La justicia estadounidenses concedió este jueves asilo político a Roberto Carlos Silva Pereira, ex diputado del Partido de Conciliación Nacional (PCN), acusado en El Salvador de lavado de dinero y soborno a diferentes funcionarios, y en Guatemala de ser el autor intelectual del asesinato de tres diputados del partido Arena y su motorista, en febrero de 2007.
Fuentes cercanas a la familia de Silva Pereira revelaron que este obtuvo la concesión que esperaba en una corte del Estado de Arizona, donde se le instruía el proceso por asilo político, que evitaba que procediera la deportación por inmigración indocumentada.
El 11 de agosto de 2008, un juez de inmigración denegó el requerimiento de asilo político de Silva Pereira. En ese momento, las autoridades judiciales desestimaron que la grabación de una conversación telefónica entre el ex diputado y un dirigente del partido Arena en la que este le pedía medio millón de dólares a cambio de desvanecerle los cargos, probara que los procedimientos legales contra el ex diputado fueran ilegítimos.
A mediados de este año, Joseph Sandoval, defensor de Silva Pereira en Estados Unidos, apeló ante una Corte Federal en Washington D.C. la resolución, aduciendo que no se habían considerado todos los elementos de prueba proporcionados por la defesa, y logró que el caso regresara a la misma corte, donde este jueves se brindó el beneficio migratorio.
En abril de este año, una investigación de El Faro reveló la existencia de la grabación de la conversación telefónica en la que el ex director departamental de Arena en San Salvador, Adolfo Tórrez, solicita 500 mil dólares al detenido, para desvanecer los cargos penales que existían en su contra en El Salvador. Entonces, el defensor del ex diputado en Estados Unidos aseguró que esa grabación era la principal prueba de un tipo de extorsión política que sufría su cliente y que demostraba que él no tenía oportunidad de un juicio justo en el país.
La Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía pidió el desafuero del ex diputado suplente por La Unión en septiembre de 2006. Entonces, el ministerio público acusó a Silva Pereira de utilizar dos empresas constructoras de su propiedad para lavar cerca de 15 millones de dólares, al tiempo que manipuló diferentes procesos de licitaciones públicas en varias alcaldías. Silva Pereira fue capturado el 5 de octubre de 2007 en el condado de Orange, California, luego que huyó del país pocas horas después de que fuera girada una orden de captura en su contra, y fue acusado de ingreso ilegal a Estados Unidos, por lo que fue sometido a un juicio de inmigración.
Encargados de comunicaciones de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador aseguraron a El Faro que se encontraban confirmando la información, sin embargo que la misma podría hacerse hasta este viernes. “Se va a tener una respuesta hasta que se hable con la corte que llevaba el caso, esto sería hasta el día de mañana (viernes)”, dijo un fuente de la sede diplomática.
Hasta el momento, la Fiscalía no ha sentado una posición oficial sobre el fallo de la justicia estadounidense. “No hemos recibido una notificación oficial de las autoridades norteamericanas y será hasta que esta llegue que se darán reacciones pertinentes sobre el caso”, dijo Alberto Uribe, encargado de comunicaciones del ministerio público, quien aseguró que se habían puesto en contacto con funcionarios de la embajada de Estados Unidos en El Salvador para confirmar la veracidad de la información.
Cautela en la Asamblea
Diputados de las diferentes fracciones políticas en la Asamblea Legislativa tomaron con cautela la noticia del asilo político otorgado a Silva Pereira. Roberto d’Aubuisson, de Arena, aseguró sentirse “verdaderamente sorprendido con la decisión” y dijo que esperaría mayor información sobre los motivos para concederle refugio “a una persona que, por unanimidad, fue desaforado con elementos de prueba suficientes de los delitos que se le imputaba”.
Uno de los diputados salvadoreños asesinados en Guatemala y por lo cual se acusa a Silva Pereira era Eduardo d´Aubuisson, hermano de Roberto, ambos hijos del fundador del partido Arena. Los otros asesinados fueron William Pichinte y Ramón González, y el conductor Gerardo Ramírez. “Nosotros lamentamos, como familia y como pueblo salvadoreño, esta resolución; porque él no es un perseguido político, ¡él es un delincuente!”, dijo D’Aubuisson.
Sigfrido Reyes, diputado del FMLN, secundó la posición de D’Aubuisson al decir que no existía ningún tipo de persecución política contra Silva Pereira. “Él es una persona que fue procesada con base en una investigación, que tenía un proceso abierto y tuvo la oportunidad de defenderse, y no lo hizo”, dijo Reyes, quien lanzó una hipótesis de por qué le justicia estadounidense le concedió el beneficio. “Es una excusa para extraer información. Puede ser que esté especulando, pero hay un trato de por medio, y debe ser por búsqueda de información de las mismas redes criminales a las que pertenecía él”.
Los grupos parlamentarios del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Partido de Conciliación Nacional (PCN) -al que pertenecía Silva- y Cambio Democrático (CD) aseguraron que, de confirmarse oficialmente la información, el Estado salvadoreño estaría en la obligación de respetar la decisión de la justicia estadounidense. “De ser cierta esta información, creemos que se trataría de una resolución judicial de un país soberano y que, por lo tanto, debe de ser respetada”, dijo Douglas Avilés, de CD, quien también aseguro que esto es un duro revés para el sistema jurídico salvadoreño.
El pecenista Mario Ponoce se expresó en términos parecidos: “Creemos que las autoridades judiciales de Estados Unidos están en su derecho, de acuerdo con las pruebas que se les presentaron, de fallar como estimen conveniente en el caso de persecución política… Respetamos la decisión de la justicia norteamericana, que es la responsable de darle asilo político a Silva Pereira”.
El pedecista Rodolfo Parker recordó que, en todo caso, el proceso no acaba con esta resolución. “Si la decisión final es que se le da asilo, es una facultad de cada Estado, pero la justicia estadounidense permite a los fiscales migratorios apelar el fallo de la corte en los próximos 30 días'. Mientras tanto, Roberto Silva Pereira continuará recluido en el centro de detención para inmigrantes en Florence, Arizona, de la Oficina de Inmigración y Aduanas.
