Asamblea pone frenos a emisoras de tarjetas de crédito

Las empresas emisoras de tarjetas de crédito tendrán un límite en el monto de los cargos que impongan a sus clientes cuando estos caigan en incumplimientos de pagos, según aprobó la noche del jueves la Asamblea Legislativa.

Los diputados aprobaron por unanimidad una Ley del sistema de tarjetas de crédito que según ellos acabará con los abusos de los emisores hacia los consumidores. La normativa limitará a un máximo del 5% del valor del pago mínimo correspondiente la penalización que las empresas puedan aplicar por retrasos en los pagos. Asimismo, ese recargo solo podrá cobrarse si el monto del pago incumplido es de por lo menos cinco dólares.

El anteproyecto de ley llevaba nueve años en el parlamento, donde fue estudiado por la Comisión Financiera. Hace unos 12 años, la Asamblea Legislativa elaboró un estudio en el que se daba cuenta de una serie de abusos, anomalías y hasta ilegalidades en que incurrían las emisoras de tarjetas de crédito, que los parlamentarios decidieron mantener prácticamente en secreto. Tres años más tarde, finalmente, llegó una propuesta de ley que tuvo un par de intentos infructuosos de ver la luz, pero a última hora los partidos terminaban arrepintiéndose de aprobarla.

Durante la sesión plenaria de este jueves, algunos de los miembros de la Comisión Financiera lo que plantearon es que hacía falta una normativa que diera herramientas legales a la Superintendencia del Sistema Financiero, a la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles y al Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo, para que estos puedan fiscalizar de manera eficaz las contrataciones y operaciones del sistema de tarjetas de crédito.

Enrique Valdés, diputado de Arena y presidente de la Comisión Financiera, anunció que los abusos se terminaron. “Este es un mensaje de esperanza a todos los tarjetahabientes, que son unos 750 mil”, dijo.

Los artículos de la ley que más generaron controversia son los relacionados con el cobro de las comisiones, el cobro de intereses, las condiciones de los intereses, las tasas de interés y los recargos, aparte de las condiciones para la elaboración de los contratos.

Según el artículo 7, la redacción de los contratos que se originen a partir de la aprobación de la ley, deberán estar escritos en castellano y con una tipografía “fácilmente legible a simple vista, como mínimo en un tamaño de letra 10”. Esto, con el fin de evitar problemas legales y denuncias. Hasta julio de este año, la Defensoría del Consumidor contaba con mil 400 denuncias, de las cuales el 26% se referían a “cobros abusivos”. Sin embargo, a menudo en los contratos se incluían algunos detalles, en letras pequeñas, que respaldaban dichos cobros.

En el caso del cobro de los intereses, la ley impone que sólo podrán ser cobrados los intereses, comisiones y recargos que hubiesen sido pactados con los usuarios, en los términos y formas establecidos en el contrato. Además, los recargos por incumplimiento de pago se cobrarán únicamente si el monto es igual o mayor a cinco dólares y el mismo se deberá calcular en una proporción no mayor al 5% del pago mínimo del estado de cuenta correspondiente. Para ilustrar, los diputados citaron los casos de Citibank y Aval Card, que cobran 25% de recargo, una vez entre en vigencia la ley tendrían que bajar a un 5%.

La ley deberá pasar por el visto bueno del presidente de la República, Mauricio Funes, antes de poder cobrar vigencia. Funes tiene la potestad de firmarla y mandar que se publique en el Diario Oficial, o podría rechazarla y devolverla a la Asamblea explicando los motivos de su veto, o podría de volverla con observaciones, solicitando que se atiendan.

Dado que el parto de la ley tardó casi una década, no faltaron los diputados que se pusieron dramáticos después de ayudar al nacimiento. Blanca Coto, del FMLN, por ejemplo, lo consideró un hito en El Salvador. “Es un acontecimiento histórico que permitirá regular las relaciones que se originan entre todos los participantes del sistema. Entre ellos y con el Estado”.

El tema de la tasa de interés fue de los que más discusión provocó en la Comisión con las entidades involucradas en el negocio. Con esta ley, la tasa de interés no podrá modificarse durante los primeros seis meses de contrato. Además, el cálculo y la determinación de las tasas de interés será definido con parámetros definidos en la norma técnica que emita la Superintendencia del Sistema Financiero.

Los emisores o coemisores de las tarjetas de crédito estarán sujetos a lo previsto en la Ley de Protección al Consumidor, en la Ley de Competencia y en las demás leyes de la República. Las sanciones serán económicas, en un inicio, y oscilarán entre los 571 y 18 mil 850 dólares. Si las empresas o emisores reinciden, las tres entidades encargadas de fiscalizar procederán a la suspensión o a la cancelación de la facultad de emitir tarjetas de crédito.