Madrid. Alrededor de las cero horas del 16 de noviembre de 1989, cuando un contingente militar rodeaba la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), el entonces ministro de Defensa, el general Rafael Humberto Larios, convocó al entonces presidente de El Salvador, Alfredo Cristiani, a una reunión en las instalaciones del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada. El gobernante permaneció en el lugar hasta después del asesinato de los seis sacerdotes jesuitas dentro de la UCA, su ama de llaves y la hija de ésta.
Esa ubicación del ex presidente salvadoreño, a menos de un kilómetro del lugar del asesinato antes, durante y después del crimen, está registrada en uno de los documentos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, que fueron presentados este martes ante la Audiencia Nacional de España. Con ellos, dos organizaciones de defensa de los derechos humanos pretenden sustentar su acusación contra 14 militares salvadoreños y Cristiani, a quienes acusan de crímenes de lesa humanidad y encubrimiento.
El documento fue presentado el martes por Terry Karl, profesora de ciencias políticas de la Universidad de Stanford y experta en el caso del asesinato de los sacerdotes jesuitas, al juez Eloy Velasco, en Madrid. Karl participó en esta audiencia preliminar en calidad de experta, ante pedido de las dos organizaciones querellantes, la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas (CJA, por sus siglas en inglés).
Para los demandantes, el documento ayuda a entender que si el gobernante salvadoreño estuvo reunido con la cúpula militar desde antes y hasta después de los crímenes, debió estar enterado de lo que sucedía y por lo tanto no podía ignorar que el ejército salvadoreño había sido el responsable de los asesinatos. El gobierno salvadoreño se pasó los primeros días después de los homicidios acusando a la guerrilla del FMLN de haberlos perpetrado.
“Todo indica que, lógicamente, (Cristiani) tenía que saber (del asesinato), tenía que conocerlo y tenía que haberlo escuchado porque estaba a metros de la UCA. El alto mando actuó conjuntamente y no fue un hecho aislado y esporádico, sino que todos tenían conocimiento del hecho”, dijo Manuel Ollé Sesé, el abogado de la APDHE.
La muerte de los sacerdotes jesuitas y de las dos mujeres se produjo la madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de una ofensiva militar guerrillera en la capital. El informe de la Comisión de la Verdad, que investigó este y otros crímenes ocurridos durante la guerra, determinó la responsabilidad de los militares en los asesinatos, y señaló que el entonces jefe del Estado Mayor, coronel René Emilio Ponce, dio la orden de matar a los religiosos.
La justicia salvadoreña nunca investigó a los posibles autores intelectuales, aunque llevó a juicio a una decena de militares de mediano y bajo rango, de los cuales encontró culpables a dos. Un año y medio después del veredicto, una Ley de amnistía dejó en la impunidad todos los crímenes ocurridos durante la guerra civil salvadoreña. Esa ley fue la excusa que tuvieron posteriormente los fiscales generales para rehusarse a investigar.
Cristiani ha planteado que la Ley de amnistía es lo que permitió a El Salvador transitar con relativa tranquilidad de la guerra a la paz, y que considera que no sería conveniente derogarla.
Cuando la causa fue presentada a la Audiencia Nacional en noviembre de 2008, esta incluía que el ex presidente también fuera juzgado por el delito de encubrimiento. Sin embargo, el juez Velasco dejó por fuera la acusación contra Cristiani cuando fue aceptada la causa, pero esta aún puede ser retomada en un futuro. “A la vista de los nuevos elementos estudiaremos las nuevas implicaciones que en su caso pudieran surgir contra Cristiani”, señaló Ollé.
Karl llegó a la Audiencia Nacional acompañada de dos de sus asistentes, cargadas con dos voluminosas carpetas que contenían alrededor de 12 mil documentos (700 de ellos recién desclasificados) y la investigación que ella misma ha realizado sobre el asesinato de los sacerdotes. “Esto es el resultado de 20 años de investigación en El Salvador, de hablar con la gente, haciendo entrevistas. Los documentos no lo dicen todo. Hay que hacer una investigación a fondo si se quiere romper la impunidad que todavía existe en El Salvador”, dijo la profesora de Stanford.
Aunque prefirió no comentar sobre sus declaraciones ante Velasco, dijo que para ella era un privilegio tener la oportunidad de contribuir a esta causa. 'Es un honor estar frente a un juez que está prestando tanta atención a este crimen contra la humanidad”, dijo.
Las declaraciones de Karl, para los abogados de APDHE y CJA, vienen a corroborar el involucramiento del alto mando militar en el homicidio y el montaje del juicio que condenó a dos militares salvadoreños como autores materiales del crimen, la falta de garantías judiciales en el proceso y la obstaculización de las investigaciones.
Almudena Bernabéu, la abogada del CJA, explicó que los 12 mil documentos que llegaron ante el juez también contienen información de otra serie de reuniones que se celebraron tres días antes del asesinato de los jesuitas y en las que participaron no solo militares y el ex presidente Cristiani, sino que también civiles.
Esta última sería la reunión que, según la CIA, sostuvo el mayor Roberto d’Aubuisson con miembros de la dirección del partido Arena (Coena) para planificar el asesinato de los sacerdotes jesuitas, y la cual se describe en un cable desclasificado que el ex embajador de los Estados Unidos, William Walker, enviara al secretario de Estado de Estados Unidos, James Baker, en noviembre de 1989. El contenido de dicho documento fue revelado por El Faro el lunes 16 noviembre pasado. “Es interesante que fruto de la nueva desclasificación no queda duda del nivel de coordinación de los diferentes cuerpos del ejército y quiénes estuvieron. Fue un asesinato que duró tres días”, señaló Bernabéu.
La ronda de declaraciones continuará este jueves 26, con la comparecencia de los dos ex fiscales que llevaron el caso jesuitas: Henry Campos, hoy viceministro de Justicia y Seguridad Pública, y Sidney Blanco, magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Para el día 30 se espera a Kate Doyle, analista del Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad de George Washington y también especialista en el tema.
