En medio de una ofensiva del Ministro de Defensa para ser protagonista en el combate a la delincuencia, el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, Carlos Araujo Eserski, reclamó este martes con vehemencia al presidente de la República, Mauricio Funes, por el alto índice de criminalidad que sufre El Salvador.
Araujo advirtió durante el décimo Encuentro Nacional de la Empresa Privada (Enade) que, de mantenerse los índices delincuenciales, el mandatario deberá pedir perdón al final de su mandato por los asesinatos que ocurran en este período, tal como el 16 de enero pidió perdón en nombre del Estado por las atrocidades durante la guerra.
Según el líder empresarial, por el momento no se está combatiendo a la criminalidad: “Nos complace que el presidente de la República pida perdón en nombre del Estado por las atrocidades cometidas durante el conflicto, pero nos preocupa que dentro de cinco o 10 años nos veamos obligados a pedir perdón por los crímenes atroces que no estamos combatiendo hoy”, sentenció, seguido de un sonado aplauso de toda la concurrencia.
El reclamo se produjo cuando Funes está por llegar a ocho meses de gobierno, al cabo de los cuales no ha presentado un plan de seguridad pública y su gabinete ha eludido repetidas veces explicar en público qué piensan hacer con la ola de homicidios, que en 2009 batió récord histórico al cerrar con una tasa que superó los 72 homicidios por cada 100 mil habitantes.
El discurso del presidente del gremio estuvo cargado de alusiones al tema de la seguridad pública; en él Araujo dejó muy claro que la empresa privada considera débiles las acciones adoptadas por esta administración en materia de combate al crimen y pidió al gobierno planes de seguridad: “Los empresarios del país hemos sido enfáticos en demandar, y lo volvemos a hacer hoy, planes integrales de seguridad pública”, mencionó.
La alusión de Araujo obligó al presidente de la República a improvisar unas líneas en su discurso, que no contemplaba originalmente ninguna mención al tema de seguridad, para darle una respuesta: “El combate a la inseguridad , la violencia y el accionar del crimen organizado, son prioridades sin duda, pues constituyen además de una lacra social insoportable, un freno a la actividad productiva . Despreocúpese, señor presidente de la ANEP, no pienso terminar mi período presidencial volviendo a pedir perdón. Una vez pedí perdón por las arbitrariedades cometidas por el Estado en el pasado, no puedo darme el lujo de pedir perdón por no haber combatido eficazmente la delincuencia”, contestó.
Al compromiso de Funes le siguió también un sonado aplauso del público.
Sin embargo, el mandatario no hizo alusión a ninguna medida en particular y se limitó a asegurar que se está trabajando en una política nacional de gobierno, de la que no dio mayores detalles ni se comprometió a hacer pública en alguna fecha precisa.
Tanto el ministro de Seguridad y Justicia, Manuel Melgar, como el coordinador del gabinete de seguridad, Franzi Hato Hasbún, aseguraron que existe ya un documento que consigna una política nacional de seguridad pública, pero ambos se negaron a dar detalles al respecto e incluso aseguraron que pueden tomar la decisión de no hacer público este documento: “Nosotros no necesariamente tenemos que hacer público eso, estamos trabajando sobre la base de una política de seguridad que está elaborada”, aseguró Hasbún.
Melgar justificó el silencio de las autoridades sobre el tema, argumentando que no es conveniente que los delincuentes se enteren de las medidas que piensa adoptar el gobierno: “En el tema de seguridad no todo se publicita, hay cosas de dominio público y otras no y además no le sabría decir si se va a publicar o no (la política de seguridad pública). Por cosas obvias: las cosas de seguridad no son para publicarse, no son para propaganda. Cómo uno se va a poner a decirles a los delincuentes qué es lo que se va a hacer. No se puede”, justificó.
El único funcionario que ha dado a conocer propuestas en materia de seguridad pública es el ministro de la Defensa Nacional, David Mungía Payés, quien asegura haberle entregado al presidente Funes una serie de recomendaciones, de las cuales destaca la implementación del estado de excepción en algunas de las zonas más violentas del país y la idea de dar un giro al abordaje del tema, enfocándolo como un asunto de seguridad nacional, no de seguridad pública. Ni Melgar ni Hasbún quisieron comentar las propuestas del general Payés.
