El Faro http://elfaro.net Periodismo independiente y audaz de El Salvador y Centroamerica con noticias, reportajes, investigac es Copyright 2023, El Faro Sun, 05 Feb 2023 20:41:22 +0100 El Faro Sergio Ramírez cuenta la tragedia de los "personajes pequeños" en “Ese día cayó en domingo” http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_5_0_3100_2063/images%7Ccms-image-000038596.jpg https://elfaro.net/es/202302/centroamerica/26692/Sergio-Ramírez-cuenta-la-tragedia-de-los-personajes-pequeños-en-“Ese-día-cayó-en-domingo”.htm El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, Premio Cervantes, habla en esta entrevista de su último libro de cuentos, la deriva del poder absoluto del régimen de los Ortega Murillo y los presos políticos de Nicaragua. Ese día cayó en domingo, el último libro del escritor Sergio Ramírez, Premio Cervantes de literatura, es una colección de diez cuentos sobre el amor, la muerte, la memoria, la violencia, y el poder, que transcurren en diversas épocas entre Managua, León, Masaya, San José, Guatemala, y en cualquier ciudad latinoamericana.

El “hilo conductor”, explica el escritor, son las historias de los “personajes pequeños” que, como los jugadores de la histórica selección nacional de béisbol de 1972, protagonistas de uno de los cuentos del libro, encaran la tragedia con dignidad y fallecen en el olvido.

El libro se estrenó en noviembre de 2022 en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, y el diario El País lo incluyó en la lista de los mejores 50 libros publicados en España en ese año. “Esos son los pagos por abonos que un escritor recibe, más que las regalías o los derechos de autor,” ironiza Ramírez, al celebrar que “sea recibido como un buen libro”, y anuncia que está revisando el borrador de una nueva novela que escribió en retazos en los últimos siete años, y ya “está lista”.

El viernes 20 de enero, Ramírez recibió en Madrid el premio internacional Erasmo de Rotterdam, que le otorgó la asociación Humanismo Solidario, y recordó a su maestro y mentor Mariano Fiallos Gil, el rector de la UNAN-León y fundador de la autonomía universitaria, que le enseñó el camino del “humanismo beligerante”.

En esta entrevista con CONFIDENCIAL y Esta Semana, el escritor revela las claves de su proceso creativo, la narrativa de Ese día cayó en domingo, y la música que se asoma en su literatura sin dejar por fuera a la salsa, el rap y el reggaetón.

El escritor, exiliado en España desde 2021, cuando el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo emitió una orden de captura en su contra y lo acusó por “incitación al odio y menoscabo de la soberanía”, también habla de la deriva del poder absoluto del régimen, de la inmensa dignidad y la soledad de monseñor Rolando Álvarez, y la esperanza que representan los presos políticos. “Lo mejor del país está preso; y el país lo van a hacer ellos, en primer lugar. Es decir, el gran cambio de Nicaragua lo van a encabezar estos presos, que representan la moral de Nicaragua”, sentencia el escritor.

Tu último libro que se llama Ese día cayó en domingo, reúne diez cuentos sobre historias muy diversas que van desde la tragedia, el desamor, el poder, la nostalgia, la crueldad de la represión, el narcotráfico, y hasta un periódico de nota roja en el Mercado Oriental. ¿Hay un hilo conductor en todas esas historias o en tu forma de narrar esos cuentos?

El hilo conductor de estas historias es la percepción de la realidad pasada a través del filtro de la imaginación y cómo para mí las historias pequeñas son siempre dignas de convertirse en una narración. La inmensa mayoría de estos cuentos es el resultado de mi blog de notas, donde yo voy anotando y subiendo a mi archivo desde la red o de los periódicos, todas aquellas notas periodísticas que me parecen atractivas, y que pueden desarrollarse como una historia narrativa. Muchas de esas, que yo anoto, no dan resultados, se quedan ahí. Entonces, algunas evolucionan y maduran.

Una de ellas es, por ejemplo, este cuento que se llama Antropología de la memoria, que narra la eliminación total de una aldea en el altiplano de Guatemala, borrada por la fuerzas represivas de Ríos Montt, y esta es una nota que yo leí en The New York Times en la página de Ciencias, hablaba de unos arqueólogos que estaban ahí limpiando cráneos, desenterrando huesos, con esos instrumentos que usan los arqueólogos, cepillo, brochas, y colocando los huesos hasta recomponer los cuerpos. Y no se trataba de una vieja tumba maya, del período preclásico, buscando los huesos de los miembros de alguna dinastía, sino que eran los huesos de estos campesinos, que un día aterrizaron unos helicópteros llenos de soldados, ordenaron que fueran a matar una vaca porque iban a hacer una fiesta y los eliminaron, los ametrallaron, los mataron a todos y los dejaron mal enterrados, dentro de la campaña de represión de Ríos Montt.

Entonces se me ocurrió que esta historia había que narrarla como si se tratara de un reportaje periodístico, sin agregar nada de mi parte, simplemente como un reportero que está relatando los hechos de manera absolutamente objetiva, sin intervenir, sin opinar. Y por lo tanto, yo encuentro la medida del cuento en el procedimiento que necesita. Este cuento necesitaba el procedimiento de un reportaje.

Luego, cuando otro cuento muy diferente, pero que también es muy trágico, que se refiere al asesinato de un niño de rodillas durante la represión en Masaya, en el 2018, al cual un policía le mete un tiro en la cabeza y el niño le está pidiendo que no lo mate. Yo leí muchísimo sobre este caso, y tuve mucha reflexión sobre la manera en que debería narrarlo, y al final decidí darle la voz a la madre, me pareció que la única voz que debía resonar ahí es la madre, como si yo, un reportero también, le hubiera puesto una grabadora, y que ella con su voz, en un lenguaje oral, coloquial, contara lo que había pasado. La historia de su hijo, ese es el cuento que se llama El mercado viejo. 

Y hay otra historia también de una joven que le llaman Lady Di, que es víctima de la represión y de abusos sexuales. Cuando el narrador se mete en la piel de esos personajes para contar estas historias como si fuese un testimonio, ¿es doloroso contar esto como un cuento de crueldad y de represión?

Claro. Y el riesgo es involucrarse sentimentalmente en el cuento, por eso a mí me parece que la distancia mejor es la del narrador que narra como periodista, que no tiene derecho a involucrarse, no tiene derecho a opinar. No existe un solo reportaje periodístico narrado en yo personal, yo hice, yo vi, sino que es la narración cerrada alrededor de la persona de quien narra y cortándole el hilo al globo para que se eleve solo. Y esta historia es el diálogo entre Lady Di, la mujer trans que está hospitalizada en Costa Rica, y la enfermera costarricense de la Costa Caribe, ella le está contando su historia, y la piedad viene de parte de quien la está escuchando, la enfermera, y es el diálogo lleno, para mí, una gran ternura vista la distancia entre las dos.

También es otra manera de narrar. Como te decía, la distancia es muy importante porque si no, cuando uno se termina involucrando sentimentalmente o políticamente, entonces se comienza a hacer un alegato en base al cuento, lo está arruinando.

Yo empecé a leer este libro de atrás para adelante, con el cuento que le da el título al libro sobre el juego de béisbol que Nicaragua le ganó a Cuba en el Mundial de 1972, un hecho sobre el que todo mundo sabe en Nicaragua lo que pasó, y uno cree que ya no hay nada nuevo que conocer o que contar, pero bueno, me encuentro con un cuento que está contado desde adentro de la Selección Nacional en la memoria de uno de los jugadores.

A mí este cuento es de los que más me toca, porque para mí el béisbol es la pasión de la infancia. No porque yo fuera un jugador, siempre fui un mal atleta, sino porque yo soy alguien que estuvo sentado en la graderías, y quizá de los momentos más sentimentales para mí de recordar es cuando mis tíos, que eran músicos muy pobres, comenzaban a hacer “vacas”, como decían, para reunir dinero y alquilar un bus y ver quién se montaba para ir al Estadio a ver jugar al Cinco Estrellas contra el Bóer, que era el gran clásico, y sobre todo cuando iba a batear Marvin Throneberry, que era un gran jonronero que llegó a estar en los Yankees de Nueva York. Entonces, eso de entrar por el pasillo, que olía a orines del Estadio, a la grama iluminada, es decir como que entraras a otro día, a una noche en el día, eso para mí era realmente el summum de las emociones, y estar ahí en la gradería, aunque no hubiera mucha gente o estuviera el estadio lleno, viendo el juego.

De manera que cuando se da este histórico juego de 1972, desgraciadamente no vi este juego, yo vivía en Costa Rica, y hay una doble circunstancia, que para mí siempre me llamó la atención de que el gran triunfo de Nicaragua contra Cuba, que en ese tiempo nadie le ganaba a Cuba, Cuba era invencible, tenía un trabuco de bateadores y un staff de pítcheres realmente impresionante, de verdaderos Grandes Ligas; y Nicaragua era una selección muy buena, pero incapaz de ganarle a Cuba. El verdadero clásico de esa serie fue Cuba-Estados Unidos, que se disputaron el primer lugar, Nicaragua no tenía ningún chance, pero le ganó a Cuba y esa era una reivindicación del honor nacional y esto tocó las fibras verdaderas del país, sin saber que pocas semanas después vendría el terremoto, hace 50 años, que destruiría la ciudad de Managua.

Entonces, yo abordo este cuento desde la perspectiva que siempre me ha impresionado, estos héroes del deporte que estaban ahí tendidos en el terreno, con el uniforme de la Selección Nacional. ¿Quiénes eran? Gente muy humilde, macheteros, cortadores de caña, campesinos, y yo entro a examinar sus vidas, sus historias, que terminan siendo trágicas generalmente, porque mueren en el olvido, mueren alcohólicos, mueren en una silla de ruedas, olvidados, mal pagados, cuento la historia de este jugador que terminó siendo expropiado, incluso durante el tiempo de la Revolución, acusado de agente de Somoza. Somoza le había prometido una casa que nunca le entregó. Y termino con el entierro de Argelio Córdoba, que era el manager de la Selección Nacional.

Es un cuento para mí muy sentimental, también visto a distancia, narrándolo desde dentro, desde la casa donde está reconcentrada la Selección Nacional, que ahí les dan de comer, no pueden salir, están como prisioneros, y el momento que salen al Estadio a jugar, cómo se desarrolla el juego, es tan importante para mí como las vidas de quienes están jugando adentro.

En tu libro hay todo tipo historias, de amor, de desamor, de familias, del poder, de la muerte, pero casi siempre hay un elemento trágico en todos tus personajes.

En primer lugar, son personajes pequeños lo que Antón Chéjov llamaba los pequeños seres, gente que nunca va a estar en los titulares de los periódicos por algo glorioso, sino por alguna tragedia, por haberse visto envuelto en algo que no valdría la pena en sus vidas, por eso es que son muy atractivos para mí, es decir, sacarlos del anonimato a estos pequeños seres. No entiendo yo un cuento contado alrededor de un gran personaje histórico, a menos que tenga algún rasgo de su vida, que yo pueda encontrarle un ángulo impredecible.

Aparece un personaje prominente, que es un gobernante, un dictador, pero el cuento no es sobre él, sino sobre el jardinero del palacio. 

Claro, es su doble, que es uno de estos pequeños seres, es el jardinero del palacio que cuida los patos canadienses en el estanque del jardín del palacio presidencial, se lleva mal con la primera dama, y de repente descubren que se parece mucho al presidente de la República y lo entrenan para ser el doble. La historia está contada desde la perspectiva de alguien que suplanta al que tiene todo el poder, y termina teniendo el poder… no vamos a hacer un spoiler del cuento, pero termina teniendo el poder, en realidad.

Siempre me ha fascinado la historia de los dobles de los poderosos. Leí mucho sobre los dobles de Stalin. Eran un secreto de Estado, nadie podía saber dónde vivían, y no tenía uno, sino varios. Y lo más atroz de estas historias es que es un personaje que está para arriesgar su vida en lugar del dictador, pero tiene que copiar su manera de ser, tiene que aprender a comer como come, a hablar como habla, y a esto se refiere el cuento. Es decir, es la historia de un verdadero prisionero.

El primer cuento del libro se titula Soledad, estamos ante el enigma de una mujer en León que se entretiene llenando crucigramas y está esperando que llegue el cadáver de su marido. ¿Cómo te sientes con esas voces femeninas, con la psicología de los personajes femeninos?

Ya he ensayado yo con las voces femeninas en un libro como Sara, donde me meto dentro de la piel de esta mujer del Antiguo Testamento, que en La Biblia casi nunca habla, y de las pocas frases que dice yo creé su propia personalidad, su sentido del humor, su sentido de la risa. También en La fugitiva, donde interpreto la voz de tres mujeres, la de Amanda Solano, que es la protagonista, pero también de las tres mujeres, que una vez muertas cuentan su propia historia.

Este es un desafío, porque el escritor es un suplantador, el escritor tiene que meterse en la piel de otro y convertirse en el otro, y hablar como el otro, pensar como el otro, sentir como el otro, y este desafío hay que cumplirlo para que sea creíble. Si una mujer lee esta historia y me dice: “Así no piensa una mujer, así no habla una mujer, esto es una falsificación”, el cuento está perdido, la primera que me tiene que certificar la credibilidad del personaje es una mujer, y este cuento está construido en base a mis recuerdos de León.

El galardonado escritor nicaragüense y exvicepresidente Sergio Ramírez recibe el Doctorado Honoris Causa (honoris causa) de la Universidad de Costa Rica, en San José, el 23 de mayo de 2022. - Ramírez se exilió en Madrid en 2021 luego de ser acusado de
 
El galardonado escritor nicaragüense y exvicepresidente Sergio Ramírez recibe el Doctorado Honoris Causa (honoris causa) de la Universidad de Costa Rica, en San José, el 23 de mayo de 2022. - Ramírez se exilió en Madrid en 2021 luego de ser acusado de "incitación al odio" y "conspiración", cargos que se han utilizado varias veces en los arrestos de candidatos que se postularían contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en las elecciones de noviembre de 2021. Foto de El Faro: Ezequiel Becerra/ AFP.

Hace poco me escribió un amigo diciéndome: “Qué retrato has hecho de la sociedad algodonera de los años 50, nunca antes lo habías hecho”. Yo no me proponía hacer un retrato de la sociedad algodonera de León, pero esa es una consecuencia de la lectura. Es decir, esta estructura que tenía la sociedad de León, de Chinandega, del algodonero poderoso que se aliaba con algodoneros pequeños que le entregaban el algodón, pero las distancias sociales se mantenían. Había gente muy aristocrática, que es la que era dueña de la desmotadoras, dueña de todo el proceso, importar insecticidas, de desmotar el algodón, de exportarlo; y tenía los colonos que son los que le entregaban el algodón en rama. Y aquí, está la historia de un colono que se enamora de la hija de uno de estos hombres poderosos, que lo que quiere es mandarla a estudiar a Suiza, para tener el orgullo de decir que su hija se graduó en Suiza, y termina fugándose con el colono, con el que le entrega el algodón en rama, y no tiene pedigrí, no tiene nombre. Es decir, no tiene nada atractivo para este hombre, y termina desterrando a la mujer de su memoria, de su vida, de su casa. Esta es la tragedia. Pero la doble tragedia es que la mujer, una vez que se fuga con el hombre, se encuentra con un tipo que desde antes tenía otra amante, y ella se ve condenada a un exilio interno, a la soledad de pasar su vida haciendo crucigramas. Esta es la historia.

Por la fecha que pones al final de los cuentos se nota que algunos fueron escritos en un año, en dos años, otros tomó bastante más tiempo. Creo que este es uno de ellos. ¿Cómo sale un cuento del cascarón? ¿En qué momento el escritor dice: “Ya está el cuento listo”?

En primer lugar, nadie se sienta a escribir un libro de cuentos como se sienta a escribir una novela. Yo puedo decir: bueno, ahora voy a empezar una novela, me voy a tardar tres años escribiéndola, dos años, lo que toma una novela. Es un viaje largo, 300, 400 páginas. Pero, un cuento puede salir en una sentada. Yo me puedo sentar una tarde y hacer un borrador, porque ya tengo la idea fija del cuento. Pero yo escribo un borrador, lo meto en una gaveta, después tengo otra idea narrativa, lo vuelvo a meter en la gaveta, y los cuentos van respirando por sí mismos en la oscuridad, hasta que lo saco, lo reviso. Y por eso es que es un proceso que puede tomar varios años componer un libro de cuentos. Los cuentos se van escribiendo de manera independiente hasta que reclaman un libro, y el libro tiene que tener cierta vocación orgánica de entenderse, de los unos con los otros, de hablarse entre ellos, lo que es una verdadera colección, por eso este libro yo lo organicé en tres partes de cuentos que, más o menos, tengan la misma textura, y por eso son de distintas fechas, algunos tienen que ver con la represión de 2018; otros tienen que ver con la situación de represión en Guatemala, en tiempos de Ríos Montt; y otros son intemporales, pueden ocurrir en cualquier momento, en cualquier ciudad.

Este cuento sobre el hombre que pierde la virilidad y necesita una prótesis, no está escrito para Managua, sino en una ciudad ‘X’ que puede ser cualquier ciudad latinoamericana; mientras que la historia del hombre que está almorzando y de repente lo llaman de la funeraria para anunciarle que que le ofrecen un plan presidencial de funerales, y él se asusta porque es un hombre que cuida mucho su salud y le tiene mucho miedo a la muerte, se desarrolla en el barrio de Altamira, de Managua.

Como dicen de las películas, hay una especie de banda sonora de tu literatura que está asociada con los boleros, y en muchos de estos cuentos aparecen los boleros, pero también otro tipo de música, desde la salsa de Luis Enrique hasta el rap y el reggaetón. ¿Cómo llega ese tipo de música a tu literatura?

Llega lo que está en el aire. No sé si ahora me tocara escribir un cuento, metería el drama de la ruptura entre Shakira y Piqué, que se ha hecho tan famoso, y que ha dado lugar a una música muy propia, que es algo que a mí me divierte mucho. Todo lo que te divierte, te impresiona, te queda grabado, irá de alguna manera a dar a un cuento, sino es que de una vez lo anotas y lo dejas en el archivo. Son las ocurrencias de la vida diaria, en las cuales la música, verdaderamente, no puede faltar. Sería muy extraño decirte que yo escucho las canciones de Daddy Yankee o de Bad Bunny, no porque sea aficionado de eso, sino porque son parte de la realidad diaria y algunas de esas letras, que mucha gente ve como música totalmente pervertida, de estos reggaetones, a mí me suenan y me gustan porque cuentan historias, y todo lo que cuenta historias para mí es atractivo.

Este libro se presentó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, está en las librerías de España, de América Latina, ¿cómo lo han recibido los lectores? ¿Se puede leer en Nicaragua hoy?

Pues Nicaragua creo que no. No lo sé si ya estará en las librerías. En España, el libro apareció en septiembre, yo debería haberlo presentado en septiembre, pero me encontraba en la Universidad de Princeton, cumpliendo mi compromiso del semestre académico allá y no pude hacerlo.

Me alegró muchísimo que en el recuento de mejores libros del año que hace el diario El País, este libro fue incluido entre los 50 mejores libros publicados en España en 2022. La recepción crítica que ha tenido ha sido realmente muy buena tanto en España como en México, y esos son, pues, los pagos por abonos que un escritor recibe, más que las regalías o los derechos de autor, es el hecho de que el libro sea recibido como un buen libro, que por el esfuerzo que yo puse, por la dedicación que tuve al escribirlo, porque no me gusta improvisar y me gusta cultivar la calidad de la escritura, y si eso es reconocido, pues para mí es satisfacción suficiente.

¿Cómo están tus planes literarios este año? ¿Hay libros que se están cociendo en tu cocina?

Una novela que tengo siete años de estar escribiendo, no porque haya tardado siete años escribirla, sino porque la he ido escribiendo a retazos. A mí me ocurre con las novelas, que yo comienzo un proyecto y lo abandono, porque no encuentro la salida. En determinado momento, no sé hacia dónde voy a ir, y me dedico a otro libro que quizás sale primero.

De manera que, este lo estoy escribiendo desde hace siete años. Está listo, estoy revisando el último borrador. Es una historia que va a sorprender mucho, porque no es una historia que tenga que ver directamente solo con Nicaragua, sino que comienza en Europa y termina en Nicaragua en tiempo de la caída de Zelaya.

Y, una vez que termine este libro, quisiera dedicarme a escribir un libro de historia sobre los emigrantes, desde la perspectiva del escritor de ficciones que usa el reportaje. Escribir una diversidad de historias sobre los emigrantes que están siendo obligados a salir a Nicaragua, por miles, y la historia de los emigrantes se queda perdida en las estadísticas porque podemos decir 180 000 personas solicitaron asilo en los Estados Unidos, tantas otras miles se fueron para Costa Rica, otros en España, que me los encuentro aquí, a cada rato, en las calles, nuevos nicaragüenses que llegan. Pero, eso no es lo que a mí me interesa, la estadística, sino las historias personales: las mujeres que vienen aquí a cuidar ancianos desde Somoto, desde las profundidades del norte de Nicaragua; los que resultan ahogados al cruzar el Río Bravo; las mujeres que se entrenan en una piscina en Estelí, creyendo que así van a poder cruzar el Río Bravo de noche, esas aguas embravecidas y muchos mueren ahogados, hay niños, mujeres; su vida en los campamentos en Arizona; las dificultades que pasan al atravesar el territorio mexicano. Hay decenas de historias. Yo tengo ya un archivo inmenso de estas historias que quiero recrear.

El viernes 20 de enero la Asociación Humanismo Solidario te otorgó el Premio Internacional Erasmo de Rotterdam, en Madrid. ¿Qué significa para vos este reconocimiento?

Esta es una asociación europea, que cada año escoge a alguien para otorgarle este premio de humanismo solidario. Para mí ha sido un gran honor recibir este premio, obviamente, pero sobre todo por lo que para mí la figura de Erasmo de Rotterdam significa. Es una de las grandes figuras de la historia del pensamiento europeo, de la toma de posición cuando se da la lucha entre la Iglesia católica y el surgimiento de la Reforma Protestante. Erasmo no abandona la Iglesia católica, pero se vuelve un crítico profundo del sistema de poder de la Iglesia en ese tiempo, y en este libro tan maravilloso suyo, del cual yo soy lector impenitente, El elogio de la locura, como se ha traducido, es El elogio de la estulticia, en latín, es decir, el elogio de la tontería, locura como tontería, que es una crítica profunda del poder, de toda clase de poder, de la banalidad del poder, pone a Erasmo de cara a lo que yo siempre he creído, y que mi maestro de la Universidad de León, el rector Mariano Fiallos Gil, llamaba el humanismo beligerante. Entonces, humanismo solidario, humanismo beligerante, son dos frases que a mí me dicen muchísimo, por eso, recibir este premio me da la oportunidad, como lo dije en el discurso, de reflexionar sobre el humanismo que ha sido uno de los grandes temas de mi vida.

¿Y cómo ves Nicaragua al inicio de este año 2023? Además de la migración masiva, hay dos noticias de las cuales no habla el Gobierno ni la prensa oficial, que son la cárcel y el juicio político fabricado contra monseñor Rolando Álvarez y la caída del comisionado general Adolfo Marenco, el jefe de espionaje de la Policía que hoy está preso en El Chipote. ¿Qué te dicen estas noticias?

De las últimas de las dos, me parece que los juegos de poder en los extremos de la corrupción y del acaparamiento del poder van a seguirse dando. Es decir, la represión interna, la vigilancia interna, de que las fichas no se desordenen, el miedo es una de las características del poder absoluto, el temor de la traición, o la falta de control sobre grupos que comienzan a ser independientes por razones económicas o de negocios, todo eso es característico del poder absoluto.

Pero, a mí me parece que la gran tragedia de los presos políticos de Nicaragua, que es tan grande, tanta gente presa sin ninguna razón; han condenado a la familia de Javier Álvarez, eso me parece que es una de las barbaries más grandes que han ocurrido, la mujer de Javier, su hija, su yerno, solamente porque no lo pudieron agarrar a él.

Pero la figura que representa este drama de la represión contra la gente que piensa de manera independiente está en monseñor Álvarez. Este hombre solo, solo, literalmente solo en la sala del Juzgado, frente a sus acusadores; este hombre que tanta dignidad ha representado en el país, abandonado. A mí me parece que Álvarez es la figura del abandono, abandonado por los suyos. Hay una oración que yo escuché en la voz suya, que ahora no la recuerdo literalmente, pasada por las redes sociales, cuando todavía él estaba libre, y lo tenían encerrado en la casa cural en Matagalpa, donde él dice: hablando de la soledad: “Mis hermanos me han abandonado”. Yo creo que sí ha sido abandonado por los suyos y esto es lo que multiplica para mí la tragedia. El abandono del Vaticano yo no me lo explico; el abandono de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, tampoco; el silencio, sobre una losa, me parece que para él el gran dolor, más que el estar preso, debe ser este silencio de los suyos.

Daniel Ortega inició este 10 de enero, su año número 16 de ejercer el poder de forma consecutiva en Nicaragua. ¿Cómo ves el futuro? ¿Tienes alguna esperanza de regresar al país? Te he escuchado decir varias veces que hay que estar preparado para morir en el exilio. ¿Por qué?

El estado de ánimo en el que me encuentro cuando me lo preguntan, si me lo preguntan ahorita diría, no, vamos a regresar todos, yo tengo grandes esperanzas de que volveré a ver las calles de mi pueblo. Cuando me preguntan sobre esto, ¿qué es lo primero que quisieras hacer cuando llegaras a Nicaragua? Regresar a Masatepe, el lugar donde yo nací. No en balde decía T. S. Eliot en uno de esos grandes poemas, que siempre se vuelve el punto de partida, entonces regresar al punto de partida.

Entonces no pierdo esa esperanza, aunque a veces la pesadumbre me haga dudar, pero claro, que todo tiene su fin y todo tiene su principio. Entonces, espero un principio distinto para Nicaragua.

No soy tan entusiasta como para pensar en que habrá en Nicaragua un cambio de inmediato, no veo estas condiciones, me parece que quienes podrían hacer el cambio están presos todos. Yo a las personas que están presos les tengo un profundo respeto, me parece que lo mejor del país está en la cárcel: sacerdotes, intelectuales, profesionales, empresarios, universitarios, lo mejor del país está preso; y el país lo van a hacer ellos, en primer lugar. Es decir, el gran cambio de Nicaragua lo van a encabezar estos presos, que representan la moral de Nicaragua.

]]>
Centroamérica Sun, 05 Feb 2023 07:37:10 +0100 https://elfaro.net/es/202302/centroamerica/26692/Sergio-Ramírez-cuenta-la-tragedia-de-los-personajes-pequeños-en-“Ese-día-cayó-en-domingo”.htm
Sin maras y sin democracia http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_0_3000_2000/images%7Ccms-image-000038591.jpg https://elfaro.net/es/202302/columnas/26696/Sin-maras-y-sin-democracia.htm La ausencia de pandillas, visible por primera vez en mucho tiempo, es un cambio fundamental en la vida de miles de salvadoreños. Pero el precio que hemos tenido que pagar por ello es altísimo. Read in English

La ausencia visible de estructuras de pandillas en muchas comunidades de El Salvador es una gran noticia para todos los salvadoreños, pero particularmente para quienes han vivido, durante décadas, bajo el control de estos grupos criminales. La desarticulación de las pandillas tiene una enorme capacidad de transformación en la vida del país.

La evolución de las pandillas durante todos estos años, de grupos de jóvenes marginados a verdaderas estructuras criminales que disputaron al Estado control sobre una significativa parte del territorio y, más importante, de la población, es un retrato de cómo la clase política que heredamos de la Guerra Civil falló a los ciudadanos. Las pandillas fueron el reflejo y el producto de una sociedad descompuesta, traumada y abandonada por una clase dirigente que las vio durante años como un problema político, para después instrumentalizarlas y convertirlas en aliadas estratégicas en la lucha por conservar el poder. Esto último incluye también al actual Gobierno, que durante sus primeros tres años ocupó el diálogo clandestino con los líderes mareros para reducir los homicidios.

El Faro logró confirmar que miles de pandilleros están ahora en desbandada, que sus estructuras han sido seriamente debilitadas y que su presencia es ya mínima o nula en los territorios que controlaron durante décadas. Para que ello sucediera, hemos tenido que ceder nuestra democracia que, aunque imperfecta, se construyó después de casi 100 000 muertes y miles de desapariciones.

Ahora El Salvador ha entregado el poder a una sola persona, que ya manipula todo el sistema y que no está sujeto ni a mecanismos de control ni de rendición de cuentas. Si en una democracia el pueblo delega en sus representantes el gobierno y les exige que rindan cuentas de sus actos, en el régimen autoritario que vivimos ahora es el gobernante quien decide qué hacer y qué decirnos.

Para la mayoría de los salvadoreños, la democracia perdió valor al no ser capaz de resolver los problemas más urgentes del país y, entre ellos, fundamentalmente, el de la inseguridad y el terror causado por las pandillas. La democracia fue durante décadas algo, si acaso, abstracto para los sectores populares de El Salvador. Las pandillas, en cambio, eran una presencia diaria, cotidiana y aplastante. 

Las escenas atestiguadas en las últimas semanas por los reporteros de este periódico dan cuenta de una nueva vida, desconocida hasta ahora para miles, en la que pueden cruzar calles y convivir con vecinos y seguir con sus vidas sin el sometimiento provocado por la pistola en la cabeza que colocaron los pandilleros por décadas. Esto, sin duda, es un cambio extraordinario.

Pero las pandillas no nacieron por generación espontánea. Han sido la expresión más cruda y violenta de una sociedad descompuesta, corrupta, que brinda pocas oportunidades a la mayoría de la población y que está marcada por la pobreza, la desigualdad, la imposibilidad de movilidad social, de acceso a servicios fundamentales como la salud, la educación, la vivienda digna y empleo digno; la conservación de nuestros precarios recursos naturales. Esas condiciones no han cambiado, ni hay ningún plan en la agenda gubernamental para un cambio estructural en nuestra sociedad de tal envergadura que erradique las condiciones para el resurgimiento de estas macabras expresiones. Las causas que dieron origen a las pandillas permanecen allí, todas, y la represión no es una solución sostenible. 

El régimen de Bukele pasó del pacto con esas estructuras criminales a la represión cuando el pacto se rompió. El barrido de estas comunidades ha sido ejecutado por el Ejército y la Policía, durante un régimen de excepción que les permitió convertirse en fiscales y jueces y detener sin orden judicial a cualquier ciudadano que les pareciera sospechoso. Las violaciones a los derechos humanos son masivas y miles de inocentes permanecen injustamente detenidos en prisiones hacinadas, decenas han muerto en detención mientras el mandatario presume una gigantesca prisión recién levantada, sin licitación pública, por la constructora que eligieron a dedo.

Los salvadoreños hemos renunciado a la presunción de inocencia, a la legítima defensa, a un juicio justo, a tener instancias que controlen y sancionen los abusos cometidos desde el Gobierno. Renunciamos al Estado de Derecho que supone el respeto a la ley y a la Constitución. Renunciamos a la libre expresión de ideas, a la libertad de disentir, a la separación de poderes, a la transparencia en las finanzas públicas y a los mecanismos contemplados para combatir la corrupción; renunciamos a la alternancia en el poder y volvimos al caudillismo corrupto.

La ausencia de pandillas, visible en El Salvador por primera vez en mucho tiempo, es un cambio fundamental en la vida de miles de salvadoreños. Pero el precio que hemos tenido que pagar por ello es altísimo. El remedio podría resultar tan nocivo como la enfermedad.

]]>
Columnas Fri, 03 Feb 2023 16:04:06 +0100 https://elfaro.net/es/202302/columnas/26696/Sin-maras-y-sin-democracia.htm
Régimen de Bukele desarticula a las pandillas en El Salvador http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_0_3000_2000/images%7Ccms-image-000038573.JPG https://elfaro.net/es/202302/el_salvador/26691/Régimen-de-Bukele-desarticula-a-las-pandillas-en-El-Salvador.htm Durante las últimas semanas, El Faro ha ido a territorios otrora impenetrables, ha hablado con líderes pandilleros, con víctimas de esos grupos criminales, con policías y representantes de organizaciones no gubernamentales. Todo indica que, luego de diez meses de régimen de excepción, en el que han sido suprimidas garantías constitucionales básicas y se han registrado masivas violaciones a los derechos humanos, el esquema del presidente Nayib Bukele ha conseguido desestructurar a las pandillas en El Salvador, desbaratando su control territorial, su principal vía de financiamiento y su estructura interna. Read in English

Ni la Mara Salvatrucha-13, ni las dos facciones del Barrio 18 -Sureños y Revolucionarios-, ni otras pandillas menores, como la Mao-Mao, La Mirada Locos o CODEMAR, operan más en las calles de El Salvador de la forma en que lo hicieron por décadas. Tras diez meses de régimen de excepción, en el que han sido suprimidas garantías constitucionales, el Gobierno del presidente Nayib Bukele ha desestructurado a las pandillas de El Salvador, socavando su control territorial, su principal vía de financiamiento y su estructura jerárquica. El Faro habló con un veterano líder pandillero, ahora en huida fuera del país; visitó 14 comunidades que solían vivir bajo control pandillero en las zonas occidental, central y oriental del territorio; recorrió el Centro capitalino, circulando por las fronteras criminales controladas durante décadas por pandillas; habló con empresarios de distintos niveles sometidos por años al pago de extorsión; con policías, oenegés y políticos de oposición. La conclusión es contundente: las pandillas ya no existen de la manera en que El Salvador las ha padecido.

Así se veían las paredes de las viviendas de la quinta etapa de la Urbanización Las Margaritas. Esas marcas han desparecido durante el régimen de excepción. Foto de El Faro: Víctor Peña.
 
Así se veían las paredes de las viviendas de la quinta etapa de la Urbanización Las Margaritas. Esas marcas han desparecido durante el régimen de excepción. Foto de El Faro: Víctor Peña.

Un veterano líder pandillero, que escaló hasta los niveles más altos de su estructura criminal, habló con El Faro a condición de que no se revelara su nombre, su pandilla o el país en que vive. Esta persona fue parte de los influyentes círculos que tuvieron conocimiento de las negociaciones que estas organizaciones llevaron a cabo con distintos gobiernos desde 2012 hasta la actual administración. 

Ante la pregunta directa: “¿El Gobierno de Bukele destruyó a las pandillas?”, respondió: “Sí, desbarató a las pandillas como las conocías. Si lo que decís es que ya no están cipotes teniendo presencia en los lugares, es cierto. Ya no están. Si lo querés ver de esa manera, así es, desbarató a las pandillas”.

Esta fuente explicó que las estructuras en los territorios se quedaron desconectadas durante esta administración de las cúpulas que las lideraban desde las cárceles. Según él, a diferencia de 2015, cuando el gobierno efemelenista del presidente Salvador Sánchez Cerén lanzó una embestida militar y policial contra las pandillas, en el actual escenario estas organizaciones criminales no contaron con directrices que les permitieran responder y enfrentar el embate del Estado. Según este pandillero, la generalidad de los “soldados” en la calle considera desde hace ya algún tiempo que sus líderes “los vendieron”. 

“Es real. Estas estructuras no tienen gerencia. Supuestamente las ranflas (liderazgos nacionales encarcelados en su mayoría) buscaban el bienestar de sus soldados. Ahora no. Nosotros llegamos a la conclusión que no era así, que las ranflas no estaban buscando el bienestar de sus soldados”, asegura y agrega que la concentración de poder en los mandos históricos de las tres principales pandillas jugó en contra de esas estructuras. Tras diez años de negociaciones con gobiernos nacionales, los pandilleros libres dejaron de confiar en sus líderes presos, según la fuente. 

“Las ranflas no quisieron dejar a sustitutos, no quisieron. No sé por qué, tal vez con la idea esa de que no querían darle a otro algo que era suyo. La cosa es que no lo hicieron. Estos locos negociaron su propia conveniencia. ¿Qué negociaron (con el Gobierno de Bukele)? No lo sé”, dijo.

Según su lógica, la administración actual consiguió aislar a las cúpulas del resto de la organización, lo que le permitió enfrentarse a estructuras fragmentadas, a cargo de mandos medios sin directrices y sin capacidad de tomar decisiones a nivel nacional. 

“El cobro de la renta (extorsión) ya valió madres, habrá todavía quien pague por el mero miedo, como al diablo, al que le tenés miedo de que te castigue, pero nunca lo ves”, agregó. Sin embargo, asegura que todavía quedan pequeñas células pandilleras o individuos que podrían actuar por su cuenta, aunque acepta que en el territorio que él solía controlar quedan apenas “un par de cipotes que andan escondidos y que eran de los más bajos. Mis perros están fuera de ahí. No están ahí”, aseguró.

Ante la falta de una estructura jerárquica a la que responder, él se pregunta sobre sí mismo: “¿Yo soy un delincuente más o soy un pandillero?”. Al terminar la conversación preguntamos si su solicitud de anonimato respondía al temor de que su pandilla actúe en su contra. Su respuesta fue a tono con su discurso “¡N’ombre, si de eso ya no hay, me da miedo que el Gobierno se ponga a buscarme”. 

Grafitis de la pandilla Barrio 18 borrados en el camino a la colonia Montreal, Mejicanos, la cual controlaba totalmente la MS-13. Foto de El Faro: Carlos Barrera.
 
Grafitis de la pandilla Barrio 18 borrados en el camino a la colonia Montreal, Mejicanos, la cual controlaba totalmente la MS-13. Foto de El Faro: Carlos Barrera.

Las pandillas llegaron a El Salvador deportadas desde California a finales de los 80, nutridas por personas que habían huido de la Guerra Civil salvadoreña (1980-1992). Durante la posguerra, poco a poco, esas estructuras prosperaron en este país centroamericano sin estar en el centro de la política de seguridad del Estado. En 2003, durante la administración del arenero Francisco Flores (1999-204), se lanzó el Plan Mano Dura, que ubicó a esos grupos criminales en primer plano. Desde entonces, las pandillas crecieron, al igual que los índices de homicidios del país, que llegaron a su punto más alto cuando en 2015 hubo 103 homicidios por cada 100,000 salvadoreños. Al menos desde 2012, bajo el primer gobierno del FMLN, las pandillas pactaron con los políticos un intercambio: la reducción de homicidios por beneficios carcelarios que les permitieron tomar el control de sus estructuras en las calles. Las negociaciones se dilapidaron paulatinamente por cálculos políticos y las pandillas nunca dejaron de crecer, hasta alcanzar el número de 70,000 miembros activos en un país de 6.5 millones de habitantes. Bukele negoció con las pandillas por primera vez cuando era alcalde de la capital (2015-2018), bajo la bandera del FMLN. 

El poder de las pandillas creció durante décadas, extendiéndose a casi todo el territorio salvadoreño, echando raíces en comunidades empobrecidas. Estas estructuras sometieron a miles de comunidades, mediante la fuerza y el terror, a vivir bajo el arbitrio de sus normas, que sintetizaron bajo el lema “ver, oír y callar”. Desobedecer las exigencias de dinero, o violar las draconianas normas de convivencia que imponían solía pagarse con la vida. Además, los habitantes de los territorios bajo control pandillero solían ser víctimas colaterales de la guerra que libraban entre sí. Uno de los más infames ejemplos de su poder ocurrió en junio de 2010, cuando la facción Revolucionarios del Barrio 18 quemó vivas a 17 personas que se conducían en un microbús del transporte público, sólo por el hecho de que esas personas habitaban una comunidad controlada por la Mara Salvatrucha-13. 

Durante esta investigación, este periódico constató la ausencia de estos criminales en comunidades donde su poder era férreo y conversó con habitantes, maestros de escuela y directivos comunales que confirman que el control de esas organizaciones ha desaparecido. 

Los habitantes de estas comunidades aseguraron a El Faro que el inmenso poder que las pandillas acumularon durante décadas se desvaneció paulatinamente desde el inicio del régimen de excepción en marzo de 2022. La manifestación de ello, aseguran, es palpable: la suspensión de las extorsiones y otros “impuestos” que estas estructuras exigían, como el pago por el derecho a parqueo, venta de inmuebles o adquisición de contratos de televisión por cable. 

Algunas personas dijeron que el servicio a domicilio de algunos restaurantes ya está disponible para sus comunidades, así como el servicio de taxis o de aplicaciones de transporte, como Uber, algo impensable durante los últimos años. 

El 2 de diciembre de 2022, el Gobierno montó un cerco de seguridad en la urbanización Las Margaritas y el reparto Las Campaneras, consideradas entre las más peligrosas del municipio de Soyapango. Todas las personas que transitaban por esas calles eran interceptadas por un grupo de policías o militares, que como en la fotografía solicitaban a algunos mostrarles que no tuvieran tatuajes. Foto de El Faro: Víctor Peña.
 
El 2 de diciembre de 2022, el Gobierno montó un cerco de seguridad en la urbanización Las Margaritas y el reparto Las Campaneras, consideradas entre las más peligrosas del municipio de Soyapango. Todas las personas que transitaban por esas calles eran interceptadas por un grupo de policías o militares, que como en la fotografía solicitaban a algunos mostrarles que no tuvieran tatuajes. Foto de El Faro: Víctor Peña.

Las fronteras que dividían a los territorios controlados por pandillas rivales se desvanecen. Por ejemplo: unas mujeres de Villa de Jesús, en el municipio de Soyapango, relataron cómo se reencontraron con el lago de Ilopango, luego de casi una década sin poder visitarlo, porque la pandilla que controlaba el acceso al lago -la MS-13- amenazaba de muerte a cualquiera que, como ellas, viviera en un lugar controlado por otra pandilla, como en su caso ocurría con la facción Sureños del Barrio 18. 

Comunidades divididas durante años por fronteras invisibles comienzan a organizarse para recuperar espacios comunes, canchas o parques, que durante décadas hicieron las veces de marcas fronterizas. Un ejemplo de ello es la colonia Las Cañas, en el municipio de Ilopango: las directivas de ambos lados de la comunidad que eran controladas por pandillas contrarias se juntaron y organizaron un partido de fútbol con jóvenes de ambos lados, como el inicio de un proceso de unificación de la colonia. 

Empresarios y pequeños comerciantes que durante años han pagado renta a las pandillas se han librado del yugo de las extorsiones en el último trimestre. El dueño de un restaurante capitalino que pagaba a la facción Revolucionaria del Barrio 18 dejó de pagar la renta desde noviembre de 2022. El dueño de una peluquería en el Centro de San Salvador dejó de tributar a los Centrales Locos Salvatruchos, un programa de la MS-13, desde diciembre pasado. La historia del no pago de la extorsión se repite con el conductor de un camión de una de las principales distribuidoras de productos del país y con un vendedor rutero que cada semana visita negocios de San Marcos, Olocuilta y Santiago Texacuangos, municipios con colonias controladas por pandillas. Las principales gremiales empresariales del país no tienen estadísticas sobre las extorsiones en los últimos meses, pero sus agremiados les reportan que algo está cambiando. “Socios que realizan distribución masiva nos han comentado que han logrado brindar cobertura en colonias y sectores a los que antes no podían ingresar”, respondió la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL).

Incluso personajes públicos que han sido críticos con el régimen de excepción admiten que este acabó con las pandillas. Marvin Reyes fue policía por 20 años, y luego fundador y dirigente del Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP) durante los últimos siete años. Su trabajo, en buena medida, es proteger a policías de abusos de la institución. “Las pandillas, así como las conocíamos, como estructura nacional, ya no existen. Han quedado como un vestigio”, dice.  La voz de Reyes es valiosa porque se nutre de reportes de cientos de policías y expolicías agremiados en el MTP y repartidos en todo el país. “ (Las pandillas) se han quedado con un control difuso en algunas partes, apenas unos tentáculos anclados en ciertos puntos”, agrega. Reyes pone como ejemplo el municipio de Santa Tecla, que padeció durante años el control del programa Libertad de la MS-13. “Aún ahí se hacen pasar por repartidores de comida para recoger la extorsión en algunos puntos”, explica. 

El dirigente de cientos de policías agremiados asegura que esta situación cambiará por completo las dinámicas estatales y criminales. Para explicar lo primero recuerda que el 23 de diciembre del año pasado fueron despedidos 300 agentes supernumerarios, todos de la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos de la Policía. “Desmantelaron la unidad, porque con el régimen que condena a todo mundo ya no necesitan a los testigos como antes”, explica. Reyes reconoce un hecho: “Por el régimen, la gente ha perdido el miedo a denunciar pandilleros”. Sobre las pandillas, es puntual: “se van a convertir en pequeñas mafias”. Sobre Bukele, también lo es: “Con esto se va a poder reelegir hasta que él quiera”. 

Un agente policial, miembro del movimiento que dirige Reyes y destacado en Soyapango, respalda lo dicho por su dirigente: “Es cierto, uno ahora ya puede caminar con más tranquilidad porque ya no ve pandilleros en todas las esquinas, pero todavía quedan”. Como ejemplo, mencionó la existencia de una panadería y un bar que son regentados por pandilleros, “pero pandilleros que no tienen tatuajes ni antecedentes”, matizó. “No los capturan porque los jefes se echan la pelota entre ellos de quién tiene la responsabilidad de irlos a traer”, aseguró. 

Esta vivienda de Las Margaritas, en Soyapango, fue utilizada durante muchos años por la MS-13 para reuniones. Está ubicada al final de la quinta etapa. Los vecinos con frecuencia escuchaban disparos desde ese lugar. Foto de El Faro: Víctor Peña.
 
Esta vivienda de Las Margaritas, en Soyapango, fue utilizada durante muchos años por la MS-13 para reuniones. Está ubicada al final de la quinta etapa. Los vecinos con frecuencia escuchaban disparos desde ese lugar. Foto de El Faro: Víctor Peña.

El régimen de excepción fue aprobado por La Asamblea Legislativa, a petición del presidente Bukele, a finales de marzo de 2022, como respuesta a la masacre cometida por la MS-13 ese mismo mes, en el que 87 personas fueron asesinadas. Esta masacre marcó el final del pacto que Bukele mantenía en secreto con las pandillas desde el inicio de la actual administración y que incluyó incluso sacar de prisión a, al menos, un líder histórico de la MS-13 con condena pendiente en El Salvador y petición de extradición por parte de Estados Unidos. 

El régimen de excepción implica la pérdida de garantías constitucionales de los ciudadanos: la policía puede detener a cualquier ciudadano sin necesidad de una orden judicial o siquiera de informar las razones de la detención. Además, el plazo de detención provisional ha sido ampliado de 72 horas a 15 días, sin derecho a la defensa. Las comunicaciones también pueden ser intervenidas sin necesidad de una orden judicial. El Régimen de Excepción y sus posteriores diez prórrogas mensuales han sido aprobados por la mayoría oficialista en el Congreso. Durante este periodo han sido capturadas 63,000 personas, según declaraciones gubernamentales, hasta enero de 2023. 

Varias organizaciones de Derechos Humanos, como Human Rights Watch o Cristosal, han documentado cientos de detenciones arbitrarias, torturas e incluso muertes violentas mientras las personas estaban bajo custodia del Estado. En diciembre de 2022, estas organizaciones presentaron un informe conjunto que titularon “‘Podemos detener a quien queramos’: Violaciones generalizadas de derechos humanos durante el ‘régimen de excepción’ en El Salvador”. En julio de 2022 -cuatro meses después de aprobado el primer régimen de excepción- las denuncias de habeas corpus habían roto récords históricos, con números que no se registraban desde el fin de la Guerra Civil: desde 1995, la Corte Suprema de Justicia recibía un promedio de 457 amparos al año, pero en esos cuatro meses se acumularon 1,090 recursos por abusos de autoridad y atropellos cometidos por policías y militares. 

Todo lo relacionado con el régimen de excepción está cubierto por un manto de opacidad: no existe manera de verificar siquiera el número oficial de detenidos y la única fuente oficial de estas cifras son los tuits de funcionarios públicos. Datos básicos de las detenciones, como edades, lugar de capturas, delitos imputados o pandilla con la que se vincula al detenido, están reservados. Todos los juicios relacionados al régimen han sido declarados bajo reserva total. Sin embargo, este periódico obtuvo los expedientes de 690 detenidos que reflejan la absoluta arbitrariedad en muchas capturas, donde los agentes ponderan la apariencia o proceden bajo criterios tan subjetivos como el “nerviosismo” de la persona detenida.

Pese a las múltiples denuncias por violaciones de derechos humanos, el régimen de excepción goza de la aprobación de alrededor del 80% de los salvadoreños , según distintas encuestas.

Paseo por las ciudades prohibidas

“En esta cancha de fútbol sólo pandilleros estaban”, dijo un habitante de la urbanización Las Margaritas, en el municipio de Soyapango, señalando un campo ubicado en la quinta etapa de ese lugar, en el que varios jóvenes jugaban un acalorado partido esa tarde de enero de 2023. 

A pesar de que las personas entrevistadas reconocieron la ausencia de pandilleros en sus barrios, algunos pidieron anonimato para hablar, por temor a que esto solo sea una circunstancia pasajera. Aunque la mayoría de las fuentes decidió identificarse con su nombre y apellido, este periódico optó, cuidando la seguridad de sus fuentes, por identificarlos sólo con su nombre de pila.

Las Margaritas fue durante años un sólido bastión de la MS-13. La cancha que señaló el vecino colinda con otra comunidad en la que ejercía su poder la facción Sureños del Barrio 18 y solía ser un sitio donde las balaceras eran recurrentes. 

“Aquí la pandilla te cobraba 20 dólares por cada vehículo y, si no pagabas, te lo robaban; si iba a venir un familiar a visitarte, tenías que pedirle permiso a los bichos y, si tenías un negocio que medio iba sacando la cabeza, tenías que pagarles. Ahora ya no queda ninguno aquí”, dijo. 

Habitantes de la quinta etapa de Las Margaritas, en Soyapango, juegan en la cancha de fútbol. Esta era una frontera con la comunidad Las Vegas, donde solía haber enfrentamientos entre la MS-13 y el Barrio 18 Sureños. Desde hace algunos meses, familias enteras llegan a este sitio y todos los días hay un partido de fútbol a partir de las 5:00 de la tarde. Foto de El Faro: Víctor Peña.
 
Habitantes de la quinta etapa de Las Margaritas, en Soyapango, juegan en la cancha de fútbol. Esta era una frontera con la comunidad Las Vegas, donde solía haber enfrentamientos entre la MS-13 y el Barrio 18 Sureños. Desde hace algunos meses, familias enteras llegan a este sitio y todos los días hay un partido de fútbol a partir de las 5:00 de la tarde. Foto de El Faro: Víctor Peña.

El Faro visitó este enero algunas de las más emblemáticas colonias del departamento de San Salvador que estuvieron sometidas durante años a un férreo control de las pandillas, como Las Margaritas o Villa de Jesús, también en Soyapango, donde ejercía su poder la facción Sureños del Barrio 18; o Las Palmas, en el municipio de San Salvador, que era controlada por la facción Revolucionarios. 

Los habitantes de esas comunidades recordaron relatos violentos donde las estructuras criminales controlaban de forma cruel e inapelable, lo que incluía todo tipo de demandas de dinero por las más cotidianas acciones. Una mujer, miembro de la directiva de Las Palmas, contó que, tras la muerte de su madre, ella y su hermana vendieron a 12,000 dólares la vieja casa familiar que está dentro de la comunidad y se repartieron a partes iguales. Cuando la pandilla se dio cuenta de que habían vendido sin tributarle, la despojaron de su mitad del dinero. “Yo les tuve que dar todo, no disfruté de la herencia de mi madre”, dijo. 

La misma mujer relató cómo los vecinos escucharon en silencio las torturas que padeció un joven al que la pandilla exigía revelar el paradero de su padre. “Aquí había que ver, oír y callar”.

Durante la visita de este periódico a esa comunidad, los miembros de la junta directiva se animaron a hacer algo que hace un año era impensable: hablaron abiertamente con periodistas sobre los atropellos de la pandilla, en plena calle y a la luz del día. “Antes le hubiéramos respondido que no sabíamos nada y que no queríamos hablar”, dijo Víctor, presidente de la directiva vecinal. 

Los directivos guiaron un recorrido por lo que llaman “la ciudad prohibida”, un sector de la colonia donde los pandilleros tenían una de sus casas destroyer, una especie de casa común que utilizaban para reunirse y torturar víctimas. Aquel lugar está hoy deshabitado y sobre un viejo sofá descansaba una maleta de ropa abandonada. 

Esta era una casa
 
Esta era una casa "destroyer" del Barrio 18 Revolucionarios, ubicada en las orillas de la quebrada La Mascota, en la comunidad Las Palmas, en San Salvador. Los vecinos de la comunidad llaman al sector en el que está ubicada esa vivienda “la ciudad prohibida”. Foto de El Faro: Víctor Peña.

El Reparto Las Cañas, en el municipio de Ilopango, es una colonia dividida en dos: la parte de arriba era controlada por la MS-13 y la parte de abajo por el Barrio 18. La división era tan radical que la escuela (ubicada en la parte de arriba) tuvo que cerrar algunos cursos, por falta de asistencia de alumnos; y los profesores alquilaron una casa en la parte de abajo para poder dar clases a los niños que no podían subir a la escuela. 

El último domingo de enero de 2023, la comunidad organizó un insólito partido de fútbol con jugadores de las dos mitades de la colonia. Pese a vivir en el mismo sitio, los jugadores de uno y otro equipo no se conocían entre sí, y los de la parte de abajo no habían pisado la cancha de arriba. “Hace cinco años cerramos la escuelita de fútbol porque los bichos se subían a esa lomita a dispararnos y los niños ya sabían que al oír un disparo se tenían que tirar al suelo, hasta que los padres ya no los dejaron venir a entrenar”, contó don Francisco, quien solía ser el entrenador de aquellos niños. 

Escenarios similares relataron los vecinos de las colonias San Julián, La Playa y Las Atarrayas, en el municipio de Acajutla, en el occidental departamento de Sonsonate. “¡N’ombre!, aquí usted no hubiera podido llegar, allá lo hubieran parado los cipotes”, dijo Ana, dueña de una tienda en la colonia San Julián, señalando un poste eléctrico a dos cuadras de su casa. A partir de ese punto, toda persona que quisiera ingresar debía contar con la aprobación de los pandilleros. Todo el municipio estaba controlado por la MS-13, y sus pobladores relatan escenarios de atropellos similares a los narrados por los vecinos de las colonias de San Salvador. 

“Se siente una gran tranquilidad, pero nosotros pensamos que, si dejan salir a esa gente (de las cárceles), aquí va a correr la sangre”, dijo una señora, dueña de un pequeño restaurante a orillas de la playa, que aseguró que todos los pandilleros de su sector fueron capturados o huyeron, pero que teme que la situación pueda revertirse. 

Los habitantes del reparto Las Cañas, en el municipio de Ilopango, juegan al fútbol en la vieja que cancha que por muchos años fue una frontera entre la MS-13 y el Barrio 18 Sureños. Los habitantes ahora luchan por unificar a la comunidad. Foto de El Faro: Víctor Peña.
 
Los habitantes del reparto Las Cañas, en el municipio de Ilopango, juegan al fútbol en la vieja que cancha que por muchos años fue una frontera entre la MS-13 y el Barrio 18 Sureños. Los habitantes ahora luchan por unificar a la comunidad. Foto de El Faro: Víctor Peña.

En Nahuizalco, siempre en el departamento de Sonsonate, convergían las tres principales pandillas y el parque central era un potencial campo de batalla. Sentado en medio de ese parque, un hombre narró cómo el funeral de un pariente terminó en tragedia: el cementerio está ubicado en una zona que era controlada por la MS-13. Debido a que él y su familia vivían en una zona controlada por pandillas rivales, recibieron una lluvia de plomo en medio del sepelio. Su hermano terminó con un pulmón perforado y un niño perdió un ojo. Ahora dice haber notado la llegada de turistas al parque en el que hablamos.

En el oriental departamento de San Miguel, al otro extremo de El Salvador, se encuentran las colonias La Presita y la Panamericana, otrora controladas por La Mirada Locos-13 y la MS-13. Al final de la colonia La Presita hay un predio que colinda con un barranco, que sirve de cuenca para el río Grande. Ese predio solía ser un basurero, en cuyas márgenes se reunía la pandilla cada noche. Don Requeno era vecino de aquel basurero. “Aquí, de noche, todo mundo se encerraba en su casa y nadie quería enterarse de nada”, dijo. Don Requeno, ante la ausencia de pandilleros, juntó a un grupo de 40 ancianos como él. Se organizaron en cuadrillas para limpiar el basurero durante estos últimos meses, cada martes y domingo. Don Requeno y sus aliados están pensando en hacer un parque para los niños de la comunidad. 

El mismo alivio se respira en la colonia Panamericana, donde fue fundado uno de los programas más fuertes de la MS-13: Sailors Locos Salvatrucha. Los habitantes de esa colonia aseguran que la pandilla ha desaparecido. Un albañil contó que abandonó trabajos con salarios que él consideraba jugosos porque implicaban ir a lugares controlados por pandillas contrarias. “El mayor cambio es que hoy se puede trabajar en todas partes”, dijo.

La Presita es una de las tantas comunidades establecidas sobre la ribera del río Grande de San Miguel. Al final de sus pasajes todavía hay vestigios de un basurero donde la pandilla La Mirada Locos tenía pleno control, como en el resto de la comunidad. Foto de El Faro: Víctor Peña.
 
La Presita es una de las tantas comunidades establecidas sobre la ribera del río Grande de San Miguel. Al final de sus pasajes todavía hay vestigios de un basurero donde la pandilla La Mirada Locos tenía pleno control, como en el resto de la comunidad. Foto de El Faro: Víctor Peña.

En el departamento de Santa Ana, en las cercanías del estadio Óscar Alberto Quiteño, está la comunidad Emmanuel, que durante años estuvo bajo control de la MS-13. Por vivir en esa comunidad, 480 familias no podían visitar lugares aledaños controlados por otras pandillas. “Estamos contentos porque podemos salir a donde quiera. Por la inseguridad nosotros no podíamos ir a El Congo ni al Bordo de La Laguna. Ahora ya podemos visitarlos, teníamos años de no poder visitarlos”, dijo Margarita. A la comunidad ahora entran vendedores. “Antes no podían entrar, porque tenían que colaborarles a ellos (pandilleros). Ahora cualquiera entra”, comenta Herminia, una comerciante.

El Faro también visitó la colonia 10 de Octubre, la colonia Santa María y El Cenizal, en el municipio de San Marcos, lugares que estuvieron bajo el control de la MS-13. “Aquí está calmado, te podés meter a los polígonos y no te va pasar nada porque a los chamacos que molestaban aquí al inicio del régimen se los llevaron”, dijo Antonio. En la Santa María, una colonia de pasajes estrechos, algunos polvosos, tampoco hay presencia de pandilleros. “El año pasado aquí nos pusieron (robaron) una vez”, contó un vendedor de productos varios en San Marcos. “Ahora está tranquilo, no te abatás”, dijo tras estacionarse bajo la sombra de un almendro y bajar para ofrecer sus productos.

En la mayoría de comunidades visitadas surgieron quejas de detenciones y abusos de militares y policías a personas que no tenían vínculo con pandillas. Un muchacho, habitante de la comunidad Villa de Jesús, en Soyapango, contó su experiencia: “Yo venía llegando de trabajar y un soldado me dijo: ´parate ahí pues hijueputa’, me dio una gran patada y se fue. ¿Y eso qué es?”.

Habitantes del barrio Las Atarrayas juegan al bingo en la calle principal de esta comunidad del municipio de Acajutla, en el departamento de Sonsonate. Este barrio, junto a La Coquera, La Playa y la San Julián, era considerado uno de los más peligrosos de este municipio. Foto de El Faro: Víctor Peña.
 
Habitantes del barrio Las Atarrayas juegan al bingo en la calle principal de esta comunidad del municipio de Acajutla, en el departamento de Sonsonate. Este barrio, junto a La Coquera, La Playa y la San Julián, era considerado uno de los más peligrosos de este municipio. Foto de El Faro: Víctor Peña.

El Centro capitalino: se desmonta el laberinto

Al menos hasta 2015, la Alcaldía capitalina registraba en el Centro unos 40,000 vendedores, entre formales e informales, y alrededor de 1 millón 200 mil personas que transitaban a diario esas 250 cuadras entre 5:30 de la mañana y 7 de la noche. Esos vendedores caminaban por pedazos del Centro, por aquellos que no fueran gobernados por una pandilla diferente. Las divisiones eran tajantes: una calle dividía el área sometida por una pandilla de la otra: Vendedores de comida que no podían vender un plato diez metros más allá de donde preparaban el almuerzo. El exalcalde arenero de la capital, Norman Quijano (2009-2015), reconoció que tuvo que cancelar visitas a comunidades del Centro, suspender proyectos de mercados e incluso la recolección de la basura cuando recibió información de que alguna pandilla estaba molesta. 

“Yo tenía años de no caminar por la tercera (calle Oriente). Todavía ella me regaña cuando sabe que me he ido por ahí”, dijo este 23 de enero un vendedor de la zona del mercado Tinetti, en las profundidades del Centro de San Salvador, mientras señalaba a su pareja. Cuando se le preguntó por qué, respondió con entonación de obviedad: “Porque esa era zona de los Centrales Locos que vienen de la San Judas y de Valle Verde. Me pelaban si me veían pasar”. 

El vendedor y su mujer han vendido desde hace décadas en la zona controlada por una de las más grandes canchas de la pandilla Barrio 18 Revolucionarios, Raza Parque Libertad, que delinquían desde el corazón del Centro, en los alrededores de la plaza Libertad, hasta la periferia en la Tiendona. Ni el vendedor ni su mujer han sido nunca pandilleros, pero el hecho de comerciar y vivir en esa área les ha puesto en la mira de la MS-13 desde inicios de este siglo. 

Lo anterior no era la excepción, sino la norma del Centro. Esta zona ha sido por décadas un laberinto controlado por un programa de la MS-13, Centrales Locos, una cancha del Barrio 18 Revolucionarios, y el influjo de un barrio controlado por la 18 Sureños en la periferia: el barrio Lourdes. 

La esquina entre la primera calle Oriente y la octava avenida Norte eran una de las fronteras invisibles del Centro de San Salvador, frente al mercado Excuartel. Algunos vendedores aseguran que en los últimos meses han podido caminar por calles que hacía décadas no pateaban. Foto de El Faro: Víctor Peña.
 
La esquina entre la primera calle Oriente y la octava avenida Norte eran una de las fronteras invisibles del Centro de San Salvador, frente al mercado Excuartel. Algunos vendedores aseguran que en los últimos meses han podido caminar por calles que hacía décadas no pateaban. Foto de El Faro: Víctor Peña.

Al preguntar a ambos si esa división se acabó, respondieron que no del todo. “Siguen algunos ahí”, dijo él. Señaló en una dirección: “Dos cuadras allá están vendiendo droga a toda hora. Son ellos, que pasan en moto. $6 el toque de cocaína; $5, el de marihuana, todo el día. Los líderes se han ido a Estados Unidos, México, Guatemala o el régimen se los llevó, pero aún quedan unos ocho cipotes de la zona del Tinetti, entre 11 y 22 años, todos armados, que reportan a esos líderes por teléfono y mueven la droga. Aún hay ojos que vigilan”.

Cinco cuadras más arriba, justo en la frontera entre la MS-13 y los revolucionarios, alrededor del Teatro Nacional, otro vendedor aceptó hablar: “Se han llevado a todos de las dos pandillas. Aquí, que yo te pueda decir, solo queda vendiendo la mujer de uno de los líderes. Por lo demás, ni parientes. Venían (soldados y policías) con listas en mano, a agarrar directo a la gente. Pues sí, si todos sabemos quiénes son”. 

El Centro es claro ejemplo del reto que implica reconstruir la confianza ciudadana tras años de sometimiento criminal. Los tres vendedores mencionados arriba aceptaron hablar solo bajo anonimato. Cinco vendedores más que fueron consultados y un policía que patrullaba el Centro prefirieron no mencionar el tema. 

“Es que yo creo que tarde o temprano van a salir (los pandilleros), y nosotros vamos a pagar el pato. Ellos van a decir: ‘ustedes nos denunciaron y aquello va a ser una matazón’”, dijo el vendedor de la zona del mercado Tinetti. 

“Desde noviembre no pago renta”

“En octubre pagué renta, pero a principios de noviembre aquí en la zona anduvieron unos detectives entrevistando a gerentes y dueños de varios negocios. Me preguntaron si pagaba renta y les dije que sí. Ellos querían saber a quiénes les pagaba, pero les dije que no sabía porque es la verdad. Yo no sé quién se queda con esa plata. Después de que los detectives anduvieron aquí en la zona, los muchachos ya no vinieron ni me han llamado para exigir la cuota. En noviembre ya no pagué la renta”, contó este enero el dueño de un restaurante capitalino.

Él pagaba 275 dólares mensuales desde 2015, cuando abrió su negocio en una zona controlada por la facción Revolucionaria del Barrio 18. “Me llamaban el 20 de cada mes y yo tenía un empleado de confianza que se encargaba de los pagos, pero ni en diciembre ni en enero llamaron. Lo que no te podría decir es si esto es definitivo o temporal”, dijo este agremiado en la Asociación de Restaurantes de El Salvador (ARES), quien también pidió anonimato.

El Faro entrevistó además al dueño de una peluquería en el Centro Histórico de San Salvador, a un empleado de una de las grandes distribuidoras de productos en el Área Metropolitana, a un vendedor rutero, un empresario con distribución nacional y al director ejecutivo de una gremial de transporte público. Cuatro de ellos pidieron anonimato. Los primeros tres dijeron que han dejado de pagar extorsión en distintas fechas del último trimestre, mientras que el transportista matizó de forma escueta que “han disminuido bastante”. El empresario dijo que aún paga en zonas del interior. 

José Martínez camina sobre el Puente Negro, que divide a las comunidades La Presita y La Pradera, de San Miguel. Era una zona de control de La Mirada Locos-13, que cobraban un impuesto por usar el puente. Foto de El Faro: Víctor Peña.
 
José Martínez camina sobre el Puente Negro, que divide a las comunidades La Presita y La Pradera, de San Miguel. Era una zona de control de La Mirada Locos-13, que cobraban un impuesto por usar el puente. Foto de El Faro: Víctor Peña.

“Por ponerle un ejemplo: la ruta 29 pagaba 12,000 dólares mensuales por 100 buses; la ruta 41A pagaba 3,000 mensuales, pero solo eran 30 buses. Le podría decir que las extorsiones se han reducido a un 95 %. Aquí, en el Área Metropolitana, ha sido más golpeado. Hoy, si yo tengo problemas en Las Margaritas, denuncio y el Gobierno se toma Las Margaritas y los zarandean. Los pandilleros ya no se atreven a llamarlo a uno”, dijo Juan Pablo Álvarez, el director de Rutas Unidas Salvadoreñas, gremial que tiene cinco mil unidades de transporte público a nivel nacional.

Los transportistas pagaban 34 millones de dólares al año a los extorsionistas, según un estudio que realizó la Mesa Nacional de Transporte en 2015. Cuando los empresarios se negaban a pagar, sus empleados sufrían las consecuencias. En el año en que realizaron el estudio, 95 trabajadores del sector transporte fueron asesinados.

Según Álvarez, el régimen de excepción ha logrado una reducción de las extorsiones en la capital, pero el problema no ha desaparecido en zonas rurales: “Entre Armenia y San Juan Opico hay problemitas. En oriente, Usulután; la zona de Jiquilisco y La Unión cabecera departamental, la gente todavía se resiente. Aquí, en el límite entre Sonsonate y La Libertad, por donde están haciendo el paso a desnivel, todavía hay problemas, hay sujetos que salen con armas. En los departamentos, la reducción de las extorsiones ha sido de un 70 %”.

El Faro también consultó con uno de los grandes empresarios que distribuye alimentos a nivel nacional. “Nunca hemos dejado de pagar, nuestras empresas están en los 262 municipios y la baja solo ha sido en la parte céntrica de la capital y Santa Tecla. En la capital y lugares de interés del Gobierno ha mejorado la situación; en lo demás, todo sigue igual”. El empresario dijo que hay lugares donde las pandillas han sido golpeadas, pero a nivel nacional aún quedan grupos. “Claro que hay pandilleros”, respondió.

La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL) dijo que no tiene cifras sobre la reducción o aumento de las extorsiones: “Hemos recibido comentarios de socios de diferentes puntos del país que nos indican mejoras en el tema de seguridad. Este no puede ser un dato concluyente, ya que no hay un sondeo formal”. La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) respondió que no tiene cifras, pero que en sus planes está hacer un estudio sobre el impacto del régimen en las actividades económicas de sus agremiados.

El último estudio oficial que intentó medir el impacto de la violencia de las pandillas en la economía data de hace siete años. En 2016, el Banco Central de Reserva (BCR) estimó que la violencia de las pandillas costaba a El Salvador 4,000 millones de dólares. Ese año, El Faro y The New York Times hicieron una investigación conjunta, basada en escuchas telefónicas de líderes pandilleros, que determinó que los ingresos anuales de la MS-13 rondaban los $31.2 millones, principalmente de extorsiones.

El dueño de una peluquería en el Centro Histórico de San Salvador contó que abrió su negocio hace 14 años y desde entonces pagaba 20 dólares semanales al programa Centrales Locos Salvatrucha. “Desde que comenzó el Régimen (de Excepción) se han llevado a un vergo de mara: vendedores, bulteros que vos los veías bien tranquilos y hasta vigilantes. En diciembre ya no pagué ni me vinieron a pedir aguinaldo”. La entrevista con el peluquero se realizó el 18 de enero y en lo que iba de ese mes la pandilla tampoco le había cobrado la cuota acostumbrada.

El 27 de enero de 2023, El Faro acompañó al vendedor de una empresa distribuidora de productos en una ruta que incluye colonias históricamente controladas por las pandillas. El vendedor comenzó su recorrido en la colonia 10 de Octubre de San Marcos, un territorio controlado durante años por la MS-13. Eran las siete y media de la mañana. En la entrada principal de la colonia estaban siete camiones y un microbús blanco que se alistaban para el recorrido: Coca Cola, Gas Tomsa, agua Cristal, otro de jugos, otro de golosinas, otro de productos varios. “Hoy ya logran entrar. Hace tres o cuatro años aquí no podías llegar, solo las empresas que pagaban extorsión podían mandar vendedores”.

Rigoberto, de 53 años, prepara el escenario para la función. Es empleado del circo Majestic, que se instaló en la urbanización Las Margaritas, en Soyapango. Algunas veces pagaron hasta $300 por instalarse en un lugar controlado por pandillas. “Legalmente ellos eran la autoridad. Ahora las cosas han cambiado y ya no se trabaja con ese temor”, dice Rigoberto. El circo no ha pagado extorsión esta vez. Foto de El Faro: Víctor Peña.
 
Rigoberto, de 53 años, prepara el escenario para la función. Es empleado del circo Majestic, que se instaló en la urbanización Las Margaritas, en Soyapango. Algunas veces pagaron hasta $300 por instalarse en un lugar controlado por pandillas. “Legalmente ellos eran la autoridad. Ahora las cosas han cambiado y ya no se trabaja con ese temor”, dice Rigoberto. El circo no ha pagado extorsión esta vez. Foto de El Faro: Víctor Peña.

Lo que el vendedor dice coincide con algunos reportes que CAMARASAL ha recibido de sus socios: “Tenemos comentarios de empresas socias que indican que sí se ha recuperado el acceso a ciertos puntos que eran delicados en cuanto a seguridad. Socios que realizan distribución masiva nos han comentado que han logrado brindar cobertura en colonias y sectores a los que antes no podían ingresar. Situación similar reportan las empresas que se dedican al delivery de alimentos”.

El 21 de enero pasado, Pizza Hut envió a sus repartidores a Las Campaneras, Las Margaritas y Cucumacayán, en Soyapango, para anunciar el inicio del servicio de comida rápida. El Faro preguntó a la empresa si esa decisión era por los resultados del Régimen de Excepción, pero respondieron con un escueto comunicado: “estamos evaluando constantemente las oportunidades de ampliar nuestras zonas de cobertura para llegar a más familias”.

Las dudas que se abren

Voces críticas con el Gobierno de Bukele admiten, con matices, que los resultados del régimen son tangibles entre la población y sitúan la discusión en el futuro: ¿En qué mutarán estas organizaciones? ¿Qué tan sostenible en el tiempo son los logros de una política de represión?

Zaira Navas, exinspectora general de la Policía y ahora coordinadora de la oenegé Cristosal en el análisis del régimen de excepción, plantea una pregunta: “¿Dónde están (los pandilleros)? Esa es la pregunta que tengo yo”. La respuesta oficial del Gobierno es que los pandilleros que quedan libres están ocultos o han huido del país. Navas insiste: “Las investigaciones que tenemos en curso nos hacen tener una percepción preliminar de que el porcentaje de pandilleros capturados durante el régimen no llega ni al 30 %, y que el resto, la mayoría, son civiles.  Las personas que han estado dentro de las cárceles y han conseguido salir no alcanzan ni el 30 %. ¿En este momento no sería la mejor propaganda gubernamental presentarnos a los miembros de las ranflas nacionales? No están haciendo eso”. 

La representante de Cristosal se reserva el derecho de dudar si el país está frente a la erradicación de las pandillas o a otra mutación de estas estructuras. 

Verónica Reyna, directora de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista, institución que desde hace años tiene presencia en sectores afectados por las pandillas, no duda de los efectos del régimen: “Sí, creo que las pandillas están desarticuladas y debilitadas en su accionar”. Sin embargo, expresa preocupación por la degradación de los derechos humanos y del estado de derecho que han aparejado esa medida: “La pregunta obvia, luego de encerrar a los pandilleros, ¿qué se hará con toda esa gente detenida? ¿Se esperará a que vayan muriendo en encierro y ya?”. 

Representantes de los principales partidos de oposición -FMLN y ARENA- coinciden en dudar de la sostenibilidad de los efectos del régimen de excepción. El jefe de fracción del partido de derecha, ARENA, René Portillo Cuadra, concede al Gobierno haber dado un golpe rotundo a las pandillas: “La percepción que ustedes recogieron es la de todos, que se puede circular por comunidades que fueron controladas por las pandillas y que se percibe tranquilidad en los lugares públicos. Es notorio y evidente, e independientemente de si estamos de acuerdo con la visión del presidente, eso es inobjetable. Las pandillas parecen estar desmanteladas”. Portillo Cuadra centra sus preocupaciones en el costo de ese logro: “La pregunta es a qué precio. Ahí viene uno de los efectos del régimen, que es tan importante como la tranquilidad de los salvadoreños: hay un desmantelamiento del estado de derecho, de la presunción de inocencia, del derecho a la legítima defensa y la independencia de poderes. Se desmanteló que las personas pudieran someterse a un juicio justo. Ahora las instituciones que investigan y sancionan delitos no están a la orden de la Constitución y la ley, sino a la orden de una sola persona”.

El 11 de marzo de 2015, miembros de la MS-13 dispararon a los acompañantes de un funeral en el cementerio municipal de Nahuizalco, en el departamento de Sonsonate. Hirieron a seis personas, entre ellos dos menores. El funeral provenía de un barrio bajo el dominio del Barrio 18. Foto de El Faro: Víctor Peña.
 
El 11 de marzo de 2015, miembros de la MS-13 dispararon a los acompañantes de un funeral en el cementerio municipal de Nahuizalco, en el departamento de Sonsonate. Hirieron a seis personas, entre ellos dos menores. El funeral provenía de un barrio bajo el dominio del Barrio 18. Foto de El Faro: Víctor Peña.

La diputada Anabel Belloso, del izquierdista FMLN, cree que “es muy prematuro, dado el nivel de desarrollo que había alcanzado este problema a lo largo de los años, que ya demos por hecho que eso se acabó”, dice. Sin embargo, reconoce que la población se siente más segura luego de diez meses del régimen de excepción, pero manifiesta dudas sobre la sostenibilidad de sus efectos: “No parece haber un plan estructurado de cara al futuro”.

La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, dice que durante sus jornadas de trabajo político habitantes de distintas comunidades le han manifestado que sienten una mejora en la seguridad. Aunque considera que esto es positivo, Ortiz vuelve a traer a cuenta las violaciones a los derechos humanos: “Es normal que la gente sienta una tranquilidad al poder salir de su colonia porque el régimen de excepción ha barrido, ¿pero qué es lo que ha guardado bajo la alfombra? Lo que no hace visible es que hay inocentes detenidos, y algunos de esos inocentes no salen con vida”. 

Ortiz considera que uno de los principales problemas es que la Fiscalía no investiga quién cometió un delito y tampoco hay jueces independientes que valoren las pruebas. “Lo cómodo y lo fácil es asumir que eso no nos va pasar, pero es importante hacer notar a la sociedad y al mundo que está pendiente de este fenómeno en El Salvador que: ¡Ay de aquel que caiga o que ya cayó en ese margen de error! ¿Por qué? Porque no va haber abogado, no va haber procurador que pueda velar por él, no va haber juez que pueda velar por él, que vea por sus derechos, que vea por su inocencia. Todos los salvadoreños que en este momento están disfrutando de una mayor tranquilidad no van a querer escuchar esa historia porque es incómoda. Saber que mi tranquilidad ha sido lograda con un precio que es inaceptable para cualquier ser humano es chocante”, dice.

]]>
El Salvador Fri, 03 Feb 2023 16:01:52 +0100 https://elfaro.net/es/202302/el_salvador/26691/Régimen-de-Bukele-desarticula-a-las-pandillas-en-El-Salvador.htm
Democracia, un concepto cada vez más desfasado en América Latina http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000034205.jpg https://elfaro.net/es/202302/columnas/26695/Democracia-un-concepto-cada-vez-más-desfasado-en-América-Latina.htm Hoy es más fácil la identificación con individuos a quienes se adora (o se odia) que son los que vienen a definir la liza política. Con mucha frecuencia, la política es analizada desde el estricto ámbito del poder. Ahí, las instituciones, como factores que regulan la interacción humana con la finalidad de evitar incertidumbre, desempeñan un papel muy relevante. Los análisis giran en torno a las elecciones y sus resultados a la hora de conformar los poderes del Estado y su habitual confrontación. Los partidos políticos centralizan la atención, así como los diferentes liderazgos. Las ideologías en cuanto a conjuntos de valores y de elementos comprensivos del mundo también son objeto de interés. En fin, las políticas públicas que atienden demandas, en mayor o menor medida presentes, constituyen un eje fundamental de estudio de la política. Con todo ello se construyen tipologías y se sabe del avance o del retroceso de acuerdo con determinados parámetros. Así hablamos de erosión o desgaste de la democracia e incluso avizoramos su quiebra.

Es tal la preocupación en estos aspectos que, sin embargo, en muchas ocasiones se tiende a dejar de lado el ámbito concreto que está integrado por personas donde tiene lugar el ejercicio del poder. La sobreexposición de visiones estrictamente centradas en lo político-institucional requiere, por consiguiente, abordar la realidad desde una perspectiva interdisciplinar. La demografía, por ejemplo, ayuda a explicar el cambio social señalando cómo están íntimamente conectadas las variaciones entre diferentes grupos de edad, en las tasas de fertilidad y lo que suponen los movimientos migratorios. Todos estos aspectos inciden hoy de forma sustantiva en los procesos políticos.

De la misma manera, los cambios producidos en la sociedad, al amparo de la revolución tecnológica en la que nos hallamos insertos, han supuesto una profunda conmoción como jamás antes en la historia de la humanidad por la velocidad exponencial en que se han producido tanto en el tiempo como en el espacio. Además, estas transformaciones muestran un claro desbalance en su desarrollo hacia el sector empresarial privado.

Trabajos como La sociedad del miedo de Heinz Bude o La muchedumbre solitaria de David Riesman han ido completando las premoniciones de Zygmunt Bauman acerca de la sociedad líquida y sus efectos. Las ideas de que se pasa de la promesa de ascenso a la amenaza de exclusión, de que las emociones sustituyen a las razones y de que lo que mueve a seguir adelante ya no es el mensaje positivo sino el negativo, han ido ocupando el escenario. Un panorama, pues, en el que el miedo lleva a la impotencia, donde somos individuos solitarios estando en crisis la idea de “nosotros” por la multiplicación casi sin límite de las identidades en las que nos calzamos.

Byung-Chul Han ha teorizado también sobre este nuevo estado de cosas al referirse a la sociedad del cansancio. Usando la metáfora del enjambre, alude a la capacidad de autoexplotación que tiene el ser humano para con una existencia en la que las nuevas tecnologías multiplican las tareas haciendo del tiempo, como nunca, un bien escaso. Estar permanentemente conectados contribuye, asimismo, al agotamiento. Si a todo ello se añade que, al amparo de la proliferación de las políticas identitarias, también claramente azuzadas por la revolución digital, la política del resentimiento se enseñorea de la plaza pública, la perspectiva no puede ser menos halagüeña.

La sociedad del cansancio consolida el hartazgo respecto a fórmulas que, aunque en términos temporales no son tan viejas, parecieran arrastrar una longevidad insufrible. Si en los países latinoamericanos las democracias actualmente implementadas gozan de menos de medio siglo de vigencia en promedio y su rendimiento ha sido razonablemente positivo, pareciera que la velocidad de los cambios sociales y culturales les hacen mostrarse como antiguallas insoportables.

La floración de identidades múltiples, potenciada por las redes sociales, se complementa con la disolución de vínculos tradicionales en un contexto en el que no se alcanzan las expectativas gestadas. No vivir mejor que los padres es una evidencia que agota las promesas del gran circo mediático en el que se ha convertido la política que entra en una fase de fatiga reflejada en el descontento con las instituciones y con la propia democracia, así como en la crisis de la representación política en la que los partidos aparecen como los principales responsables.

Del descontento y de la minusvaloración dan sobrada cuenta los análisis demoscópicos. Como muestra reciente, basta recordar, para los dos países que monopolizan estos días la atención mediática, que el 37 % de los brasileños están en favor de un golpe de Estado que desaloje a Luiz Inácio Lula da Silva de la Presidencia y que solamente el 20 % de los peruanos aprueban la gestión de Dina Boluarte, mientras que el 14 % aprueban al Congreso de la República.

Por su parte, la función de intermediación, clave en la faceta representativa en la que se expresa la democracia realmente existente, se ve desarticulada. En sí misma toda intermediación hoy está absolutamente patas arriba; pero, además, los partidos han perdido toda capacidad de identificación por parte del electorado. Hoy es más fácil la identificación con individuos a quienes se adora (o se odia) que son los que vienen a definir la liza política. En este sentido, Gallup acaba de poner de manifiesto que el 41 % de los jóvenes en Estados Unidos se identifican como independientes, mientras que en 1990 eran el 33 %, por lo que se da un empate entre las afinidades demócrata y republicana.

Así las cosas, no resulta extraño el panorama que correlaciona el cansancio societal con la fatiga de la política. En medicina, la astenia es el estado que sigue a la fatiga cuando las cosas no van a mejor porque la ausencia de aire, la sensación de ahogo, invade a quien la padecía. La cuestión, por consiguiente, es si la democracia de los países de América Latina está al borde de caer en esa situación crónica que pone en riesgo el indudable avance que ha habido en la mayoría durante las últimas cuatro décadas.

Manuel Alcántara es profesor de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca y de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Se ha especializado en los problemas de la representación política. Últimas publicación:
 
Manuel Alcántara es profesor de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca y de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Se ha especializado en los problemas de la representación política. Últimas publicación: "El oficio de político" (2ª edición), Tecnos (Madrid).

]]>
Columnas Fri, 03 Feb 2023 11:43:24 +0100 https://elfaro.net/es/202302/columnas/26695/Democracia-un-concepto-cada-vez-más-desfasado-en-América-Latina.htm
Megaproyectos http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000038576.jpeg https://elfaro.net/es/202302/el_farolero/26693/Megaproyectos.htm La mirada de Otto a "la cárcel más grande de América".
 

]]>
El Farolero Thu, 02 Feb 2023 16:00:52 +0100 https://elfaro.net/es/202302/el_farolero/26693/Megaproyectos.htm
Miss Universo en El Salvador, el marketing político en tacones http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000038559.jpeg https://elfaro.net/es/202302/columnas/26690/Miss-Universo-en-El-Salvador-el-marketing-político-en-tacones.htm Cuando lo bello viene servido en un show y auspiciado por un político, debemos también cuestionar sus intenciones y correr el telón para ver la tramoya. El cuerpo femenino seduce, la lentejuela hace brillar lo que toca y las plumas engalanan lo que visten. Bien lo saben las reinas de belleza, los publicistas y los marketeros. Tal vez por eso Nayib Bukele pagó millones de dólares para llenar el país de misses en pleno año preelectoral. Ante el terror y la barbarie, es normal que nos aferremos a la belleza como un acto de salvación, pero cuando lo bello viene servido en un show y auspiciado por un político, debemos también cuestionar sus intenciones y correr el telón para ver la tramoya. 

El gobierno de Nayib Bukele ha invertido más de $12 millones para que El Salvador sea la sede del Miss Universo 2023. La información fue publicada solo en tailandés hace unos días en el sitio web de JKN Global Group, actuales dueños de la franquicia. Curiosamente, el mismo sitio web publica otra nota de prensa en inglés donde se elimina el precio de la transacción. Anne Jakrajutatip, la mujer transgénero que adquirió la organización Miss Universe por $20 millones en octubre del año pasado, quiere que se conozca el retorno de su inversión; pero Bukele no. Al menos no todavía.

La belleza –tradicionalmente asociada a lo femenino– es poder. Gracia divina para guiar el camino de salida de la barbarie y espejismo perverso para mover percepciones. Comprar la atención que causan más de 80 mujeres maquilladas y engalanadas desfilando y compitiendo entre plumas y lentejuelas (o en traje de baño) es una conocida estrategia publicitaria: usar la imagen femenina como anzuelo. Lo hacen marcas de todo tipo para vender sus productos o adornar sus negocios: aires acondicionados, bebidas alcohólicas y el mismísimo Donald Trump.

Para anunciar que El Salvador sería la sede del próximo certamen, Bukele dijo que “El Salvador es un país lleno de belleza, tiene las mejores playas del mundo para surfear, imponentes volcanes, exquisito café y ahora se ha convertido en el país más seguro de América Latina”, en un video presentado en la gala 71 de Miss Universo en enero de este año. 

Con ese mensaje, el presidente comunicó que reinas de todas partes del mundo llegarán a El Salvador a finales de 2023 y con ellas un mecanismo de difusión internacional de una lista de productos: 1) las misses, con sus millones de seguidores en redes y otros millones a través de la televisión que viajarán a través de pantallas para ver sus cuerpos y caras; 2) el set donde será montado el show: El Salvador; 3) la dueña de la belleza Anne Jakrajutatip y su mecenas Nayib Bukele; 4) el refuerzo de la narrativa de un país moderno. 

Conozco muy bien las implicaciones del certamen, yo misma concursé en el Miss Venezuela en 2004 y desfilé entre plumas frente a un país que acostumbra a acudir en masa a ese espectáculo. Venezuela es un país de reinas, pero sumido en una crisis profunda a la que las coronas le dan alegría, pero no soluciones. 

Parece un motivo noble aquello de promover la belleza natural (volcanes, playas y café), esa que estaba antes y estará después de los gobernantes para promover una nueva imagen internacional de El Salvador, un país que conocí en 2018. Llegué como productora junto a un equipo y la entonces Miss Universo El Salvador Marisela de Montecristo para documentar la historia de esta cenicienta moderna. Ella, que había tenido una infancia dura marcada por la pobreza, fue la guía por lugares como el volcán de Izalco o el lago de Coatepeque, en donde lo importante era la belleza, no la gestión del Estado.

Yo, que antes de llegar solo asociaba a El Salvador con tatuajes faciales y las maras, partí pensando distinto de aquel país centroamericano golpeado y maltratado históricamente por la violencia. Una miss me mostró la cara amable y bella de esa tierra de fuego y su historia la determinación de su gente. Bukele se ha comprado entonces un excelente evento de mercadeo, pero cuál es el producto real. 

¿Es igual de noble la comunicación de una miss en funciones que las de un político en campaña? No tanto. Le corresponde a la ciudadanía salvadoreña cuestionar si 80 misses impartirán la justicia de una paz contenida con bota militar, si la seguridad en “el país más seguro de América Latina” es sostenible o acaso una bomba de tiempo. Les toca preguntarse si la belleza puede tener otros efectos, como alterar el mercado de las criptomonedas para pagar la deuda. La respuesta lógica sería no, pero en la era del espectáculo y la posverdad, solo los espejismos que crea un buen show pueden ser útiles.

Bukele no es ni será el primer ni único político que intenta mejorar su reputación con la acogida de un evento como Miss Universo, pero sí llama la atención el contexto bajo el cual se decide hacerlo: un régimen de excepción prolongado por casi un año y un creciente cuestionamiento internacional por sus gestos autoritarios. 

Puede que el efecto en la opinión pública nacional dure lo suficiente para tirar para adelante y la foto junto a una nueva “reina universal” le compren el tiempo necesario al político en campaña. La campaña en tacones habrá sido entonces exitosa para conseguir la venta final: el voto. Y el fin último: la entronización del poder. Las consecuencias a largo plazo de las medidas de un gobierno, y no del mercadeo de las mismas, las tendrá que esperar y vivir el pueblo salvadoreño después de las elecciones.

*Leonor Carolina Suárez es abogada y máster en Comunicaciones de University of Florida. Cuenta con más de diez años de experiencia en periodismo digital y producción audiovisual.

]]>
Columnas Wed, 01 Feb 2023 11:40:06 +0100 https://elfaro.net/es/202302/columnas/26690/Miss-Universo-en-El-Salvador-el-marketing-político-en-tacones.htm
“El Salvador vive síntomas de una crisis económica silenciosa” http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_0_3000_2000/images%7Ccms-image-000038558.jpg https://elfaro.net/es/202301/el_salvador/26689/“El-Salvador-vive-síntomas-de-una-crisis-económica-silenciosa”.htm Ricardo Castaneda, economista sénior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), dice que 165 mil personas cayeron en pobreza extrema en los últimos dos años. Este economista asegura que este año habrá familias a las que les costará llegar a fin de mes dado el contexto internacional que sigue influyendo directamente y sostiene que las medidas y políticas tomadas por el Gobierno poco ayudarán a evitar el impacto del alto costo de los alimentos, entre estas el subsidio a la gasolina. Para Castaneda, los recortes en el presupuesto de 2023 a 13 hospitales y la aprobación de una ley que solo reafirma cuan desesperado está el Gobierno para conseguir financiamiento y cumplir sus obligaciones. “De hecho, en el presupuesto 2023 la partida presupuestaria más grande es la del pago de la deuda”, comenta. Lejos de ser alentador, 2023 pinta ser un año en el que la economía de El Salvador volverá a ser la de menor crecimiento en Centroamérica —entre 1.6 % y 2.0 %, según indican algunas estimaciones—. Ricardo Castaneda, economista y coordinador de país para El Salvador y Honduras del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), asegura que si bien esto es así, cree más urgente hablar de cómo un país como El Salvador, con recursos limitados, debería estar respondiendo para proteger las economías de las familias más vulnerables. El impacto hoy en día se ve reflejado en la reducción del poder adquisitivo de la gente; en que hay quienes que compran menos alimentos o que cambian el tipo de productos que consume o que, simplemente, no comen.  

En el último año, la canasta básica urbana subió 12 %. De $214.14 que valía en 2021, la gente llegó a pagar hasta $240.44 a noviembre de 2022 cuando hace una década rondaba los $173.93. ¿Por qué todo está caro? El 2 de noviembre de 2022, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aseguraba que tanto la pandemia de COVID-19 como la guerra en Ucrania generaron “la inflación más alta registrada en las últimas décadas”. 

Para explicar mejor la gravedad de este impacto, Castaneda retoma una entrevista del 31 de mayo de 2022 en Frente a Frente, realizada a Carlos Calleja, propietario de la cadena Súper Selectos, en la que se habló de un cambio significativo de los patrones de compra de las personas, que implica la sustitución de la proteína por carbohidratos. La tendencia observada en ese entonces es que se cambiaba la carne por otras proteínas más baratas, como el huevo, o simplemente por otro tipo de carbohidratos, como arroz y pasta. “Y eso estaba explicado no por un cambio de la dieta, sino por un tema de precios”, dice. 

Al tener el panorama claro, es donde deberían de estarse tomando medidas adecuadas que ayuden a las personas a enfrentar la crisis. Pero Castaneda critica que justamente no existe hasta el momento ninguna medida “anticrisis” que esté dirigida a los más afectados por la subida de costos. Por eso ve que el subsidio otorgado a la gasolina es una medida “mal diseñada” porque “no protege a quien más lo necesita”, y también encuentra serios problemas en la configuración del presupuesto 2023, que este año ha recortado el presupuesto para 13 hospitales.

Castaneda dice que en lugar de estar pensado en destinar fondos básicos que sí ayudarían a las familias a enfrentar la crisis, el presupuesto actual se ha configurado para que el Gobierno pueda pagar su deuda, que ronda más de dos mil millones, que es lo que tiene que pagar este año. Solo el 24 de enero pasado, el Gobierno tuvo que pagar $604 millones, que le restaban por pagar del vencimiento del bono de 2023 —y que fue posible con nueva deuda—. “El Gobierno está desesperado por conseguir financiamiento y se metió en este lío solito”, menciona. Aquí es donde aparece la Ley de Emisión de Activos Digitales, recién aprobada y que se ha convertido en una apuesta para que el Gobierno pueda cumplir con sus obligaciones. Pero esta ley está llena de aspectos que preocupan a Castaneda, no solo porque puede dar lugar a que empresas exchange que en otros países ya no pueden operar, que incluso están perseguidas por fraude, se puedan venir a El Salvador, sino porque convierte a El Salvador en un paraíso fiscal para los activos digitales. “Claramente se nota que estas decisiones no son decisiones basadas en indicadores de desarrollo o decisiones basadas en mejorar el bienestar de la gente”, sostiene el economista. 

Ricardo Castaneda, economista sénior de ICEFI reconoce que hay factores internacionales que inciden en el aumento de los precios, pero critica que el Gobierno aún no haya tomado medidas que ayuden a las familias más vulnerables.
 
Ricardo Castaneda, economista sénior de ICEFI reconoce que hay factores internacionales que inciden en el aumento de los precios, pero critica que el Gobierno aún no haya tomado medidas que ayuden a las familias más vulnerables.

¿Por qué El Salvador hoy por hoy es un país tan caro? Ha subido la energía, la alimentación, costos de vivienda…

Todo está caro. Pero lo que más aumentó fue alimentos y bebidas no alcohólicas, que en el caso de la gente con menos ingresos es en lo que más gasta. Imaginémonos una familia promedio del área urbana, ¿la mayor parte de su salario en qué lo destina? En comprar comida. Significa que si eso estuvo más caro, muchas personas tuvieron que comprar menos alimentos o cambiar los productos que comían. Pero esto también implicó que muchas personas comieran menos. Y ya programas —la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Programa Mundial de Alimentos— señalaban que entre 2019 y 2021 la inseguridad alimentaria en El Salvador aumentó 4 puntos. Es decir que actualmente, o al menos en 2021, prácticamente 1 de cada 2 salvadoreños —la mitad— padeció de inseguridad alimentaria. Y padecer inseguridad alimentaria es o no comer lo suficiente, o incluso en algunos casos, no comer. Esa situación todavía el año pasado se vio aumentada. ¿Cuáles son las causas de esto? La principal causa es la internacional, y ahí el Gobierno fue muy astuto, incluso recuerdo que hubo una cadena nacional enfocada en eso, “esto es fruto de la guerra, no es fruto de nosotros”,  y creo que la ciudadanía compró ese discurso en términos generales.

Si bien es cierto había una realidad internacional que estaba afectando el aumento de los precios, la parte clave era cómo ibas a responder a esto considerando una situación de recursos limitados como la que tenía El Salvador. Y ahí, por ejemplo, la medida estrella que utilizó el Gobierno fue entregar subsidios a los combustibles, que es donde se fue la mayor parte de recursos. ¿Qué es lo que pasa con esa medida? Que es una medida sumamente mal diseñada y que no protege a quienes más lo necesitan. Imaginémonos una mujer del área rural: no tiene carro, ni toma transporte público porque a lo mejor trabaja en una finca de café, esa persona no se vio beneficiada de ese subsidio. Sin embargo, cada vez que iba a la tienda, al mercado, encontraba que todos los productos estaban mucho más caros. Ese ejemplo demuestra cómo las medidas que se tomaron no eran las adecuadas para proteger a quienes más lo necesitaban. Y esto no es casualidad, de acuerdo a los propios datos oficiales, de la Dirección de Datos, Estadísticas y Censos, entre 2019 y 2021 el número de personas en pobreza extrema aumentó en El Salvador.

¿Cuánto aumentó?

165 mil personas que no estaban en situación de pobreza extrema cayeron en estos dos años. Es decir, que en lo concreto este no es un gobierno que esté protegiendo a las personas más pobres.

En términos más concretos, ¿cómo usa el salvadoreño promedio su salario?

A la mayoría se le va en alimentación y transporte, porque muchas personas que trabajan tienen que venir a San Salvador cuando no son de San Salvador. Y vivienda. Cada vez más se tienen que ir utilizando recursos de sus salarios o de sus ingresos para pagar deudas. Porque esto se convierte como en una bola de nieve: hay un momento en el que usted no tiene los ingresos suficientes para comprar alimentos, para pagar la matrícula, para pagar medicinas y entonces usted adquiere deudas. Pero esto significa que usted va a destinar más recursos para deudas y menos para esto y va a tener que recurrir a nueva deuda y es un círculo. Muchas personas están en esa situación y hay que decirlo. Ahorita se proyecta que El Salvador va a ser el país que menos va a crecer de Centroamérica. Las personas van a tener muchas dificultades para terminar sus meses. Es muy posible que personas que ahorita estaban pagando una consulta privada van a demandar más recursos públicos, de los hospitales, de las unidades de salud. Es lo lógico, ¿verdad?

La reducción del poder adquisitivo. 

Exacto. ¿Pero qué resulta dentro del presupuesto? Que el presupuesto para este año presenta recortes en salud, incluyendo recortes en 13 hospitales entre los que destaco el hospital Rosales y el hospital Bloom, que por su naturaleza reciben personas de todo el país. Claramente se nota que estas decisiones no son decisiones basadas en indicadores de desarrollo o decisiones basadas en mejorar el bienestar de la gente.

¿Por qué El Salvador tiene una proyección de crecimiento económico tan baja de cara a 2023?

Es una combinación de elementos. No es nuevo que El Salvador crezca tan poco, pero sí hay elementos más propios de esta administración. Uno está asociado a los problemas que está teniendo para atraer inversión extranjera directa. El Salvador en 2021 y 2022 ha sido el país que menos atrajo inversión extranjera directa. Y esto está asociado al aumento del perfil de riesgo. ¿Cuáles fueron las razones que aumentaron el perfil de riesgo? El deterioro de la institucionalidad, falta de reglas claras, el que no haya un política económica clara y que hayan estos problemas de financiamiento, que provocan mucha incertidumbre. 

El Gobierno promueve el 2022 como el año con menos homicidios en la historia reciente del país. Más de 200 días con cero homicidios. ¿Esto no debería ayudar a la proyección de crecimiento económico?

Uno de los factores que se habían planteado que no permitían el crecimiento económico era el tema de inseguridad. Y en principio yo no descarto que cada vez esto se convierta en un aspecto positivo, de cara no solo a la atracción de inversión extranjera, sino también a la propia inversión privada en El Salvador. No obstante, esto está siendo matizado por el hecho de las violaciones a los derechos humanos. Es decir, imaginémonos que yo soy un inversionista y tengo el interés de invertir en El Salvador, veo que los homicidios han bajado, esto es bueno. Pero por el otro lado veo que a personas inocentes se las están llevando y no se les respeta el debido proceso, entonces, ¿qué me garantiza a mí como empresario que en cualquier momento que venga a invertir se me va a respetar el debido proceso? Esto lo que te genera es esa sensación de incertidumbre. Y eso es lo que tiene ese matiz: que los indicadores de la reducción de inseguridad son un aspecto positivo para la atracción de inversiones, sin embargo, no ha sido un detonante para este año.

¿La promoción del país como destino turístico —Surf City y paraíso del Bitcoin— está funcionando?

Los indicadores todavía no demuestran este gran boom. Aunque sí hay un aumento de las personas que están visitando, pero, por sus características, el sector turístico no tiene un alto encadenamiento con los otros sectores que permita asegurar que esto va a potenciar el crecimiento. Quizás el sector donde uno pueda ver más elementos de una apuesta mejor hecha es en el sector turístico. Ahí sí hay un tema de publicidad, que también es importante en el sector turismo a nivel internacional, pero también se están destinando muchos recursos en tema de infraestructura vial. Estos sí son de los elementos que permitirían potenciar el sector económico. Sin embargo, el turismo en toda la economía no es tan grande y por eso no se ve como un efecto tan relevante en la economía en su conjunto.

Volviendo a la inflación, ¿cuáles debieron ser esas medidas necesarias para evitar más aumento de los precios? ¿Quitarle el IVA a los alimentos? ¿Una reforma fiscal? 

Ahí nuevamente se combinaron dos elementos: los problemas históricos que acarrea el país, por las reformas que nunca se han hecho, y estos temas coyunturales, si se quiere ver así, del aumento de los precios. En un contexto como ese, lo que necesitas como Gobierno para proteger a los sectores más vulnerables son recursos y para la obtención de recursos claro que tienen que hacer reformas. ¿De qué tipo? Combate a la evasión o la reducción del gasto tributario. En El Salvador prácticamente anualmente se dejan de percibir casi $900 millones al año en concepto de exenciones y exoneraciones e incentivos fiscales sin que haya evaluaciones que demuestren que realmente los beneficios son mayores que los costos. Por supuesto, el tema de la progresividad. Si hay un elemento que demuestra que la política económica de este Gobierno no es diferente a las anteriores es que no se haya atrevido a tocar el sistema tributario de El Salvador. ¿Otros países que hicieron en este contexto? Que habían sectores que estaban teniendo ganancias extraordinarias, incluidas las gasolineras, y fue a estos que se les aplicaron impuestos para poder recibir ingresos y estos ingresos destinarlos a las personas que más lo necesitaban. ¿Por el lado del gasto qué se hubiera necesitado? Programas de transferencias a las personas que más lo requerían. 

¿No una Ley de Activos Digitales?

El Gobierno está desesperado por conseguir financiamiento y se metió en este lío solito. Históricamente en El Salvador nunca los ingresos públicos habían alcanzado para cubrir el gasto, entonces, lo que se había hecho era recurrir a la colocación de bonos en los mercados internacionales. La última colocación de bonos, El Salvador la hizo en julio de 2020. ¿Por qué no ha vuelto a colocar bonos? Porque el perfil de riesgo de El Salvador se ha disparado grandemente y este perfil de riesgo se dispara a partir del 30 de abril de 2021. Si no puedes obtener este financiamiento, que es lo que usualmente hacías, ¿cómo haces? Ahí es donde aparece el BCIE, el Banco de Desarrollo de América Latina o aparece cada vez más la dependencia de la deuda interna. ¿Qué es la dependencia de la deuda interna? Que los bancos privados agarren el ahorro de las personas y le presten al Gobierno porque el Gobierno no tiene recursos. En ese contexto de urgencia de financiamiento el Gobierno está intentado buscar otras fuentes de financiamiento y ahí es donde aparece la Ley de Activos Digitales, que es intentar ver si consiguen un poco de plata a través de lo que llaman “bonos volcán”.  Pero además esa ley tiene tres aspectos que son los más preocupantes: uno es que allana el camino para que, por ejemplo, empresas exchange que en otros países ya no pueden operar, que incluso están perseguidas por fraude, se puedan venir a El Salvador porque les están dando las condiciones más laxas. El segundo aspecto es que se pueda emitir deuda, pero no solo deuda pública, sino también deuda privada. El tercer aspecto preocupante es que prácticamente convierte a El Salvador en un paraíso fiscal para los activos digitales porque señalan que no pagarían impuestos todo este tipo de transacciones y por supuesto las ganancias.

Con la Ley Bitcoin se advirtió también que El Salvador se puede convertir en paraíso fiscal. ¿Cuál es la diferencia con la Ley de Activos Digitales? 

La diferencia es que en la Ley Bitcoin solo es el bitcoin. Ahora con la Ley de Activos Digitales son todas las criptomonedas, incluidas las NFT. Es mucho más amplia.

¿El Salvador puede considerarse abiertamente un paraíso fiscal?

Sí, pero para el mercado de activos digitales. No es que El Salvador sea un paraíso fiscal en general, porque las transacciones de lo que se conoce como inversiones reales, por ejemplo si viene un inversionista y trae una industria de automóviles, esa persona tendría que pagar impuestos. ¿Y por qué es que El Salvador se convierte en un paraíso fiscal para los mercados digitales? Porque los paraísos fiscales tienen dos características principales: una, la alta opacidad y el poco acceso a la información y, dos, son las bajas tasas de tributación e, incluso, en algunos casos nulas tasas de tributación. Y en el caso de El Salvador con esta ley de activos digitales para el mercado de activos digitales se aplicarían ambas.

¿Qué consecuencias acarrea que los bancos utilicen el dinero de la gente para que el Gobierno cubra su deuda? 

En un contexto en donde la situación económica es la adecuada, digamos que el riesgo es muy pequeño, porque hay un sistema financiero robusto. Digamos que esto permite que aguante.

¿Ese es nuestro contexto?

La ventaja ahorita es que el sistema financiero está sólido, está sano. El punto es que si esta situación fuera temporal, que solo durara 2023, esa sería la clave. La pregunta es si esta va a ser la constante. Es decir, si los próximos años se va a depender en mayor cuantía de la deuda interna. ¿Por qué? Porque El Salvador es una economía dolarizada. Esto significa que ante problemas de liquidez del gobierno esto podría traducirse o más bien puede trasladarse de una crisis fiscal a una crisis del sistema financiero en su conjunto. Esos son los aspectos que se deben monitorear. No estoy diciendo que eso va a pasar. Para nada. Pero se debe considerar.

De lo que han podido analizar, ¿podemos decir que El Salvador ya pasó el peor momento de la inflación?

Sí, el peor momento ya se pasó en término de las tasas. Ya el aumento extraordinario que hubo hace unos meses del 15 %, 16 % no se espera para 2023. ¿Pero qué pasa? Que aún cuando el aumento sea del 4 %,  5 %, esto se acumula a lo que ya era caro en 2022. Es decir, no es que se espera que si el cartón de huevos pasó de $5 a $7, para el próximo año va a bajar. No. Lo que se espera es que ahora no va a subir de $7 a $9, sino que va a subir de $7 a $7.50. Pero igual va a subir.

Las cifras de importación de este país van en aumento. Desde maíz hasta frijol se está importando. ¿Eso no debería considerarse una alerta? 

De hecho, el año pasado que estuvo en su momento más álgido uno hubiera dicho “bueno,  se tienen que tomar medidas paliativas, del momento”. Pero, también ya puedo ir allanando el camino para que, por ejemplo, en este 2023 hubiera más producción de alimentos. Y eso, claro, pasa por políticas de desarrollo rural. Eso no se ha dado. Se sigue un poco como la misma inercia: están los problemas, doy la sensación de que estoy haciendo algo, preparo un video muy bonito pero en lo concreto no estoy tratando esos problemas estructurales. Por eso es que esto se convierte en un círculo vicioso, donde al final El Salvador vuelve a las tasas de crecimiento tan bajas.

Hay países que son totalmente importadores y aún así logran manejar la inflación.

Hay países que son totalmente importadores de alimentos, pero son exportadores de industria o de bienes de calidad lo que les permite tener los ingresos suficientes para poder comprar esto. En el caso de El Salvador no sucede eso. Nuestro principal producto de exportación son las personas y eso es lo que ha evitado y va a continuar evitando que la bomba explote.

Ahí vienen las remesas.

Sí. Básicamente las remesas son un dique que evita que la situación económica sea un caos. El modelo económico que continúa este Gobierno necesita de personas que se vayan de El Salvador y que sigan mandando remesas, porque es la única manera de asegurar que ese dique siga evitando una catástrofe económica.

¿Entonces, que haya un aumento en la canasta básica está estrechamente vinculado con la reducción de la producción agrícola?

Sí, porque si usted produjera maíz, frijol y todo, seguramente hubiera habido aumento, pero no hubiera sido de la cuantía que se tuvo. Porque en este caso, se queda al vaivén de los mercados internacionales que en buena medida lo que le estaba mostrando era preocupación de escasez porque generalmente cuando hay menos productos los precios suben.

¿Y cómo ve el presupuesto que fue destinado al Ministerio de Agricultura? ¿Ha variado en comparación al año pasado?

Sí, Agricultura ha aumentado, pero no necesariamente en lo que más se necesita. Por ejemplo, ha habido muchos recursos para el sector cafetalero. Es que de manera estratégica, no solo pensando en el corto plazo, sino en el mediano plazo, países como El Salvador tienen que avanzar en temas de seguridad y soberanía alimentaria, porque las grandes tendencias a nivel internacional van a estar relacionadas con tensiones con recursos hídricos y alimentos, por lo tanto un país como El Salvador que tiene las características para poder producir, se deben de aprovechar. Ahora, con esto no estoy diciendo producir como se producía hace 10, 20, 30 años.  Hoy más que nunca se tienen que hacer uso de las tecnologías que le permita a usted, por un lado, proteger el medioambiente, que El Salvador además es el país de la región con menor disponibilidad de recursos naturales y, por el otro lado, mejorar la productividad para que las personas que se dediquen a las actividades agrícolas tengan un ingreso suficiente, porque ¿qué es lo que sucede actualmente? Que las personas que se dedican a actividades agrícolas prácticamente están condenadas a vivir en la pobreza porque los niveles de ingresos que se tienen son muy bajos.

¿Y qué le queda a un país como El Salvador que tampoco cuenta con política monetaria propia?

Imaginémonos una bicicleta, en el que una rueda es la política monetaria y otra es la política fiscal. Quitarle una rueda ya tiene dificultades. Y en el caso de El Salvador resulta que la otra rueda está desinflada, no me está funcionando. Entonces, ¿qué necesito? Arreglar esa otra rueda que es del presupuesto y esto pasa por los elementos que hemos hablado: mejorar la forma en la que se cobran los impuestos, pero que también sea de una forma justa. No solo porque yo lo digo, es que la Constitución de El Salvador establece que todos los impuestos, tasas y derechos se deben hacer a partir de la capacidad de pago. Es decir, el que tiene más debería de pagar proporcionalmente más impuestos. Lo otro es: vincular el presupuesto a una planificación con resultados. Luego, todo el tema de rendición de cuentas y de transparencia, porque ahí ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de un dinero que cae del cielo o un dinero que sale de los bolsillos de los funcionarios. Estamos hablando de un dinero que proviene de las personas. Que las personas que en este momento, en situación de una alta inflación, una parte seguía enviándosela a través de los impuestos, especialmente del IVA.  Y luego, un uso estratégico de la deuda pública. La deuda pública no es mala siempre y cuando usted la vincule a una estrategia de desarrollo. Pero si únicamente se va a endeudar para pagar deuda, eso no es una buena noticia. De hecho, en el presupuesto 2023 la partida presupuestaria más grande es la del pago de la deuda.

¿De cuánto es?

La cifra exacta del servicio de la deuda (pago de intereses y amortizaciones) para 2023 es de $2,134.9 millones. Es muy por encima de Educación o Salud.

Pero usted lo decía que cuando la gente se endeuda va creando un efecto de bola de nieve. Ahora si lo vemos en macro, salir de esa deuda es un escenario prácticamente inexistente.

Necesita ayuda para eso. Necesita a los organismos internacionales. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional o hacer reformas fiscales integrales. Lo que se está haciendo es tirando la pelota para adelante de los problemas. El detalle es que esa pelota cada vez es más pesada. Muchas veces cuando hablamos de crisis financieras se nos vienen a la mente las imágenes de la gente saliendo, bancos en llamas y todo. Realmente lo que El Salvador vive es una crisis silenciosa.

¿De qué manera?

Hay muchos aspectos y fenómenos que se están dando que pensamos que son de manera aislada. Por ejemplo, cuando se observa que una alcaldía ha reducido su horario porque no le alcanzan los recursos para cubrir todo. Cuando vemos que hay retrasos en los pagos de salarios. Cuando vemos que hay retrasos en los programas. Todo esto es en realidad representaciones de esa crisis silenciosa. Cuando hay por ejemplo proyectos de infraestructura que fueron aprobados en el presupuesto, pero que al finalizar el año no se echaron a andar, porque no había el dinero para hacerlo. Esos son síntomas de esa crisis silenciosa.

]]>
El Salvador Wed, 01 Feb 2023 10:04:48 +0100 https://elfaro.net/es/202301/el_salvador/26689/“El-Salvador-vive-síntomas-de-una-crisis-económica-silenciosa”.htm
Gobierno compró $2.2 millones en equipo de espionaje a empresa de amigo israelí de Bukele http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_0_3000_2000/images%7Ccms-image-000038539.jpg https://elfaro.net/es/202301/el_salvador/26687/Gobierno-compró-$22-millones-en-equipo-de-espionaje-a-empresa-de-amigo-israelí-de-Bukele.htm Documentos y correos oficiales revelan que la Policía Nacional Civil de El Salvador adquirió equipo y software para espiar a ciudadanos y que abre la oportunidad de hacerlo al margen del control judicial. El proveedor de estos productos es una empresa que pertenece a un amigo israelí del presidente Nayib Bukele. Los registros fueron obtenidos por la organización DDoSecrets, a través del grupo de hackers Guacamaya, y compartidos con El Faro. El Gobierno de El Salvador favoreció con un contrato millonario directo en equipo de espionaje a un amigo del presidente Nayib Bukele. En octubre de 2020, siete meses y medio después de que el presidente Bukele diera un discurso en la boda de Yaniv Zangilevitch, dueño de una empresa que distribuye tecnología de espionaje y videovigilancia, la Policía Nacional Civil de El Salvador le asignó un contrato por $2.2 millones a Eyetech Solutions, la compañía de Zangilevitch.

La amistad del presidente con el empresario se hizo pública el 1 de febrero de 2020, durante el brindis por la boda de Zangilevitch con Mirelle Muzquiz, en Acapulco, México. En ese evento, Bukele dio unas palabras en honor a su amigo: “Yo conozco a Yaniv desde hace cinco años”, dijo. “Hemos estado en El Salvador, en la frontera con Estados Unidos, en Baja California, en Acapulco, en la Ciudad de México, en Israel, en Guatemala, en el Mar Muerto, en Jerusalén, en Tel Aviv”. A esa boda, el presidente acudió acompañado de su esposa, Gabriela Perezalonso, y de un funcionario de su gabinete, el director del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), Peter Dumas, según aparece en distintas fotos y vídeos del evento.

 

Zangilevitch es un ciudadano israelí radicado en México. Según su hoja de vida, publicada en la red Linkedin, fue “oficial de operaciones especiales” en las Fuerzas Armadas de Israel, entre 1991-1997. Luego trabajó como “especialista en lucha contra el terrorismo” para la oficina del entonces primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu (1997-2009) y otros primeros ministros. Y desde 2011 es propietario y Ceo de la compañía Eyetech Solutions.

Según la revista mexicana Proceso, Eyetech Solutions, una empresa mexicana fundada por israelíes, vendió el sistema de espionaje NiceTrack a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de México, cuando era dirigida por Genaro García Luna, quien ahora enfrenta en Estados Unidos un juicio por presunta complicidad con grupos del crimen organizado y el narco. Eyetech Solutions, según Proceso, también distribuye en México productos de empresas conectadas con Israel, como la empresa Circles, domiciliada en Bulgaria, que en 2014 se fusionó con la empresa israelí NSO Group, que vende licencias del software de espionaje Pegasus.  Eyetech es señalada en México por participar en la negociación de contratos inflados hasta cincos veces del costo inicial para el proyecto “Escudo Yucatán” y, según un artículo del Sol de Yucatán, la empresa ha dado dádivas a funcionarios de Toluca.

En El Salvador, la empresa de Zangilevich también ganó un contrato de $84,9 millones para suministrar cámaras para el proyecto de videovigilancia en San Salvador durante la administración municipal del arenero Ernesto Muyshondt (2018-2021). Según una investigación de Revista Factum, Nayib Bukele había fracasado en dos ocasiones cuando, siendo alcalde de la capital por el FMLN (2015-2018), intentó otorgar esos contratos a Eyetech Solutions.

 

El segundo contrato conocido lo suscribió la Policía Nacional Civil, en 2021, bajo la administración Bukele, cuando compró a la empresa de Zangilevitch software y equipo para ubicar a personas a partir del GPS y las redes wifi a las que se conectan sus teléfonos celulares.

La Policía también compró equipo para descifrar la identidad de usuarios de perfiles de redes sociales, una acción denunciada internacionalmente por compañías como Meta, dueña de Facebook.  Y adquirió antenas móviles -también conocidas como antenas falsas o Imsi catchers- que pueden transportarse y que hacen que teléfonos que están cerca se conecten para luego poder seguir en tiempo real a una persona, detectar a otras en el mismo lugar e identificar a quiénes llaman por teléfono o con quiénes intercambian mensajes.

La tecnología que permite identificar quién está detrás de perfiles de redes sociales fue adquirida para apoyar el trabajo de los “agentes virtuales”, según el manual de ese software elaborado para uso de la Policía y a cuya copia tuvo acceso El Faro. El 1 febrero de 2021, Eyetech compartió con la Policía un manual dirigido a “agentes virtuales”, en el que incluyen la ilustración de una consola del programa “Tangles”, que contiene un buscador similar al de Google. La herramienta muestra distintos perfiles de redes sociales asociados a una persona, ubicaciones donde un usuario permaneció conectado e información extraída de distintas fuentes abiertas de internet.

Foto del momento en que el presidente Bukele da un discurso en la boda de su amigo Yaniv Zangilevitch en 1 de febrero de 2020 en Acapulco, México. 
 
Foto del momento en que el presidente Bukele da un discurso en la boda de su amigo Yaniv Zangilevitch en 1 de febrero de 2020 en Acapulco, México. 

La Policía utilizó “Tangles” entre el 5 de enero de 2021 al 5 de enero de 2022. La licencia del software permitía hacer 12,000 búsquedas denominadas como “créditos”. Según un correo interno del 2 de diciembre de 2021, la institución ya había utilizado más de la mitad de los créditos. “Me permito informarle que de acuerdo con la base de datos del sistema a la fecha se han consumido 7,322 créditos de los 12,000 adquiridos", escribió el director de operaciones de Eyetech, Gilad Pait, al subinspector de la Policía de nombre Ronald Alberto. “Por motivos de seguridad no tenemos acceso a ver las consultas realizadas en el sistema y por ende no contamos con un reporte mensual, en su lugar solo tenemos un indicativo de cuántas consultas se han realizado”, añadió en el correo del 2 de diciembre de 2021.

El 1 de febrero de 2022, 13 meses después de que la Policía comenzó a utilizar este software, la Asamblea -controlada por el presidente Nayib Bukele- aprobó reformas al Código Procesal Penal que legalizan el uso de la información obtenida por ese tipo de herramientas para procesos judiciales. Las reformas crean la figura de los “agentes digitales encubiertos”: que pueden crear perfiles en redes sociales o plataformas en internet e involucrarse en investigaciones denominadas en la Ley como “operaciones encubiertas digitales” y que “estarán a cargo de la Policía, previa autorización del fiscal general”. Esta reforma -que avala a estos agentes digitales- fue aprobada tres semanas después de que en enero de 2022 se revelara el uso masivo del software Pegasus para espiar a periodistas -incluidos 22 miembros de El Faro- y miembros de sociedad civil.

Organizaciones expertas en seguridad digital e informática señalan que no existen marcos regulatorios que permitan fiscalizar el uso que hacen los cuerpos de seguridad de estas herramientas. Sin un marco específico, nada impide que esas tecnologías se usen para perseguir periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, como ha ocurrido en otros países. Un experto en seguridad digital de Front Line Defenders -quien por motivos de seguridad pidió no mencionar su nombre- explicó a El Faro que este tipo de tecnología proveída por empresas de ciberseguridad ofrece recursos muy sofisticados para tareas de inteligencia, como encontrar la ubicación de sujetos de interés. 

El equipo y el software que la Policía compró permite saltarse el requisito de contar con la Fiscalía y la aprobación de jueces para tener acceso directo a este tipo de información. “Lo problemático es que se está adquiriendo esta tecnología sin que existan marcos regulatorios”, dijo. “La mayoría de la información (que estas herramientas recopilan) la podrían obtener vía órdenes judiciales a las empresas telefónicas, entonces algo raro ocurre con que lo busquen por esta otra vía”, añadió.

Otro cabo suelto en el uso de estas tecnologías es el desconocimiento de los mecanismos internos que usa la Policía para crear perfiles falsos o simular identidades virtuales. ¿Qué reglas o criterios usa la PNC para evitar el uso indebido de estas herramientas? Por el momento, son desconocidas. Organizaciones de sociedad civil, agrupadas en la Mesa de Protección de Periodistas, condenaron esta reforma y señalaron que legaliza el espionaje. La reforma habilita a los “agentes digitales encubiertos” a recopilar documentos digitales, mensajes electrónicos, imágenes, videos, datos y cualquier tipo de información almacenada, recibida o transmitida a través de tecnologías de la información y comunicación o con cualquier dispositivo electrónico.

Es decir, esta reforma sirve como justificación legal para que los policías recolecten información con herramientas de espionaje digital.

 

El contrato de equipo tecnológico

El Gobierno contrató directamente (sin licitación ni concurso) a la empresa de Zangilevitch en octubre de 2020. Según el contrato, del 19 de octubre de 2020, los servicios vendidos a la Policía son tres: un “sistema de inteligencia web tangles con almacenamiento en la nube y tres usuarios” a un costo de $680,000; un “sistema de geolocalización celular ‘Geoloc’ (LTE incluido) con 12 mil consultas” por $480,000; y un “equipo de identificación y localización de última milla de teléfonos celulares de tipo ‘Guardian’” valorado en $793,000. El contrato de"equipo tecnológico para la plataforma integral de investigación y análisis" asciende en total a $2,206,890 (con impuestos incluidos) y fue aprobado por el director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas.

Eyetech Solutions no fabrica el equipo ni el software, sino que contacta a fabricantes israelíes y vende los productos y servicios de esos proveedores, y uno de ellos es Cobwebs Technologies. En diciembre de 2021, Meta (la empresa propietaria de Facebook e Instagram) incluyó a Cobwebs, la fabricante de Tangles, en una lista de empresas que prestan servicios "en la industria de la vigilancia para recolectar información, manipular y comprometer dispositivos y cuentas de personas en internet".

Según un informe de la unidad financiera de la Policía, entre el 9 de marzo de 2021 y el 12 de mayo de 2021, la institución hizo cinco desembolsos por $1,225,800 a Eyetech Solutions. Quedaba pendiente un pago de $896,090 y el 20 de mayo de 2021 la institución emitió un “quedan”, un pagaré con el que hacía constar que le debía ese monto a la empresa mexicana. Aunque el contrato habla de "Eyetech Solutions, sucursal El Salvador", fueron delegados de la sede en México quienes llevaron las principales  comunicaciones, informaron sobre el manual de uso ad hoc para la Policía de El Salvador y resolvieron las dudas de uso de la tecnología.

El primer contrato, de octubre de 2020, entre la Policía y Eyetech Solutions fue por US$2.2 millones y en 2022, la Policía tenía lista una resolución de prórroga por un año más.
 
El primer contrato, de octubre de 2020, entre la Policía y Eyetech Solutions fue por US$2.2 millones y en 2022, la Policía tenía lista una resolución de prórroga por un año más.

En septiembre de 2021, el Gobierno preparaba una resolución de modificación con la que iban a aprobar una prórroga del contrato por un año más. La Policía, entonces, abrió un nuevo proceso de contratación y pidió dos cotizaciones a dos empresas: Eyetech Solutions y a la empresa israelí Cognyte para comprar equipo “Geoloc”, las antenas que sirven para localizar teléfonos. En representación de Cognyte se presentó la empresa Documentos Inteligentes.

La Policía eligió la oferta de Eyetech Solutions: un equipo “UT-X” (marca Zeus) utilizado para localizar teléfonos. La empresa competidora pidió anular la compra y señaló que la empresa de Zangilevitch no contaba con permiso del fabricante para vender equipo “UT-X”. "Documentos Inteligentes S.A de C.V es representante exclusivo para el territorio de El Salvador y único socio comercial autorizado para ofertar productos a la PNC de la empresa Cognyte Technologies Israel (incluyendo todas sus marcas, patentes y derechos comerciales)", dice una carta de la representante legal de Documentos Inteligentes enviada a la Policía el 16 de septiembre de 2021 en la que asegura que el equipo UT-X es fabricado por Cognyte y que Eyetech no tiene permiso para venderlo en El Salvador. "La empresa UT-X es parte de Cognyte y Cognyte no tiene dentro de su portafolio un producto llamado Zeus", añade la carta.

La queja no prosperó, Eyetech Solutions mantuvo el contrato. Una comisión que evalúo la compra en septiembre de 2021 mantuvo la decisión de contratar a Eyetech Solutions. En los registros a los que tuvo acceso El Faro no consta si el equipo “marca Zeus” fue recibido por la Policía. El 20 de enero de 2023, Documentos Inteligentes respondió a El Faro que no haría comentarios sobre el resultado de ese proceso de compra. El Faro también pidió comentarios de la Presidencia pero hasta el cierre de la nota no habían contestado. La solicitud fue hecha a través de la Secretaría de Comunicación a cargo de Sofía Medina; y a través de la Secretaría de Prensa, a cargo de Ernesto Sanabria. La oficina de comunicaciones de la Policía tampoco respondió.

El Faro también intentó obtener una entrevista con la empresa Eyectech por distintas vías: se envió un correo a la oficina de comunicaciones de Eyetech en México e intentó contactar con el número de teléfono de Gilad Pait, delegado de la empresa para el contrato. 

El Faro tuvo acceso al expediente de la contratación de Eyetech Solutions, que fue facilitado por DDoSecrets, una organización que recibió los documentos de un grupo de hackers que se autodenomina Guacamaya. El Faro verificó los documentos y rastreó información de las empresas fabricantes en los registros públicos de empresas y de marcas de México y de Israel con ayuda del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (Clip).

Wave Guard Tracer

El 1 de abril de 2022, el directivo de Eyetech Solutions en México, Gilad Pait, mandó un correo a un técnico a la unidad de compras de la Policía y adjuntó un documento del fabricante del sistema “Wave Guard Tracer” (Guardian). Este producto, según la página web del fabricante israelí Wave Guard Technologies, sirve para “monitorear ubicaciones históricas y en tiempo real, los movimientos y la actividad de comunicación de individuos y grupos de cualquier tamaño”.

Este software permite recopilar algunos datos que producen los teléfonos y los interpreta. “Convierte los datos de la red celular sin procesar en inteligencia procesable -datos ordenados y legibles- en tiempo real, rastreando llamadas de voz, SMS, sesiones de datos e incluso teléfonos que están en estado inactivo”, dice la descripción del producto. Wave Guard Tracer permite identificar patrones: ubicaciones donde alguien ha permanecido, con quién se comunica y a través de qué aplicaciones, pero la empresa asegura en notas de medios internacionales que su producto no permite acceder al contenido de lo que se dice en las comunicaciones.

En los registros de la Policía, consta que Pait remitió una carta suscrita por Uzi Moscovici, el CEO de Wave Guard Technologies, al director de la Policía, Arriaza Chicas.  Moscovici dice que autoriza a la empresa Protect360 El Salvador a participar en actividades de comercialización del sofware y de transferencia de conocimiento de Wave Guard Technologies.  "Es nuestro representante autorizado, exclusivo y por ende proveedor único para la comercialización, distribución e implementación de los sistemas Wave Guard Technologies para la república de El Salvador", dice la carta que envió el representante de Eyetech Solutions.

Según la página web de Wave Guard Technologies, el software está dirigido a organizaciones de aplicación de la Ley, de seguridad nacional e inteligencia y permite la geolocalización, detección y seguimiento a partir de dispositivos móviles. “Presenta análisis avanzados de bigdata de redes celulares y otras fuentes para identificar patrones de comportamiento y conocimientos que pueden ayudar en la prevención y el análisis posterior de eventos terroristas y delictivos”, dice la descripción del equipo “Guardian”.

Wave Guard promociona el servicio de monitoreo de cualquier dispositivo, cualquier red en tiempo real e histórico. “Los objetivos no pueden ocultarse, incluso si intercambian tarjetas SIM o redes móviles”, dice la descripción del producto. “Los perfiles de los sujetos también se pueden construir retroactivamente, utilizando datos históricos de redes cruzadas, para reconstruir movimientos y comunicaciones”.

El coordinador de protección digital de Front Line Defenders, consultado por El Faro, explicó que este equipo parece utilizar una vulnerabilidad en el protocolo de comunicaciones de teléfonos celulares, un protocolo conocido como SS7. “Los celulares usan el protocolo SS7 para conectarse a la red roaming, el problema de este protocolo es que cualquier proveedor de servicios de telefonía puede saber a qué antena celular está conectado un celular en el mundo”, dijo.

El coordinador de FLD dice que es común que empresas dedicadas a la ciberseguridad se inscriban en distintos países como empresas de telefonía, pero el único servicio que ofrecen es ubicar teléfonos dispositivos. “Cada antena que está georefenciada en el mundo puede conocer cualquier ubicación de un celular en el planeta y no hay manera de mitigarlo porque así funciona el protocolo roaming”, dijo. Mencionó el caso de una empresa de Uzbekistán que se inscribió como una empresa de telefonía y eso le permitió tener acceso a la red SS7. “Con ese acceso, lo que vendía la empresa era la geolocalización de cualquier teléfono celular”. La herramienta puede inferir la ubicación de un teléfono y a partir de esa información determinar donde vive el usuario, utilizando por ejemplo la ubicación del aparato en horario nocturno.

Los agentes virtuales y el Web Tangles

Entre el equipo que compró la Policía a Eyetech, está el servicio Web Tangles, con el que el usuario del software puede descifrar la identidad de una persona que está detrás de un perfil de redes sociales. El programa funciona, según uno de los manuales, con un buscador de información en línea, y el usuario del programa (el “agente virtual”) puede escribir un número de teléfono, correo, nombre de usuario u otra información con la que el programa localiza información que puede servir para identificar quién maneja la cuenta. En el caso de un correo electrónico, ofrece identificar en qué redes sociales se ha utilizado para crear perfiles: Instagram, Twitter, Facebook. Esta herramienta es propiedad de una empresa israelí que se llama Cobwebs Technologies.

Según el coordinador de protección digital de Front Line Defenders, el programa utiliza “source intelligence”, que consiste en recolectar datos para inferir quién está detrás, y para eso indaga si algún proveedor de servicios ha tenido alguna brecha de seguridad o filtración de información. “Por ejemplo, a partir de un correo se puede ir vinculando con bases de datos”, dijo. La empresa, por ejemplo, puede indagar si alguna red social ha sido vulnerada y dejado expuesta información como correo, teléfono, contraseña. Luego, utiliza esa información para localizar otros perfiles.  

El 21 de enero de 2021, a las 9:26 am, Sonia Teos, empleada de administración de la Policía, envió un correo a Isaac Hope, director de ventas de la empresa Cobwebs Technologies y le comunicó que la institución estaba interesada en comprar el sistema “Tangles”. “Solicitamos nos brinden información acerca de las utilidades que se le puede dar a la herramienta, así como información específica que consideren de interés para el usuario al momento de adquirir el servicio”, dice el correo.

Hope respondió que el contacto en El Salvador era el representante de Eyetech Solutions. “Copio a (Gilad Pait) nuestro representante para que se ponga en contacto con usted y entender bien las necesidades y coordinar una demostración completa del producto (sic)”, respondió Hope, a las 10:51 am. “Gilad si nos ayudas a dar seguimiento y para programar una demostración (sic)”, añadió Hope. El 26 de enero de 2021, Gilad Pait pidió a Sonia Teos programar una reunión que se concretó para el 3 de febrero de 2021. “Con mucho gusto podría llegar a sus oficinas”, respondió Pait el 28 de enero del 2021.

Eyetech Solutions compartió en septiembre de 2021 un manual en el que menciona que la plataforma de Cobwebs Technologies crea usuarios para “agentes virtuales”. “Los agentes virtuales son creados y operados por analistas de inteligencia que recopilan información de fuentes abiertas y recursos humanos en la web”, dice el manual. “El sistema ayuda a los analistas a crear, gestionar y mantener la información esencial de los agentes virtuales a lo largo del tiempo”.

La herramienta de Web Tangles hace búsquedas en la deep web; identifica vínculos entre personas y perfiles de cuentas, y presenta la información en gráficos y mapas, según la descripción del producto. “Un oficial puede escribir en la barra de búsqueda cualquier tipo de pista, como un número de teléfono o un identificador de redes sociales y encontrar la identidad de la persona a la que está vinculado, así como otras direcciones y perfiles desconocidos que se encuentran al buscar en la open, deep y dark web (contenido que los buscadores no indexan y que requiere alguna autorización o algún software especial para acceder) para reunir una imagen unificada de una persona”.

La herramienta
 
La herramienta "Tangles" compila en un solo lugar la información recabada por agentes virtuales, según un manual elaborado por Eyetech Solutions para uso de la Policía Nacional Civil. 

En un correo, del 11 de febrero, consta que Pait programó en el calendario una capacitación del sistema “Tangles” a través de una videollamada. Según uno de los documentos que Pait compartió a la Policía, la plataforma Tangles tiene un mecanismo de reconocimiento facial y un módulo llamado “Webloc, investigación georeferenciada en base a información de aplicaciones celulares”. Este módulo permite al usuario del servicio investigar perímetros y encontrar dispositivos que están presentes en una ubicación, y para ello utiliza información como datos de señales GPS y Wifi.

El documento menciona que el sistema es capaz de definir características de una persona utilizando información como la ubicación del dispositivo (“trabajo, hogar, aficionado a los deportes, viajero”).

La empresa Cobwebs vende el reconocimiento de usuarios a partir de información recopilada en internet, incluida información de Facebook, Instagram, Whatsapp, Twitter, Flickr, sitios públicos y de la deep web (una parte oculta de internet que no está indexada en motores de búsqueda como los de Google, Yahoo, etc), según un informe de Meta. “Eliminamos 200 cuentas operadas por Cobwebs y por sus clientes”, dice ese informe de diciembre de 2021, que explica el motivo principal de esta medida. “Los clientes de Cobwebs participan en actividades de ingeniería social para unirse a comunidades, foros cerrados y engañar a las personas para que revelen información personal”.

Entre los países donde los servicios de Cobwebs han sido utilizados, según ese mismo informe, están: Bangladesh, Hong Kong, Estados Unidos, Nueva Zelanda, México, Arabia Saudita o Polonia. “Además de la orientación relacionada con actividades de aplicación de la Ley, observamos ataques frecuentes contra activistas, opositores, políticos y funcionarios gubernamentales en Hong Kong y en México”, dice el informe de Meta.

El 21 de enero, Cobwebs respondió de forma general a El Faro a través de un correo de sus relacionistas públicos, diciendo que la empresa no comenta detalles de contratos o de compromisos con clientes y que operan de acuerdo con la ley y tratados internacionales.

Equipo Geoloc: los IMSI Catchers

Entre el equipo que adquirió la Policía están antenas móviles para hacer seguimientos que se fabrican en Chipre, pero son comercializadas por empresas israelíes. Son antenas móviles que pueden transportarse en vehículos y funcionar como receptoras de señal para capturar información como la ubicación de una persona e inferir con quién está reunido.

El coordinador de seguridad digital de FLD dijo que por la descripción del equipo parece ser un “IMSI Catcher”, un aparato que usa el protocolo de comunicación de los teléfonos celulares con las antenas. Los teléfonos siempre buscan conectarse a antenas y estas antenas deciden, gracias a información de la tarjeta SIM, si permiten o no que el teléfono se conecte. “Lo que hace el Imsi Catcher es ponerse en medio”, dijo.  En la descripción del producto que consta en la oferta de Eyetech Solutions a la Policía de El Salvador no menciona si este equipo puede utilizarse para escuchar llamadas, pero el expediente sí menciona otras características.

En las bases que la Policía envió el 18 de noviembre de 2020 la institución hizo una lista de características del equipo: “IMSI Catcher/equipo activo para la identificación y localización de última milla de teléfonos celulares”. Ese documento también describe algunas funciones. “El equipo debe incluir un sistema de radar en mano para la ubicación final del teléfono objetivo” y también menciona que el equipo debe recolectar un mapa de historial: “permite visualizar en un mapa como un objetivo se desplaza, señalando con marcadores y números”.

La descripción del producto que Eyetech Solutions vendió al Gobierno -que consta en el expediente de compra- dice que el equipo incluye un sistema radar en mano para conocer la ubicación final del teléfono objetivo. Destaca que el equipo es bastante discreto y puede caber en un vehículo: "una porta traje montado dentro del vehículo próximo a las ventanas para camuflaje de las antenas direccionales permitiendo operaciones encubiertas desde un vehículo en movimiento".  


*Esta historia fue realizada gracias al apoyo de la Google News Initiative y con la colaboración del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (Clip).

]]>
El Salvador Mon, 30 Jan 2023 08:31:41 +0100 https://elfaro.net/es/202301/el_salvador/26687/Gobierno-compró-$22-millones-en-equipo-de-espionaje-a-empresa-de-amigo-israelí-de-Bukele.htm
Nueva ley de compras habilita gasto discrecional de más de $1,500 millones en megaobras http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000037590.JPG https://elfaro.net/es/202301/el_salvador/26686/Nueva-ley-de-compras-habilita-gasto-discrecional-de-más-de-$1500-millones-en-megaobras.htm La nueva ley de compras aprobada por los diputados del partido de Gobierno dice explícitamente que las compras relacionadas a “proyectos estratégicos” del Consejo de Ministros no estarán supeditadas a la nueva ley que entre sus funciones tiene vigilar que no se derroche el dinero público. Tampoco estarán supeditadas al control de esta ley las compras que surjan de convenios entre instituciones públicas y empresas estatales como el modelo que tienen Chivo y Diario El Salvador. Con lo aprobado, nace la Dirección Nacional de Compras, instancia que funcionará como una especie de auditora que dependerá absolutamente del Ejecutivo. La Asamblea Legislativa aprobó de manera exprés y sin mayor discusión un nuevo sistema de compras públicas durante la sesión plenaria de este miércoles 25 de enero. La nueva Ley de Compras Públicas deroga la ley anterior —conocida como LACAP— y abre las puertas al gasto discrecional y opaco de millones de dólares en fondos públicos destinados a la construcción de proyectos estratégicos de este Gobierno. La iniciativa de la Presidencia de Nayib Bukele ingresó al pleno hace apenas una semana y su discusión en la plenaria duró apenas tres horas. 

El nuevo sistema tendrá un ente coordinador y para darle vida se necesitó de otra ley que solo se conoció hasta 35 minutos antes de su votación, realizada de manera sorpresiva el mismo miércoles por la noche después de que se aprobara la ley de compras. La Ley de Creación de la Dirección Nacional de Compras Públicas fue aprobada al mismo tiempo en que los diputados la estaban conociendo por primera vez, es decir, con dispensa de trámites.

Según expertos y diputados de oposición, lo aprobado abre puertas para que el Gobierno haga compras y contrataciones opacas, aunque, sin dar detalles o explicaciones, los diputados del partido de Gobierno afirman que es para modernizar y evitar la opacidad.

Los críticos mencionan, por ejemplo, que las compras relacionadas a proyectos estratégicos de Casa Presidencial quedarán excluidos de la nueva ley, y tampoco se les podrá aplicar la anterior Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) porque fue derogada el mismo miércoles. Esto, en la práctica, elimina controles para el gasto de dinero en la construcción de grandes obras, es decir, habilita el uso discrecional de millones de dólares.

Durante su campaña presidencial, Bukele fue férreo crítico de las partidas secretas y hasta prometió una comisión anticorrupción independiente (la CICIES), la nueva ley de compras parece diseñada para opacar los gastos del Gobierno y de las municipalidades. “Hoy se va a aprobar una ley que va a permitir que los proyectos estratégicos, donde hay más dinero público en juego, no van a estar regulados , sino que quizás van a estar regulados con una normativa adhoc, hecha a la medida de los que estén involucrados en esos proyectos. Quieren una ley para legalizar las vivianadas de este gobierno, se abre la puerta para todo tipo de contratos entregados a amigos, compadres y financistas”, opinó la diputada Claudia Ortiz, de Vamos.

La derogada ley LACAP estuvo vigente desde 2000 y desde su entrada a la Presidencia, fue una ley que a Bukele le incomodó. En 2020, el Ejecutivo se la saltó para hacer compras sin controles mínimos en razón de la pandemia, lo que provocó que 20 millones de dólares en compras hechas terminaron con irregularidades. La historia se repitió con el Régimen de Excepción aprobado en marzo de 2022 y ahora parece que nadie investiga. El fiscal general impuesto por el bukelismo, de hecho, ya desarticuló la unidad de fiscales que investigaba al círculo íntimo de Bukele.

Este miércoles, la bancada oficialista justificó la necesidad del nuevo sistema de compras diciendo que la LACAP está desfasada y que la nueva ley es mejor. Sin embargo, ningún diputado del oficialismo explicó si se habían hecho estudios técnicos que sustentan el cambio. “No hay una justificación técnica de por qué está cambiándose. Lo que la evidencia nos dice es que corresponde a un esfuerzo por evadir estándares de transparencia, integridad y competencia que establecía la LACAP”, dijo José Marinero, presidente de la Fundación DTJ, en una entrevista con La Prensa Gráfica publicada el 20 de enero.

La oposición en la Asamblea señaló que la celeridad con la que se aprobó el nuevo sistema es injustificable. La diputada suplente de Arena, Ana María Ortiz, señaló que a diferencia de otras leyes como la de Nacer y Crecer con cariño en las que hubo varias sesiones de trabajo y se invitó a entrevistas a distintas personas, la ley de compras se aprobó rápido. “No todos los proyectos de ley son atendidos de la misma manera, pero ustedes tienen la correlación de fuerzas, háganlo. Que sepa el pueblo salvadoreño que unos proyectos de ley se manejan de manera concienzuda y otros, no”, dijo.

La ley de compras se leyó artículo por artículo durante cuatro horas el lunes en la Comisión de Economía, el martes se debatió durante tres horas hasta que se aprobó el dictamen para pasarlo al pleno. “Una ley de este tipo donde están en juego los fondos públicos, requiere de un nivel mayor de discusión, requiere que se escuche a los actores que tiene que ver con esta ley, no solo a los del sector público sino a la sociedad en general”, dijo el diputado de Arena, Rodrigo Ávila. Ni él ni la diputada del FMLN Anabel Belloso votó por el dictamen.

El miércoles, minutos antes de la aprobación, Ávila explicó la razón de su postura. “Hoy, cuando se requiere más transparencia, un manejo más acucioso y responsable de los fondos públicos, lo que da esta ley es un nivel mayor de exclusiones. Por ejemplo, se está excluyendo de la aplicación de la ley aquellos casos donde existan convenios internacionales de cooperación y existan contrapartidas por parte del Estado. Si la ley va a ser mucho más ágil y eficiente, ¿por qué aumentar las exclusiones? ¿Por qué incluir a los proyectos estratégicos?”, cuestionó el diputado.

Las megaobras quedan exentas de control

El artículo 3 de la nueva ley enumera 14 tipos de adquisiciones y contratos que quedan excluidos del control, y que tampoco serán reguladas por la LACAP porque esta quedó derogada explícitamente. “Quedan excluidas”, dice el literal m, los “proyectos estratégicos de utilidad pública (…) que sean definidos de tal manera por el Consejo de Ministros”. Lo que aún no está claro es cuál será el mecanismo de contratación y adjucación de estos proyectos. 

Cuando era candidato, Bukele prometió 15 megaobras públicas que, según su plataforma de gobierno de la que ya no volvió a hablar (el “Plan Cuscatlán”), costarían al menos $1,525 millones. Esas megaobras deberían ser catalogadas como proyectos estratégicos por el Consejo de Ministros.

En el presupuesto de la nación aprobado para 2020 se enumeraban algunas de esas obras pero no se decía cómo se financiarían: el Tren del Pacifico, un aeropuerto en Oriente, entre otros. En aquel momento, el Gobierno decía que buscaría asocios público privados, el apoyo de la inversión privada o la adquisición de préstamos internacionales. La nueva ley ahora legaliza que se oculte la información relacionada a las compras y adquisiciones que se hagan. El Plan Cuscatlán contemplaba que el aeropuerto en La Unión costaría unos 50 millones de dólares, que cuatro líneas de metro de San Salvador a Santa Tecla, Apopa, Ilopango y San Marcos costarían 950 millones de dólares, y que el ferri local que costaría unos 10 millones de dólares. Pero además de esos proyectos Bukele ha hablado más recientemente de otros como Bitcoin City o el Tren del Pacífico.  

Aparte de los proyectos estratégicos, la ley también deja sin control las compras y contratos a menor escala, los que hará la Dirección de Obras Municipales (DOM), según el artículo 3. Esta exclusión se agregó el martes en la sesión de la Comisión. La DOM fue creada por Bukele y centraliza la ejecución de obras públicas en los 262 municipios del país.

También se excluyen las compras y contratos que surjan por convenios entre instituciones del Gobierno, o en las que participen entidades privadas controladas directa o indirectamente por el Estado,como Diario El Salvador,o la aplicación de criptomonedas Chivo. También quedan excluidos proyectos en los que El Salvador tenga que brindar una contrapartida presupuestaria, o los que nazcan de convenios internacionales y que establezcan sus propios procedimientos para las contrataciones. También quedan excluidas las operaciones de colocación de títulos en el mercado internacional y “cualquier servicio accesorio relacionado”. Esto quiere decir que contratos como el que el Gobierno firmó con el asesor paraguayo César Addario pueden ejecutarse sin seguir los lineamientos de ley.

El artículo 3 también dice que, aunque quedan excluidos, la información de los proyectos estratégicos debe publicarse en Comprasal de acuerdo a un reglamento. Comprasal es el sitio web surgido con la LACAP en la que se publican los procesos de compra y contratación del Gobierno. Con la nueva ley el responsable del sitio es la Dirección Nacional de Compras (Dinac) que tendrá un coordinador.

Pero Comprasal, según la ley, se volverá a montar “por etapas y de manera gradual”. “Comprasal va a ser desarrollado gradualmente, como que no existiera. Eso puede suponer que lo van a reinventar, que lo van a comenzar de cero; o es un error. Ahí están diciendo: ‘vamos a adoptar lo que nos guste de Comprasal’. A mí me suena más que lo que van a hacer es, seguramente, elegir a la carta lo que quieren publicar”, dice Marinero, de la Fundación DTJ.

Los proyectos estratégicos que determine el Consejo de Ministros deberán estar en Comprasal pero dice la ley que se publicará solo la información que ordene el reglamento. Este reglamento aun no existe y, de hecho, no hay plazo para su elaboración. El responsable de elaborarlo es el personaje que más poder concentra actualmente: el presidente de la República. “Si no hay plazo para crear el reglamento se pone en riesgo la implementación de lo que se dice en la ley de compras”, señaló en la plenaria Anabel Belloso, diputada del FMLN.

Claudia Ortiz, única diputada de Vamos, también criticó que la ley “está hecha a la medida de la clase gobernante y sus cheros”. El artículo 25 intenta regular los conflictos de interés pues enumera las personas y empresas que tendrán prohibido presentarse a concursos públicos: funcionarios públicos, asesores, jefaturas, directores, gerentes o personas con poder de decisión quedan bloqueados de participar en concursos en cualquier institución pública. Pero aquí hay un pequeño vacío. El literal d del artículo 25 dice que a las personas que ostenten cargos distintos a los mencionados explícitamente les queda prohibido participar solo en procesos en sus mismas instituciones. Esto quiere decir que podrían participar en licitaciones en otras oficinas del Estado.

Compras directas y de urgencia

La nueva ley también trastoca la figura de compras directas de urgencia. Al igual que las “compras de emergencia”, las de urgencia ya existían en la LACAP pero la diferencia es que, antes, quien asignaba esa calidad era el Consejo de Ministros. A partir de ahora lo puede hacer cada oficina pública cuando considere que hay “un grave riesgo al interés general”.

También se regulan las “compras directas”, es decir, sin competencia entre ofertantes. El artículo 41 habla de 11 casos. Uno de ellos (literal h) es un empujón al Régimen de Excepción: “Si se tratare de la adquisición de armamento, material y equipo especializado para el combate a la delincuencia, previamente calificado por el Ministro encargado del Ramo de Justicia y Seguridad”. De hecho, las compras directas se habilitan como respuesta no solo a desastres naturales sino a “emergencias de cualquier tipo”, según el artículo 43, literal e. Esto —según Marinero— abre las puertas para más negocios con la excusa del Régimen de Excepción.

El artículo 12 establece que en compras urgentes o de emergencia no hará falta que los proveedores estén inscritos en un Registro Único de Proveedores. Según la nueva ley, en estos casos los proveedores tendrán 30 días para inscribirse después de habérseles notificado la adjudicación. Es decir, millones de dólares pueden ser adjudicados sin que el Gobierno tenga garantía de la capacidad legal del proveedor. Lo irónico es que el registro de proveedores es “el medio para validar y comprobar la capacidad legal para ofertar y contratar de los proveedores”, dice el artículo 12.  

La ley de compras, artículo 27, también establece que cuando un proceso de contratación de una empresa auditora sea declarado desierto dos veces, será la Presidencia de la República quien pueda auditar el contrato. La ley también obliga que las oficinas de Gobierno posean un “certificado anti-sobornos de conformidad a los estándares internacionales de gestión de la calidad existentes”. Las empresas de auditoría externa también tendrán que obtener certificados anti-sobornos. Sin embargo, estos no serán exigibles cuando quien contrate sea una de las 262 alcaldías del país. La ley solo exige que las alcaldías tengan un contralor interno.

El corazón del sistema de compras dependerá de Bukele

La ley de compras da vida a una nueva entidad denominada la Dirección Nacional de Compras (Dinac), que será como el corazón del nuevo sistema creado por el bukelismo. El diputado Jorge Castro de Nuevas Ideas dijo que la nueva oficina iba a ser más independiente, aunque no explicó cómo sería eso si va a estar íntimamente relacionada a la Presidencia de la República. La Dinac, de hecho, será presidida por un director nombrado por el Presidente de la República, y su tribunal sancionador lo conformarán cuatro miembros colocados por la Presidencia, los ministerios de Hacienda y Economía y por la Defensoría del Consumidor. “Será una dirección poderosa con mucha autoridad”, dijo Marinero a LPG.

Antes, había una oficina encargada llamada Unidad Nacional de Adquisiciones y Contrataciones (UNAC). Según Castro, las labores serán las mismas solo que ahora se le está dando rango de dirección. “La UNAC es quien emite reglamentos y al mismo tiempo fiscaliza, maneja Comprasal y regula todo lo que tiene que ver con las compras estatales, pero no tiene autonomía porque está adscrita a Hacienda. Entonces lo que se busca es crear una dirección completamente descentralizada, de derecho público, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía en lo administrativo, que fiscalice como la UNAC pero de manera autónoma e independiente”, dijo.

La ley de creación de la Dinac pudo haberse hecho pública desde las 3:15 p.m., cuando entró al Órgano Legislativo, pero se conoció hasta pasadas las 9 de la noche, 35 minutos antes de que fuera sometida a votación del pleno de diputados. A diferencia de la ley de compras cuyo borrador se conoció una semana antes, la ley de la DINAC se mantuvo en secreto hasta el último momento. Se aprobó con 66 votos sin discusión y entró a la plenaria mediante una modificación de la agenda al filo de las 9 de la noche, después de que se había aprobado la ley de compras. El diputado Caleb Navarro de Nuevas Ideas pidió la “dispensa de trámites”. 

Los diputados cerraron la noche del miércoles con aplausos. Pero hubo diputados que, en medio del júbilo, vaticinaron la opacidad que se avecina. José Urbina, de Nuevas Ideas, aseguró que la nueva ley no es infalible: “Un funcionario que tiene vocación de corrupto, aunque sea la mejor ley, siempre va a ser corrupto. Si la aplicaran exfuncionarios ladrones de Arena o FMLN, robarían igual”, dijo.

]]>
El Salvador Thu, 26 Jan 2023 16:22:03 +0100 https://elfaro.net/es/202301/el_salvador/26686/Nueva-ley-de-compras-habilita-gasto-discrecional-de-más-de-$1500-millones-en-megaobras.htm
"Competencia electoral" http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000038535.JPG https://elfaro.net/es/202301/el_farolero/26684/Competencia-electoral.htm La mirada de Otto a la ausencia de candidaturas opositoras de cara a las elecciones presidenciales de 2024, primeras de la historia reciente del país en las que un presidente buscará la reelección de forma consecutiva.
 

]]>
El Farolero Tue, 24 Jan 2023 15:29:51 +0100 https://elfaro.net/es/202301/el_farolero/26684/Competencia-electoral.htm
“La sentencia de Manuela ha contribuido a la liberación de mujeres criminalizadas injustamente” http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_0_3000_2000/images%7Ccms-image-000038533.jpg https://elfaro.net/es/202301/el_salvador/26674/“La-sentencia-de-Manuela-ha-contribuido-a-la-liberación-de-mujeres-criminalizadas-injustamente”.htm Siete mujeres han sido liberadas en El Salvador desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó por tortura al Estado en noviembre de 2021. El caso de Manuela, una mujer que fue condenada a 30 años de prisión por una emergencia obstétrica evidenció, según el tribunal internacional, que la criminalización de mujeres que sufren esta complicación médica ha sido "desproporcional e injusta". Aunque ha habido avances, el Estado sigue sin reconocer su responsabilidad y dos mujeres fueron procesadas en 2022 por esta razón. En 2023, El Salvador enfrentará una nueva acusación frente a la Corte por la despenalización del aborto. Read in English

Catalina Martínez es directora regional del Centro de Derechos Reproductivos –con sede en Colombia– que trabaja de la mano con la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y la Colectiva Feminista en El Salvador. La alianza de estas instituciones ha consistido en hacer un litigio estratégico para lograr que mujeres condenadas hasta 50 años por haber sufrido emergencias obstétricas recuperen su libertad. Esto se ha materializado en solicitar el indulto, la revisión de la sentencia y la conmutación de la pena para 181 mujeres que entre 2000 y 2019 fueron criminalizadas por homicidio agravado. 70 mujeres han recuperado, hasta diciembre de 2022, su libertad.

Han pasado 24 años desde que en 1998 se cerró la puerta a la interrupción del embarazo por causales y 23 desde que en 1999 se ratificó la reforma constitucional que reconoce el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Ante un Estado que se rehúsa a reformar sus leyes contra toda recomendación, las organizaciones decidieron elevar sus demandas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en nombre de Manuela, una mujer que murió mientras cumplía su condena de 30 años a causa de una enfermedad no diagnosticada a tiempo que influyó en la pérdida de su bebé. La Corte reconoció que Manuela era inocente y condenó a El Salvador por tortura.

En esta entrevista, Catalina Martínez dimensiona las implicaciones que la presión internacional ha tenido en El Salvador. A pesar de que no ha habido cambios a gran escala, como la reforma de leyes o el reconocimiento de responsabilidad que exigió la Corte IDH en el caso de Manuela, sí ha habido cambios sensibles a nivel más técnico, lo que ha permitido, por ejemplo, la liberación de más mujeres encarceladas por emergencias obstétricas. A la fecha, El Salvador solo ha cumplido con la creación de dos protocolos que, aunque mejorables –opina–, son un primer paso. 

En un contexto en el que El Salvador vive la crisis más grande de derechos humanos de la posguerra, Martínez es consciente de que el cambio hacia garantizar los derechos sexuales y reproductivos es lento y cuesta arriba, pero prefiere ser optimista. La sentencia de la Corte IDH, asegura, es la puerta a los primeros cambios. Sobre la posibilidad de que los avances se ralenticen todavía más en 2023 por ser un año preelectoral, confía en que los canales de interlocución que el Estado se ha visto obligado a establecer se mantendrán firmes, en gran parte por aliados técnicos que, en sus palabras, quieren hacer bien las cosas.

Actualmente, El Salvador enfrenta un segundo litigio en la Corte por el caso de Beatriz, una mujer a la cual le fue prohibido el acceso al aborto en 2013, pese a las recomendaciones de sus médicos y una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El caso fue presentado a la Corte en enero de 2022. Una segunda condena es previsible.

No ha habido organismo de derechos humanos que haya visitado El Salvador que no haya concluido que encarcelar a mujeres que han sufrido emergencias obstétricas es tortura. ¿Por qué insistir y urgir a El Salvador para legisle sobre aborto si parece que no cambia nada?

Yo sí pienso que ha habido cambios, así sean pequeños. La grave problemática que El Salvador tiene alrededor de la prohibición absoluta al aborto, además de crear una presión externa en El Salvador, ha logrado que internamente la sociedad civil y el activismo feminista se haya organizado de manera muy robusta y haya posicionado el tema en la opinión pública. Es decir, lo que se hablaba en el año 2000 no es lo mismo que lo que se habla hoy en 2022. Hay mucha más apertura y mucha más conciencia sobre este tema y eso ya para mí es una primera ganancia.

¿Qué evidencias hay de esos cambios?

Primero, después de que la decisión es emitida por parte de la Corte, ha habido una liberación sistemática de mujeres que están en la cárcel por situaciones similares. Esto está impactando la vida de las mujeres que han sido criminalizadas de manera injusta.

La mayoría de estas mujeres, aunque recuperaron su libertad, no fueron declaradas inocentes.

Necesitábamos asegurar la libertad de las mujeres, porque no sabíamos cuánto tiempo más iban a estar ahí, muchas de ellas han estado por más de diez años y por eso se empezó a explorar la conmutación de Sentencia sabiendo que no es la vía jurídica ideal, porque efectivamente es casi como: Ah, bueno, ya estuviste un tiempo suficiente en la cárcel, te la podemos conmutar”, pero no hay un reconocimiento de su inocencia. Pero era la única manera efectiva de sacarlas de la cárcel. También por eso decidimos llevar algunos de estos casos a un tribunal supremo internacional. Hay un caso que está en este momento en la Comisión Interamericana y va a llegar a la Corte pronto, que es de es a favor de ocho mujeres, dentro de las cuales están María Teresa, Teodora, Alba Lorena. Queremos que la Corte revise sus casos y emita una recomendación general y reconozca que estas son ocho de muchísimas otras que vivieron una situación estructural y sistemática de persecución, y en ese sentido le recomiende a El Salvador que abra reparaciones colectivas para aquellas mujeres que sufrieron estas mismas circunstancias y que fueron liberadas a través de procesos de conmutación de pena.

Ante la inacción del Estado, parece que los fallos de la Corte IDH son los que van lograr cambiar la situación en El Salvador.

La presión internacional ha contribuido a cambiar la situación de las mujeres en El Salvador. La máxima expresión es la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Manuela contra El Salvador por las recomendaciones específicas que le da a El Salvador. Tras el fallo, el Estado también se ha comprometido en sacar ciertos protocolos de atención a emergencias obstétricas y a regular el secreto profesional médico. No son perfectos, evidentemente, pero es muestra de cómo poco a poco vamos avanzando. Han pasado muchas cosas y no se da como lo que uno espera, que es el gol inmediato que se despenalice el aborto, pero que han sido muy importantes. 

Uno de los mandatos de la sentencia era, precisamente, el reconocimiento de la inocencia de Manuela y de la responsabilidad del Estado salvadoreño en su muerte. El plazo para cumplir esto era de seis meses; a más de un año, aún no ha sucedido.

Sí, han pasado lento, pero se están moviendo cosas que para mí son muy importantes. Lo primero es que el fallo de Manuela ha permitido que órganos del Estado le recuerden a las autoridades judiciales que los casos de mujeres criminalizadas por emergencias obstétricas se encierran en un contexto sistemático de violencia. Y eso ha influenciado de alguna forma la liberación de las mujeres que han salido de la cárcel después de la decisión de Manuela. Son siete mujeres. Ahora bien, la deuda grande, pero grandísima que tiene en este momento El Salvador con el caso de Manuela es la reparación individual para la familia. Y, por supuesto, la falta de reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado. Si bien hay gente que dice “Bueno, ¿pero que se hace con un reconocimiento de responsabilidad?” Se hace mucho, porque le estás dando un mensaje político al Estado y a tu sociedad de que esto estuvo mal, lo reconocemos y lo vamos a mejorar. 

Lo de los protocolos es, sin duda un paso importante. Pero han tenido que pasar 24 años para lograr apenas eso: protocolos, no reformas a las leyes.

Estos protocolos, si bien hay cosas que queremos que se mejoren y estamos trabajando junto a la Colectiva Feminista en eso, son una muestra de voluntad de querer avanzar con este tema. Particularmente el de atención de emergencias obstétricas, porque es en el marco de las emergencias obstétricas que las mujeres terminan siendo denunciadas y criminalizadas.

¿Por qué creés que ha tomado tanto tiempo?

En El Salvador hay unas particularidades por las cuales esto ha sido lento, pero quisiera señalar que no es que en otros Estados haya sido muy rápido o que haya sido producto solo de una iniciativa del Estado. En Argentina, por ejemplo, toda la discusión sobre aborto también surge porque Argentina es demandada ante el Comité de la Cedaw y eso terminó empujando de alguna manera la primera legislación que hubo sobre causales. Fue de hecho una decisión de la Corte IDH y, posteriormente, todo el movimiento feminista logró la victoria en el Congreso. En Colombia ni siquiera nos podemos plantear llegar al Congreso porque sabríamos que ahí no tendríamos ningún tipo de oportunidad y lo que se hizo fue explorar la Corte. En Perú existía el aborto terapéutico, pero no fue sino hasta que fue demandado internacionalmente ante el comité de Derechos Humanos que se creó el protocolo de aborto terapéutico. Lo que quiero decir es que sí estamos en un contexto muy restrictivo en la región y que los avances se han dado también porque las activistas feministas y de derechos humanos hemos enmarcado la lucha del aborto como una lucha de derechos humanos y hemos hecho que órganos derechos humanos intervengan para ayudarnos a avanzar en los marcos legales. Dicho esto, en El Salvador, y particularmente en Centroamérica, hay un discurso por parte de la iglesia que ha sido particularmente negacionista frente a los derechos reproductivos y creo que no podemos negar que eso de alguna manera ha influido en crear este imaginario social frente a que el aborto es “malo”.

Decenas de mujeres, y algunos hombres, se concentraron en el parque Cuscatlán para marchar hacia la Asamblea Legislativa y conmemorar el Día Internacional de Acceso al Aborto Legal y Seguro. Las organizaciones feministas, encabezadas por la Colectiva Feminista, caminaron hasta la Asamblea para entregar una propuesta de reforma ley para la despenalización del aborto, dicha propuesta lleva el nombre de ‘’Beatriz’’, una mujer a la que, en noviembre del 2013, el Estado salvadoreño le negó el acceso a un aborto pese a las presiones a nivel nacional e internacional debido a un padecimiento grave de salud. En El Salvador las mujeres que abortan o pierden a sus hijos por complicaciones obstétricas son consideradas homicidas por el Estado, en la actualidad en el país hay 14 mujeres condenadas y seis están siendo procesadas debido a qué el sistema judicial considera el aborto un delito sin importar las causas. Según la activista feminista, Morena Herrera, la propuesta ‘’Beatriz’’ está enfocada en los mínimos para garantizar los derechos de la mujer y el acceso al aborto seguro con mayor especificidad en los casos de abuso sexual, tomando en cuenta que este año el Ministerio de Salud Registró un incremento en los casos de niñas y adolescentes embarazadas con un registro de 6,938 en el primer trimestre del 2021 con notable aumento en las niñas de las de edades de 10-14 años. En la Asamblea, la marcha fue recibida con un bloqueo de una barrera de alambre de púas y un pelotón de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) y no fue hasta que minutos después la diputada del Fmln, Anabel Belloso, y el diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Wright, salieron para recibir la propuesta de ley y se comprometieron en promover su estudio. Allí las mujeres les exigieron a los diputados un estudio de ‘’Debate serio y científico basado en los derechos de las mujeres y niñas’’. Foto de El Faro: Carlos Barrera.
 
Decenas de mujeres, y algunos hombres, se concentraron en el parque Cuscatlán para marchar hacia la Asamblea Legislativa y conmemorar el Día Internacional de Acceso al Aborto Legal y Seguro. Las organizaciones feministas, encabezadas por la Colectiva Feminista, caminaron hasta la Asamblea para entregar una propuesta de reforma ley para la despenalización del aborto, dicha propuesta lleva el nombre de ‘’Beatriz’’, una mujer a la que, en noviembre del 2013, el Estado salvadoreño le negó el acceso a un aborto pese a las presiones a nivel nacional e internacional debido a un padecimiento grave de salud. En El Salvador las mujeres que abortan o pierden a sus hijos por complicaciones obstétricas son consideradas homicidas por el Estado, en la actualidad en el país hay 14 mujeres condenadas y seis están siendo procesadas debido a qué el sistema judicial considera el aborto un delito sin importar las causas. Según la activista feminista, Morena Herrera, la propuesta ‘’Beatriz’’ está enfocada en los mínimos para garantizar los derechos de la mujer y el acceso al aborto seguro con mayor especificidad en los casos de abuso sexual, tomando en cuenta que este año el Ministerio de Salud Registró un incremento en los casos de niñas y adolescentes embarazadas con un registro de 6,938 en el primer trimestre del 2021 con notable aumento en las niñas de las de edades de 10-14 años. En la Asamblea, la marcha fue recibida con un bloqueo de una barrera de alambre de púas y un pelotón de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) y no fue hasta que minutos después la diputada del Fmln, Anabel Belloso, y el diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Wright, salieron para recibir la propuesta de ley y se comprometieron en promover su estudio. Allí las mujeres les exigieron a los diputados un estudio de ‘’Debate serio y científico basado en los derechos de las mujeres y niñas’’. Foto de El Faro: Carlos Barrera.

Precisamente por ese contexto es que me llama la atención que digás que hay instituciones que están aplicando el mandato de la Corte IDH. ¿Podrías ampliar sobre eso?

Tenemos aliados dentro del Gobierno y en Naciones Unidas, que está acompañando de cerca estos casos por medio de la oficina de la alta comisionada de Derechos Humanos.

¿Cómo se ha construido esa relación con un gobierno que ha dejado claro que este tipo de temas es, si acaso, lo último en su lista de prioridades?

Bueno, hay dos cosas. Primero que en el marco de la implementación de la sentencia del caso de Manuela, le guste o no le guste, que lo quiera hacer o no tenga la voluntad, está obligado a abrir un canal de comunicación. El estado ha abierto un canal de comunicación frente a esta implementación que no ha sido el mejor, que no ha sido el más fluido, pero existe.

¿Y ese canal se ha abierto a través de qué instituciones?

El Ministerio de Seguridad y Justicia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la misión de El Salvador ante la OEA; todas estas organizaciones que trabajan juntas en la esfera de justicia internacional. Pero por otra parte, en todo gobierno sea conservador, sea de izquierda, sea lo que sea, siempre hay técnicos y técnicas que hacen parte de los equipos que, de alguna manera, quieren que las cosas avancen y que tienen el compromiso y el corazón puesto donde es. Si bien no tienen la fuerza política, pues son personas que están ahí trabajando, están luchando también desde adentro y con esas personas uno muchas veces puede avanzar más de lo que de lo que se creería. Creo que las personas siempre están esperando el gran compromiso de las figuras públicas, pero cuando uno está trabajando casos de implementación de sentencias internacionales o inclusive la creación de una política pública, muchas veces esos aliados técnicos son muy valiosos y ayudan a que pasen muchas cosas.

2023 será un año preelectoral y en El Salvador es más popular oponerse al aborto que a la prohibición absoluta. ¿Qué previsiones tienen ustedes de que los avances hasta el momento no se vayan a estancar?

Entiendo que es un contexto preelectoral, pero sí o sí el tema del aborto va a ser un tema que no va a poder escapar de la agenda. Viene el caso de Beatriz contra El Salvador en la Corte Interamericana. Aunque se quiera escapar del tema, el tema va a estar ahí porque El Salvador va a estar siendo revisado por la Corte Interamericana y va a tener un segundo fallo, posiblemente en contra, el próximo año. Un fallo que además va a ser determinante porque, a diferencia del de Manuela, es un caso de falta acceso al aborto. Un caso muy complejo y que efectivamente sí le va a requerir a la Corte pronunciarse de manera de fondo sobre el aborto. Lo segundo que va a tener que decir la Corte es que le va a tener que recomendar a El Salvador de manera expresa liberalizar su ley de aborto. Esto no pasó en el caso de Manuela.

Entiendo tu punto, pero de la misma forma en que el Estado no ha reconocido su responsabilidad en el caso de Manuela, un fallo a favor de Beatriz no implica reformas automáticas al Código Penal. Da la impresión de que si nadie los obliga, no tienen por qué hacer algo al respecto.

Quiero decir que sí están obligados, lo que pasa es que los efectos prácticos de esa obligación son muy difíciles de ver, porque finalmente si no lo hacen no hay ningún tipo de sanción económica, etcétera, que hiciera que de alguna manera los Estados se sientan presionados de cumplir con celeridad Pero eso no quita que no exista la obligación. Puede que este gobierno la desestime, que diga “Yo no voy a cumplir”. Pero el siguiente va a tener la misma obligación porque es una obligación del Estado y el siguiente va a tener la misma obligación, entonces obligación va a persistir y va a persistir hasta que algún gobierno la va a cumplir. Esta recomendación no se va se va a disolver con el tiempo o después de tres años va a prescribir. Va a estar ahí hasta que el Estado cumpla y la Corte va a hacer seguimiento y va a sacar resoluciones de seguimiento o de incumplimiento. Entonces, si bien es cierto que los efectos prácticos son muy disolubles y por eso entiendo que haya poca credibilidad frente a la fuerza obligatoria, sí es importante saber que igual es obligación y que va a persistir ahí por lo largo de los años.

La medida más popular del Gobierno al día de hoy está atada a la violación sistemática de derechos humanos. ¿Es realista pensar que este mismo Gobierno va a abrir camino a derechos que se eliminaron hace más de 20 años? 

Sin lugar a dudas hay un tema de gobierno que supera la figura del Estado que puede dificultar de alguna manera eso. Estamos frente a un gobierno restrictivo que restringe libertades individuales, y ahí entran los derechos sexuales y reproductivos. Es en realidad muy preocupante que esto esté pasando. Pero yo creo que hay tantas cosas que se están moviendo hacia adelante en el reconocimiento de los derechos que efectivamente en algún momento El Salvador va a quedar completamente anacrónico dentro de esa ola. Va a llegar un momento en el que en el que vamos a lograr el cambio por el que hemos estado luchando durante tantos. Yo quiero seguir siendo optimista.

Es difícil ser optimista cuando ahora mismo somos la fantasía de los grupos conservadores y el cuento de terror de los países progresistas, en varios frentes, pero específicamente en el de los derechos sexuales y reproductivos.


Creo que hay muchísimos desafíos, pero pero no podemos perder el optimismo porque estamos trabajando mucho desde todos los frentes. Entre más sigamos construyendo el discurso público entre más, digamos a la sociedad, entre más pedagogía hagamos, entre más personas se unan a la lucha, más estaremos contribuyendo a la despenalización social del aborto. Si bien no está en la ley, es demasiado importante, porque cada vez más gente habla de esto y se da cuenta de la injusticia, y yo creo que eso es muy importante para que El Salvador deje de ser el cuento de terror. 

]]>
El Salvador Tue, 24 Jan 2023 09:31:14 +0100 https://elfaro.net/es/202301/el_salvador/26674/“La-sentencia-de-Manuela-ha-contribuido-a-la-liberación-de-mujeres-criminalizadas-injustamente”.htm
El pop factura y sal-pica: Shakira y la sociedad ante el espejo - Por Willian Carballo https://elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg https://elfaro.net/es/202301/360grados/26683/El-pop-factura-y-sal-pica-Shakira-y-la-sociedad-ante-el-espejo---Por-Willian-Carballo.htm 360 grados Mon, 23 Jan 2023 14:14:47 +0100 https://elfaro.net/es/202301/360grados/26683/El-pop-factura-y-sal-pica-Shakira-y-la-sociedad-ante-el-espejo---Por-Willian-Carballo.htm El juego perfecto http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_238_2362_1812/images%7Ccms-image-000024217.jpg https://elfaro.net/es/202301/columnas/26658/El-juego-perfecto.htm El héroe deportivo más célebre de Nicaragua, Denis Martínez, el primero de mis compatriotas en llegar a las Grandes Ligas, es dueño de la rara hazaña de haber lanzado un juego perfecto. He leído con gozo cada día el cruce de correspondencia entre Martín Caparrós y Juan Villoro con motivo del Mundial de Fútbol, porque a través de la astucia con gracia y el ingenio ilustrado saben convertir este deporte, sin duda el más universal de todos, en arte épico que no merece sino el éxtasis, y en filosofía trascendente, toda una metafísica del balón tanto es así que Juan ha llegado a acuñar una frase sagrada para todo el ritual: Dios es redondo.

Mi pasión deportiva, nacida en la infancia como toda pasión trascendente, ha sido más bien por el beisbol, que pertenece a una comarca más restringida. Si el futbol es un esperanto que entiende todo el mundo, y en Bangladesh la gente celebra en las calles con locura los triunfos de Argentina, el beisbol es un idioma que fuera de los Estados Unidos, y de los países del Caribe, adonde llegó con los vientos de las ocupaciones militares norteamericanas, se entiende poco.

Es un asunto de reglas, y paciencia. Un gran partido de beisbol puede ser aquel donde casi no sucede nada, como, por ejemplo, un juego perfecto, donde el pitcher pone fuera de juego, uno tras a otro, a los veintisiete bateadores que se le enfrentan a lo largo de las nueve entradas del partido, y la épica del juego está en la ausencia de acción. Para un neófito, sentado en las graderías será el súmmum del aburrimiento, igual que si en un juego de futbol Messi se quedara clavado a medio campo, sin dar una sola patada.

Pero el espectador sabio, gracias a las largas pausas que puede tener el juego, al contrario del futbol donde todo es velocidad y movimiento, puede convertirse en un verdadero filosofo. Un estratega filosófico. Y el beisbol puede llegar a tener una ética, según lo voy a contar.

El héroe deportivo más célebre de Nicaragua, Denis Martínez, el primero de mis compatriotas en llegar a las Grandes Ligas, es dueño de la rara hazaña de haber lanzado un juego perfecto. Un pitcher para los anales. La proeza, ahora legendaria, tuvo lugar el viernes 26 de julio de 1991 cuando vestía el uniforme de los Expos de Montreal, y le tocaba lanzar contra los Dodgers en sus propio estadio de Los Ángeles.

Antes del juego, como en la historia de los caballeros andantes que velan sus armas, y purifican su espíritu con el ayuno, o la oración, se fue solo a oír misa a la iglesia de San Antonio de Padua, en la avenida César Chávez, mientras un taxi lo esperaba con el motor encendido al pie de las escalinatas para llevarlo al estadio.

Y así se alzó hasta la cima de hazañas imposibles, una apuesta contra el destino en la que el rigor, la calma, la astucia, la voluntad, la inteligencia, la fuerza del brazo, la iluminación, trabajan entrada tras entrada en contra de la fatalidad que se viste de malas casualidades y errores imprevistos, como ocurre con todos los heroísmos cuando se ponen a prueba.

Una gloria continuada la suya, como lo muestran en sus números finales: 245 juegos ganados, más que cualquier otro latinoamericano en las grandes ligas, por encima del dominicano Juan Marichal; 4.000 entradas lanzadas, hasta que entregó la pelota sagrada a los 43 años.

Un muchacho pobre de las barriadas de Granada, cuyos padres soñaban verlo ingeniero; su lucha por dominar la perfidia del alcohol a fuerza de voluntad, al que se había entregado empujado por la soledad y los ardides de la fama.

Cuando en Nicaragua iban a celebrarse en 2017 los XI Juegos Centroamericanos, el gobierno de Taiwán le donó al país un estadio de beisbol ultramoderno, construido mediante los parámetros de las grandes ligas, con un costo de 36 millones de dólares. Grama, importada de los mejores viveros de Miami, palcos VIP espaciosos, sky boxes exclusivos, pizarras electrónicas gigantes, un food court, todo para sentirse como en un Yankee Stadium de bolsillo. Un regalo, como otros tantos de los de Taiwán, para asegurar las relaciones diplomáticas con el régimen de Ortega, que terminó, de todas maneras, rompiéndolas para abrirlas, sin muchos beneficios hasta ahora, con China Popular.

El estadio fue bautizado, como era de esperarse, con el nombre de Denis Martínez, como quedó inscrito en enormes letras en la fachada. Y en abril de 2018 las instalaciones apenas estrenadas sirvieron para alojar a los paramilitares que consumaron la brutal represión contra los jóvenes alzados en protesta en las calles, y en sus alturas fueron instalados francotiradores armados de fusiles Dragunov que asesinaron a decenas de esos jóvenes con tiros certeros en la cabeza y en el cuello.

Denis no se calló entonces: “que el estadio se había convertido en un cuartel de donde salían los matones del pueblo, me golpeó, y luego tras las investigaciones donde confirmaron el uso de francotiradores, me hundió aún más…las madres de los fallecidos miraban el estadio con repudio…el estadio era sinónimo de muerte”.

Y en noviembre de este año, de la noche a la mañana, su nombre desapareció de la cenefa del estadio. Ahora se ha anunciado que tendrá un nuevo nombre: Soberanía. Una de tantas venganzas consumadas desde las espesa sombras del poder contra el héroe deportivo más querido del país, cuyo nombre entrará un día no lejano en el salón de la fama de Cooperstown, consagrado a los inmortales del beisbol.

“Mi manera de pensar, mis valores y dignidad nunca han estado a la venta”, dice Denis. “Y así como le di gracias a Dios cuando ese hermoso estadio llevaba mi nombre, digo ¡gracias a Dios! otra vez porque lo han removido…lo que más me ha importado es qué ejemplo dejo en esta vida”.

Juan debe ser de beisbol, seguro; imagino que Martín, tan al sur, ni una palabra. Ya nos sentaremos a hablar un día de esta ciencia, que es también ética. Y de cómo Denis Martínez, a la edad que tiene, sigue lanzando su ético juego perfecto.

Sergio Ramírez, escritor nicaragüense. Premio Carlos Fuentes, Premio Alfaguara de Novela y Premio Miguel de Cervantes.
 
Sergio Ramírez, escritor nicaragüense. Premio Carlos Fuentes, Premio Alfaguara de Novela y Premio Miguel de Cervantes.

]]>
Columnas Mon, 23 Jan 2023 09:48:46 +0100 https://elfaro.net/es/202301/columnas/26658/El-juego-perfecto.htm
Exiliados, encarcelados y espiados: el costo de informar en Centroamérica El Hilo y El Faro http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000038529.jpg https://elfaro.net/es/202301/centroamerica/26681/Exiliados-encarcelados-y-espiados-el-costo-de-informar-en-Centroamérica.htm Nicaragua es el destino que la prensa centroamericana no quiere: más de 160 periodistas en el exilio y 54 medios cerrados por la dictadura de Daniel Ortega. En El Salvador, hay varias señales de alerta que indican que se va en esa ruta: intervenciones masivas con Pegasus, difamación y construcción de acusaciones judiciales contra periodistas, cierre de espacios. En este podcast de El Hilo, en colaboración con El Faro, se explora a través de casos concretos cómo tres periodistas de esos dos países han vivido en carne propia el exilio, los ataques, la persecución. Este episodio es una coproducción entre El Hilo y El Faro como parte de un proyecto de cobertura de la situación de la prensa en la región, y con el apoyo del Fondo Canadiense de Iniciativas Locales.

 

Escritura y producción: Silvia Viñas

Edición: Eliezer Budasoff, Daniel Alarcón

Diseño de sonido y música: Elías González

Verificación de datos: Bruno Scelza

Director editorial: Daniel Alarcón

Coordinación editorial de El Faro: Óscar Martínez

Producción de El Faro: Omnionn

 
 
]]>
Centroamérica Fri, 20 Jan 2023 07:15:49 +0100 https://elfaro.net/es/202301/centroamerica/26681/Exiliados-encarcelados-y-espiados-el-costo-de-informar-en-Centroamérica.htm
Cronología del pacto entre el Gobierno de Bukele y las pandillas http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000038522.jpg https://elfaro.net/es/202301/el_salvador/26676/Cronología-del-pacto-entre-el-Gobierno-de-Bukele-y-las-pandillas.htm Las primeras negociaciones entre el entorno de Bukele y las pandillas ocurrieron en 2014, cuando aún era candidato a alcalde de la capital. En aquel entonces, Bukele solo seguía la tendencia de su partido, el FMLN, que había negociado con líderes pandilleros en el gobierno de Mauricio Funes y luego como instituto político. Pero fue cuando Bukele llegó a la Presidencia en 2019 cuando aparecieron las evidencias más contundentes de su pacto con pandillas. La historia de estas negociaciones abarca más de ocho años. Esta es una reconstrucción de los momentos claves para comprender ese pacto que terminó con la masacre de 87 salvadoreños en marzo de 2022. El Salvador Wed, 18 Jan 2023 11:22:45 +0100 https://elfaro.net/es/202301/el_salvador/26676/Cronología-del-pacto-entre-el-Gobierno-de-Bukele-y-las-pandillas.htm Los “Acuerdos de paz” después de 31 años - Por Álvaro Artiga González https://elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg https://elfaro.net/es/202301/360grados/26679/Los-“Acuerdos-de-paz”-después-de-31-años---Por-Álvaro-Artiga-González.htm 360 grados Tue, 17 Jan 2023 09:49:44 +0100 https://elfaro.net/es/202301/360grados/26679/Los-“Acuerdos-de-paz”-después-de-31-años---Por-Álvaro-Artiga-González.htm El Salvador apuesta por la economía del timo - Por Ricardo Valencia https://elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg https://elfaro.net/es/202301/360grados/26678/El-Salvador-apuesta-por-la-economía-del-timo---Por-Ricardo-Valencia.htm 360 grados Tue, 17 Jan 2023 09:45:47 +0100 https://elfaro.net/es/202301/360grados/26678/El-Salvador-apuesta-por-la-economía-del-timo---Por-Ricardo-Valencia.htm El pop factura y sal-pica: Shakira y la sociedad ante el espejo http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_0_3000_2001/images%7Ccms-image-000038262.jpeg https://elfaro.net/es/202301/columnas/26677/El-pop-factura-y-sal-pica-Shakira-y-la-sociedad-ante-el-espejo.htm ¿Por qué tanto alboroto por una canción? El tema que la colombiana le dedica a Piqué puede parecer trivial; pero, si lo miramos con ojos críticos, demuestra cómo un producto de la cultura popular puede, además de producir plata, reflejar los debates más profundos de una sociedad. No vengo acá a bautizar a Shakira como una Paquita la del Barrio millennial ni a tildar a su nueva canción con Bizarrap como una Rata de dos patas pospandémica (para eso hay colegas expertos en música que harían mejores análisis técnicos que yo). Tampoco vengo acá a juzgar a la artista por tratar de brutos-ciegos-sordomudos al padre de sus hijos y a la nueva novia ni a apedrear a esa otra mujer a quien, claramente, la colombiana acusa de volverse loca con tigre ajeno; ni siquiera a cuestionar al futbolista catalán por bailar waka-waka con otras caderas y tener nueva reina en su Kings League (también dejo estos necesarios debates a cargo de colegas expertas en feminismos o, para los temas de la moral, en mano de los falsos profetas del decoro).  

Lo mío va por otro lado. Lo mío, lo que además disfruto, son los medios de comunicación y la forma en que hurgan en la cultura popular y viceversa. Y con la colombiana montada en una canción que está atropellando la conversación pública como una bicicleta cuesta abajo, quiero entrarle a un tema que −al igual que arrebatarle un teléfono a una seguidora o que un presidente anuncie que su país organizará Miss Universo− parece banal, pero no lo es. Yo a lo que vengo es a intentar entender por qué esta canción, una más entre miles, ha causado tanto alboroto. Y tengo tres hipótesis:  primero, que ha triunfado porque la música popular sigue siendo ese gran espejo donde el reflejo de nuestros propios relatos nos salpica el rostro; segundo, porque el internet y las redes sociales siguen cambiando a las industrias creativas de maneras todavía indigeribles para nuestro lento sistema mental; y tercero, porque los artistas y las empresas saben cómo facturar con estos escándalos y a nosotros nos gusta pagarlos.

Contexto: la semana pasada, la cantante y el productor argentino Bizarrap lanzaron un tema que haría ver a Ese hombre (que tú ves ahí), de Rocío Jurado, como una canción de YouTube Kids. La obra sonora −una suerte de pop electrónico a lo Selena, la Gómez, no la Quintanilla− es un desahogo de reproches hacia un hombre que, por obvias pistas y creativos juegos de palabras, deja salpicado de sopa caliente al exfutbolista del Barcelona, Gerard Piqué, su expareja. Es decir: nada que, tras un adiós, miles de artistas no hayan expresado ya y seguirán haciendo mientras en el mundo haya corazones partíos y amores vistos donde habita el olvido.

La canción, sin embargo, ha sido una explosión de gas en una bodega. El corte musical y su video tardaron en infectar las redes sociales y los reproductores de música lo mismo que una loba tarda en salir de un armario: en 24 horas obtuvo 14.4 millones de reproducciones en Spotify y 64 millones en YouTube, sin contar una fiesta de memes y un carnaval de menciones en periódicos y noticieros. Así, su letra −enésima pieza de una nota rosa que, encima, involucra indirectamente al deporte más popular− nos sirvió de postre en el comedor de la esquina o en la pausa vespertina que los chismosos de pasillo sostenemos frente al garrafón de agua y la cafetera en la oficina. Y esa es, justamente, la primera de las tres hipótesis: triunfa por la capacidad de proyectar en un gran escenario mediático nuestros pequeños conflictos cotidianos para ponernos a hablar sobre ellos.

Seamos francos: no es que la pieza exude letras dylanescas o que la partitura vaya a estudiarse en un conservatorio en Nueva York. Lo que la Music Sessions, Vol. 53, como Bizarrap nombró a esta producción, sí tiene es que comparte esa capacidad del pop de ponerle voz y ritmo a nuestra cotidianidad. Pega, en primer lugar, porque muchos, en algún momento de nuestras vidas, nos sentimos un Rolex al que nos cambiaron por un Casio; y oír tal analogía en voz de una famosa nos hace reflejarnos en ella. Insisto: nada que otras canciones no nos hayan hecho sentir antes ya, como Por tu maldito amor, de Vicente Fernández; Ingrata, de Café Tacvba; Every rose has its thorn, de Poison; o Mentiras, de Marito Rivera y Bravo, nomás por citar cuatro melodías que también son puñales.

Entonces, si hacernos sentir identificados es vieja maña de las canciones pop −entendiendo el concepto no como rock suave y fresa, sino como ese conjunto de música de cualquier género creada para agradar a públicos masivos−, ¿por qué tanto escándalo por el desahogo de Shakira? La respuesta es porque este es el relato de relatos. Porque esta no es solo una canción de Morat o de El Buki en la que el intérprete le canta a un ser desconocido, sin rostro. No. Esta vez nos hemos comido la historia completa y creemos conocer a los protagonistas casi como a nosotros mismos. Nos tragamos a la colombiana y al español verse pasar el balón como quien se pasa el corazón en Sudáfrica 2010, desde el inicio. La vimos acaramelada, dedicándole Me enamoré, teniendo hijos y luego quejándose de la monotonía de la relación. Y la estocada final: la miramos sacarle tarjeta roja, desterrarlo y aniquilarlo líricamente a él y a quien la reemplazó. 

¿A dónde nosotros −la audiencia− hemos visto eso antes? ¿En nuestra propia vida? ¿En el barrio? ¿En el trabajo? ¿En la universidad? El pop, y esta canción en particular, pega duro porque la mayoría ha atestiguado una historia completa, de principio a fin, que luego podemos transferir a nuestras propias vidas, donde sacaremos nuestros propios ángeles y demonios. ¿Es inadecuado que trate así al padre de sus hijos y a otra mujer o está bueno que lo haga porque ya no hay que quedarse calladas? ¿Él es un idiota? ¿La culpa es de él, de ella o de la otra ella? Esta sesión de Shakira con Bizarrap se convierte así en un enorme espejo hecho de una historia que vimos nacer y morir y en el cual podemos mirarnos a la cara para discutir nuestras propias preguntas sobre relaciones interpersonales. Y eso, aunque no nos impacte de la misma manera que una reforma de pensiones ni nos proteja de la próxima ola de COVID, es importante para todo ser humano en sociedad.

El segundo punto que explica por qué esta canción en particular es comidilla en muchos niveles tiene que ver con la época en que vivimos. El escándalo de moda no hubiera sido posible si las redes sociales y medios periodísticos de la actualidad no le hubieran arrojado agua a este tierno Gremlin hasta convertirlo en un monstruo devoramétricas. En otras palabras: no es suerte, como se titula otro de los éxitos de la colombiana. Tampoco es únicamente talento. Es, sobre todo, viralidad.

Si, por ejemplo, el tiempo nos regalara el maravilloso milagro de resucitar a Janis Joplin en la era de los memes y TikTok para cantar su versión de Piece of my heart, de finales de los años sesenta, seguro que también le crearían una versión en cumbia, le armarían stickers de WhatsApp y le subirían video-reacciones en YouTube; porque, como su par de moda, esta balada rock con aires de blues también habla de un corazón hecho confeti en el pecho de una mujer ruda. Sin embargo, eran otros tiempos. En ese entonces, la “bruja cósmica” no tuvo de aliados más que a la radio y a los discos de vinil para llevar su voz alicorada y su potente mensaje a las masas. En cambio, Shakira, aunque nació musicalmente en los noventa, es hija adoptiva de los algoritmos del nuevo siglo. Sin ellos, sin la oleada de memes, sin los periódicos pintando de amarillo su historia de desamor y sin las redes sociales amplificando sus palabras, poco se hablaría de cómo le pide a Piqué que trague y mastique.

El tercer punto es el billete. El pop salpica, de acuerdo, pero también factura. Habría que ser más inocente que aquella muchacha pelinegra noventera que cantaba con ternura Estoy aquí para no captar que la música pop es un negocio y que la intérprete de La Tortura olió billetes, se subió el ruedo, se llenó de lodo los pies descalzos y se puso a trabajar. Por más que su nueva canción sea el cuento más íntimo de cómo el exfutbolista le sacó el corazón y se lo arrojó al piso y por más que la letra sea una buena excusa para hablar de temas sociales complejos como la sororidad, la infidelidad o el machismo; es fácil imaginarse a la artista sentada junto a su equipo de marketing y a los encorbatados de su disquera planeando el argumento y la metodología para producir ganancias. Ella misma lo dice: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”. 

Voy de nuevo: facturar no me parece un acto juzgable como bueno o malo por sí mismo. Business son business, diría una mentalidad de tiburón. Sin embargo, sí es un recordatorio de que la industria musical no es tampoco un inocente diario de amor que nos permite sentir que no somos los únicos Ferraris a los que nos han cambiado por un Twingo. Los artistas, los productores y las disqueras quieren plata y van tras ella. Hasta la marca Casio, que estaba tranquila preparándose un sándwich y viendo TikTok en casa cuando le cayó un misil en el centro de la cocina, se benefició en su papel secundario en esta trama al ganar más seguidores y quizá más dinero. 

Entonces, la canción es hija de una industria voraz. Y si nosotros vamos a aumentar las ganancias de los artistas o las empresas, si vamos a descargar sus canciones, ver sus videos o comprar sus relojes, hagámoslo, pero conscientes de que solo somos otra pieza más en el LEGO de una fábrica experta en convertir las lágrimas en dólares. El arte sin fines de lucro pueden buscarlo en otra canción.

En resumen, sin ser un crítico musical ni un experto en género, ni mucho menos un profeta de la moral, lo que sí me siento con credenciales para proponer en este texto son unas primeras conclusiones sobre un tema que habrá que seguir pensando: el escándalo mediático causado por la dedicatoria musical de Shakira a Piqué no es solo una cancioncita salida de control ni tampoco solo un papel pegajoso para atrapar con banalidades a moscas sin quehaceres en la casa. Al contrario, es una muestra clara de la importancia de la cultura popular en las sociedades modernas ya sea por reflejar nuestros debates psicoemocionales e interpersonales, por mover millones de dólares a costa de almas rotas o por ser el ejemplo perfecto de una nueva forma de volver éxito a una canción. 

Y hasta ahí me quedaría. Ya luego, si quieren, podemos debatir si “animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho” es mejor letra que “una loba como yo no está para novatos” o si Paquita tiene más punch que Shakira; pero eso lo podemos hacer al calor de unos tragos y bocadillos para picar en algún bar, mientras vemos al Barça sin Gerard quedar campeón en la tv. La factura de lo consumido, eso sí, la pagamos mitad y mitad.

 

*Willian Carballo (@WillianConN) es investigador, catedrático, periodista y ensayista salvadoreño. Es doctorando en Sociedad de la Información y el Conocimiento, máster en Comunicación y licenciado en Comunicaciones y Periodismo. Actualmente es coordinador de Investigación de la Escuela Mónica Herrera y docente de la Maestría en Gestión Estratégica de la Comunicación de la UCA. Es Gran Maestre de los Juegos Florales de El Salvador, tras ganar tres veces el premio en la categoría Ensayo, por temas sobre medios y cultura. Ha sido becario del Instituto Iberoamericano de Berlín; del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO); de la Universidad de Bielefeld, Alemania; y del programa Autorregulación de Medios, de la Cooperación Sueca. Además, ha publicado en libros y revistas editadas en Gran Bretaña, España, Colombia, México, Cuba, Guatemala y El Salvador. 

]]>
Columnas Tue, 17 Jan 2023 09:38:59 +0100 https://elfaro.net/es/202301/columnas/26677/El-pop-factura-y-sal-pica-Shakira-y-la-sociedad-ante-el-espejo.htm
Los “Acuerdos de paz” después de 31 años http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000026855.jpg https://elfaro.net/es/202301/columnas/26675/Los-“Acuerdos-de-paz”-después-de-31-años.htm En una región donde los actuales menores de 40 años no se involucraron en las luchas contra el autoritarismo militar, por la liberalización política e incluso por la democracia, ¿puede prosperar una democracia liberal? En medio de una campaña de negación del actual gobierno salvadoreño sobre su relevancia política, el 16 de enero del corriente año se cumplirán 31 años de la firma de los acuerdos que pusieron fin al conflicto armado entre el gobierno salvadoreño, de entonces, y el otrora frente guerrillero Frente “Farabundo Martí” para la Liberación Nacional (FMLN). Dichos acuerdos facilitaron la reforma política que permitió superar el régimen autoritario de corte militar que había prevalecido en El Salvador desde 1930. 

Como parte de la implementación de esos acuerdos, en 1994 se realizaron las primeras elecciones libres y competitivas de la historia del país. Desde entonces, las elecciones se convirtieron en el único juego socialmente aceptado para cambiar, elegir o reelegir gobernantes. Atrás quedaba una larga historia de golpes de estado, elecciones fraudulentas o “elecciones” con un único candidato, como procedimientos que los militares utilizaron para producir el relevo de gobernantes. Solo este hecho manifiesta la relevancia de los acuerdos, de los cuales no se podía derivar otra clase de transformaciones que no fueran negociadas o  pactadas. 

La reforma política pactada -mediante aquellos acuerdos de 1992- se daba en medio de un contexto regional centroamericano que privilegiaba el diálogo y la negociación antes que la continuidad del enfrentamiento armado que sangraba a guatemaltecos, nicaragüenses y salvadoreños. La solución política a los conflictos armados se plasmó en acuerdos políticos que fueron impulsados en un ambiente propicio generado por los Acuerdos de Esquipulas II, firmados por los presidentes centroamericanos en 1987. Ese impulso recibió apoyo internacional en medio del enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética por el control geopolítico de la región. 

Pocos años después, se produjo el primero de los acuerdos que transformarían la política interna de los países con conflictos armados. Una liberalización política se abrió paso en Nicaragua con los acuerdos de Sapoá, entre el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y la Resistencia Nicaragüense (la “contra”) en 1988; luego vinieron los acuerdos de Chapultepec (México), entre el gobierno salvadoreño y la guerrilla en 1992. Finalmente, le tocó el turno a Guatemala, cuando el gobierno guatemalteco firmó con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) los acuerdos que pusieron fin al conflicto interno en 1996.

La solución de los conflictos armados internos en El Salvador, Guatemala y Nicaragua modificó la variedad de regímenes políticos prevalecientes hasta entonces en Centroamérica, incluyendo a Honduras. En el llamado CA-4, la liberalización política se abrió paso y la democratización, si ocurría, les haría semejantes a la tradicional excepción de Costa Rica. Democratizar los regímenes recién liberalizados era más bien una tarea pendiente que una conquista lograda con los “acuerdos de paz”.

La distinción entre liberalización y democratización es importante para comprender el agotamiento que la primera presenta al principio de la tercera década del siglo XXI en Centroamérica. La liberalización supone la apertura de espacios políticos y el ejercicio de garantías civiles y políticas por parte de la ciudadanía. La liberalización reduce la exclusión política pero no equivale a la vigencia de una democracia liberal. Es un paso, una etapa, una fase necesaria para instaurar democracias liberales, pero no agota todo el proceso. 

Permitir la existencia de una oposición política, respetar las libertades de expresión, organización y movilización son medidas relevantes para democratizar un régimen. Pero hace falta algo más. Hace falta que los gobernantes se sometan al control de la ciudadanía, ya sea de manera directa, o  indirectamente mediante un diseño institucional que permita el ejercicio eficaz del control político sobre los gobernantes.

Permitir que se cambien gobernantes mediante elecciones libres y competitivas, no quiere decir necesariamente que los ganadores gobernarán democráticamente; es decir, sujetos al marco constitucional-legal. Tal sujeción debe ser verificada, para lo cual la transparencia y el acceso a la información son condiciones necesarias. Los abusos de autoridad por parte de los gobernantes, es decir, traspasar los límites que las normas jurídicas imponen a los gobernantes, deben ser sancionados. Si esto no ocurre, la autoridad democráticamente recibida puede ser autoritariamente ejercida. Con una legitimidad democrática de origen, los gobernantes pueden ocultar su voluntad y ejercicio autoritario del poder. En tales condiciones, la pérdida de la legitimidad democrática de origen (ser gobernante por la voluntad libre y competitiva de los gobernados) tiene como resultado la desnudez del carácter autoritario de los gobernantes y del régimen político que les sustenta.

Así pues, si bien es cierto que la realización de elecciones libres y competitivas puede ser un criterio de demarcación sobre la naturaleza de los regímenes políticos, no es suficiente criterio para hablar de la vigencia de una democracia liberal. Sin elecciones no hay democracia, pero la existencia de esta exige algo más. Este “algo más” no se alcanzó en el CA-4 pese a la superación de los regímenes políticos autoritarios de corte militar que allí estaban vigentes. La coyuntura centroamericana actual muestra una deriva autoritaria encabezada por Nicaragua, seguida por El Salvador, Guatemala y Honduras, en ese orden. Casualmente, con la excepción de Honduras, la misma secuencia para la firma de acuerdos de paz anteriormente referidos.

Que hayan pasado ya tres décadas de aquellos acuerdos y que la liberalización política pactada se haya agotado en el CA-4 supone que las fuerzas democráticas no crecieron lo suficiente. Además de un factor cultural implicado en este resultado deficitario, podría existir un factor demográfico al que hay que ponerle atención. En una región donde los actuales menores de 40 años no se involucraron en las luchas contra el autoritarismo militar, por la liberalización política e incluso por la democracia, ¿puede prosperar una democracia liberal? ¿Los valores culturales que predominan en este segmento poblacional pueden traducirse en una “recarga” democrática liberal? ¿No será que la vulnerabilidad económica, social, política y cultural en la que vive la mayor parte de este segmento poblacional favorece los comportamientos autoritarios?

Han pasado 31 años desde la firma de los “acuerdos de paz” en El Salvador. La liberalización del régimen autoritario parece estar agotada y una nueva forma de autoritarismo se cierne sobre el país. Las elecciones generales de 2024, cuyo proceso comenzará este año con los procesos internos de selección de candidaturas y la definición del padrón electoral, serán cruciales para declarar agotada la liberalización o para emprender, una vez más, la ruta de la democratización. Esta ruta supone revertir la deriva autoritaria en marcha que cada vez nos acerca más a lo que sucede en Nicaragua.

 

*Álvaro Artiga es politólogo, miembro del Consejo Asesor del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina.  Puedes seguirle en @ReformasLATAM

]]>
Columnas Sun, 15 Jan 2023 19:11:30 +0100 https://elfaro.net/es/202301/columnas/26675/Los-“Acuerdos-de-paz”-después-de-31-años.htm
Cómo detener el deterioro de las democracias - Por Fernando Barrientos https://elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg https://elfaro.net/es/202301/360grados/26668/Cómo-detener-el-deterioro-de-las-democracias---Por-Fernando-Barrientos.htm 360 grados Fri, 13 Jan 2023 16:28:58 +0100 https://elfaro.net/es/202301/360grados/26668/Cómo-detener-el-deterioro-de-las-democracias---Por-Fernando-Barrientos.htm El Salvador apuesta por la economía del timo http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000035944.jpg https://elfaro.net/es/202301/columnas/26673/El-Salvador-apuesta-por-la-economía-del-timo.htm La aprobación de la ley de activos digitales, el pasado enero 11 de 2023, encamina al país a lo que puede considerarse un modelo económico del timo. El presidente Nayib Bukele convierte en política de estado lo que en muchas economías capitalistas es visto como un defecto del sistema. La aprobación de la ley de activos digitales, el pasado enero 11 de 2023, encamina al país a lo que puede considerarse un modelo económico del timo. El presidente Nayib Bukele convierte en política de estado lo que en muchas economías capitalistas es visto como un defecto del sistema: un modelo que promueve actividades especulativas que benefician poco a sus ciudadanos y que facilita la aparición de una cultura del engaño y fraude. En lugar de proteger a sus ciudadanos de los timos, el gobierno salvadoreño los energiza y les brinda un halo de legalidad.

Si el café transformó a El Salvador en una nación agroexportadora a principio del siglo XX, y después de los Acuerdos de Paz, el país se consolidó como una economía de servicios, no es exagerado decir que el Bitcoin tuviese -al menos formalmente- una meta similar.  Dentro de la planes de Nayib Bukele, la cripto moneda sería el primer paso para la construcción de Silicon Hills, un parque tecnológico que desde El Salvador emularía a Silicon Valley, el hub tecnológico de California.  Pero, lejos de emular a Sillicon Valley, la adopción del Bitcoin ha convertido la promesa cripto en una carga dependiente del dinero público.

La adopción del Bitcoin parece diseñada para saltarse regulaciones internacionales contra el lavado de dinero con la finalidad de atraer la mayor cantidad de dinero en poco tiempo. Shaun Overton, ex contratista de la plataforma gubernamental Chivo, aseguró que el gobierno salvadoreño eliminó durante el lanzamiento de Chivo mecanismos para confirmar la veracidad de las identidades de los miles de usuarios de la plataforma. Esto facilitó el robo de al menos $12 millones de recursos estatales. 

Las pérdidas de Chivo solo son la punta de un iceberg de un experimento que le ha costado al país alrededor de $425 millones. Bukele sigue subsidiando con recursos y dinero público una ilusión que se desvanece. Ha fundado la Oficina Nacional del Bitcoin que solo tuitea en inglés y ha impulsado la aprobación de una ley de activos digitales con los que se  espera facilite la salida de los bonos Bitcoin a través de la compañía Bitfinex. Esta ley también perfora los fondos públicos al abrir la puerta para que los emisores de criptomonedas y otros activos digitales no paguen impuestos en El Salvador.

Bukele no solo les ha regalado centenares de millones en dinero público a los cripto fanáticos, sino que ha puesto en bandeja de plata el alma de los salvadoreños. La Revista Factum ha revelado como dos esquemas piramidales llamados Mundo Go Sports y Jusco AD podrían haber arrebatado miles de dólares a salvadoreños de clase media baja. En el caso de Jusco AD, el propagandista del esquema asegura que también fue víctima de su experimento. En ambos casos, los vendedores de estas maquinarias de humo emulan el mismo discurso que el presidente: las plataformas digitales harán a los pobres ricos del día a la noche y el dinero viene de China. No solo eso, utilizan la inscripción de estas empresas en los registros gubernamentales como argumento de legalidad y transparencia. 

Antes de hacer el Bitcoin moneda legal en El Salvador, Mundo Go Sports y Jusco AD hubiesen sido fácilmente identificados como potenciales estafa ponzi al estilo de Finsepro e Insepro de los noventas. Sin embargo, el humo de la aprobación de la criptomoneda hace creer a amplios sectores de la población que los timos son normales y los timadores, héroes.

La aprobación del Bitcoin ha empujado a El Salvador a los que muchos han llamado, la era dorada del fraude. Esta era ha sido retratada por un sin número de periodistas, economistas y académicos que describen cómo las redes sociales, el internet y las criptomonedas han facilitado fraudes masivos. La mayoría de estos timos se han realizado bajo la promesa de una falsa libertad económica.  

En El Salvador, la era dorada del fraude deja en evidencia viejos y conocidos problemas:  la desigualdad y la falta de oportunidades que asfixian a buena parte de los salvadoreños. Los más pobres no tienen dinero para participar en los fraudes, pero una incipiente clase media -nacida después de los Acuerdos de Paz- quiere pensar que la tecnología le dará oportunidades de crecimiento que el país les ha negado. Los salvadoreños son víctimas dobles: primero castigados por una industria cripto subsidiada y promovida por el gobierno, y la segunda, a través de los muchos fraudes electrónicos que proliferan en El Salvador.

Lejos de cumplir la promesa de ser vehículos para la prosperidad, la economía del timo hace a los pobres más pobres. Ya sean estos, los jóvenes que trabajan en “call centers” en El Salvador o los trabajadores afroamericanos de los barrios de Nuevo York. La diferencia entre estos dos es simple y macabra:  mientras en el caso estadounidense, el estado hace la pantomima de protegerlos, en el salvadoreño, el estado no es solo cómplice sino perpetrador de un aparente fraude. Bienvenides a la primera economía del timo en el mundo.



*Ricardo Valencia es profesor asistente de Comunicaciones en la Universidad Estatal de California Fullerton. Síguelo en Twitter como @ricardovalp.











]]>
Columnas Fri, 13 Jan 2023 10:29:18 +0100 https://elfaro.net/es/202301/columnas/26673/El-Salvador-apuesta-por-la-economía-del-timo.htm
El fraude de Chivo Wallet, contado por uno de sus creadores http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000038514.jpg https://elfaro.net/es/202301/el_salvador/26665/El-fraude-de-Chivo-Wallet-contado-por-uno-de-sus-creadores.htm Un programador estadounidense relata cómo el gobierno de Nayib Bukele lo contrató tres días después de lanzar Chivo Wallet y encontró una aplicación “repleta de fraude”. En su testimonio asegura que hasta el 20 % de los usuarios eran falsos, habla de una “hemorragia de dinero” público hacia cuentas fraudulentas y detalla cómo el gobierno de El Salvador incumplió de forma consciente leyes y tratados internacionales contra el lavado de dinero. Read in English.

Shaun Overton hacía escala en el Aeropuerto de Miami cuando recibió un mensaje de texto de un amigo: “Llámame. Tengo el mejor trato de tu vida”. Era 9 de septiembre de 2021. Overton, un programador tejano de software de 40 años, llamó de inmediato, intrigado. Su amigo le dijo: “el proyecto de mi cliente está en llamas”. El cliente era el gobierno de El Salvador y el proyecto era Chivo Wallet, la criptobilletera estatal que había sido lanzada dos días antes.

Overton se dio cuenta después de que lo habían convocado a una misión de rescate: la de salvar la pirueta política de un tecno-presidente en medio de un laberinto de prisa, improvisación, y secretismo. No lo logró.

Los detalles del caos interno que fue el lanzamiento de Chivo Wallet vienen directamente de Overton, que contó su historia ante una corte estadounidense el 16 de agosto de 2022. El documento es parte de una demanda que su empresa de software Accruvia interpuso contra Athena Bitcoin, Inc., el principal desarrollador de la Chivo Wallet. El caso empezó en diciembre de 2021, cuando Overton demandó a Athena por incumplimiento de contrato ante la Corte del Distrito Norte de Texas. Un año después, las partes notificaron a la corte que alcanzaron un acuerdo extrajudicial. El 27 de diciembre de 2022, Athena pidió a la corte que decretara una reserva a los testimonios tanto de Overton como de Eric Gravengaard, CEO de Athena, que sirven de base para esta nota y que fueron publicados en El Faro y en el medio guatemalteco No Ficción a finales del año pasado.

La criptobilletera Chivo es la piedra angular del proyecto cripto del presidente Nayib Bukele. Si la adopción de bitcoin iba a suceder en El Salvador, Bukele dijo que iba a ser a través de Chivo. El uso de bitcoin debía, en teoría, eliminar las comisiones en las remesas que envían los migrantes, que representan una quinta parte de la economía salvadoreña, y facilitar el acceso a servicios financieros al 70% de la población que no tiene una cuenta de banco. Chivo es en jerga salvadoreña "genial", pero cuando se usa como verbo -”chivear”- significa apostar. Pronto quedó claro que Chivo era una apuesta incierta.

En mismo día de su lanzamiento, el 7 de septiembre de 2021, los primeros usuarios en descargarla se quejaron sobre múltiples fallas para registrarse o para procesar pagos. El presidente Bukele no tardó en intentar controlar los daños desde su cuenta de Twitter. Ya a las siete de la mañana de aquel primer día, tuiteó: “hemos desconectado la Chivo Wallet mientras aumentamos la capacidad de los servidores de captación de imágenes”. A las nueve de la mañana pidió a sus cuatro millones de seguidores que trataran de registrarse y comentar los errores. A las 11:52 de la noche del día del lanzamiento de Chivo, tuiteó que desconectarían la aplicación para “mejorar la experiencia de usuario”. A las seis de la mañana del día siguiente, publicó una captura de pantalla con instrucciones para corregir un error de funcionamiento.

Overton dijo ante un juez que firmó un contrato con el gobierno de El Salvador el 10 de septiembre, 24 horas después de esa primera llamada en el aeropuerto de Miami. Lo describió como “el proyecto más estresante de mi vida”.

Su declaración es un vistazo detrás de escena a los primeros días de Chivo y al desenlace del fiasco, en el que el gobierno se deshizo sobre la marcha de las empresas creadoras de la billetera, mintió al público y violó la ley y tratados internacionales. Los errores tras el lanzamiento implicaron que cientos de transacciones entre cuentas bancarias y Chivo se retrasaran o no se registraran. Mientras el presidente pedía ayuda a sus seguidores en Twitter,, el dinero de la gente estaba desapareciendo. Y el gobierno también estaba perdiendo dinero.

Chivo Wallet nació en la oscuridad. Tras anunciar en junio de 2021 la adopción del bitcoin como apuesta de futuro para las finanzas nacionales, la administración Bukele tomó una empresa privada inactiva que había sido creada en 1999 por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), le transfirió 60 millones de dólares como capital semilla y la rebautizó como Chivo . Al ser una empresa privada, pese a ser sostenida y financiada con fondos públicos, Chivo se consideró libre del escrutinio de la ley de información pública y otros mecanismos para auditarla.

El gobierno nunca detalló cómo fue creada la empresa. La información al respecto se ha conocido a cuentagotas. En septiembre de 2021 El Faro reveló que todo el proyecto de bitcoin era manejado por el gabinete paralelo de venezolanos que asesoran a Bukele , y en abril de 2022 que la billetera había costado un mínimo de tres millones de dólares. En noviembre de 2022, Revista Factum publicó que el total pagado a Athena fue de 4.7 millones de dólares.

La billetera Chivo se lanzó el 7 de septiempre de 2021. Tras su lanzamiento, cientos de personas hicieron largas filas para retirar un bono de $30 de los cajeros Chivo, un incentivo del Gobierno de Bukele que popularizó en corto tiempo la billetera, hasta que sus errores y la falta de interés de la población los dejaron en desuso. Foto de El Faro: Víctor Peña.
 
La billetera Chivo se lanzó el 7 de septiempre de 2021. Tras su lanzamiento, cientos de personas hicieron largas filas para retirar un bono de $30 de los cajeros Chivo, un incentivo del Gobierno de Bukele que popularizó en corto tiempo la billetera, hasta que sus errores y la falta de interés de la población los dejaron en desuso. Foto de El Faro: Víctor Peña.

Athena no fue la primera opción del gobierno para crear la criptobilletera. Al menos otras dos empresas declinaron hacer la tarea en el apretado plazo de tres meses que puso el gobierno al anunciar la Ley Bitcoin. Una de ellas fue Strike, una empresa de criptobilleteras fundada por Jack Mallers, el encargado de anunciar la Ley Bitcoin en una conferencia en Miami en junio de 2021. Mallers pasó de estar llorando en un escenario con una camiseta de la selección salvadoreña de fútbol y decir que “moriría en esta maldita colina”, a negar cualquier conexión con el proyecto en una entrevista con Bloomberg. Ni él ni el gobierno aclararon nunca por qué el trato entre ellos se cayó.

Athena entró después. La pequeña empresa de cajeros basada en Illinois armó una red de empresas para poner a funcionar Chivo en la fecha límite de septiembre. Para diciembre de 2021, Athena y a había perdido el contrato de Chivo frente a Alphapoint, una empresa de Nueva York que es la actual encargada de la operación.

La promesa del dinero fácil

La promesa del presidente Bukele sobre cómo el bitcoin impulsaría a El Salvador a convertirse en una potencia financiera regional empezaba con un componente individual. El gobierno ofreció un bono de 30 dólares a todos los salvadoreños que se registraran para la Chivo Wallet. Pero muchos se dieron cuenta pronto que había maneras de hacer más dinero desde una aplicación defectuosa.

"La gente aprendió rápidamente que si podía mostrar una dirección IP salvadoreña, podían registrarse para la Chivo Wallet, obtener el bono de 30 dólares y retirar ese dinero inmediatamente”, dijo Overton.

El proceso para registrarse conllevaba la obligación de enviar una foto del Documento Único de Identidad (DUI) salvadoreño. Cientos de personas denunciaron que su número de DUI había sido registrado en la aplicación sin su consentimiento. En diciembre de 2021, la organización Cristosal presentó una denuncia por el robo de identidad de 131 personas.

Overton dijo que trabajó casi a diario con Miguel Sabal, uno de los asesores venezolanos de Bukele y mano derecha de la líder de ese gabinete paralelo, Sara Hanna. Los venezolanos conforman un súper gabinete que opera por encima de los propios ministros y juegan un papel en cada gran política pública, desde el manejo de la pandemia hasta el bitcoin, pasando por la difunta promesa de una comisión anticorrupción apoyada por la Organización de Estados Americanos. “Sabal venía a mi oficina diciendo que la gente estaba tomándole fotos a una pared o a macetas en vez de tomarse una selfie para identificación personal”, dijo Overton.

“Nunca establecimos la cantidad exacta de fraude pero estimamos que entre el 10 y el 20 por ciento de los usuarios registrados eran fraudulentos”, dijo Overton en la corte.

De acuerdo con cifras oficiales del gobierno salvadoreño, Chivo alcanzó cuatro millones de usuarios en sus primeros tres meses. Si se toma el parámetro más bajo del cálculo de Overton, al menos 400,000 perfiles fraudulentos sirvieron para cobrar bonos de 30 dólares, para un total de 12 millones de dólares de dinero de los contribuyentes. “La vasta mayoría del dinero ya había dejado el ecosistema Chivo”, dijo el desarrollador. “Durante mi tiempo en el proyecto, combatir el fraude era abrumadoramente la prioridad del gobierno y consumió mucho de nuestro tiempo y recursos”.

Overton luego describió una “maratón de escribir código que duró toda la noche” en la que un desarrollador cometió un error que permitía el intercambio de bitcoin por un dólar, mientras el precio de mercado del bitcoin era de alrededor de 60,000 dólares. “Miguel Sabal entró a mi oficina directamente y me dijo: necesito esto arreglado hoy mismo”, recordó Overton. Dijo que Sabal empezó a escribir mensajes “frenéticamente” con otro miembro del equipo para averiguar que estaba pasando porque la cantidad de bitcoin en el sistema excedía los 10 mil millones de dólares.

El 18 de octubre de 2021, usuarios de Chivo reportaron un error que momentáneamente los hizo millonarios, según sus balances en la aplicación. "Tuvimos que desconecta el servido por completo. Matamos el sistema y no lo volvimos a encender hasta como las 7:30 de la mañana del día siguiente”, dijo Overton en la corte.

Roxana Valles, de 40 años, es una de las expertas vendedoras que acepta bitcoin y opera una tienda en la playa en El Zonte, cuna de la criptomoneda en el país. En septiembre de 2021, cuando la Ley de Bitcoin entró en vigor, dijo que había ganado dinero cuando el precio de la criptomoneda aumentó, pero señaló que el sistema que utilizó era incompatible con Chivo, la cartera del gobierno. Foto de El Faro: Víctor Peña
 
Roxana Valles, de 40 años, es una de las expertas vendedoras que acepta bitcoin y opera una tienda en la playa en El Zonte, cuna de la criptomoneda en el país. En septiembre de 2021, cuando la Ley de Bitcoin entró en vigor, dijo que había ganado dinero cuando el precio de la criptomoneda aumentó, pero señaló que el sistema que utilizó era incompatible con Chivo, la cartera del gobierno. Foto de El Faro: Víctor Peña

Aunque las autoridades han perseguido algunas formas de fraude en Chivo, ningún caso ha sido presentado contra empleados, funcionarios o contra alguien por robar identidades para cobrar bonos. No hay información oficial sobre la cantidad de usuarios que defraudaron el sistema o la cantidad de fondos que se perdieron. De hecho, el gobierno ni siquiera ha reconocido que esto haya ocurrido.

Reconocerlo sería admitir un fracaso. El lanzamiento de septiembre debía ser una fiesta. Diario El Salvador, el periódico del gobierno, tituló “Bitcoin Day” en su portada. Las plazas principales de muchos municipios ya alojaban los 200 cajeros de bitcoin fabricados por Athena, custodiados día y noche por soldados y policías. Bukele se presenta a sí mismo como un iconoclasta que se tomó una selfie en la Asamblea General de Naciones Unidas para declarar obsoleto el formato de la conferencia y luego se presentó ante inversionistas con una animación en la que descendía de un ovni.

Pero aún así, más de una forma de fraude ocurrió dentro de Chivo. En otro de los errores técnicos de Chivo, el precio de referencia del bitcoin se actualizaba solo una vez por minuto. Esto permitió que algunos usuarios involucrados en formas de inversión a muy corto plazo se aprovecharan para comprar fracciones de bitcoin (llamadas sats) y las vendieran cuando el precio de referencia estaba fijado a un precio menor que el de mercado, “ganando medio punto o un punto porcentual” en las transacciones, según describió Overton.

“El gobierno tenía una hemorragia de dinero”, dijo Overton y ejemplificó con un usuario que empezó a hacer operaciones con 2,000 dólares y terminó con 400,000. “Como el ecosistema de Chivo Wallet no compensaba el riesgo del mercado, todas las ganancias de esta gente vinieron del gobierno de El Salvador”, dijo.

El resultado se parece a algo que había ocurrido un año antes. Cuando la pandemia de Covid-19 impactó El Salvador, Bukele entregó un cheque de 300 dólares como subsidio. La Corte de Cuentas encontró luego que 30 millones de dólares de ese programa habían sido repartidos con criterio desconocido .

Una puerta abierta para el lavado de dinero

Los problemas de Chivo no terminaron con la salida de Athena. El 8 de abril de 2022, cuatro usuarios empezaron a mover fondos desde la Chivo Wallet a sus cuentas de banco, aprovechando un error que les permitía enviar dinero sin que la aplicación lo registrara, según una publicación de Revista Factum. Esto llevó a la Fiscalía General a acusar a cinco personas por fraude electrónico y lavado de dinero por la transferencia ilícita de 840,000 dólares.

Rodolfo Delgado, el fiscal general del bukelismo, manejó las acusaciones en completo silencio, una anormalidad para un gobierno que publicita intensamente los arrestos por cargos desde crimen organizado hasta abuso animal. En la Chivo Wallet, fueron las propias decisiones del gobierno las que la hicieron vulnerable, según Overton. “Estaba repleta de fraude”, dijo.

El gobierno, según Overton, estaba “extremadamente preocupado por operar a capacidad para un país de seis millones de personas, entonces contrataron a QA Consultants para que ellos pusieran a prueba el sistema”. Brian Berknopf, el amigo a quien Overton contestó en el aeropuerto de Miami, es el director de operaciones en Estados Unidos de QA Consultants. Los detalles del contrato de la empresa con la administración Bukele, así como los de cualquier otra compañía involucrada con el proyecto, no son públicos. Berknopf le dijo a su amigo que el código de Chivo fue escrito en un lenguaje de programación llamado Django y que “el gobierno necesita la mayor cantidad posible de programadores en Django que pueda conseguir ahorita”.

Pero la Chivo Wallet no fue sometida a pruebas antes de su lanzamiento. “Debido a retrasos de Athena, nunca pudieron llevar a cabo esas pruebas”, dijo Overton.

A las nueve de la noche del día de lanzamiento, Bukele se ufanó en Twitter de que Chivo era “la app número uno en finanzas” en la tienda Apple en El Salvador. Mientras hacía eso, su aplicación se desmoronaba.

“Cuando la Plataforma llevaba 150 usuarios registrados, el proveedor de KYC se cayó. Entonces el gobierno de El Salvador decidió eliminar al proveedor de KYC del proceso para que la Chivo Wallet pudiera continuar registrando usuarios”, testificó Overton. KYC significa “conoce a tu cliente” en inglés, una serie de estándares diseñados para prevenir lavado de dinero, fraude y otras formas de crimen. En el primer esquema de operaciones de Chivo, el proveedor de KYC era la empresa uruguaya “VU Security”. Aparentemente, fue su programa el que falló, aunque Overton dijo en la corte no recordar el nombre.

Overton dijo que el gobierno “quería alcanzar su meta de lograr la inscripción de 50,000 usuarios” a cualquier costo. Para ello, Overton dijo que la solución no fue arreglar el asunto del KYC, sino apagarlo.

Menos de 48 horas después de su lanzamiento, Chivo apagó su filtro de conoce a tu cliente. Hay 55 cajeros Chivo en consulados salvadoreños en Estados Unidos. Como el registro no fue supervisado, Chivo se convirtió en una forma de mandar dinero desde Estados Unidos a cualquier usuario de la billetera en el mundo sin regulaciones KYC, por una cantidad de tiempo desconocida.

La importancia de este paso no debe ser subestimada. Wilson Sandoval, coordinador del centro de Asesoría Legal Anti Corrupción (Alac), dijo que los operadores de Chivo actuaron contra cualquier recomendación en el campo.

El cajero Chivo frente a la plaza Barrios en el Centro capitalino fue reconstruido luego de que en septiembre de 2021 el original fuera incendiado por manifestantes que rechazaban la instalación de la criptomoneda en el país. Foto de El Faro: Víctor Peña
 
El cajero Chivo frente a la plaza Barrios en el Centro capitalino fue reconstruido luego de que en septiembre de 2021 el original fuera incendiado por manifestantes que rechazaban la instalación de la criptomoneda en el país. Foto de El Faro: Víctor Peña

“El KYC permite la identificación del cliente. Al no hacerlo, permiten que se conduzcan posibles operaciones de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, y no sabemos por cuánto tiempo”, dijo Sandoval, uno de los abogados que más ha impulsado la búsqueda de información pública sobre la implementación del bitcoin. De acuerdo con Sandoval, deshacerse de los estándares es una violación tanto de leyes salvadoreñas como internacionales. Específicamente, dijo que va contra las recomendaciones de nuevas tecnologías del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi). La regla establece que “los países y las instituciones financieras deben identificar y evaluar los riesgos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo que pudieran surgir con respecto al desarrollo de nuevos productos y nuevas prácticas comerciales, incluyendo nuevos mecanismos de envío”, que “los países y las instituciones financieras deben tomar medidas apropiadas para administrar y mitigar esos riesgos” y que “esta evaluación del riesgo debe hacerse antes del lanzamiento de los nuevos productos. En El Salvador, esto está contenido en el artículo 13 de la ley Antilavado que detalla ocho campos de información sobre el cliente y la transacción que las empresas deben recabar y enviar a la Fiscalía General por operaciones mayores de 10,000 dólares.

Un aporte insignificante en las remesas

Aunque la Chivo Wallet ha probado ser oportuna para fraudes y para llevar a cabo transacciones sin supervisión, todavía no ha cumplido su propósito original de uso: el envío de remesas.

Overton dijo que dos personas les explicaron “la razón detrás del proyecto”, Eric Gravengaard, el CEO de Athena y la cara pública tras la creación de Chivo, y Lorenzo Rey, otro asesor venezolano “funcionalmente el jefe de tecnología del gobierno”, aunque no ocupa ningún cargo oficialmente.

El plan, dijo Overton, “está enfocado 100 por ciento en remesas y en evitar comisiones de Western Union y servicios parecidos”. Este fue uno de los principales objetivos de la Ley Bitcoin, según el presidente y los diputados. No ha funcionado.

Las criptobilleteras recibieron casi 30 millones de dólares en remesas en septiembre de 2021, 4,5 % del mercado, pero esa figura ha declinado gradualmente y no ha sobrepasado el 2 % desde entonces. En octubre de 2022, fueron 10 millones, o 1.5 % del total.

Pese a los magros resultados, el gobierno usó Chivo como una palanca para negociar las tarifas de remesas con la compañía de remesas Western Union. “Eric me dijo de una conversación entre Sara Hannah y Western Union donde la empresa empezó a negociar las tasas de envío a El Salvador porque estaban sintiendo la presión financiera de las personas que usaban el sistema de Chivo”, dijo Overton.

De hecho, según la declaración de Eric Gravengaard en el mismo caso, fue Sara Hanna quien le dijo, en noviembre de 2021, que sería relevado de su posición y que Overton había ofrecido hacerse cargo y arreglar todos los problemas.

La trayectoria de Chivo no es prometedora para un gobierno que ya tiene la mente puesta en su próxima aventura tecnológica, una que tiene más implicaciones que la de operaciones millonarias. En octubre de 2022, la Asamblea Legislativa aprobó una ley destinada a que tres millones de salvadoreños que viven mayoritariamente en Estados Unidos puedan votar por Internet en las elecciones generales de 2024. El partido de Bukele ya organizó por Internet sus elecciones internas en julio de 2020, con algunos candidatos que alegaron un fraude generalizado. La innovación viene justo a tiempo para otra novedad: la reelección de Bukele, pese a una prohibición constitucional explícita.

]]>
El Salvador Tue, 10 Jan 2023 15:49:33 +0100 https://elfaro.net/es/202301/el_salvador/26665/El-fraude-de-Chivo-Wallet-contado-por-uno-de-sus-creadores.htm
Salida de emergencia http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000038519.JPG https://elfaro.net/es/202301/el_farolero/26670/Salida-de-emergencia.htm La mirada de Otto a la renuncia de Carolina Recinos, jefa de Gabinete del Gobierno Bukele, a su cargo en la directiva de FANTEL, instancia pública que favoreció a una nuera de Recinos con una beca de estudios en Rusia.
 

]]>
El Farolero Tue, 10 Jan 2023 15:25:46 +0100 https://elfaro.net/es/202301/el_farolero/26670/Salida-de-emergencia.htm
Editorial de El Faro: Deseos de año nuevo https://elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg https://elfaro.net/es/202301/360grados/26669/Editorial-de-El-Faro-Deseos-de-año-nuevo.htm 360 grados Tue, 10 Jan 2023 10:05:36 +0100 https://elfaro.net/es/202301/360grados/26669/Editorial-de-El-Faro-Deseos-de-año-nuevo.htm Cómo detener el deterioro de las democracias Fernando Barrientos del Monte http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000038446.jpg https://elfaro.net/es/202301/columnas/26657/Cómo-detener-el-deterioro-de-las-democracias.htm Desburocratizar la democracia es fundamental. Pero incluso los mecanismos de democracia directa que pretenden solucionar la crisis de la democracia terminan, muchas veces, ahondando en ella. ¿En qué medida puede la ciudadanía desarrollar valores democráticos si su vida cotidiana se ejecuta en contextos verticales y no democráticos por antonomasia? En los últimos meses de 2022 la política en algunos países de la región mostró nuevamente signos de inestabilidad. Pero, más allá de la gravedad, las crisis políticas son esencialmente de, y entre, las élites políticas, y la ciudadanía, en general, poco tiene que ver. Sin embargo, los efectos de dichas crisis la afectan considerablemente.

El caso más representativo es la crisis en Perú, con el fallido intento de Pedro Castillo de disolver inconstitucionalmente el Congreso, su consecuente destitución y el ascenso de Dina Boluarte. Así, Perú ha tenido seis presidentes en seis años. Mientras tanto, en Argentina, la vicepresidenta Cristina Fernández y líder de facto de la coalición gobernante, fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta e inhabilitada para ocupar cargos públicos de por vida. Si bien ello no significa necesariamente su salida de la vida política, es un signo del inicio del fin de la era kirchnerista.

En Brasil, la extrema derecha que apoya al presidente Jair Bolsonaro salió a las calles para desconocer el apretado triunfo en segunda vuelta de Luiz Inácio Lula da Silva. Mientras, Bolsonaro se negó a reconocer los resultados hasta un mes después de la elección, luego de que ninguna institución lo apoyara, incluyendo el sector militar.

En México, Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena han puesto en marcha una serie de estrategias, formales e informales, para debilitar a las instituciones que gestionan las elecciones. En un país donde la transición y la democratización se basó esencialmente en crear condiciones de independencia e imparcialidad en la gestión electoral, atacar mediáticamente a los órganos electorales y tratar de modificar su estructura institucional sin diagnóstico y deliberación, puede poner en riesgo la viabilidad de la democracia. No obstante la gravedad de tales procesos, dichas crisis hasta ahora se han desenvuelto dentro de los cauces institucionales.

Las lamentaciones a veces lacónicas del deterioro democrático en la región se basan en una concepción reducida de esta. Las competencias entre élites partidistas se hacen en contextos institucionales con elecciones libres y justas. Sin embargo, los partidos políticos dependen cada vez más de los recursos del Estado y menos de sus militantes, mientras que los representantes se ocupan más de sus propias agendas de grupo que de los asuntos que afectan a la sociedad. Y los poderes ejecutivos responden cada vez más a los poderes fácticos que a la ciudadanía.

Por ello, las crisis de la democracia son crisis de las élites. La mayoría de las personas son solamente espectadores, pues su vida cotidiana se desenvuelve en contextos que poco o nada tienen que ver con la política y la democracia. Además de la permanente desconfianza hacia los políticos, la complejidad de los sistemas institucionales aleja a la ciudadanía de la política, a la que ven como una actividad extraña. Según el Latinobarómetro, en 2020 más del 70 % de las personas estaba poco o nada interesada en la política.

Soluciones no ortodoxas a la crisis de la democracia

Los análisis sobre las democracias se han centrado en los aspectos institucionales, las relaciones entre los poderes formales establecidos, las dinámicas de los sistemas de partidos y electorales, entre otros aspectos. Pero es muy escasa la atención a la relación entre las prácticas políticas y los entornos cotidianos de la ciudadanía, y sus relaciones y percepciones hacia los componentes de la democracia.

En 1977 se publicó en Inglaterra el informe de la comisión de investigación sobre democracia industrial, conocido como “reporte Bullock”, que analizaba el estado de las empresas en ese país, el proceso de sindicalización de los trabajadores y sus derechos de participación en las empresas. Publicado hace más de cuarenta años, el informe puso en primer plano el tema de la democracia industrial, y signó el principio de muchas experiencias de democracia sindical y las relaciones entre los sectores económicos en varios países europeos como Suecia y Alemania.

El informe puso sobre la mesa que un sistema político democrático-representativo solo puede funcionar eficientemente si en las estructuras verticales como las industrias y las empresas también se fomentan prácticas democráticas. La democracia industrial se refiere a las posibilidades de los trabajadores de influenciar, formal e informalmente, directa e indirectamente, el curso de los procesos dentro de una empresa, incluido no solamente en las dirigencias sindicales, sino también en la dinámica organizativa e incluso los “outputs”.

En el siglo XXI las empresas dedicadas a las nuevas tecnologías (pero no solo estas) definen en gran medida el devenir de muchos procesos políticos y sociales. Empresas como Apple, Microsoft, Google, Tencent, Facebook, IBM tienen un impacto en la economía mundial que alcanza ya casi el 40 % de todas las transacciones, y el comercio electrónico es el 5 % de todo el PIB mundial. Este es el mundo cotidiano de millones de personas, y ante un mundo nuevo debemos pensar nuevas formas de democracia.

Detener el deterioro implica dejar de mantener artificialmente las instituciones que le dieron forma en el siglo XX, pero que ya no funcionan. Implica cambiarlas o sustituirlas por otras que se adapten a este nuevo mundo que poco tiene que ver con el de hace unas décadas. Introducir prácticas democráticas en las relaciones verticales cotidianas no es una tarea fácil y puede ser contraproducente si no se hace bien. No obstante, todos los mecanismos que permitan a la ciudadanía ver concordancia entre su vida cotidiana y la política en las instituciones pueden mejorar la calidad de la democracia y acercarla de nuevo a la política.

Desburocratizar la democracia es fundamental. Pero incluso los mecanismos de democracia directa que pretenden solucionar la crisis de la democracia terminan, muchas veces, ahondando en ella, debido a que pueden ser manipuladas por las élites, como sucedió con el fallido proceso constituyente en Chile o con el uso instrumental que las élites han dado a los referéndums y plebiscitos.

Si queremos salvar la democracia, debemos construir ciudadanía democrática. De lo contrario, seguiremos a merced de las élites políticas que sucumben fácilmente a las tentaciones autoritarias.


Fernando Barrientos es cientista político y profesor titular de la Universidad de Guanajuato (México). Doctor en Ciencia Política, por la Universidad de Florencia (Italia). Sus áreas de interés son política y elecciones de América Latina y teoría política moderna.

www.latinoamerica21.com, medio plural comprometido con la divulgación de opinión crítica e información veraz sobre América Latina. Síguenos en @Latinoamerica21.

]]>
Columnas Tue, 10 Jan 2023 09:09:06 +0100 https://elfaro.net/es/202301/columnas/26657/Cómo-detener-el-deterioro-de-las-democracias.htm
¿A qué temen? “Cárcel, espionaje, exilio”. ¿Siguen investigando? “Sí” http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000038517.jpg https://elfaro.net/es/202301/ef_tv/26666/¿A-qué-temen-“Cárcel-espionaje-exilio”-¿Siguen-investigando-“Sí”.htm La prensa del Triángulo Norte de Centroamérica padece cada vez más lo que ya es la violenta normalidad de los nicaragüenses. Sumando la realidad de Guatemala, Honduras y El Salvador, este 2022 ha habido: asesinato de periodistas, exilio, clandestinidad dentro de sus países para seguir informando, encarcelamiento, espionaje, difamación y masivos ataques desde redes sociales. Lo han vivido de cerca las dos entrevistadas: la guatemalteca Quimy de León y la hondureña Jennifer Ávila, ambas con enorme reconocimiento internacional, ambas fundadoras de medios bajo acoso por haber descubierto corrupción gubernamental y empresarial. En esta conversación se habla de las hostiles situaciones actuales -"las peores desde el fin de las dictaduras", dice De León-; se habla también de los errores de la prensa independiente y de la corrupción que aún abunda en ciertos sectores de la prensa regional. El futuro no parece alentador para los periodistas, pero el presente revela un compromiso contundente: ambas admiten que sus medios siguen investigando casos de corrupción que publicarán pronto. Esta entrevista es parte de un proyecto de cobertura de la situación de la prensa en la región, con el apoyo del Fondo Canadiense de Iniciativas Locales.

]]>
EF TV Mon, 09 Jan 2023 20:16:16 +0100 https://elfaro.net/es/202301/ef_tv/26666/¿A-qué-temen-“Cárcel-espionaje-exilio”-¿Siguen-investigando-“Sí”.htm
Gobierno utilizó a líderes pandilleros para detener la masacre de noviembre de 2021 http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000038506.jpg https://elfaro.net/es/202301/el_salvador/26656/Gobierno-utilizó-a-líderes-pandilleros-para-detener-la-masacre-de-noviembre-de-2021.htm Documentos oficiales, un audio grabado por líderes del Barrio 18 Sureños y el testimonio de un antiguo miembro de la Mara Salvatrucha-13 revelan cómo el Gobierno de Nayib Bukele se apoyó en líderes pandilleros para detener un repunte de asesinatos que terminó con la vida de 45 personas en tres días de noviembre del 2021. Aquel año, el gobierno logró que esta crisis no rompiera las negociaciones que sostenía con los grupos criminales desde 2019. Read in English

Los días 9, 10 y 11 de noviembre de 2021, cuando la administración del presidente Nayib Bukele se acercaba a la mitad de su mandato, las pandillas asesinaron a 45 salvadoreños para generar un clima de terror y enviar un mensaje al gobierno, con el cual sostenían una negociación secreta desde al menos junio de 2019. Esa masacre puso en duda por primera vez el discurso de éxito del Gobierno, que aseguraba que la reducción de homicidios se debía a su Plan Control Territorial. Aquellos días, el pacto de no agresión que las tres principales pandillas del país sostenían con el Gobierno de El Salvador estuvo a punto de derrumbarse, pero de nuevo los negociadores de Bukele recurrieron a los líderes pandilleros para evitarlo.

Nueva evidencia obtenida por El Faro revela que la Dirección General de Centros Penales violó sus protocolos carcelarios para facilitar y rescatar ese pacto que se resquebrajaba.

Desde esa administración se permitió que al menos los líderes nacionales del Barrio-18 Sureños recluidos en el Centro Penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca enviaran un audio a sus subordinados en las calles demandando detener la cadena de venganza entre esa estructura y la Mara Salvatrucha-13. El Faro tuvo acceso a ese audio de siete minutos donde cuatro líderes históricos de esa estructura criminal se identifican con sus apodos pandilleros mientras hablan desde un mismo lugar, algo imposible si se respetaran las normas carcelarias de no juntar líderes en máxima seguridad. El aparato desde el que se grabó pasa de boca en boca mientras uno de los líderes del Barrio 18 Sureños dice a sus subordinados en las calles: “Vergo de gente que se está muriendo, esto no puede continuar”.

Horas antes de que el mensaje de los líderes pandilleros fuera enviado, el director general de Centros Penales, Osiris Luna, protagonista y encubridor de las negociaciones entre el gobierno y las pandillas, había ingresado al mismo penal “para una reunión”, como se lee en informes de inteligencia penitenciaria obtenidos por El Faro a través de los Guacamaya Leaks, una filtración masiva de correos y documentos de la Policía y Ejército de El Salvador, así como registros de fuerzas de seguridad de México, Perú, Colombia y Chile.

Después de esos días mortales, los homicidios volvieron a descender de forma abrupta, postergando el colapso del pacto cuatro meses, hasta que la segunda masacre de 87 salvadoreños, perpetrada en marzo de 2022, terminó de romper las negociaciones. Esta última vez, el gobierno y la Asamblea decretaron un régimen de excepción que lleva ya nueve meses vigente. Pero en 2021, el Gobierno rescató el acuerdo coordinando que líderes pandilleros aplacaran la matanza.

La información obtenida para esta investigación no sólo confirma con nuevos documentos que la reducción de homicidios pactada desde 2019 se sostenía por un acuerdo de las pandillas con el actual gobierno y entre ellas mismas, como El Faro ha consignado en múltiples investigaciones desde 2020. También dependía de conversaciones entre cabecillas presos y miembros en libertad, donde estos últimos sospechaban que sus líderes negociaban acuerdos que beneficiaban sólo a los privados de libertad.

Gobierno se alió con pandilleros para apagar un incendio

Antes de aquel repentino incremento en las cifras de asesinatos, el gobierno había sostenido, durante más de diez meses, una extraordinaria tendencia a la baja. Entre enero y mayo de 2021 hubo un promedio de 3.5 homicidios diarios, que se redujo aún más de junio a octubre, al alcanzar una media de 2.4, de acuerdo con datos del Sistema de Inteligencia Policial (SIPOL). El promedio tocó fondo en agosto, con 1.7 asesinatos al día, la cifra más bajas desde el fin de la guerra civil en 1992.

El presidente atribuyó esas cifras históricas a su Plan Control Territorial, que nunca han hecho público, pero varios informes de la Subdirección de Inteligencia Policial explican que aquello ocurrió gracias a acuerdos entre pandillas, cuyas directrices eran “no activarse en contra de Gobierno, ni elevar los homicidios”, como también contener los enfrentamientos entre ellos, tal como lo evidencian los documentos en poder de este periódico.

La crisis arrancó el martes 9 de noviembre de 2021. Ese día, como otros, varios pandilleros salíeron y entraron de la cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca bajo la justificación de una consulta médica. A las 5 am, una comisión de custodios entró en vehículo oficial por el emeese Raúl Armando Bonilla Lazo, alias Slow de Criminal Gangsters Locos, antiguo ranflero en las calles y corredor del Programa Ilopango para llevárselo al Hospital Nacional Saldaña.

“A las 05:05 horas del presente dia, sale comision de este centro penal, a bordo del N-7877 conducido por XXX, acompañado de la enfermera XXX y dos custodios, con destino hacia el Hospital Nacinoal Zaldaña de San Salvador por motivo de cita médica del PDL Raúl Armando Bonilla Lazo, alias “Lento” miembro activo de la Mara Salvatrucha. No reportaron regreso de la comisión (sic)”, escribió el coordinador del penal de Zacatecoluca en el informe de novedades diarias. El Faro decidió omitir en este artículo los nombres del motorista y la enfermera. 

De acuerdo con todos los informes de novedades del mes de noviembre a los que El Faro tuvo acceso, Slow era para ese momento el decimotercer pandillero que visitaba un hospital durante noviembre. Para entonces, aún no iniciaba el episodio más letal del 2021. Pasaron 80 minutos desde la salida de Slow para que, a las 6:20 a.m., Kevin Alberto Mármol fuera ejecutado a balazos en el municipio de El Carmen, en Cuscatlán. Tres horas después caería abatida la segunda víctima con marcas de muerte parecidas. Según el reporte de la Policía, Vladimir Antonio Hernández, alias "Chufla", un exmiembro de la MS-13, fue asesinado por tres supuestos integrantes de su pandilla que le dispararon en la cabeza. Ambas víctimas habían sido baleadas con el mismo calibre, en el mismo municipio y teniendo la misma edad: 25 años.

Para las dos de la tarde ya habían sido asesinadas tres personas. A esa hora, el ranflero Henry Alexánder Árias Parada o “Gato” de San Sívar Locos Salvatrucha, también perteneciente al Programa Ilopango, salió de Zacatecoluca para acudir a una clínica privada en el mismo municipio, para una supuesta toma de rayos X. La escalada de homicidios fue acrecentándose hasta sumar 12 ejecuciones ese martes.

La Fuerza Armada también estaba alarmada. En un comunicado confidencial enviado el 9 de noviembre, el general de brigada Miguel Ángel Rivas Bonilla, jefe del Estado Mayor Conjunto, ordenó a las jefaturas militares "estar alerta por el repunte de homicidios en las últimas veinticuatro (24) horas, a fin de orientar al personal bajo su mando para incrementar las medidas de seguridad durante los patrullajes en su zona de responsabilidad".

El 12 de noviembre del 2021, miembros de la fuerza armada de El Salvador realizaron un despliegue en el Centro Histórico de San Salvador luego de una jornada violenta de más de 40 homicidios en el país. Foto de El Faro: Carlos Barrera
 
El 12 de noviembre del 2021, miembros de la fuerza armada de El Salvador realizaron un despliegue en el Centro Histórico de San Salvador luego de una jornada violenta de más de 40 homicidios en el país. Foto de El Faro: Carlos Barrera

Al día siguiente, la situación empeoró. Por la madrugada, la División de Análisis y Producción de Inteligencia (DAPI) de la Policía anticipaba que la violencia arreciaría. A las 2:01 a.m., la DAPI envió a todos los departamentos de Inteligencia Policial un correo titulado, “Alerta de inteligencia sobre posible incremento de homicidios por parte de la MS13 a nivel nacional”. En un documento etiquetado como “reservado” informaba: “Integrantes de la pandilla MS13 tendrían planificado aumentar los homicidios contra integrantes de la P18R (Barrio 18 Revolucionarios) y P18S (18 Sureños) a nivel nacional”.

Los homicidios ese día iniciaron a las 6:35 de la mañana. Desde una motocicleta en movimiento, pandilleros dispararon contra el panadero Ítalo Josué Zúñiga Granados, supuesto colaborador de la MS-13 en el municipio de Colón, como lo reportó el Sistema de Emergencias 911.

Para el mediodía ya habían salido del penal de Zacatecoluca dos miembros de la MS-13 hacia el Hospital Rosales. Por la tarde, un exmiembro de la Mara Salvatrucha-13, que aún mantiene comunicación con líderes y miembros prófugos, llamó por teléfono desde Estados Unidos a uno de los autores de esta nota, para revelar que miembros en libertad de su antigua pandilla habían decidido subir los homicidios en desaprobación a las negociaciones que el gobierno sostenía con sus compañeros de la Ranfla Nacional presos en Zacatecoluca. Para ese entonces El Faro aún no contaba con el audio de los Sureños y los documentos filtrados por Guacamaya que respaldan la versión de este antiguo marero.

Ese exmarero, a quien llamaremos Mochila para proteger su identidad, expresó que al menos tres programas del grupo criminal, Normandie Locos, Western Locos y Fulton Locos, decidieron aumentar los homicidios debido a que sus líderes presos estaban entregando a la Policía a compañeros en libertad como resultado del pacto con el gobierno. Según Mochila, la Ranfla Nacional había acordado con el gobierno, a cambio de beneficios en las cárceles, la entrega de homeboys por cada militar y policía muerto, así como por cada escándalo violento cometido por las pandillas. “Algunas clicas no están alegres para nada. Entregar y matar a sus cheros no es la causa del barrio”, dijo Mochila. “Sólo los de la cárcel se están beneficiando, los de la calle no”.

Mochila también señaló que las "pegadas" de noviembre de 2021 eran un doble mensaje tanto para el gobierno como para sus líderes, con la intención de que Bukele se enterara de “que no está controlando nada y para mostrarle a la Ranfla que (los mareros en libertad) no están alegres”. Ese mensaje escrito en muertes tenía la finalidad de comunicar que los miembros en libertad de la Mara Salvatrucha-13 tenían el poder de desestabilizar cualquier tregua.

—¿Están metidos los de la Dieciocho en esto? —preguntó el periodista.

Simón, la que corre (dirige) el Viejo Lyn (Barrio 18 Sureños), ellos se fueron con todo también.

Mochila precisó que los muertos formaban parte de una lista de víctimas “pendientes” por ejecutar, en las que se incluía a pandilleros de la misma MS-13, miembros de las dos divisiones del Barrio 18 y gente que no pagaba extorsiones. “Era una lista que ellos (los líderes de la calle) tenían”, dijo por llamada telefónica. “Las muertes vienen desde septiembre o agosto, pero en estos días fueron las más grandes que hicieron”.

Varios informes de "Análisis Integrados de Inteligencia" realizado por la DAPI en 2021 afirman que la pandilla podía estar generando listas para más repuntes de violencia. El de agosto dice: “No se descarta que por el momento las pandillas solo estén actualizando listas de sus futuras víctimas... por lo que existe una amenaza latente de incremento de la violencia”.

Un miembro de la Sección Táctica Operativa de la PNC custodia la escena donde un hombre fue capturado por ser sospechoso de un homicidio en el sector de La Coruña, Soyapango, en noviembre del 2021. Foto de El Faro: Carlos Barrera
 
Un miembro de la Sección Táctica Operativa de la PNC custodia la escena donde un hombre fue capturado por ser sospechoso de un homicidio en el sector de La Coruña, Soyapango, en noviembre del 2021. Foto de El Faro: Carlos Barrera

Cuando el reloj marcó las 5:20 de la tarde del 10 de noviembre de 2021, segundo día de la masacre, ya se había cometido el noveno homicidio del día, y un grupo de "tres personas con uniformes PNC no identificados" ingresaron al penal de Zacatecoluca "a reunión", según el informe de inteligencia penitenciaria. Tan sólo una hora después, a las 6:20 de la tarde, el viceministro Luna ingresó al penal de Zacatecoluca “a bordo del P-854923 y otro pickup color blanco, para una reunión”.

Esa noche, el presidente Bukele ordenó por Twitter un despliegue nacional para que el Ejército y la Policía patrullaran los lugares donde se habían registrado los homicidios. El miércoles se convirtió en el día más letal de todo 2021 al alcanzar la cifra de 22 asesinatos, multiplicando por nueve el promedio de noviembre. Para ese día ya sumaban 34 homicidios en la jornada mortífera.

A las 9:20 de la mañana siguiente, el jueves 11 de noviembre, una visita inusual entró a Zacatecoluca: dos empleados de la empresa Flowing Rivers, “con el objeto de trabajar en los bloqueadores”, según consta en los documentos obtenidos por El Faro. Un año atrás, en septiembre de 2020, Casa Presidencial afirmó que no existía señal telefónica en ese penal y que Centros Penales y la superintendencia de telecomunicaciones SIGET habían dejado a los encarcelados “totalmente incomunicados con el exterior”. Pero el 11 de noviembre, los máximos líderes del Barrio 18 Sureños consiguieron hacer llegar un mensaje de audio a las calles.

Entre los días 2 y 3 de enero, El Faro llamó a las fuentes oficiales y a la empresa mencionadas en este artículo, pero nadie brindó su versión sobre los hechos. Se contactó con el director de prensa de la Dirección General de Centros Penales, quien contestó la primera llamada que se cortó rápidamente. Luego se le dejó un mensaje por WhatsApp preguntándole la versión de esa institución sobre lo ocurrido en el penal de Zacatecoluca en aquellos días. No respondió. Lo mismo sucedió con la empresa Flowing Rivers, a quienes se les cuestionó vía correo electrónico sobre los trabajos que entraron a hacer el 11 de noviembre de 2021 al penal de Zacatecoluca. La empresa contestó un primer correo, pero luego no dio información. La Policía Nacional Civil no respondió un correo electrónico de El Faro pidiendo respuesta sobre los hallazgos de esta investigación. Además, un encargado de prensa del Ministerio de Defensa leyó, pero no atendió un mensaje del periódico enviado por WhatsApp.

Comunicado del Viejo Lyn

El 11 de noviembre, también en horas de la mañana, algunos líderes Sureños en las calles recibieron un mensaje en audio enviado desde el interior de Zacatecoluca. Cuatro de los líderes más importantes de esa pandilla habían grabado un mensaje de voz, que hicieron llegar a un líder en libertad al que pidieron difundirlo: en síntesis, las cabezas de la estructura ordenaban detener cualquier retaliación en contra de la MS-13 y detener "los enfrentamientos entre pandillas". Se oían preocupados porque, según ellos, el incremento en los asesinatos podía “echar a perder todo lo que se está tratando de hacer”.

Los cuatro líderes que se presentan en ese audio en poder de El Faro son perfilados por la propia PNC como jefes de la estructura: Óscar René Moreira Palacios, alias Pollo; Douglas Geovany Velásquez Navas, alias Payaso; Rubén Arnoldo Toledo Cea, alias Humilde y Carlos Mojica Lechuga, conocido como Viejo Lyn. Este último fue el líder máximo del Barrio 18 cuando esta pandilla no estaba dividida en dos facciones, antes de 2010. Su estilo de mando, que centralizaba todo el poder y todos los recursos en una estructura reducida, provocó que la pandilla se dividiera en dos facciones: quienes se rebelaron contra su autoridad conformaron la facción Revolucionarios.

Fuentes de El Faro que trabajaron en el penal de Zacatecoluca durante esta administración aseguraron que ninguno de estos pandilleros comparte celda, de manera que las autoridades penitenciarias tuvieron que facilitar que estos cuatro líderes se reunieran en un mismo espacio y que dispusieran de un teléfono o una grabadora para enviar el mensaje. Esto permite concluir que, si el mensaje fue enviado por celular, se tuvieron que deshabilitar los bloqueadores.

En ese audio, que fue compartido con El Faro por un dieciochero, el primero en hablar es Pollo, dirigiéndose a un pandillero de apodo Negra o Sandunguera. “Aquí nos ha llegado el reporte de lo que hay en la lleca, en la calle. Está complicada la cosa, con la onda de los enfrentamientos entre pandillas”, dijo. “Nosotros lo que queremos es que paren esta onda. Es a nivel Sur que te estamos hablando”.

Payaso siguió, atribuyendo la violencia a “situaciones donde se han elevado, a raíz de andar disputando canchas (territorios) y viceversa… Se nos ha venido a explicar toda la cosa”, agregó este segundo pandillero, sin aclarar quién se las explicó. “Que se les haga ver a todos los homies en todas las canchas donde controla el Sur para evitar todo eso”. En tono de súplica, concluyó: “No podemos andar poniendo escombros sobre nosotros mismos, dándole herramientas al sistema para que vengan a estos lugares… Que le hagás ver a los demás homies que no caigan en ese juego”.

Luego pasó el aparato a Viejo Lyn, quien incluso prometió a su intermediario que pronto podrían tener una reunión presencial, sin aclarar cómo. “Ha agarrado fuego la situación allá afuera. En realidad, puede venir a echar a perder todo lo que se está tratando de hacer”, dijo Lyn. “Esto es algo que no te podemos explicar así a la rápida a través de un audio. Sin embargo, posteriormente vamos a ver si es posible que podamos hablar personalmente, tanto yo como los demás. Te pedimos que contactés a cada perro que vaya al frente de cada cancha y que les hagás ver las necesidades, la palabra de aquí de Zacate”.

Carlos Mojica Lechuga (a) Viejo Lyn y Edson Zachary Eufemia, representantes de la 18 y de la MS-13 respectivamente, se dan la mano en septiembre de 2012, durante uno de los intercambios que hubo durante la Tregua con pandillas liderada por el gobierno de Mauricio Funes, del FMLN. Foto de El Faro: José Cabezas /AFP.
 
Carlos Mojica Lechuga (a) Viejo Lyn y Edson Zachary Eufemia, representantes de la 18 y de la MS-13 respectivamente, se dan la mano en septiembre de 2012, durante uno de los intercambios que hubo durante la Tregua con pandillas liderada por el gobierno de Mauricio Funes, del FMLN. Foto de El Faro: José Cabezas /AFP.

En este punto, alguien susurra a Viejo Lyn: “Es necesario que nos vayan a pedir un audio ahí”, y el veterano pandillero hace una solicitud a Negra: “Y si es posible hacernos llegar un audio corroborando que has recibido esto y de que has transmitido la… para tener nosotros la seguridad de que así es… Vergo de gente que está muriendo, esto no puede continuar. De continuar todos vamos a perder, tanto ustedes como nosotros”, cerró.

El último en hablar fue Humilde, quien repitió la promesa de tener un intercambio presencial: “Al parecer, dentro de unos pocos días vendrán de regreso aquí esta gente y esperando que pronto podamos tener un contacto directo, para que ustedes vean que la onda que se está haciendo es algo real y sólido”, concluyó.

Humilde había sido trasladado de Zacatecoluca al Hospital Rosales dos días antes, el 8 de noviembre a las 9:55 horas. Ocho miembros del Barrio-18 Sureños fueron simultáneamente llevados el 16 de octubre al Hospital Santa Teresa, donde permanecieron por siete horas, de acuerdo con el informe de novedades del penal de esa fecha.

A pesar de que la Policía y la Dirección General de Centros Penales conocían los motivos del estallido de violencia, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, afirmó la noche del jueves 11 de noviembre en entrevista por el estatal Canal 10 que los homicidios pudieran haber ocurrido por obra de algún “poder fáctico” del país, una alusión a la oposición política. “Existe algo raro, un poder oscuro que está detrás de esto”, dijo. “A todos aquellos negociadores históricos, de los políticos que jugaron con la sangre del pueblo, o cualquier interés oscuro que esté detrás de esto, los vamos a poner frente a la justicia”. La primera tregua entre un gobierno y las pandillas que fue hecha pública en El Salvador ocurrió desde marzo de 2012, cuando el país lo gobernaba Mauricio Funes, del FMLN.

El 11 de noviembre de 2021, último día de la jornada violenta, fueron asesinadas 11 personas.

El saldo final

La masacre de noviembre de 2021 dejó 45 muertos, todos abatidos por armas de fuego y en su mayoría hombres. 21 homicidios se concentraron en el departamento de San Salvador, zona de influencia de dos ranfleros de la MS-13 que salieron de Zacatecoluca el 9 de noviembre. Los reportes de la Policía sólo pudieron confirmar que seis de los muertos pertenecían a los Sureños; dos, a la otra facción del Barrio 18, los Revolucionarios; dos colaboradores de la 18 (sin especificar de qué facción) y tres de la MS-13; ocho que "no pertenecen a pandillas" y 22 de quienes se "desconoce pertenencia".

En esos tres días de noviembre de 2021 se alcanzó un promedio de 15 asesinatos diarios que contrastó estridentemente con los 2.4 homicidios diarios promediados entre junio y octubre.

Al día siguiente, el 12 de noviembre, los homicidios se redujeron de manera abrupta al promedio diario de 2.4. El gobierno no pudo dar una explicación de la reducción y se dedicó a culpar a los políticos del pasado. La Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia publicó un mensaje por Twitter que decía: “Los gobiernos anteriores acostumbraban a negociar con la sangre de la población, a conveniencia incrementaban o bajaban las cifras de violencia en el país. Nosotros estamos combatiendo frontalmente a estos criminales, NO vamos a regresar al pasado”.

El 11 de noviembre del 2021, un hombre fue capturado a la altura de la colonia La Coruña, en Soyapango, por ser sospechoso de asesinar a una persona en un bus de la ruta 306. La captura se dio en el marco de una de las jornadas más violentas de El Salvador en el 2021, con un saldo de más de 40 homicidios. Foto de El Faro: Carlos Barrera
 
El 11 de noviembre del 2021, un hombre fue capturado a la altura de la colonia La Coruña, en Soyapango, por ser sospechoso de asesinar a una persona en un bus de la ruta 306. La captura se dio en el marco de una de las jornadas más violentas de El Salvador en el 2021, con un saldo de más de 40 homicidios. Foto de El Faro: Carlos Barrera

Ese mismo día, a tan sólo 24 horas del último homicidio de las jornadas más letales de 2021, el presidente Bukele negó por Twitter que la renovada reducción de homicidios se debiera a una negociación con su gobierno. He visto comentarios de personas que dicen que la baja en los homicidios se debe a una especie de 'tregua'. Pregúntenle a los policías y soldados que están en las calles, que perdieron sus licencias y no han visto a sus familias, que han patrullado todo nuestro país de noche”, escribió. “Por favor, tengan un poco de respeto con los que arriesgan su vida para que ustedes no pierdan la suya.

Una semana después del cese de homicidios, el 18 de noviembre, la rutina en el penal de Zacatecoluca volvió a lo cotidianidad. Ese día, otros dos miembros del Barrio 18 Sureños y dos de la MS-13 salieron a consulta médica al Hospital Nacional Santa Teresa y al Hospital Nacional Rosales.

Ese día también llegó un oficial a la cárcel de Zacatecoluca a leer nuevos cargos criminales a uno de los máximos líderes de la Mara Salvatrucha-13, Élmer Canales Rivera, alias “Crook”. Pero no lo encontró. Centros Penales lo había liberado ilegalmente, como moneda de cambio en sus negociaciones con la MS-13. Mochila aseguró a El Faro que, tras quedar en libertad, Crook hizo múltiples viajes a territorio del Barrio 18 en Zacatecoluca y Ciudad Barrios, en compañía de guardias anónimos, antes de ser auxiliado para huir a Guatemala por el director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, como este último admite en audios publicados por El Faro.

La teoría policial

En su informe de noviembre, la SIPOL, acusó internamente a la Ranfla Histórica de la MS-13, recluida en Zacatecoluca, de ordenar la violencia. Para explicarlo internamente, el policía que escribió el reporte ignoró la explicación de su propio gobierno y atribuyó lo ocurrido al rompimiento de una “tregua entre pandillas”.

Sobre los líderes emeese, escribió: “Cabecillas dieron luz verde (aval) para hacer pegadas (cometer homicidios) durante una semana, los objetivos serían: pandilleros contrarios y peseteados (colaboradores con las autoridades). Cabecilla del Programa Centro ha girado órdenes a los distintos corredores”.

La oficina de inteligencia también advirtió de una posible venganza de los Sureños: “Cabecillas en la libre mencionan que las letras (MS-13) se les volcaron sobre el Barrio 18 porque se violó el código que se tenía. Planificando lo siguiente: Hacerles el vuelto y que solo esperan el aval de adentro (el aval saldría del CP de Izalco), para darle con todo. De recibir el aval, se activarían por seis días”.

Para el mes de la masacre, noviembre de 2021, informes de Subdirección de Inteligencia Policial, obtenidos por El Faro a través de Guacamaya Leaks, habían señalado por meses la existencia de un pacto de no violencia entre la MS-13 y los Sureños que incluía “no atentar contra el sistema”, ni contra las fuerzas del Estado. Sin embargo, estos informes omitían que el Gobierno de Bukele dirigía las negociaciones con las tres pandillas desde 2019 para una controlar los homicidios.

Pero el conocimiento policial de un acuerdo criminal venía desde antes. En su informe de junio de 2021, la oficina de Inteligencia escribió que la Policía había encontrado un “manuscrito” de la MS-13 en el cantón Sitio de Santa Lucía, en Puerto El Triunfo, Usulután, “en donde expresan sobre la tregua que existe con la pandilla 18S, de respetar la vida y el libre movimiento de sus familiares”. Al siguiente mes, SIPOL afirmó que tanto la MS-13 como los Revolucionarios habían “congelado” ataques contra el sistema.

Para agosto, SIPOL escribió que se mantenían “las líneas de tener congeladas las pegadas (homicidios) contra el Sistema ‘PNC-FAES’ a nivel nacional, como un acuerdo que tienen las tres pandillas en lo que resta el año”. Al siguiente mes, la oficina lo afirmó de nuevo: “PDL (privado de libertad) recluido en el CP (centro penal) Quezaltepeque, manifestó que hay líneas de mantener los homicidios a la baja a nivel nacional, respecto de los atentados contra el sistema habría un acuerdo (de no atentar) entre las 3 fracciones durante un año (sic)”.

Los informes de inteligencia de la Policía, el comunicado confidencial del Estado Mayor Conjunto, los siete minutos de audio donde hablan los líderes del Barrio 18 Sureños y las fuentes de El Faro en el sistema penitenciario y en la Mara Salvatrucha-13 demuestran que cuando hubo una crisis en la tregua entre el gobierno y las pandillas en 2021, la administración de Bukele reaccionó de forma completamente distinta a lo que hizo tras la masacre de marzo de 2022. También se confirma que en ambas ocasiones fue la MS-13 la responsable de desatar los asesinatos. Con solo cuatro meses de diferencia, el gobierno tomó dos caminos antagónicos: rescatar las negociaciones en 2021; darlas por rotas e instalar el régimen de excepción en 2022.

]]>
El Salvador Wed, 04 Jan 2023 19:56:25 +0100 https://elfaro.net/es/202301/el_salvador/26656/Gobierno-utilizó-a-líderes-pandilleros-para-detener-la-masacre-de-noviembre-de-2021.htm
Muchachos: no andemos ni miremos pa´sha - Por Willian Carballo https://elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg https://elfaro.net/es/202301/360grados/26662/Muchachos-no-andemos-ni-miremos-pa´sha---Por-Willian-Carballo.htm 360 grados Wed, 04 Jan 2023 09:25:23 +0100 https://elfaro.net/es/202301/360grados/26662/Muchachos-no-andemos-ni-miremos-pa´sha---Por-Willian-Carballo.htm Muchachos: no andemos ni miremos pa´sha http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000038262.jpeg https://elfaro.net/es/202301/columnas/26661/Muchachos-no-andemos-ni-miremos-pa´sha.htm Es año preelectoral, y cuentas de redes sociales, medios seudoperiodísticos, políticos bailarines de TikTok y serios candidatos −tricolores, rojos o cyanes− tratarán de distraernos para que miremos pa´sha, como diría Messi, y no hacia donde de verdad importa. Si existe un año en el que no hay que dejar que nos traten de bobos es este. Mentiroso y peligroso como todo periodo preelectoral, 2023 atascará a los salvadoreños con trampas que pretenderán guiarnos como reses hacia el rastro de 2024, donde, destazados de ideas y cortados por lo emocional, deberemos elegir un presidente, seleccionar 84 diputados y −si las últimas divagaciones tuiteras del año pasado se cumplen− escoger a 50 concejos municipales en lugar de a 262. Conscientes de los tiempos, los políticos de todos los colores nos querrán distraer, entretenernos con trucos y cegarnos, para que desviemos la vista y no miremos lo importante. Nos querrán mandar pa’sha, mushashos, como Messi en Qatar.

Lo anterior me lleva a imaginar el nuevo año así: en los próximos doce meses, las redes sociales se llenarán de políticos que, parodiando a famosas como Antonela Roccuzzo mientras baila cumbia en vestido rojo, intentarán a fuerza de videítos convencernos de que son capaces de crear leyes o administrar presupuestos municipales. Aparecerán personajes salidos de TikTok y de Instagram que confundirán ser influencer con ser políticos. Rellenos de filtros y bañados en hashtags, estos candidatos de lo cool y apóstoles de lo light recrearán retos virales de temporada, como si nosotros, quienes votamos, necesitáramos de sus gracias para entregarles el poder. Comediantes, los llamábamos en los años noventa. Hoy, políticos que están in.

Veremos también decenas de fake news, regadas como desechos de perro sobre el camino de adoquín que lleva a 2024. Por un lado, surgirán o reaparecerán cientos de cuentas de redes sociales digitales, a veces aduladoras y otras venenosas. Cuando adulen, buscarán marearnos con el anzuelo de las luces LED y la fantasía de un país idílico, casi escandinavo, perfecto; y cuando inyecten veneno, tratarán de convencernos, con una manzana entre los colmillos, de que los otros son serpientes, de que los otros son los malos y no podemos confiarles nada.

Por el otro, aparatos de propaganda disfrazados de medios periodísticos nacerán o se reforzarán. Aflorarán portales de contenido bautizados como adolescentes millennials criollos −El Kevin News, El Brayan Digital− o con viejos clichés de la industria −Periódico La Verdad, Diario El Objetivo− que, en nombre del mejor oficio del mundo, lanzarán contenido vestido de noticias que no soportaría un examen básico de cualquier materia de periodismo en la UCA, pero que tiene el suficiente condimento emocional como para convencer a los más desprevenidos de una verdad manipulada o, simplemente, de una mentira. Ambas −cuentas fanáticas y empresas seudoperiodísticas− defecarán lo mismo y buscarán que nos embarremos en el camino.

Por último, vendrán los más peligrosos, por descarados: los serios políticos. 2023 será también el año en que estos, a la vieja usanza −en el televisor, en los mupis o en el Facebook− nos intentarán conquistar con promesas de pretendiente enamoradizo. Ellos, cubiertos con elegantes trajes y caros Ferragamos; o ellas, enfundadas en finos vestidos o peinadas por René Valdivieso, se pararán desde las tribunas públicas −presenciales o virtuales−, coparán los programas de entrevistas que nos dan de desayunar o cenar política en la televisión y saturarán los postes con sus caras photoshopeadas y frasecitas de publicista de cereal, para prometernos portadas de Atalaya en un país al que solo le alcanza para póster de documental de cárceles en Discovery Channel. Suficiente para distraernos. 

Así, todos juntos −cuentas de redes sociales, medios seudoperiodísticos, políticos bailarines y serios candidatos, igual tricolores que rojos, anaranjados o cyanes− harán de 2023 un compilado de artificios para preparar el camino hacia 2024. Tomarán la pelota y regatearán con ella. La esconderán. La harán pa’cá y pa´sha. Como magos, nos la enseñarán con la pierna derecha −o la izquierda, da igual− para que miremos hacia ahí, hacia lo brillante, pero vacío; hacia lo bonito, pero irrelevante. Mientras tanto, ocultarán lo vital (dar soluciones a problemas estructurales, con propuestas realistas y financiables). Nos embaucarán. Sin darnos cuenta, mushashos, nos volveremos a ilusionar; y mareados por la bisutería o cegados por las lucecitas, iremos a las urnas a entregarles el voto. Cuando reaccionemos, ya se habrán ido por otro lado, huyendo con el balón y dejándonos en el piso, derrotados, burlados, embobados, como jugador de Países Bajos. Cuando lo captemos, ya estaremos eliminados.

¿Qué hacemos, entonces, para contrarrestar el plan a tiempo? No dejarnos embobar. Mirar más allá, para donde no quieren que veamos. En este 2023, dudemos. Indaguemos más allá de lo evidente. Si nos llega, vía redes sociales, una noticia sobre un político, preguntémonos: ¿quién la produjo? ¿Tiene algún interés el emisor? ¿El creador es un medio afín al candidato que ensalza o enemigo del que destroza? ¿Ese medio de verdad practica periodismo o solo fabrica propaganda? ¿Sus propietarios y fuentes de ingresos están claramente identificados? ¿Un reportero firma la nota o nadie se responsabiliza? ¿Ese medio o cuenta criticó igual a gobiernos anteriores? ¿Presenta pruebas de lo que afirma? ¿Las pruebas son validadas? ¿Contrasta? ¿Es un medio de parodias? ¿Una página de memes?

Lo mismo con los políticos. Pensemos: ¿ese candidato que baila y camina como modelo de historia en Instagram ofrece soluciones concretas y estructurales o solo sabe lucir un traje y pelar los dientes? ¿Esa aspirante a diputada sabrá aprobar leyes útiles de la misma forma que reluce el cabello planchado? ¿Ese candidato a alcalde que monta a caballo en camisa tipo Polo es realmente garantía de que sabrá administrar las tasas municipales de alguno de los 50 municipios que sobrevivan? ¿Esa carretera no me la habían prometido ya hace cinco años?

Voy de nuevo: en estos tiempos que se vienen, dudemos. Indaguemos más allá de lo evidente. O para usar términos del Mundial cuya copa todavía duerme calientita en brazos de Messi: mushashos, en este año, particularmente en este preelectoral, no nos vayamos a ilusionar tan fácil. Que no nos traten de bobos. No miremos hacia donde políticos oportunistas, seudomedios y cuentas fanáticas quieren que veamos. En este 2023, mejor mandémoslos nosotros pa’sha.


*Willian Carballo (@WillianConN) es investigador, catedrático, periodista y ensayista salvadoreño. Es doctorando en Sociedad de la Información y el Conocimiento, máster en Comunicación y licenciado en Comunicaciones y Periodismo. Actualmente es coordinador de Investigación de la Escuela Mónica Herrera y docente de la Maestría en Gestión Estratégica de la Comunicación de la UCA. Es Gran Maestre de los Juegos Florales de El Salvador, tras ganar tres veces el premio en la categoría Ensayo, por temas sobre medios y cultura. Ha sido becario del Instituto Iberoamericano de Berlín; del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO); de la Universidad de Bielefeld, Alemania; y del programa Autorregulación de Medios, de la Cooperación Sueca. Además, ha publicado en libros y revistas editadas en Gran Bretaña, España, Colombia, México, Cuba, Guatemala y El Salvador. 

]]>
Columnas Wed, 04 Jan 2023 07:57:44 +0100 https://elfaro.net/es/202301/columnas/26661/Muchachos-no-andemos-ni-miremos-pa´sha.htm
El hito de 2022 que nos acerca a la justicia climática - Por Tania Guillén https://elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg https://elfaro.net/es/202301/360grados/26660/El-hito-de-2022-que-nos-acerca-a-la-justicia-climática---Por-Tania-Guillén.htm 360 grados Tue, 03 Jan 2023 16:29:56 +0100 https://elfaro.net/es/202301/360grados/26660/El-hito-de-2022-que-nos-acerca-a-la-justicia-climática---Por-Tania-Guillén.htm