El gobierno terminó quitándole dientes a la propuesta de reforma fiscal que comenzó a revelar hace tres meses y que terminó presentando cercenada este lunes ante la Asamblea Legislativa. Tras una lluvia de críticas de diversidad de sectores que de antemano se consideraban perjudicados por el proyecto, el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, presentó a los diputados una propuesta con la que pretende aumentar la recaudación anual en hasta unos 250 millones de dólares.
El proyecto, que terminó desdibujándose durante el fin de semana, incluía montar tribunales especializados en perseguir delitos fiscales, cobrar impuesto sobre los réditos de las cuentas de ahorro con saldos a partir de los 5 mil dólares y aumentar en 600 por ciento el impuesto que se cobra por contenido alcohólico a las bebidas.
Originalmente, las reformas iban a tocar 15 leyes distintas, incluyendo la creación de dos normativas nuevas para dar vida a los tribunales especializados. Al final, solo se reformará 12 leyes, pues también se anuló el plan de subir del 30 al 75 por ciento el impuesto sobre el valor de las armas de fuego.
No obstante la erosión que sufrió el plan, Cáceres sostuvo el lunes que aún así mantiene sus expectativas de recaudar como mínimo 220 millones de dólares adicionales, que bien podrían llegar hasta los 250 millones.
Uno de los dientes que se extrajeron a última hora fue el de la creación de tribunales penales tributarios y aduaneros con los que el fisco prentendía agilizar los procesos por delitos de evasión y contrabando, que ya están contemplados en el Código Penal. Los dos anteproyectos de ley eliminados implicaban la creación de juzgados tributarios y aduaneros de paz, de instrucción, de sentencia y una cámara especializada de lo Penal para asuntos tributarios y aduaneros.
La estructura judicial propuesta sería administrada por la Corte Suprema de Justicia y poner al mismo nivel de otros crímenes la persecución de los delitos fiscales. ¿De dónde nació la idea? Según datos de funcionarios de la administración de Antonio Saca, Hacienda contaba pérdidas por más de 30 millones de dólares por deudas no cobradas por la incapacidad del sistema para procesar dichos delitos. Los más de 30 millones de dólares de cuentas sin cobrar están estancados en la Fiscalía y los acusados de dichos delitos tienen como ventaja un proceso judicial que dura años y puede terminar de perderse en la Corte Suprema de Justicia. Esta tiene en sus manos la decisión sobre conflictos que, de ganar el Estado, significarían casi 25 millones de dólares para el fisco.
Para paliar la fragilidad del Estado en su tarea de cobrar y procesar la evasión es que el ministro de Hacienda propuso la creación de los tribunales especializados. Cáceres no concedió una entrevista solicitada repetidas veces por El Faro. Sin embargo, había dado algunas valoraciones a El Diario de Hoy. “En esos tribunales se procesaría penalmente a los dueños de negocios o personas que de una u otra forma se las ingenian y buscan mecanismos para evadir el pago de sus impuestos. Allí va a haber también penas para los contadores, para los auditores, auditores fiscales; de aquellos que no cumplan con la obligación de respetar la ley”, dijo. Cáceres llegó a advertir con castigar a las empresas que cobran el IVA pero que no lo reportan al Ministerio de Hacienda.
La creación de los tribunales especializados fue discutida en el gabinete económico y hasta la semana pasada estaba incluida en el proyecto que se iba a presentar a la Asamblea. El documento que daría vida a la nueva estructura judicial explicaba así el propósito: “La presente ley tiene como objeto regular y establecer la competencia de los tribunales especializados para el juzgamiento de delitos relativos a la Hacienda Pública, así como los delitos contra la fe pública y los delitos conexos con los primeros, contemplados en el Código Penal y las infracciones aduaneras penales contempladas en la ley especial para sancionar infracciones aduaneras”.
Los motivos de abortar la idea aún no han sido explicados por el ministro. Según el presidente del Banco Central de Reserva, Carlos Acevedo, se estimaba que dichos tribunales comenzaran a funcionar en dos o tres meses después de aprobada la ley respectiva.
Otra erosión que sufrió la propuesta venía en la Ley del Impuesto sobre la Renta. La reforma inicial gravaba con una tasa del 10 por ciento las ganancias producto de los intereses en depósitos de cuentas de ahorro con saldo de más de 5 mil dólares. Según el documento oficial presentado por el gobierno, se aceptó la propuesta de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y de “sectores laborales” para subir el piso de 5 mil a 25 mil dólares. Dicha medida sufrió dos cambios, pues hasta el viernes pasado, el piso había escalado ya a 10 mil dólares.
Hasta antes de la presentación oficial del plan de reformas, el gobierno había recibido críticas públicas y solicitudes explícitas de valorar el lanzamiento del proyecto. La ANEP, Fusades, la Cámara de Comercio y algunos empresarios pujaron con todas las herramientas a su alcance para frenar hasta donde fuera posible las medidas. El 20 de noviembre ocurrió una de las últimas reuniones. Un grupo de empresarios llegó al despacho del ministro para hacer una revisión detallada de los puntos de la reforma. Tras casi dos horas de reunión, los empresarios fueron saliendo de uno en uno del despacho. Se negaron a dar declaraciones, aunque ese día se cambió el piso del cobro de impuesto sobre los intereses de las cuentas de ahorros. Ahí se pasó de las cuentas superiores a los 5 mil dólares, a las cuentas que rebasan los 10 mil dólares. Un miembro del gabinete económico que pidió el anonimato porque no está autorizado a hablar del proyecto de enmiendas, aseguró que el ablandamiento paulatino de la reforma era algo calculado desde un inicio. 'Siempre, siempre hay que pedir 10 para que le den 5, hay que pedir 100 para que le den 80, con esta reforma estamos pidiendo 100 para ver hasta donde llegamos sin que pierda la esencia'.
Sin embargo, hasta este lunes, ninguno de los gremios empresariales había aceptado de buena gana la propuesta que llegó a manos de los diputados. La ANEP, al igual que lo ha venido planteando Fusades, sostiene que este no es el mejor momento, dadas las repercusiones por la crisis económica. Para Fusades, el primer paso debe de ser que el gobierno reduzca el gasto. El secretario técnico de la presidencia, Álex Segovia, respondió en su momento a Fusades que ya están ajustando el gasto en varias decenas de millones de dólares.
¿Y por qué el paquete original terminó desdibujado? Según la diputada efemelenista Lorena Peña, presidenta de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, lo que sucedió es que este es solo un primer paso. Peña coincide con Carlos Acevedo, presidente del BCR, quien en una entrevista con El Faro dijo que esta era nada más la 'fase light' de la reforma que quiere este gobierno. “Viene algo diferente, acuérdese que esta es una reforma parcial, no profunda”, dice Peña, quien el viernes 27 de noviembre pasado todavía contaba con que el paquete iba a incluir la creación de los tribunales especializados y las alzas de 600 por ciento en el impuesto a las bebidas con alcohol.
Un ejemplo es el del vodka popular. Ahora el fisco cobra 0.015 dólares (un centavo y medio) por cada grado de alcohol por cada litro vendido. Hacienda estaba proponiendo subir ese cobro hasta 0.09 dólares (9 centavos). Este lunes, sin embargo, la propuesta habla de 0.0325 dólares (3.25 centavos). Si se hubieran ido con el alza hasta los 9 centavos, sumado al 10% que el gobierno aplicará al valor de cada producto alcohólico, según los licoreros le hubiera reportado al fisco unos 54 millones adicionales en recaudación. Esa cifra, sumada a los 43 millones que se recauda actualmente, hubieran totalizado 97.5 millones. Los licoreros no han estimado el monto que supondrá gravar los 3.25 centavos en lugar del 1.5 centavo actual.
El ministro aceptó que hicieron concesiones. “Las observaciones hechas por los sectores van incluidas y están en los márgenes aceptables”, aseguró, en una breve conferencia de prensa realizada tras la entrega del proyecto de reformas.
El documento fue recibido por el efemelenista Sigfrido Reyes, vicepresidente de la Asamblea que sustituyó al presidente pecenista, Ciro Cruz Zepeda. En la bienvenida a la propuesta de reformas no estuvo ningún pecenista presente, como tampoco hubo areneros. Solo diputados del FMLN, miembros de Gana y el diputado pedecista Rodolfo Párker acompañaron al ministro.
