Nos preguntamos si existe un plan nacional de seguridad pública, si hay algunas apuestas coordinadas, si hay criterios de medición a corto, mediano y largo plazo y si ese posible plan ha sido evaluado por el presidente de la República.
Le hago historia: desde que el presidente hizo un llamado a formar las mesas de diálogo, cuando él era apenas candidato, hubo muchas personas aportando, éramos como 15 personas que diseñamos una estrategia que le presentaríamos al presidente. Cuando él gana, forma un equipo para analizar la política pública de seguridad. Se nos delegó al ministro (de Justicia y Seguridad Pública, Manuel) Melgar y a mí la parte de la seguridad y desde luego utilizamos ese documento inicial. Surgió otro documento donde se le planteaba al presidente planes de acción a corto, mediano y largo plazo. Cuatro estrategias fundamentales: prevención, combate a la criminalidad, rehabilitación y reinserción de las personas en conflicto con la ley y la última es la coordinación interinstitucional: esto tiene que ver con el trabajo con los gobiernos locales, fortalecimiento de las técnicas de investigación del delito, hacer una coordinación con el sistema judicial, políticas sociales y la coordinación de todas las instituciones que tienen que ver con el tema. Creo que hizo falta darlo a conocer e hizo falta publicitarlo, sin embargo, en la página web de la institución yo sí lo tengo subido.
Tengo copia de ese documento y en ninguna parte se menciona la acción en materia de seguridad pública más sonada hasta el momento: el refuerzo del ejército.
No, esa fue una estrategia que el presidente de la República avaló cuando se analizó el incremento de la violencia y cuando se analizó el clamor popular y se hizo una encuesta donde se determinó que la población requería la presencia del ejército. Acuérdese de que el acompañamiento del ejército no es novedad, eso está desde hace 15 años.
En este documento ustedes hacen críticas a la manera en la que fue abordado el tema por gobiernos anteriores. “Los gobiernos han tomado acciones espontáneas e intuitivas que dependen de una planificación pobre y carente de visión de mediano y largo plazo... desarrollaron planes, acciones y operativos que buscaban resultados inmediatos y efectistas... que presentan una escasa o nula sustentación científica” ¿El uso del ejército -que no estaba contemplado en ninguna estrategia colegiada- no fue decidido de forma espontánea e intuitiva?
Cuando nosotros hicimos ese documento, hicimos un análisis constitucional y estábamos claros para qué es la policía y para qué es el ejército. Ya estando dentro del equipo de gobierno nos damos cuenta de cómo encontramos a la Policía. Lógicamente la decisión del presidente de que ya no fueran 2 mil elementos, sino más de 4 mil es lo que él ha determinado para hacerlo en un plazo corto: seis meses. En seis meses se va a evaluar si dio resultados.
¿Usted está de acuerdo con la idea de reforzar la salida del ejército?
Como fuerza de disuasión, porque el ejército no tiene capacidad para la investigación, que es tarea de la policía.
¿Quién diseñó esa estrategia de reforzar la presencia del ejército?
Lo diseñaron... lo hizo... conjuntamente el equipo del gabinete de seguridad.
Pero usted es parte de ese equipo y no le consultaron eso.
Yo no estuve presente en eso porque me encontraba en un curso fuera del país.
Tampoco el ministro Manuel Melgar estaba claro de qué se trataba eso de sacar al ejército. Me da la impresión de que alguien que no son ustedes también diseña políticas de seguridad. ¿Quién es?
Para este tipo de apoyo estuvo el ministro de la Defensa, estuvo... bueno, tenía que haber estado el ministro Melgar, el director de la Policía... pero lo que yo le quiero decir es que todas las semanas hay una reunión del gabinete de seguridad donde yo estoy participando y me doy cuenta de todo el plan que se ha diseñado para este proyecto.
Le cuentan los planes que tienen, pues.
Así es, me cuentan el plan. Lo exponen, hablan de las estrategias, de las acciones...
¿Pero no debería ser más bien usted la que debería estarles exponiendo? Digo, usted preside el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Lo que pasa es que el CNSP, creado en 1996, sí nació para eso: el decreto de creación determina que debe haber un consejo que sea el ente asesor del presidente de la República en materia de seguridad. No existe en este momento un Consejo Nacional de Seguridad Pública, como ente colegiado. ¿Entonces quienes conforman el equipo asesor del presidente de la República? El gabinete de seguridad.
¿Está en posición de decir que los funcionarios en cuyas manos se ha depositado la custodia de la seguridad pública han conseguido ya actuar de forma coordinada y con una sola brújula?
A partir del 1 de junio, todas las instituciones que tenemos que ver con la seguridad, estamos coordinadas. El gabinete de seguridad lo coordina el secretario de asuntos estratégicos. Ese gabinete lo conformamos el Ministerio de Justicia y Seguridad, Ministerio de la Defensa, CNSP, director de la PNC, director de la Academia de Seguridad Pública, director de Migración, director de Centros Penales. Todos estamos en una constante coordinación, nos sentamos una vez a la semana: yo llevo mis planes de prevención y el director de la PNC lleva sus planes del combate a la criminalidad y se analizan conjuntamente. El ministro de Justicia también lleva sus planes y así todos vamos aportando. Si llegamos a una comunidad y nos damos cuenta de que las calles están en mal estado, tenemos ya un enlace con Obras Públicas y ellos le dan el trabajo a los jóvenes para que reparen ellos mismos sus calles...
Si no hay Consejo y no ha habido, ¿sobre la base de qué saben que se está haciendo lo correcto? Ustedes en su diagnóstico cuestionan que ha habido muy poco uso de herramientas científicas en la determinación de los lineamientos de trabajo. Ahora me dice que ponen a los jóvenes a arreglar calles... ¿sobre la base de qué creen ustedes que eso sirve de algo?
Sirve la oportunidad laboral que se les da y se le está garantizando al Estado que al menos durante las ocho horas que está trabajando ese joven no va a estar delinquiendo.
¿Eso es una estrategia?
Es que si analizamos las causas que generan violencia, la ociosidad es una de ellas, las drogas, que no vayan a las escuelas...
¿Quién dice eso?
Todas las investigaciones. La gente no nace mala, sino que la gente se hace mala. Los hacemos malos. Los niños no nacen malos, los adultos los hacemos malos. Los niños no piden venir al mundo y no le damos a los hijos la atención que un niño demanda.
¿Ese tipo de reflexiones son las que han guiado la elaboración del plan de seguridad pública?
Exactamente.
La falta de ese recurso que debería representar el Consejo, ¿no empaña la mirada sobre las necesidades que la realidad salvadoreña demanda?
Lo primero que yo quise fue... lo primero que pregunté es dónde estaba el Consejo, quiénes lo integran y desde 1999 no ha habido un Consejo. Todo lo constituye la presidencia. Eso era todo. Cuando nosotros comenzamos a analizar en el gabinete yo señalé las deficiencias encontradas en la institución y propuse la creación del ente colegiado. Se decidió que la estrategia en el tema de seguridad surgiera del gabinete. Esto lo único a lo que va a llevar es a una reforma de parte del señor presidente del decreto de creación.
¿Van a modificar el decreto de creación del Consejo?
Si alguien se pregunta por qué no se está dando cumplimiento a la ley, es bien fácil decir: “Hagamos un decreto y reformemos la visión para la que fue creado”.
¿Usted preferiría eso?
Yo preferiría que se le diera cumplimiento tal y como está creado el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
¿Se lo ha pedido al presidente?
Lo he pedido en el gabinete, que es de donde salen los consejos... pero cuando yo propuse eso, lo que se me dijo fue que existe el gabinete de seguridad... o sea, lo que le quiero dejar en claro es que no ha estado ausente la asesoría para el presidente.
Veamos a los miembros del gabinete de seguridad: usted fue jueza, el director de la ANSP es un abogado, el ministro de la Defensa es un militar, ¿y el ministro de Seguridad Pública del país más violento del continente es experto en...?
Bueno, él es un maestro... él ha sido una persona combatiente, él ha sido una persona... eh... le digo que he aprendido, digamos, a estar cerca de él, a conocerlo, y es una persona con una gran sensibilidad social.
Lo que me está diciendo es que es buena persona.
Es una persona con una gran sensibilidad social y además tiene una gran experiencia porque formó parte de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa durante muchos años.
¿Ese es el Consejo idóneo que necesita el presidente?
Yo no le puedo decir si es el Consejo idóneo, yo le puedo hablar de lo que yo hago: cuando yo participo en el gabinete de seguridad yo llego con todo lo que hago como Consejo, con los proyectos, con la destinación de recursos...
Le preguntaba porque en las críticas que ustedes hacen en el documento que le entregaron al presidente señalan: “Los gobiernos no han tenido una conducción científica racional y los máximos responsables no son expertos en políticas públicas y delegan las decisiones en la policía...” Pareciera que están hablando de su propio gobierno.
No, usted está leyendo un diagnóstico de lo anterior, no nos referimos a este gobierno, sino al anterior.
Por eso le digo que estas cosas que ustedes cuestionaban al gobierno anterior parecen estarse repitiendo: en lugar de un Consejo se hace asesorar por un conjunto de personas a las que usted no se atreve a calificarlas de idóneas.
Tendríamos que entrar a analizar qué fue lo que motivó al señor presidente a conformar el gabinete de seguridad... el perfil que él escogió. Pero yo le puedo asegurar que este documento en este momento se está respetando por todos los que estamos integrando el gabinete de seguridad.
¿Este es el plan oficial de seguridad pública de El Salvador?
Así es. Nosotros proponemos acá la veda a la portación de armas.
Ustedes proponen que se prohíba la portación, la importación y la comercialización y que se restrinja la venta de municiones, artículos conexos... y también que eso debería haberse hecho en los primeros 100 días.
Eso no se ha hecho y yo he venido diciéndolo en cuanta reunión y mensaje público he tenido: es necesario derogar ya la portación. De repente sale un diputado diciendo que no podemos desarmar a la gente honrada. ¿Quién nos garantiza que la persona a la que estamos desarmando es honrada? Hay que tomar medidas donde no hay que ver a quién se afecta.
¿Y qué explicaciones le han dado a usted para no hacerle caso en ese punto?
La derogatoria de la ley tiene que ser de la Asamblea Legislativa.
Pero también la aprobación del presupuesto y en ese caso el presidente no alega que no puede hacer nada. ¡Claro que un gobierno tiene mucho que hacer cuando le interesa que una ley se apruebe o se derogue!
El CNSP tiene estudiada a la violencia a nivel nacional y si usted analiza el 2008, tuvimos que el 77.1% de los homicidios se cometieron con armas de fuego. No hay que ser experto para decir: ¡derogue ya la portación de armas! Cuando usted le está diciendo que el 87.1% de los homicidios se da en lugares públicos, ¿qué le están indicando estos datos?
¿Quién no le está escuchando?
(Silencio).
Es decir, tiene todos esos números y estadísticas para respaldar su posición y...
¡Son números, estadísticas!
¿Quién no la está escuchando?
Lo he dicho, lo he propuesto, lo he dicho públicamente, el presidente tuvo ya que haberlo escuchado, pero cuando de repente yo doy la opinión, surgen diputados y empiezan a hablar y a decir que vamos a desarmar a la población y que entonces los delincuentes van a quedar armados... es que yo estoy hablando de desarmar a todo mundo.
Cuando el FMLN estaba en la oposición decía que si el partido Arena en el gobierno no impulsaba la derogatoria de la ley era porque mediaban intereses de fuertes empresas privadas que se lucraban con la importación de armas. ¿Ahora qué le explican a usted?
El ministro Melgar está también en sintonía con la propuesta que yo he hecho, lo mismo lo está el director de la PNC.
¿Solo no lo está el presidente Funes?
Él tiene que tomar la decisión, y la va a tomar sobre la base de datos. Son seis meses de gobierno que lleva, donde el presidente le apostó a la política en materia de seguridad que le presentó el ministerio de Justicia, porque él es el que impulsa esta política, yo sólo tengo responsabilidades en una de las estrategias.
Le pide que cumpla la ley dándole un ente colegiado y le dicen que no, le pide derogar la portación de armas y no le hacen caso... ¿Usted estaría dispuesta a dejar su cargo si siente que no está siendo escuchada?
Bueno, mire... yo me siento muy cómoda con el trabajo que estoy desempeñando, porque se me está permitiendo poner en práctica lo que nunca tuve como funcionaria judicial: el presidente me ha dado total libertad...
... De proponerle lo que usted quiera.
De proponer cosas en materia de prevención.
Bueno, sigamos leyendo algunas de sus propuestas que deberían haberse hecho en los primeros 100 días: “Impulsar la instalación de observatorios en los municipios de mayor violencia y convenio para su desarrollo y utilización”. ¿Se hizo esto?
Ahora le explico: el CNSP desde 2005 maneja el observatorio centroamericano de la violencia, llamado OCAVI. El anterior presidente del Consejo decidió que pasara al SICA, que está esperando que yo le pase el OCAVI. No lo he pasado porque necesito el aval del presidente. Cuando él me diga que pase el OCAVI, inmediatamente yo lo sustituyo por un observatorio nacional de la violencia. Ya tengo el proyecto y el donante y todo un equipo para proporcionárselo a 15 municipios con los que voy a comenzar el plan. ¿Cómo es posible que no tengamos medido nuestro país?
¿No comparte usted la idea de...?
Espéreme: me hizo una pregunta, me preguntó si estaba cómoda y la respuesta es sí, porque tengo la oportunidad de hacer lo que no pude durante 14 años como funcionaria judicial y eso me obligó a dejar la carrera judicial. Pero igual, si en un momento dado... fui de las personas que puso su cargo a disposición porque me gusta que me evalúen, pero también me gusta que me escuchen.
Lea, además:
Política de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana
