido) por haber ignorado irregularidades internas en el manejo de fondos de un programa de tierras del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA). 

*Con reportes de Efren Lemus.


 *Nota del Editor: La versión original de esta nota fue modificada en la tarde del 3 de octubre de 2019. Se agregaron trés párrafos al final de la nota que contienen información sobre el caso divulgada en un comunicado institucional de la Fiscalía General de la República. 

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El Salvador Thu, 03 Oct 2019 08:47:54 +0100 https://elfaro.net/es/201910/el_salvador/23695/Fiscalía-liga-a-René-Figueroa-a-la-corrupción-de-Tony-Saca.htm