El ministro de Gobernación, Humberto Centeno, se presentó este viernes en el edificio de la Fiscalía General para presentar cinco denuncias de actos de corrupción contra ex funcionarios de esa oficina del Estado, a quienes acusa de actividades ilícitas que perjudicaron las arcas del Estado en casi 5 millones de dólares.
Gobernación realizó una auditoría interna en julio pasado y encontró una serie de irregularidades en licitiaciones y uso de fondos de la cartera de Estado para pagar sueldos sin justificación durante los gobiernos anteriores. Una de las denuncias más graves, por la cantidad de dinero que implica, es el uso de fondos de un programa ejecutado entre Gobernación y el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA): “Es una demanda sobre corrupción en el ISTA por 2 millones 636 mil 987 dólares. Es un convenio entre el ministerio de Gobernación y el ISTA, que anualmente tienen un promedio de 400 mil dólares. Supuestamente para capacitar a ex veteranos de guerra, de ASVEM, de René Emilio Ponce”, dijo Centeno a El Faro.
Ponce es un general retirado acusado de una serie de violaciones a los derechos humanos, entre las cuales la más relevante es la del asesinato de los sacerdotes jesuitas, ocurrido en 1989.
En la anterior campaña electoral por la presidencia de la República, Ponce denunció el supuesto peligro de que con un triunfo del candidato efemelenista Mauricio Funes se pusiera en riesgo la existencia misma de la Fuerza Armada o se hiciera una cacería de brujas por las violaciones a los derechos humanos durante la guerra intestina salvadoreña.
El monto de todas las erogaciones cuestionadas es de 4 millones 895 mil 991.57 dólares.
A esa suma contribuye un expediente que contiene la declaración jurada de un empresario que firmó ante notario que en la administración anterior le exigieron 35 mil dólares para ganar una licitación por el servicio de mantenimiento de carros de la institución : “Es por cohecho o negociaciones ilícitas, donde a él le exigieron 35 mil dólares o tres vehículos 4X4”, dijo Centeno.
Gobernación acusó formalmente de delito de peculado e incumplimiento de deberes a los ex ministros de Gobernación Conrado López Andréu y René Figueroa, y al ex presidente de la Corporación Salvadoreña de Inversiones (Corsain), Rogelio Juan Tobar García. Los acusa de haber efectuado la compraventa de un inmueble situado en Jucuapa, Usulután, a un precio que es el doble de su precio real.
Otros ex funcionarios demandados son: Luis Felipe Moreno Carmona, José Dolores Zelaya Mendoza, Luis Yuri Romano Donis, Hugo Mario Córdova Benítez y René Orlando Santamaría Cobos, miembros la junta directiva de la Asociación “Comité pro mejoramiento del Empleado Postal”. Gobernación los acusa de administración fraudulenta, encubrimiento y actos arbitrarios, incumplimiento de deberes, peculado y malversación de fondos. “De esta forma se agenciaron de 864 mil 435 dólares”, dice la nota de prensa de la cartera demandante.
Centeno es el primero en hacer formal sus denuncias, tras los conatos de una serie de funcionarios que se han quedado con acusaciones verbales que no llegan a la Fiscalía. El ministro reveló a este periódico la semana anterior que presentaría cinco o seis casos este martes. Sin embargo, la cita con el Fiscal fue postergada hasta este viernes.
